Baltar dio más de 55.000 euros en gratificaciones a funcionarios de confianza antes de dejar la Deputación de Ourense... los mayores beneficiarios, con cantidades superiores a los 2.000, los 3.000 y los 5.000 euros, son el que fuera su chofer personal y responsable del servicio de conductores de la institución, otros tres trabajadores de su secretaría personal y varios altos cargos y mandos intermedios de diversos departamentos... la mayoría de las personas más próximas a Baltar que desempeñaron puestos de confianza durante sus mandatos han sido confirmadas en sus puestos tras el ascenso a la presidencia del nuevo líder del PP ourensano, Luis Menor, hombre de confianza de Feijóo y Rueda

 "El expresidente de la Deputación de Ourense, del PP provincial y senador por designación autonómica Manuel Baltar gastó antes de dejar su cargo en julio pasado más de 55.000 euros del presupuesto público en incentivos y gratificaciones a una treintena de funcionarios de su círculo de confianza.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, los mayores beneficiarios, con cantidades superiores a los 2.000, los 3.000 y los 5.000 euros, son el que fuera su chofer personal y responsable del servicio de conductores de la institución, otros tres trabajadores de su secretaría personal y varios altos cargos y mandos intermedios de diversos departamentos.

 Fuentes internas de la Deputación han confirmado a Público que la mayoría de las personas más próximas a Baltar que desempeñaron puestos de confianza durante sus mandatos han sido confirmadas en sus puestos tras el ascenso a la presidencia del nuevo líder del PP ourensano, Luis Menor, alcalde de la localidad de Pereiro de Aguiar.

Menor fue senador hasta el pasado agosto y es presidente del partido en la provincia desde la renuncia de Baltar en octubre pasado.

Hombre de confianza de Feijóo

Según confirman fuentes del PP, Menor es una persona de la plena confianza del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, quienes le impulsaron como nuevo líder del partido en la provincia.

La mayoría de afines a Baltar han sido confirmadas en sus puestos por el nuevo líder del PP ourensano, Luis Menor

Público ha tratado sin éxito de contactar con Baltar para obtener una valoración sobre los sobresueldos cobrados por el personal de su círculo íntimo en la Deputación. El entorno del nuevo presidente sí ha respondido alegando que se trata de "una cuestión de gestión interna, debidamente fiscalizada por los órganos de control de la Deputación y con pleno arreglo a derecho".

El expresidente renunció a seguir al frente de la Deputación y del PP ourensano tras haber sido imputado por un delito contra la seguridad vial por conducir a 215 km/h el coche oficial de la Deputación, causa que se sigue contra él en el Tribunal Supremo dado que después de esa infracción obtuvo la condición de aforado, cuando Feijóo y Rueda acordaron facilitarle un escaño en el Senado por designación del Parlamento de Galicia.

Entre las gratificaciones que Baltar entregó antes de marcharse a una treintena de funcionarios destacan las que percibieron tres personas adscritas a su secretaría personal por valor de 5.400,49 euros, 5.209,90 euros y 5.200 euros, respectivamente. Su chófer oficial percibió otros 4.200 euros, y un alto cargo del departamento de Obras, otros 3.285 euros.

Retribuciones extraordinarias

Además, hay otros tres funcionarios con retribuciones extraordinarias por encima de los 2.000 euros y otros 19 con percepciones por encima de los de mil. El resto de cantidades oscilan entre los 260 y los 950 euros.

Entre los beneficiarios hay funcionarios con plaza fija, interinos y personal laboral. Las citadas fuentes aseguran que en varios casos se trata de militantes del PP o simpatizantes del partido que se habrían presentado en puestos medios en las candidaturas del partido en alguno de los procesos electorales de los últimos años.

Esas personas recibieron esas cantidades en concepto de gratificaciones e incentivos a la productividad, a pesar de que en sus nóminas figuran ya complementos que representan en algunos casos el doble de sus salarios base.

Varios de los beneficiarios son militantes del PP o simpatizantes del partido que se presentaron en sus listas

Según ha podido saber Público, los presupuestos de la Deputación de Luis Menor para el año que viene mantienen la misma previsión de gasto en retribuciones extraordinarias que los que había dejado Baltar para 2023. Eso no quiere decir que el nuevo presidente vaya a seguir usándolos, pero sí que se reserva la posibilidad de hacerlo.

Con los votos de Jácome

Menor pudo aprobar los nuevos presupuestos gracias a la abstención del PSOE, ya que los diputados de la  Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Ourense, votaron en contra pese a que ambos se apoyan para que uno y otro puedan mantener la Deputacion y la Alcaldía.

Además de su procesamiento en el Supremo, Baltar se enfrenta a una investigación abierta por la Fiscalía por los audios desvelados por Público en los que su hermano reconocía supuestas mordidas de ambos en la contratación de obras del organismo.

Antes de su renuncia también se supo que la Deputación se había negado a identificar al conductor en varios expedientes por exceso de velocidad asignados al coche que él conducía, y que otros correspondientes a otros vehículos oficiales de la Deputación habían sido asumidas ante la Dirección General de Tráfico por familiares de su anterior conductor, ya jubilado.

Al menos en uno de esos casos, una de esas personas, también trabajadora del organismo, habría visto mejoradas sus condiciones laborales al ver consolidada su plaza poco después de señalarse como responsable de la infracción y asumir el pago de la multa."

( Juan Oliver, Público, 26/12/23)

¿Sobornos a cambio de puestos de trabajo en A Coruña y Ourense? CIG, UGT y CSIF, denunciaron la red caciquil de, STL en Ourense... la misma que ahora se descubre en A Coruña... FCC, Imprega, directivos y el "propio Concello de Ourense" compartirían poder en un "sistema caciquil y de servidumbre" para enchufar a ciertos trabajadores. La CIG relacionó una ola de enchufes masivos justo antes de las últimas elecciones municipales

"La detención de cuatros sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) ha causado un gran revuelo en A Coruña y no solo por lo inusitado de la actuación. También por las consecuencias que puede tener lo que se va conociendo de la investigación. Consecuencias que podrían extenderse no solo al servicio de limpieza municipal herculino, también al de Ourense. 

La Policía ha indicado que detuvo a Miguel Ángel Sánchez Puentes, líder del STL, porque sospecha que formaba parte de una "red criminal" que exigía pagos a los trabajadores que querían entrar en la contrata pública. Los investigadores cifran en 250.000 € lo conseguido solo en un año, 2021.

¿POR QUÉ UNA EMPRESA DEJA A UN SINDICATO ELEGIR EL PERSONAL?

La versión policial es que las concesionarias habrían cedido gran parte de la selección de personal al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en las contratas de limpieza viaria y de recogida de la basura del Ayuntamiento de A Coruña y minoritario en la limpieza viaria de Ourense.

Una práctica empresarial muy sorprendente. Con todo, hay que recordar que este sindicato ha protagonizado duras huelgas en los últimos años, denuncias de sabotajes -como la quema de camiones- contra Sánchez interpuestas por la concesionaria Prezero incluídas.

O PAGAS, O NO TRABAJAS, O TE DESPIDEN

Aprovechándose de la inusitada cesión de la selección de personal, Sánchez y una red de familiares y amigos "exigirían pagos mensuales a todas aquellas personas que quisiesen trabajar para las empresas adjudicatarias de los servicios como requisito obligatorio para poder entrar a trabajar en ellas, a modo de 'mordida'".

Esto es lo que dice la Policía. Sin soborno no habría empleo. Por ahora ni el STL ni ninguno de los cuatro detenidos han rebatido publicamente las acusaciones, pese a que hoy han quedado libres con cargos.

Las fuerzas del orden aseguran que los detenidos habrían logrado así amasar una fortuna, incluídos coches de lujos y propiedades inmobiliarias. Sánchez habría escondido parte de ese patrimonio en empresas gestionadas por una testaferro. Según comprobó Galiciapress en bases de datos que se alimentan del Registro Mercantil, Miguel Ángel Sánchez Puentes no figura como titular ni directivo de ninguna empresa.

SINDICATOS DENUNCIARON RED CACIQUIL DEL STL EN OURENSE

El asunto podría acabar salpicando también al Ayuntamiento de Ourense. La Unión Comarcal das CIG de Ourense ha pedido hoy a la fiscalía que reabra la investigación sobre la concesionaria de la limpieza en esa urbe, Ecourense UTE.

El sindicato nacionalista denuncia en Ourense exactamente lo mismo que la Policía sospecha sucedía en A Coruña. Basicamente, que desde el STL procedían a "cobrar distintas cantidades económicas para acceder a un posto de traballo".

La CIG acusa a la Fiscalía de Ourense de mirar para otro lado cuando presentaron su denunucia en 2020. "Nós naquel momento aportamos incluso extractos bancarios dalgunha persoa que se sentiu estafada e que colaborou coa denuncia”, explicaron desde esta central.

Hay que indicar que esa denuncia de 2020 también tuvo el aval de otros tres sindicatos: CIG, UGT y CSIF, mayoría en ECOURENSE UTE. Así explicaron como funcionaría la presunta trama:

"O botín é diferente segundo o cupo do que se trate. O beneficio que cada grupo de control da contratación de persoal obtén, é diferente: nalgúns casos son réditos políticos, persoais e, en definitiva, control da vontade das persoas contratadas, que pasan a engrosar as ringleiras de quen debe favores que nunca se acaban de pagar. No caso da empresa pantalla INPREGA, cuxos listados de persoas contratadas son xestionados integramente polo pseudo sindicato STL, teñen unha dobre peaxe: unha económica, xa que cada persoa contratada a xornada completa debe pagar unha cota de 63,50 € mensuais. E por outra parte, contratados e familiares que xa estaban no cadro de persoal de ECOURENSE, deberán afiliarse ao referido STL"

La versión de la central es que Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., más conocido como FCC -uno de los socios de la UTE- solo gestionaba la mitad de la fuerza laboral. La otra mitad la gestionaría el STL a través de una empresa llamada Asociación Impulso ao Emprego (Imprega).

Según denunció el Bloque, FCC, Imprega, directivos y el "propio Concello de Ourense" compartirían poder en un "sistema caciquil y de servidumbre" para enchufar a ciertos trabajadores. La CIG relacionó una ola de enchufes masivos justo antes de las últimas elecciones municipales, que acabaron con el mandato de Jesús Vázquez (PP).

TRABAJO CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Inprega se define como "cooperativa sin ánimo de lucro comprometida con la integración sociolaboral". En el pasado ha dado cursos de formación a personas en riesgo de exclusión, con difícil integración en el mercado laboral. A su nombre figuran varias adjudicaciones de contratos de formación en diversos ayuntamientos e instituciones de Galicia, sobre todo de las comarcas de Ferrolterra, Ourense y A Coruña.

La Justicia ha dejado en libertad con cargos a los cuatro detenidos vinculados al Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) de A Coruña. Investiga a dos mujeres y dos hombres por los delitos corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales.

Según Quincemil, los cuatro detenidos son : el secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez; la mujer del presidente y gerente de Inprega, Cristina Martínez; el presidente del comité de empresa de PreZero (empresa que presta el servicio de limpieza en A Coruña), Luis Varela y la directora general del Centro Especial de Empleo de Cee Inusvalia, Ximena Romero."                                    (Manuel Vilas López, GaliciaPress, 24 de febrero de 2023)

“Me ofrecieron 42.000 euros… me hablaron de un puesto en la Diputación”

 "El PP recurre al transfuguismo para recuperar alcaldías tras años a la baja que estuvieron a punto de dejarlo en 2019 sin la única Diputación que conserva en Galicia, la de Ourense, dirigida desde hace tres décadas por la familia Baltar, primero el padre y ahora el hijo. En lo que va de agosto, José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del PP provincial, ha autorizado dos mociones de censura consecutivas para hacerse con ayuntamientos gobernados por el BNG y sirviéndose para ello de concejales tránsfugas del PSOE. Y aún podría haber más: la Fiscalía debe decidir si investiga la denuncia de compraventa de voluntades presentada por el BNG y vuelan los anuncios de querellas.

“Me ofrecieron 42.000 euros… me hablaron de un puesto en la Diputación”. Catalina González, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Castrelo de Miño (1.400 habitantes), se ha quedado sola en su grupo. Sus dos compañeros se han pasado al del PP y han apoyado una moción de censura que ha dado la alcaldía a un empleado de Baltar en la Diputación. Se la han arrebatado al BNG, la fuerza más votada aunque empatada con tres escaños con el PSOE, que lo apoyaba, y con el PP, hasta este mes en la oposición.

González explicó en un pleno los motivos por los que se ha quedado sola en el grupo socialista. “¿Sabe por qué?”, inquirió al portavoz popular y desde el pasado día 11 ya alcalde, " porque ni usted ni José Manuel Baltar consiguieron comprarme; eso que lo intentaron por todos los medios… me ofrecieron 42.000 euros… me hablaron de un puesto en la Diputación”, afirmó.

Y no se quedó ahí. La concejala repitió las mismas acusaciones en unas declaraciones a RadioVoz. “A mí, personalmente, el grupo popular fue a la primera a la que intentó mercadear y se me ofreció de todo. Se me ofreció un salario excesivo desde mi punto de vista, se me ofreció un puesto de trabajo en la Diputación e incluso, cuando no había más opciones, se me ofreció lo que necesitara apelando a que todo el mundo necesita cosas”, aseguró.

El BNG acudió con las grabaciones a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar posibles delitos de soborno y cohecho. Baltar contraatacó con el anuncio de una querella por calumnias contra la portavoz socialista y de otra contra el secretario provincial del PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, por repetir las declaraciones de la concejala.

“Que me pongan la querella”, afirma Catalina González a este diario tras señalar que hace meses advirtió a sus dos exconcejales de que el PP “iría a por ellos” tras fracasar en el intento con ella. “Yo no puedo asegurar que a ellos les hayan dado algún tipo de prebenda pero a mí desde luego que me las ofrecieron y esto lo mantendré en todas partes”. Asegura que el PP “juega con las miserias de la gente” e insiste en que el BNG es “nuestro aliado natural y había un pacto con él encima de la mesa”.

La maniobra del PP ha situado en la alcaldía a Avelino Pazos, empleado de la Diputación como chófer en la brigada de basuras, a quien el presidente ourensano había favorecido con uno de los 69 ascensos que la justicia ha anulado por enchufismo. El mismo día de su proclamación como alcalde Baltar, lo recibió en la Diputación y difundió en su cuenta de Twitter la imagen de ambos, codo con codo, junto con la promesa de “máxima cooperación” y del arreglo de una carretera, la misma que una semana antes había denegado al alcalde del BNG.

Apenas una semana después de consumar la moción de censura en Castrelo de Miño, el PP registró otra en el Ayuntamiento de Viana do Bolo (2.900 habitantes), que se debatirá la próxima semana, utilizando a otros dos tránsfugas del PSOE. También en esta ocasión los socialistas consiguieron el mismo número de escaños que el BNG, a cuyo portavoz respaldaron en la investidura aunque no formaron gobierno. El número tres de la lista socialista será investido ahora alcalde con el compromiso de dimitir en año y medio para que acceda el portavoz del PP.

Baltar intenta desligarse de las mociones afirmando que son consecuencia del desgobierno derivado de “la incapacidad”, en ambos casos, de alcanzar acuerdos entre BNG y PSOE. No obstante, socialistas y nacionalistas tienen claro que, más allá de sus desencuentros puntuales, las operaciones obedecen al intento del presidente provincial del PP por amarrar la Diputación sostenida ahora por los pelos.

“Esta es una provincia medieval que se sustenta gracias al señor feudal”, afirma el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, para explicar la fuga al PP de sus ya exediles. a los que acusa de querer “satisfacer sus ambiciones personales”. La diputada nacionalista Noa Presas, convencida también de la estrategia de Baltar de amarrar la Diputación para 2023, acusa a los socialistas de socavar sus alcaldías. Asegura que en el caso de Viana do Bolo, el portavoz del PSOE llevaba ya años intentando tumbar al regidor del BNG.

Unos y otros esperan nuevos anuncios de mociones en otros municipios. Están convencidos que Baltar no parará aquí y aprovechará la anulación de la Ley antitransfuguismo para “seguir consiguiendo mediante la corrupción democrática lo que no obtiene en las urnas”.             (Cristina Huete, El País, 21/08/20)

El exgerente del PP aporta recibos de entregas en b a dirigentes ourensanos

"Emilio Pascual, exgerente del PP de Ourense, entregó ayer a la titular del Juzgado número 1 de Lugo que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, en torno a medio centenar de recibos firmados que confirmarían la existencia de gratificaciones y pagos de campañas electorales en la provincia con dinero de la supuesta caja b del partido, según han manifestado a este periódico fuentes próximas al caso. 

Con la entrega de esta documentación, Pascual —que fue gerente del partido durante 27 años— pretende acreditar el testimonio que prestó ante la juez el pasado diciembre cuando aseguró que 24 cargos del PP ourensano —en su mayoría parlamentarios— a los que se sumarían alcaldes de la provincia, estarían salpicados por la presunta financiación irregular.

 La juez, que ya reclamó facturas a las empresas ourensanas supuestamente implicadas, emitió entonces un auto ratificándose en sus sospechas sobre la existencia de un posible “elaborado sistema de facturación falsa y ficticia” en el PP ourensano que, en su opinión, se extendería más allá de la presidencia del exbarón José Luis Baltar en el partido hasta alcanzar a su hijo-sucesor.

 La documentación aportada ayer por Pascual —que, según las mismas fuentes, incluye además recibos de complementos de sueldos— puede añadir más indicios a la investigación iniciada por De Lara para determinar si los cargos de este partido en la provincia han colaborado en la comisión de supuestos delitos electorales además de en los de “apropiación indebida, soborno, tráfico de influencias y falsedad documental”. 

Pascual declaró en su día que Baltar padre manejaba una caja b desde la que repartía dinero negro a alcaldes de la provincia para que sufragasen sus campañas electorales. Además, explicó que, para camuflar gastos del partido, empresas suministradoras emitían facturas personales a nombre de sus candidatos que en realidad acababa pagando el PP. 

La juez había dado ya credibilidad al testimonio del exgerente en un auto emitido el pasado diciembre, en el que aludía a sus sospechas de que esos fondos “no se reflejaban en la contabilidad oficial porque el dinero procedía de donaciones ilícitamente recibidas”.

Tras entregar ayer a la instructora los documentos, el exempleado de confianza de Baltar padre acudirá esta mañana al juzgado ourensano para participar en el acto de conciliación al que ha sido citado a requerimiento del actual presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar, que, tras desvincularse de las actuaciones de su padre y de desmentir la existencia de la caja b, anunció medidas judiciales contra Pascual. Además, le abrió un expediente disciplinario en el partido por “manifiesta deslealtad”.

El exgerente ya ha anunciado que en el acto de hoy se ratificará en las denuncias realizadas bajo juramento cuando fue citado en calidad de testigo ante De Lara. Mientras tanto, Pascual mantiene su militancia en el PP. 

El exgerente sostiene que no tiene constancia de la apertura del expediente disciplinario y que si el partido no le pasa al banco los recibos de las cuotas, irá él personalmente a pagarlos."          ( Cristina Huete  , El País, Ourense 2 FEB 2015)

Los organigramas directivos de los chiringuitos de la Xunta engordan, y aumentan los nombramientos a dedo. A ellos no les afectan los recortes

"El Gobierno gallego se enorgullece casi todos los meses de su trabajo para reducir el número de entes paralelos de la Administración autónoma, los denominados chiringuitos. Según sus cifras, en los últimos dos años y medio se han eliminado o fusionado 42 de los dos centenares que existían -la mayoría (34), fundaciones comarcales similares unas a otras- con un ahorro de 20,9 millones.

Buena parte de esa reducción se ha logrado fusionando varios entes en nuevas agencias, pero en el proceso también se ha aprovechado para integrar en ellas departamentos que antes formaban parte de la estructura ordinaria de la Administración.

Se han reducido chiringuitos, sí, pero los que quedan son más grandes y tienen más poder y personal, se les han encomendado nuevas competencias que antes corrían a cargo de secretarías o direcciones generales y se les ha habilitado para usar procedimientos no permitidos en el organigrama ordinario de la Administración. 

De todos los tipos de entes paralelos, el que más juego le está dando al Ejecutivo son las agencias. Al analizar los estatutos se percibe que en cada una se ha optado por dejar abierta una puerta distinta a diversos procederes no permitidos en la estructura ordinaria.

La Axencia Galega de Servizos Sociais quiere pagar incentivos a sus directivos; la Axencia de Infraestruturas facilitará que se nombre a dedo a un mayor número de esos cargos; la Axencia Galega de Promoción Económica podría consolidar como funcionarios a personal que no lo era; y la de Innovación facilitaría la contratación de personal sin pasar por los procesos selectivos ordinarios.

La Axencia de Servizos Sociais (en la que se fusionarán la Secretaría Xeral de Familia e Benestar y el Consorcio de Servizos Sociais) es el primer ente paralelo de la Administración gallega en el que el Gobierno quiere implantar el pago a sus directivos en función del "cumplimiento de los objetivos fijados" y de su "productividad", según se reflejó en su borrador de estatutos.

Esos objetivos, sin embargo, los fijaría el propio órgano de control de la agencia, lo que abre la puerta a sobresueldos discrecionales. Los secretarios, directores o subdirectores generales del organigrama ordinario de la Xunta (por ejemplo, de la Secretaría Xeral de Familia e Benestar a la que sustituirá la nueva agencia) cobran un mismo sueldo en cada tipo de categoría.

La Axencia de Infraestruturas detalla en sus estatutos que sus directivos serán más que los que había antes en la Dirección Xeral de Infraestruturas a la que sustituye. Además, si los subdirectores antes tenían que ser nombrados de entre los funcionarios, los nuevos podrán ser elegidos a dedo fuera de la Administración.

En cuanto a la Axencia Galega de Promoción Económica, que sustituirá al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), sus estatutos están suscitando el recelo de los sindicatos por la intención del Gobierno gallego de consolidar en ella como funcionarios a los trabajadores que heredará del Igape, muchos de los cuales entraron sin pasar por procedimientos selectivos ordinarios y abiertos.

Y una alerta similar han dado también los sindicatos en el caso de la Axencia Galega de Innovación, en la que la Xunta quiere poder elegir libremente al 40% de la plantilla por tratarse de un personal muy especializado, según se le argumentó a las centrales."                           (El País, ed. Galicia, Galicia, 19/09/2011, p. 1) 

¿Dónde estarán los 500.000 euros que la Xunta inyectó en la fundación de Corina Porro? Y el ex-gerente pide 570.000 de indemnización... el acabóse

La Fundación Puerto de Vigo (FPV), creada el año pasado por la ahora presidenta del Consello Económico y Social, Corina Porro, iba a generar en ese ejercicio unos beneficios de 269.400 euros, según su plan de actuación.

No lo cumplió y, según fuentes cercanas a la entidad, acabó 2010 con significativas deudas.

La Xunta ha inyectado en ella no menos 500.000 euros en 2011, pese a estar obligada la FPV a la autosuficiencia económica y no desarrollar desde hace meses ninguna actividad. Está pendiente de juicio, además, una reclamación salarial de 570.000 euros de su primer gerente por despido improcedente.

La FPV fue presentada públicamente el mismo día de su constitución formal, 16 de abril de 2010. Arrancó con unos fondos de 220.000 euros aportados por sus patronos:

Autoridad Portuaria de Vigo, que la promueve y se reserva la presidencia en la persona de Corina Porro, 60.000 euros; Citroën, 25.000 y Pierre Ianni como vicepresidente; Caixa Galicia (antes de su fusión con Caixanova), 50.000 euros y plena colaboración en cesión de espacios culturales; Caixanova, 25.000; Remolcanosa, 25.000; Termavi (estiba portuaria), 25.000; y Pescanova, 10.000 euros. Javier Touza, presidente de los armadores de pesca (Arvi), es el tesorero.

Además, según el mismo plan de actuación, estaba prevista la captación de otros 438.000 euros asociaciando a la FPV a 400 empresas, con una cuota de 1.020 euros, y a 100 personas físicas (a 300 euros). Nadie ha facilitado datos sobre los resultados de esta campaña de captación de socios, de la que EL PAÍS solo ha podido constatar que se realizó parcialmente. (...)

De las 22 actividades señaladas en el plan de actuación (en tres áreas: sociocultural, proyectos y formación), solo se ejecutaron dos y una quinta parte de otra (la exposición Piratas: los ladrones del mar, que costó 40.000 euros y hacía paquete con otras cuatro muestras inéditas). No se ejecutó ninguna actividad del programa de las destinadas a generar ingresos.

Las que se realizaron consumieron las aportaciones de patronos y socios y, en diciembre, según las fuentes consultadas por este periódico, la FPV tuvo que recurrir a una póliza de crédito de Novacaixagalicia por importe de 50.000 euros para afrontar sus gastos corrientes. (...)

Tal vez la actividad más polémica fuera la emisión desde la Estación Marítima del programa El gato el agua, de la cadena de televisión ultraderechista Intereconomía, que glosó las excelencias del puerto de Vigo y de su presidenta "frente a una alcaldía obstruccionista".

Tres gerentes en un año y con visitas a los juzgados

La Fundación Puerto de Vigo (FPV) ha tenido tres gerentes en su año de existencia. El primero, Pablo Alborés Cabaniña, un joven profesor de Porriño con amplia experiencia en fundaciones, recibió de Corina Porro el encargo de montarla, así ella accedió a la presidencia de la Autoridad Portuaria.

Porro quería un instrumento alternativo a la "histórica" Fundación Provigo que preside el alcalde, Abel Caballero, quien repetidamente ha denunciado el incumplimento de la Xunta y de la Diputación en el pago de sus cuotas. Los socialistas señalaron a la FPV como "tapadera electoral" del PP en la aspiración de Porro a la alcaldía. (...)

Alborés trabajó un año en el montaje de la fundación y el mismo día de su constitución formal, 16 de abril de 2010, firmó el contrato que le acreditaba como director-gerente de la misma, con un sueldo anual de 57.000 euros.

"Me lo dieron hecho, yo no intervine en nada", afirma Alborés. Unos días después le fue sugerido que dimitiera "por no ser del PP". La propia Porro le ofreció la opción de un año de excedencia para volver al cargo "después de las elecciones".

Pero días después recibió por burofax la notificación de que el Patronato había aceptado su dimisión el 30 de abril. "Ni había presentado la dimisión ni se celebró esa reunión del Patronato", asegura. Porro insistió en posponer la resolución de su contrato al 22-M, pero, al no conseguir ella la alcaldía, para Alborés también despareció todo interlocutor con el que poder negociar su situación.

Tampoco compareció nadie de la FPV en el SMAC para la conciliación. Ahora, acogiéndose a la única cláusula de rescisión de su contrato, tiene planteada una demanda por despido improcedente, en cuyo caso se le reconoce una indemnización de 10 años de salario, esto es, 570.000 euros que reclama a la FPV.

Corina Porro tendrá que prestar declaración por este motivo en el juzgado, en septiembre.

La FPV, al apartar a Alborés, cambió las llaves de su sede y despidió a dos de los tres empleados contratados, que percibieron, por unos días de trabajo, una indemnización de 6.000 euros cada uno.

Le sustituyó en la gerencia Mario Ubiaga, a quien Alborés había llevado a la FPV como director de eventos. Ubiaga fue despedido días antes de la campaña electoral, estando de baja por depresión.

Ubiaga aceptó una indemnización de 100.000 euros, de los que le pagaron en mano 25.000 y el resto, en pagarés pendientes de cobro. Ahora desempeña la gerencia Javier Fuertes, que rehusó comentar "nada de nada" con este periódico." (El País, Galicia, 13/07/2011, p. 1)

"El alcalde de A Merca (2.500 habitantes), decidió ponerse un sueldo de 3.600 euros mensuales... un tercio de la inversión real del municipio"

"Pero los alcaldes del PP de la provincia practican poco la austeridad que reclaman. El regidor de Barbadás, José Manuel Freire Couto -que además es diputado provincial y presidente del Inorde, organismo dependiente de la institución provincial- percibe un sueldo anual de las arcas públicas (lo cobra de la Diputación) de 58.000 euros brutos.

Dos de sus concejales cobran cada uno de ellos 36.400 euros anuales del Ayuntamiento y dos más tienen un sueldo parcial -con el que complementan el de sus empleos- de 19.600 euros al año. Julio Carlos Temes, alcalde de Nogueira de Ramuín (4.250 habitantes), recibe de los impuestos que pagan sus vecinos 45.000 euros anuales y el de Pereiro de Aguiar, Eliseo Fernández (5.292 habitantes), 50.000 euros.

No es solo que los sueldos sean elevados. A ello se suman algunas irregularidades que contravienen la Ley de Régimen Local.

Es el caso de José Antonio Pérez Cortés, regidor del pequeño municipio de Quintela de Leirado (750 habitantes), que se puso un sueldo de 50 euros diarios por asistencia al Ayuntamiento, o el del alcalde de Oímbra (1.923 habitantes), Alfonso Villarino, que decidió cobrar 430 euros por asistencia a pleno -los convoca él-.

Villarino cobra otros 430 euros por cada asistencia, semanal, a la junta de gobierno y 75 euros por ir al Consejo Escolar, algo por lo que ningún alcalde percibe remuneración.

Si pernocta fuera de Oímbra -en el colindante Verín, por ejemplo- el regidor cobra de las arcas municipales 275 euros. Si pasa el día fuera de su municipio pero regresa a dormir -si va a hacer algún encargo municipal al ayuntamiento vecino- percibe 175 euros.

El regidor de Oímbra estableció que debería cobrar a 0,33 euros el kilómetro, cuando la ley marca que la percepción es de 0,19.

La campanada la ha dado recientemente Manuel Jorge Velo, alcalde de A Merca (2.500 habitantes) quien el pasado diciembre decidió ponerse un sueldo de 3.600 euros mensuales -21.700 euros en medio año, un tercio de la inversión real del municipio- mientras pedía una excedencia de seis meses en su puesto de cartero en Correos. Velo, del núcleo duro del baltarismo, se puso de inmediato a hacer campaña." (El País, Galicia, 07/06/2011, p. 2)