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18/9/23

La última de Jácome ha sido despedir a la tesorera municipal de su puesto por ser "demasiado tiquismiquis" con las facturas. Jácome contaba, muy enfadado, que esta trabajadora tenía la osadía de comprobar hasta las firmas de las facturas pidiendo el DNI a los rubricantes y que a ver dónde se había visto semejante cosa... Hay algo en lo que a Jácome tiene razón: prácticamente no se conocen tiquismiquis en la Administración española, menos aún en la de Galicia y sus provincias y municipios, un territorio famoso por sus infinitas virtudes, pero también por su corrupción institucional y política rampante... Lo mismo que pasa -qué casualidad- en la mayoría de los juzgados, donde en lugar de reforzar al personal de la instrucción para acelerar las investigaciones sobre corrupción, sobre todo, se critica la lentitud de los equipos judiciales que llegan a firmar con los pies para ganar tiempo

 "Ourense es una ciudad maravillosa y desgraciadamente popular en toda España por culpa del estrambótico Gonzalo Pérez Jácome, un alcalde inclasificable, independiente y al que ni PP ni PSdG ni BNG lograron ganar las elecciones el pasado mes de mayo pese a varios escándalos desvelados con la propia voz del regidor a través de grabaciones filtradas al diario provincial La Región,

La última de Jácome ha sido despedir a la tesorera municipal de su puesto por ser "demasiado tiquismiquis" con las facturas. Jácome contaba, muy enfadado, que esta trabajadora tenía la osadía de comprobar hasta las firmas de las facturas pidiendo el DNI a los rubricantes y que a ver dónde se había visto semejante cosa ... No contento con echar del Ayuntamiento a la funcionaria, que estaba como tesorera desde 2018, cuando la nombró el PP, el alcalde de Ourense se dedicó a despotricar contra el resto de funcionarios y funcionarias del consistorio, los cuales, según Jácome son infiltrados enchufados por la oposición porque él dirige un barco donde la tripulación no es suya, vino a decir ante el enfado generalizado, no ya de los partidos, sino de los empleados y empleadas públicas.

Hay algo en lo que a Jácome tiene razón: prácticamente no se conocen tiquismiquis en la Administración española, menos aún en la de Galicia y sus provincias y municipios, un territorio famoso por sus infinitas virtudes, pero también por su corrupción institucional y política rampante. De esos polvos ... Y esta plumilla, hoy, quiere romper una lanza a favor de la tesorera (ya ex-) del Ayuntamiento de Ourense y de todas las y los tiquismiquis que en el mundo habitan, particularmente, en el gallego. ¿Qué habría sido de los narcos paseando por las instituciones como Perico por su casa, de la financiación ilegal del PP que empezó en Galicia, de las mordidas a políticos y/o altos cargos, de las facturas falsas o infladas, de las comilonas infinitas bien regadas con alcohol y puros, como mínimo, y con final feliz en burdeles ... si tesoreros, tesoreras, interventores, vigilantes del dinero público hicieran su trabajo como tiquismiquis cum laude?

 Porque sí, claro, con la tiquismiquia (arte de ser o hacer el tiquismiquis que bautizamos aquí) los procesos de vigilancia administrativa van más lentos y eso a Jácome le tiene comida la paciencia, así que en lugar de reforzar la plantilla de la tesorera para que todo fluya mejor y más rápido, decidió cargarse a la indomable tiquismiquis para apostar, sin duda, por una persona más rápida, que no mire las facturas por delante y por detrás y se limite a dar el visto bueno con un pequeño vistazo al papelito.

Lo mismo que pasa -qué casualidad- en la mayoría de los juzgados, donde en lugar de reforzar al personal de la instrucción para acelerar las investigaciones sobre corrupción, sobre todo, se critica la lentitud de los equipos judiciales que llegan a firmar con los pies para ganar tiempo y, encima, sin éxito.

El bueno de Jácome tiene razón: Ourense, Galicia, no necesitan tiquismiquis; de hecho, la gallega es una tierra donde la corrupción es algo muy excepcional, como saben todos ustedes. ¿Qué son 1.700 casos en diez años (2012-2022) y que, precisamente, por esos bloqueos asfixiantes en la precaria instrucción no llegan a juicio más que en un mísero 14%? Es normal que el ínclito alcalde ourensano pida agilidad y menos tonterías de firmas, sumas que no cuadran y trabajos encargados que nunca se hicieron pero sí se pagaron. Los demócratas, la gente honrada y exigente con la transparencia y la lucha contra la corrupción, no es consciente de lo mucho que debemos a don Gonzalo. Descastados."            (Ana Pardo de Vera, Público, 15/09/23)

26/1/22

Alcaldes de Ourense de los últimos 25 años desfilan por los juzgados imputados por prevaricación

 "Ourense no consigue salir de 1986. Una refriega política incesante mantiene anclada a un planeamiento urbanístico de hace 36 años a la tercera ciudad más poblada de Galicia. El pasado está tan vigente que no sale de los juzgados: tres de los cuatro alcaldes electos de los últimos 27 años, de distintos partidos, emprenden ahora un singular viacrucis por los tribunales, imputados por delitos de prevaricación, y en algún caso de malversación, de sus distintos mandatos. De fondo, siempre, el urbanismo que los enfrenta.

En 2022 la capital orensana se ve obligada a planificar su desarrollo ateniéndose a un planeamiento de hace casi cuatro décadas porque no hay alcalde que consiga aprobar uno nuevo. El crecimiento de la ciudad se ajusta al año en el que el Gobierno de Felipe González aprobaba la Ley General de Sanidad: un pasado remoto. Desde entonces solo ha habido una contienda permanente por controlar el urbanismo.

El Tribunal Supremo tumbó en 2011 el plan de ordenación municipal aprobado por el PP en 2003 —tras años de recursos de los populares y de un grupo de constructores contra nueve sentencias del Tribunal Superior de Galicia que lo anulaba— porque, entre otras irregularidades, el gobierno local había dado el cambiazo a los planos en la exposición al público: aparecía menos edificabilidad de la que constaba en los planos oficiales. Entonces era alcalde el popular Manuel Cabezas, que gobernó entre 1995 y 2007. Y esta semana se ha sentado en el banquillo. Está acusado de delitos continuados de malversación y prevaricación por perdonar a constructores de 15 promociones inmobiliarias el 10% de la cesión urbanística. El ministerio público y la acusación popular piden para él siete años de cárcel y una indemnización de más de 1,5 millones de euros.

La querella fue registrada por Áurea Soto, la edil de Urbanismo del gobierno bipartito de PSOE y BNG que siguió al del PP de Cabezas y que se mantuvo desde 2007 hasta 2012. La presentó en 2013. “Me vi obligada, por responsabilidad y porque nosotros habíamos recibido presiones enormes: llamadas, chantajes y amenazas para que mantuviéramos esa exención, que creo que es un robo, y que desde luego rechazamos”, explica Soto. “Estaba segura de que en cuanto pusiéramos un pie fuera de la alcaldía, iba a volver a ocurrir”, afirma.

El juicio contra Cabezas se ha demorado además porque tanto el primer juez instructor, Leonardo Álvarez, como el ex fiscal jefe, Florentino Delgado, le daban carpetazo constante. Solo prosperó cuando Delgado fue sancionado por esos retrasos y cuando se apartó de la causa a Álvarez tras haber sido denunciado también por Soto, aunque posteriormente absuelto, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por prevaricación judicial.

 El enorme retraso ha traído consigo importantes ausencias en el juicio: han fallecido testigos clave como el secretario municipal de aquella época. Cabezas se ha defendido señalando que este nunca le advirtió de que cometiese ilegalidad al regalarle a los promotores la cesión del 10% de suelo. La Fiscalía lo acusa de “convertir el patrimonio municipal en beneficios privados”.

El presidente de los constructores orensanos, Santiago Ferreiro, ha eludido ofrecer a este diario la versión del colectivo. Sí se ha pronunciado el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Ourense, Rafael Castro, que expresa el malestar de esta asociación por la ausencia de un planeamiento actualizado. “Genera una gran inseguridad jurídica y la dificultad del desarrollo de la ciudad porque las grandes firmas comerciales o de infraestructuras no se atreven a invertir aquí”, señala. Cree que hay “una evidente falta de voluntad política” por poner fin a esta espiral. “La ausencia de un plan de urbanismo es consecuencia de la ausencia de mayorías absolutas en el Ayuntamiento”, afirma.

Cuando le tocó elaborar un nuevo planeamiento al PSOE , durante su gobierno, este de mayoría absoluta, en coalición con el BNG, la detención del entonces regidor, Francisco Rodríguez, en la Operación Pokémon —la investigación de una trama de corrupción que salpicó a alcaldes de distintos partidos— frustró el trámite. El arresto del entonces alcalde coincidió con la aprobación inicial de un planeamiento que rebajaba considerablemente el volumen de edificabilidad respecto al que pretendía el PP. En As Burgas (la zona más emblemática del casco histórico de la ciudad) pasaba de 19.000 metros cuadrados urbanizables a 4.000.

No prosperó. “Justo cuando enviamos el documento a la Xunta para su aprobación inicial, Paco [Francisco Rodríguez] fue detenido y aún hoy no nos explicamos el por qué de una detención para explicar a una instructora si un expediente era correcto o no”, apunta Soto. Y añade que ella asistió “ a todas las presiones de algún sector para que se mantuviera la práctica del beneficio del 10%”.

Además de su detención en la Pokémon, Rodríguez fue juzgado, y absuelto, junto a varios concejales de su bipartito, incluida la propia Soto, en querellas registradas por el actual alcalde, el excéntrico Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana (DO), entonces furibundo látigo en la oposición. “Lo que ponen de manifiesto todas esas denuncias es que se quiso influir, terminando por llevarse a un gobierno por delante”, concluyó Rodríguez tras las absoluciones. Ahora, retirado de la política y con la juez de la Pokémon sancionada por el Poder Judicial por “retrasos injustificados” y “desatención” en sus instrucciones, el exalcalde socialista tiene aún pendiente el juicio de la causa central de la Pokémon.

Tras el paréntesis de un mandato en clamorosa minoría del popular Jesús Vázquez (entre 2015 y 2019), que no fue capaz ni de aprobar los presupuestos, Jácome se convirtió en alcalde contra pronóstico gracias al respaldo del PP con el que gobierna en un constante enfrentamiento por discrepancias, también, en la redacción del plan urbanístico. Y no se ha librado tampoco de desfilar por los juzgados.

El actual regidor tuvo que responder hace unas semanas ante el juez, acusado por la Fiscalía de malversación por desviar a su canal de televisión el dinero que el Ayuntamiento destina a su grupo político. En cuanto trascendió la querella, se apresuró a asegurar que era cosa de los socialistas. “Cuando una Fiscalía está designada a dedo por un partido político, en este caso el PSOE, no es difícil creer que el PSOE hará lo que sea para intentar derrocar a DO de la alcaldía”, sentenció.

Además, arremete contra la gestión urbanística de su socio del PP al que ha entregado, entre otras, esta concejalía a cambio de que lo mantenga como alcalde. El enfrentamiento es de tal calibre que el nuevo planeamiento está varado en un cajón desde el verano, después de que el regidor pidiese a la empresa redactora que hiciese unos cambios para “limar pelotazos”. Asegura Jácome que esta desatiende sus demandas y amenaza con rescindirle el contrato. Se cuestiona si la empresa puede estar siguiendo órdenes del PP o del PSOE. 1986 sigue vigente."                     (Cristina Huete, El País, 25/01/22)

30/12/21

O irmán do alcalde de Sanxenxo detido pola súa relación cunha rede de narcotráfico

 "Roberto Martín, irmán do alcalde de Sanxenxo Telmo Martín (PP), foi detido esta terza feira no marco dunha operación antidroga contra unha organización criminal internacional dedicada ao tráfico de haxix e cocaína

A operación realizárona axentes da Unidade Central de Operacións da Garda Civil e realizouse na súa vivenda, nunha céntrica rúa viguesa.

 Na mesma xornada realizaron rexistros e detencións en Cádiz e Barcelona. Nesta ultima cidade os axentes rexistraron varios locais comerciais e vivendas e hai catorce persoas detidas, entre elas  o presunto líder da organización.

 Segundo fontes policiais, a organización criminal internacional dedicábase ao tráfico de haxix e cocaína en América do Sur, Europa e África.

O dispositivo comezou de madrugada e sorprendeu á veciñanza da zona viguesa da que saíu o irmán do alcalde de Sanxenxo detido, esposado e coa cabeza cuberta.

Varios rexistros en Vigo, Meis, A Toxa e Meaño

Na operación realizáronse rexistros en catro inmóbeis  relacionados co empresario do Salnés en Vigo, Meis, A Toxa e Meaño en busca de probas da súa implicación con esta organización criminal.

 As mesmas fontes policiais aseguraron que Roberto Martín mantivera varias reunións co líder da banda e do resultado deste operativo dependerá a súa posterior imputación."          (Nós, 15/12/21)

30/7/21

La Audiencia de Lugo absuelve al exalcalde de Muras de un delito de prevaricación. El tribunal considera que no hay pruebas de que el acusado “tuviese conocimiento de actuar en contra del derecho” al firmar resoluciones a favor de su esposa

  "La sección segunda de la Audiencia de Lugo ha absuelto al exalcalde de Muras, Issam Alnag Azzam, del delito de prevaricación que le imputaba tanto la fiscalía como la acusación particular por haber firmado varias resoluciones de ámbito urbanístico en las que la interesada era su esposa. Las acusaciones pedían para el acusado una condena de 12 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación pero el tribunal sostiene que no quedó acreditado que el entonces regidor actuase de forma deliberada en contra del derecho.

Issam Alnag, según el fiscal, concedió varias licencias, una de ellas enclavada en una parcela en suelo rústico, protegido y regulado dentro de los espacios naturales de la Red Natura. Además, “a sabiendas de que cometía una injusticia” supuestamente acordó en otra resolución la anulación de recibos correspondientes a la tasa de residuos sólidos urbanos de dos inmuebles en 2012, con providencia de apremio un año antes.

Invocando diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo, el tribunal la Audiencia indica que aunque “es posible una nulidad de pleno derecho sin que la resolución sea constitutiva de delito”, resuelve que, en este caso, “ni tan siquiera consta que se haya declarado esa nulidad o se hayan recurrido o impugnado de alguna forma los acuerdos de la corporación local o del alcalde”.

Los jueces sostienen que “no se puede identificar o establecer una equivalencia automática entre una posible nulidad administrativa, que, según el perito, sería únicamente por haberse dictado por emisor manifiestamente incompetente, pero no respecto del contenido, y prevaricación penal”.

Además, los magistrados subrayan que tampoco se ha acreditado que el acusado tuviese “conocimiento de actuar en contra del derecho”. Para que exista delito de prevaricación, según recuerda el tribunal en el fallo, es exigible “actuar a sabiendas de la injusticia de la resolución, con plena conciencia de que se resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, esto es, con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado”, algo que, en este caso, considera que no ha quedado probado.

Issam Alnag Azzam fue alcalde del ayuntamiento lucense de Muras durante 24 años, y fue juzgado el pasado 9 de julio. Los hechos que motivaron la denuncia y la acusación de la fiscalía por un supuesto delito continuado de prevaricación se produjeron entre 2010 y 2013. Azzam firmó desde la alcaldía hasta siete resoluciones urbanísticas que favorecían a su esposa con la que estaba casado en régimen de gananciales. La fiscalía y la acusación particular consideraron que los hechos eran suficientemente graves como para solicitar la pena de 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.

De origen sirio, Issam Alnag encabezó la candidatura del Partido Popular durante más de dos décadas en este municipio de apenas 700 habitantes. Para las acusaciones, al tratarse de intereses del matrimonio, el político había “incumplido el deber de abstenerse al que estaba obligado y que le impedía intervenir personalmente en una actuación administrativa que le pudiese reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal”, señaló el fiscal en su escrito de acusación."                  (Elisa Lois, El País,29/07/21)

18/6/21

El examen perfecto de la hija del alcalde que tiene 'mosca' a todo el pueblo Respondió correctamente a las 38 preguntas para una plaza de trabajadora social en el ayuntamiento; los otros aspirantes al puesto no pasaron de 15 aciertos

 "Verín es uno de los pueblos más importantes de la provincia de Ourense. A pesar de tener apenas 15.000 habitantes, su situación estratégica apenas a 15 minutos de la frontera con Portugal le convierte en un importante núcleo de comercio transfronterizo. Ahora, Verín vuelve a estar en el centro de todas las miradas, pero por una cuestión muy diferente. 

 En Verín gobierna el Partido Socialista. El alcalde se llama Gerardo Seoane y es el máximo regidor de esta localidad desde 2015. Sin embargo, su mandato se ha visto oscurecido por las acusaciones de presunto apaño de un concurso para la contratación de una plaza de trabajador social en el ayuntamiento. 

 Tal y como publica La Voz de Galicia, la CIG, Confederación Intersindical Galega, ha pedido que se revise el proceso de selección para ese puesto de trabajo. La razón es que se presentó la hija del alcalde, que ha sido la que más aciertos ha conseguido en el examen: respondió correctamente las 38 preguntas que se hacían.

Lo sospechoso del caso es que, en total, se presentaron 15 personas a este examen. De las catorce restantes, ninguna pasó de 15 respuestas correctas, por lo que el excelente resultado de la hija del alcalde se hace aún más sospechoso. Por eso, la CIG ha anunciado la revisión del proceso en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Verín.

 La Confederación Intersindical Galega ha exigido que se haga público quien fue el encargado de preparar las preguntas del examen. Además, el sindicato cercano al Bloque Nacionalista Galego ha pedido que se tenga en cuenta que la secretaria que participó en el acta del proceso dejó anotado que se había producido un "resultado anómalo"."                 (El Confidencial, 07/06/21)

29/5/19

Ourense, el feudo del PP en el que las alcaldías se heredan

"José Manuel Baltar Blanco, hijo y sucesor del expresidente del PP y de la Diputación de Ourense José Luis Baltar, condenado por enchufismo, organizó a finales de marzo un acto solemne. Ante una multitud de dirigentes y bases del PP provincial, se proclamó candidato al organismo provincial, como si se tratase de un cargo electo en urna. 

En realidad, Baltar es el número dos de la lista del PP en Esgos, municipio de poco más de 1.000 habitantes del que su familia es oriunda. Este pequeño ayuntamiento es también el origen de un modelo político iniciado por el primero de los Baltar que el segundo perpetúa: el de la sucesión dinástica que ambos iniciaron. En cuanto llega la edad de jubilación, los históricos regidores van legando las alcaldías a sus vástagos, algunos empleados además en la Diputación que suma más de tres décadas en manos de la familia Baltar.




Esgos es el punto de partida. El alcalde y candidato a repetir mandato se llama Mario Rodríguez y es nieto del exregidor Manuel Ángel Rodríguez que en 1997 rindió culto al instaurador del baltarismo. Cuando el primero de los Baltar asumía todo el poder provincial (la presidencia del PP y de la Diputación), el regidor de su pueblo lo honraba poniéndole su nombre a la piscina y al polideportivo y nombrándolo hijo predilecto. Mientras tanto, Rodríguez iba colocando a su propia prole en la Diputación.

Entre los dos alcaldes Rodríguez hubo un tránsito de siete años en el que el Ayuntamiento estuvo en manos de Manuel Blanco, cuñado de Baltar padre y tío del actual presidente provincial. Mantuvo la alcaldía entre 2003 y 2010 custodiado en el segundo puesto por su sobrino. Ahora el alcalde es el segundo de los Rodríguez y su teniente de alcalde el segundo de los Baltar, cargo que le permite optar a la Presidencia de la Diputación.

 Ambos mantienen intactos sus legados. Y por lo que pudiera pasar, Manuel Blanco refuerza el patrimonio político de la familia Baltar desde su puesto de primer suplente.

A imagen y semejanza de Esgos, en el municipio de Quintela de Leirado el histórico alcalde José Antonio Pérez Cortés mantiene como número dos de su lista, dispuesto a dar el salto en cualquier momento al primer puesto, a su hijo Pablo Pérez.

 Este ya sustituyó a su progenitor en la presidencia local del PP. El primero de los Pérez de Quintela mantiene el poder desde 1976 con impenetrables mayorías absolutas. Y desde la presidencia de la Mancomunidad de Terras de Celanova, empleó a su vástago-sucesor junto a una larga lista de parientes y de otros cargos del PP. El hijo, ahora en el núcleo duro del neobaltarismo, es secretario de Organización del partido en la provincia.

En Oímbra, el también histórico Alfonso Villarino traspasó en 2015 a su hija la alcaldía que él ostentaba desde 1979 con similares mayorías absolutas. En las pasadas municipales arropó a su hija situándose él en el segundo puesto.

Cumplida la misión de la mayoría absoluta, ha optado ahora por dejarla volar sola. Antes ya había dejado volar a su hijo el regidor de Monterrei, José Luis Suárez, del núcleo duro del primero de los Baltar, si bien después de verlo empleado en la Diputación como jefe de Recursos Humanos. En 2015, tras hacerse con la presidencia local del PP, el segundo de los Suárez encabezó y mantuvo la alcaldía a la que vuelve a optar.

En Cualedro, Luciano Rivero Cuquejo se hizo con el poder local tras la defunción, en 2006, de la titular, su madre, Marina Cuquejo, que gobernaba desde la Transición y que convocó la oposición municipal por la que Rivero se hizo funcionario. Proclamado alcalde, instaló en el pueblo una imponente escultura con la efigie materna. Ahora se presenta a la reelección tras haber mantenido intacto durante 12 años el legado.

También por fallecimiento del progenitor tuvo que adelantar su acceso a la alcaldía de A Gudiña José María Lago. Su padre, Guillermo Lago, mantuvo consecutivas mayorías absolutas para el baltarismo desde 1992 hasta su muerte repentina en 2016. Su hijo, que ya era su primer teniente de alcalde, lo sucedió en el cargo. Ahora encabeza la lista.

No todos los traspasos de alcaldía son definitivos. En Melón, Cristina de Francisco la guarda para su esposo, Alberto Pardellas, inhabilitado por la Justicia en 2010. Con él fuera de juego, De Francisco, que no había soñado con dedicarse a la política, encabezó la lista en 2011 y revalidó la alcaldía entonces y en 2015 mientras Pardellas, en el paro, la acompañaba a los despachos oficiales. Acabó contratándolo como asesor.

En la lista de herederos figura la alcaldesa y candidata a la reelección en A Bola, Teresa Barge, que sucedió a su padre mientras que Jesusa Candal, sucesora del histórico regidor ya fallecido de Vilamartín de Valdeorras, ha perdido el patrimonio heredado y con ello, la confianza de Baltar: ya no repite. En ocasiones los familiares fallan.

El alcalde de Pereiro de Aguiar, el veterano Eliseo Fernández, colocó a su yerno en la lista el año pasado pero este prefirió un empleo en la Diputación. Sin sucesor directo, el regidor ha aceptado el que le ha indicado el presidente provincial. Y como si de un hijo se tratase, lo arropa desde el segundo puesto en la lista. Algo similar ocurre en Vilar de Barrio en donde a falta de familiar y tras cuatro décadas en la alcaldía, Juan Pérez cede el paso a un funcionario municipal. Eso sí, hijo de exregidor.



C. H.
Senén Pousa, uno de los pocos alcaldes españoles con 45 años de mandato a la espalda, repite. Franquista irredento que se resiste a cumplir la Ley de Memoria Histórica y que hasta hace unos años organizaba misas en honor de Franco, Pousa pretende cumplir el medio siglo en el sillón de mando del Ayuntamiento de Beade. Y después, traspasarlo a sus descendientes.

Con ese objetivo incorporó a su candidatura en 1984 a su hermano Antonio y en 2011 a su nieta Susana Fernández Pousa, entonces estudiante de Bachillerato. En 2015 colocó a la nieta de cuarta. Ahora la asciende al segundo puesto, preparada para hacerse con las riendas en cualquier momento. Pousa blinda además su feudo colocando a su hija, la madre de la joven, como única suplente."                      (Cristina Huete, El País, 26/05/19)

3/7/18

La constructora de un alcalde del PP cobró sobreprecios en viviendas protegidas y Feijóo dice que las urnas lo avalaron... y le perdonó otra multa de 3 millones de euros

"El Tribunal Supremo acaba de ratificar una condena a la inmobiliaria Construcuatro, de la que era socio en el momento de los hechos, hace más de una década, el alcalde popular de Sanxenxo (Pontevedra), Telmo Martín, que entre 2011 y 2015 fue el diputado más rico del Congreso, por cobrar sobreprecios a compradores de viviendas de protección autonómica ejecutadas por ella en Vigo. 

Preguntado por la situación política en la que queda Martín tras la sentencia, el presidente Feijóo destacó que, “después de conocerse el expediente sancionador y la demanda de los propietarios” que ahora ratifica el Supremo, su compañero de partido “se sometió a las elecciones y volvió a ser elegido como la lista más votada”.

Los sobreprecios que Construcuatro exigía a compradores de las viviendas que había ejecutado en el polígono de Navia, en Vigo, fueron denunciados por varios afectados por la vía penal, pero la causa no tuvo recorrido. Sin embargo, en la vía administrativa la Xunta impuso a la constructora una multa de 2,5 millones de euros y exigió la devolución de otros 1,2 millones a los compradores perjudicados.

 La constructora recurrió esas sanciones sin éxito primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ahora ante el Supremo, que ratifica las multas y la prohibición a la empresa de participar en nuevas promociones de vivienda protegida en Galicia durante seis años.

Este jueves el presidente Feijóo destacó que el expediente administrativo contra Construcuatro fue iniciado “por un Gobierno del que yo formaba parte". Feijóo puso ese hecho como ejemplo de que no le tiembla la mano para “sancionar a cualquier empresa, sean cuales sean los socios”.

Pero a continuación el presidente minimizó la responsabilidad política de su compañero de partido. “Hay varios socios, uno de ellos era el alcalde de Sanxenxo, que después de conocer el expediente sancionador y la demanda de los propietarios se sometió a las elecciones y volvió a ser elegido como la lista más votada, a un concejal de la mayoría absoluta”, dijo Feijóo, empleando un argumento habitual en él para minimizar la responsabilidad política de cargos de su partido que obtienen buenos resultados en las urnas.

Telmo Martín fue alcalde del turístico municipio de Sanxenxo entre 1999 y 2006 y vuelve a serlo desde hace un año, tras intentar sin éxito por el medio ser alcalde de la vecina Pontevedra en 2007 y 2011 y convertirse entre 2011 y 2015 en el diputado más rico del Congreso, con su patrimonio de 21 millones de euros. 

Eso no le impidió solicitar en 2016 la prestación de 2.800 euros mensuales a la que tienen derecho los exdiputados que se quedan sin trabajo, a la que acabó renunciando tras la polémica que generó aquella decisión.

En los años 90 Martín impulsó la inmobiliaria Construcuatro, que no sólo estuvo implicada en los ahora ratificados sobreprecios en viviendas protegidas de Vigo. 

En la propia Sanxenxo, en primera línea de costa de su céntrica playa de Silgar, a pocos metros de donde Mariano Rajoy veranea desde hace años, Construcuatro levantó un edificio de seis plantas con el que invadió el dominio público, lo que le supuso recibir en 2005 una propuesta de sanción de tres millones de euros que le sería perdonada en secreto a finales de 2011 en una reunión del Gobierno gallego presidida por el propio Feijóo."

28/9/17

La herencia de los 'baltares' ourensanos: Os Blancos, de 850 habitantes de Ourense es el más tardón de España a la hora de abonar sus facturas: 1.232 días de media

"En 2011, cinco meses después de haber sido proclamado alcalde del municipio orensano de Os Blancos (850 habitantes), Xosé Manuel Castro se puso delante de una cámara de la Televisión de Galicia (TVG) y pidió el rescate del Ayuntamiento.

 “Alguien nos tiene que echar una mano. Si fuésemos una empresa privada ya habríamos cerrado con cadena y candado”, sentenció asumiendo la quiebra. No exageraba. Cuando llegó a la alcaldía ese año solo había 17.000 euros repartidos en las siete cuentas del Ayuntamiento, una deuda de en torno a tres millones de euros y ningún ingreso del Estado: estaba embargada la participación en los fondos estatales.

Os Blancos se mantiene aún hoy a la cabeza de los ayuntamientos que peor abonan sus facturas en España: tarda 1.232 días en pagar a sus proveedores frente a los 58 días de media de los ayuntamientos del resto del Estado, según datos publicados hace unos días por el Ministerio de Hacienda. Y el alcalde actual se ha visto desde hace unos meses al borde de la desobediencia judicial por no atender pagos ni deudas ordenados en sentencias firmes.

La calamitosa situación económica viene de lejos y era incesante. En 2008, Gas Natural Fenosa cortó el suministro público al Ayuntamiento por impago. El regidor en aquel momento, Juan Antonio Lama, solventó a las bravas el más que simbólico apagón: contrató un enganche ilegal. La deuda municipal rondaba entonces, como ahora, los tres millones de euros de un presupuesto anual de en torno a 800.000 y el Ayuntamiento, sin crédito, no pagaba ni los recibos de la luz, ni a la Seguridad Social.

Como antes Lama, el alcalde Castro no ha dejado de responsabilizar de la crítica situación económica del Ayuntamiento que preside a las “deudas del pasado”: largas décadas de desenfreno contratador de las instituciones públicas orensanas estimulado por el entonces presidente de la Diputación, José Luis Baltar, el autodenominado cacique bueno que acabó condenado por un delito de prevaricación relacionado con el enchufismo masivo.

Durante las dos décadas largas en las que Baltar cosechó mayorías absolutas de récord para el PP mientras convertía a la Diputación de Ourense en la principal fábrica de empleos de la provincia (llegó a destinar más del 35% del presupuesto a pagar nóminas), sus alcaldes más fieles no hicieron sino emularlo. Y entre los regidores más entregados de finales de los 90 destacaba José Antonio Rodríguez Ferreiro, al frente del Ayuntamiento de Os Blancos. 

Tras imponer el nombre de Baltar a calles e infraestructuras deportivas, colocar un busto con su imagen en la plaza principal del pueblo y proclamar que él solo obedecía órdenes de “Dios, la Virgen y Baltar”, Ferreiro ingresó en prisión condenado a cinco años y tres meses por prevaricación, falsedad y malversación: había sustraído 240.000 euros de las arcas municipales. Dejó el Ayuntamiento en bancarrota.

Lo sucedió Juan José Puga. Entre ambos incorporaron a la plantilla municipal a 13 trabajadores. Cuando años después Lama relevó a Puga se topó con una misión imposible. Atribuyó entonces a la gestión de Ferreiro el origen del fiasco económico que, en su opinión, Puga acabó cebando al pedir préstamos destinados a acometer más gastos en lugar de amortizar deuda, cuyos intereses no paraban de crecer.

Lama se sintió maniatado y Castro, el último en llegar a la alcaldía, ha tenido que hacer frente en los últimos meses a la amenaza de un procedimiento penal: el secretario-interventor municipal recibió un requerimiento judicial para que aportase la relación de bienes patrimoniales “no afectos al uso público”.

El regidor reconoce que le resulta muy difícil sanear la economía municipal cuando “el 50% del presupuesto se va en personal” y no tiene reparo en señalar que la “excesiva” y "caprichosa" plantilla lastra un presupuesto embargado y que el desastre de la gestión económica es el desastre la gestión política.

“El Estado se ha hecho cargo de la deuda y asume el pago a proveedores, que de esta forma cobran pero nos deja las arcas vacías, con serias dificultades para hacer frente al gasto corriente”, explica el primer edil sobre la situación actual.

En mayo de 2012 anunció a los trabajadores que no les pagaría las nóminas del mes siguiente, de la misma forma que él renunciaba a cobrar la suya, de 900 euros, para poder hacer frente a servicios “prioritarios” como los de abastecimiento de agua y saneamiento. “Los vecinos no tienen la culpa de una plantilla desmesurada”, justificó entonces.

Cinco años después, y pese a la progresiva reducción de la deuda viva, la asfixia económica aún estrangula el municipio. "Nos llevará un tiempo", afirma el alcalde desde su despacho ubicado en la calle José Luis Baltar del municipio, a un tiro de piedra del polideportivo del mismo nombre."            ( , El País, 23/09/17

20/6/17

Acoso y derribo a la funcionaria que perturbó al señor alcalde

"En sus 14 años de alcalde del PP en Palas de Rei (Lugo), al doctor Fernando Pensado ningún secretario municipal de los “siete u ocho” que pasaron por su Ayuntamiento le puso un solo reparo a sus decisiones. 

Tanto él, hoy teniente de alcalde, como su sucesor en el puesto de regidor, el policía local Pablo Taboada, también elegido bajo las siglas populares, desconocían incluso la existencia de esa figura hasta que en 2011 una mujer, Celia González, con 20 años de experiencia como secretaria-interventora, les planteó la primera pega por vía oficial a quienes hasta ese momento habían manejado los asuntos públicos sin ser incordiados.


Así lo reconocieron los dos políticos desde el banquillo de la Audiencia de Lugo que compartieron la pasada semana junto a otros nueve cargos y funcionarios, acusados por la fiscalía de acosar a González durante casi una década y prevaricar repetidamente para castigarla sin empleo y sueldo. 

Cuentan los acusados que la vida entre las paredes de la casa consistorial de Palas, de 3.500 habitantes, transcurría cuando llegó González en 2007 como en otros muchos ayuntamientos pequeños de España. 

Dotados de poco personal, las funciones de control encomendadas por el Estado al secretario municipal las solía ejercer, sin la habilitación legal necesaria, un administrativo de la máxima confianza del gobierno local, Carlos Ouro, juzgado ahora junto a sus jefes por supuestamente hostigar a González, usurpar sus funciones públicas y ocupar el cargo sin cumplir los requisitos. Pero el aterrizaje de la funcionaria denunciante lo cambió todo.

La fiscalía sostiene que primero Pensado y después Taboada, compinchados con otros trabajadores municipales, concejales populares y un cargo del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, desplegaron todo un arsenal de “maniobras” para someter a González a un “clima de tensión y estrés insostenible” y así “quitársela de en medio”

A diferencia de la funcionaria, Ouro “no ponía en entredicho la gestión de los fondos públicos” y su “fidelidad” era recompensada con una retribución “por encima de su categoría y cualificación profesional”, relata el ministerio público en su escrito de acusación, en el que pide para él cuatro años de prisión. La pena que afrontan Pensado y Taboada es de dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, un castigo al que la acusación particular ejercida por la secretaria municipal pide añadir otros delitos como malversación de caudales públicos, amenazas y falsificación de documento público.

“Había mal ambiente pero no trato degradante [a la secretaria] delante de mí”, declaró Pensado sobre el infierno descrito por la fiscalía: los insultos de “mona” y “burra” que recibía a diario González, los encargos imposibles de cumplir, la documentación escondida, las suspensiones ilegales de empleo y sueldo, la negativa de los trabajadores a acatar “toda orden” o el destierro a una estancia sin ordenador e invadida por las cajas que recibió la única trabajadora que apoyaba a la secretaria. “Nunca lo hubiera consentido. 

En Palas tenemos un CIM [centro de información a la mujer] y fuimos pioneros en la tolerancia cero al maltrato”, prosiguió el exalcalde y actual número dos del gobierno local, sin que nadie hubiera mentado en la sala la violencia machista.

Celia González relató al tribunal durante cinco horas cómo tras negarse a firmar los "chanchullos" del gobierno local con las subvenciones y contrataciones públicas su jornada laboral se convirtió en un calvario de insultos, desplantes y difamaciones. 

 Desde que en 2011 Pensado cedió a Taboada el bastón de mando en Palas y optó por replegarse a la tenencia de alcaldía, el gobierno local le abrió a la secretaria municipal seis expedientes disciplinarios, anulados sucesivamente por los tribunales, que la han llegado a dejar sin sueldo ni Seguridad Social. “Yo tengo que defender los intereses del Ayuntamiento”, esgrimió el actual alcalde de Palas ante el tribunal. 

El gran pleno de castigo

El 30 de abril de 2013 Taboada convocó el gran pleno de castigo contra Celia González. Se sometía a votación su destitución y un concejal del PSOE leyó un escrito en el que advertía de la ilegalidad de la medida. El alcalde del PP y sus cinco concejales, todos ellos ahora acusados de prevaricación, obviaron el aviso -"que yo sepa no ese edil no es jurista", esgrimió el regidor en el juicio- y apelaron a un "informe" de la Xunta que avalaba el cese de la secretaria municipal.

El cargo autonómico que firmó aquel documento, el exdirector general de Administración Local Norberto Uzal, encausado también por prevaricación, defiende que lo que hizo fue responder a una consulta con una resolución no vinculante y, aunque admite que "es evidente que se hicieron las cosas mal", niega haber recibido órdenes de sus superiores en el Gobierno gallego para ayudar al PP de Palas a echar a González.

Los cuatro trabajadores municipales juzgados negaron que la secretaria-interventora fuera hostigada por exigir el cumplimiento de la legislación y atribuyeron los problemas con ella a su "carácter autoritario". 

"Día tras día tenía que ayudarle en labores básicas informáticas como cambiarle las pilas a un ratón", alegó el técnico de Urbanismo Juan Manuel Varela, asegurando que esta situación le impedía hacer sus tareas y le obligaba a ir a trabajar por las tardes y los fines de semana. "Tensionó mi vida profesional y personal. Era desquiciante". El juicio quedó el pasado viernes visto para sentencia."                   ( , El País, 19/06/17) 

1/12/15

El alcalde de Dozón, su hijo y su sobrino, detenidos por fraudes en cursos de sus empresas

“Dozón é un concello onde ou tes a túa explotación gandeira/avícola ou traballas para o monopolio deste señor... Polo que ou votas ao PP ou vas á rúa”. Así reaccionaba un internauta a noticia da detención de Adolfo Campos. 

GC debulla a barroca rede empresarial do alcalde de Dozón, detido na Operación Qatedra, e as subvencións que lle outorgaron varios departamentos da Xunta. Factura máis de 21 millóns ao ano, sen contar as empresas ao nome do seu fillo, tamén detido."               (Galicia Confidencial)

"La Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín detuvo ayer a los cuatro miembros del consejo de administración del grupo empresarial Campos, radicado en Dozón, en el marco de la operación Qatedra que investiga presuntos fraudes en cursos de formación. 

Se trata del alcalde de Dozón, y presidente del consejo de Administración, Adolfo Campos Panadeiros; su hijo, teniente alcalde en el mismo Concello y consejero delegado, Adolfo Campos Vázquez; su sobrino, David Campos Cortés, secretario del consejo, y a S.C.C., trabajadora técnica del departamento laboral.

A estas detenciones, que se producían por la mañana, se sumaron por la tarde las de A.M.R.G., administradora única de una empresa de Silleda y M.I.G.F., representante legal de una asociación de mujeres de una parroquia de Lalín. 

A los seis se les achacan presuntos delitos de estafa, falsificación de documento público mercantil y fraude de subvenciones por haber solicitado supuestamente ayudas para cursos de formación que no llegaron realizarse y para los que presuntamente recibieron subvenciones de la Xunta y la Unión Europea.

Son los mismos cargos por los que se investiga al resto de los detenidos, que suman ya diecisiete. Los detenidos quedaron en libertad por orden del instructor del caso y tendrán que comparecer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín cuando sean requeridos.
Desde el grupo de empresas Campos explican que fueron citados a personarse en el cuartel de la Guardia Civil de Lalín en relación con dos cursos de formación celebrados en el 2010, uno de ellos para la empresa Estación de Servicio Campos y otro para Industrias Frigoríficas del Deza.

En su comparecencia, apuntan, declararon de forma voluntaria explicando la distribución de responsabilidades en el seno de los distintos departamentos de las empresas del grupo.
Sin intervención

Subrayan que el presidente del Consejo de Administración, el alcalde de Dozón, Adolfo Campos Panadeiros, «non exerce tarefas executivas nas empresas dende hai máis de dez anos e, por tanto nin interveu nos feitos obxecto de investigación nin coñece os mesmos».

Desde el grupo empresarial dezano, sus representantes expresan su absoluta tranquilidad respecto a la investigación en curso y ofrecen su máxima colaboración a la instructora del caso como, dicen, ya pusieron de manifiesto en sus declaraciones a la Guardia Civil. Los empresarios se brindaron a aportar la documentación que les sea requerida y a volver a declarar en el Juzgado de Lalín en el caso de que sea necesario para «tentar de esclarecer os feitos e eliminar calquera sospeita sobre o grupo de empresas canto antes».

La investigación arrancó en marzo a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria a la empresa lalinense Prosem alertando de posibles irregularidades. A partir de ahí empezaron a analizar los cursos de formación realizados por esta firma, que trabajaba con empresas de toda Galicia.  (...)"                (La Voz, 28/11/15)

20/5/15

Los tres entierros del alcalde de Santiago. La capital de Galicia ilustra como ninguna la indignidad moral de los integrantes de las listas del PP


"En Santiago el antro de los antros es La Tita. Cuando todo cierra La Tita abre y acoge a lo más granado del mundo nocturno. Conde Roa, por entonces candidato del PP a la Alcaldía de Santiago, nunca entraría en ese garito, pero allí lo reverenciábamos. Juerguistas y beodos relataban sus andanzas, que corrían como leyendas por las mesas repletas de cubatas.

 Para mí, era un mito. Lo imaginaba entrando en los bares con la canción de Estopa como banda sonora: “Eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a cañas”. Era la canción perfecta. Bueno, excepto en lo de invitar.

Pero no todos lo admiraban: el sector más beato y rancio de la ciudad no tenía en gran estima sus impresionantes virtudes. Esos chismosos no hacían sino criticar. Incluso la Iglesia lo reconvino públicamente. Pero Gerardo les calló la boca a todos: publicó una carta de contrición en el periódico local en la que reconocía haber “escandalizado” a muchos y pedía perdón por su “comportamiento en los últimos tiempos”, que no había sido muy acorde con su “fe católica”.

Su labor opositora en el ayuntamiento tenía golpes maestros. Una noche mandó a sus dos colaboradores, los concejales Ángel Espadas y Paula Prado, a espiar un botellón. Su informe aún pone los pelos de punta: la chavalada bebe. Los sociatas utilizaron contra él viles argucias. 

El alcalde Bugallo le afeó en un pleno que debiese 7000 euros de IBI al ayuntamiento. Impertérrito, Conde Roa se sacó un talón de la chequera, lo enseñó a la prensa, hizo como que pagaba y luego se lo guardó otra vez en el bolsillo. De paso, haciendo gala de su fina autoparodia, aconsejó a Bugallo “no gastárselo en francachelas”. 

En La Tita nos partíamos la caja. Me recordó a mi amigo Elías “El Pirata”, un heavy de metro y medio que llegaba a la Sala de Fiestas La Condesa y decía: “cóbrame todo lo de la barra”. Solo que Elías pagaba.

Conde Roa: el number one

Así llegó 2011. Dos días después de presentar la lista electoral la policía detuvo a Ángel Espadas, borracho, dormido ante un semáforo. ¿Iba aún de enganchada o venía de espiar más botellones? Quién sabe. El concejal durmió la mona en los calabozos y luego, en un ejercicio admirable de ética, renunció a presentarse. En esta ciudad de beatos hubo quien le afeó el ir trompa.

 Por el contrario, ¿qué mayor prueba de civismo se le puede pedir a alguien que respetar los semáforos incluso estando tajado perdido? Uno de los colaboradores de Conde Roa relató la campaña: “Se bañó en un río contaminado, subió a un mitin con unas copas de más y volcamos un coche del partido. Aún así, ganamos las elecciones”. Ya victorioso, su primera decisión fue nombrar a Espadas Jefe de Gabinete. Dijo que ya había pagado su deuda con la sociedad. 

Ahora era el momento de ajustar las cuentas con esos polis chivatos. El Jefe de la Policía que no se plegó entonces a ocultar el asuntillo del semáforo se vio sometido a un acoso laboral que terminó con unos cuantos imputados y condenados en la corporación municipal.

Espadas tenía más poder que si fuese concejal. Se jactaba de haber rechazado ser diputado autonómico. Normal, ahí solo van los pringaos. La pasta está en los ayuntamientos. 

Y él era un genio para los negocios. Conde Roa decía que tenía la mente de un físico. Quizá por eso le interesaban tanto los líquidos. Malpensados, me refiero al agua. Según las grabaciones del caso Pokemon, Espadas maniobró para apartar del ayuntamiento a los funcionarios que no querían informar a favor de la adjudicación a Aquagest. 

Entonces él y Conde Roa eran todo uno. Solo después, cuando el caso Aquagest trajo consigo detenciones e imputaciones, Espadas lo traicionaría con una de esas frases de culebrón que pasan a la historia: “Me convertí en corrupto por culpa de Conde Roa. He hecho cosas que no habría hecho nadie, que no se pueden ni contar”.

Feijoó, en cambio, sí confiaba en Conde Roa: “si se centra será un buen alcalde”, dijo. Conde Roa iba lanzado y en una extraordinaria exhibición de gestión, demostrando además que no le guardaba rencor a los semáforos, inauguró de un golpe 14. Este fue el mayor hito de su mandato. 

Al poco tiempo, la Fiscalía lo acusó de defraudar a Hacienda 290.000 eurillos de nada y tuvo que dimitir. Dos semanas antes había cancelado y censurado un espectáculo de Leo Bassi en Santiago. El bufón (me refiero a Leo) llegó casualmente a la ciudad el mismo día de la dimisión y, demostrando su generosidad, ofreció trabajo al Alcalde: “Necesito payasos”, dijo, animandole a “hacer un espectáculo conmigo, trabajando juntos”.

Las grabaciones de esa época de la lenguaraz Paula Prado, imputada también entonces por delitos varios, no dejaban lugar a dudas: “Todo lo que hace Conde Roa huele a pelotazo”. ¿Denunció las ilegalidades que veía por doquier? Claro que no. La dimisión salvó de la recalificación una finca con árboles centenarios y un viejo palacete con gárgolas conocido en las grabaciones del Caso Pokemon como “el chanchullo de Espiño”. 

En una nueva grabación, el hermano de Paula Prado dijo, refieriéndose a Conde Roa y a la recalificación, que “los 60 millones que se va a llevar no le saldrán gratis”. Conde Roa tenía unas maneras curiosas de financiarse y meses después sabríamos que una empresa adjudicataria de obras le había otorgado “un préstamo” de 60.000 euros del que nada había devuelto. 

Por cierto que en estas grabaciones ya se comentaban, años antes de su publicación, las fotos del Presidente de la Xunta Nuñez Feijoó, de veraneo con el narcotraficante Marcial Dorado. El Presidente dio las cumplidas explicaciones que se deben en una democracia como la nuestra. Contó que le preguntó: “¿eres narco?” y Marcial, el muy mentirosillo, le dijo: “no”. 

Comprendo a Feijoó: ¿qué mundo de mierda es este si ya no podemos confiar en los narcos? No recordaba muy bien dónde habían veraneado y solo sabía que “había nieve”. Preguntado acerca de quién pagaba dijo que “creía que cada uno lo suyo” lo que deja en mal lugar a su amigo pues todos los contrabandistas en Galicia han tenido siempre fama de Robin Hood y de pagar las copas y las juergas de todo quisqui sacando fajos de billetazos. Marcial Dorado no. 

Según el Presidente este era de los de pagar cada uno su vino. Uno lo imagina conduciendo el yate y diciéndole a Feijóó: “venga, 5 libras cada uno para gasofa”. Qué decepción. En cualquier caso, la historia dirá lo que quiera de Feijoó, pero nadie podrá negar que tuvo su época dorada.

Pero no divaguemos. Estábamos en Santiago. Con la dimisión de Conde Roa Paula Prado se las prometía muy felices, pero este había chantajeado al PP para que nombrase a Angel Currás. Era el mismo Ángel Currás de quien Prado había dicho: “Si es Currás, nos suicidamos”. Pero no se suicidó. Qué va, pasó a ser portavoz parlamentaria del PP de Galicia. 

Como al mismo tiempo estaba siendo investigada por fraude documental, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, estuvo meses sin comparecer ante los medios, ejerciendo una curiosa portavocía muda, no fuera a ser que algún periodista metomentodo le preguntase alguna cosa. Vano temor: visto el comportamiento de la prensa con la corrupción del PP bien podría haber comparecido a diario.

Ángel Curras: el hombre del renacimiento

El nombramiento como Alcalde de Currás desató la euforia entre sus concejales. Ahora todos querían estar imputados por algo. Era lo trendy. Prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, acoso moral, cohecho, todos querían la suya. Así fueron imputándose y dimitiendo todos. A la cabeza estaba el propio Alcalde con dos imputaciones. 

Espadas contaba que “estaba fuera de sí”. Normal. El PP es indulgente con una imputación. Con dos ya se va enfriando un poco el cariño. Y no obtuvo la tercera porque el día que sus concejales prevaricaban en primera instancia, aprobando ilegalmente el gasto de la defensa jurídica de otro imputado al que conocían como “pijolandia”, él se escondió en su despacho, apagó el móvil y dejó que lo otros votasen solos. 

Visto con perspectiva, qué grave error. Hubiese tenido que dimitir igual pero ¡con tres imputaciones distintas! Eso es pasar a la historia. Con dos es uno más del montón. La guinda llegó con la condena por prevaricación de siete concejales a la vez. A Currás ya no le quedaban más en la lista así que él y otra concejala que también resultaría imputada asumieron las competencias de todas las áreas. Dos mentes renacentistas. 

A la desesperada intentó fichar a “personalidades” externas. La más rutilante fue el ex árbitro García de Loza. Pero al fin Currás se rindió y dimitió. Como premio el PP intentó nombrarle director de la empresa pública Tragsa, de infraestructuras rurales, regadíos, etc, algo para lo que su currículum de profesor de Naturales en un instituto le facultaba ampliamente. 

Pero ante el revuelo se rajaron y lo dejaron tirado. Los siete concejales resultarían absueltos en la apelación. ¿Era legal lo que habían hecho? No. Pero había sido sin querer. Fue una prueba más de cuán exitosa es en el ámbito político la estrategia procesal conocida como “Defensa del Chavo del Ocho” o “fue sin querer queriendo”.

Agustín Hernández: el azote de la juventud

En esa lista cuyo balance fue de 13 imputados, muchos por partida doble, figuraba en el último lugar Agustín Hernández. Cabe preguntarse qué méritos le reconoce su propio partido para colocarlo a la cola de todos esos fenómenos. En fin, alguno tendrá. Agustín había sido conselleiro con Fraga.

 En el último día de su mandato, ya en funciones, adjudicó contratos millonarios a la empresa Sercoysa que lo ficharía apenas un mes después (no pudo antes porque se fue de vacaciones). De modo un modo inaudito en el mundo empresarial, Agustín también figuraba al mismo tiempo a sueldo para otra empresa constructora “de la competencia”, Puentes y Calzadas.

 No es tan raro si sabemos que su Consellería le había adjudicado meses antes contratos por decenas de millones de euros. Tres años después, un 14 de enero, volvió a la actividad pública contratado por la Diputación de Pontevedra como Director de Infraestructuras. El día 15, el presidente anunciaba un contrato de 5,7 millones al que optaba Sercoysa. Al poco tiempo, oh, sorpresa, Sercoysa recibía la adjudicación y el propio Agustín glosaba su excelente proyecto.

Habrá quien piense que este es el ejemplo perfecto de puertas giratorias, pero yo aquí no veo puertas por ningún lado, tal es la velocidad con la que transita de adjudicador a adjudicado. Más bien parece que a Agustín le gustan más los espacios diáfanos, tipo loft.

Sin embargo, nadie podrá decir que no es un tío de acción. Ya como alcalde, desatascó un proyecto que llevaba más de una década parado por la inoperancia de sus inútiles predecesores.

 Y así, un solar destinado a pisos protegidos para jóvenes que estaba a escasos metros de la Plaza del Obradoiro se lo cambió a un constructor por otro que está a 4 km., allí donde empiezan las lechugas. Los malpensados afirman que el constructor hizo el negocio del siglo, pero yo creo que Agustín pensaba en esta juventud vegana, neo-rural, que quiere volver a la naturaleza. 

Su mismo espíritu ecologista fue lo que lo animó a dejar sin luz las multitudinarias fiestas del barrio más dinámico de Santiago. Preocupados por la sostenibilidad y el reciclaje, ¿qué mejor que no usar energía? ¿No son tan hippies? Pues sin luz. Al final, los puestos y las actuaciones se alumbraban con los alargadores que lanzaban los vecinos desde los balcones.

Era un Alcalde dialogante. Un día le dio la venada y mandó las máquinas a levantar el adoquinado de una calle para peatonalizarla. Los vecinos, perplejos, le dijeron que no la querían peatonal y Agustín, sensatamente, rectificó aunque ya estaba todo el firme levantado. Como los árboles que se arrancaban de noche y se plantaban de día en un cómic de Asterix.

Pero un hombre como él no podía estar satisfecho con estas minucias. Así que decidió el derribo de una Casa de la Juventud (¿por qué odiará a la juventud?) protegida por el plan especial de la zona histórica. La razón era de peso: el edificio, según Agustín, es feo. Como esos pánfilos que llegan tarde a todo y que te dicen hoy: “oye, estoy viendo Lost”, Agustín también quería su imputación. 

Pero ya no es tendencia, hombre. La historia del edificio ejemplifica como pocas el interés del PP por la cultura. 1600 metros cuadrados de salas de reuniones, bibliotecas y hasta un salón de actos que nadie usó en décadas; una fachada que se deja pudrir por el abandono y luego un proyecto de derribo por razones puramente estéticas. 

Ya sea para construir sin proyecto o para destruir sin motivo, lo que importa es que las constructoras tengan su negocio. La Asociación Defendamos o Público trasladó el acuerdo de derribo a la Fiscalía. ¿Conseguirá Agustín al fin su imputación? Pronto lo sabremos.

Epílogo: una cantera de impresentables

Y entre tanto, pasó la legislatura. Con un espléndido balance de acusaciones de falsedad documental, soborno, tráfico de influencias, cohecho, acoso y adjudicaciones impresentables. Los funcionarios cuentan que sus jefes políticos no usan el teléfono porque temen que todas las líneas estén pinchadas por la policía. ¿The Wire? ¿La mafia rusa? No: el Ayuntamiento de la capital de Galicia.

 ¿Representa esta tropa a la ciudadanía? No a la que yo conozco, mayoritariamente formada por personas decentes. Sin embargo, en el fangoso ecosistema de las listas electorales del PP parecen abundar estas especies: defraudadores y juerguistas de misa diaria, fulleros, morosos, timadores de medio pelo, fariseos, beodos, acosadores, prevaricadores, chantajistas, comisionistas, encubridores, pre-imputados y post-imputados. 

En Santiago, algunos a los que la justicia no pudo condenar protagonizaban las grabaciones policiales despellejando a sus compañeros, traicionándose y acuchillándose por la espalda, acusándose mutuamente de una infinidad de robos y corrupciones. Exhibiendo, en fin, culpables o inocentes, una catadura moral impresentable. Uno se pregunta: ¿De dónde sacan a esta gentuza?

Decía Bolaño: “Todo lo que empieza como comedia acaba como monólogo cómico, pero ya no nos reímos”.             (Jorge Armesto, Diagonal, 18/05/2015)

4/5/14

Un hijo de un dirigente del PP acapara contratos millonarios de Sogama

 Planta de Sogama en Cerceda / GABRIEL TIZÓN

"A finales de los noventa, José María Hernández Cochón era conselleiro de Sanidade en el Gobierno de Manuel Fraga y Juan Salgueiro Montouto reinaba en Silleda como alcalde popular desde 1987.

 El pasado 8 de noviembre las vidas de estos dos históricos del PP en Galicia se cruzaron de nuevo, esta vez a través de sus hijos y sobre una mesa de contratación de Sogama, la empresa pública que trata la basura.

 Uno de los vástagos del exregidor, Juan Salgueiro Penoucos, recibió ese día un contrato de 13,5 millones de euros por decisión de cuatro personas, una de ellas el hijo del exconselleiro, José María Hernández Sanmamed, que entró en Sogama cuando su padre estaba en la Xunta a través de un contrato temporal y acabó ocupando una plaza fija en un cargo recién creado. 

Los otros tres miembros de la mesa de contratación fueron el presidente de Sogama nombrado por el PP, Luis Lamas, su número dos, Isidro García Téllez, designado por el consejo de administración que controlan cargos de la Xunta, y la jefa del Área Económica de la planta de residuos, Asunción Villa.

Aquella mesa de contratación eligió a una empresa de Salgueiro, Perfis 2000 Servicios, SL, para que se encargue de gestionar durante cuatro años todas las plantas empacadoras de basuras que tiene Sogama esparcidas por Galicia. 

La firma extiende de esta manera su negocio como subcontratista del complejo de la Xunta, una relación que comenzó en 2004, cinco años después de que su padre dejase la alcaldía de Silleda, momento en que empezó a gestionar seis plantas de transferencia, entre ellas la de la localidad que gobernaba su padre. Ahora acaba de hacerse con el resto.

Al concurso para gestionar las 20 empacadoras de basura de Sogama se presentaron siete aspirantes, pero tres de ellos fueron descartados porque no alcanzaron un mínimo de puntuación o porque presentaron “excepciones al pliego que limitan el alcance de los trabajos”. De los cuatro restantes, los técnicos detectaron “ofertas desproporcionadas o bajas temerarias” en dos, una de ellas la empresa del hijo del exalcalde de Silleda. 

En este caso, se les pidieron explicaciones a las sociedades, la mesa de contratación presidida por el presidente de Sogama las consideró adecuadas —basándose, aseguran sus miembros, en un informe técnico— y se les permitió seguir adelante.

Perfis 2000 salvó este escollo y además salió ganadora del concurso, con una oferta que rebajaba en un 1,1 millones el presupuesto máximo fijado en el pliego de condiciones. “A pesar de catalogarse como baja temeraria la oferta de la adjudicataria, estaríamos hablando de una diferencia de 6.000 euros al año [con respecto a la propuesta más elevada de las que se presentaron] sobre un contrato de más de 13 millones de euros”, esgrimen fuentes oficiales de Sogama. Ha sido imposible recabar la versión de Salgueiro porque se encuentra en el extranjero, según explicó a este periódico la portavoz de una de las empresas con las que Perfis 2000 comparte su sede.

Los responsables del complejo de tratamiento de basuras de la Xunta defienden también la composición de la mesa de contratación. Aseguran que “se ajusta plenamente a la norma” y aluden al manual de contratación de la compañía elaborado en tiempos del bipartito PSOE-BNG tras los duros informes del Consello de Contas por las continuas irregularidades en las adjudicaciones de Sogama.

 Sin embargo, ese manual solo alude a que la mesa de contratación debe contar con un presidente, dos vocales y un secretario y sobre su identidad únicamente alude a algún miembro de la asesoría jurídica y del departamento económico financiero.

No es el empacado de basura la única labor que la empresa de Salgueiro Penoucos hace para Sogama, una compañía mixta (la Xunta posee el 51% y Fenosa el resto) que gestiona la planta de residuos de Cerceda con muy pocos medios propios y muchas subcontratas (de sus más de 400 empleados, solo 25 son de Sogama, el resto están en nómina de contratas). 

En 2010 Perfis 2000 fue beneficiaria en UTE con otras dos sociedades (Geseco y Viviendas y Obras Civiles) de un contrato de 43 millones de euros para gestionar la planta de elaboración de combustible durante cuatro años. Las socias de la empresa de Salgueiro en la licitación de esta infraestructura han pasado a ser sus competidoras en el concurso de las plantas de transferencia.

Dicen quienes le conocen que Salgueiro Penoucos se ha querido mantener al margen de la carrera política de su padre, aunque con él ha compartido negocios al menos en la inmobiliaria Cerocinco, una empresa de la que fue administrador el hijo hasta que en 2004 le pasó el cargo al exalcalde.

 El progenitor del hombre que gestionará todas las empacadoras de basura de Galicia sigue siendo una persona de influencia en el PP. En 2010, cuando su hijo recibió el contrato de la planta de combustible de Sogama, su nombre volvió a sonar como posible candidato popular a la alcaldía de este municipio para reactivar una agrupación local maltrecha.

 Los populares de Silleda celebrarán el próximo 5 de abril un congreso, el primero desde 1996, que pretende ser curativo. El histórico dirigente al que el partido de Feijóo ha encargado la presidencia del trascendente evento es Juan Salgueiro Montouto."                (El País, 31/03/2014)

29/11/13

Nadie compra un piso en Barreiros... sin abastecimiento, saneamiento o accesos

Promoción de pisos sin terminar en Barreiros, Lugo. / XOSÉ MARRA

  "También con vistas al Cantábrico hay esqueletos a medio construir de viviendas que ya no lo serán y segundas residencias terminadas hace años por cuya puerta aún no ha entrado el primer propietario. 

En el litoral de Lugo, a 900 kilómetros de la playa mediterránea más cercana o a 200 de las turísticas Rías Baixas, está el municipio de Barreiros, dedicado tradicionalmente a la agricultura. Su costa virgen desató a principios de la pasada década una euforia constructora que la Xunta cortó en seco en 2006 interviniendo su urbanismo.

 Pese a ese temprano parón, hoy, varios años de crisis después, son cientos las viviendas a medio construir o terminadas que no encuentran comprador.

Los 3.200 habitantes de Barreiros ocupan 1.200 viviendas con carácter de residencia principal. Pero hasta que en 2006 el Gobierno autónomo del PSOE y BNG mandó parar, el alcalde del PP, Alfonso Fuente, había otorgado licencias para construir 5.800 nuevas viviendas.

 No todas llegaron a iniciarse, y otras están sin terminar desde entonces, pero según las estadísticas oficiales en Barreiros hay en la actualidad 3.500 segundas residencias, tres por cada ciudadano empadronado. Buena parte de ellas están vacías, sin vender pese a que inmobiliarias y bancos ofrecen gangas como un piso de dos habitaciones por 36.000 euros.

 El mismo apartamento que hace cinco años aún se intentaba colocar por 100.000 euros. Son varias las urbanizaciones con ofertas idénticas.

“Y ni así se vende”, explicaba hace unas semanas Francisco Campos, cuyo abuelo, emigrante retornado de Cuba, levantó hace un siglo su casa indiana junto a la iglesia del pueblo. Hoy su nieto ve cómo frente a ella, junto al cementerio, se alza una mole que apenas tiene vida en julio y agosto. 

Francisco se hace preguntas: “¿De dónde salió el dinero para financiar estas urbanizaciones que ahora se regalan?”. Y se contesta: “De lo que las cajas de ahorros no dedicaron a obra social”.

 La urbanización frente a la que habla Francisco Campos se llama Costa Reinante, pero está a dos kilómetros del mar. Aquí no hay grandes moles que tapen el litoral, como en otras zonas. Lo que hubo en Barreiros fue vía libre para construir en cualquier terreno, incluso en suelo rústico, sin servicios básicos como abastecimiento, saneamiento o accesos viarios. 

Así que lo que se ve, si se sigue el camino mal asfaltado y sin señalizar que lleva a la contaminada playa más cercana, son prados con vacas que se alternan con bloques a medio construir invadidos por la maleza, urbanizaciones con carteles de se vende o viviendas unifamiliares, ocupadas o no, de diversa tipología. (...)"        ( Lugo , El País, 26 NOV 2013 )

26/6/13

Un alcalde del PP autoriza obras sin licencia a la constructora de su socio

Vivienda en la que, según el alcalde, se ha ejecutado una obra menor. / NACHO GÓMEZ

"La actividad promotora de José Antonio Feijóo (alcalde popular del Ayuntamiento ourensano de Baltar procesado por supuestas amenazas y coacciones a candidatos del PSOE de su municipio) choca con su gestión al frente de la institución local. 

Feijóo, vinculado a seis empresas constructoras con sede en la comarca de A Limia a la que pertenece el municipio que preside, comparte socios con una adjudicataria de obra pública de su propio Ayuntamiento.

 El alcalde tiene, además, varias empresas en común con otro promotor que ejecuta obras para particulares y que ha reconstruido una casa sin licencia en una localidad del municipio, Meaus, cuyo suelo está calificado como rústico. La vivienda que el socio del alcalde levantó sobre la ruina de una planta baja sin los permisos oportunos está en el radio de acción de un crucero catalogado.

 Meaus es, además, uno de los tres pueblos que conforman el Couto Mixto, zona fronteriza con Portugal de singulares características catalogada como enclave histórico-cultural por el Congreso de los Diputados y el Parlamento gallego. El planeamiento urbanístico que está redactando el Ayuntamiento de Baltar y que sustituirá a las normas subsidiarias de 1991 por las que se rige ahora, incluirá la protección específica de las tres localidades del Couto Mixto, entre las que se encuentra Meaus. 

José Antonio Feijóo ha mirado hacia otro lado mientras una de las empresas de su socio Francisco Andrade reconvertía unas ruinas de planta baja en una vivienda de bajo y dos alturas en Meaus. “No nos consta que haya hecho ahí ninguna obra significativa”, disculpa el alcalde en declaraciones a este diario la intervención en esa zona en la que no se puede edificar.

 “Sé que se hacen algunas chapuzas, arreglos, esas cosas propias de los pueblos”, justifica el regidor. Feijóo no es capaz de precisar si es necesaria licencia municipal para esas actuaciones. “Tratándose de obras menores, yo creo que no hace falta licencia”, señala y resta importancia a la intervención de su asociado apuntando que “se han hecho varias casas por ahí”.

 El alcalde de Baltar se refiere a Andrade como “un señor que creo que tiene una constructora en Calvos de Randín”, ayuntamiento limítrofe. Pero Feijóo y Andrade están asociados en al menos dos empresas: Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, y Promociones Terra da Limia, SL. 

Ambas carecen de empleados aunque obtienen beneficios. La primera cerró el ejercicio de 2010 con un activo de 611.929,16 euros y un patrimonio neto de 296.970,71 euros. La segunda, con un activo total de 6,6 millones de euros. Las dos constructoras, que comparten domicilio social, fueron constituidas con menos de 4.000 euros de capital.

A quien sí asegura conocer el alcalde es al dueño de Construcciones Rodríguez, una de las empresas que ejecuta obra municipial en Baltar. “Sí, a Ángel Rodríguez lo conozco, aunque apenas hace obra pública aquí”, resuelve el alcalde.

 Pero el empresario, que comparte socios con el regidor de Baltar en algunas promotoras, ha construido el colegio de Educación Primaria del ayuntamiento y ha sido beneficiado con la adjudicación de la carretera Baltar-Xinzo que financia la Diputación. El alcalde-promotor del Ayuntamiento de Baltar está inmerso en un conglomerado empresarial de tal calibre en la comarca de A Limia que no solo comparte socios con los promotores a los que adjudica obras, sino también sede social.

Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, integrada por José Antonio Feijóo, Francisco Andrade Quelle, José Rodríguez García y José Antonio Carrasco, tiene el mismo domicilio social, el número 6-B de la calle San Sebastián, que Promociones Val do Salas, la inmobiliaria de la que fue administrador Rudesindo Alvar Mayo, el socio en varias inmobiliarias del empresario que ejecuta ahora obra pública en el municipio. 

La actividad constructora es una de las características de Feijóo. Él fue uno de los alcaldes que contrató obras a la empresa del exalcalde de Os Blancos José Antonio Rodríguez Ferreiro (autoproclamado devoto “de Dios, la Virgen y Baltar”, por el expresidente de la Diputación ourensana) cuando este iba ya a ingresar en la cárcel condenado a cinco años y tres meses por un delito de malversación (se había llevado 200.000 euros de las arcas municipales). 

Feijóo le echó entonces un capote y permitió que la empresa del condenado realizara, mediante subcontrata, la obra del pabellón polideportivo de Baltar.·"          (El País, 05/06/2013)