"Interior Galego Vivo (IGV) es una agrupación de una docena de
candidaturas locales de pequeños ayuntamientos. En las pasadas
elecciones municipales, sacaron unos 15 ediles y en su inminente
asamblea decidirán qué hacer de cara a las autonómicas. Este es uno de
los temas de esta entrevista con Antom Fente, maestro y militante de Por
Chantada. La polémica del lobo, una fiscalidad específica para el
rural, el pacto de investidura y la falta de servicios públicos en las
aldeas y villas son otros de los temas de esta conversación.
Ustedes culpan al PSdeG y al BNG de no tener en cuenta las
necesidades del rural gallego en su pacto, pero ese acuerdo supone una
rebaja relevante del peaje Autopista Santiago - Lalín, que pasa por
zonas rurales ...
Antes de nada, una pequeña apreciación,
ya que no hablamos del PSOE y del BNG en concreto, sino del conjunto de
partidos con representación en las Cortes españolas, aunque,
efectivamente, “fálame fillo e enténdeme nora”.
La
autopista Santiago – Lalín tiene un precio prohibitivo que muestra
hasta qué punto el modelo público-privado, donde quien socializa las
pérdidas es el sector público, es una ruina, es el secuestro del estado
por los fondos de inversión, es poner el contrato social patas arriba.
Al final, bonificar y no nacionalizar esas carreteras significa que toda
la ciudadanía pague vía impuestos mientras la empresa hace más caja...
¿Es
justo que los de Riós o A Mezquita bonifiquen estas carreteras vía
impuestos mientras las suyas parecen caminos de carros? Sería una
cuestión a debatir porque el rural lleva décadas financiando proyectos
faraónicos aquí y allá mientras la juventud hacía las maletas y se nos
daban migajas.
Por otro lado, por zonas rurales también pasa el AVE, aunque no pare
en ellas. Ese es precisamente el gran problema: el rural es ese espacio
que queda entre ciudad y ciudad y que no sabemos qué hacer con él, más
allá de entregárselo a las multinacionales y fondos de inversión para
que esquilmen los recursos sin repercusión positiva alguna en la
economía y en la sociedades locales.
En todo caso, ¿Qué medidas concretas echan en falta?
Hoy
la principal política europea en volumen de fondos europeos es la PAC
con sus dos pilares pero estuvo totalmente ausente de los acuerdos y
debates. Tampoco se enfocó la flexibilización de la normativa
comunitaria y su interpretación por el derecho interno, de tal modo que
beneficie las pequeñas producciones y no las obligue a echar el candado.
No interesa que la gente tenga formación política, sólo convertir la
política en un ruido constante donde se moviliza la gente apelando al
estómago y no a la razón.
Medias concretas son muchas
las que se podrían haber puesto sobre la mesa, en síntesis apurada:
sentar las bases de una fiscalidad rural ayudando los sectores
productivos, la transformación y el I+D+i con Next Generation UE para
diseñar un proyecto estratégico y vertebrador que supere la concepción
estrecha de que el único futuro para lo rural es comer turismo;
precisamos un nuevo estatuto de autonomía donde la parroquia y el mundo
rural cuenten; es imprescindible entender que la Eurorexión y la Raia
Seca precisan de un impulso y que la Galicia debe mirar más a Portugal y
al Atlántico y dejarse de los complejos y el madricentrismo;
las cabeceras comarcales deben estar comunicadas mediante el tren como
parte de una descarbonización seria; se pudo romper la manipulación
mediática de la TVG reforzando la programación en gallego de la RTVE y
recibiendo de una vez los canales portugueses; impulsar un Erasmus rural
centrado en la formación para reforzar la estructura y el tejido
económico de las comarcas del interior... Si IGV tuviera una persona
diputada el rural gallego tendría voz, eso seguro.
La consellería de Sanidad acaba de indicar que los 200 nuevos
médicos que piensa contratar este año para Atención Primaria no irán a
Centros de Salud porque la verdad es que ahora mismo ya es incapaz de
cubrir las vacantes en esos centros de salud. En definitiva, que no
habrá más médicos para el rural. ¿Cómo es la situación de la Atención
Primaria en el rural?
La Consellería de Sanidad no tiene
vergüenza. La Xunta del PP lleva recortado millones de euros en
sanidad, primero con Feijoo y ahora con Rueda, cebándose con especial
intensidad en la contratación de personal sanitario y en la atención
primaria. Aún el pasado día 4 de noviembre en mi ayuntamiento, Chantada,
la plataforma vecinal “Chantada quere sanidade” convocó una
movilización que fue de las más concurridas que recuerdo en la villa,
aunque ni el alcalde ni ningún miembro del PP se dignó a aparecer a
pesar de que llevamos meses donde de seis médicos hay dos o uno,
llegando a quedar el PAC durante un día si ningún médico. En el
ayuntamiento de Carballedo hay cuatro edificios que fueron o son centros
de salud, contando el de Os Peares, y hay un médico, si lo hay. En O
Courel, en Antas o en O Saviñao las quejas han sido igualmente
contundentes. En Monforte de Lemos, Verín o Valdeorras asistimos a un
programado desmantelamiento de los hospitales con cada vez menos
especialidades y mayores listas de espera.
En
consecuencia, hoy en nuestro país hay una sanidad de dos velocidades:
la de las ciudades, que con todos los problemas de masificación, aún
tienen hospitales con todas las especialidades y las del rural donde ni
existe atención primaria ni hay ya una atención hospitalaria completa.
Hay vidas en juego en uno y en otro lado, pero les da igual.
¿Qué consecuencias tiene esto para las aldeas?
¿Qué
hacen los padres de Carballedo o Chantada si en su centro de salud no
hay pediatra y tampoco en las urgencias de Monforte de Lemos? ¿Que hace
la comarca de Monterrei sise suprime el paritorio? Favorecemos el
desierto demográfico, a ‘demotasania’, que es el vaciado demográfico de
un territorio por acción u omisión y que en el caso de la Xunta es
completamente programado y planificado: por la mañana campaña
publicitaria de “vuelve al rural” y por la tarde sin médico, sin
pediatra, sin plazas en la Gallina Azul o con residencias y SAF
precarizados y convirtiendo los cuidados en un negocio. Rueda y sus
compinches son la versión moderna de los mercaderes del templo.
Una de las propuestas que defienden es un régimen tributario especial para los que viven en el rural. ¿Cómo se articularía?
En
la pasada legislatura aprobamos en el Ayuntamiento de Chantada una
moción de IGV sobre fiscalidad rural que indicaba algunos puntos. Por
poner un ejemplo, se demandaba aumentar la intensidad máxima de las
ayudas que permite el Fondo de Transición Justa de la UE en Lugo,
Ourense y Zamora atendiendo al índice de envejecimiento, a la dispersión
poblacional y a la ‘demotanasia’ que sufrimos. Entendemos que se trata
de territorios subvencionables de acuerdo con el artículo 107 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y que permitirían
mayores ayudas y fondos para el equilibrio territorial y la cohesión del
mundo rural.
Otro ejemplo es la necesidad de que el
Senado sea una cámara territorial que impulse un marco legislativo que
garantice el despliegue de una fiscalidad rural acompañada de la reforma
de la PAC, como política para la agricultura familiar y no para la
industria y los terratenientes, y la reforma de la financiación local
que debe tener en cuenta a superficie, la dispersión y no la población
únicamente.
El nudo central a la que cualquier
fiscalidad rural debería aspirar e una renta básica rural, como pago
social por la gestión sustentable y la garantía de soberanía alimentaria
que suponen las comunidades rurales. La renta básica rural podría ser
un buen punto de partida y ensayo de una renta básica universal y
ejemplo de una fiscalidad redistributiva y de progreso. Mientras no se
llega a Ítaca hay cosas que ya se podrían estar haciendo, como un
régimen tributario rural donde se consideraran actividades de especial
interés aquellas que son necesarias en el rural, pero que son más
difíciles de sostener: cantinas, peluquerías, librerías o comercios
ultramarinos. Son servicios esenciales en muchas áreas que sin
exenciones impositivas por especial interés de la actividad desaparecen.
Uno de los temas sobre el rural que más está de actualidad en
los medios es la expansión del lobo, con una parte de los ganaderos
acusando al Gobierno estatal de promulgar una norma que favorece su
crecimiento al prohibir cualquier batida y advirtiendo que puede haber
ataques a personas. ¿Hay alarmismo o existe un problema real? ¿Es éste
un ejemplo de como los 'urbanitas' legislan sin tener en cuenta las
necesidades del rural?
Hay que ser serios. Hace falta más
ciencia en la política y menos demagogia. Hace 50 años en las parroquias
con presencia del lobo había poblaciones rurales vivas, con niños que
pastoreaban solos, menos luz y menos escopetas y una presión mucho mayor
sobre el lobo. Hoy el riesgo de que haya ataques a las personas es muy
remoto. Dicho eso, el lobo y los ganaderos precisan de lo mismo: cuidar y
ordenar el territorio. Cuando se legisló la recogida de los animales
muertos en las explotaciones a ningún burócrata de Santiago o Madrid se
le acordó que la fauna silvestre come carroña. ¿Por qué esos animales no
se transforman en alimento desde la administración con el que alimentar
el lobo? ¿Por qué la Xunta no tiene como Navarraun sistema de GPS para
ganaderos que advierta de las zonas de paso del lobo, avisos por SMS,
etc.? Es mucho más cómodo jugar al tenis con Madrid cuando gobierna el
PSOE que arremangarse y pensar en soluciones para tu gente. El rural,
insistimos, no tiene diputados, está huérfano políticamente aunque la
red caciquil que durante décadas implantó el PP oculte entre propaganda y
complacencia la dura realidad.
La Xunta y la UE está reaccionando a las sentencias que
paralizan parques eólicos con nueva legislación que simplifica, dicen,
su aprobación, argumentando que el problema del cambio climático es de
tal calado que hay impulsar por todos los medios y lo antes posible las
renovables. ¿Qué les responderían?
Diferenciaría la
normativa de la UE que procura acelerar la “economía verde” de las
medidas de la Xunta, aunque ambas respondan al mismo: la capacidad del
lobby energético para comprar gobiernos y dictar leyes a la medida, por
un lado; y la ausencia de democracia en la arquitectura comunitaria y
también en una Xunta que aprovecha la ley de acompañamiento de los
presupuestos para vaciar todavía más el Hórreo, donde solo quedan los
ratones.
La UE quiere favorecer a las energéticas y legisla
para ellas pero los proyectos de comunidad energéticas, la ordenación
del territorio, etc. son márgenes claros de maniobra. No obstante, el
PSOE en Madrid y todavía más el PP en Santiago deciden que se aplique la
normativa de la manera más favorable para el oligopolio eléctrico y la
especulación. ¿Resultado? Una burbuja que convierte los territorios del
interior y las sierras de nuestro país en territorios a sacrificar.
La
dimisión de Antonio Costa y la sospecha alrededor del litio y del
hidrógeno verde debería hacernos cuestionar qué pasa con Altri, con
Rueda o con las campañas de acoso y derribo de La Voz de Galicia contra
los jueces del TSXG. Candos lo poder despóticos neofeudales secuestran
el estado parcial o totalmente y controlan totalmente el relato público a
través del monopolio de los medios de comunicación, la democracia está
herida de muerte y vemos en directo el trumpismo cañí, cuyo programa es
el viejo "¡Viva la muerte!","¡Muera la inteligencia!".
Ustedes dicen que "el rural no tiene diputados en Madrid"
pero lo cierto es que hay diputados gallegos que sí tienen raíces
rurales Por ejemplo, Ana Vazquez Blanco del PP de Ourense. ¿Como
argumentan pues tal afirmación?
Los diputados cuneros
eran los que no tenían arraigo en la circunscripción por la que
concurrían en la I Restauración. El hecho de ser del rural o tener
raíces en él no es aval de nada, ya que hay que ver que actividad
parlamentaria se hace. La diputada que usted cita lleva 12 años viviendo
del Congreso y alimentando la crispación y el trumpismo cañí. Hizo poco
o nada cuando gobernaba el PP y absolutamente ninguna propuesta
centrada en el rural o en Bande, que históricamente fue una cabecera
comarcal de primera orden y hoy se encuentra a la cola en comunicaciones
y desarrollo... hasta hay quien dice que la diputada se opuso a la
mejora de las comunicaciones en la Ou-540 desde Verea hasta Portugal por
Bande porque cierto restaurante se vería perjudicado... ¿De quién es la
culpa entonces? Del cha, cha, chá.
¿Las agrupaciones que colaboran en IGV
sumaron una docena de concejales en las elecciones locales, lo cual es
un resultado relevante. ¿Valoraron la posibilidad de que IGV se presente
a los comicios autonómicos en solitario? En caso contrario, ¿estarían
dispuestos a dialogar con alguno de los grandes partidos para sumar
fuerzas?
Si las cuentas no me fallan son 15 concejales,
realmente más se contamos agrupaciones próximas o valorando su
integración en IGV. Obtuvimos unos resultados que mejoraron mucho los de
2019 a pesar de la creciente polarización y que confirmaron que la
implantación del territorio, la seriedad y el trabajo diario dan sus
frutos aún sin tener mucha presencia nos medios ni disponer de los
medios económicos de las sucursales de los partidos dominantes. La gente
está harta de la vieja política, pero precisa distinguir una
alternativa verdaderamente fiableque no los vuelva a defraudar como
tantas veces pasó.
A mayores hace falta tener en cuenta
que tenemos agrupaciones que deciden no concurrir en las municipales por
el desgaste en relación al resultado que puede suponer y prefieren
trabajar más en el ámbito social y en articular una base social
suficiente para comenzar a dotar de voz en las instituciones al rural.
La pata social y la pata política se darán la mano en la VI asamblea que
celebraremos este 18 de noviembre en Chantada y que aprobará nuestro
documento de alianzas, que no renuncia la que podamos concurrir la
diferentes comicios en el año 2024 siempre sobre la base de impulsar
acuerdos amplios y un programa de país donde el rural sea el centro." (Manuel Vilas López , Galicia Press, 10 de noviembre de 2023)
