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15/4/24

La firma para la que medió el novio de Ayuso logró el mayor importe en contratos de emergencia de la Xunta... la empresa de Pontevedra que con la mediación de Alberto González Amador, hoy pareja de Isabel Díaz Ayuso, adquirió mascarillas a una segunda compañía para así venderlas a la Xunta, se convirtió el año del estallido de la pandemia en el mayor proveedor del Servicio Gallego de Salud (Sergas) a través de contratos de emergencia

"Mape Asesores SA, la empresa de Pontevedra que con la mediación de Alberto González Amador, hoy pareja de Isabel Díaz Ayuso, adquirió mascarillas a una segunda compañía para así venderlas a la Xunta, se convirtió el año del estallido de la pandemia en el mayor proveedor del Servicio Gallego de Salud (Sergas) a través de contratos de emergencia.

Como detalla el ranking incluido en el informe elaborado sobre ese tipo de contratos por el Consello de Contas –el equivalente en aquella comunidad al Tribunal de Cuentas–, la compañía pontevedresa obtuvo exactamente 10.004.510,00 euros en 2020 por suministros sanitarios al Gobierno que entonces presidía Alberto Núñez Feijóo, hoy líder del PP. En 2021, Mape se quedó a cero. No suministró nada a la Xunta, como ha verificado infoLibre en portales oficiales de contratación. El portal de Galicia, a diferencia de lo habitual en ese campo, no permite la búsqueda por adjudicatario. Clasificación de adjudicatarios de contratos de emergencia de la Xunta de Galicia en 2020. Consello de Contas

La adquisición de material sanitario –42 millones, según desveló eldiario.es– por parte de Mape Asesores a una segunda mercantil –FCS Select Products SL– fue clave para que el novio de la presidenta de Madrid, Alberto González, recibiera dos millones de comisión pagados por el proveedor original. Es decir, por FCS Select Products SL. Hasta 2020, Mape Asesores, especializada en la distribución de material médico, no había figurado en ninguna lista de proveedores de la Xunta.

Actualmente Alberto González, de quien la revista Lecturas publicó en mayo de 2021 que era pareja de Ayuso, está investigado por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental por un juzgado de Madrid. El supuesto fraude atribuido a González asciende a más de 350.000 euros de los ejercicios 2020 y 2021. González adquirió en julio de 2022 un piso en Madrid con una tasación próxima al millón de euros en el que reside con Ayuso.
Conexiones

Uno de los miembros del consejo de administración de Mape es desde julio de 2019 Fernando Camino Maculet. Ese año, Mape Asesores anotó en su memoria 29,9 millones como importe neto de la cifra de negocio, es decir, ingresos. En 2020, la cifra se multiplicó por cuatro y quedó en 113,25 millones.

Pero el cargo más relevante de Camino Maculet no es en Mape. Directivo del coloso sanitario Quirón, preside una de sus filiales, Quirón Prevención SL, la rama del holding Quirón que se convirtió –así lo señala la Fiscalía– en el “principal cliente” de Alberto González. Como publicó infoLibre, González cobró 1,6 millones en el bienio 2020-2021 de Quirón Prevención SL, que gestiona los reconocimientos médicos para la plantilla de la Comunidad de Madrid.

Lejos de limitarse a Quirón Prevención SL, la relación de Fernando Camino y Alberto González ha ido más allá de esa frontera, dicho sea en sentido literal. En 2013, Camino fue uno de los fundadores de Insumos Médicos del Pacífico SA, constituida en Panamá, uno de los países de la lista europea de paraísos fiscales. González ocupó el cargo de director desde febrero de 2014 y siguió como directivo en esa mercantil hasta que en mayo de 2022 renunció al cargo, como consta en los documentos oficiales del istmo centroamericano. La renuncia se inscribió en el registro mercantil justo el día –12 de mayo de 2022– en que la Agencia Tributaria le notificó el inicio de un proceso de comprobaciones que derivó en la denuncia por un delito fiscal vinculado al impuesto de sociedades de 2020 y 2021.
La Xunta: "Mape también fue seleccionada por el Ministerio"

A preguntas de infoLibre sobre si hubo algún elemento que situara en 2020 a Mape Asesores en una posición preponderante pese a su nula presencia en licitaciones anteriores, fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad de Galicia ofrecieron la siguiente respuesta: “El objeto social de esta empresa gallega es el transporte y distribución de material sanitario. A la empresa Mape Asesores SL se le adjudicaron 10 contratos de los 232 que se firmaron en total”.

Los portavoces de la Consejería prosiguen así: “Tal y como recoge el informe del Consello de Contas, a comienzo de la pandemia cambia en cierta medida el perfil del proveedor, incorporándose a los ya habituales otras empresas que cuentan con contactos comerciales en los países productores, especialmente China”. Según la Xunta, “fue necesaria la diversificación de proveedores ya que ninguno de ellos, por sí mismo, era capaz de suministrar al Sergas toda la cantidad de material que se necesitaba. Además, se buscaba minimizar los riesgos de que cualquier empresa sufriese una ruptura de stocks, la pérdida de una operación en el mercado internacional o un retraso en la entrega”. Como colofón, las fuentes oficiales consultadas en la Xunta agregan que Mape Asesores SA “también fue seleccionada por el Ministerio de Sanidad como una de las proveedoras de referencia en el Acuerdo Marco para compra centralizada de material sanitario que tramitó el Gobierno de España”.

infoLibre fracasó en su intento de hablar con algún portavoz de Mape Asesores SA. Desde la centralita de su sede quien atendió la llamada se limitó a facilitar un email de contacto pero anticipando que sobre el asunto de Alberto González la empresa rehusaba pronunciarse. A la dirección electrónica este medio envió dos preguntas: 1) Qué factor condujo a que una empresa –Mape Asesores– que no había operado como suministradora de la Xunta de Galicia antes de 2020 se convirtiera ese año en la principal adjudicataria de contratos de emergencia. 2) Si la presencia de Fernando Camino en el consejo de administración de Mape Asesores indica la existencia de algún vínculo entre la empresa gallega y el holding sanitario Quirón Salud. No hubo respuesta para ninguna de las dos cuestiones.

Los portavoces de Quirón declinaron igualmente dar explicaciones. Y tampoco ha sido factible hasta ahora contactar con Alberto González ni con nadie que ejerza su portavocía de manera oficial.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso sostiene que este es un caso que afecta a un particular. Simultáneamente, su equipo ha amenazado con “triturar” a eldiario.es por desvelar la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal, ha acusado a periodistas de ese medio de intentar allanar el piso de lujo comprado en 2022 por González y en el que reside con la presidenta y ha acusado también a periodistas de El País de acosar a vecinos de la pareja. Tras proclamar hace semanas que era Hacienda la que tenía una deuda de 600.000 euros con Alberto González y sostener que su novio está siendo víctima de una “cacería política”, Ayuso aventuró este martes que los periodistas que investigan el caso “probablemente tendrán que disculparse” porque “todo es falso”."                 (Alicia Gutiérrez, InfoLibre, 14/04/24)

18/7/23

Luces, cámara... ¡Feijóo! (2): 13 años de privatizaciones, nepotismo y degradación de la sanidad pública en Galicia

 "El pasado lunes día 11, el ciudadano L.P. intentó pedir cita en su centro de salud en Caldas de Reis (Pontevedra) para que le renovaran las recetas de una medicación que precisa para una enfermedad crónica. El sistema informático que gestiona la agenda de atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) le indicó que no había ningún hueco libre para que le devolvieran la llamada hasta el lunes 24.

Son trece días, y a L.P. le pareció una barbaridad. Así que por la noche, mientras veía el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, colgó en su cuenta de Twitter el pantallazo de la agenda del Sergas con este mensaje en gallego e inglés: "Mientras tanto, en la atención primaria de la tierra del Gran Gestor...".

Poco después empezaron a caer en su cuenta respuestas de usuarios de la red social y de la sanidad pública gallega que se encontraban en una situación parecida.

"Yo sólo tengo que esperar nueve días, soy afortunado", alegó uno de ellos, enseñando con un pantallazo la agenda de citas que el Sergas le ofrecía a él ese mismo día. 

"Pues aún eres afortunado", le dijo otro, que adjuntó imagen con la respuesta que recibió del sistema: "La agenda del profesional no dispone de huecos libres para pedir cita de consulta en los próximos días".

La usuaria PECZ también reflexionó: "Y yo sin clases de parto porque no hay matrona de sustitución, pero será culpa de ETA y Bildu...". Otro tuitero, identificado como sev pau, resumió así su caso: "Yo, 15 días para un análisis de sangre. Una gestión impecable".

Los recortes congelaron el presupuesto de sanidad

El año en que Alberto Núñez Feijóo tomó posesión de la presidencia de la Xunta -2009- la inversión del Gobierno autonómico en sanidad alcanzó los 4.668,3 millones de euros a precios de 2022 -es decir, aplicándole a esa cantidad el incremento del índice de precios al consumo-. Cuando el hoy candidato del PP la abandonó ese mismo año, no llegaba a los 4.585 millones.

Más de 379.000 personas esperan en Galicia por una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica

Los recortes aplicados por la Xunta de Feijóo han dejado a la sanidad pública gallega en una situación crítica. Y no sólo en la atención primaria. Según los últimos datos del Sergas, referidos a diciembre de 2022, más de 215.000 personas esperan a que les atienda un especialista, cerca de 118.000 aguardan por una prueba diagnóstica y más de 46.000 están pendientes de una intervención quirúrgica. Son 379.000 personas, el equivalente a casi toda la población de Pontevedra y Vigo tomadas de forma conjunta.

La media de espera para una consulta de especialista en los hospitales públicos de Galicia es de 66 días. Aunque en más de cuarenta servicios médicos se superan con creces los tres meses, con casos sangrantes: más de 230 días para una consulta de rehabilitación en el hospital de Ourense o 215 para que te atienda un cardiólogo en el de A Mariña en Lugo, por poner dos ejemplos.

Se trata de esperas medias, lo que significa que hay pacientes que deben aguardar mucho más, como sucede con las pruebas diagnósticas: 200 días por un intervencionismo por ecografía en A Coruña; 215 por un estudio de sueño en Santiago, 196 días por una radiografía de mama en Lugo...

Cinco meses para operar a un menor en Santiago

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, la espera media son dos meses y medio, aunque hay especialidades en todos los hospitales que multiplican esa cifra: más de 126 días para una operación de traumatología en A Coruña; 144 días -casi cinco meses- por una cirugía pediátrica en Santiago; 137 días por una de urología en Ferrol; 173 por un neurocirugía en Ourense...

"Tenemos entre cuarenta y cincuenta citas todos los días. Y no es una situación coyuntural, pasa todos los días"

"La situación es extremadamente grave", explica el doctor Xosé María Dios Diz. Es médico especialista en atención primaria en Serra de Outes, un municipio rural de la provincia de A Coruña situado sobre la ría de Muros y Noia. En su centro de salud, que cubre un área de más de 6.000 usuarios, son seis médicos, incluido un pediatra. Tienen asignados entre 1.100 y 1.200 pacientes cada uno.

"Tenemos entre cuarenta y cincuenta citas todos los días. Y no se trata de una situación coyuntural por un pico de demanda. Sucede todos los días desde hace años", relata, recordando las dificultades que tienen los médicos para garantizar a sus pacientes el tiempo y la dedicación que merecen. No es fácil, y muchos acaban sufriendo desánimo y situaciones de estrés recurrentes. "Yo no estudié para trabajar de esta manera", lamenta él.

Médicos que emigran por la precariedad y los bajos salarios

Dios Diz es uno de los portavoces de la plataforma SOS Sanidade, que desde hace años lleva denunciando que los recortes aplicados durante los gobiernos de Feijóo, que se han mantenido con su sucesor, Alfonso Rueda, están destrozando el sistema y provocando que los médicos no quieran dedicarse a su profesión en Galicia. Ni siquiera cuando les ofrecen una plaza fija en propiedad.

"Hacen falta al menos mil doctores más en primaria. En las últimas oposiciones convocadas por la Xunta se ofertaban sólo 106 plazas, y de ellas doce se quedaron sin cubrir. Es normal que muchos médicos las rechacen cuando el salario base que se les ofrece son 1.280 euros mensuales".

"Quienes han tenido que dedicar un mínimo de once años de su vida a su formación [seis años de carrera y otros cinco como médicos internos y residentes] no están dispuestos a trabajar por ese dinero y optan por marcharse a la sanidad privada, a otras comunidades autónomas o a otros países", concluye el facultativo.

El Sergas dispone de 469 médicos y 517 enfermeros por cada 100.000 habitantes, la quinta y segunda peor ratio de todo el Estado, respectivamente. Entre 2010 y 2023, más de 1.200 galenos gallegos colegiados solicitaron el certificado de idoneidad para poder emigrar y trabajar en el extranjero

815 camas menos en los hospitales públicos

Desde que Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta también se perdieron 815 camas hospitalarias, el 8% de las que había. Hoy hay 3,3 por cada mil habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de entre ocho y diez. Hay servicios de urgencias de algunos hospitales, como los de Santiago, A Coruña, Pontevedra y Vigo, donde el colapso es la constante y todos los días hay pacientes graves a los que se encama y trata en camillas o sillas de ruedas en los pasillos.

La degradación de la sanidad pública ha corrido paralela al crecimiento de la sanidad privada financiada con fondos públicos. Este 2023, el Sergas entregará 236 millones de euros de su presupuesto a multinacionales privadas de la sanidad como Vivalto Santé, Hospitales de Madrid (HM), Vithas Quirón y Ribera Salud, que desembarcaron en Galicia con Feijóo a partir de 2009 adquiriendo pequeñas clínicas familiares para aprovechar el negocio que les ofrecía el nuevo Gobierno de la Xunta. 

La Xunta entregará este año 236 millones de euros a las grandes multinacionales de la sanidad privada

En 2009, los pequeños hospitales privados independientes eran 19. Hoy sólo queda uno. Hay otro gran hospital privado en Vigo, Povisa, propiedad de Ribera Salud, que se encarga de la atención de 130.000 pacientes de la sanidad pública. El 80% de sus ingresos provienen del Sergas.

El desmantelamiento del sistema público durante los mandatos de Feijóo también ha beneficiado a las grandes aseguradoras: entre 2017 y 2021, más de 44.000 gallegos han contratado un seguro privado, elevando a 427.000 el número de personas que han suscrito una póliza de salud. Son el 16% de la población de la comunidad.

Purgas de médicos críticos con los recortes

Los profesionales que han osado oponerse a la política sanitaria de Feijóo han sufrido severas consecuencias. Entre 2009 y 2014, el Sergas inició una campaña destinada a retirar de sus puestos a los jefes de servicio que denunciaron que los recortes y privatizaciones estaban acabando con la calidad asistencial e incluso con la vida de sus pacientes.

Profesionales de enorme prestigio perdieron su puesto mediante oposiciones amañadas y expedientes sancionadores ilegales destinados a desprestigiarlos y a colocar en sus cargos a médicos afines. El primero fue Evaristo Varo, catedrático de Cirugía en la Universidade de Santiago, expresidente de la Sociedad Española de Transplante Hepático e impulsor de los programas de trasplante de órganos en el hospital de esa ciudad. Ese centro lo dirige hoy la prima carnal de Feijóo, Eloína Núñez Masid, a quien éste fue ascendiendo desde su llegada a la Xunta y a quien también colocó en la ejecutiva autonómica del PP.

Feijóo acabó con los médicos críticos con sus recortes mediante oposiciones que los tribunales declarados amañadas

Evaristo Varo había denunciado al Sergas por la muerte de siete pacientes de hepatitis C a los que la Xunta se negó a financiar el medicamento que les habría salvado la vida. Un caso similar al de José María Borro, director del programa de trasplante pulmonar del hospital de A Coruña, expedientado ilegalmente y privado de su plaza de jefe de Cirugía Torácica en ese centro por denunciar que tres médicos de su servicio derivaban a la empresa privada que habían fundado a enfermos de cáncer de pulmón del hospital público, a los que cobraban por operarles.

También fueron purgados tres jefes de servicio del hospital de Pontevedra: Víctor Pedreira, jefe de Psiquiatría, represaliado por haber formado parte, como Subdirector Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias, del Gobierno de coalición PSOE-BNG que precedió al de Feijóo; Enrique Vázquez Astray, jefe de del servicio de Digestivo del mismo hospital, quien perdió su plaza tras oponerse a los recortes ordenados por el nuevo gerente nombrado por Feijóo; y Enrique Temes, jefe de Neumología en el mismo centro, a quien le ocurrió lo mismo.

Oposiciones amañadas tumbadas por los tribunales

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acabó anulando las oposiciones que purgaron a los médicos citados, declarándolas literalmente manipuladas en un ejercicio evidente de desviación de poder y en una estrategia fundamentada en acusaciones falsas vertidas a mala fe y destinadas a desacreditarles y apartarles de sus puestos para favorecer a médicos afines al PP.

También sufrieron la represión de Feijóo otros trabajadores y trabajadoras, como Fátima Nercellas, médica de Urgencias en Santiago y portavoz del sindicaro O'mega, a quien Núñez Masid abrió dos expedientes en 2019 por atender en la sala de observación del hospital a dos pacientes que esperaban hacía horas en los pasillos del servicio, permanentemente colapsado.

A Javier Castrillo, ginecólogo de Verín, una localidad de Ourense con 14.000 habitantes -de los que 3.000 son mujeres de entre 15 y 50 años-, la Xunta le abrió expediente de suspensión de empleo y sueldo por protestar contra el cierre del único paritorio del municipio.

El modelo que Feijóo diseñó y ejecutó en la sanidad gallega también está plagado de puertas giratorias de ida y vuelta

Al tiempo que se desarrollaba esa estrategia de acoso contra los médicos que defienden la sanidad pública, la Xunta premiaba a parientes de altos cargos y militantes del PP que apoyaban lo contrario. La prima de Feijóo es un buen ejemplo, al que cabe añadir el de Manuel Bustamente, esposo de la exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera y que obtuvo la plaza de Evaristo Varo en el hospital de Eloína Núñez cuando la propia Mosquera era gerente del Sergas.

El modelo que Feijóo diseñó y ejecutó en la sanidad gallega también está plagado de puertas giratorias de ida y vuelta: Justo Jorge, exasesor y exjefe de la Consellería de Sanidade, obtuvo la gerencia del hospital privado Polusa de Vigo, propiedad de Ribera Salud, y más tarde la dirección de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (Ahosgal), la patronal del sector, a la que están adscritas las multinacionales citadas anteriormente.

Nepotismo y amiguismos

Su sucesor en Ahosgal, José Ramón Santamaría Barreiro, dimitió del cargo en 2019 para presentarse como candidato en las listas del PP al Ayuntamiento de Vigo en las elecciones municipales de ese año. Luis Verde Remeseiro, exconcejal del PP en la localidad coruñesa de Abegondo, fue nombrado en 2009 director del área sanitaria de Ferrol, luego de la de Santiago y luego de la de A Coruña.

Alberto Pedreira Fidalgo, exdirectivo de la clínica privada Centro Médico del Carmen de Ourense, adscrita a Ahosgal, es desde marzo pasado director del distrito sanitario del Sergas en la comarca de Valdeorras (Ourense).

La confusión entre sanidad pública y privada en Galicia tiene su símbolo más paradigmático en el de los hermanos Estrella y Manuel López Pardo, en un caso que desveló hace unos meses el diario Nós: Estrella es la actual gerente del Sergas, y Manuel, el gerente de la  Ahosgal. 

Es decir, que el hermano de la gerente de la sanidad pública gallega dirige la patronal de los hospitales privados. Para el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no existe incompatibilidad alguna porque la independencia de Estrella con respecto a su hermano Manuel "está garantizada"

Privatizar "el núcleo duro" de la sanidad pública

En la campaña electoral de las autonómicas de 2012, Feijóo se mostró partidario de poner en manos privadas todo lo que no fuera "el núcleo duro" del sistema público de salud, que adolecía, a su juicio, de "rigideces propias de una oficina administrativa".

Feijóo anunció en 2012 su intención de privatizar "todo lo que no sea el núcleo duro" de la sanidad pública

Once años después, tras haber ejecutado ese plan, promete que hará todo lo contrario si llega al Gobierno: un pacto de estado para "blindar la sanidad pública",  mil plazas MIR en atención primaria; refuerzo de la atención en salud mental; más hospitales; mejores condiciones salariales para los médicos...

Feijóo promete todo eso a pesar de que las competencias en materia sanitaria están transferidas desde hace décadas a las comunidades autónomas.

Él las gestionó en Galicia, donde, mientras tanto, las listas de espera se han disparado, hay pacientes que mueren por falta de médicos en los centros de salud, se eliminan vacunas del calendario infantil, se obliga a enfermos crónicos a esperar semanas para obtener la medicación que precisan para tratar su enfermedad, se da cita a una anciana para que le retiren una escayola quince meses después de ponérsela o se deriva a un hombre con discapacidad a cientos de kilómetros para que le operen un un hospital privado.

El menor porcentaje de plazas públicas en residencias

Las mismas claves que explican la gestión de Feijóo en materia sanitaria pueden aplicarse también a su política en servicios sociales. Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Galicia es la segunda comunidad española más envejecida, sólo por detrás de Asturias, pero también es la que tiene la menor oferta de plazas públicas en residencias de mayores. Sólo un 41% frente al 62% de la media española.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una ratio de cinco plazas por cada cien mayores, pero en Galicia el porcentaje no llega al 3%. Durante los 13 años que Feijóo ha permanecido al frente de la Xunta no se ha construido ni una sóla residencia pública a pesar de que, según el Imserso, hay un déficit de más de 14.000 plazas.

Además, buena parte de las residencias públicas han sido privatizadas y están en manos de multinacionales sobre las que han recaído denuncias por la escasez de medios y de personal que han derivado en casos de maltrato a los ancianos e incluso de muertes por desatención.

480 muertes por covid en residencias privadas

La diferencia entre las ventajas y desventajas de la gestión pública o privada de las residencias se puso de manifiesto durante la emergencia sanitaria. En los nueve primeros meses de la epidemia de covid fallecieron en Galicia 1.247 personas, de las que 509 murieron en residencias. De ellas, 480, es decir más del 94%, eran usuarias de centros gestionados por empresas privadas. En contraste, en los geriátricos públicos se registraron 29 muertes.

"Somos de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas potencialmente dependientes, pero tenemos déficit de plazas y la mayoría están privatizadas", explica Marina Ortega, diputada del PSOE en el Parlamento de Galicia y portavoz en la Comisión de Sanidade, Política Social y Empleo.

"También somos la segunda autonomía con menor número de técnicos de inspección destinados a velar por que se cumpla la normativa", añade.

Al frente de la Consellería de Política Social de la Xunta está desde 2018 Fabiola García, licenciada en Derecho y casada con Lucas Martinón, quien hasta noviembre de 2020 fue director xeral de Comunicación de la Xunta.

Hasta que le obligaron los jueces, la Xunta de Feijóo se negó a hacer públicas las cifras de muertes en las residencias

Durante y después de la pandemia, el departamento de García se negó a hacer públicos los datos de fallecimientos en las residencias hasta que una sentencia del TSXG, basada en una denuncia del diario digital Praza Pública, que apeló a la Ley de Transparencia, le obligó a entregarlos.

La propia Marina Ortega se los había pedido sin éxito a la Xunta por vía parlamentaria: "Me harté de pedir mediante todas las fórmulas reglamentarias el número de fallecidos por cada residencia", explica.

"Primero no respondieron, luego la conselleira llegó a decirme en una intervención en el Parlamento que los buscara en Google, luego que no podían facilitarlos para no vulnerar la Ley de Protección de Datos... Finalmente, tras la sentencia del TSXG, me los proporcionaron en la tarde noche del pasado fin de año. Eran los datos desglosados por centros, pero no el cómputo global de la pandemia".

Más recortes en dependencia

Para Ortega, la gestión de las residencias es uno de los dos aspectos más relevantes de las "cuestionables" políticas de Feijóo en materia de asuntos sociales.

El segundo son "los recortes millonarios" a las ayudas a la dependencia "con Rajoy en el Gobierno central", que se tradujeron "en la disminución sangrante de la retribución que recibían las personas cuidadoras de familiares con dependencia, padres o hijos, y de su cotización especial".

"Les dijeron: Vas a cobrar menos o nada, y además la cotización social, si la quieres, te la tienes que pagar tú de tu bolsillo. Todo ello gracias a un real decreto de 2012 de Mariano Rajoy que fulminó la aportación estatal y la dejó en mínimos nunca vistos ", concluye.

En el año 2010, la inversión de la Xunta en servicios sociales era de 778 millones de euros a precios de 2022. Tras años de recortes, esa cifra no se recuperó hasta 2020."            (Juan Oliver, Público, 14/07/23)

20/4/23

Residencias privadas para maiores: leccións non aprendidas despois da pandemia... O factor máis importante é a falta de persoal e isto non permite cumprir cos rateos mínimos profesional-usuarios. Detrás da falta de persoal hai unhas condicións de traballo consideradas “inhumanas”. Por outra parte, hai quen cualifica estes centros como “macrogranxas” ou “cadeas de montaxe” en canto atención ás persoas usuarias

 "As directivas das empresas detrás de residencias para maiores non parecen ter sacado conclusións en firme despois do máis duro da pandemia. Iso din representantes sindicais do sector cuxa reivindicación unámime é a mellora integral nas condicións laborais. Os baixos salarios obrigan a moitos e moitas traballadoras do sector a abandonar os seus postos buscando outros empregos ou indo para residencias públicas. 

A isto súmase a falta de formación acaída nas novas profesionais que se incorporan ao traballo. Algúns sindicatos denuncian a chegada de novo persoal con só uns meses de formación. A estes novos cadros, ás veces, profesionais con máis experiencia deben explicarlles sobre a marcha os pasos para cada tarefa que deben facer.

CONDICIÓNS LABORAIS DE “MACROGRANXA”

“Aínda hoxe, despois de todo o que pasou coa COVID, non se cubren quendas por falta de pesoal nin permisos retribuídos nin vacacións e tamén hai unha carencia grave de material” di Maribel Barreiro de TREGA. Xunto a isto, Barreiro sinala a falta de subas salariais nos anos 2020 e 2021. “Agora en 2022 haberá unha suba dun 6,5% e para 2023 será do 1%”. Con anterioridade houbera un preacordo cunha suba do 1% para 2022 e 2023 ademais de 50€ liñais. “O preacordo tombárono nas asembleas” de traballadoras ademais de que a CIG saíra dese preacordo en 2021 por considerar que “non era decente”.

As condicións laborais, incluíndo salarios, están promovendo unha fuga de persoal cara a sanidade pública ou outros traballos. “Estiven nunha vila onde hai unha residencia e un centro de FP que forma persoal xerocultor, ademais, é un lugar cunha importante industria de conserva, pois a maioría das profesionais que entran na residencia marchan para a conserva porque gañan máis” di Javier Martínez de UGT.

“Non hai persoal, fanse contratos a media xornada que en realidade son quendas brutais, á parte, non se respectan os rateos establecidos” di Bea Fernández da CIG. “Hai centros sen quenda de noite, centros onte tamén están ingresados grandes dependentes” apunta Fernández. A representante sindical cualifica o estado das residencias como “macrogranxas” para persoas maiores. “Estase contratando xente sen formación ou cunha formación mínima de seis meses”.

TENSIÓN SEN DESCARGAR NA “CADEA DE MONTAXE”

“Aínda temos a tensión da pandemia, non puidemos descargala, por iso moitas van con ese medo a contaxiarse ou contaxiar” describe Iria Estévez de CC.OO. “As condicións non melloraron e a falta de persoal trouxo contratacións de persoal sen formación que debeu ser “formado” polo persoal veterano”.

“O modelo de traballo actualmente é como “unha cadea de montaxe”. Unha inspección da Xunta encontrou aos usuarios almorzando ás 11 da mañá nunha residencia e a comida era á unha” di Javier Martínez. “A Inspección da Xunta non debera chegar con previo aviso ás residencias, debera caer a primeira hora, á hora da comida e ver como está funcionando todo”. Tanto Inspección como as xerencias privadas ou non saben o que está sucedendo ou miran para outro lado, aseguran as fontes consultadas.

“En cinco minutos non che dá tempo a asear un usuario estea como estea, nin podes falar con eles” di Bea Fernández, en referencia ao trato que se lles debera dispensar de escoita activa ás persoas usuarias. “Hai persoal que cae por sobrecarga de traballo e tamén os usuarios caen na conta da situación dicíndoche “e xa volves estar aquí?””.

Actualmente o salario dunha xerocultora está en 1.098,56€, mentres que a categoría máis inferior está cobrando 1.007€. Con estes salarios e unhas condicións de traballo que xa se denunciaron a Inspección da Xunta e á Fiscalía sen resposta aínda, o persoal das residencias afronta un período de incerteza en canto posibles melloras, pois “moitas veces as xerencias destes centros tampouco é que saiban moito sobre o que teñen entre mans”.                   (Moncho Mariño, Galicia Confidencial, 31/10/22)

6/9/22

El desastre de DomusVi en Galicia contrasta con la muy baja mortalidad en las residencias de gestión pública

 "DomusVi es el grupo de residencias hegemónico en España. Cuando llegó la pandemia gestionaba 139 centros, con casi 18.500 plazas, y era el único que tenía presencia en todas las comunidades autónomas. En manos de fondos con inversores que se esconden en el paraíso fiscal de Jersey, si hay una empresa que ejemplifica la hecatombe sufrida en las residencias españolas durante la primera ola de la pandemia, esa es DomusVi. En 2020 fallecieron en sus instalaciones 2.100 mayores, más de la mitad con covid o síntomas compatibles.

La catástrofe en DomusVi fue general, da igual fijarse en los datos de Madrid, Cataluña, País Vasco o Baleares. Pero, si cabe, fueron especialmente sangrantes en Galicia, precisamente la comunidad donde gestionaba mayor número de geriátricos. Los datos de fallecidos desglosados por centros desvelan que casi la mitad de las muertes en dicha comunidad en marzo y abril de 2020 eran personas residentes en DomusVi. 

La multinacional, que tiene su sede española en Vigo, acudió a los tribunales para impedir que infoLibre tuviera acceso a la información. Primero había sido la Xunta, gobernada entonces por Alberto Núñez Feijóo, quien negó los datos a este periódico. El Gobierno gallego aportó la información de fallecimientos en residencias públicas, pero mantuvo ocultos los de las privadas.

Después de que la Valedora do Pobo –el órgano autonómico con competencias en transparencia– ordenase hacer pública la información, la Xunta se mostró dispuesta a facilitársela a infoLibre, pero entonces DomusVi acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para tratar de impedirlo. La sentencia del TSXG, dictada a finales de mayo y que ganó firmeza en agosto al no ser recurrida ante el Tribunal Supremo, tumbó las maniobras de la multinacional y la Xunta entregó finalmente la información solicitada por este periódico.

Además de la concentración de fallecimientos en los centros de DomusVi, la información oficial de la Xunta desvela que la mortalidad en las residencias de gestión pública en Galicia fue muy baja.

LOS PÉSIMOS DATOS DE DOMUSVI

En marzo y abril de 2020 estaban operativas en Galicia 220 residencias, que contaban con 19.348 plazas. El número de residentes fallecidos con covid o con síntomas compatibles ascendió a 275, lo que sitúa la tasa de mortalidad por debajo del 1,4%, una de las más bajas de España durante la primera ola.

Pero los pésimos resultados de DomusVi son incuestionables: gestionaba el 21,6% de las camas (4.192 en números absolutos) y registró el 48,0% de las muertes (124 personas). Una gigantesca diferencia de más de 26 puntos porcentuales.

Tres residencias se convirtieron en trampas mortales para las personas mayores: San Lázaro en Santiago, con 40 fallecidos; Barreiro en Vigo, con 31 decesos, y Aldán en Cangas do Morrazo (Pontevedra), con 29 muertes. En este último centro llama especialmente la atención que 20 de las muertes se produjeran en la residencia, un 68,9% del total, porcentaje muy por encima de la media de Galicia. Familiares de las víctimas protestaron públicamente de forma reiterada por la falta de traslados al hospital que se produjo en dicho geriátrico.

El segundo grupo más relevante en Galicia es la Fundación San Rosendo, que está controlada por el Obispado de Ourense. En su caso no se produjo ninguna desproporción entre fallecimientos y plazas gestionadas: disponía del 14,5% de las camas (2.819) y acumuló el 13,1% de las muertes (34 personas). La mayoría de los decesos se produjo en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en Ourense, donde perdieron la vida 28 personas.

El dato más positivo fue el de los 28 centros de gestión pública (21 del Gobierno autonómico, seis municipales y uno de una mancomunidad): en total tenían el 13,2 de las plazas residenciales (2.562), pero únicamente registraron el 2,3% de los decesos (6 personas). Cuatro de esos fallecimientos se produjeron en la residencia de la Xunta en la localidad ourensana de Castro Caldelas.

CENTROS DE CUIDADOS INTERMEDIOS

Galicia fue pionera en la creación de centros de cuidados intermedios. El objetivo era sacar de los geriátricos a residentes con covid para evitar que contagiasen a sus compañeros y llevarlos a dichos centros. La intención inicial era crear uno por provincia –aunque finalmente durante la primera ola sólo se abrieron dos en Baños de Molgas (Ourense) y en Santiago–, para atender sobre todo a enfermos procedentes de pequeños geriátricos, que habitualmente no disponen de médicos o enfermeras. Esos centros debían tener unos medios similares a los de una unidad hospitalaria.

La idea se la planteó a la Xunta Miguel Ángel Vázquez, presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX), que explica a infoLibre la motivación que se escondía tras su propuesta: “Nos parecía una aberración absoluta la respuesta que estaban dando los geriatras en Madrid de no permitir la derivación hospitalaria de muchos residentes, y temíamos que algo así terminase sucediendo en Galicia y nos quisimos adelantar. La Xunta fue receptiva a la idea y en muy pocos días se puso en marcha”.

El personal procedía de los centros de día, que estaban cerrados por el estado de alarma. Vázquez asumió la dirección de la residencia de Baños de Molgas y un vicepresidente de la SXGG la del centro de Santiago.

Más allá de lo pionero de la medida, lo cierto es que las derivaciones a los centros intermedios se realizaron con moderación. “La ocupación máxima que tuvimos en Baños de Molgas fue de 35 plazas, aunque la residencia disponía de 93 plazas”, señala Vázquez.

En la información facilitada por la Xunta, se indica que en el centro intermedio de Santiago fallecieron 11 personas y en el de Baños de Molgas murieron 5. No consta cuáles eras las residencias de origen de esos mayores, por lo que el número de fallecidos que eran residentes de DomusVi podría ser aún algo más alto.

Galicia no fue el único lugar donde se crearon este tipo de centros intermedios en España durante la primera ola. La medida también se adoptó, por ejemplo, en Cantabria o Gipuzkoa.

DERIVACIÓN A LOS HOSPITALES

Entre los datos solicitados por infoLibre a la Xunta figuraba el número de residentes fallecidos en el propio centro y en un hospital.

De los 275 fallecimientos totales en aquellos dos meses, 17 se produjeron en centros especiales (16 en los intermedios y 1 en una residencia de Nigrán donde se trasladó a residentes con test negativo de Vigo y Cangas). En cuanto a los 258 decesos restantes, 138 se produjeron en la residencia donde vivía la persona mayor y 120 en el hospital. Por tanto, el 53,5% del total de decesos se produjo en el propio centro.

Un porcentaje alto respecto a situaciones de normalidad –donde suele estar por debajo del 20% y contando siempre con el consentimiento de los familiares–, pero que está muy lejos del registrado durante la primera ola de la pandemia en aquellas comunidades donde se frenaron de forma masiva las derivaciones hospitalarias. En Madrid se produjeron en las residencias el 77% de las muertes, en Cataluña el 72% y en Castilla y León el 71%. Castilla-La Mancha no facilita esa información porque alega que no la tiene, pero otros datos relacionados con el impacto de la pandemia apuntan a que también superó o se acercó a esa cifra.

En otras palabras: el número de fallecimientos sin derivación hospitalaria se situó en la Galicia de Alberto Núñez Feijóo más de 23 puntos porcentuales por debajo del Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, como se indicó con anterioridad, con centros como el de DomusVi en Cangas do Morrazo con cifras muy por encima de la media gallega.

El impacto del covid en las residencias de Galicia fue similar en la segunda ola, como prueban los datos también oficiales publicados por Praza Pública, que indican que a principios de diciembre de 2020 el número de residentes fallecidos con covid (sin contabilizar por tanto en este caso a los que tenían síntomas compatibles) ascendía a 509."                         (Manuel Rico, InfoLibre, 30 de agosto de 2022)

12/8/22

Acusan a la Xunta de falsear a la baja las muertes por covid en las residencias durante la gestión de Feijóo

 "La Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias de Maiores e Dependentes (REDE) acusa a la Xunta de Galicia de falsear a la baja los datos de personas fallecidas en esos centros durante los nueve primeros meses de la epidemia de covid bajo el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

La Consellería de Política Social, que hasta ahora se había negado a proporcionar información alguna sobre la mortalidad en cada uno de los centros de mayores de Galicia durante la epidemia, asegura que entre marzo y noviembre de 2020 murieron en las residencias 509 personas. REDE asegura que a través de fuentes oficiales y de testigos directos tiene confirmados un mínimo de 567 fallecimientos, que podrían ser muchos más dado que, en opinión de sus portavoces, la Xunta sigue falseando y ocultando  información.

El pasado martes, el diario digital Praza Pública publicó un documento con la distribución de muertes en cada residencia, firmado por el director xeral de Maiores e Atención Socio sanitaria, Antonio Acevedo Prado. La Xunta lo envió casi dos años después de que el diario pidiera esos datos, obligada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestimó varios recursos de la empresa Domusvi. Es decir, la que acumula más de la mitad de los fallecimientos en residencias de Galicia y cuya consejera delegada en Galicia, Josefa Isabel Fernández Miguélez, fue cesada en XX de XX.

REDE cree que la Xunta "cercena y manipula de forma interesada los datos" porque sólo evalúa las muertes certificadas por covid, sin tomar en consideración aquellos casos que se presumían causados por el virus por los síntomas de los afectados aunque no se les había hecho la preceptiva prueba diagnóstica. "Esta manipulación restrictiva o limitadora de los datos va contra lo establecido por la Organización Mundial de la Salud", que en junio del 2020 solicitó a todos los gobiernos que reconocieran como muertes por covid "tanto los casos confirmados como los sospechosos".

REDE asegura disponer de documentos de la propia Xunta y de testimonios directos de trabajadores, usuarios y familiares de que las muertes por covid fueron más de los que reconoce la Xunta en al menos cinco centros: en Domusvi Barreiro, en Vigo, habrían sido 47, y no 32; en Domusvi San Lázaro, en Santiago, 53 y no 41; en Domusvi Aldán-Cangas, también en la provincia de Pontevedra, 38 y no 30; en la residencia de San Carlos, propiedad de la fundación católica San Rosendo, en Celanova (Ourense) propiedad del Obispado de esa ciudad, serían 11, y no nueve, y en la residencia de Salvaterra de Miño, en Pontevedra, 35 muertos y no 24 como asegura la Xunta.

Precisamente, REDE recuerda que la cifra de 35 decesos por covid en la residencia de Salvaterra figura en una información oficial de la Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia de la Consellería de Política Social elaborado en 2021 en respuesta a la familia de una de las víctimas. Público ha tenido acceso a ese documento, que certifica la veracidad de la versión de la asociación.

Los familiares y usuarios de las residencias cusan al director xeral de Maiores, Antonio Acevedo, de restringir la información sobre fallecidos por covid, tanto entre los residentes como entre las plantillas de los centros, y de haber puesto a Galicia "en la cola de transparencia informativa en el Estado español".

La Consellería de Política Social está dirigida por Fabiola García, licenciada en Derecho de 37 años y casada con Lucas Martinón, una de las personas más relevantes del círculo más cercano a Feijóo y quien fue director adjunto de la campaña electoral que le dio su primera mayoría absoluta; jefe de prensa del presidente y posteriormente director xeral de Comunicación de la Xunta. Desde finales de 2020 es consultor independiente de estrategia y comunicación.

Público se ha dirigido a la Consellería de Política Social para interesarse sobre la valoración que hace el departamento de Fabiola García sobre la acusación de las familias de las víctimas fallecidas en las residencias gallegas. Fuentes de Política Social se comprometieron a ofrecer una respuesta que al cierre de este artículo todavía no había llegado."                         (Juan Oliver, Público, 11/08/22)

4/3/22

A Xunta abandona o rastrexo masivo da covid logo de adxudicarllo a unha empresa privada por 14 millóns

 "Galicia deixará o vindeiro luns, 7 de marzo, de rastrexar os contactos estreitos dos casos positivos de Covid-19, en virtude do acordo alcanzado entre as comunidades e o Ministerio de Sanidade, salvo en "ámbitos vulnerables", entre os que se inclúen as áreas de hospitalización, residencias de maiores e discapacitados, centros de día e de diálese, ademais de cárceres.

Así o explicaron este venres en rolda de prensa o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, quen ratificaron que desde o 7 de marzo non se rastrexarán os contactos estreitos dos casos positivos de Covid da poboación xeral.

"Tras dous anos case de pandemia a volta á normalidade empeza a ser unha realidade", afirmou o titular de Sanidade, quen apelou a "facelo con sentidiño", co uso da máscara e outras medidas que "salvaron vidas". Ademais, agradeceu o traballo dos profesionais sanitarios que fixeron "posible esta situación". No entanto, indicou que "preocupan" secuelas, en especial no ámbito da saúde mental.

A decisión da Xunta, se ben está motiva pola decisión do Goberno central, deixa así atrás o contrato de 14 millóns polos que Sanidade adxudicou o rastrexo á empresa Extel, un acordo polo que esta debía prestar un ano de servizo pero que, coa cambio de rumbo do Goberno, quedou en apenas tres meses. Nas primeiras semanas sucedéronse as críticas á empresa pola deficiencia do servizo desenvolto, con chamadas que non se repetían e PCRs que nunca chegaban a porto. Como xa publicou o GC, a empresa comezou a prestar servizo a toda a poboación galega con só 10 persoas. A CIG calculou que con ese mesmo orzamento se poderían ter contratado miles de sanitarios do sistema público galego."                        (Galicia Confidencial, 04/03/22)

1/2/22

A Covid cébase coas garderías e deixa familias enteiras contaxiadas... Pais e nais denuncian "caos" e "saturación" das liñas de atención do Sergas e problemas para poder pedir baixas laborais. Desde a Xunta din que os novos protocolos postos en marcha "están funcionando ben".

 "As aulas pechadas nas gardarías --de 0 a 3 anos-- e nos colexios e centros educativos non universitarios duplicáronse nunha semana, o que significa que superaron o 20 por cento ou o cinco casos acumulados a sete días na mesma actividade.

 Unha situación que supón un salto cualitativo moi importante en número de contaxios. De feito, segundo fontes médicas consultadas por GC, garderías e colexios son agora un dos principais focos de contaxio da covid en Galicia. Unha situación que se agrava debido a que moitas crianzas aínda non teñen a dose completa de vacinación, e os menores de cinco, ningunha. 

Segundo os datos facilitados polas consellerías de Política Social e de Cultura e Educación, nas gardarías incrementouse o número de casos nun 61,72 por cento. Actualmente hai 17 aulas de infantil pechadas, fronte ás 9 que se rexistraron no parte da semana pasada. Con 117 casos, a área da Coruña é a máis afectada, seguida dos 108 de Vigo; os 65 de Santiago-Barbanza; os 55 de Pontevedra; os 45 de Lugo; os 42 de Ourense; e os 37 de Ferrol. Ademais, segundo a información actualizada, hai dous centros pechados ao completo: a escola infantil municipal A Rolada, de San Sadurniño; e o punto de atención á infancia de Touro, ambos na provincia da Coruña.

CRÍTICAS AOS NOVOS PROTOCOLOS

O novo protocolo introduce o concepto de contorna, que se aplica tanto á mesma aula, como ao mesma quenda de comedor, ao usuarios dunha liña escolar e ás actividades extraescolares realizadas nos centros. Para todas as persoas que participan en cada un destes ámbitos, aplícase o protocolo de aulas, é dicir, a partir de cinco casos ou o 20 por cento.

Precisamente, isto fai que algúns centros non informen de contaxios nos centros ata superar os cinco casos o que provoca que, cando se dea o aviso, haxa xa máis contaxiados xa que a crianza infecta a toda a súa familia. De feito, hai un incremento de casos de contaxios familiares nos últimos días, con todos ou case todos os integrantes dunha unidade familiar infectados de Covid.

SATURACIÓN DAS LIÑAS DO SERGAS

Por iso, pais e nais tratan de coordinarse a través de grupos de Whatssap para saber que nenos ou nenas están contaxiados e evitar aumentar o número de infectados nas aulas. "Isto agora é un caos. Chamas ao centro de saúde e non collen. Chamas ao Sergas e números colapasados. Logo cando podes falar con eles, resulta que os rastrexadores andan afogados", comenta un pai consultado por GC.

De feito, hai familias con problemas de conciliación e mesmo pais e nais con problemas para tramitar baixas laborais ante a imposibilidade que desde o Sergas ou desde a Atención Primaria lle poidan dar solucións polo "colapso das liñas".

"OS PROTOCOLOS FUNCIONAN BEN"

"Os nenos non teñen vacinas e son o principal grupo de risco. Certo é que os síntomas son prácticamente nulos", apuntan fontes da consellería de Educación consultados por GC que defenden os protocolos postos en marcha porque "están funcionando ben", tanto no caso dos prventivos como na de xestión de casos.

"A pauta evolutiva é a mesma do ano pasado: forte incremento despois do Nadal e caída brusca a finais de xaneiro que é o que se prevé", indican as mesmas fontes que suliñan que, "agás os problemas de conciliación, as familias están tranquilas e confiadas".                (Galicia Confidencial, 28/01/22)

27/1/22

El presidente de la federación gallega de familiares y usuarias de residencias: "Hemos perdido el control sobre nuestros parientes en la residencias"... hay una trama corrupta en el sector de los cuidadosa... la Xunta oculta contagios en varias residencias, como A Raiola, en Santigo, y la de DomusVi en Bembrive, en Vigo.

 "Paulino Campos es presidente de REDE, la federación gallega de familiares y usuarias de residencias y de la dependencia, y portavoz de La Plataforma, que reúne a veinte organizaciones de doce comunidades autónomas. Su asociación es la más combativa en la denuncia de la situación de los centros para mayores y de lo que califica de "trama corrupta" entre administraciones y operadoras privadas para hacer negocio con ellos.

¿Cómo valoran la situación actual en las residencias?

Desde el punto de vista estadístico en cuanto a personas infectadas estamos en las mismas cifras que hace un año, tanto en Galicia como en España. No hay la misma cifra de fallecidos por las vacunas, que ha sido una de las dos buenas noticias de la pandemia. La otra es la lección histórica que nos han dado las personas mayores a toda la sociedad, personas que han sido humilladas por el sistema, que han sufrido como perros y que siguen sufriendo todavía. Los hemos enviado al campo de batalla a morir, engañados y maltratados.

La semana pasada denunciaron ustedes que la Xunta ocultaba contagios en varias residencias, como A Raiola, en Santigo, y la de DomusVi en Bembrive, en Vigo.

Las residencias que me cita tienen a mejorar en cuanto a número de infectados, pero no en cuanto a las causas estructurales que constituyen los cimientos de los contagios. Las residencias en Galicia se mantienen en el top estatal en porcentaje de infectados. Si A Raiola de Santiago llegó la semana pasada al 87% de contagios entre los residentes, hoy le supera San Cosme, en Rubiá, en Ourense, con nada menos que el 95% de infectados, 63 de 66. De ambas teníamos noticias de la mala praxis en la gestión, ,en los cuidados, en la higiene, en la seguridad y en la vulneración de normativas, aunque esto se puede trasladar al Estado.

A Raiola es una residencia privada, y la de Bembrive, aunque de titularidad pública, también la gestiona una empresa privada.

En A Raiola los inversores son empresarios del sector de la cerámica y de la minería, y en San Cosme son empresarios de la pizarra. Es decir, que el espíritu del ladrillo, de la especulación, sigue anidando en el negocio usurero de los cuidados de los mayores dos años después del inicio de la pandemia. Ya lo dejó claro e la ex consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, en aquella frase demoledora que pronunció en el Parlamento gallego en noviembre del 2020, en un viernes 13: "Me siento orgullosa de ganar dinero con el cuidado de las personas más desfavorecidas". Un usuario en una residencia privada tiene trece veces más posibilidades de contagio que una residencia pública. Y los datos se pueden extrapolar al resto del Estado. En Galicia no se construye una residencia pública desde el 2009, desde que Feijóo llegó al Gobierno. Las administraciones no tienen la conciencia tranquila, están al borde de cierto sentimiento incluso criminal. En Galicia el 87% de las plazas están gestionadas por empresas privadas, en España es en torno al 89%. Se han desnudado por completo los servicios sociales, lo público ha quedado en sus manos. Estamos indefensos.

¿Cree usted que ha cambiado algo después de la tragedia que se vivió en las residencias durante las primera oleadas de la pandemia?

La radiografía actual no difiere mucho de lo que vivimos en el principio de la pandemia. En Galicia siguen siendo mayoritarias esta multinacional, la francobritánica DomusVi, y la filocatólica gallega Fundación San Rosendo, con vinculaciones claras con la Iglesia Católica y con el Partido Popular, que son también líderes en España. Y siguen encabezando en Galicia el ránking de contagios en esta ola de ómicron, cinco puntos por encima de lo que les correspondería proporcionalmente por número de residencias. La tercera parte de los casos de covid de Galicia está en los centros de estas dos operadoras. La Fundación San Rosendo tiene cuatro residencias entre las ocho que presentan un número más alto de contagios en Galicia.

Entonces, ¿no hemos aprendido nada?

Nada ha cambiado en la radiografía, mejor dicho, no es que no haya cambiado nada sino que estamos peor que en marzo del 2020. Los protagonistas de la hecatombe, de la deleznable gestión de la pandemia, siguen siendo los mismos. Al frente de las operadoras, al frente de las diversas administraciones, al frente de los servicios de inspección, de los despachos de los juzgados..., solo que con más de 30.000 mayores a los que hemos matado.

La sociedad entera será responsable de una conducta criminal si deja que se pase página en la investigación de la masacre que se vivió en las residencias

Lo digo sin circunloquios. La sociedad española en su conjunto es responsable de lo que ha ocurrido, de permitir que el edadismo, el abandono y la marginación de las personas mayores haya tomado cuerpo. Y es responsable de que determinadas autoridades hayan determinado quiénes tenían que morir a través de los aberrantes protocolos de no derivación a los hospitales, que es una vergüenza nacional. No sólo en la comunidad de Madrid, también lo hemos visto en Catalunya, en Castilla y León, en el área sanitaria de Santiago, a cuyo frente está la prima de Feijóo [Eloína Sánchez Masid]. Pero la sociedad entera será responsable de una conducta criminal si deja que se pase página en la investigación de la masacre que se vivió en las residencias. No podemos volver a poblar nuestra historia contemporánea de más cadáveres en las cunetas o en los armarios. Las víctimas y sus familias necesitan un reposo digno que sólo puede venir dado por la investigación, las explicaciones y la asunción de responsabilidades.

¿No ha mejorado la información, la transparencia?

En estos dos años han menguado la información y la transparencia y ha crecido la opacidad. Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo realmente, la fotografía real, y la Xunta sólo nos informa una vez a la semana, los miércoles, de las usuarias infectadas. Han retirado la información de las trabajadoras contagiadas, que también es muy importante, para nosotros y para la sociedad en general. Además, los servicios de inspección son absolutamente mínimos. La Xunta tiene trabajando en investigación real a 3,5 personas para 276 residencias. Son siete inspectores, pero en tiempo de trabajo, solo la mitad. Las otras 3,5 personas se dedican a tareas administrativas.

Ustedes hablan de una trama corrupta en el sector de los cuidados.

Hay una trama corrupta al frente de este modelo, o de estos modelos, porque no hay un único modelo español de residencias. Es una trama que han conformado en estas dos últimas décadas las administraciones públicas y las operadoras privadas, que han secuestrado y sustraído la voluntad y la vida de las personas mayores y han hecho de ello un negocio nauseabundo. En algunos pueblos de España los negocios más importantes, sostenibles en el tiempo en cuanto a su perspectiva y sus beneficios, son las residencias. No hay otros negocios en esos pueblos que permitan tener entre cincuenta y cien trabajadoras salvo las residencias.

La anterior consejera delegada de DomusVi tejió una red clientelar extraordinaria en todas las comunidades autónomas, porque es la única operadora que tiene residencias en todas ellas. Todas las fuerzas vivas le han guardado pleitesía y le deben favores porque ha dado empleo a muchas amistades en plena crisis económica. Son más de 20.000 personas las que trabajan en España directamente para DomusVi. España aporta el 61% de la fuerza laboral de la multinacional y es vista en este momento como el mayor laboratorio mundial en el negocio de las personas mayores. Y esta red clientelar va a ser defendida con uñas y dientes por los lobbies, que ya mostraron su fuerza en el 2018, conviene recordarlo, cuando impidieron que se tramitara la primera ley de residencias que llegó a un Parlamento, en este caso el de la comunidad de Madrid.

Cuando se dieron cuenta de que el negocio podría resquebrajarse, presionaron a sus aliados políticos naturales, en aquel momento el Partido Popular y Ciudadanos, y lograron que se echase abajo esa ley, que pretendía reformular la asistencia y los cuidados a las personas mayores desde la dignidad. En esa trama inmunda priman la corrupción moral, la usura, el abuso y el maltrato en los servicios que se prestan a las personas mayores y con discapacidad. Las administraciones han vaciado los servicios públicos, lo público se ha ausentado, lo han entregado a las empresas privadas y de iniciativa social, la mayor parte de filiación católica, casi el 90% de la gestión de las residencias en España. Si la trama que domina el sistema residencial español decidiera devolver a la administración pública las plazas que le ha alquilado o concertado, la atención en las residencias se colapsaría. La trama tiene la sartén por el mango.

¿Cómo se sienten las familias ante esa situación?

Hemos perdido el control sobre nuestros parientes en la residencias. Es inconcebible en un Estado de Derecho. En la mayor parte del Estado no se accede con normalidad de las residencias, y le hablo de la situación que vivimos ahora mismo. Más allá de que coyunturalmente estemos en el pico de la sexta ola, ya sucedía en los meses anteriores. Las visitas en las habitaciones están prohibidas, lo que remarca la situación de desamparo en la que viven cotidianamente las familias y la situación de soledad por la que transitan las usuarias. Todo ello deviene del escandaloso y criminal juego que practican con impunidad estas operadoras y estas administraciones.

Otro de los problemas que ustedes denuncian es que, pese a que las vacunas han reducido el número de muertes, las ratios de personal son tan bajas que cuando hay un brote que afecta a las trabajadoras, las residencias se quedan desasistidas.

El contingente laboral está más escuálido que nunca, no hemos aprendido, no existen todavía planes de contingencia, que ya estaban contemplados en el verano del 2020 como exigencia a las empresas. ¡Qué va! La Xunta de Galicia tiene residencias donde todavía no ha suscrito esos planes que la propia administración se exige a ella misma.

No existen las trabajadoras necesarias en número y formación apropiada. Igual sucede en los departamentos de inspección de las administraciones, como dije antes. Y las direcciones de la residencias siguen sintiendo una especie de inmunidad e impunidad con la que han convivido graciosamente durante dos décadas, y todo porque sigue habiendo una deficiente labor de vigilancia de la administración sellada por la inacción de la justicia. De ahí que no sea extraño que asistamos, consternados, a sucesos lamentables como el incendio de una residencia en Moncada y la muerte de una residente con alzhéimer ahorcada por las sujeciones que sufría, así como las coacciones y amenazas a las familias que osan plantear reclamaciones objetivas y razonadas sobre vulneración de normativas. Yo mismo he sufrido cómo una directora me ha deseado la muerte en una conversación telefónica reciente. O expulsiones de residentes, o discriminaciones intolerables a personas con discapacidad, o lo que Público describió que pasa en A Raiola, donde hay gente que pasa hambre.

¿Son casos aislados?

Esto sucede en las 5.500 residencias que hay en España, con 400.000 mayores. Evidentemente habrá excepciones. Pero no se piensa en el factor humano, prima el resultado económico. Esa es la radiografía de estos dos años. Prima el resultado económico de unas instalaciones donde son aparcadas indecorosamente miles de personas que sufren deshidratación y desnutrición, padecen humillaciones... Los malos tratos se han institucionalizado, les han despojado de sus derechos, no tienen voz. Eso significa que nuestra sociedad está enferma.

¿Qué le diría usted a la sociedad en general?

Cuando alguien nos dice frívolamente en las redes que por qué seguimos llevando a nuestros familiares a las residencias cuando conocemos esa realidad, les digo que espero que nunca en la vida tengan la necesidad de llevar a una residencia a personas con terribles enfermedades crónicas, como la que tenía mi mamá, que padecía demencia por cuerpos de Levy. A ella le tocó uno de los brotes más salvajes que se recuerdan en mi ciudad. Entre ocho enfermeras y auxiliares no fueron capaces de sujetarla. No me quedó otro remedio, lamentablemente, que llevarla a una residencia. Y de lo primero que me di cuenta es de que les desaparecían cosas de su armario.

Eso no pasa en ninguna cárcel. Una vez mi madre estuvo tirada en el suelo tres horas. Se cayó de la cama y y estuvo tres horas intentando levantarse. Nadie se dio cuenta, porque no hacían recuentos, hasta que llegó una amiga que venía a visitarla. En las residencias suceden cosas inaceptables, impensables, que nunca aceptaríamos pero que en ellas se han convertido en costumbre. Por eso hablamos de maltrato institucionalizado, malas prácticas, negligencias que se producen constantemente y que se han convertido en en el día a día, como que estén con pañales empapados durante cinco horas. Eso también la sucedió a mi mamá.

¿Cree que la sociedad se ha insensibilizado ante esa situación?

Ojo, que no toda la sociedad va a girar la cabeza. Aquí estamos nosotros, familiares y usuarias, a los que ya ni la muerte nos altera, porque convivimos con ella. En DomusVi Barreiro, donde murieron 47 personas y que fue la primera residencia intervenida en España, había un señor en la primera planta que me iba contando las muertes que se producían. Él lo sabía porque su habitación daba a la salida del garaje por donde salían los coches mortuorios con los féretros, que él iba contando. Salían por la noche para no alarmar, porque esas 47 personas murieron en apenas 15 días. Él iba contando los feretros y nos daba la información, que nosotros no teníamos porque el mismo día 30 en el que Feijóo accedió a la intervención, la Xunta dejó de informar del número de fallecidos.

Han creado ustedes La Plataforma, a nivel estatal, ¿Qué esperan conseguir?

De La Plataforma empezamos a hablar en el año 2019, no es resultado de la pandemia, ya viene de atrás. Empezamos las federaciones de Galicia, Madrid, Catalunya y Valencia, somos los cuatro fundadores. El primer objetivo fue que nuestra voz fuera más potente, porque imagínese si con 30.000 fallecidos aún nos cuesta trasladar las cuestiones y que se entienda lo mal que lo estamos haciendo como sociedad, antes de la pandemia era algo titánico. Nos unimos al final a finales del 2020, somo veinte organizaciones de doce comunidades autónomas, la mayor plataforma de Europa. Hemos logrado un hecho histórico, que por fin un Gobierno nos haya llamado a las familias para que nos sentemos en los foros donde se discute cuál es el futuro del sistema residencial. Estamos en una mesa de diálogo civil con el Gobierno y con otros organismos y asociaciones de la dependencia analizando un borrador para establecer un marco mínimo para las operadoras de residencias, que tendrían que cumplir unas normas básicas apuntaladas sobre la dignidad y el bienestar de los mayores. Y buscar otro modelo, otro sistema con residencias más pequeñas.

El Gobierno ha entendido que el número máximo de plazas serían cincuenta, nosotros lo respaldamos, pero lo tienen que aprobar las comunidades autónomas. Es una tarea muy complicada, porque son ellas las que tienen las competencias, pero no imposible. También hay una mesa de diálogo social donde están la patronal y dos sindicatos, UGT y CCOO, que están estudiando ese mismo documento. Y hay sintonía entre todos salvo en la patronal, que no quiere ese límite porque se puede acabar con uno de los principales núcleos del negocio de esas empresas que es la economía de escala. Cuantas más plazas, más ganancia.

¿Limitar el número de plazas acabará con los problemas?

Poner ese límite humaniza el contexto, aunque no garantiza que en las residencias de cincuenta plazas no se produzcan violaciones de los derechos fundamentales. Hay que vigilarlas, pero es importante también que estén cerca, que se procure que estén bien ubicadas en los barrios, que haya una vida comunitaria. Tiene que haber una implicación de la sociedad.. Tenemos que procurar que las personas mayores vivan con sus familias, y cuando eso no se pueda producir, como me pasó a mí con mi mamá, que vayan a centros que estén cerca. Ahora estamos sufriendo casos en los que la Xunta está desenraizando a las familias enviando a personas octogenarias y nonagenarias a doscientos kilómetros de su entorno familiar. Están destrozando a esas familias, a eso se le llama destierro. Dicen que el último destierro en Galicia fue el de Castelao. No, se están dando ahora mismo, la Xunta está desterrando a personas mayores de una forma insensible a cientos de kilómetros, con familias que recorren tres horas, Galicia de punta a punta, para poder verlas sólo 45 minutos.

¿Cómo ve el recorrido judicial de las querellas que se han presentado por las negligencias en las residencias?

En vista de la actitud nefasta e incluso grosera de la justicia española, al final tendrá que acabar en los tribunales europeos y en una actitud unida de las familias y ciudadanos de la UE, porque este es un problema general, no sólo es un problema de España aunque España sea el laboratorio principal de las residencias."                 (Juan Oliver, Público, 23/01/22)