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27/12/23

Baltar dio más de 55.000 euros en gratificaciones a funcionarios de confianza antes de dejar la Deputación de Ourense... los mayores beneficiarios, con cantidades superiores a los 2.000, los 3.000 y los 5.000 euros, son el que fuera su chofer personal y responsable del servicio de conductores de la institución, otros tres trabajadores de su secretaría personal y varios altos cargos y mandos intermedios de diversos departamentos... la mayoría de las personas más próximas a Baltar que desempeñaron puestos de confianza durante sus mandatos han sido confirmadas en sus puestos tras el ascenso a la presidencia del nuevo líder del PP ourensano, Luis Menor, hombre de confianza de Feijóo y Rueda

 "El expresidente de la Deputación de Ourense, del PP provincial y senador por designación autonómica Manuel Baltar gastó antes de dejar su cargo en julio pasado más de 55.000 euros del presupuesto público en incentivos y gratificaciones a una treintena de funcionarios de su círculo de confianza.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, los mayores beneficiarios, con cantidades superiores a los 2.000, los 3.000 y los 5.000 euros, son el que fuera su chofer personal y responsable del servicio de conductores de la institución, otros tres trabajadores de su secretaría personal y varios altos cargos y mandos intermedios de diversos departamentos.

 Fuentes internas de la Deputación han confirmado a Público que la mayoría de las personas más próximas a Baltar que desempeñaron puestos de confianza durante sus mandatos han sido confirmadas en sus puestos tras el ascenso a la presidencia del nuevo líder del PP ourensano, Luis Menor, alcalde de la localidad de Pereiro de Aguiar.

Menor fue senador hasta el pasado agosto y es presidente del partido en la provincia desde la renuncia de Baltar en octubre pasado.

Hombre de confianza de Feijóo

Según confirman fuentes del PP, Menor es una persona de la plena confianza del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, quienes le impulsaron como nuevo líder del partido en la provincia.

La mayoría de afines a Baltar han sido confirmadas en sus puestos por el nuevo líder del PP ourensano, Luis Menor

Público ha tratado sin éxito de contactar con Baltar para obtener una valoración sobre los sobresueldos cobrados por el personal de su círculo íntimo en la Deputación. El entorno del nuevo presidente sí ha respondido alegando que se trata de "una cuestión de gestión interna, debidamente fiscalizada por los órganos de control de la Deputación y con pleno arreglo a derecho".

El expresidente renunció a seguir al frente de la Deputación y del PP ourensano tras haber sido imputado por un delito contra la seguridad vial por conducir a 215 km/h el coche oficial de la Deputación, causa que se sigue contra él en el Tribunal Supremo dado que después de esa infracción obtuvo la condición de aforado, cuando Feijóo y Rueda acordaron facilitarle un escaño en el Senado por designación del Parlamento de Galicia.

Entre las gratificaciones que Baltar entregó antes de marcharse a una treintena de funcionarios destacan las que percibieron tres personas adscritas a su secretaría personal por valor de 5.400,49 euros, 5.209,90 euros y 5.200 euros, respectivamente. Su chófer oficial percibió otros 4.200 euros, y un alto cargo del departamento de Obras, otros 3.285 euros.

Retribuciones extraordinarias

Además, hay otros tres funcionarios con retribuciones extraordinarias por encima de los 2.000 euros y otros 19 con percepciones por encima de los de mil. El resto de cantidades oscilan entre los 260 y los 950 euros.

Entre los beneficiarios hay funcionarios con plaza fija, interinos y personal laboral. Las citadas fuentes aseguran que en varios casos se trata de militantes del PP o simpatizantes del partido que se habrían presentado en puestos medios en las candidaturas del partido en alguno de los procesos electorales de los últimos años.

Esas personas recibieron esas cantidades en concepto de gratificaciones e incentivos a la productividad, a pesar de que en sus nóminas figuran ya complementos que representan en algunos casos el doble de sus salarios base.

Varios de los beneficiarios son militantes del PP o simpatizantes del partido que se presentaron en sus listas

Según ha podido saber Público, los presupuestos de la Deputación de Luis Menor para el año que viene mantienen la misma previsión de gasto en retribuciones extraordinarias que los que había dejado Baltar para 2023. Eso no quiere decir que el nuevo presidente vaya a seguir usándolos, pero sí que se reserva la posibilidad de hacerlo.

Con los votos de Jácome

Menor pudo aprobar los nuevos presupuestos gracias a la abstención del PSOE, ya que los diputados de la  Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Ourense, votaron en contra pese a que ambos se apoyan para que uno y otro puedan mantener la Deputacion y la Alcaldía.

Además de su procesamiento en el Supremo, Baltar se enfrenta a una investigación abierta por la Fiscalía por los audios desvelados por Público en los que su hermano reconocía supuestas mordidas de ambos en la contratación de obras del organismo.

Antes de su renuncia también se supo que la Deputación se había negado a identificar al conductor en varios expedientes por exceso de velocidad asignados al coche que él conducía, y que otros correspondientes a otros vehículos oficiales de la Deputación habían sido asumidas ante la Dirección General de Tráfico por familiares de su anterior conductor, ya jubilado.

Al menos en uno de esos casos, una de esas personas, también trabajadora del organismo, habría visto mejoradas sus condiciones laborales al ver consolidada su plaza poco después de señalarse como responsable de la infracción y asumir el pago de la multa."

( Juan Oliver, Público, 26/12/23)

2/3/23

¿Sobornos a cambio de puestos de trabajo en A Coruña y Ourense? CIG, UGT y CSIF, denunciaron la red caciquil de, STL en Ourense... la misma que ahora se descubre en A Coruña... FCC, Imprega, directivos y el "propio Concello de Ourense" compartirían poder en un "sistema caciquil y de servidumbre" para enchufar a ciertos trabajadores. La CIG relacionó una ola de enchufes masivos justo antes de las últimas elecciones municipales

"La detención de cuatros sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) ha causado un gran revuelo en A Coruña y no solo por lo inusitado de la actuación. También por las consecuencias que puede tener lo que se va conociendo de la investigación. Consecuencias que podrían extenderse no solo al servicio de limpieza municipal herculino, también al de Ourense. 

La Policía ha indicado que detuvo a Miguel Ángel Sánchez Puentes, líder del STL, porque sospecha que formaba parte de una "red criminal" que exigía pagos a los trabajadores que querían entrar en la contrata pública. Los investigadores cifran en 250.000 € lo conseguido solo en un año, 2021.

¿POR QUÉ UNA EMPRESA DEJA A UN SINDICATO ELEGIR EL PERSONAL?

La versión policial es que las concesionarias habrían cedido gran parte de la selección de personal al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en las contratas de limpieza viaria y de recogida de la basura del Ayuntamiento de A Coruña y minoritario en la limpieza viaria de Ourense.

Una práctica empresarial muy sorprendente. Con todo, hay que recordar que este sindicato ha protagonizado duras huelgas en los últimos años, denuncias de sabotajes -como la quema de camiones- contra Sánchez interpuestas por la concesionaria Prezero incluídas.

O PAGAS, O NO TRABAJAS, O TE DESPIDEN

Aprovechándose de la inusitada cesión de la selección de personal, Sánchez y una red de familiares y amigos "exigirían pagos mensuales a todas aquellas personas que quisiesen trabajar para las empresas adjudicatarias de los servicios como requisito obligatorio para poder entrar a trabajar en ellas, a modo de 'mordida'".

Esto es lo que dice la Policía. Sin soborno no habría empleo. Por ahora ni el STL ni ninguno de los cuatro detenidos han rebatido publicamente las acusaciones, pese a que hoy han quedado libres con cargos.

Las fuerzas del orden aseguran que los detenidos habrían logrado así amasar una fortuna, incluídos coches de lujos y propiedades inmobiliarias. Sánchez habría escondido parte de ese patrimonio en empresas gestionadas por una testaferro. Según comprobó Galiciapress en bases de datos que se alimentan del Registro Mercantil, Miguel Ángel Sánchez Puentes no figura como titular ni directivo de ninguna empresa.

SINDICATOS DENUNCIARON RED CACIQUIL DEL STL EN OURENSE

El asunto podría acabar salpicando también al Ayuntamiento de Ourense. La Unión Comarcal das CIG de Ourense ha pedido hoy a la fiscalía que reabra la investigación sobre la concesionaria de la limpieza en esa urbe, Ecourense UTE.

El sindicato nacionalista denuncia en Ourense exactamente lo mismo que la Policía sospecha sucedía en A Coruña. Basicamente, que desde el STL procedían a "cobrar distintas cantidades económicas para acceder a un posto de traballo".

La CIG acusa a la Fiscalía de Ourense de mirar para otro lado cuando presentaron su denunucia en 2020. "Nós naquel momento aportamos incluso extractos bancarios dalgunha persoa que se sentiu estafada e que colaborou coa denuncia”, explicaron desde esta central.

Hay que indicar que esa denuncia de 2020 también tuvo el aval de otros tres sindicatos: CIG, UGT y CSIF, mayoría en ECOURENSE UTE. Así explicaron como funcionaría la presunta trama:

"O botín é diferente segundo o cupo do que se trate. O beneficio que cada grupo de control da contratación de persoal obtén, é diferente: nalgúns casos son réditos políticos, persoais e, en definitiva, control da vontade das persoas contratadas, que pasan a engrosar as ringleiras de quen debe favores que nunca se acaban de pagar. No caso da empresa pantalla INPREGA, cuxos listados de persoas contratadas son xestionados integramente polo pseudo sindicato STL, teñen unha dobre peaxe: unha económica, xa que cada persoa contratada a xornada completa debe pagar unha cota de 63,50 € mensuais. E por outra parte, contratados e familiares que xa estaban no cadro de persoal de ECOURENSE, deberán afiliarse ao referido STL"

La versión de la central es que Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., más conocido como FCC -uno de los socios de la UTE- solo gestionaba la mitad de la fuerza laboral. La otra mitad la gestionaría el STL a través de una empresa llamada Asociación Impulso ao Emprego (Imprega).

Según denunció el Bloque, FCC, Imprega, directivos y el "propio Concello de Ourense" compartirían poder en un "sistema caciquil y de servidumbre" para enchufar a ciertos trabajadores. La CIG relacionó una ola de enchufes masivos justo antes de las últimas elecciones municipales, que acabaron con el mandato de Jesús Vázquez (PP).

TRABAJO CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Inprega se define como "cooperativa sin ánimo de lucro comprometida con la integración sociolaboral". En el pasado ha dado cursos de formación a personas en riesgo de exclusión, con difícil integración en el mercado laboral. A su nombre figuran varias adjudicaciones de contratos de formación en diversos ayuntamientos e instituciones de Galicia, sobre todo de las comarcas de Ferrolterra, Ourense y A Coruña.

La Justicia ha dejado en libertad con cargos a los cuatro detenidos vinculados al Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) de A Coruña. Investiga a dos mujeres y dos hombres por los delitos corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales.

Según Quincemil, los cuatro detenidos son : el secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez; la mujer del presidente y gerente de Inprega, Cristina Martínez; el presidente del comité de empresa de PreZero (empresa que presta el servicio de limpieza en A Coruña), Luis Varela y la directora general del Centro Especial de Empleo de Cee Inusvalia, Ximena Romero."                                    (Manuel Vilas López, GaliciaPress, 24 de febrero de 2023)

24/3/22

La minera de Corcoesto denuncia que la Xunta le pidió 1,5 millones en ‘mordidas’... Un directivo de Sacyr solicitó dinero para Feijóo, Agustín Hernández y Bernardo Tahoces

 "Una ONG pedirá a la Fiscalía que investigue si amigos de Feijóo ofrecieron ayuda a una empresa a cambio de dinero.

 El caso Corcoesto, el supuesto intento de amigos de Alberto Núñez Feijóo de cobrar dinero a cambio de desbloquear el intento de una empresa canadiense de extraer oro en Galicia, no amaiana. La oeganización de defensa de la naturaleza Amigos da Terra anunció este jueves su intención de solicitar a la Fiscalía que abra una “investigación exhaustiva” para establecer si ha habido “tráfico de influencias y corrupción” en el “entorno del gobierno gallego” en relación con este asunto.

“La salvaguarda de intereses ambientales y sociales está a expensas de criterios arbitrarios que pueden ser aprovechados por ciertas tramas corruptas”, señala la organización, a la que le prepocupa especialmente cómo la Xunta aprobó inicialmente una mina que implicaba “un monumental impacto ambiental y pasajístico”.

Por culpa de aquella decisión, puntualiza Amigos da Terra, ahora son los ciudadanos gallegos los que se exponen a tener que pagar indemnizaciones millonarias a la empresa que perdió la concesión exclusivmanete por “el desacierto de la gestión” de la Xunta.

Por su parte, la organización Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), una de las de mayor tradición de Galicia, tampoco se ha quedado parada a la vista de las noticias sobre la supuesta oferta de tráfico de influencias y de la demanda de la empresa concesionaria para ser indemnizada. La SGHN respalda la cancelación del proyecto, aunque reconoce no saber si se debió a las “decisiones oscuras” que ahora ha sacado a la luz el director de la empresa canadiense o a la presión social en su contra.

Nuevos documentos

En todo caso, y para evitar una hipotética reactivación del proyecto minero, la SGHN ha anunciado que trasladará al juzgado documentos que obran en su poder –y cuyo contenido no ha querido divulgar– relacionados con los “renglones torcidos” escritos por la Xunta en la tramitación de la iniciativa.

Por su parte, el director general de Enerxía e Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, ha defendido qque todo lo relativo a la mina se tramitó “conforme a la ley en todo momento”. (...)"             (Fernando Varela, InfoLibre, 21/04/16)

 

 "El naufragado proyecto de la mina de oro de Corcoesto dejó tras de sí múltiples frentes judiciales abiertos que, si bien poco resultado han dado a la minera hasta la fecha en el objetivo de ser indemnizada, sí que han servido para que la multinacional canadiense Edgewater vertiese terribles acusaciones, fundamentalmente la de cohecho, contra altos cargos de la Xunta. 

Si en el contencioso administrativo abierto contra la denegación del permiso de explotación, lo que en la práctica supuso el punto final para la mina, la compañía insinuaba que “amigos de Feijóo” le habían pedido “dólares en una maleta Sansonite”, en el escrito de demanda de arbitraje pone nombres, apellidos y números a la presunta petición de soborno.

En un escrito fechado el 6 de mayo de 2016 de la firma legal Three Crowns, especializada en arbitraje internacional, y que fue remitido no sólo al abogado del Estado sino también a las más altas instancias del Ejecutivo central, incluido Mariano Rajoy, Edgewater acusa a altos cargos de la Xunta de pedir una mordida de 1,5 millones a cambio de autorizar la explotación.

Edgewater señala a Feijóo, Tahoces y Agustín Hernández

Bajo el título Notice of arbitration, el documento señala al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; al ex conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández; y al director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces; como receptores de las supuestas mordidas, sin aportar más prueba que la declaración del presidente de Edgewater, George Salamis. El primer ejecutivo de la multinacional dice lo siguiente:

“En octubre de 2014, un alto cargo de Sacyr me dijo que tendríamos que pagar 1,5 millones para obtener el permiso para el desarrollo del proyecto de Corcoesto y que estos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al señor Tahoces”.

El mismo escrito, en su apartado 21, señala que unos intermediarios (que no identifica) solicitaron “pagos ilícitos” en el “otoño de 2014” para distribuir entre cargos del Gobierno gallego, “incluidos el presidente Feijóo y Agustín Hernández”, al que atribuye un cargo inexistente de “vicesecretario general de la Xunta”.

La Xunta denuncia a la empresa por calumnias

Así consta en la documentación incorporada por la abogada de la Xunta en el recurso de apelación presentado ante el juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, que solicita que se reabra la causa para juzgar a Edgewater por calumniar y difamar al Gobierno gallego.Desde que trascendieron a los medios de comunicación las acusaciones de la minera, tanto Feijóo como Tahoces afirmaron que emprenderían acciones legales contra la multinacional. Dichas actuaciones derivaron en una denuncia por calumnias interpuesta por la Fiscalía en la que se personó la propia Xunta. El juzgado archivó la causa en un auto del 8 de mayo del año pasado. Diez días después, los abogados del Gobierno gallego presentaron el recurso de apelación. (...)"              (Rubén Rodriguez, Economía Digital, 20/03/18)

11/2/22

México sinala o "contubernio" dos negocios de Pemex en Galicia apadriñados pola Xunta como clave na súa crise con España

  "Nos últimos días multiplícanse nos medios españois os titulares e análises a respecto das declaracións nas que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reflexiona sobre a necesidade de "facer unha pausa" nas relacións con España, "darnos tempo para respectarnos e que non nos vexan como terra de conquista". Tivo menos difusión, non obstante, o contexto das palabras do líder mexicano, centradas no que considera un "contubernio" para "saquear" o seu país en mandatos anteriores ao seu.

Dentro desa "promiscuidade económica-política", o presidente de México sinala os negocios da petroleira estatal Pemex apadriñados pola Xunta, especialmente a controvertida -e finalmente, ruinosa- compra do estaleiro vigués Barreras en 2013 e as encargas de barcos que Alberto Núñez Feijóo convertera en bandeira electoral. Como informa este venres Lara Graña para Faro de Vigo, na súa comparecencia informativa do pasado día 9, López Obrador interveu ante os medios co actual director xeral de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ao que instou a ilustrar cun exemplo "como nos ía coas empresas españolas".

 "No caso dos estaleiros, por exemplo, de Vigo, foi un...", comezou Oropeza. "Vigo, España. Nós falamos para o pobo, ou sexa, súbelle, non báixalle", animou López Obrador, dando paso ao relato do máximo dirixente da petroleira: "Foi un estaleiro en España, en Vigo" que "estaba practicamente en bancarrota", comezou, en referencia a Barreras. "Nalgunha visita que fixeron as autoridades mexicanas, decidiron rescatar eses estaleiros que estaban pechados, estaban quebrados, e para isto mercaron o 51% das accións", evocou, en referencia á operación adiantada daquela por Praza.gal.

 "Investíronselle cartos mexicanos de parte de Pemex, pero non chegaba para botar adiante a actividade dos estaleiros" e "daquela, encargáronlle construír uns barcos para prestarlle servizo a Pemex". Estes, evoca, eran os famosos floteis -Pemex encargara un a Navantia en Ferrol e outro, á propia Barreras a través dunha filial-. "Cando se terminaron de construír, resultou que Pemex non os necesitaba, encargáranllelos nada máis para darlles o negocio" e "viabilidade ao estaleiro". Os antigos mandatarios de Pemex -boa parte deles actualmente inmersos en investigacións de presunta corrupción- ligaran as dificultades para colocar os dous floteis construídos e a cancelación doutros proxectos prometidos unicamente á crise internacional de á baixada experimentada daquela polos prezos do petróleo.

Pero Romero Oropeza subliña que aquilo "non foi só un tema de que se lles deron cartos", nin sequera só a compra de accións de Barreras. "Déuselles un traballo que se cobrou a un sobreprezo" e ao cabo, "a empresa sempre producía perdas; Pemex nunca gañou un só centavo" no que "foi, indubidablemente, un pésimo negocio para Petróleos Mexicanos". Non obstante, lembra o responsable da petroleira, "nesta administración logramos recuperar os cartos que investíramos nas accións e o que tiñamos como garantía" no estaleiro vigués, lembra en referencia ás negociacións e ao litixio tras o que, o pasado 2021, Pemex deu recuperado algo máis de 13 millóns de euros.

Varias investigacións abertas en México

Esta non é, en calquera caso, a primeira ocasión na que o actual director xeral de Pemex critica abertamente os negocios de Pemex en Galicia, apadriñados pola Xunta durante as presidencias mexicanas de Felipe Calderón e Enrique Peña Nieto e culminadas -no caso de Barreras, por exemplo- cando a empresa estatal estaba dirixida por Emilio Lozoya, detido en 2020 en España pola súa implicación en varios casos de presunta corrupción. En varias ocasións, o propio Feijóo tentou desligar a Lozoya dos negocios da petroleira en Galicia malia que, segundo indicou o propio Goberno galego en 2013 e 2014, o presidente da Xunta en persoa tratou directamente con el.

 Alén das declaracións cruzadas, son varios os entes oficiais de México os que veñen pescudando dende hai anos sobre os negocios de Pemex en Galicia. Como veu informando este xornal, ata catro organismos do país americano puxeron o foco na operación. Trátase da Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), equivalente á UDEF en España, da Secretaría de la Función Pública (SFP) do Goberno de México e da Fiscalía General de la República. 

Así continúan os ecos do que, hai agora unha década, fora presentado pola Xunta como unha "alianza estratéxica" coa empresa mexicana para dar folgos ao sector naval galego nun dos seus momentos máis delicados. Remolcadores, quimiqueiros e barcos abastecedores sumaban xa uns 24 barcos prometidos cando, en vésperas das eleccións de 2012, a Xunta solemnizou o encargo dos dous floteis. En 2014, cando Pemex xa entrara no accionariado de Barreras, Feijóo e e o conselleiro Francisco Conde finalizaran unha viaxe a México "certamente optimistas" dando por boas as promesas previas e anunciando "barcos adicionais na ría de Vigo" que nunca chegaron."               (David Lombao, Praza Pública, 11/02/22)

13/11/17

El jefe contraincendios de la Xunta, imputado por adjudicar a dedo el servicio de helicópteros

"El responsable de la lucha contraicendios de la Xunta de Galicia durante los últimos 17 años, Tomás Fernández-Couto, está imputado por un presunto delito de prevaricación en relación con la adjudicación de los helicópteros para la extinción de los incendios forestales de la comunidad gallega en las campañas de 2011, 2012 y 2013.

 En la instrucción, que parte de una denuncia registrada en 2015 por la Fiscalía basada en la presentada en 2012 por el sindicato CIG, figuran igualmente como investigados por este mismo motivo Francisco José Vidal Pardo y José Carlos Costas, secretario general técnico y subdirector general de prevención y defensa contra los incendios forestales de la Consellería de Medio Rural, respectivamente, en aquellos años.

El anuncio de la imputación de Fernández-Couto,adelantada por Praza.gal y que según confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Santiago, coincide con las peticiones de su cese formuladas por todos los grupos de oposición en el Parlamento gallego al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, tras la catástrofe de mediados de octubre.

 Pese a la investigación judicial abierta y a las reiteradas críticas de la oposición y de los trabajadores forestales por la gestión de Fernández-Couto en años anteriores y por la relativa a la oleada de incendios del mes pasado que se saldó con cuatro muertos, 128 ingresos hospitalarios, 2.400 personas desalojadas de sus viviendas y más de 49.000 hectáreas de terreno arrasadas, el presidente gallego mantiene su confianza en el actual director general de Ordenación Forestal.

En la denuncia de la CIG que sirvió de base a la de la Fiscalía se alertaba de la adjudicación directa en 2012 a Inaer del servicio de helicópteros de las brigadas contraincendios de la Xunta por importe de 6,6 millones de euros.

El sindicato aportaba documentación gráfica que evidenciaba que mes y medio antes de la adjudicación los helicópteros de Inaer ya prestaban servicio. El Ejecutivo gallego, presidido ya entonces por Feijóo, justificó la adjudicación a dedo señalando que la inmediatez de la época de riesgo de fuegos le impedía convocar un concurso público.

Sí lo hizo en 2013. Inaer volvió a presentarse y, en competencia con ella, otra empresa que prestaba el servicio en Castilla y León. No obstante, la Xunta declaró desierto el concurso asegurando que ambas ofertas incumplían los pliegos de condiciones por lo que convocó un procedimiento negociado designando a dedo a las empresas invitadas. Inaer, que presentó una baja de 8.000 euros sobre los 12,3 millones de la licitación, se hizo de nuevo con la concesión.

Un año después, el Consello de Contas, organismo fiscalizador de la gestión del sector público gallego, aseguró que se había producido una “modificación sustancial de las condiciones iniciales” que “constituye un obstáculo legal para la posterior convocatoria de este procedimiento negociado sin publicidad, con infracción de los principios de publicidad y transparencia”.

 El informe de Contas, que detallaba otras irregularidades de la Xunta en la contratación de los helicópteros, fue determinante para reabrir la instrucción, cerrada varias veces por el juzgado. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, las últimas declaraciones en relación con esta causa se tomaron el pasado mes de abril y el titular del juzgado está a la espera de un informe del Seprona que considera complejo para tomar una decisión al respecto."               (
 , El País, 09/11/17) 

15/6/17

Subornos pagados por construtoras a técnicos seus para que lles validasen obras non realizadas no AVE galego

"Este martes a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia informou de que vén de abrir un expediente sancionador a 25 empresas subministradoras de sistemas de electrificación e equipos electromecánicos para a rede ferroviaria. 

Unha investigación administrativa que se facía pública pouco despois de que Adif, a empresa estatal xestora da maioría da rede, informara, en resposta a unha pregunta parlamentaria de En Marea no Congreso, de que abriu un expediente sobre as derivadas internas que poida ter a investigación xudicial en marcha desde hai catro anos sobre supostos subornos pagados por construtoras a técnicos seus para que lles validasen obras non realizadas segundo o contratado. 

Se a investigación de Competencia analiza o encarecemento das obras ferroviarias, tamén as galegas, por un posible pacto entre empresas, a xudicial e agora tamén interna de Adif estuda a posible rebaixa da calidade das actuacións realizadas, varias delas en Galicia.

A investigación xudicial sobre presuntos subornos a técnicos de Adif por parte de construtoras iniciouse a raíz dunha denuncia sobre irregularidades nunha obra do AVE en Barcelona realizada por Isolux Corsán entre 2008 e 2011, pero estendeuse máis tarde a actuacións por toda España.

 Os investigadores atribúen á empresa o regalo de viaxes de pracer a responsables de Adif a cambio de que validasen como realizadas obras que non se executaran ou feitas con materiais ou técnicas de inferior calidade. Un dos treitos que se adxudicou Isolux Corsán, en 2003, foi o Ourense-Amoeiro da liña de AVE Ourense-Santiago. 

Segundo informou El País, a empresa soubo que “un tipo de formigón” empregado na obra “non ofrecía a resistencia necesaria para o encofrado”, pero aínda así evitou revisar a obra. Corsán, segundo os investigadores citados polo diario, aboou unha viaxe de pracer ao director da obra de máis de 1.500 euros.

Os investigadores non só levaron máis alá de Barcelona a súa investigación sobre Corsán senón que tamén ampliaron as súas sospeitas a outras empresas, como as galegas Copasa e Puentes y Calzadas. Novamente segundo El País, as dúas pagaron tamén viaxes de pracer a cargos de Adif, a primeira en colaboración con Corsán e Acciona en relación coa obra de Barcelona e a segunda ao tempo que era adxudicataria da construción de treitos do AVE galego como o acceso a Santiago ou o Requejo-Padornelo.

Segundo o Goberno, a propia Adif está a colaborar coa investigación xudicial desde mediados de 2013 e agora vén de responder a En Marea que tamén abriu un expediente interno. Segundo esa resposta, “se esixirán as responsabilidades que correspondan adoptar no proceso penal no que Adif se atopa persoado como acusación particular, e as de índole disciplinaria se adoptarán por Adif no que a pendencia do proceso penal permita”. Adif tamén sinala que revisa como se realizaron as obras en cuestión.

Á marxe destas investigacións tanto penal como interna de Adif sobre a relación entre as construtoras e os técnicos da empresa pública, Competencia vén de abrir outra a 25 empresas suministradoras de sistemas de electrificación e equipos electromecánicos para a rede ferroviaria por “posibles prácticas anticompetitivas”

Competencia analizará se as empresas se puxeron de acordo para repartirse entre elas os concursos públicos de instalación e mantemento dos sistemas de electrificación e seguridade das liñas ferroviarias. Entre as firmas implicadas están as principais do sector e as súas matrices, que nos últimos anos veñen traballando de xeito activo no AVE galego: Alstom, ACS, Comsa, Elecnor, OHL, Isolux Corsán, Abengoa, Indra Sistemas, Sacyr ou Siemens.

As sospeitas que estas investigacións espertan sobre como foi construído o AVE galego por parte das empresas adxudicatarias e os sobrecustos que se lles pagaron engádense ás que a causa de Angrois ten abertas sobre a xestión e operación da liña Ourense-Santiago por parte de Adif.

 Porén, se nos dous primeiros casos o que se investiga é se as empresas adxudicatarias ocultaron información a Adif sobre os materiais e técnicas que empregaron ou se pactaron uns prezos máis elevados polos seus servizos, a documentación achegada á causa de Angrois revela que as empresas informaron a Adif dos riscos existentes na liña pero sería esta a que non os xestionou de xeito adecuado para evitar o accidente.

 Isto é, as investigacións sobre os supostos subornos das construtoras e o presunto cártel das empresas poñen o foco sobre o proceso construtivo da obra civil e a posterior instalación nela do equipamento técnico por parte das adxudicatarias, mentres que a investigación sobre o accidente de Angrois está a analizar a xestión e operación posterior da liña por Adif."                 (David Reinero  , Praza Pública, 08/06/17

4/4/17

Feijóo ya puede beber Vega Sicilia: archivan la causa por sus regalos vinícolas

"Cuando el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, descorche una botella de Vega Sicilia en su casa, nadie podrá dudar de su integridad como político. El Tribunal Superior de Xustizia de Galicia no ve delito en la llegada durante años de lotes de este vino a su domicilio particular.

Estas cajas, regalo navideño del empresario Raúl López, son consideradas por el tribunal regalos "de ínfimo valor" que no representan "un comportamiento sujeto a reprobación social". Por tanto, no pueden considerarse un delito de cohecho, como así lo estimó la jueza instructura. 

Además, el TSXG destaca que la recepción de los regalos no es susceptible "de ser indiciariamente tenido como delictivo" ya que se enviaron a varias personas más.

Por otro lado, la resolución judicial explica que las fechas en las que se efectuaron estos regalos, entre 2008 y 2013, fue anterior a la entrada en vigor del Código Ético Institucional de la Xunta de Galicia, a través del cual se regula la aceptación de cualquier obsequio.

Según figura en los informes de la Agencia Tributaria, el presidente gallego recibía estos regalos navideños de parte del dueño de Monbus, Raúl López, investigado por la justicia tras haber diseñado, supuestamente, "un completo entramado para beneficiar a su grupo, aprovechando sus relaciones a alto nivel político y empresarial".

 La jueza de Instrucción número 1 de Lugo elevó una pieza al TSXG para que decidiese si había o no causa contra Feijóo por este hecho, dada su condición de aforado.

Además de a Feijóo, la causa afecta a su número dos, el vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda Valenzuela. La resolución no es firme, y contra la misma cabe interponer recurso de súplica."           (El Confidencial, 28/03/17)

15/12/16

La declaración del empresario que señala a Feijóo reactiva la Operación Zeta, la del saqueo en los cursos de formación

"La Operación Zeta regresa meses después. Y lo ha hecho con la declaración del presunto líder de la trama, Gerardo Crespo, el empresario que señaló a Feijóo y a otros importantes cargos del PP. Hasta ahora se había acogido a su derecho a no declarar y había alegado desconocer de qué lo acusaban ante la ausencia de informes de la Agencia Tributaria sobre el dinero presuntamente defraudado, hasta 20 millones. 

Pero este martes, más de dos años después de su detención, ha respondido a las primeras preguntas ante la titular del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña que lleva el caso.

Este empresario, militante del PP y antiguo líder vecinal coruñés, está considerado el presunto líder de una supuesta trama de falsos cursos de formación y captación y gestión irregular de fondos públicos. La jueza intenta esclarecer la presunta comisión de delitos de fraude de subvenciones, estafa y malversación, además de otros derivados como falsedad documental, cohecho o blanqueo. En total, son 55 los investigados.

Antes de entrar en el juzgado, y como había hecho anteriormente en numerosas ocasiones, Crespo dijo ser "totalmente inocente" y ha manifestado sus ganas por comparecer ante la jueza. Al salir, y después de declarar durante más de tres horas, ha asegurado estar "tranquilísimo". 

"En paz ya estaba pero salgo más tranquilo", ha advertido tras responder únicamente a las preguntas de su letrado y a un par de la Fiscalía. En las respuestas ha insistido en que ejecutó todos los cursos para los que recibió subvenciones, justo al contrario de lo que los informes policiales dicen, al acusarlo de incluso inventarse la formación y los requisitos necesarios para acceder a las ayudas públicas. 

De lo que Crespo diga depende que la Operación Zeta salpique de nuevo o no tanto a Feijóo como a otras importantes figuras del PPdeG después de que altos cargos de la Xunta estén ya siendo investigados. Desde que explotara el caso en octubre de 2014, el empresario coruñés incide en subrayar las complicidades que lo unieron durante lustros con destacados dirigentes políticos para sacar adelante sus negocios. Señaló a varios y amenazó con tirar de la manta "poco a poco".

Para iniciar y extender lo que la Policía define como "caza de dinero público", Crespo tejió una red en la que no faltaban los regalos para los políticos y tampoco, según declaró en comisaría su ex contable, las donaciones en metálico para el PP. 

Según los agentes, los integrantes de la trama constituían asociaciones con el propósito de conseguir subvenciones, incluso inventando alguna de ellas que no tenían ni socios y para las que falsificaban datos y lograr cumplir así los requisitos de las administraciones.

En declaraciones a los medios tras su comparecencia, Crespo ha defendido su actividad como una "prestación de servicio" a la sociedad y ha criticado por "tendenciosa" la instrucción. Según defiende, hay informes que contienen "grandes errores de bulto" y están hechos "de parte para apoyar un sumario tendencioso, preconcebido y que coge lo que interesa y lo que no, lo descarta". 

 "Parece mentira por parte de la Agencia Tributaria", ha añadido. "Nuestros clientes eran los alumnos, pero la Administración, de alguna manera, nacionalizó el sector y esa Administración comenzó a ser nuestro cliente principal pero no dejó de ser una prestación de servicio", ha insistido más tarde. 

De Lucas, el 'conseguidor'

Según esos informes de los agentes, para engrasar la maquinaria de la red, Crespo -propietario de la academia Azetanet, que ya no está autorizada para impartir cursos de la Consellería de Traballo- contaría con la ayuda del empresario Pachi de Lucas, el amigo del presidente de la Xunta al que el investigado le abonaba cantidades periódicas para gratificar sus labores de intermediación, según los agentes.

Precisamente, la última novedad del caso antes de la declaración de este martes había sido la ampliación en 25 nombres -tras los 30 iniciales- la lista de personas investigadas y entre las que se incluye Francisco Ramón de Lucas, Pachi de Lucas, el considerado conseguidor de la trama, a quien Gerardo Crespo había situado en el "círculo íntimo" de Feijóo. Junto a él, también pasaron a ser investigados los dos anteriores directores generales de Formación y Colocación de la Xunta: Pastor Fuenteseca, del bipartito, y Ana María Díaz, del PP.

En el caso de Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente y a quien la investigación relaciona también con Crespo, ahora es citada en calidad de testigo. En el inicio de la investigación Mato admitió que llegó a recibir un bolso como regalo de Azetanet y las escuchas de la Policía revelan diversos alusiones a ella.

Después de la declaración de este martes, el día 15 será el turno de Eliseo Calviño, el que había sido presidente de Caype, otra de las entidades investigadas. Con todo, Gerardo Crespo ha solicitado declarar otro día más en cuanto estén a su disposición los informes que pidió su defensa sobre la actividad de su grupo empresarial. 

En ellos rebatirá documentos des sumario, como los que criticó, para demostrar la legalidad de sus actividades. Además, ha afirmado que el proceso abierto acabó por "quebrar" sus negocios, que debe dinero y que puede que tenga que afrontar un desahucio."    ( eldiario.es, 13/12/16)

14/12/16

Feijóo y otros 24 cargos públicos han sido imputados por la jueza Pilar de Lara por delitos de cohecho

"Un total de 24 cargos públicos han sido imputados por la jueza Pilar de Lara por presunto delito de cohecho. Se trata de todos aquellos que figuran en la lista del informe del Servicio de Vigilancia Aduanera como receptores de regalos del presidente de Monbus, Raúl López, valorados en más de 400 euros, que aún no tenían la condición de investigados y que están bajo su jurisdicción. 

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo elevó días atrás exposiciones motivadas a los tribunales correspondientes para que decidan si investigan, entre otros, a los aforados Alberto Núñez Feijóo y al exministro José Blanco, destino que podrían compartir destacados dirigentes del PP, como su portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, y la presidenta de la comisión de Exteriores del Congreso, Pilar Rojo, expresidenta del Parlamento de Galicia y amiga íntima de Mariano Rajoy.

En los casos de Rojo y Barreiro, De Lara tramita las denuncias incorporándolas a las respectivas diligencias previas abiertas, para decidir más adelante si procede elevar exposición motivada al Tribunal Supremo para su eventual procesamiento, que requeriría la solicitud previa de suplicatorio.

 Es lo que ya ha hecho con el presidente de la Xunta y con el socialista José Blanco, y lo que estudia hacer con el excalcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo, del PSdeG, en la actualidad diputado autonómico —por lo que la decisión sobre su caso correspondería al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG )—, y José Antonio de las Heras Muela, teniente de alcalde de Guadalajara hasta 2015 y actual senador por el PP.

La conveniencia de elevar exposición motivada al Tribunal de Justicia de Madrid sobre Bartolomé González Jiménez, diputado del PP en la Asamblea madrileña y alcalde de Alcalá de Henares hasta julio de 2012, lo deja la jueza para un auto aparte. Además de Feijóo y Blanco, la magistrada también ha pedido al TSXG que se pronuncie sobre la conveniencia de procesar al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al diputado autonómico Alejandro Gómez.

En un auto del pasado 21 de octubre, Pilar de Lara desestimó una petición de sobreseimiento realizada por el jefe de Lugo, Roberto Brezmes, y acordó la imputación por uno o varios delitos de cohecho de los 24 no aforados que se han incorporado a la causa y remitir exposiciones motivadas sobre los aforados. Para ello, situó en 400 euros el listón de la comisión del supuesto delito, lo que derivó en la imputación entre otros del actual presidente de la Federación de Fútbol de Galicia, Rafael Louzán, quien fue presidente de la Diputación de Pontevedra entre 2003 y 2015, también imputado en otros tres casos judiciales.

Figuran asimismo en la lista los expresidentes de Aena Juan Ignacio Lema Devesa; Renfe, Teófilo Serrano; Ferrocarriles de Vía Estrecha (Fevve), Amador Robles, y de Ferrocarriles de Catalunya, Enric Ticó i Buxadós. En el auto, también se imputa al exsecretario general de Transportes de Fomento José Luis Cachafeiro, al alcalde de Guadalajara, Antonio Román Jasanada —junto a tres de sus altos funcionarios—, y al de Igualada (Barcelona), Jordi Aymami. Completan la lista nueve funcionarios de la Generalitat de Cataluña y tres de la Xunta.

Imputar por regalos de más de 400 euros

El auto de Pilar de Lara detalla las razones por las que algunas de las personalidades que figuran en la lista elaborada por el Servicio de Vigilancia Aduanera han sido imputadas u objeto de exposiciones motivadas, en tanto que otros no. 

Así, además de los casos en los que existe constancia de que los regalos fueron devueltos, señala que si estos sobrepasan los 400 euros, la acción “merecerá el reproche penal, al entender que todo regalo que exceda de esta suma va más allá de los usos sociales y de los valores habituales, así como de lo que puede ser considerado como regalo de mera cortesía, con capacidad para turbar la imparcialidad y la probidad de los funcionarios y autoridades”.     

De Lara decidió ya en abril de este año la apertura de dos nuevas piezas separadas relacionados con el caso Cóndor, en el que se investiga a Raúl López como principal imputado de una supuesta trama de lavado de dinero, prevaricación, cohecho, delitos societarios, contra la Administración pública y fraude fiscal.

 Una de ellas afecta al ahora eurodiputado José Blanco, y en la otra a Feijóo, Rueda y Alejandro Gómez, todos ellos por presunto delito continuado de cohecho. Los autos de la jueza señalan que el presidente de Monbus, “con la intención de propiciar una buena relación” con las distintas administraciones públicas, y de esta manera “obtener más ventajas y facilidades en la consecución de contratos”, enviaba anualmente “costosos obsequios a un elevado número de autoridades y funcionarios”.

Pese al informe en contra del fiscal jefe de Lugo, la jueza decidió en otro auto del pasado 10 de noviembre seguir adelante con el caso, porque entiende que “es claro” que esas “prebendas están directamente vinculadas al cargo que desempeñaban” funcionarios y autoridades. “Es obvio que, de no ostentar tales cargos, no habrían recibido los regalos en cuestión”, con lo que el empresario trataría de “congratularse” con personas que, al aceptarlos, “quedan en una situación de correspondencia y compromiso”.

Otro dato que la jueza considera crucial en su auto del 10 de noviembre es la existencia de categorías en los lotes, de mayor a menor importe, clasificados como vip, muy buenos, buenos y regular, que “parecen venir determinados por el cargo de destinatario”. “Algunos de los perceptores de tales obsequios vieron reducidos considerablemente el valor del mismo en el momento en el que dejaron sus cargos y consiguientemente perdieron las facultades de responsabilidad y de toma de decisiones en las áreas en las que Monbus tiene contratos y adjudicaciones”, subraya la jueza. 

De Lara coincide con un primer informe de la Fiscalía que considera que los obsequios enviados, entre otros, a Feijóo y Blanco “excedían de la costumbre social”, lo que “convertía la costumbre en típica penalmente”. “Es más, en estos casos excedía incluso del salario mínimo interprofesional”, añade.

Feijóo: todo quedará en nada

Otro factor que tiene en cuenta el auto para proceder a las imputaciones y exposiciones motivadas es que los regalos se enviaran no a dependencias oficiales, sino a los domicilios particulares de los perceptores, “y en algunos casos en domicilios de familiares”, lo que interpreta como “determinada opacidad o fin de ocultación”.

 Tampoco comparte con el fiscal jefe que la recepción de obsequios fuese una conducta tolerada socialmente en la época de su realización (hasta 2014): “De hecho, su inadmisión social provocó no solo una situación de alarma social y mediática, sino la aprobación de sucesivos códigos éticos y de conducta”.

 Feijóo no negó este lunes haber recibido los regalos de Raúl López ni informó de haberlos devuelto al remitente, pero se mostró “absolutamente tranquilo”. El presidente de la Xunta aseguró que no conoce del caso, declarado secreto, más que las “filtraciones parciales” publicadas estos días, pero vaticinó: “Ese asunto se concreta por sí solo, y supongo que se disolverá por sí solo”.        (El confidencial, 13/12/16)

23/9/16

Ence dispara un 54% el sueldo de sus directivos tras el indulto de Rajoy a su fábrica de Pontevedra

"La papelera Ence disparó un 54% la retribución de su alta dirección en el primer semestre de este año, hasta la cifra récord de 2,285 millones de euros.

 El incremento llega tras la polémica prórroga (por 60 años) aprobada en funciones por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 20 de enero a la planta de celulosa de la compañía en la Ría de Pontevedra, que salvó al complejo, uno de los dos que Ence tiene en España, de un cierre que estaba previsto para julio de 2018.

El premio de Ence a los siete miembros de su alta dirección, entre los que están el consejero delegado, Ignacio de Colmenares, y un hijo del presidente y máximo accionista, Javier Arregui Abendívar (director general del negocio Forestal), contrasta con la evolución del beneficio, las ventas y la cotización de las acciones de la empresa en ese periodo.

Entre enero y junio, el beneficio de Ence se redujo a prácticamente la mitad (fue de 11,4 millones de euros, frente a los 22,1 millones de un año antes), mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) cayó un 31,2% (hasta 53,2 millones) y las ventas bajaron un 7,7%, hasta 289,2 millones. La cotización de sus títulos retrocedió un 25% en ese periodo. (...)

La planta pontevedresa, que podrá seguir abierta hasta el 8 de noviembre de 2073 gracias a la prórroga del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aportó hasta junio el 46,2% de la celulosa producida por Ence. No ha sido posible contactar con Ence para conocer las razones del incremento de sueldos de su alta dirección, que han llevado a esta partida a cifras que no tienen precedentes desde que la empresa empezó a desglosar este dato hace diez años.

El incremento no se trasladó a la retribución del consejo de administración, cuyos miembros cobraron hasta junio 528.000 euros (un 5,37% menos) por su pertenencia a ese órgano, en el que se sientan tres expolíticos del PP: la exministra Isabel Tocino, José Carlos del Álamo, (ex consejero de Medio Ambiente de la Xunta de Manuel Fraga) y Pascual Fernández, secretario de Estado de Aguas y Costas con José María Aznar.

Privatizada por Aznar en 2001, los principales accionistas de Ence son el empresario Juan Luis Arregui (exvicepresidente de Iberdrola y fundador de Gamesa), con un 28,60%, y Alberto Cortina y Alberto Alcocer (‘Los Albertos’), con un 9,9%."                 (eldiario.es, 21/09/16)

13/5/16

Cuando Rajoy, el pontevedrés, anunció la prórroga de ENCE hasta 2073... dolió (y nosotros que tanto le habíamos votado)

 
 La papelera Ence, en las Rías Baixas. Felipe Carnotto 
 
"(...) Quitar espacio al mar para poner una autovía o montar una fábrica (las dos cosas se hicieron en Lourizán) es tan absurdo como quitar de ahí la Isla de Tambo para entregársela al mar. Es el mayor error que se ha cometido en Pontevedra desde que, allá por 1397, nuestro vecino Gómez Domao salió a batallar contra Pere Niño, conde de Buelda, y el conde le dividió el cráneo en dos mitades.

 Hoy, incluso los más firmes defensores de la permanencia de la factoría reconocen públicamente que la localización es nefasta. La pregunta es obvia: si la localización es nefasta, ¿por qué se amplía la prórroga durante otras seis décadas? Nadie lo tiene demasiado claro. Sabemos el cómo, el cuándo, el dónde y el quién, pero el porqué hai que roelo (grito de guerra del Pontevedra Club de Fútbol).

La lista de agravios de los vecinos de los alrededores es interminable. La empresa, pública en un principio, fue construida a finales de los cincuenta e inaugurada por Franco en 1963. La concesión de los terrenos tenía vigencia hasta 2018. A finales de los 90 se privatizó el 49% y en 2001 el otro 51%. A precio de ganga, precisamente porque la fábrica de Pontevedra tenía fecha de caducidad.

 Los nuevos accionistas hicieron el negocio de su vida. Y los vecinos “solamente” teníamos que esperar hasta 2018 para vernos al fin libres de esa porcallada invasora, arrogante, maloliente, contaminante y antiestética. O contaminante, invasora, antiestética, maloliente y arrogante. Póngalo usted en el orden que prefiera, que tanto tiene. 

En los casi 60 años que llevamos soportando ese enjendro, ENCE no le ha devuelto a Pontevedra ni un céntimo de todo lo que le ha arrebatado. El complejo industrial, que incluye a Elnosa, una fábrica de cloro, tiene un pasado a la altura del rechazo que generó. Por décadas llenó la ría de mercurio y de muchos otros productos asquerosos y ni siquiera dio las gracias.

 Y ahora, con otros 60 años por delante, promete inversiones que apenas alcanzan los beneficios obtenidos en 2015. Inversiones como esa que llaman “el nuevo ciclo del agua”, con el que ahorrarán en agua; y una central de biomasa, con la que ahorrarán energía. Es decir, que invertirán en reducir costes para aumentar sus beneficios. A continuación dedicarán una parte pequeña a lo que llaman “integración paisajística”.

 Lo de la integración paisajística es una estupidez con la que pretenden que ENCE sea hermosa, como si eso fuera posible. Es decir, que pase usted por ahí y diga: “Dios mío, qué fábrica tan primorosa! Una pena no tener una junto a mi casa! Yo ya propuse una vez el único método posible para que ENCE se integre en el paisaje: cambiar el paisaje para integrarlo en ENCE. Cubrir la ría de hormigón y llenarla de fábricas. No hay otro modo. 

Después está el olor. Se ha reducido, es verdad. Antes apestaba en kilómetros a la redonda todos los días y a menudo. Hoy la pestilencia se aprecia siempre en las proximidades de la fábrica y en Pontevedra según lo decida el viento.  No hay otra ciudad en el mundo donde cada uno de los vecinos sean capaces de saber adónde va el viento sin salir de casa. 

Uno está tranquilamente siguiendo un debate de 13TV, sin meterse con nadie, y sabe si el viento viene hacia aquí o hacia Marín.  "Que se jodan los de Marín", pensamos los pontevedreses cuando el humo va hacia allí, que es exactamente lo mismo que piensan de nosotros los de Marín cuando el viento los utiliza como diana. 

En Salcedo, en un lugar que limita con la parroquia de Lourizán, encontró el Padre Sarmiento el primer miliario de los varios que aparecieron en Pontevedra, a escasos metros del actual complejo de ENCE. Por allí se encontraron los vestigios de los que fue un enclave romano, probablemente una villa. 

Ahí se encuentra buena parte de los orígenes de la ciudad de Pontevedra y de nuestros antepasados, que ya vivían entonces de lo que siempre vivimos los gallegos: del campo y del mar, dos sectores que nunca habían competido hasta el surgimiento de ENCE, casi veinte siglos después. Hoy nos quieren hacer creer que la solución al futuro de la comarca es ENCE.

 Pues no, meus reises. La ría de Pontevedra ya estaba allí. Llevaba ahí toda la vida, y seguirá ahí hasta el final de los tiempos. La ría no depende de ENCE, pero si la prórroga se consuma, ENCE estará en Pontevedra durante más de un siglo. Eso no es demasiado relevante en términos históricos, ni mucho menos en términos geológicos. 

Lo es para todas las generaciones de pontevedreses que aguantamos la presencia de la fábrica. Si la empresa continúa ahí hasta 2073, ninguno de los pontevedreses que ha visto nacer a ENCE estará para verla morir. Eso es grave. Vamos enterrando a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestras parejas.

 Nos duele. Incluso lamentamos el entierro de algún cuñado, pero moriremos todos nosotros, con mi única excepción, y ENCE seguirá allí.  

Los defensores de ENCE sólo tienen un argumento: los puestos de trabajo, algo más de 300 empleos directos. Incluso ese argumento es falso. Ni siquiera es necesario entrar en el eterno debate sobre los empleos que la presencia del mamotreto destruye en otros sectores como el marisquero o el turístico.

 Basta con echar cuentas en la propia ENCE. En los años setenta y ochenta el número de trabajadores superaba los 900. Desde entonces se perdieron unos 600 puestos de trabajo. Es la diferencia entre crear empleo y destruirlo. 

Hace unos años se hablaba de traslado entre los defensores de la fábrica: una opción que parecía razonable. Si el principal problema es la localización, decían, pongámosla en otro sitio. Fue una ingenuidad. ENCE estuvo en eso del traslado.  La razón es que un traslado no es como la mudanza de una casa. Significa construir otra fábrica en otro sitio, y eso no es rentable, dijeron. 

La factoría sólo es rentable donde está, dijeron. Es decir, invertir en una nueva fábrica requeriría una inversión tan alta que no valdría la pena, dijeron. O sea, dijeron que ENCE sólo vale la pena donde está, lo que significa que en Galicia no compensa montar una fábrica de pasta de papel. Esto último lo digo yo. Lo que compensa es mantener la que tenemos.

 Una carallada de negocio. Si una compañía que genera unos beneficios de 50 millones al año no puede pagarse una fábrica nueva tras 60 años ocupando unos terrenos gratuitos, que cierre de una vez. Lo que yo creo, lo que creemos decenas de miles de personas, es que hay algo que no cuadra y que es la voracidad de sus accionistas la que hizo imposible el traslado. 

En aquella época, una persona muy próxima a los dirigentes me hizo una confesión terrible: "Si de verdad cierran ENCE y hay que hacer una fábrica nueva, ¿por qué se tendría que hacer en los alrededores de Pontevedra? Los accionistas acordarían ponerla en Brasil, en Polonia o en cualquier otro sitio donde regalen terrenos y la mano de obra sea mucho más barata". Esa es la filosofía: ENCE no le debe nada a Pontevedra ni a sus trabajadores. 

En estos últimos quince años, o poco más, la ciudad de Pontevedra emprendió una reforma urbanística premiada en Bruselas, en Dubái, en Nueva York o en Beijing. El modelo de ciudad de Pontevedra es estudiado hoy en ciudades de todo el mundo que lo quieren copiar. Se ha eliminado casi todo el tráfico rodado para quitar espacio a los coches y devolvérselo a los peatones.

 Hemos conseguido liberarnos de bocinazos, de motores y de vecinos esperando su turno para cruzar una calle cuando los señores coches lo tuvieran a bien. Hoy, los niños van solos al colegio y juegan en la calle. La mayor parte del centro urbano es peatonal. Fue un trabajo en el que se implicaron casi todos los sectores de la ciudad.

 Si nunca merecimos tener al lado esa fábrica, hoy menos que nunca, porque hicimos un gran esfuerzo para convertir Pontevedra en un lugar ejemplar y porque se nos dijo que nuestra paciencia debía durar hasta 2018. Después nos veríamos libres de ENCE para siempre. 

El anuncio de la prórroga hasta 2073 dolió, por todo lo dicho anteriormente y por mucho más. El hecho fue humillante para los pontevedreses. Cuando Rajoy llegó al poder muchos pensaron que, como pontevedrés de adopción, haría algo para nosotros. Después, mientras pasaba el tiempo y comprendiendo que eso no iba a suceder, incluso sus incondicionales empezaron a rezar para que por lo menos nos dejase como estábamos. Ese deseo parecía a punto de cumplirse después de las últimas elecciones. 

Como presidente en funciones ya no podía hacer nada por Pontevedra, ni bueno ni malo, y eso era bueno. Pero no. Rajoy conoce el problema desde que pisó por primera vez la ciudad en 1970, cuando ENCE tenía 12 años y él 15, y creció con ENCE como cualquier otro vecino. 

Por tanto, se le imaginaba una opinión, ya sea a favor o en contra. Pese a ello, y ahí está lo grave, o lo heroico, Rajoy jamás había intervenido en el eterno debate ENCE-sí, ENCE-no hasta que su gobierno en funciones acordó ampliar la concesión hasta 2073.  Nadie en Pontevedra escuchó jamás a Mariano Rajoy en sus cuatro décadas de actividad política hablar de ENCE. 

Hizo campañas para ser concejal, para ser diputado autonómico y estatal y hasta para presidir el Gobierno de España. Fue presidente de la Diputación de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, fue ministro de casi todo, presumió de pontevedrés y durante todos esos cargos y todos esos años se las apañó para no decir “ENCE”, algo que solamente consiguió él de entre todos los políticos que pasaron por aquí. 

Y de repente, cuando ya estábamos convencidos de que el tema le importaba un carallo, lo que ya era grave, nos demostró que sí que le interesaba. Tanto que, ante la perspectiva de abandonar la presidencia, acordó prestar un primer y último servicio a su ciudad: dejarnos ahí la fábrica, y no durante diez o quince años. Un pontevedrés que esté hoy por la veintena tendrá ochenta años en 2073. 

En mi caso, pasaré del siglo de vida, o esa es mi intención. No pienso morir hasta que esta prórroga termine y llegue la siguiente. Voy a sobrevivir a dos prórrogas, acaso a tres o cuatro.  En cuanto a usted, compañero o compañera, estará muerto o muerta si Dios así lo decide. En sesenta años le da tiempo a morir a mucha gente. De todos los pontevedreses que hoy estamos vivos apenas quedaremos los justos para montar un partido de veteranos agonizantes.  "                        (Rodrigo Cota, 11/05/16, CTXT, Este texto se ha publicado en el revista Luzes.)

27/5/15

Una alta funcionaria coruñesa a De Lara: “Los maletines son como el caldo gallego”

"A María Elena Álvarez Cortiñas le sugirieron que no declarase pero llegó al juzgado e hizo lo que le pidió el cuerpo. 

Esta alta funcionaria del Ayuntamiento de A Coruña, recientemente jubilada después de tres décadas asumiendo responsabilidades en el consistorio (con los socialistas Francisco Vázquez y Javier Losada, y el popular Carlos Negreira como alcaldes), prestó declaración como imputada por un delito de tráfico de influencias en relación con la adjudicación de la ORA y la grúa a Doal, una empresa del grupo Vendex.

 Y lo hizo durante más de cuatro horas en las que no paró de hablar y aportar documentación y endemoniados detalles sobre el proceder de mandos municipales. Además de imputada, ahora es una caudalosa fuente de información para la juez Pilar de Lara, instructora del caso Pokémon. "Ni al PSOE ni al PP les interesa que venga a declarar", comentó al hilo de su relato.

Probablemente con temores fundados, José María Tutor, gerente en Galicia de la empresa situada en el epicentro de la trama, le advirtió un día antes de su cita en el juzgado de Instrucción 1 de Lugo que si abría la boca ante la magistrada habría "40 imputados más". La funcionaria cuenta esto a la juez en una declaración que acaba de ser entregada a las partes en formato de audio. 

Y además de describir el calvario que padeció a lo largo de sucesivos mandatos, sometida a un supuesto acoso laboral (denunciado ya en un juzgado de A Coruña) por parte de jefes y concejales, narra con detalle presuntas irregularidades en varios negociados de María Pita o turbios episodios sobre diversos servicios municipales como la grúa y la ORA. Y revela elocuentes conversaciones como una sobre "maletines" que, según dice, mantuvo en una cena con Tutor, entonces gran amigo suyo, hace unos años.

"Yo sabía que había maletines", le explica en la grabación a la juez De Lara, titular del número 1 de Instrucción de Lugo. En palabras de la funcionaria, los maletines, es decir, los sobornos a cambio de favores políticos, son "una cosa que está ahí desde hace tiempo", de lo que "siempre se habló", porque son "como el caldo gallego". 

Según ella, en una ocasión, cuando estaba tramitando el proceso de adjudicación que arrebató la grúa y la ORA a Setex-Aparkisa a favor de Vendex, recibió la misteriosa llamada de una empresa cazatalentos que la quería fichar para un cargo en una firma concesionaria de aparcamientos en Galicia. 

Quedó con Tutor para contárselo, y le dijo "me quieren para que lleve maletines, porque conozco a los concejales y técnicos de los siete Ayuntamientos, pero yo para esto no sirvo". 

A lo que el jefe de Vendex en Galicia -investigado entre otras cosas por pagar supuestas mordidas a PP, PSOE y BNG por toda la comunidad en un viaje entre ciudades que él mismo definía como "la ruta del bacalao"- según su relato le contestó: "Pero si no tienes que servir. Ya te dicen ellos [por los políticos] cómo hacerlo... Pero si es que te los piden, Elena, te los piden".

En su declaración, la funcionaria, que ocupaba la escala más alta entre la plantilla municipal, también confirmó la existencia de un sinfín de enchufados en concesiones de Vendex y enumeró una serie de insultos, presiones y abusos sufridos por ella a cargo de varios ediles y responsables de áreas municipales. Como consecuencia, en el último tramo de su carrera encadenó varias bajas.

 En una ocasión, al volver de una de ellas, se encontró con que el disco duro de su ordenador había sido supuestamente violado y vaciado de contenido. Otra vez, de su despacho desaparecieron unos 80 expedientes sobre contratos.

 Elena Álvarez Cortiñas dice que denunció el asunto a Carlos Negreira pero no recibió respuesta. A los dos días, le fueron devueltos en un carrito de la compra, pero desordenados y amputados. Asegura a la juez que faltaba gran cantidad de documentación."               (     , El País, Santiago 22 MAY 2015)

16/2/15

Crespo: Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo. Podía abrir cualquier puerta. En el despacho de Rajoy no estuve, pero casi, estuve en La Moncloa

 
 Gerardo Crespo, tras comparecer en el juzgado el pasado día 2 / gabriel tizón

"Gerardo Crespo, considerado uno de cabecillas de la Operación Zeta sobre una supuesta trama en A Coruña para defraudar subvenciones públicas a cursos de formación y empleo, insiste en la ayuda clave que le prestó Pachi Lucas, “amigo íntimo” del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

 “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones en distintos lugares de toda España”, relató ayer a Radio Coruña, de la Cadena SER, el empresario coruñés sobre el considerado “conseguidor”, según la Policía, de un entramado bajo investigación judicial desde hace tres años y que suma ya 30 imputados, entre ellos cinco altos cargos de la Xunta cesados tras conocerse su implicación.

 Crespo reiteró que pagó durante dos años 3.000 euros mensuales a Lucas por sus servicios de “abrepuertas” con las administraciones gobernadas por el PP. Era la única manera de “trabajar”, agregó, muy molesto por el hecho de que el amigo del presidente aún no haya sido siquiera llamado a testificar en este caso.

 Crespo desveló ayer más sobre su relación con ese conseguidor: “En el PP o estás con los amigos —y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo— o si no, no haces nada”.

 “Evidentemente que le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario, notorio militante del PP de A Coruña hasta estallar este caso.

Reitera que dará a la juez, en cuanto se emita el informe de la Agencia Tributaria detallando los delitos de los que se le acusa, el relato entero y pruebas sobre las actividades que realizaba para él el amigo del presidente. Pero antes, subraya las buenas relaciones que Lucas tenía “con todos, Rajoy, Ana Pastor y otras personas muy importantes del PP”. 

“Están muy tocados”, insistió. Y citó específicamente desde el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay, pasando por el presidente de la Xunta o el actual alcalde de A Coruña, Carlos Negreira.

Lucas, continuó Crespo, “no es el típico del PP que cobra por no conseguir nada, que también los hay”. “No, con Pachi sí conseguí estar en los despachos de todos, podía abrir cualquier puerta. En el despacho de Rajoy no estuve, pero casi, estuve en La Moncloa”. 

Una versión que vino a confirmar ayer, a la misma hora en la que se emitía esta entrevista, una de las exempleadas de su consultoría Azetanet durante su declaración ante la juez que instruye este abultado sumario. Margarita Ordóñez, directora general de la empresa de Crespo y también imputada, admitió, a preguntas de la magistrada, haber asistido a una reunión entre su jefe y Lucas. 

Y reconoció haber enviado a este último, por orden de su superior, un correo para concretar una entrevista con la actual ministra de Fomento, Ana Pastor. Al igual que hicieron el miércoles otras dos exdirectivas de Azetanet, Ordóñez confirmó que se preparaban múltiples sobres con dinero en metálico que luego distribuía el empresario.

Crespo niega tajante que en esos repartos pagara a cargos de la Xunta a cambio de subvenciones. Y sólo admite como “poco ético” recurrir a personas como Lucas para lograr contratos públicos.

 “Pero todos los cursos se realizaron, no hay ninguno ficticio, y también los conseguí durante el anterior Gobierno bipartito de la Xunta sin necesidad de corromper a nadie, gracias a las baremaciones técnicas que lograba”, explicó el empresario, quien defendió la actuación del equipo del exconselleiro socialista de Traballo Ricardo Varela frente al de su sucesora del PP, Beatriz Mato. “No hay color”, aseveró.

La relación con Lucas se truncó abruptamente en enero de 2012, un mes después de abrirse, bajo secreto, este sumario. “Dejó de cogerme el teléfono, pero siguió cobrando de mi empresa hasta mayo”. Fue entonces, según desveló Crespo, cuando se citó en Madrid con Lucas y éste le reconoció que rompió la comunicación por estar el empresario bajo escucha policial.

 “Sabía los pinchazos, me dijo que lo sentía mucho pero que no me podía avisar, y que fue por eso que la conselleira y Feijóo montaron todo lo de anular los últimos cursos y enviar el caso al fiscal para salvarse”. Muy dolido con la “deslealtad del PP”, el empresario coruñés asegura tener pruebas de que Feijóo y Mato fueron alertados de la apertura, en teoría bajo secreto, de este sumario en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña."               (   , El País, A Coruña 12 FEB 2015)

26/6/14

Vendex repartía dinero para todos en vísperas de las elecciones locales

"Se acercaban las elecciones municipales de 2011 y había grandes expectativas de que algunos Ayuntamientos donde Vendex explotaba contratas públicas cambiasen de dirección política. Así que el presidente del grupo, Gervasio Rodríguez Acosta, desde Madrid, y su delegado en Galicia, José María Tutor, se pusieron manos a la obra. En los faxes que se intercambiaron lo llamaban “proyecto de investigación”.

 Según la intepretación de Aduanas, era el nombre en clave para el plan de reparto de dinero entre políticos locales antes de que se abriesen las urnas, el 22 de mayo de 2011. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) no tienen pruebas directas de la entrega de sobornos. Pero lo deducen de los numerosos pinchazos telefónicos, de los documentos incautados en las oficinas de Vendex y de las cuentas de sus empresas.

 El delegado del grupo en Galicia, José María Tutor, tuvo unas días ajetreados antes de la cita electoral. El 18 de mayo viajó a Madrid, según los investigadores para recibir en mano de su jefe Rodríguez Acosta el dinero con el que iba a ablandar voluntades en los tres principales partidos de Galicia. 

De camino a la capital de España se detuvo en Ourense, donde, según las deducciones de Aduanas, entregó 6.000 euros que ya tenía disponibles al entonces concejal del BNG Fernando Varela, luego dimitido por su imputación en este caso.

A la vuelta de Madrid, el día 19, Tutor habló con el concejal del BNG en A Coruña Xoán Cajigal, al que comunicó: “Llegaron los papeles esos y ya están en el sitio”. Ese mismo día se registró un ingreso de 6.000 euros en una cuenta del BNG en Caixa Galicia. Como ordenante figura el propio BNG, pero, según Aduanas, la entidad financiera le confirmó que los ingresó Tutor personalmente.

El día 20, justo en la jornada de cierre de campaña, Tutor emprendió lo que, en una conversación telefónica con su esposa, él mismo denomina jocosamente la “ruta del bacalao”. La mujer de Tutor tenía dudas de que la operación fuese a salir bien. “¿Y si no hay conejo, qué haces?”, le decía ella, que también trabaja en Vendex. “Te digo yo que hay, está todo el mundo muy receptivo”, la tranquilizó el marido. 

Así que el día 20 por la mañana, Tutor empezó por Santiago. Se vio con Ángel Espadas, mano derecha en el PP del que en pocas semanas sería alcalde de la ciudad, Gerardo Conde Roa. Y, según los investigadores, le dio al menos 5.000 euros. También se intercambió llamadas con el concejal socialista Bernardino Rama, aunque los agentes admiten que no han podido corroborar ninguna transacción económica entre ellos.

La siguiente estación del periplo fue Ourense. En Vendex había preocupación porque el PP había prometido en campaña la rescisión del contrato de la ORA. Los agentes creen que Tutor o su delegado en la ciudad, Adrián Cordero, se vieron con el entonces poderoso barón popular José Luis Baltar y le entregaron 6.000 euros. A continuación Tutor fue a Lugo, donde supuestamente le abonaría otros 5.000 euros al presidente del PP provincial, José Manuel Barreiro.

Tutor tenía intención de acabar la jornada en A Coruña, pero tanto el entonces candidato a alcalde por el PP, Carlos Negreira, como su mano derecha, Julio Flores, estaban muy liados con el mitin de cierre de campaña. Finalmente, Tutor quedó con Flores al día siguiente, jornada de reflexión.

 Se vieron a las 20,45 en la cafetería del hotel Riazor, cerca del estadio, aprovechando que Flores iba al fútbol. Según Aduanas, el delegado de Vendex le pagó 5.000 euros. “Todo es rotundamente falso”, aseguró ayer el ahora teniente de alcalde coruñés.

Pasadas las elecciones, Flores, a través del que luego sería presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, puso a Tutor en contacto con una persona de Ferrol a la que llamaban Josman. El PP acababa de lograr la alcaldía de la ciudad. De las conversaciones telefónicas, los agentes deducen que la voz de Josman corresponde a José Manuel Rey Varela, actual regidor ferrolano.

 “Te voy a llevar esos papeles”, le dijo Tutor. El hombre de Vendex y el futuro alcalde se vieron el 2 de junio en un restaurante de la plaza coruñesa de María Pita. De un apunte contable de la empresa, Aduanas deduce que el político ferrolano recibió 3.000 euros."              ( / , El País, 24 JUN 2014)