Os galegos, líderes no consumo de tranquilizantes e antidepresivos

"A poboación galega é a que máis tranquilizantes consome, o dobre que a media no total de España, segundo un estudo no que tamén se salienta que Galicia é onde máis se prescriben estes fármacos a mulleres e onde máis antidepresivos se receitan a homes.

Os datos analizados mostran que na prescrición de tranquilizantes existe unha variabilidade entre as comunidades autónomas. A media global en España é do 9,2%, destacando coa frecuencia máis alta Galicia, cun global do 20,1%, máis do dobre que o conxunto do Estado.

As mulleres son as que máis consomen este tipo de substancias depresoras do sistema nervioso central, cun 26% en Galicia. De feito, superan en máis do dobre ao homes, nos que a porcentaxe é do 12,6%.

Esta maior frecuencia de prescrición en mulleres observouse en todas as comunidades autónomas, se ben é Galicia onde se atopan as porcentaxes máis altas, mentres que no caso dos homes, os galegos ocupan o segundo posto, por detrás dos asturianos (18,5%).

Na prescrición de antidepresivos tamén se observaron diferenzas entre as comunidades autónomas e entre homes e mulleres. A media de España situouse no 3,6% e as frecuencias máis altas oberváronse en Asturias, cun global 13,2%, elevándose no caso das mulleres 18,5%, ocupando as galegas o segundo posto, por enriba do 15%; mentres que no caso dos homes, os galegos son os que máis consomen estes medicamentos, cun 6,9%.

Con respecto á mala saúde autopercibida, os datos das distintas comunidades autónomas foron tamén similares á media de España (33,6%). Pero o caso de Galicia volve destacar coas frecuencias máis altas, cunha media do 45,7%, sendo nos homes do 40,0% e nas mulleres, do 50,3%, moi por enriba da media estatal.

Os resultados do estudo veñen de ser publicados na revista científica Gaceta Sanitaria por investigadores da Escuela Andaluza de Salud Pública, o Instituto de Investigación Biosanitaria e a Unidad de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud do Hospital Universitario San Cecilio de Granada, o Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) e o Departamento de Salud Pública y Materno-Infantil da Universidad Complutense de Madrid."                       (Galicia Confidencial, 07/05/19)

Un testigo en la causa de las muertes por hepatitis C: “El Sergas no contestaba a las peticiones”

"Evaristo Varo, jefe del Servicio de Trasplante Abdominal del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y uno de los médicos que ha acudido este miércoles a declarar en la causa judicial por la muerte de pacientes de la hepatitis C, ha ratificado ante el juez instructor que el Sergas "no contestaba a las peticiones" para que se les suministrara a los pacientes los caros fármacos que acababan de salir al mercado.

 Dos altos cargos sanitarios de la Xunta, Félix Rubial y Carolina González-Criado, están siendo investigados por homicidio imprudente tras una denuncia de la fiscalía.

Tras prestar declaración durante casi dos horas como testigo ante el titular del juzgado número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, Varo ha mostrado, en declaraciones a Europa Press, su "satisfacción por poder decir lo que ocurrió.

 El también integrante del colectivo de médicos Batas Blancas, que fue quien denunció los hechos ante el ministerio público, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, del juez, de la acusación y de la defensa de los dos investigados.
Varo ha indicado que, mientras que el Ministerio de Sanidad definió "tres supuestos claros" en los que se debían aplicar los nuevos medicamentos, el Sergas "estableció criterios arbitrarios" y "quitó dos", mientras en "la mayoría de comunidades" se aplicaban esos criterios definidos.

 Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que la instrucción de la causa ha emprendido la fase final del proceso y se podrá cerrar la fase actual tras practicar las últimas pruebas pendientes. Una de ellas es la declaración pendiente de la médico del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Alejandra Otero, que se celebrará este jueves, después de haber sido suspendida el pasado mes de febrero como consecuencia de la huelga de funcionarios de la Justicia.

El Sergas considera que las nuevas declaraciones realizadas este miércoles ante el juez "no acreditan" que puedan atribuirse "retrasos" a la subcomisión de Farmacia, encargada de decidir el suministro de los fármacos. 

El Gobierno gallego defiende que este órgano "resolvió los casos de manera rápida, con una media de 13 días" en una enfermedad que tiene un desarrollo de entre 30 y 40 años, y que se siguieron los protocolos y los criterios farmacoterapéuticos comunes establecidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los criterios, asegura el Sergas, fueron "facultativos" y no se tuvieron en cuenta "razones presupuestarias".

La Fiscalía, sin embargo, sostiene lo contrario. El ministerio público denunció en una querella que los altos cargos investigados "tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación" el suministro de nuevos tratamientos contra la hepatitis C a pacientes gallegos, algo que, apuntó en su escrito inicial, se realizó por "criterios presupuestarios". 

De los nueve casos iniciales, ocho se correspondían con fallecidos y, de ellos, seis fueron incluidos en la investigación judicial. Además, hubo una ampliación con otros tres casos de personas enfermas.

Inicialmente, Lago Louro llamó a los miembros del Sergas a declarar en abril de 2016 solo como investigados por un delito administrativo, pero en diciembre de ese año la Audiencia Provincial de A Coruña emitió un auto en el que estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, y acordó citarlos de nuevo, en febrero de 2017, por un supuesto de delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluía la causa."                    (El País, 04/07/18)

Feijóo mantiene a sus cargos imputados por homicidio por haber retrasado la prescripción de medicamentos contra la hepatitis C por razones económicas

"Toda la oposición gallega pide -y pedirá oficialmente- que Alberto Núñez Feijóo o el conselleiro de Sanidade comparezcan para dar explicaciones tras la imputación por un posible delito de homicidio imprudente de los dos altos cargos del Sergas por, presuntamente, haber retrasado la prescripción de medicamentos contra la hepatitis C por razones económicas.

 El giro judicial del caso provocado por el auto de la Audiencia Provincial supone que el actual gerente del área sanitaria de Vigo y exdirector general de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia, afronten penas de entre 1 y 4 años de cárcel e inhabilitación para cargo público y profesional.

Con todo, ni el presidente de la Xunta ni Vázquez Almuíña, titular de Sanidad, han dicho nada desde que el pasado viernes se conociera el auto que amplía la imputación de los dos cargos del Sergas de prevaricación administrativa a homicidio después de que seis enfermos de hepatitis C fallecieran por, presuntamente, no habérsele administrado a tiempo la medicación que los podía curar por razones presupuestarias.

Tan sólo ha hecho declaraciones públicas el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, que cree que la decisión de la Audiencia "no varía" en nada el caso. Para él, sólo busca "ampliar el ámbito de defensa de los denunciados para que puedan ejercitar plenamente sus derechos frente a la totalidad de la denuncia y no sólo por prevaricacion".

No opinan lo mismo desde la oposición, que ha salido conjuntamente a reclamar explicaciones y pedir comparecencias parlamentarias. Desde En Marea, su portavoz, Luís Villares, pide la comparecencia del conselleiro de Sanidade o del presidente de la Xunta cómo algo "imprescindible" y "urgente", al igual que desde el PSdeG. 

Su portavoz de Sanidad en el Parlamento, Julio Torrado, ha reclamado "explicaciones públicas urgentes" y la "depuración de responsabilidades políticas" tras un caso que ambos califican de "gravísimo". "Ya es tarde", añadió. En el BNG, la portavoz de Sanidad en la Cámara, Montse Prado, ha profundizado en la misma línea, pidiendo que Feijóo o Almuiña comparezcan ya. (...)

Los afectados ven "ratificadas" sus denuncias

Para la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C (PAHC), el giro judicial "exige" que "dos personas a las que se atribuye judicialmente la comisión de delitos graves sean inmediatamente apartadas de sus cargos", toda vez que "el argumento al que el presidente de la Xunta se aferraba ha sido, también, rebatido". Quique Costas, portavoz del colectivo, considera que la nueva imputación "ratifica" lo que siempre han denunciado: "que los recortes matan y que estas muertes fueron inducidas por la Administración".

Tanto la PAHC como la oposición recriminan a Núñez Feijóo sus duras palabras tanto contra las denuncias como contra los médicos que las impulsaron, calificándolos de "indignos". Desde la Xunta, tanto el presidente como Sanidade han venido defendiendo que "siempre" se usaron criterios clínicos para la atención de pacientes.

El propio jefe del Ejecutivo había sido muy duro e incluso había calificado de de "insidias" las acusaciones de que la decisión de no aprobar tratamientos había provocado el fallecimiento de pacientes. 

Atribuía las demandas a "líos que hay en los hospitales entre servicios y nos mismos servicios" e incluso había sido más allá al atribuir a la oposición las acusaciones de la Fiscalía y calificarlas de "disparate" e "insulto" mientras se jactaba de "pagar" los tratamientos. "Por dos o tres pacientes, no me parece lógico relacionar esas denuncias con la austeridad", había sentenciado. Desde el viernes, Feijóo mantiene el silencio sobre el giro que acaba de dar el caso."             (eldiario.es, 26/12/16)

Ni tenemos la vacuna obligatoria contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, ni vamos a tenerla. Seré sincero: si pueden, intenten conseguirla por su cuenta

"El pediatra se queda pasmado cuando el padre de Xavi le muestra la cajita naranja envuelta en una bolsa de frío. “¿Pero dónde ha conseguido esto?”, le interroga. 

El padre de Xavi le mira a los ojos sin contestar, mientras su hijo observa extrañado al médico, que deambula por la consulta dándole vueltas y vueltas a la cajita, como si fuera un pequeño tesoro: “¡Si no queda ni una en toda Galicia!”.

El envase en cuestión contiene una jeringuilla Infanrix trivalente de los laboratorios británicos GlaxoSmithKline (GSK), nombre comercial de la dTPa, un fármaco que, según el calendario oficial de vacunación del Servicio Galego de Saúde (Sergas), deben recibir todos los niños de seis años para protegerlos contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. 

 Se aplica en tres veces en diferentes edades, las últimas como recuerdo, para garantizar que los críos llegan a la adolescencia inmunizados contra esas patologías. Xavi y sus padres ya habían estado quince días antes en el mismo centro de salud, el de su pueblo, Sada, un municipio de 15.000 habitantes a unos veinte kilómetros de A Coruña.

 Entonces no pudieron vacunar al peque, porque, según el galeno que los atendió ese día, sustituto temporal del anterior, el Sergas había suspendido la campaña por falta de stock de Infanrix. “Ni lo tenemos ni vamos a tenerlo”, les advirtió. “Seré sincero: si pueden, intenten conseguirlo por su cuenta”.

El padre de Xavi, que prefiere que no se cite su nombre y que el de su hijo se cambie por otro en este texto, logró hacerse con una dosis de dTPa y volvió al ambulatorio con el niño y su madre. 

El médico titular, con cara compungida, dándole vueltas a la cajita y a la cabeza como si pensara en Hipócrates, también fue sincero y acabó por explicarles que su esfuerzo y el gasto no habían servido de nada: “Lo siento, pero no estoy autorizado a vacunar al niño si la medicina no me la proporciona la Administración. Y tenga en cuenta que si va a una clínica privada, eso no aparecerá en el historial de su hijo”.

Desde aquel día, la vacuna duerme en la nevera del padre de Xavi. Como él, cerca de 23.000 niños gallegos no pueden recibirla, y la Xunta, un año después de haber anulado la campaña, no sabe cuándo la retomará. 

“El problema es que los laboratorios que producen el fármaco (además de GSK también la fabrica la firma francoalemana Sanofi) han dejado de distribuirlo”, señala Xurxo Hervada, subdirector general de Información Epidemiológica del Sergas. Niega que el aplazamiento se deba a los recortes en el gasto sanitario, aunque lo cierto es que esos mismos laboratorios sí venden el Infanrix en otros países europeos, a precios más elevados de los que la Xunta pagaba antes por ellos. 

Hervada también resta importancia al desabastecimiento porque, a su juicio, el hecho de que los niños de seis años no reciban el recuerdo de la trivalente no supone un riesgo grave. A pesar de que, según el Ministerio de Sanidad, los casos de tos ferina se han multiplicado en España en los años de crisis (de los 560 del 2007 se pasó a 3.235 en el 2011 y a más de 2.000 en el 2012); de que Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor incidencia del tétanos; y de que la difteria, de la que no había noticias desde 1986, reapareció el año pasado causando la muerte de un niño de Olot (Girona) que no había sido vacunado.

 Feijóo negó hace unas semanas en el Parlamento gallego que hubiera relación causa-efecto entre las muertes de enfermos de hepatitis C y los protocolos del Sergas. Pero lo cierto es que el juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía, a instancia de Batas Blancas, en la que se acusa de prevaricación administrativa y de homicidio por imprudencia a dos altos cargos de ese organismo.

No es el único caso de prácticas médicas judicializadas en Galicia. La Fiscalía de A Coruña también ha dado trámite a una querella de Batas Blancas, que instruye el juzgado de lo Penal número cuatro de esa ciudad, contra tres médicos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) a quienes se acusa de engañar a pacientes de cáncer de pulmón para derivarlos a centros privados, y de violar la ley de protección de datos por llevarse sus historiales clínicos. 

Acuciados por esos médicos, que los amedrentaban alegando que no superarían la enfermedad en un hospital público, los pacientes se plegaban a costear como podían una operación en una clínica privada.

El presidente de Batas Blancas, que fue jefe del servicio de cirugía torácica del CHUAC durante quince años, denunció esas prácticas al Sergas en el año 2010, pero la inspección sanitaria no hizo nada al respecto hasta que la situación se hizo insostenible. 

 “Tenemos constatados quince casos de pacientes enviados a hospitales privados, pero calculamos que pueden ser más del doble”, subraya. Borro recuerda que las listas de espera en su servicio, de no más de mes y medio, entraban en los estándares aceptables para ese tipo de cáncer y no justificaban la urgencia ni la deriva a centros privados.

 ¿Y por qué el Sergas no hizo nada en cinco años? “Una intervención de ese tipo ronda los 15.000 euros, como mínimo. Y un paciente operado fuera de la sanidad pública es un gasto que te ahorras. Se trata de una privatización encubierta”. De hecho, recuerda, la Xunta se mantiene “escondida” y ni siquiera se ha personado como acusación en el caso.

Borro, una eminencia en su especialidad (era el único médico del servicio con un doctorado, profesor universitario y miembro del European Board de cirugía torácica), fue destituido de su cargo. Demandó al Sergas y ganó el juicio, pero en cuanto cumplió 65 años, fue jubilado.

 Ese es otro de los problemas que denuncia. Cada año, la Xunta obliga a retirarse a cientos de médicos que desearían seguir ejerciendo su profesión en la sanidad pública, porque creen en ella y porque son conscientes de que, a este ritmo, no sólo no quedará nadie para transmitir sus conocimientos y su experiencia, sino que nada podrá impedir que el sistema gallego de salud siga desmoronándose a pedazos.

A la Xunta le resulta más barato contratar a médicos y enfermeras por días, incluso por horas, tal vez porque es sencillo forzarlos a asumir protocolos que les obligan a optar por praxis médicas más baratas y que requieran menos días de hospitalización. 

Muchos se niegan, se rebelan y desobedecen, pero en los hospitales públicos gallegos se hacen cada vez menos cesáreas aunque las embarazadas y los bebés corran peligro; se insta a los cirujanos a no segar y limpiar por completo un tumor de útero si eso puede alargar el tiempo medio de una intervención, aunque exista la certeza de que se reproducirá; se eliminan operaciones tan comunes como una laparoscopia de menisco, o se dan citas para atención psiquiátrica con cuatro meses de espera a pacientes que acuden a su médico de cabecera advirtiendo de que tienen tendencias suicidas.

Todo esto no puede explicarse dándoles vueltas y vueltas a una cajita naranja. Aunque seguro que el pequeño Xavi estará contento de haberse ahorrado un pinchazo de Infanrix. 

Pero probablemente nunca entenderá por qué a su abuela, jubilada tras 35 años de trabajo y cotizaciones sociales, le negaron una y otra vez el medicamento que le recetó su cardiólogo tras sufrir un accidente cardiovascular, advirtiendo por escrito de que su vida corría peligro si no lo tomaba a diario: “Mire, señora, lo que pasa es que su medicina de antes valía un euro, y esta nos cuesta más de noventa”."            (Juan Oliver, Público, 14/05/16)

Cientos de padres gallegos cruzan a Portugal por la falta de vacunas contra la meningitis

"Cada día desde hace semanas, decenas de familias gallegas cruzan la frontera con Portugal para dirigirse a alguna farmacia próxima y hacerse con vacunas contra la meningitis B. 

“Viene una persona, pero a menudo se llevan muchas, para toda la familia; yo solo este martes he vendido más de 20”, señala Ivonne Estévez, que regenta la pequeña botica Jardim en Valença do Minho, muy cerca de Tui. Es la fiebre del desabastecimiento de la vacuna, que ataca muy particularmente en Galicia, donde la combinación de una alta incidencia del meningococo B con el conocimiento de casos de gran impacto mediático ha provocado una lista de espera que se cuenta por decenas miles de unidades.

“Yo tengo anotadas a más de 100 personas”, confirma Vicente Orjales, de la farmacia Orjales de Vigo. “Podrían ser más, pero algunas vienen tan nerviosas que hasta se olvidan de ponerse en lista”.

 El precio del medicamente, 107 euros la dosis, no desanima a las familias, como tampoco lo hacen las llamadas a la calma de numerosos expertos, que estos días combinan su mensaje tranquilizador con otro que consideran incuestionable: que la vacuna no solo debe ser de libre prescripción, como ocurre desde el 1 de octubre, sino que también ha de formar parte del calendario de vacunación del Servicio Galego de Saúde (Sergas). No parece que ese objetivo se vaya a cumplir a corto plazo.

La extraña vinculación de Galicia con la meningitis B viene de lejos, con periódicos casos de fallecimientos que sacuden a la opinión pública. La comunidad autónoma está entre las tres de mayor incidencia de la enfermedad, junto a Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta, en un país que se encuentra a su vez entre los que registran más casos de Europa. 

En lo que va de año, en Galicia se han confirmado unos 20, dos de ellos con resultado de muerte. El último fallecimiento se produjo el 25 de octubre, cuando un niño de Boiro de apenas un año perdía la vida de forma fulminante a causa del meningococo B. La Xunta activó un protocolo de prevención destinado a familiares, amigos y a los 26 compañeros de la guardería pública del pequeño. La alarma se extendió rápidamente a toda Galicia.

La farmacéutica GlaxoSmithKline no da abasto para atender la demanda de Bexsero, nombre comercial de la primera y única vacuna contra la meningitis B, que evita tres de cada cuatro casos de una enfermedad letal en el 10% de los pacientes y que provoca graves secuelas en otro 30%.

 El medicamente aterrizó en suelo español en agosto de 2014. A pesar de que la Agencia Europea del Medicamento autorizó su libre dispensación en toda Europa, el Ministerio de Sanidad lo circunscribió a hospitales para grupos de riesgo. Presionado por una creciente demanda social, este año cambió de opinión y liberó su venta en farmacias, pero lo hizo sin garantizar existencias. El largo proceso de producción de la vacuna, de unos nueve meses, complica la atención de la desbordante demanda.  (...)

Una de las razones por las que la alarma en Galicia es mayor que en el resto de España es la dispersión de la población, que aleja a una gran parte de sus habitantes de los grandes hospitales. “Hay que tener en cuenta que las primeras horas desde los síntomas iniciales son cruciales. 

Si el diagnóstico se retrasa y hay que atender al paciente en un centro de salud sin los medios necesarios, la cuestión se complica”, señala un pediatra. La particular incidencia del meningococo B en la comunidad autónoma es también motivo de que 200 menores gallegos participaran en el desarrollo y ensayo del fármaco, bajo la coordinación clínica del jefe de la UCI de Pediatría del Complejo Hospitalario Clínico de Santiago, Federico Martinón, junto con su equipo de la Unidad de Investigación en Vacunas, dirigido por el doctor Lorenzo Redondo.

Martinón no duda en recomendar la inclusión de Bexsero en el calendario infantil, ni en asegurar que él a sus hijos los piensa vacunar. Es la misma opinión que mantiene la Asociación Española de Pediatría o, en Galicia, la directora regional de la Fundación Irene Megías contra la Meningitis.

 En su opinión, solo un problema de financiación impide la inclusión de la vacuna en el calendario, pero advierte de que ella misma ha visto cómo, gracias a las vacunaciones, la meningitis por haemophilus y meningococo C se ha reducido a la mínima expresión.

Mientras esa inclusión no llega, los gallegos seguirán, nevera al hombro, practicando el turismo sanitario para hacerse con la preciada vacuna."            (El Confidencial, 13/11/15)

"...hay propuestas que son como la luna, siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie... cómo las del 'catálogo gallego de medicamentos'

"(...) se han confrontado dos propuestas: la del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, basada en la experiencia andaluza de hacer obligatoria la prescripción por principio activo para facilitar en todo el Sistema Nacional de Salud la dispensación de los medicamentos más baratos sin excluir ninguno de la prestación y sin generar inequidades y la propuesta del llamado "catálogo gallego". (...)

La segunda, el llamado "catálogo gallego", en realidad no es tal catálogo, sino una lista negativa, que ha excluido de la financiación de la Seguridad Social, unilateralmente e invadiendo competencias propias del Estado, toda una serie de medicamentos que sí se incluyen en el catalogo común que vienen disfrutando el resto de autonomías del Estado.

Los problemas asociados a esta lista negativa gallega son que cada tres meses se modifica el contenido de la lista de medicamentos financiados por la Seguridad Social (con la consiguiente desorientación para los usuarios), que ni siquiera se han explicado los criterios de exclusión de la lista y que, en realidad, la lista negativa introduce un copago igual al 100% del precio de venta para los medicamentos excluidos.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad referidos al mes de junio muestran que los criterios defendidos por el ministerio y la Junta de Andalucía, ofrecen mejores resultados que la política farmacéutica de la Xunta de Galicia.

Así, el ahorro a nivel de todo el Estado en el gasto farmacéutico acumulado interanual ha sido del 9,42%, en Andalucía (precursora del nuevo modelo de prescripción) ha sido del 9,81% y en Galicia (con su catálogo propio) el ahorro se ha quedado en el 7,76%.

En conjunto, 15 comunidades autónomas, entre ellas algunas con una población más envejecida que Galicia, como son Asturias y Aragón, han gestionado en el último año el gasto farmacéutico mejor que Galicia, y todas ellas con el catálogo común.

Parafraseando a Mark Twain, hay propuestas que son como la luna, siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie. (...)

Para ejemplo, la lista negativa que en 1998 aprobó el gobierno Aznar y que dio como resultado un incremento en el gasto farmacéutico del 10%." (El País, ed. Galicia, 25/08/2011, p. 5)