"La que estaba llamada a ser la segunda superficie industrial de
España es hoy, 18 años y 130 millones de euros después, un enorme
descampado.
Un descampado voraz, que sigue engullendo cada año varios
millones de euros de las distintas administraciones que la pusieron en
marcha. Xunta, Autoridad Portuaria y Zona Franca de Vigo iniciaron en 2000 los trámites para crear la Plataforma Logística e Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan),
también conocida como Puerto Seco, y convertir sus 4,2 millones de
metros cuadrados en el mayor polígono industrial de la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal.
Cuatrocientas empresas, se aseguró entonces,
estaban ya interesadas en asentarse en lo que, transcurridas casi dos décadas, no es más que un paisaje lunar sin ninguna actividad.
La autopista fantasma que enlaza la A-52 Vigo-Madrid
con el inexistente parque industrial es solo la punta del iceberg. El
gasto en esa infraestructura de 4,5 kilómetros, construida desde hace
cuatro años pero cerrada al tráfico en su mayor parte, ascendió a 18
millones de euros, a los que habría que añadir los 10,5 millones más que
costó el nudo de enlace.
Los vecinos la utilizan para dar paseos. Es una metáfora perfecta de lo que ocurre al final de su trazado:
los terrenos en los que se van a enterrar 200 millones de euros, si se
cumplen las previsiones presupuestarias iniciales. Y van camino de
superarse, porque la tramitación del Puerto Seco es una sucesión de
tropiezos administrativos millonarios, incluida una inadecuada
valoración de los derechos mineros de los propietarios o la inclusión de
terrenos de protección forestal.
José María Vicente
es uno de esos antiguos propietarios. Cubierto por un gran sombrero y
transistor en mano, pasea una soleada mañana de septiembre por otra
autovía no menos ociosa: la que atraviesa la inmensidad de esta Plisan de la que ni se vislumbran los lindes,
allá detrás del monte.
Es un pensionista al que hace años pagaron lo
que le correspondía por la expropiación de un pequeño terreno, pero no
los derechos de extracción de áridos y arcillas, que no renuncia a
cobrar. "Quiero lo que es mío", reivindica. Mientras
tanto, camina ocioso por esa interminable sucesión de explanadas
surcadas por cuatro anchos carriles, único vestigio que permite
aventurar que aquí se proyecta algo muy grande.
El
fracaso de la plataforma industrial lo es también del proyecto de
desarrollo local de Salvaterra de Miño. La promesa de implantaciones
industriales y la fiebre inmobiliaria de la pasada década provocaron una
rabiosa actividad constructiva incitada principalmente por Caixanova —la caja desaparecida tras su fusión con Caixa Galicia—, dejando tras de sí un millar de viviendas empantanadas y cientos de ellas sin concluir. En un municipio de apenas 9.000 habitantes,
se nota. Solo en un año, 2005, se autorizaron 750 edificios y viviendas
de nueva planta, caldo de cultivo para estafas que dejaron a muchos
vecinos sin casas ni dinero.
Cualquiera de las vías de entrada a
esta localidad ubicada 35 kilómetros al sur de Vigo, limítrofe con
Portugal, es una retahíla de edificios inacabados que salpican el
paisaje a ambos lados de la carretera. Otros, ya habitados, lucen
ostentosos con sus seis y siete plantas rodeados de huertas y casas
unifamiliares. "La Plisan cambió la fisonomía del pueblo", relata un
vecino. Eran años en los que todo el mundo quería comprar una vivienda.
"Y si encima te venden que el pueblo se va a convertir en una especie
de capital industrial de la eurorregión, más", se lamenta. Tanto es así
que incluso proliferaron los bares y restaurantes con el nada original
nombre de Puerto Seco, de los que varios subsisten. El resultado de
tamaña agitación es un casco urbano deformado, cientos de familias atrapadas por las hipotecas y una caja que recurrió a las preferentes para traspasar la ruina a sus clientes.
Pese al flagrante fiasco de la operación industrial y logística, nadie enarbola la bandera blanca. La Autoridad Portuaria aún presume en su web de lo que presenta como un "área especializada, de concentración de empresas y servicios logísticos, transporte de mercancías e intermodalidad,
así como de actividades industriales, empresariales y servicios
generales asociados". Como si ya fuera un hecho. Y el gasto suma y
sigue.
Los presupuestos del Estado de 2018 incluyen, a través del Puerto
de Vigo, una partida de 13,1 millones para impulsar las obras, a los
que habría que sumar otros 5,4 en 2019. Y el pasado mes de mayo, Zona
Franca firmaba un contrato de urbanización por otros 7,32 millones de
euros más IVA. Un cartel con pinta de reciente a un lado de la carretera
informa de la "urbanización de la 1ª fase de los sistemas generales".
Promueven: Xunta, Puerto y Zona Franca. Presupuesto: 13.537.759,58 euros.
La
euforia con que defendía el proyecto la anterior delegada del Estado en
la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, contrasta con la tibieza de su
nuevo responsable, David Regadas, que tomó posesión
tras el cambio de Gobierno y se limita a considerar que "hay que
acabarlo". La 'conselleira' de Infraestructuras, Ethel Vázquez, da el asunto por "desbloqueado de forma definitiva" y el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, insiste —aunque no demasiado— en que es una obra "urgente".
La
plataforma sigue por lo tanto adelante. Es por ello que se anuncian
nuevas inversiones, que chocan con nuevos problemas. El penúltimo: que
en todo este tiempo nadie se acordó de solicitar permiso a la Confederación Hidrográfica del Miño Sil
para las obras de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de
la primera fase, esencial para urbanizar las parcelas. La suerte,
relativa, es que la comercialización de los primeros 100.000 metros cuadrados de suelo, a un precio de 50 euros el metro cuadrado, emprendida en noviembre, aún no ha dado resultados. No hay empresas interesadas.
La
gran esperanza de la Plisan es en la actualidad un grupo inversor
chino, Bright Food, propietario de la conservera viguesa Albo,
supuestamente interesado en abrir una macroplanta en la controvertida
plataforma logística. Bajo esa expectativa se justifican las nuevas
inversiones. No sería la primera vez que el espantajo del capital
asiático agita el gasto en el inacabado parque fronterizo.
A finales de
la pasada década, la intención de Mitsubishi
—nunca confirmada— de instalar allí una gran fábrica de baterías para
coches eléctricos enloqueció a todos los promotores del gran parque
industrial, que se tiraban de los pelos por haber llegado a los juzgados
por los derechos mineros. La Xunta, encargada de la gestión del suelo, trató de desbloquear el asunto y se prestó a pagar por la vía rápida lo que antes negaba, pero de los japoneses nunca más se supo.
El
de los derechos mineros no fue el único desliz que se cometió con la
multimillonaria actuación, pero sí el más sonado. De origen, todo partió
de una expropiación que calculó mal las fincas afectadas y que no tuvo
en cuenta que parte de la zona incluida era de protección forestal, como
constataría años después el Tribunal Supremo.
La consecuencia fue que
una cuarta parte de las 400 hectáreas previstas tuvo que ser excluida del plan, precisamente la que correspondía a Zona Franca.
La carambola obligó a las tres administraciones a deshacer la
segregación y reordenar la planificación en su conjunto, ahora con el
Puerto con un 60% del proyecto, la Zona Franca con un 21% y la Xunta con
el 19% restante.
Todas
las administraciones hablan de 2019 como el año en que finalmente la
Plisan será una realidad, aunque sea con unas pocas empresas. Las facilidades para instalarse son máximas,
con opción del derecho de superficie para las compañías interesadas,
una especie de alquiler con opción de compra gratis el primer año y con
un canon simbólico en los sucesivos.
Pero como la hemeroteca está
repleta de previsiones fallidas (2009, 2012, 2015, 2016…), nadie se fía.
"Y eso que sería una gran cosa, trabajo para mis nietos y sobrinos",
suspira José María Vicente, el pensionista expropiado, que se ajusta el sombrero y sigue adelante con su paseo a través de la nada." (Pablo López, El Confidencial, 2209/18)
