Miles de personas rodean la sede de la Xunta en Santiago al grito de "Altri no"...

 "Miles de personas han rodeado este domingo la sede de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela al grito de "Atri no" en una concentración que ha tenido como objeto mostrar el rechazo de la sociedad civil ante el proyecto de una macrocelulosa que la multinacional lusa quiere instalar en Palas de Rei (Lugo).

Esta es la segunda gran manifestación que ha tenido lugar en Galicia en contra del proyecto tras la protesta celebrada en Palas de Rei el pasado mes de mayo, a la que también acudieron miles de personas.

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"Rueda, escoita, Galicia está en loita", "Non ao expolio da nosa terra" o "A Ulla é nosa e non da celulosa" son algunos de los cánticos que han podido escucharse en la concentración, convocada por el colectivo Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA).

En declaraciones a Efe, la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, ha pedido a la Xunta "que no dé la espalda" a las 30.000 personas que, según ha dicho, se han manifestado este sábado en San Caetano.

"La Xunta debe escuchar los motivos por los cuales estamos en contra de un proyecto altamente contaminante que nos obligaría a vivir peor a toda la comarca de Ulloa, a la ría de Arousa y a toda Galicia", ha expresado.

Del mismo modo, el portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, ha exigido al titular de la Xunta, Alfonso Rueda, que paralice el proyecto de Altri por ser "contaminante" y por generar un grave perjuicio para las personas que viven en la comarca de Ulloa.

"Son proyectos que no dejan nada aquí. Solo dejan contaminación y eso es contrario a nuestro modelo productivo, que deja la riqueza aquí, es transversal, fija población y forma parte de nuestra identidad", ha afirmado.

El proyecto de Altri provocaría "un enorme prejuicio" a las familias que viven del mejillón gallego

En la concentración han participado también miembros del BNG, que además de mostrarse en contra de un proyecto que supone "una bomba medioambiental" han propuesto que los 250 millones que el PP quiere dar a Altri se inviertan en un plan destinado a "regenerar el río Ulla y la ría de Arousa", así como a "cerrar ciclos productivos que generen valor agregado y riqueza en la comarca a través de proyectos multifuncionales de transformación agroganaderos".

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil ha recordado que la Denominación de Origen Protegida Arzúa-Ulloa representa "la segunda mayor producción de todo el Estado español".

Según ha dicho, "Arousa produce el 70% del mejillón gallego" en un ecosistema "único" del que viven "más de 4.000 familias", por lo que el proyecto generaría "un enorme prejuicio".

"En el BNG no lo vamos a permitir, por eso estamos hoy aquí, y seguimos defendiendo que ese dinero público no se invierta en beneficio de una empresa portuguesa sino en beneficio de Galicia y de los gallegos", ha aseverado."         (Público, 30/06/24)

La Xunta encarga a una empresa de marketing vinculada al PP parte de la limpieza de los pellets... “Os contratará Silman 97, 150 euros netos por día (...) con desplazamiento y dieta. Os daremos un chalequito de la Xunta y unos trípticos para que aprendáis y cuando lleguéis a la playa, si queréis recoger, mucho mejor, y orientar y formar a la gente que allí se encuentre”

"La Xunta de Galicia ha decidido ceder a una empresa de comunicación y marketing vinculada al Partido Popular la formación de las personas voluntarias y parte de la limpieza de las playas por el vertido de millones de pellets de plástico que todavía hoy asola las rías gallegas. No lo han ocultado o al menos no mucho. El personal de la empresa gallega Silman ' 97 SL, histórica adjudicataria de decenas de contratos con administraciones gobernadas por el PP dentro del territorio gallego, lleva días enviando por grupos de trabajo de voluntarias y voluntarios la misma oferta de trabajo: “Os contratará Silman 97, 150 euros netos por día (...) con desplazamiento y dieta. Os daremos un chalequito de la Xunta y unos trípticos para que aprendáis y cuando lleguéis a la playa, si queréis recoger, mucho mejor, y orientar y formar a la gente que allí se encuentre”. El que habla es Manuel Roca, consejero de la empresa matriz Noventia Corporación Empresarial SL, en un audio al que ha tenido acceso El Salto y en el que invita a hacerse formadores de voluntariado a cualquier persona sin experiencia previa y, de paso, a limpiar playas.

Al cierre de esta edición, ni la Xunta de Galicia ni la empresa encargada de la formación y limpieza de los arenales gallegos han tenido a bien responder a las preguntas de esta redacción sobre los pormenores de este encargo: ni la cuantía total, a pesar de que la licitación ya debería estar publicada en el Portal de Transparencia; ni los criterios técnicos que han llevado a la Consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García (PP), a hacer esta contratación sin concurso previo; ni tampoco la experiencia previa que acredita a la empresa para este trabajo. Solamente han confirmado el encargo.

De hecho, la propia empresa, radicada en Bergondo (A Coruña), tanto en el Registro Mercantil como en toda su información pública no cita en ningún momento su solvencia para formar voluntarios especializados en limpieza de vertidos contaminantes ni tampoco para acometer las propias limpiezas en los arenales. Se definen como empresa de comunicación y marketing: “En Silman97 creamos proyectos 360º a medida según los objetivos de la campaña, desde el alquiler del vehículo expositivo hasta su gestión integral. Encontrar la fórmula del éxito en la comunicación de su campaña es nuestro reto. La capacidad de crear experiencias extraordinarias. Y en eso somos especialistas”. Ni rastro de especialización en desastres medioambientales. Tampoco en ninguna de las empresas que componen la matriz Noventia Corporación Empresarial.

Según el testimonio de algunas de las personas que se han postulado como candidatas a los puestos de trabajo que ofrecen “la formación es deficiente”. “En ningún momento te preguntan tu formación, solamente si tienes coche”, explica a El Salto una de las personas que está en una suerte de lista de espera aguardando a ser llamada para acudir a la oferta y que prefiere mantener su anonimato. “La formación que se necesita se suponen que te la dan ellos” y se basa en un tríptico de la Xunta con un manual de buenas prácticas. A partir de ahí, explican, se quedan a su suerte. “Te darán un peto de la Xunta y allí habrá voluntarios. Tienes que coordinar lo que limpia la gente y supongo que ver qué zonas se han limpiado más y qué zonas se han limpiado menos”, explica el gerente en otro de los audios a los que ha tenido acceso esta redacción.

Una de las voluntarias que lleva días trabajando en la comarca de Ferrolterra explica las carencias que ella y sus compañeras ven a pie de playa en estos supuestos informantes: “Son gente que carece de formación alguna en materia de medioambiente, gestión de residuos o contaminación”, explica la voluntaria ecologista Aldara Castro. “En el segundo día de trabajo, entregaron a una persona guantes y una bolsa, material insuficiente, sin darle más información y sin indicarle cómo debe hacerse la limpieza: sin retirar materia orgánica y sin pisar los restos. En el primer día de trabajo, se me indicó que tirase los demás plásticos retirados 'al contenedor amarillo, el de los plásticos'”, relata.

Una historia de contratos millonarios con gobiernos del PP

La historia de vinculación de la empresa Silman 97 consiguiendo adjudicaciones millonarias por parte de instituciones gobernadas por el Partido Popular viene de largo. Aunque varios indicios apuntan a la existencia de lazos personales desde tiempos del primer presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, de Alianza Popular, es al menos desde 2009, año en el que Alberto Núñez Feijóo ganó sus primeras elecciones, el momento en el que se encuentra el primer registro de libre acceso en el portal de transparencia de la Xunta de Galicia.

Desde entonces, solamente esta parte de la empresa matriz ha recibido al menos 13 millones de euros en contratos con objetos extremadamente heterogéneos. Desde ofrecer servicios sociales y asistenciales en el medio rural mediante unidades móviles, hasta la gestión integral de la Escuela Infantil del Ayuntamiento de Castro de Rei, gobernado también por el Partido Popular. Esas dos licitaciones, juntas, rozan los diez millones de euros y pese a haberlas sacado a concurso público, esta empresa, definida a sí misma como especializada en marketing, fue la única que se presentó y consiguió ambas adjudicaciones, además de otra media docena, esta vez sí, centradas en campañas de comunicación de organismos públicos.

Es más, el servicio prestado en el medio rural con unidades móviles fue motivo de queja de la oposición en el Parlamento de Galicia hace algo más de un año cuando la empresa se llevó la adjudicación de los 9,3 millones a la que accedió sin competidor alguno. A raíz de algunas quejas de usuarias, el BNG recriminó formalmente al Gobierno del entonces presidente Núñez Feijóo que la empresa no disponía de personal sociosanitario para prestar de manera directa el servicio de audición y podología así como el del personal de psicología, terapia ocupacional o trabajo social que debía componer cada una de las unidades móviles. La respuesta de la Xunta fue que no le constaban ninguna de esas quejas y que era la empresa la encargada de dichas subcontrataciones, haciendo caso omiso a las cuestiones de control que planteaba el principal partido de la oposición. 

Las organizaciones ecologistas forman a sus voluntarios

A ninguna de las tres principales organizaciones ambientalistas de Galicia les consta ni el trabajo de esta empresa ni su presencia sobre el terreno. En conversaciones con El Salto, ni Adega ni Greenpeace ni Ecoloxistas en Acción afirman tener noticia alguna sobre esa coordinación y formación del voluntariado. Todo lo contrario, las tres propias organizaciones son quienes enseñan a los cientos de voluntarios y voluntarias que gestionan logísticamente al margen de la Xunta de Galicia y como respuesta a la ausencia de velocidad en la respuesta ante la crisis medio ambiental que se vive en estos momentos en el país.

“No es de recibo que la gente se autoorganizara para ir a las playas ya en el primer fin de semana de enero, con el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia (Camgal) activado el día 5, pero sin ningún protocolo de recogida de pellets y cuidado del entorno. Los primeros documentos fueron publicados el día 10”, denuncia Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia. “Eso no es actuar con rapidez y demuestra la incapacidad del Camgal de dar una respuesta rápida. Urge disociar la activación de los planes de emergencia de la política. Debería ser un comité técnico y científico quien los active”, remata."               (Javier H. Rodríguez  , Elena Martín , El Salto, 17/01/24)

O Supremo ratifica que Monbús e Alsa repartiron o mercado de modo ilegal ante a inacción da Xunta

 "O Tribunal Supremo (TS) non admitiu a trámite os recursos de Monbús, Alsa e a Xunta da Galiza que estes presentaron contra a resolución de Tribunal Superior de Xustiza da Galiza (TSXG) que os acusaba de “repartir o mercado” e “renovar liñas de de transporte de viaxeiros por estrada ilegalmente".

Segundo a sentencia do TS, á que tivo acceso Nós Diario, non hai motivo para corrixir a decisión do TSXG de ordenar a “incoación dun procedemento sancionador" contra as empresas.

O pasado mes de setembro, informaba este xornal, varios responsábeis da Consellaría de Educación vinculados á adxudicación de diversos lotes de transporte escolar á empresa Monbus tiveron que prestar declaración nos xulgados de Santiago de Compostela por este tema.

Foron o subdirector xeral de Coordinación Económica e Contratación da Secretaría Xeral Técnica, o interventor delegado da Consellaría, a asesora xurídica da Área de Educación da Consellaría e a xefa da Sección de Coordinación Administrativa da Secretaría Xeral Técnica. Todos eles se negaron a contestar as preguntas da acusación e limitáronse a responder ás formuladas polos seus avogados, segundo fontes coñecedoras do procedemento.

A liña argumental esgrimida por estes cargos, segundo estas fontes, incidiu en que non tiñan constancia de que Monbus estaba a ser beneficiaria de máis lotes dos fixados como máximo no prego de condicións.

Outras polémicas

As polémicas coa empresa Monbús veñen de lonxe. A inicios de setembro o BNG, a través do seu deputado Paulo Ríos, denunciou no Parlamento da Galiza que "A conivencia entre PP e o grupo empresarial Monbus xa traspasa as nosas fronteiras e constatamos como este mesmo verán foron paralizadas varias licitacións no servizo de transporte escolar da Generalitat Valenciana, adxudicadas a Monbus, onde se pretende dar o servizo de transporte escolar incluíndo neste servizo até 54 vehículos que xa operan en lotes actualmente activos en Galiza".

O parlamentario nacionalista explicou que este servizo leva anos dando síntomas de mal funcionamento e empeorando a calidade da prestación a usuarios e usuarias ao que sumou as “precarias” condicións laborais dos traballadores e traballadoras e o “paulatino esmorecemento” das  pequenas e medianas empresas do transporte de viaxeiros."        (Nós, 19/10/23)

Dez anos da quebra de Pescanova: a empresa en mans canadenses e o ex-presidente camiño do cárcere

 "Hai tan só unhas semanas, o Tribunal Supremo condenou a Manuel Fernández de Sousa-Faro a seis anos de prisión, dous menos dos que lle impuxera en 2020 a Audiencia Nacional, nunha ampla sentenza que ratifica que o antigo todopoderoso empresario foi autor dun delito continuado de falsidade nas contas anuais da vella Pescanova, en concurso medial cun delito continuado de falseamento de información económica e financeira e culpable tamén de alzamento de bens. 

A sentenza asumiu os feitos relatados pola Audiencia, que acusaba a De Sousa-Faro de artellar "métodos de financiamento" para Pescanova baseados en "relacións comerciais ficticias". Todo, para "poder seguir gozando do financiamento bancario" e captar investidores confiados nos bos datos económicos publicados" cando a situación real era "diametralmente oposta".

O Supremo ratificaba a entrada na cadea -nos vindeiros días- de Sousa cando se cumpren dez anos desde que se confirmara a quebra e só semanas antes de que se confirmase -este pasado xoves- que a empresa herdeira da multinacional arruinada, Nueva Pescanova, será vendida ao grupo canadense Cooke. En só unha década. 

Todo xorde daquela deriva para tentar esquivar os efectos da crise de 2008 que se iniciou xa en 2009, ao tempo que De Sousa asumía o seu destacado rol político para clamar polo desaloxo da Xunta de PSdeG e BNG. "Es necesario un cambio urgente", escribira nun lembrado artigo de opinión, porque o Goberno da esquerda impuxera, segundo el, "atascos en barreras ideológicas, idiomáticas o geográficas".

Comezaba o ocaso de Sousa e de Pescanova, cuxa quebra se confirmou anos despois, hai agora unha década, nos inicios de 2013. A trama posta en marcha para ocultar a millonaria débeda do grupo e enganar milleiros de investidores, organismos reguladores e acredores caeu cando en febreiro daquel ano a empresa informaba á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de que non podería presentar as contas do exercicio 2022. A partir de aí, solicita preconcurso de acredores, suspende a súa cotización en Bolsa, pide concurso voluntario e un auditor verifica en abril unha débeda de 3.600 millóns. 

A compañía quedou en mans da banca acredora ata que en 2015 se creou o Grupo Nueva Pescanova, a meirande empresa pesqueira de España nesta altura, con 1.000 millóns de euros de facturación, a maior frota pesqueira conxeladora do mundo e 11.000 empregados. Con máis do 97% do capital, o seu principal accionista é Abanca que, ao cumprirse unha década da quebra da antiga Pescanova, vén de acordar o traspaso da maioría do capital ao grupo canadense Cooke, que se impuxo ás propostas de Chamber e Iberconsa. 

En só dez anos Pescanova quebrou, a súa herdeira quedou en mans norteamericanas e o histórico presidente da compañía -que dirixira o grupo empresarial desde 1980- vai camiño do cárcere. 

Mentres, o futuro de Nueva Pescanova prepárase para pasar a ser dirixido por Cooke -como adiantou Faro de Vigo-, despois de que Abanca anunciase un acordo para "negociar en exclusividade a compravenda" por un importe non comunicado. Todo a través dunha operación que, segundo o banco, manterá a sede social da firma en Galicia.

"Desde 2015 realizamos un considerable esforzo para salvagardar a viabilidade da compañía e manter a matriz e as súas filiais integradas e, a un tempo, conservar a súa sede en Galicia", aseguraba nun comunicado Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, que cre que o acordo permite "cumprir a folla de ruta" e "integrar Nueva Pescanova nunha das principais compañías familiares de proteína mariña do mundo". 

Esa mesma compañía familiar xa fora contactada por Sousa en febreiro de 2013 para ofrecerlle a venda dunhas granxas de salmón en Chile. Tal e como relata Lara Graña no Faro de Vigo, con aquela operación o empresario intentaba evitar a última hora e á desesperada a quebra, que acabou por ser a maior no Estado non inmobiliaria. Pero o acordo non chegou, o dirixente caeu en desgraza e a histórica compañía, tamén. En breve, a emblemática multinacional galega fundada en 1960 pasará a ser unha filial dentro dun holding de 4.000 millóns de facturación e presenza nos cinco continentes. 

Abanca non podía manter tal participación -superaba o 97%- nunha compañía que achegaba un importante risco no seu balance. Quedará co 20% logo de que Cooke pague 100 millóns e asuma arredor de 700 de débeda. O "valor futuro" que a entidade bancaria dá a Nueva Pescanova é de 800 millóns de euros. 

Agora, malia a promesa de deixar a sede en Galicia, queda pendente o futuro do milleiro de traballadores que Nueva Pescanova ten entre varias localidades galegas e algunha do Mediterráneo, alén do persoal mariñeiro. E tamén a evolución dun grupo moi adelgazado en comparación co que comandaba De Sousa non hai tanto tempo. 

O Goberno do PP na Xunta, tantos anos aliado de De Sousa, manifesta agora en palabras do presidente Alfonso Rueda a súa "esixencia" para que a empresa "manteña a viabilidade e os postos de traballo, moitos en Galicia e en toda esa frota que pesca polos mares de todo o mundo". 

"Iso ten que implicar tamén que o domicilio social e fiscal se manteña en Galicia e iso é o que pediremos", dixo Rueda este pasado venres desde Panamá, tras advertir de que ante "unha decisión entre entidades privadas", á Xunta só lle queda "velar por que a riqueza que Nueva Pescanova supón en Galicia se manteña e se acrecente, non só no país senón ao longo do mundo".

(Miguel Pardo, Praza.Gal, 16/04/23)

Condena a Fernández de Sousa por la quiebra de Pescanova: seis años de cárcel y pago de 125 millones... pero absuelve al auditor externo de Pescanova, así como a la compañía auditora

 "El capítulo judicial relacionado con la quiebra de la antigua Pescanova encara su recta final. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 6 años de prisión al expresidente ejecutivo de la pesquera, Manuel Fernández de Sousa-Faro, como autor de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales en concurso medial con un delito también continuado de falseamiento de información económica y financiera, así como por delito de alzamiento de bienes. De esta forma, el alto tribunal reduce en dos años la condena de ocho de la Audiencia Nacional al antiguo ejecutivo y mantiene además que, solidariamente con la empresa Pescanova, deberá indemnizar con más de 125 millones de euros a inversores perjudicados tanto empresas como particulares.

El tribunal ha estimado, en todo o en parte, en su sentencia de fecha 10 de febrero de 2023, los diferentes recursos interpuestos contra la resolución dictada por la Audiencia Nacional en el conocido como caso Pescanova. Se mantiene la condena contra el presidente del grupo como autor de sendos delitos de falsedad en las cuentas anuales y de falseamiento en la información económica y financiera en relación de concurso medial, y de un delito de alzamiento de bienes (manteniéndose también la condena de su esposa como cooperadora necesaria de este último). “Se descartan, además, respecto de este acusado, las circunstancias atenuantes de confesión, reparación del daño y estado de necesidad incompleto”, expone el alto tribunal.

Sin embargo, se le absuelve, como también a los demás acusados, de los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa agravada, que igualmente se le atribuían, al entender el Tribunal Supremo que “no concurre engaño, causal al desplazamiento patrimonial, padecido por las entidades financieras”.

Ejecutivos acusados

En el caso del resto de acusados, el que fuera director financiero, Antonio Táboas, pasa de una condena de 3 años y 6 meses a 1 año y 3 meses.

«Se mantienen también las condenas, como cooperadores necesarios del delito de falsedad en las cuentas anuales, de varios ejecutivos de la compañía, aunque se les impone menos pena al considerar que en ellos no concurren las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor», apunta el Supremo.

Respiro para los auditores

Por otro lado, el Supremo absuelve al auditor externo de Pescanova, así como a la compañía auditora y, en términos de responsabilidad civil, a la aseguradora de esta, al estimar que «el primero tuvo una conducta descuidada o desatenta, pero no el comportamiento doloso que resulta exigible respecto de los delitos por los que fue condenado». De la misma forma, el Supremo exonera a dos compañías que habían sido condenadas como cooperadoras necesarias del delito de alzamiento de bienes porque entiende que los actos realizados por las personas físicas no lo fueron en beneficio, directo o indirecto, de aquellas."                   (Economía Digital de Galicia, 15/02/23)

Manuel Monge, sobre o colapso da A-6: "Non estamos ante un problema técnico, senón que ten unha raíz política".. ¿Que pasou? Houbo moitas demoras na construción das autovías galegas, e iso xerou unha présa desmedida para rematalas canto antes. É probábel que non se tomasen todas as medidas necesarias de seguridade... Ademais, na convocatoria que se fixo para os tramos da autovía en Pedrafita, posíbelmente dos máis complicados, fíxose unha rebaixa enorme, de máis de 25%. Non podes pedir rapidez para construír e ao mesmo tempo presentar uns orzamentos á baixa. Foron dous factores moi importantes que confluíron e que explican en boa medida onde nos atopamos hoxe... todo comezou coa construción desta autovía, após concederlla a FCC. Iso non foi casualidade. Curiosamente, o presidente desta empresa era José Mayor Oreja, irmán do ministro popular Jaime Mayor Oreja... anos despois coñecimos que existía unha caixa B do partido, cunha doazón desta empresa por valor de 108.000 euros para as eleccións galegas de 2005

 "Manuel Monge publicou en 1999 Autovías galegas: Crónica dunha farsa, un libro no que narra como foi o proceso de construción das principais infraestruturas da rede viaria galega e do papel que xogaron os principais actores políticos da época. Monge conversa con Nós Diario para explicar que implicacións teñen os Gobernos español e galego da época no colapso de dous vanos dun viaduto da A-6 á altura de Pedrafita do Cebreiro, así como a "farsa" que levan máis de 30 anos a actuar tanto PP como PSOE.

Vostede é un dos expertos máis documentados na Galiza en relación ás autovías do país. Sorprendeulle por completo que o viaduto da A-6 colapsase, ou era algo que se podía chegar a esperar? Na época da súa construción houbo varias protestas na que cualificaban a obra como "chapuza".

Cando un ve nas noticias o colapso dos dous vanos do viaduto, o primeiro que pode pensar a xente é que estamos ante un problema técnico. Nese sentido, os medios de comunicación desviaron a atención cara a ese aspecto. Pero eu lembrei un libro que publiquei en 1999, Autovías galegas: Crónica dunha farsa. Esa segunda parte do título penso que achega algunhas claves.

Non estamos ante un problema técnico, senón que ten unha raíz claramente política. Que pasou? Houbo moitas demoras na construción das autovías galegas, e iso xerou unha présa desmedida para rematalas canto antes. É probábel que non se tomasen todas as medidas necesarias de seguridade.

Ademais, na convocatoria que se fixo para os tramos da autovía en Pedrafita, posíbelmente dos máis complicados, fíxose unha rebaixa enorme, de máis de 25%. Non podes pedir rapidez para construír e ao mesmo tempo presentar uns orzamentos á baixa. Foron dous factores moi importantes que confluíron e que explican en boa medida onde nos atopamos hoxe.

A finais de 1995, o ministro de Fomento, Josep Borrell, prometera, xunto a José Cuíña, que as autovías galegas estarían rematadas en 1997. Pola contra, non foi precisamente até 1997 cando se comezou coa construción desta autovía, após concederlla a FCC. Iso non foi casualidade. Curiosamente, o presidente desta empresa era José Mayor Oreja, irmán do ministro popular Jaime Mayor Oreja. Curiosamente tamén, anos despois coñecimos, a través dun informe do xerente de finanzas do Partido Popular na Galiza, Modesto Fernández, que existía unha caixa B do partido, cunha doazón desta empresa por valor de 108.000 euros para as eleccións galegas de 2005.

Xa co Goberno de Aznar, os Orzamentos Xerais do Estado de 1998 tiñan previsto un investimento de 72.000 millóns de pesetas para os tramos da autovía en Pedrafita. Porén, finalmente o presupostado foi de 7.576 millóns de pesetas. A partir de aí, fixéronse acordos continuados entre PP e PSOE para botarse as culpas o un ao outro sen chegar a facer nada polas autovías galegas. Esa é a farsa da que falo eu no meu libro. Cando gobernaba o PSOE, o PP culpábao de non asumir as súas responsabilidades, e viceversa.

Xa en 2022, eses pactos entre o PP e o PSOE volven. O PP fai a farsa de pedir explicacións a Madrid, mentres o PSOE segue sen dalas, até que novamente quede en nada. Mentres tanto, a Xunta mantén unha posicion moi morna á hora de exixir responsabilidades, algo que si está a demandar o BNG.

Analizando toda esta información, é plausíbel prever que se poderían dar novos colapsos? Non só nesta autovía en concreto, senón que noutras do país.

É fundamental que se leva a cabo a comisión de investigación e seguimento que está a pedir o nacionalismo galego. Primeiro, porque debemos descubrir cales son as responsabilidades exactas do Goberno español e do galego da época, tanto por non construír nas condicións de seguridade mínimas como por non levar a cabo un seguimento axeitado das infraestruturas viarias.

Ademais, esa investigación non debe centrarse só no tramo de Pedrafita, senón que ten que estar enfocada a toda a rede viaria galega, así como outras infraestruturas de comunicación da mesma época. O colapso deses vanos pon en dúbida todas as construcións feitas desa maneira. Non se trata de pór en tela de xuízo as capacidades técnicas dos traballadores e traballadoras que participaron na construción, pero si dirimir as causas políticas, que son as que están de fondo neste asunto."              (Xosé Barros, Nós, 28/06/22)

Vinte barcos 'pantasma', cerco xudicial e un estaleiro quebrado: dez anos da "alianza" da Xunta con Pemex

 "Hai xusto agora unha década, a oposición en Galicia pedía explicacións pola súbita, imprevista e case clandestina viaxe de Alberto Núñez Feijóo a México. 

Sen apenas publicidade e con escasa información por parte do Goberno, acompañaba o daquela xefe do Executivo español, Mariano Rajoy, que nun discurso desde o país centroamericano desvelaba que era o que tiña que ver aquela visita institucional con Galicia: o posible interese da petroleira propiedade do Goberno mexicano, Pemex, en construír barcos nalgún estaleiro galego. Á volta, o titular da Xunta advertía dunha "folla de ruta" coa empresa e dunha decisión en dous meses sobre eses posibles encargos.

Non tardou tanto. Un mes despois, a finais de maio de 2012, o Telexornal da TVG interrompeu o seu ritmo habitual para conectar co Pazo de Raxoi e retransmitir a sinatura do acordo entre Xunta e Pemex. Prometéronse milleiros de empregos e, co paso do tempo, a construción en Galicia de tres buques tanque, un atuneiro, un barco de apoio a plataformas petrolíferas, dous quimiqueiros, varios remolcadores, a renovación de parte da frota azteca e mesmo a instalación dunha terminal de hidrocarburos no Porto Exterior da Coruña. A máis de vinte embarcacións ascendeu unha conta que quedou na polémica adxudicación e construción de dous floteis e a adquisición de Barreras, histórico estaleiro que acabou quebrado. 

Polo medio, un ronsel de promesas incumpridas, investigacións xudiciais e do propio Goberno mexicano, litixios, sombras e moitas dúbidas aínda por resolver. Escuridade e sospeitas que medran ao tempo que o actual presidente de México, unha década despois, sinala o "contubernio" dos negocios de Pemex en Galicia apadriñados pola Xunta como clave na súa crise con España.

A extradición do ex-director de Pemex Emilio Lozoya, detido en España e impulsor da man da Xunta dos principais negocios en Galicia, e a súa colaboración coa Fiscalía mexicana estreitou aínda máis o cerco nun proceso de acusacións de corrupción e investigacións xudiciais que afectaron varios directivos máis que negociaran coa Xunta o desembarco en Galicia, como Carlos Roa e José Manuel Carrera Panizzo. O acordo que viña salvar o naval e dar un importante impulso ao sector en Galicia acabou sendo máis relevante polos escándalos que o rodearon que polos seus efectos económicos.

O Ministerio Fiscal investiga se os negocios da petroleira en Galicia deberon ser levados a cabo ou se houbo algún aspecto irregular neles.Tamén pescuda a Secretaría de la Función Pública (SFP) e a UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), que levan tempo debullando a fracasada colaboración entre Goberno galego e petroleira.  

Xa hai unha década, o acordo comezara virado. Mentres a Xunta aseguraba que Navantia e Barreras construirían dous floteis, a empresa mexicana deixaba en evidencia a Xunta ao asegurar que non había contrato ningún senón que debería decidir entre varias ofertas. Mesmo conselleiros da firma estatal censuraron un anuncio que consideraron propaganda política. Entre acordos de confidencialidade e apenas información, PMI, filial de Pemex, asinou finalmente os contratos para a construción dos buques-hotel mentres Feijóo prometía novos encargos que nunca chegaron. 

Na prensa mexicana, o inicio de todo sitúano aínda máis atrás. Nas promesas do ex-xefe da Oficina da Presidencia de Felipe Calderón, o falecido Juan Camilo Mouriño -fillo do presidente e máximo accionista do Celta, Carlos Mouriño- a un grupo de empresarios galegos. Comprometérerase a axudalos no outorgamento de contratos de Pemex para a construción de buques pouco antes de falecer nun tráxico accidente.

Sexa como for, e con Feijóo a piques de abandonar a Xunta, as investigacións sobre os negocios de Pemex en Galicia continúan. As pescudas apuntan, sobre todo, á compra de Barreras, decisión á que a petroleira atribuíu a perda de 50 millóns de euros e pola que Lozoya é investigado, ademais de por moitos presuntos casos de corrupción cando estivo á fronte da petroleira. O estaleiro vigués pasou en 2013 a quedar baixo control de Pemex por 5,1 millóns e acabou quebrado e logo vendido a Ritz Carlton.

Pemex presentou unha denuncia ante a Fiscalía mexicana por posible delito de administración fraudulenta por aquela compra, cando Lozoya era director de Pemex e o dereitista Peña Nieto o presidente mexicano. Foi daquela cando se acentou a deriva de Barreras, da que Pemex buscou saír así que houbo cambio de goberno e López Obrador chegou ao poder. O novo Executivo soltou lastre, sobre todo tras gañar un "litixio" á propiedade do estaleiro para recuperar máis de 13 millóns de euros e dar por "finiquitado" un proceso que "resultou ser un fracaso". 

A porfía con Barreras foi o último episodio pero non o derradeiro aínda daquela publicitada "alianza estratéxica". Nunha das últimas referencias aos negocios en Galicia, o actual director xeral de Pemex, Octavio Romero Oropeza, lembrou o "fracaso" dunha operación "non produtiva" e onde non se levou a cabo "unha debida supervisión ao manexo e finanzas da empresa", malia posuír máis da metade das accións.

"Un funcionario fixo unha xira en España, dixéronlle que había un estaleiro en problemas, pechado, quebrado, e tomouse a decisión de que Pemex investise; mercou o 51% das accións para botalo a andar". Así foi como Romero Oropeza relatou a decisión para que a petroleira pasase a ser o principal accionista en Barreras en 2013, tal e como adiantara Praza.gal. 

A Auditoría Superior de la Federación (ASF), o equivalente ao Tribunal de Contas en España, xa cuestionara nun dos seus informes este e outros negocios de Pemex en Galicia por supor un investimento nun sector produtivo que non lle correspondía e que supuña perdas, ademais de pola súa opacidade e escurantismo, sobre todo no caso da construción dos floteis, salpicada de inexactitudes, contratos nunca revelados e adxudicacións postas en dúbida.

Ademais, a ASF lembraba que Lozoya levou a cabou a operación malia que as auditorías pagadas pola propia Pemex desaconsellaban a compra de Barreras e advertiran de serios problemas ante os que non se tomaron "medidas para mitigar os riscos".

Romero Oropeza tamén lembrara que os floteis "nunca se puideron ocupar á súa máxima capacidade" e que Pemex non os podía vender, malia os intentos, "porque estaban moi por debaixo do prezo ao que os construíran". Custaran perto de 150 millóns de euros.

Antes, a ASF xa alertara de que nunca se puido probar que eses floteis cumprisen cos requisitos establecidos no concurso público, nin que a oferta de Navantia Ferrol fose a mellor -porque non se facilitou nunca o contrato-, nin que construír os dous buques en Europa resultase máis barato que manter as 25 plataformas fixas que Pemex xa tiña. Só nos custos de ter un deses buques amarrado en Ferrol, Pemex gasou 3,6 millóns. Dos 2.000 empregos para construílo na ría ferrolá dos que falara a Xunta, chegouse a unha cifra máxima de 500 a pleno rendemento. 

Foi só unha máis de todas as polémicas e irregularidades agora investigadas que aconteceron sendo director xeral de Pemex Emilio Lozoya, que enfronta máis de 40 anos de cadea por dúas causas, e a quen Feijóo intentou desligar sempre dos negocios da petroleira en Galicia malia que, segundo indicou o propio Goberno galego en 2013 e 2014, o presidente da Xunta en persoa tratou directamente con el. O fiscal xeral de México sinalárao como "símbolo" da corrupción da etapa de Peña Nieto á fronte do Executivo azteca."                  (Miguel Pardo, Praza Pública, 20/04/22)

La empresa que dirige la hermana de Feijóo en Galicia recibió adjudicaciones récord de la Xunta antes de ascenderla Micaela Núñez Feijóo fue nombrada directora de Eulen para el noroeste de España en el 2016, después de que la administración gallega asignara a las firmas del grupo contratos por valor de más de 6,2 millones

 "La Xunta de Galicia, a través de sus consellerías y otras instituciones de la Administración gallega, ha adjudicado más de 37 millones de euros al Grupo Eulen desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a la Presidencia en mayo del 2009. Así consta en las resoluciones publicadas en los últimos trece años en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la plataforma Contratos Públicos de Galicia (CPG).

La directora de Eulen para el Noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del jefe del Ejecutivo gallego, que en el 2016 fue ascendida a ese cargo desde el que ocupaba como directora regional para Galicia. Durante el ejercicio inmediatamente anterior, Eulen obtuvo su récord de adjudicaciones de la Xunta hasta entonces, con 6,2 millones de euros.

Las cantidades adjudicadas al Grupo Eulen desde mayo del 2009, cuando Feijóo accedió al poder, suponen una media anual de 2,86 millones. Es decir, más del triple de lo que, según la documentación a la que ha tenido acceso Público, facturaron a la Xunta las empresas del mismo grupo durante el mandato del Gobierno bipartito PSOE-BNG, que precedió a Feijóo entre el 2005 y el 2009 y durante el que Eulen obtuvo encargos para obras y servicios por valor de 3,96 millones, a una media de 793.000 euros por año de legislatura.

Los ejecutivos de Feijóo han adjudicado a la empresa fundada por David Álvarez Díez un total de 139 contratos desde el 2009 a través de once de sus consellerías y de diecisiete instituciones de la Administración gallega, entre organismos descentralizados como el Servizo Galego de Saúde y Augas de Galicia; empresas públicas como la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) y la Sociedad Galega de Medio Ambiente (Sogama), y fundaciones como Semana Verde de Galicia, Deporte Galego y Cidade da Cultura.

A esos contratos, se suman otros dieciséis que, según el DOG y la plataforma CPG, se encargaron a través de una decena ayuntamientos, trece de ellos por valor de más de 2,4 millones en municipios con alcaldes del PP. Eso eleva las adjudicaciones a Eulen de las administraciones gallegas gobernadas por ese partido a casi cuarenta millones de euros durante los mandatos de Feijóo.

Micaela Núñez se incorporó al Grupo Eulen en julio del 2003, apenas seis meses después de que su hermano dejara la Presidencia de Correos, tras haber ocupado la del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), para hacerse con la consejería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, y, posteriormente, con la Vicepresidencia Primera de la Xunta en plena crisis del Prestige.

Seis años más joven que el presidente gallego, Micaela Núñez fue delegada provincial de Eulen en Pontevedra y Vigo, directora regional de Galicia y, desde el 2016, delegada del grupo para la zona Noroeste, justo después de que Eulen registrara el citado récord de adjudicaciones. 

Las contrataciones con la empresa ya se habían disparado desde el primer año de mandato de Feijóo, que ganó sus primeras elecciones en Galicia el 1 de marzo del 2009 y tomó posesión como presidente de la Xunta el 18 de abril de ese año. Durante el 2008, el último completo del bipartito presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño, y durante los primeros cinco meses del 2009, Eulen obtuvo adjudicaciones por 824.000 euros.

Frente a eso, sólo entre mayo y diciembre, es decir durante los ocho primeros meses del nuevo Gobierno del PPdeG, los contratos sumaron 1,46 millones. Al año siguiente se elevaron a 2,8 millones, cayeron a 760.000 euros en el 2011 y desde entonces no pararon de crecer: 1,3 millones en el 2012; 2,16 millones en el 2013; 3,6 millones en el 2014 y los citados 6,2 millones del 2015.

En los últimos seis años, las contrataciones de Eulen con la Xunta suman una media anual de 3,2 millones. La adjudicación más cuantiosa fue en el 2015, cerca de 4,7 millones de euros por los servicios de vigilancia en los centros hospitalarios del área sanitaria de A Coruña.

En el 2020 el grupo superó el récord del 2015 con 6,7 millones. Fue básicamente gracias a dos contratos del Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar para la asistencia en los centros de día para mayores de varios municipios rurales de Lugo y de Ferrolterra, por un valor total de 3,56 millones. También otro de Augas de Galicia, por 1,67 millones, para tareas de conservación y mantenimiento en las cuencas de la zona norte de Galicia bajo competencia autonómica.

El año pasado, Eulen se llevó otro contrato de 1,3 millones más IVA (1,57 millones en total) para gestionar los servicios de vigilancia y seguridad de edificios e instalaciones del Sergas en las comarcas de Pontevedra y O Salnés, en un ejercicio que cerró con 2,64 millones en adjudicaciones de la Xunta.

Tanto Feijóo como la empresa han negado en el pasado que exista vínculo alguno entre su relación con su hermana y el incremento de las contratas de su Gobierno y la compañía para la que ella trabaja. Público ha tratado de obtener de nuevo la versión de Eulen, pero no ha recibido respuesta.

Tampoco ha contestado el presidente de la Xunta, a quien que Público se dirigió para conocer su valoración sobre el incremento de la contratación de su Administración con el grupo, y su opinión sobre si la empresa ha gozado de trato de favor por la intermediación de su hermana.

Eulen fue fundada hace ahora sesenta años por el empresario leonés David Álvarez Díez, quien convirtió la pequeña empresa de limpieza que creó en Bilbao en 1962 en una multinacional de servicios. El grupo opera hoy en catorce países, tiene más de 75.000 empleados y su volumen de negocio superó los 1.400 millones de euros en el 2020.

A David Álvarez, fallecido hace siete años, se le ha relacionado con el grupo de empresarios que financiaron el origen a Vox y que sostienen a Hazte Oír, la organización ultraderechista que en el 2012 le galardonó con el premio HO por haber sabido combinar "el lícito lucro con el deseo sincero de crear riqueza social". De Eulen han sido directivos otros cargos del PP como el ex ministro del Interior y ex presidente del PP en Euskadi, Jaime Mayor Oreja, y el ex ministro fraquista Rodolfo Martín Villa.

El Grupo Eulen opera en Galicia a través de varias empresas: Eulen SA, Eulen Servicios Sociosanitarios, Eulen Seguridad, Eulen Centro Especial de Empleo y Flexiplan. Empezó siendo una empresa especializada en limpieza, vigilancia y trabajos silvícolas y forestales, pero ha ido ampliando su espectro de acción en Galicia a medida que iba obteniendo nuevas adjudicaciones del Gobierno gallego.

Estas incluyen materias como el alquiler de maquinaria contra incendios, el desarrollo de proyectos de dinamización juvenil y de formación de parados , la gestión de gimnasios, piscinas, almacenes y fondos bibiliográficos para bibliotecas, el mantenimiento de jardines y plantas de interior, los servicios de enfermería, la gestión de puntos de encuentro familiar, la recogida de residuos sólidos urbanos, el apoyo técnico en iniciativas culturales, la atención telefónica y personal al público de organismos oficiales y la contratación de azafatas y azafatos para eventos.

Durante la emergencia sanitaria, también ha obtenido adjudicaciones para los servicios de control y seguimiento de los protocolos anticovid y para el suministro e instalación de cámaras termográficas para la medición de la temperatura corporal en la sede de la CRTVG.

LOS GRANDES CONTRATOS DEL GRUPO EULEN CON LA XUNTA

Servicio Galego de Saúde (2015). 4,39 millones de euros por el servicio de vigilancia y seguridad de los centros del área sanitaria de A Coruña.

1 2015 Sergas Vigilancia Centros EOXI a Coruña Resolucion_2_Lote_1 by Público.es on Scribd

Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar (2020). 3,56 millones por la atención en centros de día en la provincia de Lugo y en Ferrolterra.

2 2020 Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Atención Dia Centros Lugo Resolucion_1_Lote_0 C... by Público.es on Scribd

Augas de Galicia (2020). 1,67 millones, para tareas de conservación y mantenimiento en las cuencas de competencia autonómica en la zona norte de Galicia.

3 2020 Augas de Galicia Conservacion Dominio Público Galicia Norte Resolucion_1_Lote_1 Copia by Público.es on Scribd

 Servicio Galego de Saúde (2021). 1,57 millones por servicios de vigilancia y seguridad en los centros del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

4 2021 Sergas Seguridad Hospitales Pontevedra Resolucion_1_Lote_1 Copia by Público.es on Scribd

Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar (2020). 1,54 millones por servicios de atención en centros de día en municipios de la provincia de Lugo.

5 2020 Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Atención Dia Centros Lugo Resolucion_1_Lote_0 C... by Público.es on Scribd

Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar (2020). 1,54 millones por servicios de atención en centros de día de municipios de Ferrol y  su comarca.

7 2014 Consorcio Galego Igualdade e Benestar Centros de Día Ferrol y Comarca Resolucion_1_Lote_0 (13) by Público.es on Scribd

Televisión de Galicia (2013). 930.000€+IVA por servicios de seguridad privada.

8 2013 TVG Vigillancia y Seguridad Resolucion_1_Lote_0 (27) by Público.es on Scribd

Consellería de Economía, Emprego e Industria (2018). Hasta 995.000 euros para inserción laboral de personas desempleadas.

9 2018 Consellería de Economía, Emprego e Industria Reinserción Parados Flexiplan Resolucion_3_Lote_7 by Público.es on Scribd

Augas de Galicia (2016). 964.000 euros para tareas de conservación y mantenimiento en las cuencas de competencia autonómica en la zona norte de Galicia."                  (Juan Oliver, Público, 26/02/22)

Cuatro empresas del ‘cártel de las carreteras’ fueron multadas por repartirse contratos de Adif en Galicia

 "La sanción de 61,28 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a doce empresas por formar un cártel para adjudicarse contratos de conservación de carreteras no solo afecta a algunas de las mayores contratistas de obra pública en Galicia, sino también a grupos reincidentes. Es el caso de Elecnor, OHL, ACS y Sacyr, que fueron sancionadas hace solo dos años por el supuesto amaño de concursos de Adif para el AVE y para líneas convencionales. Fue una de las mayores multas del superregulador, ya que afectó a 15 empresas y 14 directivos, y alcanzó los 118 millones de euros.

 Como presumiblemente sucederá con la nueva sanción, la resolución de la CNMC fue recurrida por las afectadas. ACS, el grupo de Florentino Pérez, encajó una multa de más de 50 millones ya que tenía a cuatro filiales implicadas (Cobra, Cymi, Electren y Semi); la de Elecnor ascendió a 20,3 millones; de menor cuantía fueron las de la filial de Sacyr, Neopul, con 762.000 euros; y la de Eym, del grupo OHL de Villar Mir, que se quedó en los 448.000 euros. Además de la importancia de los actores implicados y de los contratos presuntamente amañados (se adjudicaron 1.100 millones en obras), la decisión de Competencia tuvo especial trascendencia al activar el mecanismo para excluir temporalmente a los sancionados de la contratación pública, aunque hasta el momento no se llegó a ejecutar.

 El mismo riesgo afrontan ahora las empresas multadas, entre ellas la ourensana Copasa, por coordinar ofertas para los contratos de conservación de carreteras. Como sucediera en 2019, la CNMC no fija la duración y alcance de la prohibición de contratar, pero remite su resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que determine la duración y alcance del veto.

 Esta medida fue introducida en la Ley de Contratos Públicos en 2015 para prohibir a las administraciones contratar «con las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia». Copasa fue la mayor adjudicataria de obra pública de la Xunta el año pasado, logrando 30,3 millones en obras.

Florentino Pérez y Elecnor hacen cártel en Galicia

Según la investigación de Competencia, las 15 empresas multadas en 2019 formaron parte de tres cárteles para acudir de manera coordinada a diferentes tipos de concursos: uno para la electrificación del AVE, otro para los equipos electromecánicos de la alta velocidad y el tercero para la electrificación del tren convencional. Estas asociaciones habrían operado desde 2002 a 2016. Precisamente, la última investigación engloba parte de este periodo, pues la concertación de ofertas para los contratos de conservación de carreteras de Fomento se habría producido entre 2014 y 2018.

 El superregulador explica que el funcionamiento de los cárteles y los integrantes fue evolucionando a lo largo del tiempo, aunque tenían en común el establecimiento de mecanismos de compensación, de tal manera que las adjudicatarias, que a veces se decidían por sorteo, compensaban mediante la subcontratación a las que perdían el concurso.

 Entre las obras a las que accedió el cartel estaba la “construcción y el mantenimiento de la línea aérea de contacto del Eje Ourense Santiago del Corredor Noroeste de Alta Velocidad”, que se repartieron dos filiales de ACS, Cobra y Semi, con Elecnor. No fue el único contrato que pescaron en Galicia, pues «en el año 2015, Alstom e Indra coordinaron sus estrategias para repartirse cuatro licitaciones convocadas para la extensión del mantenimiento de los túneles Ourense-Santiago», dice la resolución de Competencia."                (Rubén Rodríguez Vázquez  , Economía Digital de Galicia, 22/08/21)

“Insólito”: o Tribunal Superior condena a ocupación pola Xunta dunha propiedade privada para favorecer unha construtora

 "O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de ratificar a sentenza emitida hai un ano por un xulgado de Pontevedra que condenou á Xunta a devolver ao seu lexítimo propietario un terreo de 15.376 metros cadrados do que se apropiou ocupándoo durante as obras de construción do último treito da Autovía do Morrazo para convertelo nun lugar no que depositar entullos.

 Fíxoo, segundo censurou o xulgado inicial e agora ratifica o tribunal, para “liberar á empresa construtora da custosa carga de transportar ata un lugar autorizado as terras e entullos sobrantes da obra”. Un proceder da Xunta que o TSXG considera "insólito", segundo a sentenza avanzada por Pontevedra Viva e á que tamén tivo acceso Praza.gal.

 A sentenza de hai un ano sinalou que a Xunta apropiouse por "vía de feito" do terreo de máis de 15.000 metros cadrados situado no lugar do Reibón, en Meira, Moaña, ao executar as obras de desdobramento do corredor do Morrazo para a súa conversión na Autovía do Morrazo, inaugurada en xuño de 2019, oito anos despois da primeira licitación. A construción dese último treito da autovía no que está situado o terreo do que se apropiou a Xunta foi adxudicada a unha unión temporal de empresas (UTE) formada polas construtoras Covsa e Taboada y Ramos, esta última dun empresario afín ao PP.

 Segundo aquela condena, o Goberno galego incorreu nunha “omisión total e absoluta do procedemento establecido” para ocupar o terreo, co que cometeu desviación de poder. Ademais, a sentenza reflectía como nin durante o proceso xudicial emprendido polo propietario nin durante o xuízo a Xunta intentou defenderse, malia despois recorrela sen éxito ao TSXG. A condena agora ratificada obriga á Xunta a devolverlle o terreo ao propietario, eliminando os recheos e entullos depositados nel. O perito xudicial valorou o custo desa reposición en case dous millóns de euros. Ademais, a Administración deberá indemnizar o demandante con 47.391 polas árbores que foron cortadas.

O TSXG ratifica esa sentenza e reitera que actuación da Xunta incorreu “en vía de feito, con desviación de poder, exercitando facultades administrativas para fins distintos dos previstos legalmente” e coincide en que serviu "unicamente a intereses da empresa construtora".

 Por outra banda, durante a construción dos primeiros treitos da mesma Autovía do Morrazo, a Xunta xa decidira modificar as súas previsións iniciais de que as obras se puidesen compaxinar coa circulación de vehículos polo corredor orixinario para así axilizar e facilitar os traballos das construtoras. Esa decisión de cortar o tráfico para facilitar os traballos fora criticada uns anos antes polo PP cando a tomou o anterior goberno bipartito durante a execución da Autovía do Salnés asegurando que supuña facerlle un favor ás construtoras."                  (David Reinero, Praza Pública, 06/02/21)

Tres grupos foráneos (Iberdrola, Endesa y Acciona) controlan casi la mitad de la potencia eólica en Galicia

 "Galicia se asoma a su boom eólico. La comunidad se prepara para la tramitación de un aluvión de proyectos de nuevos parques eólicos que permitirán ampliar su capacidad instalada por encima de los 3.849 megavatios con los que cerró el mes de marzo, según constatan los últimos datos publicados por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

El último balance anual del sector que ha realizado la institución refleja que en los últimos 12 meses tan solo se ha finalizado la construcción de un nuevo parque eólico (el de Greenalia en Ourol), lo que mantiene prácticamente la mitad de la potencia instalada en Galicia en manos de tres grandes operadores.

 Se trata de Iberdrola, Acciona y Endesa, que controlan parques eólicos con una potencia conjunta de 1.675 megavatios. Representan el 43,5% del total de los 3.849 megavatios que se encuentran desplegados en la comunidad y se consolidan como los principales operadores de un sector eólico gallego que se prepara para dar un nuevo estirón tras casi una década de parón.

Iberdrola revalida su trono

El principal dominador del sector es Iberdrola. La compañía capitaneada por Ignacio Sánchez Galán controla un total de 626 megavatios en la comunidad a través de parques como el de Ameixeiras-Testeiros, que iguala al de de Masgalán-Campo do Coco (también de Iberdrola) y al de Monte Redondo (Naturgy) como el segundo mayor de España. Sus 49,5 megavatios de potencia tan solo son superados por los 49,6 del Parque Eólico Curuxeiras, propiedad de la gallega Norvento.

 Con sus 626 megavatios de potencia total, Iberdrola supera a Acciona, que controla un total de 540 megavatios a través de la eólica en Galicia. La compañía, que ha iniciado los trámites para sacar a bolsa su división verde (Corporación Acciona Energías Renovables) controla un total de 26 parques eólicos en Galicia y supera en el podio a Endesa.

La compañía propiedad de la italiana Enel gestiona parques eólicos con una potencia total instalada de 508 megavatios. Se trata de una cantidad inferior a los alrededor de 611 megavatios que la firma capitaneada por José Bogas proyecta poner en marcha a través de parques eólicos en As Pontes como contrapartida al cierre de la central térmica.

 Norvento, primera gallega

También maneja planes ambiciosos en la eólica gallega la otra empresa que ya ha dado carpetazo a su central térmica en la comunidad. Se trata de Naturgy, que en verano de 2020 echó el cierre definitivo a la planta de Meirama y que ahora proyecta instalar 1.110 megavatios a través de nuevos parques eólicos en Galicia. Estos se sumarían a los aerogeneradores de 437 megavatios de potencia con los que ya cuenta actualmente (según el registro del Inega) y que convierten a la compañía (la antigua Fenosa) como el quinto mayor operador de la eólica gallega.

Por encima en el ranking se sitúa Eurus. El grupo de origen japonés controla un total de 431 megavatios eólicos a través de su red de filiales en Galicia y se queda así a las puertas del podio.

 El sexto puesto en el ranking lo ocupa la portuguesa EDP, que opera parques eólicos de 253 megavatios de potencia, superando así los 222 megavatios de Norvento, la primera empresa gallega en el ranking, que ocupa un puesto que la coruñesa Greenalia intentará igualar en los próximos años. La empresa ya opera 22,5 megavatios, construye tres parques eólicos de 28 megavatios y espera poner en marcha otros 270 megavatios en los próximos años."                      (Javier G. Casco, Economía Digital de Galicia, 07/04/21)

Así é a nova lei da Xunta para "privatizar recursos públicos": "as empresas pasan a ser xuíz e parte"

 "Continúan as protestas do movemento ecoloxista galego contra a nova Lei da Paisaxe aprobada en solitario polo grupo no PP no Parlamento Galego. O novo marco legal, xa alcumado como "Lei de depredación industrial" por parte das plataformas verdes de Galicia, vén de recoller fortes críticas da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, que acusa á Xunta de Galicia de querer "minimizar a administración para deixar todo o poder ás empresas".

 O obxectivo da presente Lei da Paisaxe, explican dende a plataforma, pasaría por "afondar na privatización da xestión dos recursos públicos", entre os que ADEGA contaría "o vento, a auga ou a biodiversidade". Esta acusación tería que ver coa "simplificación administrativa" que, en palabras da propia Xunta, carrexará a nova Lei; que, baixo a bandeira da "reactivación económica", podería afondar nesa "depredación" xa presente no territorio galego.

Así o defenden dende Adega, que ven na "urxencia" proclamaba pola Xunta á hora de "eliminar máis 'molestos trámites'" unha vontade de que "algunhas empresas poidan acaparar a chuvia de euros dos fondos europeos anti-COVID". "Ese perigoso percurso lexislativo iniciado en 2017 coa coñecida “Lei de Depredación” continúa e afóndase con esta norma, que converte definitivamente á administración pública nun portelo receptor de proxectos, cuxa avaliación favorábel está case garantida á marxe dos seus impactos ambientais e sociais", valora a histórica plataforma.

Esta obxectivo levaría aparellado, valoran dende a entidade ecoloxista, un ocultismo de cara á bancada pública, que podería ser resumido na máxima de que a sociedade "canto menos saiba, mellor". De aí, explican, a proposta do PP por "simultanear determinadas trámites que antes se desenvolvían correlativamente", xa que así a administración "reduce xa de por si a participación da cidadanía que agora disporá dun único periodo para facer achegas e non de varios".

FACER "IRRELEVANTE" Á ADMINISTRACIÓN

"A isto hai que engadir, explican, "a redución efectiva dos prazos de exposición pública o que dificulta aínda máis a axeitada análise da documentación técnica dos proxectos, máis abondosa pola condensación de trámites. Para determinados proxectos o periodo de infomación pública, xa condensado e reducido, fica ao abeiro da administración ou mesmo elimínase, como na modificación das instalacións enerxía eléctrica en determinadas condicións (que non soliciten a utilidade pública, por exemplo)"; unha circunstancia que ADEGA ve negativa para o futuro ecolóxico do país.

 O obxectivo de toda esta lei, en fin, pasaría por "xibarizar a administración pública até facela irrelevante". "Redúcense tamén os prazos internos que os distintos departamentos das administracións teñen para facer as súas valoracións e emitr os seus informes", engaden dende a plataforma, que se posicionan a favor dun funcionamento máis áxil da administración pero a través dunha "mellora dos medios humanos e materiais cos que conta a administración", e non dunha redución dos propios trámites; xa que, segundo explican, o feito de "recortar prazos e axilizar procedementos faise en detrimento das garantías e da calidade que debe ter o traballo da administración pública, e en definitiva a costa dos intereses da cidadanía"

O temor de Adega a esta "privatización das funcións de avaliación, inspección e control dos organismos públicos" pasaría porque o novo baleiro administrativo supostamente impulsado pola administración Feijóo dera paso a unha "externalización" dos procesos ambientais. Así, explican, a viabilidade dun proxecto industrial podería quedar en mans dunha "Asociación de Empresarios, a Cámara Mineira ou Federación de Caza".

"É a situación ideal soñada polas enerxéticas, mineiras ou pasteiras: seren xuíz e parte (através por exemplo, das súas consultoras e certificadoras) na tramitación dos seus propios proxectos. Estas “entidades de colaboración ambiental” cobrarían ademais polos seus servizos, co que o beneficio para as empresas é completo: presentar un proxecto, avalialo, autorizalo e facer o seguemento, e por riba cobrando os trámites", explican a respecto dun novo marco legal que pode dar lugar a un "total descontrol eólico"."                   (Galicia Confidencial, 17/02/21)

El magnate Manuel Fernández de Sousa y el mar de mentiras de Pescanova

"El juicio de Pescanova inaugura la desescalada en la Audiencia Nacional después del parón por la covid-19. El caso estalló hace siete años cuando la compañía no pudo presentar el balance general ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De debajo de las piedras salieron a la luz operaciones falseadas durante cinco años, encabezadas por el que fuera presidente, Manuel Fernández de Sousa, y en las que están involucradas 18 personas más, entre ellas, su familia.

La Fiscalía Anticorrupción pide casi una treintena de años de prisión para Fernández de Sousa por un total de ocho delitos. La lista es profunda: falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Además, 21 millones de euros en multas. Según el auto del instructor, la veintena de acusados engañaron a bancos y acreedores ocultando una deuda millonaria para poder conseguir financiación. En estas prácticas insólitas de la que fue la mayor empresa pesquera de Europa participaron su mujer y su hijo.

A Rosario Andrade, la pareja del expresidente de Pescanova, se le atribuye un presunto delito de alzamiento de bienes o blanqueo de capitales. Cuando el escenario se estaba poniendo feo para la empresa matriz, Andrade procuró enviar a través de una sucursal de Valença (Portugal) 4,5 millones de euros. A su sucesor, Pablo Fernández Andrade, se le imputan los delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera y delito de estafa.

Además, el juez instructor del caso, José de la Mata, indica que las personas del equipo de confianza de Manuel Fernández de Sousa eran los "máximos responsables" de la información financiera y participaron "de una u otra forma" en la estrategia del presidente. La Audiencia Nacional desestimó los recursos que presentó la exdirectiva de la entidad y dio por terminada la instrucción del caso. De la Mata recogió que la cúpula de Pescanova artilló un "sistema piramidal insostenible" para poder hacer frente a las deudas. Entre ellos, el hermano del presidente, Fernando Fernández de Sousa-Faro, que había formado parte del órgano de administración de Pescanova; el jefe de Auditoría Interna, Joaquín Viña Tamargo; Alfredo López Uroz, el director de Administración; el jefe de Contabilidad, Ángel González Domínguez; Alfonso García Valvo, el jefe de Servicio; o el director financiero de la filial Pescafina S.A.

En un anómalo golpe de timón, consiguieron traicionar a los inversores, accionistas, acreedores y organismos reguladores. En 2012 se ocultaron hasta 1.939 millones de euros de deuda bancaria. La cúpula se encargaba de obtener financiación de los bancos para tapar los agujeros de pérdidas millonarias que no se reflejaban después en las cuentas anuales de la entidad. De esta manera, cuando Pescanova declaraba en los documentos de 2011 un balance de 16 millones la cuantía real era una pérdida de 290 millones de euros.

¿Por qué empezaron estas prácticas? Entre 2007 y 2013 la empresa llevó a cabo una fuerte inversión, por un importe de 830 millones de euros, con el objetivo de pasarse al negocio de acuicultura de langostino, salmón y rodaballo. Estas inversiones se cubrían principalmente mediante créditos de la propia compañía, de Pescanova y también de la sociedad Novapesca Trading S.L. Pero, a partir de 2010, la compañía comenzó a recurrir a financiación externa y como consecuencia aumentaron los préstamos bancarios. La deuda fue creciendo y no se generaron flujos de caja positivos.

La empresa matriz naufragó en plena crisis económica en España, en una "situación histórica de racionalización y restricción de crédito bancario", según sostiene De la Mata. Por ello, necesitaban ser de nuevo financiados; la pescadilla que se muerde la cola. Provocaron uno de los mayores concursos empresariales de la historia de España siendo las entidades financieras las más perjudicadas. En el concurso, la banca tomó una quita de 2.000 millones de euros con el fin de dar continuidad a la empresa reestructurándose como Nueva Pescanova. 

Fernández de Sousa señala a los demás

Fernández de Sousa se calificó como "el mayor perjudicado" y se lavó las manos echándole la culpa a BDO, la empresa auditora. También a la CNMV por no repasar las cuentas de BDO por si existían irregularidades y contó que fueron los bancos los que se beneficiaron gracias a Pescanova. "A nadie se le escapa que lo que hacíamos no era regular, estoy seguro que muchas empresas en España usaron el mismo sistema", dijo el expresidente.

Como otras amistades con grandes figuras que terminan en la cárcel, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Fernández de Sousa tenían vínculo directo. De hecho, el presidente de Pescanova consiguió en el último momento que el Gobierno autonómico cancelase el emplazamiento de una depuradora a unos cientos de metros de una de las piscifactorías de Fernández de Sousa para que no empañase la imagen de su producto. La iniciativa de la Consellería do Mar tenía por objetivo paliar un problema de los mariscadores, pero finalmente Feijóo anunció que encontrarían otra instalación. Los vecinos de Morás, en Xove, en la costa del Lugo, vieron desde lejos cómo el barco daba media vuelta.

Una sola llamada cumplía los deseos de Fernández de Sousa y, por supuesto, se había encargado de tener de su lado a los medios de comunicación. Fue el patrono de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, que lleva el nombre del propietario del grupo La Voz de Galicia. Inyectaba con grandes campañas de publicidad al resto de diarios gallegos. Exigía lo que fuera favorable para su imagen, por ejemplo, cuando secuestraron a un palangrero de Pescamar, una filial de Pescanova, que tenía en su tripulación a dos marineros gallegos. En Galicia, los medios no dieron bombo al suceso y la información no fue publicada. También exigió que, en el caso de difundir las fotos, se ocultara el logotipo de su grupo.

Después de todo, el juicio comenzó el pasado 2 de diciembre y se vio interrumpido por el coronavirus, pero este lunes sentará en el banquillo a Fernández de Sousa y desfilarán ante el juez casi la veintena de sus socios. Aún después de todos los delitos que se le imputan, durante este tiempo continuó su vida fuera de cárcel dedicado a la acuicultura. Es el jefe de operaciones de la empresa saudí Naqua, llevando a cabo ambiciosos proyectos de piscifactorías. La fama de buen gestor de Fernández de Sousa se hundió con Pescanova y de los restos queda la sentencia de la Audiencia Nacional."                    (Alba Tomé Sueiro, 08/06/20)