El desastre de DomusVi en Galicia contrasta con la muy baja mortalidad en las residencias de gestión pública

 "DomusVi es el grupo de residencias hegemónico en España. Cuando llegó la pandemia gestionaba 139 centros, con casi 18.500 plazas, y era el único que tenía presencia en todas las comunidades autónomas. En manos de fondos con inversores que se esconden en el paraíso fiscal de Jersey, si hay una empresa que ejemplifica la hecatombe sufrida en las residencias españolas durante la primera ola de la pandemia, esa es DomusVi. En 2020 fallecieron en sus instalaciones 2.100 mayores, más de la mitad con covid o síntomas compatibles.

La catástrofe en DomusVi fue general, da igual fijarse en los datos de Madrid, Cataluña, País Vasco o Baleares. Pero, si cabe, fueron especialmente sangrantes en Galicia, precisamente la comunidad donde gestionaba mayor número de geriátricos. Los datos de fallecidos desglosados por centros desvelan que casi la mitad de las muertes en dicha comunidad en marzo y abril de 2020 eran personas residentes en DomusVi. 

La multinacional, que tiene su sede española en Vigo, acudió a los tribunales para impedir que infoLibre tuviera acceso a la información. Primero había sido la Xunta, gobernada entonces por Alberto Núñez Feijóo, quien negó los datos a este periódico. El Gobierno gallego aportó la información de fallecimientos en residencias públicas, pero mantuvo ocultos los de las privadas.

Después de que la Valedora do Pobo –el órgano autonómico con competencias en transparencia– ordenase hacer pública la información, la Xunta se mostró dispuesta a facilitársela a infoLibre, pero entonces DomusVi acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para tratar de impedirlo. La sentencia del TSXG, dictada a finales de mayo y que ganó firmeza en agosto al no ser recurrida ante el Tribunal Supremo, tumbó las maniobras de la multinacional y la Xunta entregó finalmente la información solicitada por este periódico.

Además de la concentración de fallecimientos en los centros de DomusVi, la información oficial de la Xunta desvela que la mortalidad en las residencias de gestión pública en Galicia fue muy baja.

LOS PÉSIMOS DATOS DE DOMUSVI

En marzo y abril de 2020 estaban operativas en Galicia 220 residencias, que contaban con 19.348 plazas. El número de residentes fallecidos con covid o con síntomas compatibles ascendió a 275, lo que sitúa la tasa de mortalidad por debajo del 1,4%, una de las más bajas de España durante la primera ola.

Pero los pésimos resultados de DomusVi son incuestionables: gestionaba el 21,6% de las camas (4.192 en números absolutos) y registró el 48,0% de las muertes (124 personas). Una gigantesca diferencia de más de 26 puntos porcentuales.

Tres residencias se convirtieron en trampas mortales para las personas mayores: San Lázaro en Santiago, con 40 fallecidos; Barreiro en Vigo, con 31 decesos, y Aldán en Cangas do Morrazo (Pontevedra), con 29 muertes. En este último centro llama especialmente la atención que 20 de las muertes se produjeran en la residencia, un 68,9% del total, porcentaje muy por encima de la media de Galicia. Familiares de las víctimas protestaron públicamente de forma reiterada por la falta de traslados al hospital que se produjo en dicho geriátrico.

El segundo grupo más relevante en Galicia es la Fundación San Rosendo, que está controlada por el Obispado de Ourense. En su caso no se produjo ninguna desproporción entre fallecimientos y plazas gestionadas: disponía del 14,5% de las camas (2.819) y acumuló el 13,1% de las muertes (34 personas). La mayoría de los decesos se produjo en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en Ourense, donde perdieron la vida 28 personas.

El dato más positivo fue el de los 28 centros de gestión pública (21 del Gobierno autonómico, seis municipales y uno de una mancomunidad): en total tenían el 13,2 de las plazas residenciales (2.562), pero únicamente registraron el 2,3% de los decesos (6 personas). Cuatro de esos fallecimientos se produjeron en la residencia de la Xunta en la localidad ourensana de Castro Caldelas.

CENTROS DE CUIDADOS INTERMEDIOS

Galicia fue pionera en la creación de centros de cuidados intermedios. El objetivo era sacar de los geriátricos a residentes con covid para evitar que contagiasen a sus compañeros y llevarlos a dichos centros. La intención inicial era crear uno por provincia –aunque finalmente durante la primera ola sólo se abrieron dos en Baños de Molgas (Ourense) y en Santiago–, para atender sobre todo a enfermos procedentes de pequeños geriátricos, que habitualmente no disponen de médicos o enfermeras. Esos centros debían tener unos medios similares a los de una unidad hospitalaria.

La idea se la planteó a la Xunta Miguel Ángel Vázquez, presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX), que explica a infoLibre la motivación que se escondía tras su propuesta: “Nos parecía una aberración absoluta la respuesta que estaban dando los geriatras en Madrid de no permitir la derivación hospitalaria de muchos residentes, y temíamos que algo así terminase sucediendo en Galicia y nos quisimos adelantar. La Xunta fue receptiva a la idea y en muy pocos días se puso en marcha”.

El personal procedía de los centros de día, que estaban cerrados por el estado de alarma. Vázquez asumió la dirección de la residencia de Baños de Molgas y un vicepresidente de la SXGG la del centro de Santiago.

Más allá de lo pionero de la medida, lo cierto es que las derivaciones a los centros intermedios se realizaron con moderación. “La ocupación máxima que tuvimos en Baños de Molgas fue de 35 plazas, aunque la residencia disponía de 93 plazas”, señala Vázquez.

En la información facilitada por la Xunta, se indica que en el centro intermedio de Santiago fallecieron 11 personas y en el de Baños de Molgas murieron 5. No consta cuáles eras las residencias de origen de esos mayores, por lo que el número de fallecidos que eran residentes de DomusVi podría ser aún algo más alto.

Galicia no fue el único lugar donde se crearon este tipo de centros intermedios en España durante la primera ola. La medida también se adoptó, por ejemplo, en Cantabria o Gipuzkoa.

DERIVACIÓN A LOS HOSPITALES

Entre los datos solicitados por infoLibre a la Xunta figuraba el número de residentes fallecidos en el propio centro y en un hospital.

De los 275 fallecimientos totales en aquellos dos meses, 17 se produjeron en centros especiales (16 en los intermedios y 1 en una residencia de Nigrán donde se trasladó a residentes con test negativo de Vigo y Cangas). En cuanto a los 258 decesos restantes, 138 se produjeron en la residencia donde vivía la persona mayor y 120 en el hospital. Por tanto, el 53,5% del total de decesos se produjo en el propio centro.

Un porcentaje alto respecto a situaciones de normalidad –donde suele estar por debajo del 20% y contando siempre con el consentimiento de los familiares–, pero que está muy lejos del registrado durante la primera ola de la pandemia en aquellas comunidades donde se frenaron de forma masiva las derivaciones hospitalarias. En Madrid se produjeron en las residencias el 77% de las muertes, en Cataluña el 72% y en Castilla y León el 71%. Castilla-La Mancha no facilita esa información porque alega que no la tiene, pero otros datos relacionados con el impacto de la pandemia apuntan a que también superó o se acercó a esa cifra.

En otras palabras: el número de fallecimientos sin derivación hospitalaria se situó en la Galicia de Alberto Núñez Feijóo más de 23 puntos porcentuales por debajo del Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, como se indicó con anterioridad, con centros como el de DomusVi en Cangas do Morrazo con cifras muy por encima de la media gallega.

El impacto del covid en las residencias de Galicia fue similar en la segunda ola, como prueban los datos también oficiales publicados por Praza Pública, que indican que a principios de diciembre de 2020 el número de residentes fallecidos con covid (sin contabilizar por tanto en este caso a los que tenían síntomas compatibles) ascendía a 509."                         (Manuel Rico, InfoLibre, 30 de agosto de 2022)

A Xunta abandona o rastrexo masivo da covid logo de adxudicarllo a unha empresa privada por 14 millóns

 "Galicia deixará o vindeiro luns, 7 de marzo, de rastrexar os contactos estreitos dos casos positivos de Covid-19, en virtude do acordo alcanzado entre as comunidades e o Ministerio de Sanidade, salvo en "ámbitos vulnerables", entre os que se inclúen as áreas de hospitalización, residencias de maiores e discapacitados, centros de día e de diálese, ademais de cárceres.

Así o explicaron este venres en rolda de prensa o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, quen ratificaron que desde o 7 de marzo non se rastrexarán os contactos estreitos dos casos positivos de Covid da poboación xeral.

"Tras dous anos case de pandemia a volta á normalidade empeza a ser unha realidade", afirmou o titular de Sanidade, quen apelou a "facelo con sentidiño", co uso da máscara e outras medidas que "salvaron vidas". Ademais, agradeceu o traballo dos profesionais sanitarios que fixeron "posible esta situación". No entanto, indicou que "preocupan" secuelas, en especial no ámbito da saúde mental.

A decisión da Xunta, se ben está motiva pola decisión do Goberno central, deixa así atrás o contrato de 14 millóns polos que Sanidade adxudicou o rastrexo á empresa Extel, un acordo polo que esta debía prestar un ano de servizo pero que, coa cambio de rumbo do Goberno, quedou en apenas tres meses. Nas primeiras semanas sucedéronse as críticas á empresa pola deficiencia do servizo desenvolto, con chamadas que non se repetían e PCRs que nunca chegaban a porto. Como xa publicou o GC, a empresa comezou a prestar servizo a toda a poboación galega con só 10 persoas. A CIG calculou que con ese mesmo orzamento se poderían ter contratado miles de sanitarios do sistema público galego."                        (Galicia Confidencial, 04/03/22)

A Covid cébase coas garderías e deixa familias enteiras contaxiadas... Pais e nais denuncian "caos" e "saturación" das liñas de atención do Sergas e problemas para poder pedir baixas laborais. Desde a Xunta din que os novos protocolos postos en marcha "están funcionando ben".

 "As aulas pechadas nas gardarías --de 0 a 3 anos-- e nos colexios e centros educativos non universitarios duplicáronse nunha semana, o que significa que superaron o 20 por cento ou o cinco casos acumulados a sete días na mesma actividade.

 Unha situación que supón un salto cualitativo moi importante en número de contaxios. De feito, segundo fontes médicas consultadas por GC, garderías e colexios son agora un dos principais focos de contaxio da covid en Galicia. Unha situación que se agrava debido a que moitas crianzas aínda non teñen a dose completa de vacinación, e os menores de cinco, ningunha. 

Segundo os datos facilitados polas consellerías de Política Social e de Cultura e Educación, nas gardarías incrementouse o número de casos nun 61,72 por cento. Actualmente hai 17 aulas de infantil pechadas, fronte ás 9 que se rexistraron no parte da semana pasada. Con 117 casos, a área da Coruña é a máis afectada, seguida dos 108 de Vigo; os 65 de Santiago-Barbanza; os 55 de Pontevedra; os 45 de Lugo; os 42 de Ourense; e os 37 de Ferrol. Ademais, segundo a información actualizada, hai dous centros pechados ao completo: a escola infantil municipal A Rolada, de San Sadurniño; e o punto de atención á infancia de Touro, ambos na provincia da Coruña.

CRÍTICAS AOS NOVOS PROTOCOLOS

O novo protocolo introduce o concepto de contorna, que se aplica tanto á mesma aula, como ao mesma quenda de comedor, ao usuarios dunha liña escolar e ás actividades extraescolares realizadas nos centros. Para todas as persoas que participan en cada un destes ámbitos, aplícase o protocolo de aulas, é dicir, a partir de cinco casos ou o 20 por cento.

Precisamente, isto fai que algúns centros non informen de contaxios nos centros ata superar os cinco casos o que provoca que, cando se dea o aviso, haxa xa máis contaxiados xa que a crianza infecta a toda a súa familia. De feito, hai un incremento de casos de contaxios familiares nos últimos días, con todos ou case todos os integrantes dunha unidade familiar infectados de Covid.

SATURACIÓN DAS LIÑAS DO SERGAS

Por iso, pais e nais tratan de coordinarse a través de grupos de Whatssap para saber que nenos ou nenas están contaxiados e evitar aumentar o número de infectados nas aulas. "Isto agora é un caos. Chamas ao centro de saúde e non collen. Chamas ao Sergas e números colapasados. Logo cando podes falar con eles, resulta que os rastrexadores andan afogados", comenta un pai consultado por GC.

De feito, hai familias con problemas de conciliación e mesmo pais e nais con problemas para tramitar baixas laborais ante a imposibilidade que desde o Sergas ou desde a Atención Primaria lle poidan dar solucións polo "colapso das liñas".

"OS PROTOCOLOS FUNCIONAN BEN"

"Os nenos non teñen vacinas e son o principal grupo de risco. Certo é que os síntomas son prácticamente nulos", apuntan fontes da consellería de Educación consultados por GC que defenden os protocolos postos en marcha porque "están funcionando ben", tanto no caso dos prventivos como na de xestión de casos.

"A pauta evolutiva é a mesma do ano pasado: forte incremento despois do Nadal e caída brusca a finais de xaneiro que é o que se prevé", indican as mesmas fontes que suliñan que, "agás os problemas de conciliación, as familias están tranquilas e confiadas".                (Galicia Confidencial, 28/01/22)

O "autorastrexo" da covid, outra estratexia da Xunta para aforrar millóns en sanidade?

"O novo modelo de rastrexo da covid carga nos galegos o custe dos tests ao restrinxir o Sergas as PCRs gratuítas. A manobra, criticada polo Colexio de Médicos de Pontevedra, deixa o control da pandemia na man dos cuestionados tests de antíxenos, considerados menos fiables que as probas de laboratorio. Sanidade defende que o sistema non resulta menos exhaustivo que o anterior.

O pasado 5 de xaneiro a Xunta de Galicia abriu unha nova etapa na pandemia de Covid-19 coa entrada en vigor dun novo modelo de rastrexo, o “autodiagnóstico”. A grandes trazos, a administración autonómica decidiu deixar nas mans dos seus cidadáns o proceso de control de contaxios nun momento en que, día tras día, se rexistran marcas históricas de casos en Galicia. O cambio, apuntou a Xunta, busca alixeirar a carga asistencial da Atención Primaria; pero unha ollada máis detida dá pé a pensar en razóns económicas.

A principal novidade deste modelo é que, agora, os galegos contaxiados poden dar conta do seu positivo directamente ao Sergas sen pasar polo centro de saúde. Á parte, a administración autonómica reduce drasticamente os supostos nos que se realizarán PCRs gratuítas; xa que estas, de ser preceptivas en todos os contactos estreitos, pasarán a estar reservadas para pacientes con circunstancias moi concretas: síntomas graves, situación de risco, sanitarios, etc.

Deste xeito, a realización dos tests covid queda en man de cada un, sendo tamén responsabilidade dos contaxiados dar parte do seu positivo á administración. De acordo coa Xunta, o “autodiagnóstico” permitirá reducir a elevada carga asistencial da Atención Primaria, ocupada máis en xestións administrativas relacionadas coa covid que no tratamento de casos graves.

O Goberno de Feijóo dálle así a volta ás protestas de médicos e pacientes contra a saturación da Atención Primaria para xustificar unha medida que xa está a xerar receos entre a comunidade médica. O Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra aseguraba, xornadas atrás, que o modelo proposto pola Xunta chocaba coa legalidade vixente e que, á parte, podía incidir negativamente na saúde da poboación, posto que deixa o rexistro de positivos á vontade de cada persoa.

Do mesmo xeito, fontes sanitarias apuntan as súas dúbidas de ata que punto o novo sistema contribuirá a reducir a carga dos sanitarios, xa que estes seguirán a ocuparse de tramitar as baixas laborais dos contaxiados. Precisamente, a administración autonómica arrincou o pasado luns a contratación de traballadores temporais para que dean resposta ao aluvión de tarefas burocráticas que están a recibir os centros de saúde de Galicia. Polo momento, Sanidade non concretou unha cifra para este novo reforzo.

AS PCR, UN GASTO MILLONARIO

Todas estas sombras fan supoñer que, detrás da medida da Xunta de Galicia, se agocha a vella pulsión privatizadora e a intención do Goberno de Núñez Feijóo de recortar gastos na xestión da pandemia. Dende o estalido da covid-19, en Galicia realizáronse case 3’5 millóns de PCRs. Tendo en conta que, aínda hoxe, o prezo destas probas de laboratorio oscila entre os 80 e os 120€, o resultado é unha conta moi avultada. E a cuestión podería encarecerse aínda máis, tendo en conta que a Comunidade supera xa moi amplamente os 50.000 casos activos e cada unha das novas persoas contaxiadas contará cos seus respectivos contactos estreitos. Trataríase, en suma, dunha factura difícil de asumir.

Por iso a Xunta de Galicia deixa agora o diagnóstico dos casos activos na poboación, para que sexa esta quen faga fronte, do seu peto, ás probas que precise. Só na última semana do ano pasado, os galegos pagaron medio millón de tests de antíxenos, que actualmente oscilan arredor dos 4 ou 5€ por unidade. O Goberno vén de se comprometer a limitar esa contía no futuro, pero sen achegar unha cifra.

A Xunta, pola súa banda, anunciou que ofrecería tests gratuítos nas farmacias para que o alumnado galego puidese facer un cribado antes de volver ás aulas o pasado día 10. Pero o reparto foi máis ben deficiente, deixando a unha boa parte da rapaza sen cubrir porque o Sergas tan só achegou 15 tests por establecemento ao día, como destacou a Federación Provincial de Anpas de Lugo.

O PERIGO DOS ANTÍXENOS

Alén da cuestión económica, a perigo aberto por esta nova estratexia da Xunta estriba no papel dos tests de antíxenos; que, polo seu menor custe, serán os escollidos por boa parte de galegos. Os antíxenos contan cunha taxa de fiabilidade substantivamente menor que a PCR: nos preámbulos do Nadal as farmacias destacan a posibilidade de rexistrar falsos negativos con eles; e, hai apenas uns días, coñeceuse a retirada dun lote das mesmas probas por dar falsos positivos.

Nos primeiros compases da pandemia, a OMS alertou do perigo de reducir o rastrexo aos casos máis graves de covid. Apuntaban que, deixando a un lado os asintomáticos, abríase a porta a unha transmisión comunitaria que había de afectar a grandes capas da poboación. Galicia enfronta, neste momento, unha sexta vaga que marca récords de positivos a cada xornada e, segundo as autoridades, non comezará a decaer ata finais de mes. Á parte, os casos rexistrados polo Sergas poderían supoñer só unha parte dos que realmente están circulando, xa que a taxa de positividade das PCR segue moi riba do 5% marcado pola OMS, chegando a rozar o limiar do 30%. Neste contexto, as UCIs da Comunidade seguen contidas na barreira dos 50 contaxios. Pero o alcance das festas de Nadal, apuntou o Conselleiro de Sanidade, aínda está por ver. 

 RESPOSTA DA XUNTA

Pola súa banda, a Consellería de Sanidade asegura que o seguemento do sistema actual non resulta menos exhaustivo que o que se desenvolveu ata o momento. Dende Sanidade apuntan, neste aspecto, á evolución da situación pandémica da man da ómicron, que deixa o papel das administracións públicas nunha fase de "mitigación". Asimesmo, defende que os cambios introducidos permiten alixeirar a carga de traballo da Atención Primaria. "              (Galicia Confidencial, 12/01/22)

O Sergas substitúe o groso das chamadas a contactos de positivos COVID por un cuestionario mediante SMS

 "Da "contención" á "mitigación". De apostar por ter controlados todos os positivos e boa parte dos seus contactos estreitos -ou cando menos, tentalo- a poñer o foco esencialmente en quen teña síntomas da COVID-19 e, dentro deste grupo, na poboación considerada vulnerable polas súas condicións de saúde ou idade. 

Nos últimos días a Consellería de Sanidade plasmou por escrito en senllas mudanzas dos seus protocolos o xeito en que afronta o que considera unha nova fase da pandemia. É unha xeira marcada por cifras inéditas no número de casos detectados, pero que por efecto da vacinación -e das características da variante ómicron, sinala Saúde Pública- se traduce nunha carga hospitalaria máis ou menos asumible polo sistema mentres outros elos da cadea, fundamentalmente a Atención Primaria e o rastrexo, sofren unha presión sen precedentes ata rozar o colapso.

É neste punto no que tanto o Consello Interterritorial de Saúde (que xunta ás autonomías co Ministerio de Sanidade) como o Goberno galego teñen xa en marcha novas normas. En síntese, consisten en poñer fin á supervisión e rastrexo de casos tal e como se concibía ata agora, dar por válidos os test feitos na casa sen necesidade de confirmación posterior e relaxar os controis sobre a poboación asintomática. Neste sentido, o Sergas confirma que as persoas que sexan sinaladas como contacto estreito dun caso positivo e non teñan síntomas da COVID-19 xa non recibirán, nos máis dos casos, chamada ningunha, senón só unha mensaxe SMS con ligazón a un cuestionario e outra con instrucións.

 Esa mensaxe, confirma Sanidade, incluirá unha ligazón a un formulario web no que a persoa deberá completar datos básicos como nome, idade ou se pode ser considerado membro dun grupo vulnerable por idade, doenzas ou outras razóns. Asegura a Consellería que se non hai resposta en 24 horas, si se realizará unha chamada. A intención dese primeiro contacto, especifica, é dilucidar se a persoa considerada como contacto estreito é susceptible ou non de facer unha proba.

 Como informou Praza.gal, o Sergas resolveu eliminar as probas (PCR ou antíxeno) para as persoas consideradas como contacto estreito dun caso positivo que estean exentas de corentena por estaren vacinadas ou teren pasado a enfermidade nos últimos 6 meses.  Nestes casos, serían excepcións as persoas hospitalizadas ou que vivan en residencias de maiores ou discapacidade, a poboación maior de 70 anos, mulleres embarazadas ou persoal sanitario ou sociosanitario.

Neste casos, durante 10 días permanecerán en situación de "vixilancia" . Ao inicio do período recibirán unha segunda SMS con instrucións xerais como que "pode realizar actividades esenciais como acudir ao posto de traballo" pero debe "evitar acudir a eventos" ou aglomeracións.

 A Xunta encadra estas medidas nun contexto no que vén dar por desbotado o sistema de rastrexo que mantivo ata agora -o actual ritmo de casos novos detectados implicaría rastrexar uns 30.000 contactos diarios- e no que tamén, asegura a Consellería, pretende "descargar" parte da presión da Atención Primaria para a xestión e control de casos. Nesta liña, Sanidade recomendará de agora en diante que tanto a declaración de síntomas para solicitude de PCR como a comunicación de resultado positivo sexa realizada prioritariamente a través do número de teléfono 881 540 045 e non a través dos centros de saúde. Avanza tamén que nos vindeiros días recuperará o formulario web para a declaración de positivos.

Máis de 56.000 casos activos, unhas 350 hospitalizacións

Todas estas mudanzas nos protocolos COVID-19 do Sergas prodúcense nun contexto no que seguen sendo detectados en Galicia, na media da última semana, uns 4.500 casos novos diarios, o que leva a incidencia acumulada a 14 días preto dos 2.000 casos novos por cada cen mil habitantes. No caso da poboación de 20 a 29 anos, esa incidencia a 14 días xa supera os 5.000 casos novos por cada cen mil persoas

Isto deriva en máis de 56.000 casos activos, o cal é sinal da fortísima presión sobre a Atención Primaria e o rastrexo. Non en van, as persoas hospitalizadas con test positivo da COVID eran ás seis da tarde do martes un total de 354, 41 máis que unha semana antes. Un total de 56 estaban en unidades de coidados intensivos, cira que tende á estabilidade.

 Mentres todo isto sucede continúa a vacinación tanto coa administración de doses de reforzo (nestes días centradas nas persoas de 40 a 49 anos) como na extensión de primeiras doses pediátricas, agora con nenos e nenas de 7 a 9 anos. A cobertura con pauta completa, tras os últimos avances, chega ao 85,5% do total da poboación galega."                   (David Lombao, Praza Pública, 05/01/22)

No corazón do rastrexo da COVID para o Sergas: cando unha peza clave do sistema é "paradigma da precariedade laboral"

 ""Debido á alta incidencia de contaxios, necesitamos incrementar de forma urxente o noso servizo de teleoperadores/as para traballar no proxecto de rastrexadores COVID". O anuncio foi publicado o pasado 27 de decembro nun portal de busca de emprego por Abai Group, a antiga Extel, empresa que dende o pasado verán é adxudicataria do primeiro contrato estable asinado pola Xunta para o rastrexo de contactos de persoas que contraen o coronavirus. Logrou a contratación, cun custo estimado duns 13 millóns anuais, por presentar unha oferta máis barata que Universal Support, que viñera prestando o servizo mediante contratos de emerxencia.

Abai Group asumiu o servizo a efectos prácticos no outono, ás portas do que acabou dando en coñecerse como sexta vaga da pandemia. Daquela, explica para Praza.gal un membro do cadro do persoal que pide non revelar o seu nome, houbo que "empezar de cero", con "apenas dez persoas que non estiveran nunca" no rastrexo. A medida que as necesidades se foron incrementando tamén o foi facendo o número de rastrexadoras. Moitas procedían doutra área da mesma empresa, o centro de chamadas de atención ao cliente dunha compañía telefónica.

 E de aí, relata a mesma fonte, á "improvisación", coa empresa "contratando ao tolo" para dar cuberto o incremento do volume de traballo. O contrato prevé que a compañía decida como contratar e despedir persoal en cada momento e por iso entre o persoal apuntan que o "problema" está, na súa orixe, na propia Xunta. "Por deixar isto nas mans dun sector, o do telemarketing, que é paradigma da precariedade laboral", engade unha fonte sindical do sector coñecedora do funcionamento do servizo de rastrexo.

 A esa precariedade, relata o traballador consultado, engádese agora que "non hai apenas formación" para afrontar o traballo. "Empezou sendo de dous días e acabou sendo dun par de horas" entre urxencias por atopar persoal. Neste sentido, destaca como en vésperas do Nadal a empresa ofreceu "vinte euros" como incentivo se o propio persoal lograba captar outras persoas -"amigos, coñecidos", ilusta- para participar nunha sesión de formación en liña (tal e como publicou Galicia Confidencial). "Ao final, dabas o teu nome e empezabas a traballar ao día seguinte" para cubrir os días festivos, afirma.

A cuestión de fondo é que "non se dá feito", resume. Na actualidade "debe haber unhas 500 persoas" ás que se promete "desenvolvemento profesional" cando, ao tempo, a empresa "ofrece contratos dun mes e agora, só de fin de semana". Ademais, agrega, a "improvisación" chega tamén á duración das xornadas, con propostas irregulares de ampliación ou "horas extras que a xente asume facer por unha expectativa de renovación" do contrato. Todo, relata, mesmo entre apelacións da compañía ao matiz "social" que ten este traballo en plena pandemia.

 Evidencia o traballador que a precariedade laboral repercute nun servizo no que "as compañeiras precisan tempo para falar coa xente e empatizar con ela". Para, por exemplo, "dicirlles que non van poder estar coa súa familia no Nadal ou en fin de ano". "A xente -destaca- soe ser receptiva ao recibir ás chamadas, pero algunha está nerviosa", ou pregunta "por normas que van cambiando". Ou, simplemente, trátase de persoas de idade avanzada "que non entenden moi ben" o rastrexo e a chamada vira tamén "nunha cuestión terapéutica". E todo isto, conclúe, "nun servizo que se está pagando con cartos públicos".                      (David Lombao, Praza Pública, 31/12/21)

Folga na Atención Primaria do Baixo Miño: "Non é que teñamos picos de colapso, o colapso é a base"

 "Un día normal é que nos encontremos que, de oito médicos de Familia do cadro de persoal entre os turnos de mañá e de tarde, esteamos pola mañá tres e pola tarde un. Tendo que asumir toda a consulta de citados máis as consultas forzadas –por urxentes– que nos corresponden do noso cupo de pacientes, incluíndo as que xurdan dos cupos que están sen cubrir, ou mal cubertos con prolongacións doutros compañeiros por días concretos. E, polas tardes, engadindo a isto a posibilidade de que o persoal do PAC saia cunha emerxencia ao hospital de Vigo e teñamos que atender as urxencias derivadas tamén do PAC". 

O médico de Familia do centro de saúde da Guarda Álvaro Lamas resume así o que considera que é unha xornada "normal" de traballo no ano e tres meses que leva pasando consulta no Baixo Miño. "Nunca vin a máis do 60% do persoal médico traballando á vez –explica–. Non é que teñamos picos de colapso. O colapso é a base e, despois, están os picos de desastre xa absoluto". A CIG Saúde ten convocada unha folga tanto na Atención Primaria como nos PACs dos concellos da Guarda, O Rosal e Oia do 21 ao 24 de decembro. 

Álvaro Lamas, que forma parte do comité de folga na Guarda, incide en que este "golpe na mesa" chega porque as médicas e médicos de Familia destes concellos non queren "parecer cómplices" da maneira na que están tendo que realizar o seu labor asistencial. A "situación de sobrecarga e presión" xa provoca "demoras na atención de patoloxías graves", unha maior dificultade para o diagnóstico clínico e a "desaparición do seguimento das persoas con enfermidades crónicas", aparte da "factura psicolóxica, emocional e física" para os profesionais e a incidencia da pandemia.

A resposta do Sergas á convocatoria de folga foi "reiterar que hai moitas baixas e non atopan xente para cubrilas". "A cuestión é clara: a nosa responsabilidade é atender aos nosos pacientes e a deles é pór os medios e o persoal axeitado para poder facelo. Iso require inversión e orzamento, e os orzamentos de Atención Primaria son minguantes ano a ano. Poden facernos moitas promesas e moitos plans de mellora, pero se mantemos este orzamento minguante non podemos máis que aumentar a presión", salienta Lamas. 

As plataformas en defensa da sanidade pública do Rosal, Oia, A Guarda e Tomiño convocaron unha manifestación desde a alameda da Guarda "contra o desmantelamento da atención primaria" este martes, que reuniu a veciñanza en apoio das profesionais sanitarias. Ademais, durante os días de folga haberá concentracións nos centros de saúde destas vilas.

O secretario comarcal da CIG Saúde de Vigo, Manuel González Moreira, traslada que o respaldo da folga está a ser "absolutamente masivo" xa que "practicamente todos os profesionais que están facendo labor asistencial están de mínimos". "Os profesionais non son culpables da situación, pero tampouco queren ser cómplices", reitera, para lembrar que "isto vén de antes da pandemia, pola falta de recursos que xa había para atender en condicións dignas a cidadanía".

Descrita a situación "normal", Lamas conta "cousas peores" que puideron sucederlle esta mesma semana (e que aínda poden producirse nos vindeiros días): "Pasou que, como no Rosal non hai médico, con 50 citados e 27 persoas por ver, mobilizáronme en taxi a atender un paciente cunha clínica que requería atención urxente no centro de saúde do Rosal. E tiven que acompañalo ao hospital de Vigo, deixando finalmente máis de 10 persoas sen atender na miña consulta". 

De feito, no centro de saúde do Rosal non se están a cumprir os servizos mínimos indicados polo Sergas para a folga porque non hai ningún médico de Familia para pasar consulta alí. Na memoria das e dos profesionais sanitarios está a tarde de agosto de 2018 na que un doente faleceu no PAC da Estrada sen recibir atención porque non había médicos nese momento, unha circunstancia coñecida polo Sergas. Igual que a que está a suceder agora. 

"É un dos medos que temos, xa que a reclamación dun segundo equipo neste PAC se vén facendo ao longo de máis de 10 anos. E a mantemos no programa de reivindicacións desta folga precisamente porque hai unha hora de distancia con respecto ao hospital de referencia e con algúns domicilios que se ubican na Serra da Groba, polo que se xeran un alto número de horas cada noite nas que non hai persoal sanitario no PAC para poder atender", debulla o facultativo de Primaria.

"Moitas veces pensamos: estarémolo facendo ben? Volvemos para casa pensando en que non tivemos opción de facer o noso traballo en condicións e que se nos puideron escapar cousas. Por sorte, temos un equipo humano excepcional a todos os niveis, que deixa o mellor de si cada día para garantir un mínimo de calidade na asistencia. Que pasa? Que todo isto non se resolve con voluntarismo, non é suficiente, non chegamos", defende Álvaro Lamas, que percibe unha reacción "maioritaria" de adhesión e respaldo da cidadanía "que vive as consecuencias no seu día a día".

Na convocatoria de folga na Guarda, O Rosal e Oia reclámase "a cobertura do 100% das ausencias con contratos estables e prolongados para evitar a perda da continuidade asistencial" e que "se reduza a penosidade de traballar nos centros de saúde periféricos", ademais de ese segundo equipo de profesionais para o PAC da Guarda. "Non podemos pasar por menos porque é o servizo que merece a xente desta comarca", asevera Lamas. "                     (Ana G. Lieste, Praza Pública, 22/12/21)

La Xunta oculta un nuevo brote de covid en la residencia de mayores más grande de Galicia

 "Las familias de los usuarios de la residencia  para personas mayores más grande de Galicia, ubicada en Bembrive, en el término municipal de Vigo, han denunciado que la Xunta lleva cinco días sin informarles de la situación de sus allegados después de que el pasado viernes se detectara un nuevo brote de covid que afecta a al menos dos secciones de una de las plantas del centro, con más de 300 residentes.

Los familiares explican que el sábado supieron que, al menos, dos trabajadoras de la residencia habían dado positivo y que, desde entonces, ya hay al menos tres internos contagiados. "Probablemente son muchos más, porque ya han pasado cinco días y al resto no les han hecho las pruebas de PCR", asegura María Soledad Fernández, una de las coordinadoras de la asociación de familiares y usuarias del centro y cuya madre se encuentra en una de las secciones afectadas.

Galicia está entre las comunidades españolas con menor número de plazas públicas en residencias de mayores, pero el Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (CRAPD-1) de Bembrive es de titularidad pública y depende de la Consellería de Política Social de la Xunta, que dirige Fabiola García.

 Su gabinete de comunicación evitó este martes confirmar a Público la existencia del brote, y se remitió al boletín semanal en el que la Administración de Alberto Núñez Feijóo informa cada miércoles de los casos de covid en colegios y residencias, tanto públicas como privadas. Este diario también se dirigió al Servicio Galego de Saúde, que también eludió pronunciarse sobre el caso, por lo que no ha podido saber si el brote se debe a la nueva cepa o a las primeras variantes de la enfermedad.

María Soledad Fernández asegura que la única información de la que disponen es la que les ha facilitado el personal del centro de forma verbal e informal. Según la versión que han recibido, la dirección habría procedido ayer a aislar las secciones B y C de la segunda planta -la residencia cuenta con cuatro en total-, habría prohibido las visitas y habría procedido al cribado de los usuarios de las zonas afectadas, pero no del resto.

"Sólo nos han dicho que han llamado a las familias de los positivos, pero nada más, con lo que los demás no sabemos cómo están", explica la portavoz, que asegura tener constancia de que al menos otro trabajador del CRAPD también habría dado positivo por covid hace más de una semana sin que el centro les informara de tal circunstancia, ni adoptara entonces medidas de protección adicionales para evitar los contagios.

 Matilde Veiga, también coordinadora de la asociación y cuya madre, de 102 años de edad, está en una de las plantas no aisladas, confirma "el oscurantismo" de la dirección y lamenta que la Xunta no se haya puesto en contacto con las familias para informarles de la situación y del estado de sus parientes, lo que, a su vez, les impide saber si deben adoptar otras medidas en sus respectivos entornos.

Vacuna obligatoria para atender a los mayores

Las portavoces critican la desidia de la Xunta tras conocer el viernes que dos trabajadoras estaban contagiadas y lamentan que el centro no haya prevenido la nueva oleada de la epidemia. En ese sentido, resaltan la contradicción que supone que la Xunta exija que los familiares de personas dependientes presenten el certificado covid para visitar a sus parientes en las residencias, pero que no se siga la misma pauta con el personal de las mismas.

"Sospechamos que hay trabajadores que no quieren vacunarse y puede que estén en su derecho, pero nosotros también estamos en el nuestro de exigir que a nuestros mayores los atiendan personas vacunadas", sostienen. Además, aseguran que el personal de CRAPD comparte algunas salas en las que circula habitualmente sin mascarilla con la aquiescencia de la dirección.

Críticas desde el comienzo de la pandemia

La gestión del CRAPD de Bembrive ha sido objeto de duras críticas por parte de las familias desde el comienzo de la epidemia de covid. El portavoz de la Federación Galega de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (Rede) recuerda que llevan desde agosto del 2020 pidiendo la dimisión del director del CRAPD "ante el deterioro de la asistencia y cuidados que se ofrece en la residencia a los mayores, con situaciones muy graves". Según Campos, la Xunta habría "escondido en un cajón" alrededor de doscientas denuncias.

 Hace unos meses, las familias se dirigieron por escrito a Feijóo en una carta con copia a la delegada de la Xunta en Vigo en la que alertaban al presidente gallego de que las acciones y omisiones de la gerencia del centro podían estar acarreando "graves repercusiones en el ámbito nutricional, motriz, emocional, conductual y cognitivo sobre los residentes geriátricos". La carta citaba varias actuaciones de la dirección, "desde la prohibición de salidas al jardín exterior, contraviniendo de forma clara las normativas en vigor, hasta el descuido o menoscabo en los cuidados, en la vigilancia asistencial y en la movilidad física". Hasta el momento, Feijóo no les ha respondido."                  (Juan Oliver, Público, 21/12/21)

A Xunta asina o inicio do traballo da empresa á que adxudicou o primeiro contrato estable de rastrexo de casos da pandemia coronavirus, 20 meses despois do primeiro caso detectado en Galicia

 "Máis de 20 meses despois da detección do primeiro caso de COVID-19 en Galicia o Sergas vén de fixar no 18 de novembro a data de inicio do traballo da empresa á que adxudicou o primeiro contrato estable de rastrexo de casos da pandemia.

 O rastrexo de casos viña sendo contratado ata agora por vía de emerxencia coa teleoperadora Universal Support, pero agora pasará a mans de Extel Contact Center, que gañou o concurso público convocado para facer o servizo estable grazas a unha oferta máis barata pero de peor calidade técnica que a que presentou a súa predecesora. 

 O Goberno galego non decidiu convocar un concurso para dispoñer dun servizo estable de rastrexo da COVID-19 ata que “a situación se complicou” o pasado Nadal e non foi ata finais de xullo que rematou de valorar as ofertas que recibiu e se decantou pola empresa Extel Contact Center, cun historial de conflitos laborais. Universal recorreu a adxudicación e en setembro o tribunal de contratos público ratificou o proceso, pero non foi ata a pasada semana que o Sergas propuxo adxudicar o primeiro dos sucesivos contratos mensuais coa nova operadora, que abarcará o período entre o 18 de novembro e o 17 de decembro. 

A Xunta deseñou o concurso como un contrato marco cunha estimación de custo total de 13,8 millóns de euros ao ano, pero pagará en función do número de servizos efectivamente prestados cada mes a partir dunhas tarifas máximas de partida. O sistema contempla tres grandes tipos de actuacións ou sublotes por parte da empresa que se cuantifican en tempos medios de atención que á súa vez se traducen a custo en euros segundo os convenios do sector das empresas teleoperadoras [aquí o detalle dos servizos]. 

No primeiro contrato mensual coa nova empresa, e atendendo á situación actual da pandemia, a Xunta prevé que teña que atender un máximo de 12.000 “casos sen complexidade”, 3.600 “casos complexos” así cualificados por producirse por exemplo en centros como os educativos, e 900 casos froito de “programas especiais de control de gromos, viaxeiros e similares”.

Con ese máximo de casos e aplicando os custos ofrecidos pola empresa, o Sergas estima en 444.000 euros o que terá que pagar á empresa polo seu primeiro mes de traballo. Pero como xa se prevía no deseño do concurso, matiza que “dada a variabilidade do servizo e os incrementos de actividade que se poden producir, no caso de que o número máximo de casos estimados se acade antes da finalización do prazo de execución do contrato, e este feito se documente de forma xustificada, tramitarase un novo contrato e se o número de casos dos tres sublotes é inferior ao estimado neste contrato aboaranse só os casos realmente presentados”.

O importe agora estimado polo Sergas para o primeiro mes do servizo suporía en todo un ano preto de 5,5 millóns de euros, algo menos da metade da estimación realizada nos pregos de condicións do concurso, pero as cifras reais a pagar variarán cada mes en función da evolución da pandemia.

Agora será a empresa adxudicataria a que decida como é quen de organizarse internamente para acadar esas tarifas e prestar un servizo que ata agora viña sendo desenvolvido por teleoperadores que teñen como contrato máis habitual o temporal por 900 euros brutos por 30 horas á semana, segundo a documentación facilitada pola Xunta durante o concurso. A inestabilidade dun persoal ao que a Xunta non require coñecementos sanitarios seguirá manténdose no novo contrato xa que a Xunta esixe á empresa que sexa quen de atender o volume de chamadas que lle poida encargar, e deixa en mans dela se ten que contratar ou despedir persoal e como."                     (David Reinero, Praza Pública, 24/11/21)

Las residencias de ancianos, el coronavirus y Núñez-Feijóo... en esta pandemia se produjo una altísima mortandad en las residencias de ancianos causada por las privatizaciones realizadas en los últimos años, que convirtieron estas instituciones en negocios que cotizan en bolsa (en manos de fondos buitre y de Florentino Pérez). La prestación del servicio estaba basada en conseguir el máximo beneficio mediante el recorte de medios, de personal y la precarización de la atención... la Xunta hizo una total dejación de funciones en el control de la calidad de la atención prestada

 "Galicia es un territorio periférico (el Finis Terrae) y su población vive dispersa en aldeas, villas y ciudades pequeñas. La llegada de personas de otros lugares es escasa (si cerramos el Camino de Santiago) y no tenemos un aeropuerto internacional con excesivo tránsito de extranjeros. Esas condiciones tuvieron, en esta epidemia del coronavirus, un efecto protector. En este caso las condiciones propias de nuestra geografía nos protegieron.

 La pandemia tuvo en Galicia una menor repercusión que en otras CCAA. Los estudios realizados indican que poco más del uno por ciento de la población tuvo contacto con el virus. El confinamiento fue eficaz y permitió disminuir el número de contagios. A día de hoy murieron por esta causa 608 personas. Es un drama, pero menor que en otras partes del Estado. Aún podría tener menos impacto si no se hubieran dado condiciones previas que facilitaron la penetración explosiva del coronavirus en dos espacios muy determinados: en los servicios sanitarios y en las residencias de ancianos.

 La sanidad pública gallega fue desmantelada desde la llegada al poder de Núñez Feijóo en 2009. Los recortes aplicados y las privatizaciones dejaron el servicio público muy debilitado y con escasa capacidad de respuesta ante la pandemia. Muchos profesionales fueron afectados por carecer de la necesaria protección. La falta de medios provocó un riesgo real de colapso del sistema.

Todas las muertes producen dolor, pero en esta pandemia se produjo una altísima mortandad en las residencias de ancianos, en situaciones de soledad y abandono, que las hace especialmente dolorosas.

 Es un auténtico drama, irreparable, que tiene mucho que ver con las privatizaciones realizadas en los últimos años, que convirtieron estas instituciones en negocios que cotizan en bolsa (en manos de fondos buitre y de Florentino Pérez). La prestación del servicio estaba basada en conseguir el máximo beneficio mediante el recorte de medios, de personal y la precarización de la atención. En este momento no pudieron frenar la tragedia. Y hubo hospitales que dieron orden para no ingresar pacientes de los geriátricos afectados por el  Covid. (...)

Las políticas aplicadas en los años anteriores tienen mucho que ver con la precariedad actual de las residencias.

Núñez Feijóo favoreció la privatización de las residencias y la Xunta hizo una total dejación de funciones en el control de la calidad de la atención prestada (Consello de Contas de Galicia). La mayoría de los fallecidos estaban en residencias privadas, sobre todo en las gestionadas por DomusVi y por la Fundación San Rosendo. DomusVi es la mayor red privada de residencias de mayores de España; su CEO es Josefina Fernández, persona próxima al PP  que a finales de 2019 recibió el premio Galicia Global de manos del conselleiro de Economía.

La Fundación San Rosendo está presidida por Benigno Moure, un cura –amigo de Fraga y distinguido con una medalla Castelao- que fue condenado en 2008 a cinco años de cárcel por robar 600 mil euros a una mujer  demenciada; a pesar de la sentencia judicial firme el PP presionó para que Moure no tuviese que ingresar en prisión, y llegaron a convocar una manifestación en 2011. En esas manos está la atención de nuestros mayores.

 Así pues, los recortes y privatizaciones realizados en la última década en sanidad, y la entrega de las residencias de ancianos a manos privadas y amigas, son los antecedentes necesarios para que esta epidemia provocara una mortalidad tan elevada en esos entornos.

 Las políticas de recortes y "austeridad" fueron impuestas por el PP desde el gobierno central, y aplicadas aquí por Núñez Feijóo de manera implacable. Ahora quiere aparecer, en este momento preelectoral, como el héroe que frenó la pandemia. Pero sus actuaciones previas contribuyeron más bien a lo contrario. Las familias afectadas ya acudieron al  juzgado. A ver si la justicia no tarda en actuar."               

 (Pablo Vaamonde  , Nueva Tribuna, 27 de mayo de 2020)

La pandemia de la Covid19 en Galicia: una actuación errática e incongruente... en una situación en que las políticas de precarización y de privatización sanitaria en Galicia desde 2009 dejaron al sistema depauperado y a la población en situación de riesgo... llegó la pandemia con los Servicios de Salud Pública y los programas de vigilancia epidemiológica bajo mínimos... por eso la estrategia para hacer frente a la Covid se basó en los confinamientos, restricciones de movilidad y esperar pacientemente por la llegada de las vacunas. No había recursos epidemiológicos preparados para detectar precozmente y abordar la pandemia... En las Residencias de Ancianos vivieron situaciones de auténtica tragedia y la capacidad de respuesta de las empresas fue pésima

 "Hace un año comenzó en Wuhan (China) la pandemia del  coronavirus, que llevó al mundo a una pesadilla sin fin. Aun hoy no vemos el final de este túnel interminable, que está provocando tanto dolor y tantas pérdidas. 

Se dieron las condiciones para la tormenta perfecta: un virus altamente contagioso, los retrasos en la comunicación (China avisó tarde de la situación, la OMS demoró en exceso la declaración de pandemia, los Estados tardaron en tomar medidas), una intensa movilidad de la población a nivel internacional, la deficiente vigilancia epidemiológica, la falta de medios (de protección de la población y los profesionales, de capacidad diagnóstica, el escaso desarrollo de la investigación en virología y  inmunología).

 De pronto la gente se vio amenazada por el virus y confinada en sus casas, y los sanitarios tuvieron que afrontar la primera ola con total incertidumbre y desprotección (“un sistema que tiene que basarse en el  heroísmo es que no funciona” -Boris  Cyruknik-). 

Esta epidemia finalizará, y las vacunas  aportan un punto de luz para aproximarnos al final, pero va a dejar profundas heridas que tardarán en cicatrizar: muchas familias perdieron a sus seres queridos, algunos enfermos van a tener problemas crónicos derivados de esta dolencia, y los profesionales tardarán en recuperarse del impacto de esta batalla desigual. Este largo stand by va a tener consecuencias a largo plazo en nuestra  sociabilidad (el prójimo puede ser un peligro), provocará cambios en nuestra forma de vivir y va a dejar una hendidura económica difícil de restaurar.

 Hace poco más de un año aún pensábamos que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Esta pandemia dejó en evidencia las enormes carencias de nuestra sanidad, empobrecida y privatizada en las últimas décadas por las políticas neoliberales impulsadas por el Partido Popular. La batalla contra la pandemia se basó en el tremendo esfuerzo de los profesionales, que afrontaron la situación con total vulnerabilidad. Más de cinco mil profesionales en Galicia se infectaron desde el comienzo de la pandemia. La afectación de cuidadores e internos en las Residencias de Ancianos fue muy elevada: cerca del cincuenta por ciento de los fallecimientos sucedieron en esas instituciones. (...)

Desde hace un año nuestra vida se empobreció de repente. Las limitaciones en el movimiento y la reducción de las relaciones sociales, familiares y afectivas se están prolongando demasiado. El miedo se instaló en la sociedad y hay gente dominada por el pánico. Muchas personas llevan meses sin salir de la casa. Los mayores, los que tienen problemas de movilidad, las personas con procesos neuro-degenerativos (Parkinson, Alzheimer y otros), los que padecen trastornos psicológicos o psiquiátricos: en estos y en otros casos las consecuencias a medio y largo plazo van a ser muy perniciosas. El confinamiento, la distancia social y el uso permanente de la máscara van a resultar perjudiciales, y no solo para los mayores. La gente joven (niños y adolescentes) precisa del juego, el contacto físico y la  amistad para crecer como personas. Las consecuencias de esta prolongada ausencia de relación social son, de momento,  impredecibles.

 A Galicia la primera ola llegó de forma poco intensa. Es un territorio alejado, la gente vive dispersa en villas y aldeas y no tenemos grandes ciudades que provoquen aglomeraciones. Esta condición de fisterrae actuó como escudo protector. La escasa llegada de gente del exterior frenó la difusión de la  Covid. (...)

Desde la Xunta pretenden convencernos de que la menor afectación de la pandemia en Galicia, en relación con otros territorios del Estado, es fruto de sus decisiones políticas. Pero ese relato no es creíble. La actuación frente a la pandemia fue errática e incongruente. 

Hay un teórico “comité de expertos” que asesora a la Xunta en la toma de decisiones. Resulta muy sospechoso que de los 36 miembros que forman la “Comisión de Gestión de la Crisis Sanitaria de la Covid-19” diez son cargos del Sergas elegidos directamente por el Gobierno de la Xunta: gerentes, directores generales, gerentes de área o jefes de sección. 

Excluyendo estos cargos gubernamentales, el comité cuenta con 26 expertos y expertas, de las cuales veinte (el 77%) “defienden intereses privados o presentan graves conflictos de interés por su vinculación a empresas farmacéuticas, incluso algunas que comercializan las vacunas para la  Covid”,  según critica la “Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública” (AGDSP), que considera que “no es posible asegurar para quien trabajan en la comisión y que intereses defienden, los de las empresas o los de la población gallega”.

Las seis claves de la situación sanitaria de Galicia antes de la pandemia

Las actuaciones recientes de la Xunta para afrontar la crisis de la  Covid tienen antecedentes. Las políticas de precarización y de privatización sanitaria y socio-sanitaria en Galicia desde 2009 dejaron al sistema  depauperado y a la población en situación de riesgo. Haremos un breve repaso de las principales decisiones políticas adoptadas por Núñez Feijóo desde que ocupó el poder en la Xunta.

1- El presidente de la Xunta trasladó a la sanidad pública las estrategias neoliberales basadas en el mercado, la gestión empresarial y la colaboración público-privada para la construcción de nuevos hospitales. Sigue el modelo aplicado por el PP en Valencia (el fracasado hospital de  Alzira) y Madrid (los ruinosos hospitales de Esperanza Aguirre). 

Mediante la colaboración público-privada entregó a manos de empresas multinacionales y fondos de inversión los instrumentos para la gestión estratégica del sistema (servicio de información, historia clínica y receta electrónica, central de llamadas, logística, laboratorio central, etc.). También la investigación y la docencia pasaron a control privado, lo que permitirá a las multinacionales adjudicatarias controlar y dirigir el futuro de las mismas.

2- Con la excusa de la crisis de 2008  la Xunta hizo una enorme reducción del gasto público. Realizó severos recortes en los servicios sanitarios, en los presupuestos (2.000 millones de reducción), en personal (500 plazas menos), en recursos sanitarios (reducción de 1.000 camas hospitalarias), y en equipamiento. Los recortes afectaron de forma especial a la Atención Primaria (hoy representa el 12% del presupuesto total, lejos del 25% que aconsejan los organismos internacionales).

3- La reducción del sistema público provocó un incremento del sector privado. El acceso a  financiación pública aumentó su actividad y provocó que las multinacionales sanitarias (Quirón, HM  Hospitales, Ribera Salud,  Centene, etc.), estén invirtiendo en centros hospitalarios y servicios sanitarios en Galicia. La concertación con el sector privado (que debería ser complementaria y subsidiaria del sistema público) creció un 40% en los últimos años. El Hospital de A Coruña firmó un acuerdo marco con los hospitales privados de la ciudad para realizar actividad (hospitalización, consultas, pruebas diagnósticas, cirugías, etc.) por un período de cuatro años renovables, en régimen de monopolio. 

La Xunta también renovó y mejoró el concierto con el Hospital Povisa de Vigo (ahora propiedad de la multinacional americana  Centene Corporation). El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo es de titularidad y gestión privada durante 20 años. Como consecuencia la atención hospitalaria del sur de Galicia está controlada por intereses privados. Finalmente, con la excusa de que las camas y  UCIs de los centros públicos están colapsados por los pacientes con Covid, el Sergas ha incluido a los centros privados en la Red Hospitalaria Pública, en igualdad de condiciones, para atender pacientes y recibir financiación.

 4- La pandemia llegó en un momento en que los Servicios de Salud Pública y los programas de vigilancia epidemiológica estaban bajo mínimos. El empobrecimiento de estos sistemas fue enorme en las últimas décadas. El porcentaje de presupuesto dedicado a estas tareas es ínfimo. De tal forma que la estrategia para hacer frente a la  Covid se basó en los confinamientos, restricciones de movilidad y esperar pacientemente por la llegada de las vacunas. No había recursos epidemiológicos preparados para detectar precozmente y abordar la pandemia, y la coordinación entre hospitales, Centros de Salud y Atención Socio-sanitaria fue deficiente y tardía. En las Residencias de Ancianos vivieron situaciones de auténtica tragedia y la capacidad de respuesta de las empresas fue pésima. En Galicia la gran mortalidad de mayores ingresados se produjo en las Residencias privadas gestionadas por  DomusVi y Fundación San Rosendo (dirigidas por personas muy próximas al PP gallego).

5- La Atención Primaria estaba ya en una situación crítica antes de la pandemia. La supresión de las Xerencias de AP, la drástica merma de presupuesto  y recursos así como la precarización del personal provocaron una gran saturación en los Centros de Salud y una enorme insatisfacción de los profesionales, expresada por diversos medios (manifestaciones masivas, convocatoria de concentraciones en los centros, dimisión en bloque de jefes de servicio, movilización de afectados a través de las redes) con muy escasos resultados; la Administración hizo poco caso de las protestas hasta la convocatoria de una huelga general (abril de 2019) que obligó al Sergas a abrir una negociación en el llamado “Consejo Técnico de Salud de Galicia” que, teóricamente, debería proponer medidas de mejora para reforzar este nivel asistencial. 

Todo quedó en nada, y el inicio de la pandemia creó un nuevo marco que contribuye a degradar más la penosa situación de la AP gallega. La imposición de la consulta telefónica, la dificultad de acceder al médico de familia, la creación de listas de espera en muchos Centros de Salud,  la sobrecarga administrativa provocada por la petición y comunicación de pruebas, y el seguimiento de confinados y contactos: esta situación, que se prolonga desde hace un año degradó la calidad asistencial y la percepción de los usuarios. 

La sanidad privada está creciendo de forma espectacular debido a la percepción de falta de atención provocada por el deterioro actual de la Atención Primaria. Las características principales de este nivel asistencial (accesibilidad, continuidad asistencial, atención integral y capacidad resolutiva) se están perdiendo de forma alarmante. Hace falta revertir lo antes posible esta situación pues, de lo contrario, los Centros de Salud pueden regresar a tiempos pretéritos, cuando en los ambulatorios solo se hacían volantes y recetas.

 6- La atención hospitalaria está también muy debilitada por los recortes de personal y camas (3,2 camas por mil habitantes, frente a más de 5 en la Unión Europea). SOS Sanidad Pública denunció reiteradamente la situación y convocó manifestaciones de ciudadanos y profesionales por la mejora de la Sanidad Pública. Ahora, con la justificación de evitar la falta de camas hospitalarias y el colapso en las  UCIs, cerraron plantas y servicios enteros en muchos hospitales, suspendieron pruebas  diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y controles de enfermos con patologías graves (cáncer,  cardiopatías, dolencias pulmonares, etc.). Estas decisiones están provocando un empeoramiento en el estado de muchos pacientes y un aumento de la mortalidad por otras causas ajenas a la pandemia. Muchas personas recurren a la sanidad privada, y el Sergas está derivando pacientes a centros concertados y no concertados. La Xunta pretende ocultar esta situación no publicando la lista de espera hospitalaria (que es obligatoria) ni los datos de mortalidad por causas.

Conclusiones

- La sanidad pública gallega esta sufriendo un enorme deterioro y pérdida de prestigio que puede condicionar su futuro a medio y largo plazo. La Xunta parece estar centrada solo en la pandemia, olvidando las demás dolencias y abandonando la mejora y potenciación de los servicios públicos.

- La Administración hizo evidente su falta de capacidad para planificar una respuesta e implementar una estrategia eficaz para hacer frente a la pandemia. Las medidas adoptadas por la Xunta estuvieron siempre dirigidas a  culpabilizar a la población y a ciertos sectores, e imponer restricciones severas en la movilidad por el interior de Galicia (mientras la CCAA no tuvo confinamiento perimetral, lo que permitió la llegada masiva de personas de otras procedencias en los días de Navidad y Reyes: ya estamos pagando las consecuencias con un repunte de casos casi vertical y un elevado número de muertos).

- La Atención Primaria aumentó su deterioro, lo que pone en riesgo su continuidad como nivel asistencial con prestigio y capacidad resolutiva.

- El sector privado avanza de forma significativa y puede consolidar su presencia hegemónica en el sistema, lo que puede provocar un incremento exponencial en las desigualdades sociales y en el acceso a la atención sanitaria.

- Si no se establecen medidas correctoras, lo antes posible, las actuales limitaciones y barreras en el acceso a la asistencia pueden provocar un notable incremento en el deterioro de la salud y en la mortalidad global por causas ajenas a la pandemia actual. "

(Pablo Vaamonde , Médico de familia, A Coruña, Manuel Martín  Presidente de la FADSP, Nueva Tribuna, 18/03/21; texto publicado en gallego en la revista Tempos Novos, marzo 2021, nº 286)

O protocolo da Xunta para o novo curso escolar: "pon os criterios económicos por riba da saúde". Acusan á Xunta de Galicia de reducir a distancia entre alumnos para recortar en profesores

 "Galicia inicia estas semanas un novo curso académico, unha etapa que a Xunta definiu como un período de transición para ir deixando atrás os meses de pandemia e recuperar a normalidade no día a día dos centros. Con todo, as medidas acordadas no novo protocolo educativo, en particular a redución da distancia na aula de 1,5 a 1,2 metros a partir de secundaria, suscitaron numerosas críticas entre a comunidade escolar.

Sindicatos docentes, asociacións de nais e pais e directores de centros educativos lamentaron en declaracións a Europa Press o cambio de criterio adoptado polo Goberno galego, ao entender que implicará un incremento do número de alumnos por aula respecto ao curso 2020-2021 e suporá desfacer a maior parte de desdobres realizados o pasado ano para cumprir coas medidas de seguridade ante a covid.

Todos eles coinciden no mesmo argumento: o reforzo docente e a constitución de grupos máis reducidos favoreceu un incremento notable tanto do rendemento do alumnado como dos resultados académicos, ademais dunha mellor atención individualizada dos estudantes.

"Partimos en teoría con vantaxe con respecto ao curso pasado, pero é triste que non aproveitemos o que aprendemos en pandemia. É dicir, volvemos ao tema recorrente do cociente, a pesar de que se demostrou que para mellorar a calidade da educación téñense que rebaixar os alumnos por aula", incidiu Francisco Lires, da Federación de Directores de Centros Públicos.

Lires referiuse en concreto ao novo criterio para calcular o número de alumnos por aula, o paso a unha distancia de 1,2 metros entre estudantes. Unha decisión "que non ten nada que ver co ámbito sanitario" nin a seguridade, advertiu, posto que os 1,5 metros seguen vixentes en todos os ámbitos sociais fose das clases, mesmo dentro do propio centro.

"Está claro que é para que nas aulas entren moitos máis", engadiu, para insistir que o curso arrincará "con certa normalidade" en relación á situación sanitaria, pero "non cos recursos" que permitan manter esas melloras alcanzadas o período anterior.

CAMBIOS "INXUSTIFICADOS"

Desde a Confederación Galega de ANPAs (Confapa-Galicia), Rogelio Carballo considerou que estes cambios están "inxustificados", e máis ante a aparición de novas variantes da covid e a alta incidencia do 'delta'. Pero sobre todo, criticou que, a diferenza do resto de ámbitos, en Educación "se relaxen todos os estándares".

O representante de Confapa ten claro que o obxectivo destas medidas é reducir efectivos, posto que reciben "comunicacións por parte de moitas ANPAs" de que se están quitando profesores "do curso 2019", xa non daqueles reforzos contratados o pasado período para realizar desdóbrelos pola covid.

"É unha cuestión meramente economicista para que as comunidades autónomas non gasten o diñeiro do ano pasado. Están a xogar cunha cuestión tan crítica como a sanidade e, por outra banda, coa calidade educativa despois de ter resultados moi bos, algúns dos mellores", sinalou.

É por iso que Carballo lamenta que os novos criterios que rexerán nas aulas de secundaria "abran a porta" a desfacer todo este traballo, que para Confapa suporía "unha perda irreparable". O sindicato CIG-Ensino e a Confederación Anpas Galegas manifestáronse esta mesma semana para reclamar os recursos necesarios para atender ao alumnado e protestar contra a intención da Xunta de reducir efectivos.

Fernando Lacaci, de Anpas Galegas, referiuse durante a protesta ao paso aos 1,2 metros para organizar os postos dentro da aula, o que se contradí cos 1,5 que aínda se consideran imprescindible para a distancia interpersoal e os dous metros para establecer e determinar os contactos próximos a un positivo.

Todo iso mantense menos dentro das propias clases, engadiu, porque "nas aulas custa diñeiro", o que na súa opinión converte aos alumnos en suxeitos "dun despropósito" que se expón unicamente con criterios economicistas.

Así mesmo, advertía da necesidade de atender tanto a situación de carestía emocional do alumnado polas consecuencias do illamento e a pandemia, como o posible déficit académico e de competencias. "E a resposta é menos docentes, máis alumnado en aulas, máis dificultades, máis problemas, máis limitacións...", resolvía.

CRITERIO NON OBRIGATORIO

A Consellería de Educación xustificou o cambio de criterios no acordo adoptado entre o Ministerio de Pilar Alegría e os responsables do ramo de todas as comunidades autónomas na última conferencia sectorial, en relación ás medidas e criterios que rexerán durante este curso. Con todo, os sindicatos de profesorado matizaron que, aínda que este acordo existe, a distancia de 1,2 na aula non é de obrigado cumprimento e poderíanse manter os grupos co criterio do curso anterior, é dicir, a separación de 1,5.

CIG advertiu que se trata dun documento de máximos e non dunha imposición ás comunidades e criticou que se tome unha decisión de leste calibre "nun momento como este", no que os expertos recomendan "non relaxar as medidas de protección". "Cremos que se está cometendo un erro por unha cuestión económica, que pesa sobre o interese sanitario e pedagóxico", sinalou Suso Bermello, de CIG-Ensino."                    (Galicia Confidencial, 11/09/21)

 

 "Mientras la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, presume en un comunicado de que hasta 58 ciclos de Formación Profesional del sistema público gallego impartirán parte de su currículo en una lengua extranjera a lo largo de este curso recién inaugurado, algunas organizaciones siguen hablando de recortes en materia de educación pública.

En esta ocasión, la denuncia parte de Comisiones Obreras y tiene que ver con la vuelta a las aulas y la ‘trampa’ que ha puesto en marcha el Ejecutivo regional. tal y como ha hecho público hoy este sindicato la Consellería de Educación ha optado por reducir de 1,5 a 1,2 metros la distancia interpersonal entre el alumnado. Esta maniobra tiene un objetivo muy claro para CCOO: “Recortar profesorado, primando los criterios economicistas frente a los sanitarios”.

En palabras de Luz López, secretaria general de CCOO-Ensino, que el Ministerio de Educación haya “renunciado a liderar” todo este proceso de regreso a las aulas en un momento de crisis sanitaria como el actual que, además, “era de su competencia”, ha provocado que cada Comunidad Autónoma “haga lo que le viene en gana” en lo relativo a este aspecto de las distancias.

José Fuentes, coordinador de Acción Sindical de la federación gallega del mismo sindicato insistió en que la reducción de la distancia de seguridad que marcan los expertos es “fundamental” para, por una parte, recortar en número de profesores y, por otra y muy ligada a la anterior, para aumentar las ratios por clase.

Esto, en términos numéricos, se traduce en una reducción de hasta 116 unidades (47 en Infantil y 69 en Primaria) lo que, a su vez, conlleva la eliminación de 169 puestos de trabajo. Según los denunciantes, la reducción de unidades y de profesorado ya ha provocado protestas de las familias de diferentes centros de toda Galicia.

Hace algunos días, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presumió de que la región presenta la ratio más baja de todo el país junto con Extremadura. CCOO-Ensino desmiente la afirmación. En palabras de Fuentes esto solo se cumple en las zonas rurales debido a que también hay un número de escolares mucho menor. No obstante, aseguró, “las ratios deberían ser más bajas si la Xunta no estuviese incumpliendo desde 2011 el acuerdo de agrupamientos”, que data de dos años antes.

A juicio del sindicato, el Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo “comete un error” al mantener ratios máximas de 25 estudiantes por aula basado en un “concepto equivocado” de los grupos burbuja. Según la explicación, el alumnado del mismo aula mantiene contacto con el de otras clases a lo largo de la jornada, tanto en espacios de la vida cotidiana como en el transporte escolar.

Si ese recorte en Infantil y Primaria es importante, en el caso de Secundaria todavía lo es más. El criterio economicista en esta etapa educativa “es el principio rector”, señalaron desde el sindicato. Así, en la adjudicación se constataron 420 plazas menos que el pasado curso, lo que indica “el alto grado de reducción de los desdoblamientos que había por el Covid-19”.

Ante esta situación, CCOO-Ensino exige que se mantenga la distancia entre pupitres en 1,5 metros. “Apostamos -indicaron- por una enseñanza presencial y segura”, puesto que esta es la manera de garantizar la “equidad y la igualdad de oportunidades” del conjunto de colectivo estudiantil."            (T. Leres, El Plural, 13/09/21)