La lucha anticorrupción naufraga en Galicia. Hubo un tiempo en el que los juzgados gallegos hacían temblar el suelo de políticos y empresarios de buena parte de España... una década después, los tribunales solo han logrado dictar 22 condenas, entre ellas la de Oriol Pujol en Cataluña. El último gran fiasco se ha producido a casi 200 kilómetros de Lugo. Es el desmoronamiento de la Operación Orquesta...

"Hubo un tiempo en el que los juzgados gallegos hacían temblar el suelo de políticos y empresarios de buena parte de España. 

Entre 2009 y 2015, registros y pinchazos telefónicos ordenados desde la esquina noroeste de la Península llevaron al calabozo a siete alcaldes (seis gallegos y un catalán) y propiciaron la imputación de más de 450 personas, incluidos policías y guardias civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y hasta un ministro. Fueron 12 los sumarios de corrupción de mayor impacto pero, una década después, los tribunales solo han logrado dictar 22 condenas, entre ellas la de Oriol Pujol en Cataluña.

Las descomunales investigaciones de la Operación Carioca, Campeón, Pokémon, Pulpo o Cóndor, algunas de ellas con ramificaciones en Asturias, Cataluña y Murcia, han fulminado la carrera política de quien estaba llamado a suceder a Artur Mas al frente de la Generalitat, de históricos regidores e incluso de un candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta. Pero por el camino han tropezado con el déficit de medios de los juzgados, delitos prescritos, anulaciones de escuchas y farragosos conflictos de competencias entre órganos judiciales.

La titular del pequeño juzgado de instrucción número 1 de Lugo, el que más macrocausas ha abierto, acaba de ser sancionada por una demora en su instrucción que el Consejo General del Poder Judicial considera injustificada. Si se confirma el castigo, la juez, que llegó a pedir sin éxito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la imputación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por recibir regalos de un relevante empresario, perderá todos los casos (Carioca, Pokémon, Pulpo y Cóndor) y también el destino.

El último gran fiasco se ha producido a casi 200 kilómetros de Lugo. Es el desmoronamiento de la Operación Orquesta, una causa por amaño de adjudicaciones de obras que sacudió Costa da Morte en 2011 con tres alcaldes de PP, PSOE y un partido independiente detenidos. 

De los casi 30 imputados fueron exonerados todos excepto seis, entre ellos el regidor independiente de Cee. Aunque la fiscalía pide para Ramón Vigo más de 20 años de cárcel, la reciente anulación de los pinchazos en los que se basaban las acusaciones augura otro archivo. (...)

-Caso Carioca (2009): la mitad del medio centenar de piezas han sido archivadas y en la principal se ha encausado a cinco personas.
-Caso Multas (2009): dos condenados de 23 juzgados.
-Operación Rei (2009): absueltos los ocho juzgados.
-Caso Campeón (2011): 13 condenados en Galicia y seis en Cataluña.
-Caso Orquesta (2011): llegó a haber 27 imputados pero todos fueron exonerados.
-Caso Zeta (2011): cerca de 70 imputados, pero ha sido sobreseído provisionalmente a la espera de un informe de la Intervención del Estado.
-Caso Pokémon (2012): son nueve piezas y un centenar de imputados; 15 de ellos han sido encausados en la pieza principal.
-Caso Pulpo (2013): en instrucción.
-Caso Baltar (2013): condenado el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar.
-Caso Louzán (2013): archivado.
-Caso Patos (2014): en instrucción.
-Caso Cóndor (2015): en instrucción.

Lo mismo ocurrió con la Operación Rei, una presunta trama de sobornos en la provincia de Lugo a cambio de contratos públicos que explotó con la detención del alcalde socialista y seis concejales de Castro de Rei y con la entonces vicepresidenta de la Diputación de Lugo y actual alcaldesa de la capital, Lara Méndez (PSOE), retenida durante horas en comisaría aunque luego liberada de cargos. Las escuchas fueron anuladas y los ocho procesados, absueltos.

Detrás de este derrumbe de sumarios Juezas y Jueces para la Democracia ve una “insuficiencia” de medios de investigación y una ley de enjuiciamiento criminal anticuada. Sobre la anulación de pinchazos, Sandra Piñeiro, coordinadora en Galicia de la organización, subraya que la “regulación completa” de las escuchas no fue introducida en esta norma hasta 2015 y que no es hasta 2017 cuando los instructores reciben del Poder Judicial una guía de buenas prácticas para afrontar este tipo de casos.

Piñeiro reclama medidas e inversiones en justicia para resolver problemas como la “falta de preparación técnica” de los funcionarios, la “necesidad de expertos en contabilidad o finanzas” y la escasez de profesionales de la magistratura. Apunta que España cuenta con 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de media en los países en el Consejo de Europa. Cuanto más volumen de asuntos tiene un juez, esgrime, “más baja” será la “calidad” de sus resoluciones y “más facilidades” tendrán las defensas de los acusados para atacarlas.

En esta década solo se han celebrado juicios en cinco de las 12 operaciones anticorrupción más importantes. Mientras los casos Orquesta y Rei acabaron en absoluciones generalizadas, en el fraude de subvenciones de la Campeón, sumario en el que llegaron a ser investigados el exministro socialista José Blanco, una consejera del actual Gobierno de Feijóo y un exconsejero del BNG, se condenó a 13 personas en Galicia —un excargo del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y un exdiputado del PP, entre ellos— y seis en la rama catalana.

El expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar (PP) recibió una pena de nueve años de inhabilitación por enchufar a un centenar de afines políticos y en el caso Multas, que sentó en el banquillo a 23 personas por perdonar sanciones de tráfico en Lugo, entre ellas alcaldes, exdiputados y hasta un exdeán de la catedral, solo se castigó a dos acusados. Uno de ellos es el exsubdelegado del Gobierno Jesús Otero (PSOE), para quien la Fiscalía pedía siete años de prisión. Fue condenado a tres meses.

Antes de llegar al banquillo se han anulado las actuaciones contra el expresidente de la Diputación de Pontevedra José Luis Louzán (PP) en un caso de supuesto cohecho impropio por unos alquileres. Él es, sin embargo, el único político que queda entre los 14 investigados en la Operación Patos, una supuesta trama de amaño de contratos públicos en la provincia de Pontevedra en la que el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE) llegó a estar entre el medio centenar de imputados.

La plataforma ciudadana Impunidade Carioca nació para combatir el desmoronamiento de la Operación Carioca. La mayor investigación en España contra la explotación sexual de mujeres y las connivencias entre políticos, policías y proxenetas desbordó los juzgados de Lugo con sus más de 80 investigados, entre ellos una veintena de agentes del orden. Diez años después de su estallido, han sido archivadas cerca de la mitad del medio centenar de piezas en las que fue troceada la instrucción, en muchos casos por prescripción o con polémicas resoluciones de la fiscalía.

“El nivel de exigencia probatoria es mucho mayor con acusados de relevancia pública que con delincuentes comunes”, sostienen desde Impunidade Carioca. “Son los casos que afectan a personas con poder los que dan pie a las grandes doctrinas sobre garantías procesales como la de Botín o Naseiro”.

 Esta plataforma subraya que la “tremenda” falta de medios de los juzgados depende de Administraciones dirigidas por compañeros de partido de los imputados, por lo que “es una vía para ahogar las investigaciones”: “La sociedad debe evaluar si estos casos no se están castigando penalmente porque no hay nada o por estos otros factores”.

El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, rechaza que la justicia sea más garantista con el delincuente de guante blanco que con el robagallinas. “No nos engañemos, ser garantista no es dilatar un asunto ni tampoco hacerlo más complejo”, afirma.

 “La diferencia está en que al delincuente común lo pillas con las gallinas en la mano y le aplicas penas mínimas porque es un desamparado social. Pero el delincuente de guante blanco pone sofisticadas trabas para que sea más difícil pillarlo y para buscar evidencias entran en juego derechos como la intimidad o la protección de datos por lo que hay que ser muy cauto”.

Juezas y Jueces por la Democracia advierte que la politizada elección de los integrantes de las más altas instancias judiciales como el Tribunal Supremo o el Constitucional también influyen en el desenlace de estas causas porque son las que resuelven los recursos y los casos que afectan a aforados. “Su forma de elección no responde a los principios de mérito, igualdad y transparencia y hace que acaben siendo delegaciones de los partidos políticos”, critica la representante de los jueces.

Varios letrados de quienes están o han estado imputados durante años se han preguntado públicamente quién repara la “pena del telediario”. La última queja la lanzó en noviembre Evaristo Nogueira, exdecano de los abogados de Santiago, cuando fueron archivadas las imputaciones en el caso Campeón que llevaron al exconsejero gallego Fernando Blanco a dejar la política: “Una instrucción no puede durar ocho años, es inconcebible en un Estado de derecho. Hay unas consecuencias irreparables, políticas y personales, que no tienen vuelta atrás”. (...)"              (Sonia Vizoso, Elisa Lois, El País, 08/04/19)

Los casos Orquesta y Pokémon corren el peligro de irse al traste tras distintos fallos de las audiencias provinciales de Lugo y A Coruña... por defecto de forma

"Los años de investigaciones judiciales en los grandes sumarios abiertos por corrupción en Galicia, como las conocidas operaciones Orquesta y Pokémon, corren el peligro de irse al traste tras distintos fallos de las audiencias provinciales de Lugo y A Coruña que ponen en entredicho, por cuestiones de defectos formales, no de fondo, cómo se llevan a cabo estos sumarios de abultadas dimensiones. 

Está planteada, pendiente de resolución, la posibilidad de que se anulen de un plumazo ambas instrucciones, una terminada con 26 políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte imputados por diversos delitos como cohecho y prevaricación, y la otra aún en curso, con ya más de centenar de implicados en múltiples ayuntamientos de ciudades gallegas —y un par de otras autonomías— por una supuesta trama alrededor del grupo empresarial Vendex que supuestamente se hacía con contratas de servicios públicos a cambio de sobornos y favores.

 Las defensas de varios de políticos imputados por corrupción tanto en la Orquesta como en la Pokémon ya han pedido la nulidad siguiendo los mismos pasos que llevaron a la Audiencia provincial de Lugo a absolver, hace unas semanas, a la veintena de personas, entre ellos altos cargos del Gobierno y ediles, acusadas de retirar ilegalmente multas de tráfico. 

El tribunal provincial decidió anular todas las pruebas de este caso, incluidas los cientos de horas de escuchas policiales que configuraban el meollo del sumario, por considerar que se había incumplido el “derecho fundamental al juez pretedeterminado por la ley”. 

Esto es, que al abrirse diligencias cuando se descubre por casualidad indicios de otro posible delito distinto al que se estaba investigando, hay que enviar el caso obligatoriamente “a reparto” para que el juez decano atribuya su investigación al juzgado que, por turno, le toque ese día.

Pero en los tres casos, el de las multas, la Orquesta y la Pokémon, los magistrados que los destaparon de forma fortuita, al surgir indicios en una conversación pinchada mientras estaban investigando otros hechos, se quedaron con esos sumarios

Fue la razón que llevó a la Audiencia de Lugo a anular de un plumazo, por vicio de nulidad, toda la instrucción que llevó a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital lucense, Estela San José, a procesar, entre otros, al exsubdelegado del Gobierno, el exjefe provincial de Tráfico o el alcalde de Muras.

 Todos, al igual que otra veintena de personas, fueron absueltos por la “anomalía procesal” de no haber enviado el caso, cuando se descubrió, “a reparto”. La decisión de San José de seguir tanto con el sumario inicialmente investigado, un caso de tráfico de drogas, y el destapado por casualidad al hilo de un pinchazo telefónico, el de tráfico de influencias y prevaricación por la retirada ilegal de multas, desembocó, según la Audiencia de Lugo, en la “llamada teoría del fruto del árbol envenenado”, es decir, que al ser ilegal el modo de iniciar la investigación, obliga a declarar nulas todas las pruebas que se recaben en ese proceso.

El extitular del Juzgado de Corcubión Andrés Lago Louro que instruyó el sumario del caso Orquesta —lo cerró en abril de 2013, justo antes de marcharse a su siguiente destino en Santiago— también estaba investigando un posible tráfico de drogas cuando destapó, por casualidad, la supuesta trama de sobornos y favores a cambio de obras públicas que le llevó a imputar a 26 políticos de cuatro ayuntamientos, funcionarios y constructores, entre ellos a los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Corcubión, los dos primeros del PP y el último del PSOE. 

 Lago tampoco, al igual que San José, envió el caso a reparto. Varios de los implicados ya han pedido la nulidad de toda la instrucción por las mismas razones que llevaron a absolver a los acusados de las multas de Tráfico.

En el caso Pokémon son también varios los imputados, entre ellos el letrado del teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, que espera que la Audiencia lucense vuelva a aplicar el mismo criterio y anule toda la gigantesca instrucción de la juez Pilar de Lara, ya que tampoco, al igual que sus colegas San José y Lago, envió a reparto el caso del que se enteró por casualidad cuando investigaba una trama de explotación de mujeres en la llamada Operación Carioca."           ( Paola Obelleiro , El País, A Coruña 23 SEP 2014)

"Ahora vas a ir a comprar el regalo del alcalde, amiga, te comprometiste, ¡Hostia! Si no vas, te dejo, vas a ir conmigo a darle las gracias"

"En el sumario de la Operación Orquesta no solo hay conversaciones entre el alcalde y el edil de Fisterra, ambos en libertad provisional acusados de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, con el constructor y otras personas prometiendo "dar un toque a Bea [Mato]" para que influyese en las contrataciones del geriátrico.

En el registro policial del despacho del regidor también fueron aprehendidos e incorporados al sumario como pruebas dos correos de José Manuel Traba a Mato. En ambos, con fecha del 29 de septiembre y 5 de octubre, el alcalde le comunica la identidad de cinco personas recomendadas para el geriátrico de Vimianzo.

En algunos casos, acompaña los nombres y apellidos con DNI, el currículo o con el puesto al que aspiran como "mantenimiento" o "auxiliar de cocina". En otros casos precisa que la recomendación parte de "Manolete, el patrón mayor que me pasó el nombre de una sobrina".

Traba también precisa a Mato en un correo que de los tres nombres que le pasó anteriormente, sólo uno es de Fisterra. "Por lo que supongo que también te pedirían por esas dos de Cee y Vimianzo, que es de donde son", añade.

En esos correos no aparece citada la novia de Ogando, Isabel Martínez, natural de Fisterra. Pero en las conversaciones y mensajes telefónicos interceptados por la policía sí se la nombra varias veces como una de las personas por las cuales intercedería el alcalde ante la conselleira de Traballo.

Martínez, que trabajaba como secretaria de los Ogando, los constructores predilectos del Ayuntameinto de Fisterra y conocía todos los amaños con las obras, tiene ahora plaza fija en el geriátrico de Vimianzo. Su novio constructor le ordenó dar las gracias al regidor de su pueblo por el empleo:

"Ahora vas a ir a comprar el regalo del alcalde, amiga, te comprometiste, ¡Hostia! Si no vas, te dejo, ¡Cago en Dios! Te sale redondo, vas a ir conmigo al despacho a darle las gracias personalmente". (El País, Galicia, 18/06/2011, p. 3)

"Reconoció en su declaración ante el juez el pago de dinero a Carreira, al que denomina "el carterista", así como al teniente de alcalde"

"Al igual que en Cee y Fisterra, la documentación intervenida por la policía en el Ayuntamiento de Mazaricos prueba no solo la vulneración reiterada "de forma dolosa y no negligente" de la ley para amañar contrataciones públicas en 2008, 2009 y 2010, sino también el cobro de al menos un soborno de 5.000 euros. (...)

participó directamente en el amaño de adjudicaciones de obras para concederlas a los Ogando, los constructores de Muxía principales imputados en esta trama en la Costa da Morte, y en "revestir" los procedimientos "de aparente legalidad".

Incluso el alcalde de Mazaricos, que al igual que su primer teniente de alcalde, es candidato a su reelección en los comicios del 22 de mayo, llegó a falsear el importe de una de las obras investigadas, incrementándolo en 1.400 euros, para obtener la máxima subvención concedida por la Xunta. (...)

La obra fue adjudicada en 2010 a Ogando por tener el mejor precio de las tres ofertas presentadas y "amañadas previamente". Ese constructor propuso un presupuesto de 91.926,68 euros.

Pero en el escrito del alcalde para solicitar una subvención a la Consellería de Economía "se han ajustado, en unión con los empresarios", sus ofertas "hasta el 100% del presupuesto de adjudicación", 93.326,59 euros, para así "recibir el máximo de la subvención", limitada a 70.000 euros.

"Las obras, de haberse ceñido a los primeros presupuestos" de las empresas, "habrían sido 1.400 euros más baratas". Al inflarlos, el regidor de Mazaricos logró su propósito: Economía le concedió la subvención máxima, 69.995 euros en dos anualidades correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011.

El delito de cohecho del que se acusa al regidor y a su teniente de alcalde, así como al conserje municipal, Benito Carreira, también queda probado, según reseñan los agentes en sus conclusiones finales.

Daniel Ogando hijo reconoció en su declaración ante el juez el pago de dinero a Carreira, al que denomina "el carterista", así como al teniente de alcalde, "ya que los que reciben obras del Ayuntamiento son los que sufragan los gastos de las fiestas de A Fervenza", explicó el constructor.

Según su versión, por ese motivo entregó 5.000 euros en metálico en agosto de 2010, como reconoce en una conversación con el teniente de alcalde. " (El País, Galicia, 02/05/2011, p. 1)

Familiares de cargos del PP edificaron urbanizaciones ilegales en Fisterra

"Familiares directos de alcaldes del PP que gobernaban en la Costa da Morte durante los años posteriores al vertido del Prestige supieron ver antes que nadie las oportunidades del ladrillo en un paraje idílico que los medios de comunicación habían expuesto al mundo.

Al tiempo que sus parientes amparaban desde las alcaldías un despegue urbanístico sin precedentes en la zona, fundaron promotoras inmobiliarias para edificar urbanizaciones a pie de playa, con las que seducir a veraneantes foráneos.

Seis sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaban de declarar ilegales otras tantas promociones inmobiliarias en Fisterra, máximo exponente de la fiebre urbanística en la Costa da Morte donde las edificaciones se incrementaron un 444% después de 2002. (...)

En lugar de seguir esa instrucción, Traba y su Gobierno decidieron primero conceder las licencias y después hacer caso omiso en 2006 cuando el Ayuntamiento fue requerido por la anterior Xunta para que frenase las obras. El bipartito acudió a los tribunales y los jueces le han dado la razón, cinco años después.

Cuatro de las seis promociones ilegalizadas pertenecen al entramado de inmobiliarias que integraban los familiares de los exalcaldes populares de Muxía y Cee.

Dos corresponden a Campoalsa, SL, una firma constituida en 2005 y que salió de fusionar la constructora de Ramón Campos Trillo -un promotor de la Costa da Morte bien relacionado con el PP que mantiene distintas sociedades con familiares de cargos populares- con la firma Poalsa Inmobiliaria, creada en 2004 por dos sobrinos del entonces alcalde de Muxía y en la que también tenía participaciones el hijo del exregidor de Cee. Esta última firma es la propietaria de otras dos urbanizaciones ilegalizadas.

Todas las construcciones que declara ilegales el Tribunal Superior se ubican en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera general de entrada al pueblo, a pocos metros de la playa. (...)

Al igual que sucedió en Barreiros, el Gobierno de Feijóo ha decidido amparar las ilegalidades urbanísticas que promotoras vinculadas al PP cometieron estos últimos años en Fisterra. " (El País, Galicia, 27/04/2011, p. 2)

"Para las fiestas de 2010, que suelen costar en total unos 150.000 euros, el alcalde sólo declaró en el Ayuntamiento haber recaudado unos 800 euros"

"Queda igualmente demostrada, según la policía, la comisión de delitos de los demás acusados, entre ellos nueve funcionarios o empleados de estos ayuntamientos, incluidos sus secretarios y arquitectos, así como cuatro constructores.

Los investigados se saltaron "de forma dolosa y no negligente" multitud de normas de la Ley de Contratos del Sector Público. Son tantas las irregularidades que incluso las contrataciones en Cee, Fisterra y Mazaricos de varias obras públicas resultan "nulas de pleno derecho", advierte la policía judicial.

Hay pruebas documentales y orales de que, destacan los agentes en sus informes finales, los responsables públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos amañaron la contratación de obras públicas para adjudicarlas, de forma ilegal, a Construcciones Ogando, cuyos dueños, padre e hijo, así como su aparejador Miguel Ángel López de la Llave, son otros de los principales implicados en la trama.

Probado de sobra también está, para la policía, que alcaldes y concejales recibían de los Ogando tanto dinero en metálico como favores varios. Los constructores, además de mordidas a los políticos, sufragaban parte de las fiestas locales y empleaban, en Cee y Fisterra, personas impuestas por los alcaldes.

En la práctica totalidad de las obras públicas investigadas, los policías destacan que se las llevó Ogando pese a presentar las ofertas más caras.

Incluso en algunos casos en los que los procedimientos administrativos para la adjudicación fueron normales, y no se vulneró la ley, según comprobó la policía, "resulta llamativo" que los Ogando se llevaran la obra pública pese a tener el presupuesto más caro.

Estos constructores de Muxía siempre resultaban ganadores en los concursos de adjudicación gracias a tener, con mucha diferencia, la mejor valoración técnica de los proyectos. En los tres ayuntamientos contaron con "la cooperación necesaria" de secretarios y técnicos municipales -todos imputados- encargados de evaluar las ofertas y velar por la legalidad de las adjudicaciones "amañadas de antemano".

En Fisterra, por ejemplo, los constructores de Muxía obtuvieron en 2010 cinco obras municipales, por un importe de 761.123 euros. La adjudicación siempre fue amañada, dice la policía, por el alcalde, José Manuel Traba, del PP. Se vulneraron "multitud de preceptos legales" para adjudicarlas a Ogando, pese a tener las ofertas más caras.

Esta constructora también obtuvo de la Xunta una obra de saneamiento por 811.604 euros. No estaban aún intervenidos los teléfonos de los ediles de Fisterra cuando se adjudicó en mayo, reseña la policía.

Pero se investigó porque en una conversación con otro empresario, Ogando padre se jactó de haberla obtenido, frente a 50 competidores, tras haber "tocado al jefe, al alcalde de Fisterra". (...)

Pero es "llamativo" que Ogando ganara el concurso "de nuevo gracias a las valoraciones técnicas" de la mesa de contratación, con una significativa ventaja en la puntuación sobre las demás empresas. Tenía, sin embargo, "la peor oferta" cuando se trataba "de valorar criterios automáticos". (...)

Vigo se encargaba personalmente de los festejos que celebra su localidad cada mes de agosto. No hay fiscalización en el Ayuntamiento de lo que se recaudaba y se gastaba en esas fiestas. La mayor parte del dinero "se genera en B".

"Es desmedido el interés del alcalde por realizar los pagos de espectáculos sin gestionar el IVA", destacan los investigadores policiales. No pudieron "determinar la cuantía de lo defraudado a Hacienda" con esos pagos de dinero B. Pero calculan que superarían los 120.000 euros, la cuantía mínima para imputar a Vigo también un delito de fraude fiscal.

Dado que "la recaudación de las fiestas no se realiza a través de organismos legalmente establecidos, puede dar pie" además "a un presunto delito de malversación de fondos públicos", continúan los agentes en sus conclusiones finales sobre la Operación Orquesta.

"Nadie puede tener la total garantía de que el dinero recaudado" para las fiestas por parte del alcalde "se emplea para su fin último y no para otro de otra índole". Para las fiestas de 2010, que suelen costar en total unos 150.000 euros, el alcalde sólo declaró en el Ayuntamiento haber recaudado unos 800 euros por la tasa que pagan las barracas y los puestos.

"Usualmente esos ingresos superaban los 7.000 euros", según el informe contrario de Intervención Municipal." (El País, Galicia, 22/04/2011)

"Ogando hijo llama a su padre para informarle de que está "comiendo con el alcalde, Santi y Moncho". Y le anuncia: "Le dieron el campo de fútbol"

"Constructores de la Costa da Morte pactaban los amaños de concursos. Los contratos se decidían en comidas de alcaldes con los empresarios

Muchos negocios se fraguan deleitando el paladar. Las comidas de negocios son fundamentales para captar clientes y trabajo en el sector privado. Pero no debería serlo en el público. (...)

A 2.300 euros ascendió la factura, según declaró ante el juez Ogando padre, de la multitudinaria "comida de empresa con políticos y técnicos" que el constructor organizó el 11 de diciembre pasado en su restaurante predilecto de Fisterra.

Invitó a alcaldes, ediles -tanto del PP como del PSOE-, funcionarios y técnicos de 10 ayuntamientos de A Coruña. Asistieron cargos o empleados de seis corporaciones (Cee, Fisterra, Muxía, Noia, Lousame y Ordes), como prueba el amplio reportaje fotográfico realizado por la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía nacional sobre los comensales de ese gran almuerzo.

Los Ogando incluso contrataron a dos músicos para amenizar una fiesta que tampoco se perdió un arquitecto, jefe de servicio de la Consellería de Educación. "La plana mayor de A Coruña", presumió el constructor al cursar por teléfono las invitaciones.

Muchos declinaron por problemas de agenda, no por apetencia. Acudieron los alcaldes de Fisterra y Lousame, ambos del PP, el teniente de alcalde de Ordes, de Terra Galega, y funcionarios de ayuntamientos gobernados por el PSOE, como la secretaria de Muxía o el aparejador de Noia. (...)

Y aunque el sumario se ciñe a estos tres ayuntamientos, las estrategias de los Ogando para hacerse con una gran cartera de obras públicas son una práctica extendida y habitual en el ámbito local. Así lo desvelan diálogos entre empresarios recogidos en escuchas policiales. Es frecuente organizar comidas con políticos y también, tras apalabrar una obra con un alcalde, amañar luego con otros empresarios las "invitaciones" a obras públicas.

Es decir, los presupuestos que optan a esa contratación para presentar ofertas en falso que arropen a la amañada. Otro constructor, Francisco Casal, acaba de ser imputado por esta razón en la Operación Orquesta. (...)

Los Ogando pagaban a los ediles por obtener, previo amaño, obras públicas con sobornos en metálico, caros regalos, comidas en buenos restaurantes y favores diversos que dan réditos electorales a los alcaldes, como sufragar gastos de las fiestas locales o dar empleo a quienes diga el edil.

Invitar a las autoridades municipales a comer es "la forma de entrar", explica Ogando a su hijo cuando este buscaba hacerse con contrataciones de Fisterra.

"Seremos 11 o 12, pero si viene Elario que pague él, que anda intentando joderme el chollo en Fisterra", dice Ogando al restaurador al encargarle, en septiembre, otra comida con alcaldes y ediles. El sumario incluye reportaje fotográfico de ese almuerzo. (...)

Un mes antes, en agosto, Ogando hijo llama a su padre para informarle de que está "comiendo con el alcalde, Santi y Moncho". Y le anuncia: "Le dieron el campo de fútbol". (...)

Los comensales, hoy todos ellos acusados, son, además del constructor, el regidor y los tenientes de alcaldes de Fisterra, todos del PP. Y fue ante un plato de comida como se decidió la adjudicación, un mes antes de aprobarse oficialmente, de la instalación de césped artificial por importe de 345.000 euros.

Otro día, Ogando hijo, tras comer con el alcalde y el aparejador de Mazaricos, llama a su secretaria desde el ayuntamiento para dictarle los datos necesarios para presentarse a una obra de 93.000 euros que le sería adjudicada.

Ogando padre, en conversación con un carpintero, explica los beneficios de las comidas. Tiene que ir ese día "a comer con los de la corporación de Brión, con el alcalde" (del PSOE). "Nosotros hace años que empezamos comiendo con ellos.

Ellos también nos invitan, montan allí una carpa para los amigos y por ahí van alcaldes, es normal, es trabajo también. Tienes que ir porque, aunque di que ahora no me hace falta pedirles favor ninguno, a lo mejor un día me hace falta algún chollo y así siempre te atienden mejor". "¡Hombre claro! Es muy normal", asiente el carpintero.

Otra de las "invitaciones" bajo sospecha, por ilegales, son las que los empresarios amañan entre sí para optar a "un negociado sin publicidad" apalabrado de antemano. Son para obras de menos de 200.000 euros y es el gobierno local, tras "invitar" a tres empresas de su elección, el que decide quién se la lleva.

Las del Plan E, al establecer contrataciones directas sin concurso, abrieron la puerta a múltiples casos, como los que recoge el sumario de la Orquesta, en los que los constructores se ayudan para presentar presupuestos amañados y ficticios.

"Mira, tengo unas invitaciones de esas de una obra que no es pa ti", le dice un empresario a Ogando para una carretera en Lousame. En el registro de Construcciones Ogando, el día de la detención de sus dueños, los agentes intervinieron una carpeta titulada "Invitaciones obras: Mazaricos, Fisterra, Muros, Zas, Dumbría, Porto do Son, Cee, Muxía, Corcubión". (El País, Galicia, 17/04/2011, p. 2)

Conselleiros e altos cargos da Xunta, no sumario da operación ‘Orquesta’

"O sumario da operación Orquesta, que investiga unha trama de presuntos delitos de tráfico de influencias, suborno, prevaricación e falsificación de documentos na Costa da Morte con máis dunha vintena de imputados, recolle entre os miles de folios conversas que a policía creu de importancia para a instrución do caso e nas que aparecen conselleiros, como Agustín Hernández ou Beatriz Mato, ou algúns altos cargos e membros dos departamentos do Goberno galego. Nunha delas, falan da presunta adxudicación a dedo do concello de Mazaricos dunha gardería con 45 millóns da consellería de Beatriz Mato e coa presunta connivencia de Benestar.

Así, un membro da construtora Ogando, que recibiu presuntamente case tres millóns de euros en obras a dedo de varios concellos, chama a un técnico de Mazaricos para preguntarlle como vai “o da guardería”, dependente do Consorcio de Benestar.

“Eu creo que sale, pola conversa, eh”, dille o técnico, que terá que falar “cun posto político e unha chica cun posto medio político, de esos a dedo, de asesor, de confianza”. “Esa será a que poña problemas, se os pon”, di un.

“A ver se pescamos, a ver se pescamos esto!”, di o construtor. Tres días despois, Daniel Ogando fala co técnico, que lle di: “fágao quen o faga, valo facer ti, polo que estiven oíndo”. Ogando pregúntalle: “De trinta (millóns) para arriba ou para abaixo?”. 45, dille o responsable do concello. “45, carallo”, responde.

“Ou sexa, que o vas facer, iso non me cabe menor duda, o Consorcio xa sabe que o concello ten un compromiso e o vas facer”, di. Anteriormente, un home pedíralle ao alcalde, José Santos Maneiro, que se a Xunta “lles daba pasta” para a gardería, “que non a saquen aos outros, que lla saquen a quen, xa me entendes...”. (Xornal.com, 18/04/2011)

"¿Y sabes si estoy en la orquesta?". La pregunta se repite en los despachos de la Costa da Morte

"...desde que el juez de Corcubión Andrés Lago Louro levantó el secreto del extenso sumario que instruye contra la corrupción en la comarca. Los nombres de múltiples constructores y políticos locales aparecen citados en el sumario de la Operación Orquesta, al hilo de los centenares de conversaciones interceptadas por la policía nacional desde que comenzó la investigación, en diciembre de 2009. (...)

La lista de imputados, que ya supera la veintena, sigue aumentando. El juez tomará hoy declaración como imputados a cinco empleados y funcionarios del Ayuntamiento de Cee, y recogerá además el testimonio de otros cuatro.

En la abultada investigación se encuentran también bajo sospecha por tráfico de influencias contrataciones públicas del Ayuntamiento de Carnota. La policía, por mandato judicial, ya le ha requerido que entregue "de forma inmediata" la totalidad de los expedientes administrativos de cinco obras cuyo importe total supera los 1,14 millones de euros. Son contrataciones adjudicadas, todas por resolución directa del alcalde, José Oreiro, del PP, durante el año pasado, cuatro a la empresa Mantido y una, la de mayor cuantía, a Espina&Delfín.

Las sospechas sobre algún amaño para la adjudicación en estas obras parten de las conversaciones interceptadas policialmente al arquitecto municipal de Carnota, José Carlos Leis Caruncho. Este técnico declara hoy ante el juez, acusado de un delito de tráfico de influencias. Además de técnico municipal de Carnota, es el arquitecto y el director de ejecución de la Casa da Cultura de Cee.

En esta obra se concentra el grueso de las prácticas delictivas que las investigaciones del caso Orquesta han destapado en esta localidad, por ejemplo pago de sobornos y amaños fraudulentos de las adjudicaciones de los que son acusados principalmente el alcalde, el independiente Ramón Vigo que gobernaba en coalición con el PSdeG, y los constructores Ogando." (El País, Galicia, 14/04/2011, p. 1)