"El Consello de Contas de Galicia acaba de publicar un demoledor informe que señala directamente a la gestión de Alberto Núñez Feijóo en el desperdicio de 470 millones de euros durante la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo.
La infraestructura, que ofrece servicio a una población de 600.000 habitantes, fue proyectada por el bipartito del PSOE y el BNG con la previsión de sufragar la obra con fondos públicos. Tras su primera victoria electoral en 2009, Feijóo cambió el plan inicial y decidió privatizar el proceso de construcción y apostar por un modelo de canon a 20 años -las concesionarias financiaron la construcción y la Xunta no empezó a pagar hasta tener las instalaciones-. Esos 470 millones son la diferencia que Contas calcula que hay entre haber licitado la obra por una parte y los servicios no médicos por otra y la vía elegida por Feijóo con una concesión y un pago aplazado. La cantidad que estima el ente fiscalizador que hay que se habrá pagado en total cuando termine el canon es de 1.697 millones.
Dicho en otras palabras, Feijóo decidió no pagar un solo ladrillo del nuevo hospital y aplazar esa deuda en cuotas posteriores, a razón de 56,7 millones de euros anuales. Esa tarifa anual acabaría incrementándose por efecto del IPC y la suma de impuestos hasta 86 millones por cada ejercicio, una cifra que el bolsillo de los gallegos tendrá que seguir soportando hasta mediados de la próxima década. A pesar de las cuentas sin saldar del Álvaro Cunqueiro, en 2022, cuando estaba en plena campaña interna para convencer a sus compañeros de partido de que lo apoyasen como líder del PP, Feijóo hizo la siguiente reflexión: “Un político es un ciudadano que cobra de los impuestos de los españoles y, por tanto, cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay que hacerle es: '¿Lo deja usted a deber o está pagado?'. Porque, si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”.
Ahora, el órgano encargado de fiscalizar la labor del Gobierno gallego ha realizado un minucioso estudio comparativo en el que analiza lo que habría costado la infraestructura con el método previsto por el bipartito y lo que finalmente ha supuesto con la fórmula elegida en su día por el actual líder del Partido Popular. Conclusión: 470 millones de sobrecoste regalados a la UTE de empresas que acudieron a la llamada del líder conservador y el sustancioso negocio que ofrecía. Cuando el líder del PP presentó el proyecto a finales de 2010 aseguró que la fórmula elegida era “el mejor mecanismo”. Ahora la institución encargada de fiscalizar su labor dice lo contrario y da detalles sobre el tamaño de la factura derivada de ese desastre de gestión.
Para empezar, señala que la elección de la opción de contratación se hizo sin un análisis comparativo previo para determinar si el modelo defendido por Feijóo era más eficiente que una adjudicación de contrato público tradicional. El canon planeado incluye cada ejercicio una cantidad por la construcción como tal, financiada por el grupo de empresas, y otra por los servicios no sanitarios (limpieza, cafetería, lavandería, etc.) que también forman parte del pastel que acabó en las mismas manos privadas. El informe de Contas desvela además que la Xunta de Feijóo premió a las empresas participantes del trato regalándoles la prestación de los citados servicios no sanitarios en otras instalaciones de la principal ciudad de Galicia. Los empresarios consiguieron así entrar en el negocio de limpieza, lavandería y restauración de los hospitales Meixoeiro y Nicolás Peña, también en Vigo. Algo que para el Consello de Contas “no tiene soporte legal” ya que en esos otros dos centros la UTE no realizó actividad constructiva alguna.
La concesión la obtuvo una unión temporal de empresas encabezada por Acciona -que en 2020 vendió su participación, la mayoritaria al fondo francés Meridiam-. Los otros socios eran Puentes, Altair, Concessia -que también terminó vendiendo su parte- y Ocas.
Contas pone el foco sobre cómo se controló la ejecución de la construcción y concluye que la fiscalizada eligió quién la fiscalizaba. Es decir, la evolución del proceso debía supervisarla la oficina técnica de seguimiento. La constitución de esta oficina se le encargó a Galaria -una empresa pública-, pero en la práctica, dice el informe, la contratación de los integrantes la hizo la propia concesionaria. Añade que los gastos de funcionamiento de la oficina citada y del plan de comunicación debe costearlos la concesionaria, hasta un importe máximo de casi 4 millones de euros. Pero el ente fiscalizador “entiende que no queda suficientemente justificado el cumplimiento de esta obligación”. Concluye que hubo “una debilidad” en el seguimiento por parte de la Xunta tanto en la fase de contratación como en el control de la ejecución de la obra.
En la licitación, expone, participaron dos empresas, pero una quedó excluida porque no tenía suficiente puntuación. De este modo, en la práctica, solo se valoró a una empresa, la UTE a la que se le adjudicó la concesión. Y en la evaluación también aprecia problemas: “Los criterios de solvencia técnica y los criterios de adjudicación no se consideran adecuados, por cuanto la acreditación de los primeros se limita la tres de los doce servicios objeto de licitación y, con respecto a los segundos, no reúnen la calidad técnica necesaria para evitar cualquier margen de discrecionalidad”.
Menos metros, más beneficio
Otro de los puntos en los que el Consello de Contas ve un beneficio injustificado para las empresas que participaron en el manejo diseñado por Feijóo tiene relación con las modificaciones de la superficie útil hospitalaria que se había pactado al principio del proceso. Inicialmente, el acuerdo obligaba a levantar 104.168 metros cuadrados de instalaciones hospitalarias, pero la administración gallega autorizó hasta dos modificaciones a la baja. Gracias a esos acuerdos, los empresarios se ahorraron 11.972 metros cuadrados de hospital; una gran cantidad de cemento, aluminio y ladrillo que no les supuso cobrar ni un euro menos de los previstos en el contrato inicial. Según señala el Consello de Contas en su informe “estas reducciones evidencian una planificación insuficiente y contravienen los principios de igualdad de trato, no discriminación y concurrencia que deben regir la contratación pública”.
El informe señala que la parte en la que no hubo sobrecostes propiamente dichos fue en la ejecución de la obra. Objeta, que, sin embargo, se produjo esa reducción de superficie, que “tiene incidencia tanto en la fase de construcción de la infraestructura como en el coste de la prestación de los servicios”, en el sentido de que los rebaja, pero no por ello se redujo el precio del contrato“.
Tampoco aprueba Contas la fórmula de actualización de los pagos de la Xunta a la concesionaria. Se debió establecer una cantidad anual con importe fijo para abonar los costes de construcción y un importe variable solo para los costes de la prestación de servicios. Sobre esta segunda parte sí considera adecuado aplicar revisiones de precios.
Con la construcción del hospital no se logró “alcanzar completamente los objetivos fijados”, juzga Contas. En el documento de la Xunta para justificar la necesidad del contrato se recogía que había que llegar a las 2.000 camas en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, dentro del que está el Álvaro Cunqueiro. Pero en el periodo fiscalizado, que llega hasta 2021, el mayor número de camas fue de 1.366 en 2020. “Lo mismo acontece con los objetivos fijados en cuanto al número de instalaciones, procesos asistenciales y reducción del peso relativo con el sector privado (Povisa)”, añade.
El órgano que fiscaliza a la Xunta enviará su informe al Tribunal de Cuentas para que decida sobre la eventual apertura de un procedimiento por presuntas responsabilidades contables. Contas sí hace recomendaciones a la administración autonómica, entre la que están que, antes de elegir el modelo del contrato, haga un “análisis comparativo sólido sobre la mejor opción de contratación, que garantice una gestión eficiente del gasto público”.
La elección del modelo de colaboración público-privada para construir el hospital y la propia apertura estuvieron rodeados de protestas y de polémicas. La oposición cargó contra el empeño de Feijóo y hubo multitudinarias manifestaciones en Vigo. La entrada en funcionamiento también fue accidentada. Los primeros pacientes fueron trasladados en 2015, con las obras aún sin terminar en algunas partes del edificio. Hubo un parón repentino que la Xunta tardó días en reconocer que se debía a que en las nuevas instalaciones habían encontrado hongos Aspergillus, del mismo tipo que los que habían provocado años antes, en 1996, seis fallecimientos en otro hospital vigués, el Meixoeiro." (Gonzalo Cortizo / Beatriz Muñoz , eldiario.es, 31/07/24)
"700.000 euros en anuncios, obras de arte y un párking fantasma: más sombras de Contas sobre el proyecto estrella de Feijóo.
El informe del Consello de Contas que ha puesto cifra -un sobrecoste de 470 millones de euros- a la decisión de Alberto Núñez Feijóo de que el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se construyese dejando en manos de empresas privadas la financiación y dándoles a cambio un canon durante 20 años y la concesión de los servicios no clínicos, se detiene en otros aspectos que considera irregulares o en los que aprecia incumplimientos del deber de la administración autonómica. Arroja luz sobre más de 700.000 euros que se destinaron a hacer publicidad del proyecto, sobre gastos mal atribuidos, sobre un peso de la sanidad privada que no se consiguió rebajar y sobre un aparcamiento que no se construyó como estaba previsto. Este es el detalle del análisis hecho por el ente fiscalizador y publicado, en una práctica habitual, en una de las últimas jornadas de julio, en plena época de vacaciones.
Anuncios en prensa: Contas aborda el papel de la oficina técnica de seguimiento (OTS), que era la encargada de supervisar la ejecución de las obras y actuaciones. El informe expone que hay gastos mal atribuidos. Indica que se examinaron durante su análisis facturas adicionales por valor de 2,4 millones de euros que la concesionaria pagó con cargo a gastos de funcionamiento de esta oficina técnica. Por los conceptos, Contas concluye que 430.000 euros sí se corresponden con su funcionamiento, pero el resto “no guardan relación con las funciones de la OTS o no guardan relación directa con el objeto del contrato”.
En concreto, cita los 710.259 euros para publicidad sobre las obras, la elaboración de vídeos, la documentación técnica y gráfica divulgativa y actos de protocolo. Recalca que el dinero se destinó a anuncios en prensa escrita, cuñas en la radio, un vídeo de presentación del hospital y soportes publicitarios en la calle. El importe restante, añade, son gastos para inversión en “humanización del hospital (337.086 euros) y consultoría, traslados de mobiliario y redacción de proyectos técnicos del ámbito del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (917.396 euros).
Incumplimiento del deber de supervisión: Todas las facturas de esta oficina técnica de seguimiento, destaca, tienen la supervisión favorable de Galaria, la empresa pública que había quedado a cargo de constituirla pero que, en la práctica, permitió que la concesionaria eligiese quién la supervisaba. Esto, según Contas, “evidencia que esta entidad no solo incumplió el cometido de la encomienda de gestión, sino que tampoco realizó de forma diligente la supervisión de los gastos”.
La Xunta presentó alegaciones contra estas consideraciones, en las que sostenía que la selección del supervisor la hizo Galaria. Contas replica que un expediente administrativo del 20 de mayo de 2011 que Galaria remitió a la concesionaria evidencia que fue la unión de empresas privadas a la que se adjudicó la concesión la que se ocupó en realidad de esa selección y que la empresa pública se limitó a reservarse la facultad de supervisar el currículo y concertar una entrevista con el aspirante propuesto.
Compra de obras artísticas: Las alegaciones muestran también que la Xunta trató de justificar que los gastos de humanización y de traslado de mobiliario se cargasen a la oficina técnica de supervisión. Dijo que la OTS debía asesorar al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y a la concesionaria para tomar decisiones estratégicas en el nuevo hospital y en la planificación del traslado. Contas replica que estos gastos fueron en realidad para la compra de obras artísticas, esculturas, trabajos de musealización del área sanitaria, además de traslados de muebles, camas psiquiátricas desde el hospital Nicolás Peña y varios proyectos de reforma en el hospital Meixoeiro y el General. “Estos gastos, aunque fueron abonados por la concesionaria, no pueden considerarse como gastos de funcionamiento de la oficina técnica de seguimiento por cuanto no tienen relación con sus funciones”, concluye.
El aparcamiento que no se hizo: El informe destaca que el proyecto inicial preveía un aparcamiento para urgencias en un edificio independiente anexo, con un total de 14.800 metros cuadrados. Lo que terminó haciéndose, sin embargo, fue un párking “abierto en una zona exterior”. Contas indica que no se puede considerar una edificación. En lugar de eso, es una zona acondicionada al aire libre en la que se han instalado unas estructuras metálicas para proteger a los coches.
Objetivos no logrados y peso de Povisa: La memoria justificativa de la inversión fijaba como objetivo que se alcanzasen las 2.000 camas, incluyendo al resto de hospitales de Vigo, con la construcción del Álvaro Cunqueiro. Pero, destaca Contas, las memorias de la propia Área Sanitaria de Vigo muestran que las cifras reales oscilaron entre 1.241 y 1.321 entre 2015 y 2021. Los responsables sanitarios nombrados por la Xunta señalaban que había tanto en el Cunqueiro como en el Meixoeiro “un número relevante de habitaciones que son duplicables” y que el número total de camas tenía “elasticidad”. “Sin embargo, el análisis de los datos lleva a concluir que esta elasticidad no tiene lugar en la práctica”, recalca el informe, que concluye que “el impacto que se pretendía obtener” en cuanto al número de instalaciones “no fue alcanzado totalmente”.
Aborda también los pagos al hospital privado de Povisa, con el que la Xunta tiene un millonario concierto para derivarle pacientes del área de Vigo. Pese a la construcción del Álvaro Cunqueiro, “tampoco se logra la reducción del peso relativo” de Povisa que se había fijado como objetivo, dice Contas. Lo argumenta con la evolución de los pagos: en 2014 sumaron 84,8 millones de euros porque se contabilizan 7,6 millones derivados de una sentencia. En 2015, año en que entró en funcionamiento el Cunqueiro, eran 76,1. En el último ejercicio analizado, 2021, la cifra creció y llegó a 78,7 millones." ( Beatriz Muñoz , eldiario.es, 02/08/24)
