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4/5/14

Un hijo de un dirigente del PP acapara contratos millonarios de Sogama

 Planta de Sogama en Cerceda / GABRIEL TIZÓN

"A finales de los noventa, José María Hernández Cochón era conselleiro de Sanidade en el Gobierno de Manuel Fraga y Juan Salgueiro Montouto reinaba en Silleda como alcalde popular desde 1987.

 El pasado 8 de noviembre las vidas de estos dos históricos del PP en Galicia se cruzaron de nuevo, esta vez a través de sus hijos y sobre una mesa de contratación de Sogama, la empresa pública que trata la basura.

 Uno de los vástagos del exregidor, Juan Salgueiro Penoucos, recibió ese día un contrato de 13,5 millones de euros por decisión de cuatro personas, una de ellas el hijo del exconselleiro, José María Hernández Sanmamed, que entró en Sogama cuando su padre estaba en la Xunta a través de un contrato temporal y acabó ocupando una plaza fija en un cargo recién creado. 

Los otros tres miembros de la mesa de contratación fueron el presidente de Sogama nombrado por el PP, Luis Lamas, su número dos, Isidro García Téllez, designado por el consejo de administración que controlan cargos de la Xunta, y la jefa del Área Económica de la planta de residuos, Asunción Villa.

Aquella mesa de contratación eligió a una empresa de Salgueiro, Perfis 2000 Servicios, SL, para que se encargue de gestionar durante cuatro años todas las plantas empacadoras de basuras que tiene Sogama esparcidas por Galicia. 

La firma extiende de esta manera su negocio como subcontratista del complejo de la Xunta, una relación que comenzó en 2004, cinco años después de que su padre dejase la alcaldía de Silleda, momento en que empezó a gestionar seis plantas de transferencia, entre ellas la de la localidad que gobernaba su padre. Ahora acaba de hacerse con el resto.

Al concurso para gestionar las 20 empacadoras de basura de Sogama se presentaron siete aspirantes, pero tres de ellos fueron descartados porque no alcanzaron un mínimo de puntuación o porque presentaron “excepciones al pliego que limitan el alcance de los trabajos”. De los cuatro restantes, los técnicos detectaron “ofertas desproporcionadas o bajas temerarias” en dos, una de ellas la empresa del hijo del exalcalde de Silleda. 

En este caso, se les pidieron explicaciones a las sociedades, la mesa de contratación presidida por el presidente de Sogama las consideró adecuadas —basándose, aseguran sus miembros, en un informe técnico— y se les permitió seguir adelante.

Perfis 2000 salvó este escollo y además salió ganadora del concurso, con una oferta que rebajaba en un 1,1 millones el presupuesto máximo fijado en el pliego de condiciones. “A pesar de catalogarse como baja temeraria la oferta de la adjudicataria, estaríamos hablando de una diferencia de 6.000 euros al año [con respecto a la propuesta más elevada de las que se presentaron] sobre un contrato de más de 13 millones de euros”, esgrimen fuentes oficiales de Sogama. Ha sido imposible recabar la versión de Salgueiro porque se encuentra en el extranjero, según explicó a este periódico la portavoz de una de las empresas con las que Perfis 2000 comparte su sede.

Los responsables del complejo de tratamiento de basuras de la Xunta defienden también la composición de la mesa de contratación. Aseguran que “se ajusta plenamente a la norma” y aluden al manual de contratación de la compañía elaborado en tiempos del bipartito PSOE-BNG tras los duros informes del Consello de Contas por las continuas irregularidades en las adjudicaciones de Sogama.

 Sin embargo, ese manual solo alude a que la mesa de contratación debe contar con un presidente, dos vocales y un secretario y sobre su identidad únicamente alude a algún miembro de la asesoría jurídica y del departamento económico financiero.

No es el empacado de basura la única labor que la empresa de Salgueiro Penoucos hace para Sogama, una compañía mixta (la Xunta posee el 51% y Fenosa el resto) que gestiona la planta de residuos de Cerceda con muy pocos medios propios y muchas subcontratas (de sus más de 400 empleados, solo 25 son de Sogama, el resto están en nómina de contratas). 

En 2010 Perfis 2000 fue beneficiaria en UTE con otras dos sociedades (Geseco y Viviendas y Obras Civiles) de un contrato de 43 millones de euros para gestionar la planta de elaboración de combustible durante cuatro años. Las socias de la empresa de Salgueiro en la licitación de esta infraestructura han pasado a ser sus competidoras en el concurso de las plantas de transferencia.

Dicen quienes le conocen que Salgueiro Penoucos se ha querido mantener al margen de la carrera política de su padre, aunque con él ha compartido negocios al menos en la inmobiliaria Cerocinco, una empresa de la que fue administrador el hijo hasta que en 2004 le pasó el cargo al exalcalde.

 El progenitor del hombre que gestionará todas las empacadoras de basura de Galicia sigue siendo una persona de influencia en el PP. En 2010, cuando su hijo recibió el contrato de la planta de combustible de Sogama, su nombre volvió a sonar como posible candidato popular a la alcaldía de este municipio para reactivar una agrupación local maltrecha.

 Los populares de Silleda celebrarán el próximo 5 de abril un congreso, el primero desde 1996, que pretende ser curativo. El histórico dirigente al que el partido de Feijóo ha encargado la presidencia del trascendente evento es Juan Salgueiro Montouto."                (El País, 31/03/2014)

16/4/14

Todos, todos los alcaldes se rebelan contra una subida del 34% en el recibo de Sogama

"El mismo martes 11 de marzo en que medio millar de marineros del cerco convirtieron el centro de Santiago en una batalla de piedras, sillas y botellas contra los antidisturbios que les devolvieron disparos de pelotas de goma, una concentración de medio centenar de alcaldes forcejeó también con la policía a las puertas del Parlamento gallego.

 La foto no encontró hueco en las portadas, copadas esos días por barricadas de contenedores ardiendo y porrazos a los manifestantes. Pero aquella mañana los agentes llegaron incluso a identificar a los regidores socialistas de Becerreá y A Fonsagrada cuando intentaban desplegar una pancarta contra el canon de Sogama ante la verja de la institución.

 Los empujones que intercambiaron con policías algunos veteranos de la vida municipal, con trienios en la alcaldía, resumen la desesperación que impera en los Ayuntamientos gallegos. A la polémica tasa del agua impuesta por la Xunta el año pasado sucedió la ley Montoro que vacía de competencias a los de menos de 20.000 habitantes.

 Y el incremento de un 34% impuesto unilateralmente por el Gobierno gallego en el recibo de Sogama para contrarrestar la retirada de las primas del Ministerio de Industria por producir energía ha sido el mazazo definitivo.

Casi un centenar de alcaldes —prácticamente todos los que no son del PP— mantienen desde hace semanas reuniones al margen de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para forzar “la retirada del tasazo”. Se han manifestado ante las sedes del Parlamento y la Xunta, donde amenazan con encerrarse.

 Y avisan de que no van a pagar más que el precio revisado con el IPC. El resto, hasta completar el recibo que pasa Sogama, lo depositarán en el juzgado para que decidan los tribunales si tiene razón la empresa pública o los Gobiernos municipales. Los alcaldes consultados, de las siglas que sean, abominan del nuevo recibo. Públicamente, los del PP lo critican con la boca pequeña pero en cuanto se apagan las grabadoras echan sapos y culebras contra la decisión de Sogama.

 En medio, la Fegamp, que preside el regidor de Ferrol, José Manuel Rey Varela, del PP, improvisa paños calientes. En su día aprobó una declaración institucional que rechazaba el encarecimiento del nuevo canon —vigente ya desde enero— pero cuando los regidores socialistas y nacionalistas forzaron una votación (la primera del mandato en una institución que presume de adoptar las decisiones por unanimidad) para recurrirlo en el juzgado, la mayoría del PP echó abajo la propuesta. 

Rey Varela explica que prepara un estudio para analizar con la Xunta el mapa de residuos en este nuevo contexto pero que entretanto tocará pagar. En su caso ha decidido trasladar el coste a los vecinos, un euro por hogar y mes, para evitar el agujero que haría a su maltrecho presupuesto cargar 400.000 euros más por el tratamiento de la basura.

 En Santiago, se encarece en 600.000 euros. En Ribeira, una villa media donde también manda el PP con el histórico Manuel Ruiz Rivas, son 150.000 más que hasta ahora.

Socialistas y nacionalistas plantan batalla a la subida en todos los campos, incluida la calle. Intentan obligar a la Consellería de Medio Ambiente y a Sogama a compartir el incremento de la factura. Pero la Xunta reitera que es innegociable y alerta sobre el de la quiebra del modelo.

 “No descarto que el Gobierno se siente a negociar porque nos van a tener en la calle”, avisa el alcalde de O Barco de Valdeorras, el socialista Alfredo García, vicepresidente de la Fegamp. En la pelea hay casi un centenar de alcaldes (los que no son del PP) y están todos los partidos. Francisco García, el de Allariz —estandarte de la política local del BNG— y número tres en la Fegamp vaticina “tiempos convulsos” si no se aceptan las reclamaciones de los Ayuntamientos.

 Uno de los veteranos del PP admite en privado que “defender estas siglas” desde el consistorio “se está poniendo imposible porque el partido solo da malas noticias a sus alcaldes y concejales”. Asegura que mientras socialistas y nacionalistas salen con la pancarta ellos se lamentan en los despachos, también con escaso éxito. El conflicto va para largo y se dirimirá en los juzgados.

Y no es el único frente abierto para el municipalismo. La ley que ha diseñado el Ministerio de Hacienda para reformar las administraciones locales ha encontrado un insólito consenso entre los partidos gallegos: todos en contra. Como la Xunta, que después de formular en vano decenas de alegaciones a los primeros borradores del Gobierno central, improvisa ahora una norma gallega que enmendará a la estatal. 

En la exposición de motivos argumenta que Galicia tiene según su Estatuto de Autonomía “competencias plenas sobre régimen local”. Lo dice el artículo 27, el mismo que invoca el BNG para plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Montoro. El PSOE ya se ha posicionado, primero contra la norma estatal y ahora contra la gallega, aunque algunos de sus regidores admiten en privado que esta última puede servir de parche para amortiguar “el desaguisado del Gobierno”.

Con el texto de Hacienda en la mano, secretarios e interventores municipales lo tienen crudo para autorizar cualquier gasto en servicios sociales que planteen los Ayuntamientos, la primera institución a la que llaman los ciudadanos en plena espiral de crisis y recortes. Y eso en medio del clima de pavor generalizado —desatado por los sumarios que han destapado una red de escándalos en una docena de Ayuntamientos con teléfonos pinchados, donde jueces y fiscales analizan con lupa cada papel que se firma— es una bomba de relojería a un año y pocos meses de las próximas elecciones locales. 

La aplicación escalonada de la ley estatal aplaza la entrada en vigor de sus medidas más polémicas a después de las municipales de 2015 pero el desconcierto y la indignación cunden entre los alcaldes. Un ejemplo: si hasta hace nada recibían instrucciones de la Xunta para crear consorcios —y compartir servicios y costes— ahora esas entidades están amenazadas por la ley estatal. (...)

Alcaldes y ediles recuerdan además que en estos últimos años los Ayuntamientos fueron las únicas instituciones que redujeron deuda, aun cuando partían de una situación más saneada que las comunidades autónomas y el Gobierno central y de que el actual sistema de financiación solo les entrega 13 céntimos por cada euro que reparte."                  (El País, 23/03/2014)

24/9/12

Apertura do composteiro comunitario e reparto do compost en San Sadurniño

"Despois dun ano da instalación do composteiro comunitario no concello de San Sadurniño, o próximo xoves 20 de setembro ás 12:00 h procederemos a súa apertura e retirada do compost.

Este composteiro foi instalado no centro do concello, no lugar de Outeiro. Durante este primeiro ano este composteiro foi asumindo os restos orgánicos das veciñas e veciños de San sadurniño, ademais dos restos do bar e supermercado do pobo. Restos orgánicos que xa se transformaron en compost, un produto hixiénico con gran poder fertilizante que será devolto a terra.

 Restos orgánicos (restos de comidas, froitas, pelas, herba, follas…) que evitaron ser transportados e incinerados en SOGAMA, e dicir transformados en fumes e dioxinas. 

O concello de San Sadurniño aposta pola compostaxe implicándose neste tipo de iniciativas máis sostibles co medio, o xoves as veciñas e veciños terán a oportunidade de comprobar os resultados e tamén poderán levar o compost para a súas casas, ben para a horta ou para as plantas do xardín."              (MundoGaliza, 19/09/2012)

5/6/11

Pérez Mariño fue despedido por el bipartito por falsificar datos de analíticas de un vertido... Fue readmitido por el Gobierno de Feijóo

"El PSdeG contraatacó ayer a los intentos de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo de involucrar al líder socialista y exconselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez, en las investigaciones judiciales contra cargos de Sogama.

Solicitaron la comparecencia en el Parlamento del actual conselleiro, Agustín Hernández, para explicar por qué el jefe del área técnica del complejo de basuras, Ramón Pérez Mariño, imputado por tráfico de influencias, participó, como presidente o vocal, en todas las mesas de contrataciones de la entidad participada en un 51% por la Xunta entre julio de 2009 y marzo de 2011.

Ese periodo es el que investiga el Juzgado número 1 de A Coruña, al encontrar indicios de una posible influencia de este cargo en las contrataciones de Sogama. (...)

La diputada socialista Carmen Gallego recordó que Pérez Mariño fue despedido por el bipartito por falsificar datos de analíticas de un vertido que también está siendo investigado por los tribunales. "Fue readmitido por el Gobierno de Feijóo para controlar las contrataciones al antojo de la Xunta" (El País, Galicia, 04/06/2011, p. 1)

15/1/08

De las empresas de basuras se puede sacar oro

“El Consello de Contas acusa a la Xunta de favorecer a Fenosa a través de Sogaza. Los auditores aprecian irregularidades en la concesión a la eléctrica de la mayoría de los contratos

El Consello de Contas alerta de las calamidades de Sogama, la planta que trata y acumula el 75% de la basura que generan los gallegos. Según el informe sobre la gestión del complejo en 2004, Sogama recicla menos que la media estatal, traslada los residuos de un lugar a otro de forma "antieconómica" y su producción eléctrica es "inviable". Los auditores critican los beneficios que obtiene, sin embargo, Unión Fenosa, ya que se lleva la mayoría de los contratos de esta empresa pública de la que es socia a través de licitaciones que, en algún caso, son "mera ficción".

Fenosa comparte con la Xunta el accionariado de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), por lo que el Consello de Contas advierte una "posible colisión de intereses" que afecta a los consejeros de esta empresa privada que han apoyado las adjudicaciones de contratos a firmas de su grupo.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 02/08/2007, pp. 23)