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27/11/19

El convulso negocio gasístico de Reganosa en Malta

"Malta, ese pequeño archipiélago de la Unión Europea de laxa fiscalidad e instituciones salpicadas por graves acusaciones de corrupción, tiene una empresa registrada por cada cinco habitantes. La constitución de nuevas sociedades es tan frenética que los abogados más fecundos llegan a hacerse un lío. 

Eso le ocurrió al despacho de Stuart P. Blackburn cuando ejerció como representante en la isla mediterránea de Reganosa, una empresa con sede en Mugardos (A Coruña) de la que la Xunta de Galicia posee un 28% y cuya propiedad comparte con el grupo privado Tojeiro (59%).

Blackburn, relacionado con decenas y decenas de firmas, fue el encargado de tramitar en octubre de 2016 la constitución de Reganosa Malta, una filial que la multinacional gallega creó tras recibir un contrato para operar y mantener la planta de regasificación del país. El consorcio que le subcontrató la gestión está ahora salpicado por una trama de corrupción en la que incluso se investiga el asesinato de una periodista.

La propia creación de la filial gallega en Malta ya arrastra alguna irregularidad desde su origen. En el certificado que el abogado entregó en el Registro Mercantil de Malta, para demostrar que Reganosa había aportado 1.410 euros de capital y tasas, hizo constar que el dinero había sido transferido por una misteriosa empresa: Galapagos Investments Limited. Esta sociedad con sede en Malta es además propiedad del propio Blackburn a través de dos firmas interpuestas (Osiris Trust Limited y Osiris Holding Limited), según consta en el registro.

KPMG, la consultora a la que recurrió la empresa participada por la Xunta para resolver el papeleo de su aterrizaje en el archipiélago, sostiene en una carta facilitada por Reganosa que la aparición de Galapagos Investments Limited se debe a un error y que "no hay absolutamente ninguna conexión" entre la gasística con sede en Mugardos (A Coruña) y esa sociedad. La consultora internacional alega que el "empleado" que hizo el trámite "usó sin darse cuenta como base el documento de Word que se utilizó para el certificado de otra compañía” que también estaba registrando por aquellas fechas “para otros clientes totalmente ajenos a Reganosa Malta”. Y se olvidó de borrar de esa plantilla la denominación de la anterior sociedad.

La documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS confirma que Reganosa sí transfirió los fondos a KPMG para constituir su filial en Malta. Fue al ser preguntada por este periódico sobre su relación con Galapagos Investments Limited cuando la multinacional gallega descubrió el error del abogado colaborador de KPMG, que fue subsanado el pasado 18 de noviembre en el Registro Mercantil del país mediterráneo. 

Reganosa explica que otorgó a Blackburn un poder para que le representara solo durante los trámites de constitución de su filial maltesa y alega que se lo concedió a él porque así se lo indicó KPMG. Los responsables de la gasística no lo conocen ni tenían entonces información sobre su trayectoria, afirman. Con él, añaden, ya no mantienen ningún vínculo.

La frenética actividad profesional de Blackburn, relacionado desde los años ochenta con medio millar de empresas según el registro mercantil de Malta y la base de datos Offshore Leaks de The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), salió a la luz en las investigaciones periodísticas de los conocidos como Los Papeles del Paraíso. El diario digital El Confidencial lo señaló en 2017 como director de 250 empresas y como supuesto testaferro de millonarios de Azerbaiyán

 Este país caucásico también está relacionado con el contrato de Reganosa en Malta. La planta de Delimara (en el sureste de la isla principal) que opera la firma gallega fue adjudicada por el Gobierno maltés a un consorcio privado denominado ElectroGas Malta y del que forma parte -junto a Siemens y una firma local- Socar Trading, el brazo comercial de la petrolera estatal de Azerbaiyán. ElectroGas subcontrató a su vez a Reganosa para operar la terminal durante 18 años por una cifra que la gasística sitúa en 600.000 euros anuales.

El contrato de la regasificadora otorgado por el Gobierno de Malta a ElectroGas está envuelto en turbias sospechas de corrupción por presuntos sobornos de la empresa a miembros del Ejecutivo del Partido Laborista que esta semana se han agravado. Uno de los principales directivos de la compañía que contrató a Reganosa, el magnate maltés Yorgen Fenech, fue detenido el pasado miércoles como presunto cerebro del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Caruana estaba investigando las conexiones entre ElectroGas y un ministro a través de empresas pantalla y testaferros cuando una bomba en los bajos de su coche acabó con su vida en 2017.

Tras el arresto, Reganosa señala que ha pedido explicaciones al consorcio maltés "sobre la situación y su alcance" y analiza si el golpe puede afectar a sus "intereses". Fuentes de la empresa gallega afirman que su "prioridad" tras lo ocurrido son la treintena de trabajadores que tiene en el archipiélago. El contrato obtenido en Malta fue celebrado en su día tanto por la gasística gallega como por la Xunta como un "hito" y un "impulso" para Reganosa en su salto al "mercado global".

Las sospechas de corrupción sobre el contrato que otorgó el Gobierno maltés a ElectroGas han llegado incluso al Consejo de Europa. Su Asamblea Parlamentaria aprobó el pasado junio una resolución que afirma que la adjudicación de la regasificadora maltesa al consorcio fue “altamente irregular”, ya que la empresa estatal de petróleo de Azerbaiyán obtuvo grandes beneficios suministrando el gas a la planta que opera Reganosa a un precio superior al promedio del mercado. Según el dictamen europeo, miembros del Ejecutivo que licitó el complejo iban a recibir pagos de personas vinculadas a ElectroGas a través de empresas radicadas en Panamá. La policía de Malta fue alertada pero, afirma el Consejo de Europa, nunca actuó contra los políticos señalados."              (Sonia Vizoso, El País, 25/11/19)

21/11/19

Comezan a aflorar as tramas de corrupción que permitiron e permiten a existencia de Reganosa

"Estes días celébrase en Compostela o xuízo contra altos funcionarios da Xunta de Galicia que no ano 2011, ocultaron un informe da propia administración, que dicía que o dragado da Ría de Ferrol  era “ambientalmente incompatible coa conservación dos hábitats e especies protexidas".
A denuncia interposta pola asociación ecoloxista ADEGA, di que o informe técnico do Servizo de Conservación da Natureza que desaconsellaba a dragaxe nunha zona protexida da Ría de Ferrol foi "reiteradamente ocultado pola Xunta".

A Fiscalía de Medio Ambiente denunciou o sucedido, iniciando unha investigación na que acusa a Carlos Muñoz, daquela xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, e Rogelio Fernández Díaz, ex-subdirector xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade, de falsificar documentos “co único obxectivo de xustificar ante a Fiscalía a non incorporación á Declaración de Impacto Ambiental do informe que debería ter emitido a Dirección Xeral da Natureza” e así poder levar a cabo a dragaxe.

Reganosa acumula un rosario de ilegalidades, corruptelas e tramas, mil veces denunciadas por este Comité. Todo coa colaboración necesaria dunha parte de políticos, institucións e prensa. Irregularidades e ilegalidades que mereceron cinco sentenzas do Tribunal Supremo.

Estes días, despois da 5ª sentenza do Tribunal Supremo; diante do xuízo, onde se xulga un presunto delito de ocultación e falsificación de documentación, onde se inclúe presións a funcionarios por parte de altos cargos da Xunta de Galicia; despois de térense presentado case 300 alegación de grupos políticos, asociacións e particulares, en contra da concesión de novos permisos, oímos voces da clase política e empresarial, apoiando a continuidade da Planta na Ría de Ferrol, e se verten na prensa calumnias contra este Comité.

Reganosa conseguiu até agora burlar a xustiza, porque para esta instalación as sentenzas non están para cumprirse. O tempo vai demostrando, tras máis de 20 anos de loita e denuncia, que Reganosa, ademais de ilegal e perigosa, é o maior caso de corrupción político-económica da historia recente do noso país, que comezou co pelotazo urbanístico do Grupo Tojeiro, embolsándose perto de 30 millóns de euros coa recalificación e venda dos terreos.

Reganosa é tamén o exceso que pagamos na factura da luz e o gas (700 millóns de euros que levamos pagado pola súa baixa actividade). Agora que o sistema gasista, sinala a Reganosa como innecesaria, o Supremo como ilegal, e un sector da poboación coas súas organizacións ao frente a sinalan como perigosa, é o momento de paralizala e esixir responsabilidades a quen permitiu esta barbaridade.

Ferrol a 25 de outubro de 2019"

Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol comitecidadan@gmail.com www.comitecidadan.org @ComitCEmerxenc


13/6/16

"O acordo do Consello de Ministros sobre Reganosa ten indicios de prevaricación"

"Especulación urbanística, decisións políticas que buscan favorecer intereses privados, infraestruturas innecesarias, un sistema enerxético sostido artificialmente, elevación do prezo da electricidade, dano ao medio ambiente, manipulación informativa. 

O caso de Reganosa é un dos exemplos máis claros das peores prácticas políticas e económicas que sufriu España nos últimos anos e das súas consecuencias. Ao igual que sucedeu coas autoestradas radiais de Madrid, coa desalgadora de ACS en Murcia, co caso Castor ou con outras infraestruturas (como algúns proxectos hospitalarios público-privados), a planta de gas situada en Mugardos non foi outra cousa que un agasallo posto nas mans dunha empresa privada (neste caso o Grupo Tojeiro), que se enriqueceu sen tomar apenas riscos económicos e sen competencia. Un transvase de recursos públicos a mans privadas no marco da peor versión dun capitalismo engraxado con favores políticos.  

17 anos despois do inicio do proxecto de Reganosa e 9 anos despois do comezo da actividade da planta, o círculo xudicial comeza a pecharse sobre os propietarios da instalación. O Tribunal Supremo anulou a través de dúas sentenzas a autorización previa da planta (concedida en 2002) e o proxecto de construción, deixando Reganosa sen os permisos necesarios para funcionar e obrigándoa a comezar de novo todo o procedemento. Con todo, hai dez días o Consello de Ministros en funcións acordou, de forma sorprendente, eximir a planta de gas da necesaria avaliación de impacto ambiental e permitir acurtar os trámites, para evitar que a instalación funcione nunha situación de ilegalidade.

O pasado xoves o Comité Cidadán de Emerxencia celebrou en Ferrol un acto público que era, ao tempo, unha acción de denuncia e reivindicación ante a decisión do Goberno en funcións, e unha celebración das sentenzas do Tribunal Supremo, que poñen fin a anos de demandas e recursos. "O Supremo xa falou. Queiran ou non déronnos a razón", podíase ler nunha faixa. 

"O de hoxe é un acto importante. Non vou dicir que isto é unha refundación do Comité Cidadán, pero si que debe ser un acto de reforzamento, para dar o impulso definitivo e conseguir o peche da planta", destacou Rafael Pillado, un dos representantes da plataforma. 

No acto, ao que asistiron máis de 200 persoas, interviron alcaldes, colectivos sociais, veciñais, ecoloxistas e partidos políticos (dende Esquerda Unida, Anova, Podemos ou Espazo-Equo, ata PSdeG-PSOE e BNG) que de forma unánime manifestaron a súa esixencia de que a planta de gas de Reganosa cese a súa actividade e sexa desmantelada. 

O Comité Cidadán de Emerxencia, a través da súa avogada Patricia Gabeiras, presentou xa un recurso ante o Tribunal Supremo, ao considerar que a decisión adoptada polo Consello de Ministros queda fóra das súas competencias e é ilegal, sinalando que o Goberno en funcións estaría prevaricando. 

De igual xeito, En Marea solicitou a convocatoria da Deputación Permanente do Congreso para tratar unha posible invasión de competencias (do poder lexislativo e xudicial) por parte do Executivo. En principio, a solicitude será denegada, aínda que a formación xa adianta que a recorrerá. Falamos coa avogada Patricia Gabeiras.

Cal é a importancia das sentenzas ditadas polo Supremo?

As dúas sentenzas son contundentes, declarando a nulidade das autorizacións, debido a que esas autorizacións se concederon nun procedemento absolutamente manipulado, tramposo. Reganosa creouse enganando a Autoridade Portuaria, enganando a poboación de Mugardos, enganando o Ministerio de Industria e enganando as autoridades medioambientais. A historia de Reganosa é unha sucesión de enganos e de manipulación da información publicada nos medios e agora quere seguir manipulando os medios de comunicación e enganando a cidadanía.

Non é certo que o Supremo dixese que os defectos da planta son subsanables. O Tribunal dixo que tanto a autorización previa coma a autorización de construción son ilegais e que -como engadiu nun recurso de aclaración que interpuxemos para que non houbese dúbidas- se Reganosa quere retomar a súa actividade, ten que solicitar dende un inicio a súa autorización e debe cumprir con todos os requisitos que esixe a lei. Reganosa emprega outros argumentos que tamén son mentira: din por exemplo que o Supremo non declarou nulos os procedementos e declaracións medioambientais.

 Pero é que non o ten que facer, simplemente anula as autorizacións e dille á empresa que se quere seguir operando ten que comezar todo o proceso de novo. Como non poden superar ese proceso, é por iso que agora recorren a novas trampas. O acordo do Consello de Ministros dános a razón: por que se ten que eximir a unha instalación deste tipo de pasar o trámite de avaliación ambiental? Porque non a poden pasar.

Por que considerades que a decisión do Consello de Ministros é ilegal?

O acordo é ilegal porque, primeiro, foi ditado por un Consello de Ministros en funcións, que só pode levar a cabo actividade ordinaria. Son tantas as limitacións que teñen os executivos en funcións que, por exemplo, non poden designar un novo ministro de Industria, en substitución de Soria, e é por iso que Luis de Guindos segue cumprindo esas funcións. 

É por iso que non pode designar un director xeral de Medio Ambiente, un cargo que actualmente está vacante. Este mesmo Consello de Ministros que non pode levar a cabo estas funcións pode asinar un acto que exima a Reganosa da avaliación de impacto ambiental no novo procedemento que ten que tramitar? Pois non.

En segundo lugar, o contido do acto tamén é ilegal, porque o que está facendo o Consello de Ministros é eximir a unha persoa concreta, de maneira subxectiva, da aplicación dunha norma. As normas aplícanse de maneira obxectiva. Non é legal que de maneira individualizada un goberno decida a quen se lle aplica unha norma e a quen non.

 É unha fraude de lei, porque o Goberno en funcións ampárase nun artigo da Lei de Avaliación Ambiental que di que, en determinados momentos, os gobernos poderán eximir a determinadas instalacións de pasar esa avaliación ambiental. Pero este é un artigo de emerxencia, previsto para casos excepcionais, de catástrofes naturais. Non está para que un Goberno en funcións legalice instalacións declaradas ilícitas.

O Goberno en funcións tamén asegura que, en substitución do trámite de avaliación ambiental, empregou un "Informe de viabilidade ambiental da planta de regasificación de Mugardos". Que validez ten?

Ningunha. Ese informe non é máis que unha documentación que presentou Reganosa o día 23 de maio, é polo tanto unha declaración de parte, e que o Consello de Ministros supostamente analizou en só tres días. A lei esixe ademais que esa avaliación pase por todos os organismos competentes.

 Houbo tempo neses tres días para pedir informes a todos estes organismos? Claro que non. Presentase o que presentase Reganosa o Consello tería eximido a empresa de pasar unha avaliación ambiental. Por unha razón: porque o Goberno sabe que Reganosa nunca poderá superar esa avaliación ambiental.

Presentastes un recurso ante o Tribunal Supremo contra esta decisión. Que percorrido vai ter?

Presentamos recurso ante o Tribunal Supremo, que ten a competencia de avaliar e controlar a acción do Consello de Ministros. A encargada é a Sala Terceira, a mesma que ditou as sentenzas. Estamos en terreo coñecido. Imos pedir tamén medidas cautelares e que se lle dea traslado deste asunto á Fiscalía.

 Dende o noso punto de vista, o acordo do Consello de Ministros ten indicios de prevaricación, porque o que se está facendo é tentar favorecer os intereses privados dunha empresa como Reganosa, propiedade maioritariamente de mans privadas. Teñen, por suposto, todo o dereito a levar a cabo a súa actividade, pero non o poden facer de forma ilegal e valéndose dunha relación estreita coas administracións.

O Goberno en funcións xustifica esta urxencia sinalando que, sen Reganosa, se poría en risco o subministro de gas en Galicia e mesmo en Portugal e que, ademais, habería unha situación de perigo nas estradas polo tránsito de camións cargados de gas dende Bilbao ou Huelva ata Galicia? Teñen fundamento estes argumentos?

Os argumentos son falsos. En primeiro lugar, en ningún caso habería desabastecemento. Hai que lembrar que en 2007, para incorporar a Reganosa á rede, Enagás tivo que modificar o sistema de distribución de gas para evitar un colapso, porque esta planta era innecesaria. O que se fixo foi pechar os gasodutos que abastecían a Galicia. 

Polo tanto, se pecha Reganosa, a solución é inmediata: reabrir os tubos e estariamos igual de abastecidos. Tampouco ten sentido a referencia que fan a Portugal, pois este país autoabastécese. E, finalmente, o asunto dos camións é completamente disparatado, pois en todo caso o gas chegaría a Galicia a través de gasodutos, que para algo están aí e os estamos pagando entre todos.

Neste momento Reganosa é ilegal ou ten un prazo determinado para regularizar a súa situación?

Estas dúas sentenzas son directamente executables: que Reganosa siga aberta e que siga recibindo barcos, como sucedeu hai uns días, son actos que están fóra do ordenamento xurídico. É por iso que interpuxemos unha denuncia, porque a entrada de gaseiros na ría neste momento pode ser constitutivo dun delito de desacato. 

Ademais, hai que ter en conta que Reganosa non conta neste momento con seguros de responsabilidade civil en vigor, porque estes están ligados á legalidade da actividade da planta, que nestes momento non se cumpre. Nas propias pólizas especifícase que teñen que manter vixentes as autorizacións.

Como é o proceso que debe pasar agora Reganosa para legalizar a súa situación?

Reganosa ten que pasar outra vez, dende cero, todos os trámites que esixe a Lei de Hidrocarburos, que esixe catro cousas: primeiro, que a instalación sexa conforme ao planeamento urbanístico e que cumpra a normativa de ordenación do territorio; segundo, debe cumprir coa normativa medioambiental, algo que non pode facer e por iso o Goberno en funcións tenta que a eluda aplicando unha excepción; terceiro, Reganosa ten que cumprir coa normativa de seguridade; e cuarto, ten que acreditar a súa viabilidade económico-financeira.

En canto á viabilidade económico-financeira, levades anos denunciando que a actividade de Reganosa se sostén artificialmente...

Reganosa é deficitaria, o único que fixo Reganosa nestes anos foi empobrecer a cidadanía e enriquecer o grupo Tojeiro. Porque a planta non ten unha actividade suficiente para cubrir os seus custes, en Galicia non hai unha necesidade suficiente de gas que xustifique a súa existencia. Non produce, pero si que cobra, cobra ao redor de 60 millóns de euros ao ano. 

O sistema de retribucións do sistema gasístico é unha trampa: non se paga en función do que vendas, senón que se paga en función do que investiches. Aínda hoxe estamos pagando nas facturas da electricidade os sobrecustes consecuencia da creación de plantas como Reganosa ou pola creación de ciclos combinados que producen moi por debaixo da súa capacidade.

A empresa, e tamén o Goberno en funcións, invocan a modificación do PXOM de Mugardos de 2012 para asegurar que, agora si, a planta cumpre co ordenamento urbanístico. Non é así?

O planeamento urbanístico de Mugardos nunca foi modificado de maneira legal, modificouse ilegalmente co obxectivo de xustificar a presenza de Reganosa. Reganosa non cumpre a normativa de ordenación do territorio, porque a instalación está a cen metros das casas, porque dentro do círculo de exclusión total de ten que ter Reganosa hai colexios, hai cafeterías...

 Este novo plan, que está recorrido ante a xustiza, non substitúe a unha avaliación de impacto ambiental. E, por moito que un plan municipal autorizase este tipo de uso nese lugar, iso non o converte en legal, estando suxeito a outras normas, coma a Lei de Hidrocarburos. 

A planta nunca poderá cumprir con esta normativa. Agora din que xa a cumpre, porque se fixo un novo PXOM; isto non é máis que un intento de que converter en legal unha instalación ilegal, volvendo tramitar o procedemento, pero sen revisar o fondo. Iso fixérono moitos concellos cos seus planeamentos urbanísticos ilegais e o Tribunal Supremo sinalou que esta mecánica, que busca levar estas cuestións ata o infinito a través de recursos, non é correcta.

Existe o perigo de que, mesmo con sentenzas claras e contundentes, Reganosa poida manter a planta activa a través de recursos?

Hai un problema coa falta de contundencia dos tribunais, o Supremo non debería permitir iso. É o que lle imos pedir agora con este recurso. Legalizar o ilegal é unha práctica moi común, que deteriorou o estado de dereito neste país. De maneira sistemática, cando unha obra era declarada ilegal polo Tribunal Supremo, o concello -para evitar paralizala- volvía a iniciar un procedemento de modificación dos planeamentos para dar cabida ao que se declarara ilegal. 

É un deterioro do artigo 24 da C.E. do dereito á tutela xudicial efectiva, porque se se lles permite ás administracións públicas entrar neste bucle e nestas trampas, ao final o que pasa é que a xustiza non é xustiza. Levamos 16 anos de pelexa e agora imos ter que pasar non se sabe canto tempo máis, esperemos que sexa pouco.

 Todas esas trampas que se levaron a cabo no urbanismo buscaban legalizar obras inocuas, que non eran perigosas. O caso de Reganosa é máis grave, porque estamos falando dunha instalación perigosa.

Este mecanismo pódelles ser suficiente aos propietarios da planta? É dicir, aínda que a planta acabe por pechar, válelles con mantela aberta uns anos máis, e así recuperar con creces o seu investimento?

Claro que lles vale. A eles non lles importa en absoluto o interese xeral, nin sequera se lles pode chamar empresarios. O que eles buscan é que isto siga aberto un pouco máis, manterse dentro do sistema de retribucións grazas ao que ingresan 60 millóns de euros cada ano, seguir amortizando o custe da planta.

 Hai que ter en conta que esta instalación lle custou cero euros ao señor Tojeiro, pois a súa parte a achegou a través dunha concesión pola que estaba pagando uns 100 mil euros anuais e que foi valorada en 20 millóns. O señor Tojeiro non correu o máis mínimo risco empresarial, só recibiu beneficios. Cando Reganosa acabe pechando, porque non hai outra saída posible, porque ter unha planta de gas en medio dun núcleo habitado en pleno século XXI é un dislate, o señor Tojeiro levará 15 anos cobrando estas retribucións.

 Ese é un dos grandes problemas que temos en España: a xustiza adíase tanto que se acaba perdendo a eficacia da tutela xudicial efectiva. Normalmente esas manipulacións veñen de organismos locais, pero neste caso foi o propio Consello de Ministros. Que o Consello de Ministros se molle deste xeito para favorecer os intereses privados dunhas empresas, algunha vinculada ao financiamento ilegal do PP, sorprende moito. Que un goberno en funcións se meta nisto, é inaudito.

Dáme a impresión de que en Reganosa están contidas algunhas das peores prácticas e comportamentos que este país sufriu nas últimas dúas décadas, dende a connivencia entre o poder público e os intereses privados ata o funcionamento dun sistema enerxético que acabou producindo un gasto público moi grande, o enriquecemento dunhas poucas empresas e o fenómeno da pobreza enerxética. Estás de acordo?

Si, a verdade que neste caso se reproducen situacións que observamos noutros lugares de España, e ás veces sorprende que o escándalo de Reganosa non teña máis repercusión. En canto ao que comentas do sistema enerxético, aquí vemos claramente os efectos da connivencia dos distintos axentes que están no seu interior. Enagás é quen decide no 2007 que se pechen os gasodutos que chegan a Galicia.

 Aquí vese que todo funciona en base a intereses cruzados, apóianse uns aos outros. A clave é que a retribución que lles paga o Estado non está ligada á produción, senón ao investimento inicial, polo tanto todas as empresas saben que se hai sete plantas de gas van cobrar a súa retribución fixa, e se hai catorce pois tamén.
A resolución final deste conflito, polo tanto, é política e social ademais de xudicial, non si? É o momento da batalla definitiva contra a planta?

O Consello de Ministros deunos a razón, demostrando que Reganosa non se sostén. Ademais, conseguiu reforzar o movemento, convenceunos de que este é o momento de ir a por todas, de dar a batalla definitiva. Ás veces dáme a impresión de que o Comité Cidadán chegou demasiado cedo, iniciou a súa actividade a comezos da pasada década, nun momento en que este tipo de reivindicacións non estaban de moda, na que a economía crecía, a burbulla crecía e opoñerse a ela parecía unha oposición ao progreso. 

O que sucedeu en Ferrolterra con esta plataforma é unha milagre: un movemento social que durante 16 anos se mantivo unido e vivo a pesar das dificultades. Fomos rigorosos e serios, e grazas a iso chegamos ata aquí. Soubemos traballar en equipo, cada un no seu ámbito: Carlos Álvarez, Humberto Fidalgo, Luz Marina Torrente, Manuel Afonso Amorín, Rafael Pillado, Manuel Rodríguez Carballeira Lalán e tantos e tantas outras. 

 Hai que poñer en valor a estas persoas comprometidas, persoas que loitan polo interese xeral, que puxeron esta loita por diante das súas filiacións políticas ou sindicais. Agora que o Supremo nos deu a razón, os ánimos, as vontades e o consenso político deben estar do noso lado. Debemos apoiarnos entre todos para conseguir paralizar a actividade de Reganosa canto antes sexa posible."           (Marcos Pérez Pena, Praza Pública, 06/06/16)

7/6/16

Investigados 4 ex-altos cargos da Xunta por delitos contra o medio ambiente na Ría de Ferrol... porque "cociñaron", logo de iniciadas as obras da dragaxe, unha autorización ambiental

"Ricardo García-Borregón Millán, ex-director xeral da Natureza con Agustín Hernández, declarará como "investigado" o 6 de xuño a petición da Fiscalía ambiental do TSXG, canda outros tres ex-altos cargos de Medio Ambiente, pola dragaxe da ría de Ferrol denunciado en 2011 por Adega.

 Así o informa o propio colectivo ambientalista, que sinala que esa obra tiña como finalidade aumentar o calado da entrada da Ría ferrolá para permitir o paso a grandes buques, como os gaseiros de Reganosa.

 Adega di que no Xulgado de Instrución nº 3 de Santiago de Compostela están a se realizar as dilixencias previas relativas a un presunto delito contra os recursos naturais e o medio ambiente, relacionado coa "dragaxe irregular dos fondos da Ría de Ferrol" dentro da ZEC Costa Ártabra (Rede Natura 2000), executado entre outubro e novembro do 2011.

30/7/13

Las cámaras de la empresa, Reganosa, nos han visto y las tuberías dejan de verter. a la Ría de Ferrol






"Mira, hoy sí hay espuma. ¡Vamos a verla!”, exclama Andrés Fernández, miembro de la Cofradía de Barallobre en Fene, una pequeña localidad de la ría de Ferrol. Tras pasar en lancha bajo un puente sin señalización, se escucha un fuerte pitido procedente de la imponente planta de gas que se levanta en el corazón de esta ensenada. Las cámaras de la empresa, Reganosa, nos han visto y las tuberías dejan de verter.

Hace cinco meses una estampa similar dejó “impactadas” a la liberal Angelika Werthmann y a la verde Tatjana Zdanoka, eurodiputadas por Austria y Letonia respectivamente. No daban crédito a la suciedad que se acumula en la ría. El lodo —una sustancia pastosa y marrón que los pescadores creen de origen fecal—, la espuma, residuos industriales, tuberías rotas y el monstruo de Reganosa, problemas recogidos en informes de la UE, se asoman entre los astilleros, barcas y calitas. “No somos químicas ni biólogas pero algunas casas están a tan solo 100 metros. Eso no puede ser bueno”, coinciden las diputadas.

Una comisión de 15 personas entre asistentes, traductores y eurodiputados de diferentes partidos viajó hasta esta localidad coruñesa para ver “el impacto de la planta de gas” sin hablar de posibles vertidos, según el Partido Popular Europeo (PPE), y “el grado de contaminación de la ría", según los liberales y verdes. Werthmann y Zdanoka declararon hace 15 días la guerra al PPE paralizando el informe de la contaminación en las rías por no dar suficiente espacio a la de Ferrol que, junto con la de O Burgo (A Coruña) y la de Vigo, al sur de la región, es la más afectada.

 Este documento, cuyas conclusiones y recomendaciones no son vinculantes para nadie, es la única vía que le queda a los pescadores de la zona para canalizar años de denuncias sobre los vertidos que contaminan su medio de vida.

El paseo de los eurodiputados fue por una de esas carreteras diminutas y sin arcén que bordea la costa. Desde la pequeña colina tras la planta de gas, en la que Werthmann y Zdanoka percibieron un olor artificial tan fuerte que incluso marea, es complicado ver bien la suciedad que inunda esta parte de la ría. 

Los vertidos, sobre los que Reganosa se limita a decir que no salen de sus tuberías, transforman parte del agua en un mar de espuma y dejan una perfecta línea blanca nuclear tatuada en las rocas. Pero a pesar de la escasa visibilidad desde esa carretera, estas dos mujeres emprendieron su lucha verde.

Desde un despacho de la más alta burocracia de Bruselas, entre votación y votación, la liberal austriaca de 50 años Angelika Werthmann encuentra un hueco y hace un esfuerzo para recordar. “Fue hace bastante tiempo y el programa era muy apretado, pero la visita a Ferrol fue la más corta de todas las que hicimos durante aquellos dos días”, admite. Aunque habla en otro idioma, se advierte una mezcla de tristeza y preocupación en su voz. “La contaminación [de la ría de Ferrol] es mínima”, replica el eurodiputado del PPE Francisco Millán Mon por teléfono, presente en la misma visita.

 Al ver la polución en las inmediaciones de Reganosa, la comisión, cuyo líder es el francés Philip Boulland (PPE), que tiene la última palabra sobre lo que se incluye o no en el informe, puso pies en polvorosa ante la estupefacción de una de las eurodiputadas en guerra, Tantjana Zdanoka. “Cuando todo lo que vimos era ya un hecho innegable, nos sacaron de allí. Fue todo demasiado rápido”, añade con un fuerte acento ruso. Otros asistentes a la visita admiten que “el asombro fue general”.

La polémica está servida. Un mes antes de la visita oficial, algunos políticos de Bruselas, entre los que se encontraba Carlos Iturgáiz (PPE), acordaron con el desconocimiento de parte de la delegación que se desplazó hasta Ferrol —incluidas Werthmann y la verde Zdanoka— evitar en su informe la situación de esta ría por “cuestiones formales”. No obstante, “a modo de cortesía porque andábamos por allí”, cuenta Millán Mon, el grupo paró en Ferrol.

Para Manuel Rodríguez existe un “muro de silencio respecto a la planta”. Él es la voz del Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, que denuncia la peligrosidad de Reganosa. “La planta tiene una capacidad energética 120 veces superior a la bomba de Hiroshima”, exclama.

Reganosa, que se construyó con el beneplácito de PP, PSOE y BNG, ya está en la agenda europea. Pero la ría sufre otros muchos problemas: una petroquímica, una fábrica de pegamento y dos depuradoras (una en cada orilla) de dudoso funcionamiento.

 “Llevan ahí [las depuradoras] años, pero comenzarán a funcionar en 2013 y 2018 respectivamente”, cuenta Virginia Souto, la patrona mayor de la Cofradía de Barallobre. También hay una siderúrgica (Megasa), varias industrias menores y un arsenal militar. Todo esto supone una bomba de relojería para una planta que trabaja con gas a no más de 100 metros de las viviendas.

Unos 900 buques gaseros entran al año en la estrecha ría flanqueada por los castillos medievales de San Felipe y La Palma, con el riesgo de quedar encallados cuando hay bajamar. El PP defiende la limpieza de la planta. “Reganosa no es, bajo ningún concepto, fuente de contaminación de la ría”, afirma Millán Mon.

 “Solo emite agua más fría de lo normal, pero dentro de los parámetros establecidos”, añade citando fuentes de la Xunta. La emisión de sus aguas, seis grados por debajo de lo habitual y completamente esterilizada después del tratamiento que recibe de la regasificación, daña el ecosistema marino y marisquero del que viven más de 500 familias, rebate Rodríguez.

El informe final sobre la contaminación de las rías que el PPE pretende aprobar en la Eurocámara (no vinculante para nadie) y al que ha tenido acceso EL PAÍS elude señalar el origen de los vertidos en Ferrol. Solo hay una tímida alusión a Reganosa y a su proximidad a las casas. Las eurodiputadas de Letonia y Austria aún gozan de un par de semanas para continuar su guerra y conseguir trasladar a Bruselas lo que vieron en Ferrol."                  (El País, 09/07/2013)

6/3/08

Orza, el gran recalificador

Acusan o empresario promotor da planta de gas de obter 30 millóns de euros de beneficio coa venda e a cesión de terreos para a regasificadora.

A acusación, realizada anteriormente, chegará agora aos xulgados da man do Comité Cidadán de Emerxencia, CCE, acompañada de novos datos cos que os veciños consideran que se avala a denuncia do que cualifican coma "o maior escándalo económico e político de Galiza".

De xeito específico, durante a conferencia de prensa deste mércores criticaron que o empresario Roberto Tojeiro, promotor do proxecto, obtivese trinta millóns de euros "previamente a calquera tipo de construción" coa venda e cesión dos terreos onde se levantaría a planta. O CCE expón que a regasificadora pagoulle 24 millóns de euros á empresa Forestal do Atlántico, á súa vez presidida polo mesmo empresario, Tojeiro, a cambio do 45% da concesión administrativa da que gozaba esta última empresa en superficie portuaria e pola que até entón se pagaban 142 mil euros. A esta súmanlle os veciños outras dúas operacións económicas na venda de predios a Reganosa e nas que Forestal do Atlántico gañou até 6 millóns de euros. Todas elas, segundo aseguran, realizadas "baixo a supervisión do daquela conselleiro de Economía, Xosé Antonio Orza (PP), quen daquela participaba nas accións de Intasa, "unha das empresas vencelladas ao Grupo Tojeiro". (Vieiros, 06/03/2008)