Un hospital por año, el Juan Cardona, en Ferrol; el Polusa, en Lugo; y el Povisa, en Vigo: la conexión de Feijóo y Ribera Salud durante su última etapa en la Xunta... Galicia cuenta con siete áreas sanitarias, en todas ellas el Sergas deriva actividad a centros sanitarios privados (El Plural)

 "La presencia sobre el terreno en Galicia del grupo privado Ribera Salud experimentó un sólido crecimiento en los últimos años de Alberto Núñez Feijóo como presidente de esta comunidad autónoma. La compañía sanitaria se hizo entre 2019 y 2021 con los tres hospitales de los que dispone a día de hoy en el territorio gallego: el Juan Cardona, en Ferrol; el Polusa, en Lugo; y el Povisa, en Vigo. Tres centros de gran tamaño y con alta capacidad de atención a pacientes que se suman a las diez clínicas con las que cuenta en esta región.

Ribera Salud compró el Cardona y el Polusa en 2021 y 2020, respectivamente, mientras que el Povisa, que es el hospital de referencia para más de 100.000 pacientes en el área sanitaria de Vigo, lo adquirió en 2019. Este último, cuenta con una importante relación con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ya que, mediante conciertos, recibe una importante financiación de esta institución pública. Una financiación que hasta el 2025 era de 75 millones de euros anuales que se destinaban a la atención médica de las 140.000 adscritas al hospital Povisa, pero que este año se modificó para incrementar la partida económica que recibe Ribera Salud en este concierto, alcanzando casi los 100 millones de euros anuales a pesar de atender ahora a menos pacientes, concretamente a 116.000.

Antes de que Ribera Salud adquiriese el Povisa en el 2019, este hospital había pertenecido al grupo Nosa Terra XXI, encargado de la gestión de este centro sanitario, que contaba ya con concierto privado desde el Gobierno de Manuel Fraga, entre 1996 y 2019. El año previo a la venta, el 2018, la relación entre la Xunta y Nosa Terra XXI se tensó, al generarse discrepancias en las partidas económicas que recibía este hospital privado. De hecho, el centro sanitario llegó a solicitar el preconcurso de acreedores alegando pérdidas millonarias a las que se habrían dado lugar desde el año 2014. La venta a Ribera Salud se llevó a cabo en el 2019, año en el que el Sergas modificó el concierto y llevó a cabo una mayor inversión en el Povisa que implicaba asumir el suministro de medicación de dispensación ambulatoria y de alto impacto.

En total, Galicia cuenta con siete áreas sanitarias, en todas ellas el Sergas deriva actividad a centros sanitarios privados. Un modelo de atención que, como se hacía mención, ya implantó Fraga en 1993. Este modelo de Sanidad Público-Privada ha venido siendo objeto de críticas durante años en la región, gran foco de ellas ha sido el propio hospital Povisa del que han denunciado que cuente con menos personal que un centro público y que, además, según la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, tuvo un papel en la reducción de la cantidad de camas que se habían planteado para el hospital Álvaro Cunqueiro, este sí, de carácter público.

La preocupación mostrada por los defensores de la Sanidad Pública en Galicia se ha incrementado en las últimas horas, al haber salido luz un audio difundido por El País y en en el que Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud, daba la orden de retrasar las listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con el fin de obtener beneficios económicos y aumentarlo entre cuatro y cinco millones de euros. Declaraciones sorpresivas realizadas por parte del alto cargo de un grupo privado que gestiona hospitales pertenecientes a la Sanidad Pública y que es pagado por ello por parte de los gobiernos autonómicos.

Firmas nacionales e internacionales y cerca de 800 millones facturados

Ribera Salud tiene 69 sociedades repartidas por lo largo y ancho del país (Madrid, Galicia, Asturias, Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura), y fuera de las fronteras de España. Así las cosas, gestiona otros tres centros en Portugal (Galo Saúde Parcerías Cascais, Ribera Care Portugal, Laboratòrio Dra. Joana Vicente), además de haber creado una fundación, poseer una empresa tecnológica y su propia división de laboratorios; que reciben los nombres de Futurs y Ribera Lab, respectivamente. Ha llegado incluso a asesorar al Gobierno de Kuwait para levantar el segundo hospital público-privado del emirato.

Con una cifra de negocio de cerca de 800 millones de euros, según se desprende del informe financiero publicado por Vivalto Santé (matriz a la que pertenece el grupo) en su página web, Ribera Salud ha ido creciendo a base de talonario sobre todo tipo de establecimientos sanitarios. De esta manera, solamente en 2024 adquirió el Hospital MC Miraflores y dos policlínicas en Zaragoza, el Hospital de Covadonga y otra policlínica en Gijón, el centro médico Assistens en A Coruña u otro en L’Eliana (Valencia), entre otros, tal y como informa el diario Público.

En términos de plantilla, en España el número de profesionales asciende a 6.233 trabajadores, lo que supone casi una tercera parte de los 20.457 empleados de Vivalto Santé, lo que sitúa a nuestro país como su segundo mercado después de Francia. De hecho, en el Estado español Ribera Salud disfruta también de una filial bajo la denominación de Vivalto Santé Spain. En su caso, gestiona más de 1.200 plazas en siete centros de mayores en la Comunidad Valenciana.

A todo ello hay que añadir la sociedades que contempla en Portugal, Chequia, Eslovaquia o Suiza. Los beneficios alcanzaron en 2024 los 2.747 millones de euros en facturación y tuvo casi 60 millones de beneficios gracias al más de centenar de hospitales y clínicas con las que cuenta."                                (El Plural, 05/12/25) 

La operación que unió a Feijóo, Escotet y Currás. Dinero público, favores privados... la venta de Novacaixagalicia a un precio irrisorio marcó el inicio de una relación cargada de sombras, favores mutuos y ausencia de fiscalización real... la entidad se vendió a Banesco —grupo liderado por Escotet— por solo 400 millones. El resto lo cubría, de facto, el Estado... En la declaración de bienes de Feijóo, de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses? Uno de los episodios más simbólicos de la relación de Feijóo, Escotet y la compra de la fusión de las cajas gallegas, es el nombramiento de Marta Fernández Currás, exconselleira de Hacienda de Feijóo y artífice de la fusión de las cajas gallegas, como consejera del Deportivo de La Coruña, entidad controlada por Escotet... Currás representa un ejemplo de puerta giratoria perfectamente trazada: de gestora de la operación pública que abrió las puertas a un comprador privado, a consejera retribuida del entramado societario del comprador. La falta de fiscalización y la normalización de estos movimientos convierten este tipo de dinámicas en parte estructural del poder gallego (Cristina Papin Marcote)

 "La historia económica reciente de Galicia no puede entenderse sin el nombre de Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano que se hizo con las antiguas cajas gallegas bajo la bendición política de su amigo, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En 2013, en medio de un contexto de crisis bancaria y rescates públicos, la venta de Novacaixagalicia a un precio irrisorio marcó el inicio de una relación cargada de sombras, favores mutuos y ausencia de fiscalización real. 

Una operación política disfrazada de solución financiera. La fusión de Caixa Galicia y Caixanova en Novacaixagalicia derivó en una entidad inviable que fue rescatada con más de 9.000 millones de euros del erario. Pese a este coste descomunal para los contribuyentes, la entidad se vendió a Banesco —grupo liderado por Escotet— por solo 400 millones. El resto lo cubría, de facto, el Estado. Feijóo defendió esta operación como 'la mejor posible', pero nunca se convocó una comisión de investigación parlamentaria ni se valoraron ofertas alternativas con mayor transparencia. El proceso dejó abierta la sospecha de que las condiciones de venta favorecieron deliberadamente al grupo venezolano. 

Escotet no era un desconocido en el mundo financiero latinoamericano. Fundador del grupo Banesco, su trayectoria ha estado ligada al uso de sociedades offshore, estructuras fiduciarias en paraísos fiscales como Bahamas, Panamá, Malta o Miami. Los 'Bahamas Leaks' lo señalan como propietario de cuentas millonarias en HSBC Ginebra. Sin embargo, en España no se ha confirmado si declaró estas sociedades en el Modelo 720, como exige la ley fiscal para residentes. 

El papel de Feijóo en esta historia no termina con la venta de las cajas a su nuevo amigo. Pasó de regulador a inversor. En su declaración de bienes de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. Aunque no posee acciones directas, su implicación económica con la entidad que él mismo permitió consolidar es evidente. Esta relación no ha sido suficientemente cuestionada ni por el Parlamento ni por los medios afines. Abanca es también el principal apoyo financiero de la Xunta de Galicia. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses?

A pesar de su perfil opaco, Escotet fue acogido sin reservas por el Gobierno del señor Feijóo, que incluso facilitó la creación de una universidad privada bajo el paraguas de Abanca. En Galicia, la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) —conocida como la universidad privada de Abanca— ha sido defendida desde la Xunta como un “proyecto de futuro”. Sin embargo, los pasos que condujeron a su aprobación reflejan más una estrategia política al servicio de intereses financieros que una necesidad educativa real.

La Xunta, bajo el liderazgo del Partido Popular gallego, impulsó desde 2021 la transformación de la antigua escuela de negocios IESIDE en una universidad con pleno reconocimiento académico. Para lograrlo, obtuvo informes favorables del Consello Galego de Universidades y de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Incluso el Ministerio de Universidades emitió un informe positivo en 2024, aunque con muchas reservas sobre futuras exigencias legales.

No obstante, estos avales contrastan con el informe claramente desfavorable del Consello Económico e Social de Galicia, que advirtió de las graves carencias del proyecto: ambigüedad en la oferta académica, escaso encaje en la normativa universitaria vigente y una estructura más cercana a una escuela de negocios que a una universidad con vocación investigadora y pública. Abanca es un grupo financiero que ha crecido en influencia institucional en Galicia con el beneplácito de la Xunta. La creación de una universidad bajo su control afianza su posición en el tejido económico y educativo gallego.

Pese a las alertas de universidades públicas como la Universidad de Santiago y la Universidad de Vigo por la duplicación de grados como Derecho o Empresa, la Xunta sostuvo que la UIE ofrecía una “perspectiva empresarial diferenciada”. Pero detrás de esta justificación se oculta una lógica de privatización encubierta: mientras se congelan plazas públicas y se recortan medios en campus tradicionales, se facilita el desembarco de un operador privado con vínculos políticos evidentes. 

 No se ha celebrado una sola comisión parlamentaria para revisar el procedimiento. Las protestas del profesorado universitario fueron ignoradas. Las demandas de transparencia sobre el proceso de autorización se despacharon como ataques ideológicos. La UIE no nace del consenso ni de una necesidad del sistema universitario gallego, nace del poder de una entidad financiera con fuertes lazos con el poder político, especialmente con Feijóo y su entorno. Los informes favorables existen, pero también los que fueron desoídos. La pregunta clave no es si la UIE cumple la ley, es por qué se le construyó una ley a medida. Y para quién.

Uno de los episodios más simbólicos de la relación de Feijóo, Escotet y la compra de la fusión de las cajas gallegas, es el nombramiento de Marta Fernández Currás, exconselleira de Hacienda de Feijóo y artífice de la fusión de las cajas gallegas, como consejera del Deportivo de La Coruña, entidad controlada por Escotet desde julio de 2024. Abanca es dueña de la práctica totalidad de las acciones. 

La incorporación de Currás al consejo de administración del club de fútbol de la ciudad herculina –donde Feijóo ya posee vivienda propia, comprada en el año 2023 en una de las mejores zonas de A Coruña– tiene una remuneración de 252.000 euros anuales y es vista por muchos como una forma de retribución política por los servicios prestados. El Deportivo, lejos de su época dorada, se ha convertido en un satélite institucional de Abanca, con poca transparencia y una alta concentración de poder.

¿Por qué no se ha investigado el entramado financiero de Escotet? ¿Qué consecuencias éticas tiene la inversión personal de Feijóo en Abanca? Sin fiscalización ni rendición de cuentas, Galicia y España siguen sin saber dónde acabó realmente el dinero público, ni quién se benefició verdaderamente de su dispersión.

La figura de Marta Fernández Currás se ha consolidado en la encrucijada entre la política, las finanzas y las élites deportivas. Su trayectoria desde la Xunta gallega hasta el consejo del RC Deportivo, bajo el mando de Juan Carlos Escotet, revela una trayectoria político-técnica plagada de favores cruzados que exige un escrutinio más riguroso.

Elegida conselleira de Hacienda en 2009 por Alberto Núñez Feijóo, Currás lideró desde la Xunta la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, convertida en Novacaixagalicia en 2010. Sin embargo, el proceso no estuvo libre de sombras. Una comisión parlamentaria solicitó su comparecencia en 2013, que ella rechazó aduciendo su entonces cargo de secretaria de Estado de Presupuestos del gobierno de M. Rajoy. Mientras tanto, informes como el de KPMG apuntaban a que la operación favoreció una línea única sin contrastar alternativas ni evaluar los riesgos reales de la concentración bancaria.

La imagen de Currás al firmar el acuerdo fue elevada a símbolo de estabilidad, pese a que años después el rescate costó 9.000 millones al erario. La narrativa oficial omitió análisis sobre las consecuencias sociales, las condonaciones fiscales o los errores estructurales que precipitaron el colapso de las cajas.

Su llegada al club de fútbol se justificó como refuerzo institucional y de control financiero. Pero pocos olvidan que la misma persona que impulsó la fusión que benefició a Juan Carlos Escotet ahora ocupa un puesto en el entorno empresarial que controla. 

El caso de Marta Fernández Currás representa un ejemplo de puerta giratoria perfectamente trazada: de gestora de la operación pública que abrió las puertas a un comprador privado, a consejera retribuida del entramado societario del comprador. La falta de fiscalización y la normalización de estos movimientos convierten este tipo de dinámicas en parte estructural del poder gallego.

Currás aportó a la Xunta su experiencia como inspectora de Hacienda y su perfil técnico. Pero el uso de su posición para estructurar decisiones estratégicas en beneficio de terceros privados plantea serios interrogantes. ¿Hay separación real entre interés público y retribución futura? ¿Debe aceptarse como normal que la alta administración termine en consejos financiados por las mismas entidades a las que dio acceso institucional privilegiado?

El silencio institucional en torno a estos casos es clamoroso. Ni el Parlamento de Galicia bajo el yugo de la mayoría absoluta del Partido Popular, ni los órganos reguladores han abierto investigaciones. La ciudadanía aún no conoce los detalles reales de la operación. El caso Currás-Escotet-Feijóo exige un ejercicio de rendición de cuentas urgente por parte del líder de la oposición, antes de que estas prácticas sigan desdibujando los límites entre lo público y lo privado.

Otra amistad “peligrosa” más que añadir a la lista del señor Feijóo. " 

(Cristina Papin Marcote , InfoLibre, 30/06/25)

Divide e ocultarás: ¿Cómo se fraccionan contratos na Xunta de Galicia?

 "A Xunta de Galicia ten varias frontes abertas desde o informe do Consello de Contas de Galicia relacionado co hospital Álvaro Cunqueiro. A partir de aí, as acusacións por presuntas irregularidades en contratacións contra o goberno autonómico do PP foron incrementándose. As forzas da oposición parlamentaria iniciaron unha batería de cuestionamentos á Xunta sobre o abuso da contratación menor, a “sospeitosa” adxudicación a determinadas empresas como o caso Eulen, onde a irmá de Alberto Núñez Feijóo, Micaela, é a directora para a sección Noroeste de Eulen. Así, o BNG solicitaba o pasado mes de setembro a comparecencia de Alfonso Rueda e o seu predecesor na Xunta, Núñez Feijóo, para explicaren as contratacións concedidas a esta empresa. Ningún dos dous responsables políticos aclararon nada e parece que as explicacións poden tardar. Aínda así, tanto BNG como PSdeG insisten na comparecencia tanto do presidente como do expresidente na comisión parlamentaria que arrinca o venres 4 de outubro.

FRACCIONAMENTO: É LEGAL?
O fraccionamento de contratos é algo que se pode realizar sempre e cando ese fraccionamento sexa factible e poida beneficiar a varias empresas. Pola contra, están as prestacións que non serían segmentables en principio e con todo, acaban realizándose adxudicacións discrecionais (a dedo). Isto tradúcese nunha falta de concorrencia competitiva entre diferentes empresas que podería levar a prezos máis baixos e que as adxudicatarias poidan facer máis investimentos.

O último informe do Consello de Contas de Galicia falaba de fraccionamentos en contratacións sen contraprestación por parte das empresas contratadas. Un dos entes “favorecidos” era o Consorcio Galego de Benestar e Igualdade “que adxudicaba contratos por períodos dun mes para a limpeza de escolas infantís, impedindo a concorrencia doutras empresas” di o deputado do BNG, Iago Tabarés.

Todas as entidades e consellerías realizan contratacións menores: as que non superan 15.000 euros para servizos e obras por debaixo dos 40.000 euros. Entes e consellerías realizan este tipo de contratacións, mesmo fraccionándoas, todo por axilizar puntos como a compra de material funxible, reparacións, etc. Porén, “a transparencia é nula, o Portal de Contratación non ofrece os mesmos datos que o de Transparencia e, por outra parte os contratos a dedo supoñen o 40% do total de contratacións autonómicas” di Patricia Iglesias, deputada do PSdeG.

Un gráfico mostra como o contrato menor xa era case o 35% da contratación por parte da Xunta. “Logo temos datos como un 10% de negociación sen publicidade e un 3% de procedementos de urxencia” apunta Tabarés.

POÑER COUTO
A situación é tan preocupante en toda a Unión Europea que se aprobaron as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello da Unión Europea 2014/233/UE e 2014/24/UE. As mesmas foron trasladadas ao Estado español na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP). Por outra parte, a lexislación do Estado prohibe tanto favorecer intereses privados (contratacións a dedo ou discrecionais) así como “Non poderá fraccionarse un contrato coa finalidade de diminuír a contía do mesmo e eludir así os requisitos de publicidade ou os relativos ao procedemento de adxudicación que corresponda”, di o artigo 99.2 da dita lei.

O obxectivo de toda esta normativa era ir acurralando o uso e abuso da contratación menor e evitar a discrecionalidade. “O risco está cando se fraccionan grandes contratacións noutras máis pequenas para non ter que sacar unha licitación ou concurso” di Iglesias. A licitación necesita de mesas de contratación, procedementos regrados e publicar pregos, isto é, investir tempo e diñeiro, o fraccionamento aforra todo isto.

Volvendo ao caso da empresa de limpeza apuntada por Tabarés, no Portal Galego de Transparencia aparecen as contratacións do servizo de limpeza en varias escolas infantís. Ditas contratacións son por un período dun mes “cando a limpeza dun centro non se fai un mes por ano senón durante todo o ano”. A adxudicataria é a empresa multiservizos Eulen.

Dato rechamante é que dentro do Portal de Transparencia, a sección “Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados”, teña como último ano rexistrado o 2022. “Por outra parte, neste Portal da Xunta temos que baixar os pdf un a un cando, por exemplo, existen administracións locais con servizos telemáticos semellantes máis áxiles” di Iglesias.

A necesidade de parar a contratación discrecional levou á UE a aprobar unhas directivas que se adaptaron á lexislación española. O obxectivo era frear o abuso da discrecionalidade, porén, no caso galego esta práctica continúa sen ningún freo aínda que entes como o Consello de Contas de Galicia sinale irregularidades sobre estes usos. Tamén está a obsolescencia dos portais web que, ou están sen actualizar ou fan complicado o acceso aos datos de contratación."                   ( Moncho Mariño, Galicia Confidencial , 27/10/24)

Pacientes oncológicos abandonados en Galicia mientras sigue llegando el maná de los contratos a la empresa de la hermana de Feijóo... El Estado de bienestar se va a pique en una comunidad autónoma donde hace tiempo gobierna el liberalismo más cruel, la privatización a calzón quitado y el enchufismo, que es tanto como hablar de caciquismo en pleno siglo XXI

 "Prosigue el escándalo de las adjudicaciones de contratos de la Xunta de Galicia a la empresa de la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Lo último que se ha sabido es que la Xunta de Rueda adjudicó más de 17 millones de euros en dos años a la mercantil en la que trabaja la familiar del político conservador, según informaciones de Público. Desde que el actual presidente del PP ganó las elecciones autonómicas de 2009, la Administración gallega ha asignado a Eulen 54 millones, más del doble que a las otras dos compañías líderes del sector de la seguridad en España. Contundente dato.

La prensa opositora al régimen del PP sigue tirando del hilo, o sea del chorreo o maná de las adjudicaciones a Eulen, que en los últimos años han regado generosamente a la familia del presidente popular. Ahora que empieza a saberse que la mayoría de los contratos iban a parar a esta compañía –pese a que quizá no era la oferta más eficiente y barata para las arcas públicas, sino más bien al contrario, generalmente era la más cara–, se entiende por qué algunos servicios públicos gallegos están bajo mínimos, cuando no en la quiebra y sin inversión. ¿Ha habido despilfarro en la Xunta o cuando menos un manejo demasiado alegre de los fondos de los contribuyentes? Alguien debería abrir una auditoría para examinar cómo, cuándo y dónde se han adjudicado las contrataciones. Y sobre todo por qué no se siguieron determinados concursos públicos, si es cierto que se trocearon contratos para poder adjudicar a dedo, en definitiva, si se cumplió la ley.

Pero mientas se aclara todo eso, los servicios públicos que sostienen el Estado de bienestar siguen resintiéndose de la pésima gestión económica. Según publicó el Diario.es en marzo de 2024, “la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, ha denunciado ante la Valedora do Pobo el retraso en las revisiones a pacientes oncológicos que, en algún caso, alcanza ya los ocho meses”. Por lo visto, el hospital público de referencia en la capital gallega –dirigido por Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo– culpa de esta situación a un “reajuste del personal que está afectando temporalmente a su capacidad para realizar estas consultas”, siempre según el citado medio de comunicación.

“Acompañados por un grupo de quince pacientes de cáncer, los representantes de la entidad han presentado una queja colectiva por la suspensión sine die por parte de la gerencia y el Servicio de Oncología del CHUS de las consultas externas de control, seguimiento y evaluación” para estas personas, recogía el Diario.es. Previamente, durante el fin de semana, la Asociación distribuyó un vídeo con los testimonios de cuatro pacientes afectadas. Belén, operada en octubre de 2021 está pendiente de revisión desde noviembre, lo que le está provocando problemas de salud mental “porque estoy a tratamiento en psiquiatría”. “Me parece una vergüenza”, asegura mientras relata que sus reclamaciones encuentran siempre lo mismo, una “respuesta automática”. María esperaba su primera revisión el 15 de octubre, pero a día de hoy sigue sin tener “a la vista ningún tipo de cita”. “Me siento abandonada y quisiera saber lo que sucede para estar tanta gente en esta situación”. A Esther le tocaba en febrero, así que es quien menos lleva aguardando de las cuatro. “El personal del hospital está tan perdido como nosotros. Ante las reclamaciones y las preguntas que haces no saben qué contestar”. Asegura que le dejaron “ver” que “no soy una persona prioritaria, porque tengo la suerte de tener un cáncer bueno, si eso existe, así que tengo que esperar” ya que “no dan fechas aproximadas ni nada por el estilo”.

De modo que mientras Feijóo coloca a familiares en puestos de alta responsabilidad (incurriendo en un caso de nepotismo o clientelismo familiar), los servicios públicos gallegos, como el vital servicio de salud, siguen deteriorándose, cuando no hechos unos zorros. El Estado de bienestar se va a pique en una comunidad autónoma donde hace tiempo gobierna el liberalismo más cruel, la privatización a calzón quitado y el enchufismo, que es tanto como hablar de caciquismo en pleno siglo XXI."               (Marcos lópez, Diario16, 24/08/24)

Feijóo y sus quince años de "chanchullos" familiares en la Xunta de Galicia

 "Feijóo va a tener que explicar en el Parlamento gallego los contratos a dedo que la Xunta adjudicó a empresas de su entorno familiar y también las últimas colocaciones de parientes en la Administración regional. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, incluso ha llegado a pedir al líder del PP que aclare los “chanchullos” que presuntamente implican al político gallego y a la Xunta en “todo un maremágnum de sobrecostes y contratos a dedo”, informa El Plural.

“Quince años de chanchullos”. Así define Pontón la época de Feijóo al frente del Gobierno regional. Solo en los últimos cincos años, asegura el BNG, el montante de las adjudicaciones a dedo podría cifrarse en “4.000 millones a dedo en un millón de contratos”.

“El expresidente de Galicia deberá rendir cuentas a petición del Bloque por varias cuestiones. Una de ellas es la que tiene que ver con el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, levantado con un sobrecoste de 470 millones de euros a pesar de disponer de 1.300 camas menos, una superficie menor de la que se estimó en un primer momento y menos plazas de aparcamiento de las prometidas”, añade El Plural.

Otro punto del examen al que se debe someter el PP pasa por los tratos de favor a Eulen, la empresa que dirige Micaela Núñez, hermana de Feijóo. “En total, la compañía ha suscrito 124 contratos menores con organismos que dependen del Ejecutivo autonómico por valor superior al millón y medio de euros. Esto, solo en 2024”, publica el citado medio.

A todo ello se suman los contratos que se firmaron durante la pandemia con marcas como Sibucu 360 o los negocios con la empresa de telemarketing del cuñado de Feijóo, Universal Support, que recibió al menos 20 millones de euros repartidos en al menos 44 contratos covid de la Xunta, siempre según las fuentes de este diario digital.

“Solo es ruido”, se defiende el líder popular

Respecto a todas estas prácticas (feas y antiestéticas, aunque quizá no sean delito, ya que el troceo de pequeños contratos para sortear la ley y adjudicar a dedo es algo permitido por la ley), Feijóo ya ha roto su silencio de este verano, en el que ha ido apareciendo un goteo de titulares sobre los supuestos “chanchullos”. Hace solo unas horas, Feijóo ha asegurado que todo esto no es más que “ruido” generado desde el entorno del Gobierno para tratar de aplacar las críticas a Pedro Sánchez, envuelto en la polémica investigación a su mujer, Begoña Gómez, por la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Este mismo domingo, entrevistado en Radio Galega, y cuestionado por la apertura de esta comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, Feijóo ha asegurado que no teme ningún escándalo y que su momento actual es de “tranquilidad absoluta”. Además, y tirando de retranca gallega, el presidente de los populares ha añadido que muy bien lo tiene que estar haciendo su sustituto al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que la oposición siga trabajando en su contra y no en la del actual inquilino de la presidencia de la región.

Posteriormente, el líder de la oposición ha mandado un mensaje al PSOE, tanto al nacional como al gallego: “El PSOE pretende, para tapar los problemas de corrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su familia, de su partido y de su gobierno, manchar el resto de partidos”. “Supongo que cualquier socialista que estuvo durante mis años de presidente o los años que estuve en la oposición está avergonzado de tener un PSOE minoritario, más minoritario de la historia democrática del país”, alegó. “Los gallegos me conocen y la tranquilidad es absoluta”, asegura en una declaración recogida por Europa Press. En este sentido, dijo que “muy mal” tiene que estar el BNG para “hacer de palmero” de los socialistas que con nueve escaños es el “peor” PSOE “de la historia de la autonomía de Galicia”. “Supongo que cualquier socialista que estuvo durante mis años de presidente o los años que estuve en la oposición está avergonzado de tener un PSOE minoritario, más minoritario de la historia democrática del país”, remachó el dirigente popular.

“El entramado que persigue al actual líder del principal partido de la oposición es una historia de sobrecostes y tratos de favor a familiares. Uno de los puntos sobre los que el responsable popular deberá dar explicaciones –y que precipitó la comisión de investigación– es el que tiene que ver con el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, un posible pufo, expuesto de manera coloquial, en lo económico”, según El Plural.

Mientras tanto, el diario Público aporta más metralla contra el dirigente conservador. Según este periódico, la Xunta infló 666.000 euros el precio de un contrato que la prima de Feijóo dio a la empresa de la hermana del líder del PP. “La gerente de los hospitales de Santiago, Eloína Núñez Masid, prima de Alberto Núñez Feijóo, incrementó en 666.000 euros el precio de un contrato para la vigilancia y seguridad de los hospitales bajo su mando que acabó en manos del grupo Eulen, el conglomerado de empresas cuya directora para Galicia y el noroeste del Estado es su prima, Micaela Núñez Feijóo, a su vez hermana del presidente del Partido Popular”, añade el citado medio.

“La modificación se debió a que un concurso anterior, anunciado hace ahora un año por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), con idéntico objeto, pero por un valor inferior y un plazo superior a los que finalmente obtuvo Eulen, fue declarado desierto por falta de ofertas. La Administración sanitaria gallega repitió el procedimiento, y asegura que no existe irregularidad alguna en el cambio de las condiciones del contrato que adjudicó a la empresa de la hermana del líder del PP”."                 (Marcos López, Diario16, 23/09/24)

La prima de Feijóo adjudicó una plaza a su marido cuatro años después de ascender en la Xunta... Eloína Núñez Masid, designada por su primo gerente del área sanitaria de Ourense a los tres meses de llegar a la presidencia del Gobierno en Galicia, creó un cargo que no existía en su hospital para asignárselo a su esposo

 "La prima de Alberto Núñez Feijóo, Eloína Núñez Masid, adjudicó una plaza en el Servicio Galego de Saúde (Sergas) a su marido cuatro años después de que su primo la nombrara en 2009 gerente de los hospitales públicos de la provincia de Ourense.

La designación se produjo en plena oleada de destituciones de mandos intermedios de la sanidad gallega que se oponían a la estrategia de recortes en el presupuesto sanitario ejecutada por Feijóo tras su llegada a la Xunta aquel año. Varios de esos médicos fueron sustituidos por familiares de otros altos cargos o por galenos afines al PP, mediante oposiciones amañadas que los tribunales acabaron declarando ilegales.

Eloína Núñez Masid, exconcejala del PP de Ourense, accedió a la gerencia del área sanitaria de la provincia en agosto de 2009. Es decir, apenas tres meses después de que el líder del PP tomara por primera vez posesión de la presidencia del Gobierno gallego.

En septiembre de 2012, la nueva gerente firmó la convocatoria de varias plazas en los hospitales que dirigía, cuya provisión suscribió ella misma en junio de 2013. Uno de esos puestos, la jefatura de sección del servicio de Urgencias, que no existía hasta entonces, fue para su marido, Francisco José Aramburu Vilariño, según figura en la resolución del Diario Oficial de Galicia que acompaña a este texto.

Eloína Núñez Feijóo asigna ... by Público Diario

Al contrario del resto de servicios hospitalarios de Galicia, donde la normativa establece la existencia de jefaturas de sección y de servicio, en los de Urgencias y Admisiones sólo se contempla la figura de los coordinadores, según han hecho saber a Público fuentes conocedoras de la organización de la administración sanitaria.

De hecho, añaden, cuando el marido de Núñez Masid fue ascendido a la coordinación de las urgencias de Ourense en 2019, la jefatura de sección que ocupaba se extinguió automáticamente y no se ha cubierto desde entonces.

Este diario se ha dirigido a la gerencia del Sergas para conocer las razones que llevaron a la creación y dotación de la citada plaza y a su desaparición posterior, así como para intentar contactar con Aramburu para obtener su versión de los hechos. A la hora en que se terminó de escribir este artículo, Público no había obtenido respuesta.

Contratos con la empresa de su prima Micaela

Eloína Núñez Masid es licenciada en Medicina por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y tiene plaza de técnica superior de Salud de la Xunta en Ourense. Feijóo la ascendió en 2017 a la gerencia de los hospitales de Santiago, desde donde tramitó dos contratos por cerca de cuatro millones de euros con Eulen, cuya directora para Galicia y el noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder popular.

Según las investigaciones que ha venido publicando este diario, las sociedades de ese conglomerado empresarial han obtenido más de 54 millones de euros en adjudicaciones de la Xunta, la mayoría a través del Sergas, desde que Feijóo ganó las elecciones de 2009.

En cuanto al esposo de Núñez Masid, también se licenció por la USC y es urgenciólogo en el complejo hospitalario de Ourense desde 1987. La cobertura de su plaza de jefe de sección se realizó por el procedimiento de evaluación colegiada, mediante el que un tribunal designado por su mujer valoró sus méritos y propuso su designación. Según las fuentes antes citadas, Francisco José Aramburu fue el único que se presentó al proceso de selección.

Destituida y recolocada

En mayo de este año, Eloína Núñez Masid fue destituida de la gerencia de los hospitales de Santiago, aunque se mantiene en la ejecutiva del PP gallego, en la que Feijóo la designó vocal de sanidad en 2019.

Tras su cese, el Gobierno de Alfonso Rueda le concedió un permiso de seis meses con sueldo al que no tenía derecho, aunque es probable que no lo agote dado que la Consellería de Política Social planea nombrarla subdirectora xeral de Envellecemento Activo e Prevención da Dependencia e Innovación Sociosanitaria.

La Consellería de Política Social es después del Sergas la segunda entidad de la Xunta que más dinero público ha entregado a Eulen, la empresa de Micaela Núñez Feijóo. Su titular es Fabiola García, a su vez esposa de Lucas Martinón, quien fue director adjunto de la campaña electoral de Feijóo en 2009 y director xeral de Comunicación de la Presidencia de la Xunta hasta que dejó el cargo en 2020 para emprender un proyecto empresarial personal.

Las purgas de Feijoo en la sanidad gallega

En la misma época en la que el hoy presidente del PP ascendió a su prima en los hospitales de Ourense, y en la que ésta adjudicó una plaza a su marido, los nuevos gerentes de las áreas sanitarias nombrados por el entonces presidente de la Xunta destituyeron también a varios jefes de servicio de los hospitales públicos, para sustituirlos por médicos afines a la nueva dirección de la Administración sanitaria. Esos puestos nunca habían tenido adscripción política hasta que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia en Galicia.

Uno de los afectados fue el doctor Evaristo Varo, cirujano y jefe la Unidad de Transplantes Abdominales en Santiago, quien había denunciado que el Sergas se negaba a facilitar la medicación que prescribía a pacientes de hepatitis C que fallecieron sin recibirla. Su plaza fue entregada en concurso-oposición a Manuel Bustamente, esposo de Rocío Mosquera, primera gerente del Sergas con Feijóo y posteriormente conselleira de Sanidade. 

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró ilegal aquel procedimiento porque entendió que había sido amañado para dar a Bustamente el puesto de Varo. Éste no llegó a recuperarlo, pero Feijóo recolocó a Rocío Mosquera en la gerencia de Galaria, una empresa pública de prestación de servicios sanitarios de alta tecnología donde cobra un salario cercano a los 70.000 euros.

El mismo tribunal anuló también los concursos mediante los que fueron retirados de sus puestos en los hospitales de Pontevedra los doctores Víctor Pedreira, jefe del servicio de Psiquiatría; Enrique Vázquez Astray, jede de Digestivo; y su compañero Enrique Temes, jefe de Neumología.

Otro afectado por aquellas purgas fue José María Borro, jefe de Cirugía Torácica en A Coruña y fundador de Batas Blancas, quien sufrió una campaña de desprestigio y persecución profesional tras denunciar que varios médicos de su servicio derivaban pacientes a clínicas privadas donde les cobraban por operarles. Fue expedientado, sancionado, destituido de su cargo en el hospital y apartado de su plaza de profesor en la universidad. Tres tribunales distintos le dieron la razón en otras tantas ocasiones. Borro, impulsor del programa de trasplantes de pulmón en A Coruña, decidió hace años dejar Galicia para ejercer su profesión en otra comunidad autónoma."                 (Juan Oliver, Público, 15/09/24)

Así evita los concursos de la Xunta la empresa de la hermana de Feijóo: cinco millones en 1.311 facturas

"Son 1.311 las facturas que la empresa de la hermana de Alberto Núñez Feijóo ha pasado a organismos dependientes de la Xunta de Galicia entre 2018 y 2023. Suman un total de 4.832.029,85 euros y ninguna de ellas ha tenido que ser sometida a concurso público. Se trata de cerca de cinco millones de euros directos a las cuentas de Eulen, dirigida por Micaela Núñez Feijóo en el norte del Estado español, sin tener que ser sometidos a la competencia del sector y mucho menos fiscalizados que las grandes licitaciones de servicios contratados por la Administración gallega.

Estos más de mil cobros son parte de la investigación de datos públicos que El Salto está realizando sobre los últimos cinco años de contrataciones menores en la Xunta de Galicia, aquellas que, por ser inferiores a 15.000 euros, la Ley de Contratos del Sector Público permite licitar nominalmente sin necesidad de pasar los filtros de una mesa de contratación ni tampoco un contrapeso con otras ofertas que busquen la mayor eficiencia en la utilización de recursos públicos. De hecho, muchos de estos contratos cuentan con el mismo concepto, el mismo importe y son facturados a la misma consellería.

El modus operandi, a nivel estructural, es el siguiente. El Gobierno gallego, a través de todos los organismos que dependen de sus decisiones políticas, como consellerías, agencias públicas, consorcios, organismos autónomos, fundaciones del sector público, sociedades mercantiles públicas y otros entes como institutos sectoriales o centros de innovación, elige contratar de manera unilateral con el entramado empresarial de Eulen (Eulen Centro Especial de Empleo, Eulen Seguridad y Eulen Servicios Sociosanitarios). Gracias a su diversificación, esta empresa cuenta con servicios de todo tipo que puede vender a toda la infraestructura de la Xunta, aunque lo más conocido popularmente, es su servicio de seguridad.

Precisamente en esa rama de negocio es donde más previsible parecen los tipos de servicios contratados y, por lo tanto, donde las consellerías podrían aunar sus licitaciones, pero no lo hacen. Sin ir más lejos, en los datos públicos de la Consellería de Sanidade, hasta 14 contratos llevan por concepto el mismo nombre, “seguridad”; el mismo importe, 10.834,55 euros; y son, además, facturados mes a mes al mismo organismo. Con ese mismo concepto escueto aparecen 128 facturas más. De esta manera, la empresa dirigida por Micaela Núñez evita proporcionar un único paquete de servicios que debería ser sacado a concurso público por la Xunta, ya que. parece bastante previsible, un mismo centro debería necesitar los mismos servicios de seguridad a lo largo del tiempo o, al menos, no una actualización mensual de sus condiciones. 

 

La lista de contratos de la Xunta con la empresa de la hermana de Feijóo

Licitaciones menores entre ...  El Salto periódico

A pesar de que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a todas las administraciones del Estado español a publicar todos y cada uno de los contratos que suscriben, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el Portal de Transparencia de la Xunta de Galicia es ambiguo en casi todos los contratos que no superan los 15.000 euros. Desde luego, no porque sean pocos. En los últimos cinco años, el Gobierno de Feijóo y después el de Alfonso Rueda firmaron por esta vía nada menos que 1.034.964 pequeños contratos por valor de 4.000 millones de euros.

Además de dificultar el acceso a los contratos públicos y hacer que los procesos de búsqueda sean extremadamente complicados, los contratos que la Xunta hace públicos a menudo resultan incomprensibles. La infraestructura del Portal de Transparencia apenas permite investigaciones avanzadas y ni siquiera hacer búsquedas por los nombres de las empresas adjudicatarias. En muchas ocasiones, los contratos se presentan con títulos tan vagos como “Edificios y otras construcciones”, lo cual ocurre en 85 casos. Además, en 170 ocasiones, la administración simplemente menciona el nombre de la escuela donde Eulen presta algún servicio sin especificar en qué consiste. La situación no termina ahí. Eulen ha facturado a la Consellería de Sanidade y al Sergas en 39 ocasiones por “material no sanitario” sin proporcionar más detalles.

 

Eloína Núñez, otro vector de ingresos públicos para la familia de Feijóo

Además de lo relatado, en las pasadas semanas, el diario Público ha ido desgranando la influencia de otra de las familiares del presidente del Partido Popular en la contratación pública en Galicia. Su nombre es Eloína Núñez Masid, prima de Alberto Núñez Feijóo y exgerente de los hospitales públicos de Santiago de Compostela y la comarca coruñesa de O Barbanza. Desde su posición, gestionó dos contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que asignaron un total de 3.931.924,43 euros a Eulen.

El primero de estos contratos, valorado en 3.899.058,43 euros, adjudicó a Eulen los servicios de seguridad en hospitales y centros de atención primaria del área sanitaria de Santiago y O Barbanza, en el sur de A Coruña. El segundo, por un monto de 32.866 euros, encargó la instalación de un sistema de videovigilancia en las unidades de hospitalización del servicio de psiquiatría de esos mismos centros. Eloína Núñez, exconcejala del PP en Ourense y médica de profesión con plaza de técnica superior de salud en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ascendió a la gerencia de los hospitales de Ourense pocas semanas después de que su primo asumiera la presidencia de la Xunta en mayo de 2009.

En una segunda parte de la investigación de Público, también se ahonda en los ingresos totales a base de grandes licitaciones que había conseguido Eulen, pero esta vez durante el gobierno de Alfonso Rueda. Según la misma información, en apenas dos años, la Administración gallega adjudicó más de 17,3 millones de euros a la empresa de Micaela Núñez Feijóo. Esa cantidad, canalizada a través de 175 contratos suscritos entre mayo de 2022 y junio de 2024, se suma a los más de 37 millones que la compañía recibió durante los mandatos del ahora líder del Partido Popular."               (Javier H. Rodríguez , El Salto, 29/08/24)

Díaz Ayuso y Moreno Bonilla multiplicaron las adjudicaciones a la empresa donde es directiva la hermana de Feijóo El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid contrata con Eulen 20 veces más que sus predecesores y el de Andalucía ha aumentado un 50% las asignaciones al grupo que dirige en Galicia y el noroeste de España Micaela Núñez Feijóo... y claro, los contratos de la Xunta de Rueda con la empresa de la hermana de Feijóo desvelan trato de favor e información privilegiada La empresa que dirige en Galicia Micaela Núñez Feijóo recibió en los dos últimos años más de 160 adjudicaciones a dedo por el procedimiento de emergencia, frente a las 10 que obtuvieron en el mismo período sus dos principales competidoras

 "Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla multiplicaron las contrataciones de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Junta de Andalucía con el Grupo Eulen, la empresa de la que es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente del PP, desde que en 2019 ambos llegaron a la presidencia de sus respectivas comunidades. Su compañero de partido Fernando López Miras procedió de la misma manera en Murcia tras hacerse con el poder en 2017.

La hermana menor del líder del PP es la directora para el noroeste de España del Grupo Eulen, una empresa con origen en Bilbao que se ha convertido en una de las principales proveedoras de servicios a empresas y administraciones, especialmente en los sectores de limpieza y seguridad, con más de 75.000 empleados en España y otra decena de países.Eulen también vio multiplicadas las adjudicaciones de la Xunta en Galicia desde que Feijóo accedió al mando de la Administración autonómica en 2009. Sus gobiernos asignaron a la firma de su hermana más de 34 millones de euros en 13 años de mandato, y los de su sucesor, Alfonso Rueda, llevan más de 17 millones en los dos últimos ejercicios.

En total son más de 54 millones de euros, es decir una media de 3,6 millones al año. Con la Xunta anterior, gobernada por PSOE y BNG, los contratos de Eulen con el Gobierno de Galicia no llegaban a los 800.000 euros anuales.

Esa tendencia al incremento del negocio de la compañía de Micaela Núñez Feijóo con las administraciones autonómicas se registra también en otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía y también Murcia, donde Eulen ha visto aumentar sensiblemente su volumen de concursos ganados desde que Moreno Bonilla, Díaz Ayuso y López Miras accedieron al poder.

De menos de 50 millones a casi 74

Según los datos que figuran en la plataforma de contratación pública de la Junta de Andalucía, los gabinetes de Susana Díaz (PSOE) habían adjudicado a las sociedades de Eulen 49,28 millones de euros en seis años y medio entre 2013 y enero de 2019, cuando Moreno Bonilla la sucedió. Desde entonces hasta hoy, es decir en un período de cinco años y medio, la cifra se eleva a 73,97 millones de euros, un incremento bruto superior al 50%.

Feijóo y Moreno Bonilla presumen de una sólida amistad desde antes de que el primero presidiera el PP y el segundo, Andalucía. Se dejan ver con frecuencia en entornos distendidos con sus respectivas parejas. De hecho, el 24 de agosto de 2022 acudieron juntos a un concierto de C. Tangan en Vigo, invitados a la zona VIP por Alfonso Rueda. La Xunta aún no ha explicado quién pagó aquellas entradas.

En Madrid la subida de las contrataciones de Eulen es aún más llamativa. En los cuatro años que van desde mediados de 2015 y el verano de 2019, bajo los gobiernos sucesivos de Ángel Garrido, Pedro Rollán y Cristina Cifuentes, la Comunidad había adjudicado a las sociedades del grupo contratos por valor de menos de 600.000 euros, según figura en la web de transparencia de la Comunidad. Desde la llegada de Díaz Ayuso, que fue investida el 14 de agosto de 2019, hasta hoy, ya van más de 15 millones de euros en cinco años.

Si con sus predecesores Eulen obtenía del Gobierno madrileño una media de menos de 150.000 euros por ejercicio, con Díaz Ayuso son unos 3,11 millones anuales. Es decir 20 veces más.

En la Región de Murcia, desde la llegada a la presidencia de Fernando López Miras en mayo de 2017, las filiales del Grupo Eulen han contratado con su Gobierno por valor de más de cinco millones de euros, es decir más de 715.000 euros al año. Entre 2014 y 2017, sus predecesores —Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre y Pedro Antonio Sánchez— no llegaron conjuntamente a los 1,24 millones en total. Unos 413.000 euros por ejercicio. Un 73% menos que con López Miras.

507 contratos en Andalucía desde 2019

Durante el mandato de Moreno Bonilla en Andalucía, el Grupo Eulen ha recibido hasta ahora 507 adjudicaciones, la mayoría de ellas, 308, obtenidas por la sociedad cabecera del grupo, Eulen SA, que se llevó más de 57 millones en contratos ordinarios y otros 1,5 millones en contratos menores —los de valor inferior a 40.000 euros si se trata de adjudicaciones de obras o de menos de 15.000 euros si son para la prestación de servicios—.

En los últimos cinco años y medio, Eulen SA aumentó en casi un 90% las licitaciones ganadas con los gobiernos del actual presidente andaluz en relación a las que recibía con los ejecutivos socialistas. La firma principal del grupo registra más del 77% de todas las adjudicaciones que ha obtenido con Moreno Bonilla. Le siguen Eulen Seguridad SA, con 11,62 millones;, Eulen Servicios Sociosanitarios SA, con 2,87 millones, y la unión temporal de empresas entre Eulen SA y Ferroser, que ganó contratos por valor de otros 2,4 millones.

El mayor contrato que Eulen ha recibido hasta la fecha en Andalucía se eleva a 26,3 millones de euros, impuesto sobre el valor añadido (IVA) incluido, y fue adjudicado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la citada empresa en cinco lotes asignados entre mayo y junio de 2022. Su objeto es el servicio de limpieza, gestión de residuos y suministro de material a los centros sanitarios adscritos a la plataforma del SAS en la provincia de Córdoba.

Contrato de Eulen SA con el... by Público Diario

Si en Andalucía la fuente prinicipal de negocio de la sociedad para la que trabaja la hermana del presidente del PP es Eulen SA, en Madrid el listado lo lidera Eulen Seguridad, que ha recibido con los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso más del 80% de todas las adjudicaciones que ha obtenido el grupo durante el mandato de la presidenta madrileña.

Eulen Seguridad en Madrid: 70 veces más adjudicaciones

Frente a los poco más de 176.000 euros que obtuvo con los ejecutivos anteriores a agosto de 2019, desde entonces hasta la actualidad la Comunidad ha contratado con Eulen Seguridad por un valor superior a los 12,5 millones, es decir 70 veces más.

El mayor contrato que esa compañía ha recibido con Ayuso, firmado el pasado 31 de mayo, son 10,3 millones de la Consejería de Medio Ambiente a través del Canal de Isabel II para servicios auxiliares y de seguridad en las instituciones del organismo, que se licitaron en cinco lotes por un precio base de más de 106 millones. En junio del año pasado, el mismo departamento entregó a Eulen Seguridad otro lote de 2,11 millones para el suministro y la instalación de sistemas electrónicos de seguridad en el Canal de Isabel II.

Además de la filial de seguridad, Eulen Servicios Sociosanitarios ha multiplicado por 18 su cifra de negocio con la Administración madrileña, al pasar de 156.000 euros en el período 2015-2019 a cerca de 2,8 millones desde entonces. Por su parte, Eulen SA ha crecido apenas un 2,6%, pasando de 231.916 euros a 237.872 euros en cada período.

En la Región de Murcia, los dos mayores contratos con empresas del grupo Eulen se firmaron bajo el mandato de Fernando López Miras: 2.976.532 euros del Servicio Murciano de Salud (SMS) para limpieza, desinfección y jardinería en varios centros sanitarios, y otros 1.886.504,76 euros del mismo organismo para el mismo objetivo en la central de esterilización del Hospital General Universitario Reina Sofía.

Entre ambos suman más de 4,86 millones de euros, cerca del 78% de todas las adjudicaciones que la empresa donde es directiva la hermana de Feijóo ha recibido de la Administración murciana desde 2014.

Público ha intentado obtener una valoración de la información recogida en este texto de las tres administraciones implicadas. Ni la Comunidad de Madrid ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno de la Región de Murcia habían respondido al ofrecimiento al cierre de este artículo.

La dirección del grupo Eulen también ha declinado ofrecer su versión.

Con respecto a la Xunta de Galicia, la presidencia de Alfonso Rueda sí ha contestado que cumple estrictamente la legislación en materia de contratación pública y que la empresa donde es directiva la hermana de Alberto Núñez Feijóo es una multinacional con una facturación anual superior a los 1.700 millones de euros que obtiene adjudicaciones de administraciones de todos los colores políticos.

El PSOE reclama los contratos

Tras las informaciones relevadas por este diario, el PSOE ha reclamado que se hagan públicos todos los contratos de la Xunta con la empresa de la hermana de Feijóo. El grupo socialista en el Congreso también ha pedido los contratos de la Administración autonómica de Galicia con la sociedad Universal Support, cuyo director comercial es el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja del presidente del PP, Eva Cárdenas.

El pasado 2 de abril, Público publicó que Universal Support había facturado 15,2 millones de euros de fondos destinados a la lucha contra el covid entre 2021 y 2022, cuando el actual presidente del PP aún lo era de la Xunta.

Al día siguiente, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) desveló que la sociedad vinculada al cuñado de Feijóo había ganado con la oferta más cara otro concurso de la Xunta sufragado con más de cuatro millones de euros de fondos covid."     (Juan Oliver, Público, 25/08/24)

 

 "Los expedientes de los contratos de los dos últimos años de la Xunta con Eulen, la empresa que dirige en Galicia y para el noroeste de España la hermana del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desvelan evidencias de que la compañía sigue contando con trato de favor por parte de la Administración autonómica, a cargo de Alfonso Rueda, e indicios de que dispone de información que debería ser confidencial sobre las ofertas de sus competidoras en muchos concursos públicos a los que concurre.

Desde que Rueda es presidente del Ejecutivo autonómico, Eulen ha obtenido más de 17 millones de euros en adjudicaciones de la Administración gallega, que se suman a los más de 37 millones que la empresa de Micaela Núñez Feijóo obtuvo en los trece años en los que su hermano mayor estuvo al frente del Gobierno gallego.

En varios de aquellos expedientes, tramitados entre 2009 y 2022, también figuran evidencias de que la compañía resultó beneficiada en la tramitación de algunos procedimientos y señales de que, en otros, dispuso de información privilegiada sobre las ofertas de sus competidoras.

La tramitación ordinaria de los procedimientos mediante los que las administraciones contratan la compra o el alquiler de bienes y la prestación de servicios está reglada por ley y obliga a darles publicidad, de forma que cualquier sociedad mercantil que cumpla los requisitos básicos pueda concurrir a ellos y forzar al resto a presentar ofertas que reduzcan el gasto de dinero público.

Ofertas caras cuando no tiene rivales

En el caso de varios de los contratos recientes de Eulen con la Xunta, los indicios de que pudo haber manejado información privilegiada se deducen de que sus ofertas son competitivas cuando tiene rivales, pero no cuando acude en solitario a los concursos. Una circunstancia que legalmente no podría conocer hasta el momento en que se publican las propuestas técnicas y económicas, que ya no pueden modificarse.

Un ejemplo es el contrato que la empresa de Micaela Núñez Feijóo ganó el pasado 31 de enero para el servicio de seguridad y vigilancia de la Axencia de Donación de Órganos e Sangue, dependiente del Servizo Galego de Saúde. La Xunta propuso un precio base de licitación de 517.120,31 euros, y Eulen fue la única que se presentó al concurso .En teoría no podía saber que no tenía rivales, pero presentó una oferta nada competitiva: 516.910,94 euros; es decir, sólo 209,37 euros por debajo del precio inicial. Apenas un 0,04% menos.

Otro ejemplo: la Fundación Cidade da Cultura, que gestiona las instalaciones de la Xunta en el complejo del monte Gaiás en Santiago, sacó a concurso en la primavera de 2022 un contrato para el "apoyo técnico en la producción de actividades culturales y otros eventos institucionales" con un presupuesto es de 252.487,21 euros. De nuevo sólo acudió Eulen, que se llevó el contrato en agosto con una oferta de 251.023,94 euros, es decir 1.463,37 euros menos. Un 0,58% por debajo del precio de licitación.

El pasado 20 de diciembre, la empresa para la que trabaja la hermana de Feijóo consiguió una de las adjudicaciones más cuantiosas de todas las que ha recibido de la Xunta. Fue a través del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Bienestar, que le asignó la gestión de varias residencias y centros de día en la provincia de Lugo. El precio base de la licitación era de 1.527.822 euros, aunque esa cantidad podría elevarse a más de 7,3 millones sumando renovaciones, prórrogas y sobrecostes previstos en las bases del concurso.

Criterios técnicos que se evalúan de manera subjetiva

Eulen la ganó licitando 1.511.462,12 euros, apenas un 1% por debajo del precio original. En el expediente público no aparecen las ofertas económicas de las dos empresas que rivalizaron con ella, pero sí un informe técnico de 54 páginas en el que el Consorcio fundamenta su decisión de excluirlas. Ninguna de las dos competidoras de Eulen obtuvo la puntuación mínima en la baremación de los criterios técnicos que se evalúan con juicios de valor, es decir de manera subjetiva. En ellos, la firma de Micaela Núñez Feijóo obtuvo 35,5 puntos frente a los 16,5 y los 15,5 de sus rivales.

A juicio de expertos en contratación pública consultados por Público, el uso recurrente de los criterios técnicos valorados de forma subjetiva para adjudicar concursos a una empresa que no presenta la mejor oferta económica también puede ser un indicio de trato de favor. En los contratos asignados por la Xunta a Eulen en los últimos dos años, hay varios ejemplos de esa práctica.

Es el caso de los dos asignados a la empresa por la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) el año pasado. En el primero, para los servicios de seguridad, con un precio de licitación de 666.170,01 y un valor final estimado con prórrogas de 1.352.758,95 euros, Eulen presentó la oferta económica más cara de las tres que concurrieron, pero lo ganó gracias a los criterios evaluables mediante juicios de valor.

Sucedió lo mismo con el segundo, previsto para la contratación de azafatas para eventos y programas, con un valor estimado de 204.073 euros y que ganó gracias a una evaluación subjetiva más favorable que la de sus competidoras.

Almacén de libros

Ocurrió algo similar en febrero de 2023 con el concurso para la gestión de un almacén de libros de la Consellería de Cultura. Eran 122.222,4 euros por 36 meses y Eulen lo ganó con la oferta más cara frente a dos competidoras, gracias de nuevo a la evaluación de criterios subjetivos que primaron la supuesta calidad de su propuesta sobre el ahorro que ofrecían sus rivales.

La eliminación de estos competidores resulta difícil de entender acudiendo a una valoración subjetiva de sus ofertas si se tiene en cuenta que el servicio contratado, según los pliegos de condiciones, se basa únicamente en la contratación de un trabajador "dos días a la semana a jornada completa, con el perfil de mozo especializado-carretillero que acredite experiencia en tareas de movimiento, clasificación y arrastre de mercancías".

La segunda condición es la puesta a disposición del almacén de algunos medios materiales básicos, con un valor tasado en las bases del concurso en 60.000 euros y sobre los que tampoco parece caber opinión subjetiva alguna: "Dos carros con ruedas neumáticas, una transpaleta, una carretera elevadora, una cuenta de correo electrónico, teléfono y conexión a Internet y una aplicación informática".

Otro ejemplo de cómo la valoración subjetiva beneficia a Eulen en muchos de los procedimientos a los que concurre con ofertas económicas menos competitivas que sus rivales está en el que convocó en junio de 2022 el Parque Tecnolóxico de Galicia para la cobertura de su servicio de seguridad.

El contrato tenía un presupuesto máximo de licitación de 157.127,88 euros y se presentaron tres empresas. La que proponía el mejor precio obtuvo 45 puntos en la valoración económica objetiva y 38 en la evaluación técnica subjetiva. Es decir 83 en total. No ganó porque la de Micaela Núñez sumó 28,002 y 55 puntos, respectivamente. O sea, 83,002. Por dos milésimas de punto.

Contratos por el procedimiento de emergencia

También puede deducirse trato de favor si una empresa es elegida sistemáticamente por una Administración para cubrir contratos tramitados por la vía de emergencia, un procedimiento excepcional que permite al organismo correspondiente asignárselo sin concurso ni competencia.

En el caso de Eulen, entre mayo de 2022 y junio de 2024 obtuvo mediante la contratación de emergencia del Sergas más de 160 adjudicaciones por valor de 1,3 millones de euros. Una cantidad que dista mucho de las percibidas por otras grandes compañías del sector que suelen rivalizar con ella en los concursos de la Xunta.

Según la información que la propia Xunta ofrece en su plataforma de contratos, Securitas, la primera empresa de seguridad privada de España, solo se llevó en ese periodo diez contratos de emergencia del Sergas por un total de 51.782,16 euros. Prosegur, la segunda del ranking estatal, ninguno.

Público ha contactado con la dirección del grupo Eulen para obtener su valoración de los hechos, pero la empresa ha declinado ofrecer su versión. También con la presidencia de la Xunta que encabeza Alfonso Rueda, que defiende que sus adjudicaciones cumplen de manera estricta la legalidad en materia de contratación pública y recuerda que Eulen es una multinacional que concurre y gana concursos en todo el Estado convocados y resueltos por administraciones de todos los colores políticos."                 (Juan Oliver  , Público, 18/08/24)

El Consello de Contas de Galicia señala directamente a la gestión de Alberto Núñez Feijóo en el sobrecoste de 470 millones de euros durante la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo... además de 700.000 euros en anuncios, obras de arte y un párking fantasma

 "El Consello de Contas de Galicia acaba de publicar un demoledor informe que señala directamente a la gestión de Alberto Núñez Feijóo en el desperdicio de 470 millones de euros durante la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. 

La infraestructura, que ofrece servicio a una población de 600.000 habitantes, fue proyectada por el bipartito del PSOE y el BNG con la previsión de sufragar la obra con fondos públicos. Tras su primera victoria electoral en 2009, Feijóo cambió el plan inicial y decidió privatizar el proceso de construcción y apostar por un modelo de canon a 20 años -las concesionarias financiaron la construcción y la Xunta no empezó a pagar hasta tener las instalaciones-. Esos 470 millones son la diferencia que Contas calcula que hay entre haber licitado la obra por una parte y los servicios no médicos por otra y la vía elegida por Feijóo con una concesión y un pago aplazado. La cantidad que estima el ente fiscalizador que hay que se habrá pagado en total cuando termine el canon es de 1.697 millones.

Dicho en otras palabras, Feijóo decidió no pagar un solo ladrillo del nuevo hospital y aplazar esa deuda en cuotas posteriores, a razón de 56,7 millones de euros anuales. Esa tarifa anual acabaría incrementándose por efecto del IPC y la suma de impuestos hasta 86 millones por cada ejercicio, una cifra que el bolsillo de los gallegos tendrá que seguir soportando hasta mediados de la próxima década. A pesar de las cuentas sin saldar del Álvaro Cunqueiro, en 2022, cuando estaba en plena campaña interna para convencer a sus compañeros de partido de que lo apoyasen como líder del PP, Feijóo hizo la siguiente reflexión: “Un político es un ciudadano que cobra de los impuestos de los españoles y, por tanto, cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay que hacerle es: '¿Lo deja usted a deber o está pagado?'. Porque, si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”.

Ahora, el órgano encargado de fiscalizar la labor del Gobierno gallego ha realizado un minucioso estudio comparativo en el que analiza lo que habría costado la infraestructura con el método previsto por el bipartito y lo que finalmente ha supuesto con la fórmula elegida en su día por el actual líder del Partido Popular. Conclusión: 470 millones de sobrecoste regalados a la UTE de empresas que acudieron a la llamada del líder conservador y el sustancioso negocio que ofrecía. Cuando el líder del PP presentó el proyecto a finales de 2010 aseguró que la fórmula elegida era “el mejor mecanismo”. Ahora la institución encargada de fiscalizar su labor dice lo contrario y da detalles sobre el tamaño de la factura derivada de ese desastre de gestión.

Para empezar, señala que la elección de la opción de contratación se hizo sin un análisis comparativo previo para determinar si el modelo defendido por Feijóo era más eficiente que una adjudicación de contrato público tradicional. El canon planeado incluye cada ejercicio una cantidad por la construcción como tal, financiada por el grupo de empresas, y otra por los servicios no sanitarios (limpieza, cafetería, lavandería, etc.) que también forman parte del pastel que acabó en las mismas manos privadas. El informe de Contas desvela además que la Xunta de Feijóo premió a las empresas participantes del trato regalándoles la prestación de los citados servicios no sanitarios en otras instalaciones de la principal ciudad de Galicia. Los empresarios consiguieron así entrar en el negocio de limpieza, lavandería y restauración de los hospitales Meixoeiro y Nicolás Peña, también en Vigo. Algo que para el Consello de Contas “no tiene soporte legal” ya que en esos otros dos centros la UTE no realizó actividad constructiva alguna.

La concesión la obtuvo una unión temporal de empresas encabezada por Acciona -que en 2020 vendió su participación, la mayoritaria al fondo francés Meridiam-. Los otros socios eran Puentes, Altair, Concessia -que también terminó vendiendo su parte- y Ocas.

Contas pone el foco sobre cómo se controló la ejecución de la construcción y concluye que la fiscalizada eligió quién la fiscalizaba. Es decir, la evolución del proceso debía supervisarla la oficina técnica de seguimiento. La constitución de esta oficina se le encargó a Galaria -una empresa pública-, pero en la práctica, dice el informe, la contratación de los integrantes la hizo la propia concesionaria. Añade que los gastos de funcionamiento de la oficina citada y del plan de comunicación debe costearlos la concesionaria, hasta un importe máximo de casi 4 millones de euros. Pero el ente fiscalizador “entiende que no queda suficientemente justificado el cumplimiento de esta obligación”. Concluye que hubo “una debilidad” en el seguimiento por parte de la Xunta tanto en la fase de contratación como en el control de la ejecución de la obra.

En la licitación, expone, participaron dos empresas, pero una quedó excluida porque no tenía suficiente puntuación. De este modo, en la práctica, solo se valoró a una empresa, la UTE a la que se le adjudicó la concesión. Y en la evaluación también aprecia problemas: “Los criterios de solvencia técnica y los criterios de adjudicación no se consideran adecuados, por cuanto la acreditación de los primeros se limita la tres de los doce servicios objeto de licitación y, con respecto a los segundos, no reúnen la calidad técnica necesaria para evitar cualquier margen de discrecionalidad”.

Menos metros, más beneficio

Otro de los puntos en los que el Consello de Contas ve un beneficio injustificado para las empresas que participaron en el manejo diseñado por Feijóo tiene relación con las modificaciones de la superficie útil hospitalaria que se había pactado al principio del proceso. Inicialmente, el acuerdo obligaba a levantar 104.168 metros cuadrados de instalaciones hospitalarias, pero la administración gallega autorizó hasta dos modificaciones a la baja. Gracias a esos acuerdos, los empresarios se ahorraron 11.972 metros cuadrados de hospital; una gran cantidad de cemento, aluminio y ladrillo que no les supuso cobrar ni un euro menos de los previstos en el contrato inicial. Según señala el Consello de Contas en su informe “estas reducciones evidencian una planificación insuficiente y contravienen los principios de igualdad de trato, no discriminación y concurrencia que deben regir la contratación pública”.

El informe señala que la parte en la que no hubo sobrecostes propiamente dichos fue en la ejecución de la obra. Objeta, que, sin embargo, se produjo esa reducción de superficie, que “tiene incidencia tanto en la fase de construcción de la infraestructura como en el coste de la prestación de los servicios”, en el sentido de que los rebaja, pero no por ello se redujo el precio del contrato“.

Tampoco aprueba Contas la fórmula de actualización de los pagos de la Xunta a la concesionaria. Se debió establecer una cantidad anual con importe fijo para abonar los costes de construcción y un importe variable solo para los costes de la prestación de servicios. Sobre esta segunda parte sí considera adecuado aplicar revisiones de precios.

Con la construcción del hospital no se logró “alcanzar completamente los objetivos fijados”, juzga Contas. En el documento de la Xunta para justificar la necesidad del contrato se recogía que había que llegar a las 2.000 camas en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, dentro del que está el Álvaro Cunqueiro. Pero en el periodo fiscalizado, que llega hasta 2021, el mayor número de camas fue de 1.366 en 2020. “Lo mismo acontece con los objetivos fijados en cuanto al número de instalaciones, procesos asistenciales y reducción del peso relativo con el sector privado (Povisa)”, añade.

El órgano que fiscaliza a la Xunta enviará su informe al Tribunal de Cuentas para que decida sobre la eventual apertura de un procedimiento por presuntas responsabilidades contables. Contas sí hace recomendaciones a la administración autonómica, entre la que están que, antes de elegir el modelo del contrato, haga un “análisis comparativo sólido sobre la mejor opción de contratación, que garantice una gestión eficiente del gasto público”.

La elección del modelo de colaboración público-privada para construir el hospital y la propia apertura estuvieron rodeados de protestas y de polémicas. La oposición cargó contra el empeño de Feijóo y hubo multitudinarias manifestaciones en Vigo. La entrada en funcionamiento también fue accidentada. Los primeros pacientes fueron trasladados en 2015, con las obras aún sin terminar en algunas partes del edificio. Hubo un parón repentino que la Xunta tardó días en reconocer que se debía a que en las nuevas instalaciones habían encontrado hongos Aspergillus, del mismo tipo que los que habían provocado años antes, en 1996, seis fallecimientos en otro hospital vigués, el Meixoeiro."                  (Gonzalo Cortizo / Beatriz Muñoz , eldiario.es, 31/07/24) 

 

"700.000 euros en anuncios, obras de arte y un párking fantasma: más sombras de Contas sobre el proyecto estrella de Feijóo.

 El informe del Consello de Contas que ha puesto cifra -un sobrecoste de 470 millones de euros- a la decisión de Alberto Núñez Feijóo de que el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se construyese dejando en manos de empresas privadas la financiación y dándoles a cambio un canon durante 20 años y la concesión de los servicios no clínicos, se detiene en otros aspectos que considera irregulares o en los que aprecia incumplimientos del deber de la administración autonómica. Arroja luz sobre más de 700.000 euros que se destinaron a hacer publicidad del proyecto, sobre gastos mal atribuidos, sobre un peso de la sanidad privada que no se consiguió rebajar y sobre un aparcamiento que no se construyó como estaba previsto. Este es el detalle del análisis hecho por el ente fiscalizador y publicado, en una práctica habitual, en una de las últimas jornadas de julio, en plena época de vacaciones.

Anuncios en prensa: Contas aborda el papel de la oficina técnica de seguimiento (OTS), que era la encargada de supervisar la ejecución de las obras y actuaciones. El informe expone que hay gastos mal atribuidos. Indica que se examinaron durante su análisis facturas adicionales por valor de 2,4 millones de euros que la concesionaria pagó con cargo a gastos de funcionamiento de esta oficina técnica. Por los conceptos, Contas concluye que 430.000 euros sí se corresponden con su funcionamiento, pero el resto “no guardan relación con las funciones de la OTS o no guardan relación directa con el objeto del contrato”.

En concreto, cita los 710.259 euros para publicidad sobre las obras, la elaboración de vídeos, la documentación técnica y gráfica divulgativa y actos de protocolo. Recalca que el dinero se destinó a anuncios en prensa escrita, cuñas en la radio, un vídeo de presentación del hospital y soportes publicitarios en la calle. El importe restante, añade, son gastos para inversión en “humanización del hospital (337.086 euros) y consultoría, traslados de mobiliario y redacción de proyectos técnicos del ámbito del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (917.396 euros).

Incumplimiento del deber de supervisión: Todas las facturas de esta oficina técnica de seguimiento, destaca, tienen la supervisión favorable de Galaria, la empresa pública que había quedado a cargo de constituirla pero que, en la práctica, permitió que la concesionaria eligiese quién la supervisaba. Esto, según Contas, “evidencia que esta entidad no solo incumplió el cometido de la encomienda de gestión, sino que tampoco realizó de forma diligente la supervisión de los gastos”.

La Xunta presentó alegaciones contra estas consideraciones, en las que sostenía que la selección del supervisor la hizo Galaria. Contas replica que un expediente administrativo del 20 de mayo de 2011 que Galaria remitió a la concesionaria evidencia que fue la unión de empresas privadas a la que se adjudicó la concesión la que se ocupó en realidad de esa selección y que la empresa pública se limitó a reservarse la facultad de supervisar el currículo y concertar una entrevista con el aspirante propuesto.

Compra de obras artísticas: Las alegaciones muestran también que la Xunta trató de justificar que los gastos de humanización y de traslado de mobiliario se cargasen a la oficina técnica de supervisión. Dijo que la OTS debía asesorar al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y a la concesionaria para tomar decisiones estratégicas en el nuevo hospital y en la planificación del traslado. Contas replica que estos gastos fueron en realidad para la compra de obras artísticas, esculturas, trabajos de musealización del área sanitaria, además de traslados de muebles, camas psiquiátricas desde el hospital Nicolás Peña y varios proyectos de reforma en el hospital Meixoeiro y el General. “Estos gastos, aunque fueron abonados por la concesionaria, no pueden considerarse como gastos de funcionamiento de la oficina técnica de seguimiento por cuanto no tienen relación con sus funciones”, concluye.

El aparcamiento que no se hizo: El informe destaca que el proyecto inicial preveía un aparcamiento para urgencias en un edificio independiente anexo, con un total de 14.800 metros cuadrados. Lo que terminó haciéndose, sin embargo, fue un párking “abierto en una zona exterior”. Contas indica que no se puede considerar una edificación. En lugar de eso, es una zona acondicionada al aire libre en la que se han instalado unas estructuras metálicas para proteger a los coches.

Objetivos no logrados y peso de Povisa: La memoria justificativa de la inversión fijaba como objetivo que se alcanzasen las 2.000 camas, incluyendo al resto de hospitales de Vigo, con la construcción del Álvaro Cunqueiro. Pero, destaca Contas, las memorias de la propia Área Sanitaria de Vigo muestran que las cifras reales oscilaron entre 1.241 y 1.321 entre 2015 y 2021. Los responsables sanitarios nombrados por la Xunta señalaban que había tanto en el Cunqueiro como en el Meixoeiro “un número relevante de habitaciones que son duplicables” y que el número total de camas tenía “elasticidad”. “Sin embargo, el análisis de los datos lleva a concluir que esta elasticidad no tiene lugar en la práctica”, recalca el informe, que concluye que “el impacto que se pretendía obtener” en cuanto al número de instalaciones “no fue alcanzado totalmente”.

Aborda también los pagos al hospital privado de Povisa, con el que la Xunta tiene un millonario concierto para derivarle pacientes del área de Vigo. Pese a la construcción del Álvaro Cunqueiro, “tampoco se logra la reducción del peso relativo” de Povisa que se había fijado como objetivo, dice Contas. Lo argumenta con la evolución de los pagos: en 2014 sumaron 84,8 millones de euros porque se contabilizan 7,6 millones derivados de una sentencia. En 2015, año en que entró en funcionamiento el Cunqueiro, eran 76,1. En el último ejercicio analizado, 2021, la cifra creció y llegó a 78,7 millones."                 ( Beatriz Muñoz , eldiario.es, 02/08/24)