Cuando en Fisterra casi se acaba el mundo... el naufragio del 'Casón' en diciembre de 1987 provocó en la Costa da Morte el mayor éxodo interno de la historia de Galicia.

 "El primer recuerdo que tengo de un desastre ecológico es una paliza. Una paliza épica, de película clásica. Media decena de hombres en un cuartito sacudidos a puñetazos, coces, a culatazos e incluso rompiéndole a alguno una silla en la espalda. 

El cuartito era el retén del cuartel de la Guardia Civil de Quiroga, y yo era uno de aquellos desafortunados pescados a lazo mientras desfilábamos ante el cuartel —no era ninguna provocación, era que pillaba de camino desde el campo de fútbol, donde comenzó la cosa, con los futbolistas encabezando la fila, hasta el centro de la villa— en una protesta masiva contra la pretendida instalación de una celulosa en el Sil.

Tan masiva que fue la gente, avanzando hasta el cuartel, quien nos sacó de allí, después de la paliza y de un interrogatorio de urgencia en el que prácticamente la única pregunta era si no era cierto que nos había mandado ir allí Manuel María. No era cierto, y lo dije con cara de tonto, mientras interiormente protestaba porque nosotros éramos un grupo independiente de agitación que nos juntábamos en los bares, no unos mandados. Nos dejaron libres, pero tardé unos días en poder vestirme solo, y nos cayó una multa de 50.000 pesetas (el alquiler del piso en Madrid eran 6.000, en conjunto, no cada uno). Cuando dieron una amnistía porque habían hecho rey a Juan Carlos o algo así, llamaron del Gobierno Civil a casa para que fuera a recoger lo antes posible el dinero, porque la funcionaria correspondiente tenía miedo de tener tantos billetes en el cajón. El caso es que hoy en Quiroga no hay ninguna celulosa, de la misma manera que no hay central nuclear en Xove.

 Quizás por aquel éxito siempre me sumerjo con una mezcla de entusiasmo y espanto en las catástrofes. O porque, para los que no cubrimos conflictos bélicos, los desastres de este tipo —una mezcla apresurada y desigual de naturaleza desatada, estupidez institucional y solidaridad de la gente— es lo más parecido que hay a ser corresponsal de guerra. No me cogió el naufragio del Urquiola, el petrolero que se hundió entrando en el puerto de A Coruña, rajado por una aguja de piedra que no estaba en los mapas (sí cubrí muchos años después la voladura de la aguja), y que fue lo que proporcionó las primeras imágenes para el imaginario de las grandes catástrofes ecológicas en Galicia, con el humo negro planeando sobre toda la ciudad. El Casón, aquel mercante chino con bandera panameña que se estampó en O Rostro, en Fisterra, ya me pilló trabajando.

 Para ser más preciso, me pilló durmiendo. Muy dormido, porque eran las doce del mediodía, pero era sábado (5 de diciembre) y estamos hablando de los alegres 80 (1987, en concreto). Por entonces yo andaba de guionista de Gayoso, en la TVG (El vecino del jueves, su primer programa) y también era corresponsal de El País. Fue Juan Francisco Janeiro, uno de los muchos jefes que tenía, quien me despertó con el teléfono. "Hay un barco chino en apuros en Fisterra", dijo con su habitual economía expresiva. "¿Es grave?", intenté escapar del destino. "De momento, cinco muertos". "Muertos" es una palabra mucho más efectiva que el café cargado a la hora de desperezar a alguien que vive de contar cosas. Supe que estaban trayendo a los supervivientes a la base de la Cruz Roja del Mar, en el dique de abrigo de A Coruña, y se me ocurrió llamar al primer restaurante chino que venía en la guía telefónica (entonces no había muchos en A Coruña, pero había guía telefónica). Le expliqué lo que quería a quien me cogió, Chan, que así se presentó. En la Cruz Roja pasamos a donde estaban los supervivientes gracias a él. "El periodista que se quede fuera, el chino que pase", dijeron con malos modos. "Yo soy el chino de este señor", contestó él, todo digno.

 No nos sirvió de mucho, a ninguno. Después de un intercambio de frases, Chan se volvió decepcionado hacia mí: "No les entiendo muy bien, son chinos de interior". Efectivamente, eran chinos del interior, y posiblemente no sabían que tirarse al mar con aquellos chalecos salvavidas rígidos desde lo alto de la borda del enorme mercante era como ahorcarse. El cuerpo agujereaba el agua, pero el salvavidas aboyaba y retenía la cabeza. Los 23 muertos lo fueron por esta causa, por romperse el cuello, y por hipotermia. Sólo sobrevivieron ocho. De todas las catástrofes, marítimas y terrestres que presencié, aquella fue la más surrealista con mucho. Quizás porque los 23 muertos no tenían aquí viudas, ni hijos, ni ningún pariente (los repatriaron, a vivos y muertos, a toda prisa, antes de que fueran interrogados sobre las causas del accidente). El protagonismo se centró enseguida en el barco y en su misteriosa carga. Porque el encallamiento, a día de hoy, tiene poco misterio.

 A la altura de Fisterra, el barco sufrió un incendio a bordo provocado por las explosiones de unos bidones de sodio en contacto con el agua de mar que barría la cubierta. El sodio, en contacto con el agua, genera sosa cáustica e hidrógeno, altamente explosivo. El incendio no fue gran cosa, y con el mar ya en calma, el carguero fue dejado ir hasta la costa —cuando no enfilado: entró como en un sendero o corredor entre las piedras y allí se quedó, en una cama de arena— por el remolcador contratado por Marina Mercante, el Remolcanosa 5. En el Prestige se dio una maniobra parecida. El Ría de Vigo, también de Remolcanosa, miró para otro lado hasta que la armadora del petrolero y la empresa de salvamento Smit Salvage hubieron llegado a un acuerdo que incluía también al remolcador vigués. Siempre rinde más un salvamento que una ayuda. En algunas fotografías se ve cómo había hasta una representación oficial —un uniforme de Marina— entre los que vieron cómo el barco era conducido a la costa, en una dirección distinta a la que lo llevarían el viento y las corrientes.

 Las autoridades eran económicas con la verdad, y cometieron todos los errores posibles a la hora de comunicarla. Les llamamos autoridades para simplificar, pero entre aquella Xunta precaria en cuya Presidencia acababa de aterrizar Fernando González Laxe, el Gobierno central de Felipe González, que poco cariño le tenía, y las Comandancias de Marina, militares, que aún mandaban mucho, si ya no reinaba precisamente la coordinación, no digamos la armonía. Cuando el manifiesto de carga fue dado a conocer —a mí me lo habían leído, en una de esas filtraciones oficiales, en los primeros momentos— se vio que contenía la misma variedad que un comercio de los chinos que hoy se puede encontrar en cualquier calle, pero en productos químicos. De ácido sulfúrico a adhesivos, de cemento líquido a anilinas de peligrosidad varia.

La verdad, la información que se daba en la capital (la capital era Santiago, A Coruña o Madrid) era tan escasa como la que por allí teníamos. Aunque habíamos visto un bidón rotulado con la clase 7 no había Internet ni mucha gente a mano para consultar el Código IMDG (Código Internacional de Mercancías Peligrosas) y comprobar que indicaba que contenía materiales radiactivos. La comisión del Congreso que luego investigó en el asunto señaló que posiblemente nadie llegó a saber nunca todo lo que contenía.

 Lógicamente, al no tener información, la gente temía lo peor. Cada declaración de tranquilidad era recibida con tensión de cuerpo y mente. En la memoria estaba Chernobil, y nunca vino nada bueno por la carretera de A Coruña. Los periodistas hicimos lo que pudimos. No había computadoras, ni teléfonos (yo mismo, por no tener, ni automóvil) y el teléfono más próximo a la punta de O Rostro, donde estaba clavado el barco, era el Bar Santalla.

Casa de información (no era un centro de prensa, se llamaba así antes, porque mucha gente preguntaba dónde quedaba Fisterra), una cantina con un único teléfono. Hasta que llegaron las unidades de radio y televisión móviles, tres o cuatro días después, tuvimos que distribuir la línea entre todos para dictar las crónicas de prensa, entrar en los informativos de las radios y recibir órdenes.

Desgraciadamete para los que tenían que informar en cada boletín horario, el Bar Santalla quedaba a más de media hora de camino del Casón, con lo que era prácticamente imposible ir, enterarse de algo y volver a contarlo. De hecho, se le daba pábulo la cualquier cosa. Un colega soltó por la radio que estaba previsto reflotar el carguero por el método de llenarlo con pelotas de pimpón. No sé si habría dado resultado, pero el trasiego de pelotas hasta allí hubiera sido épico.

 Tampoco es que la gente de la Costa da Morte estuviera muy pendiente de los medios de comunicación. Por ejemplo, el periódico de la capital de Galicia llegaba a Fisterra sólo los martes y los jueves. El público tenía que hacer sus propias noticias falsas. Obviamente, vivíamos allí. Y no solo yo, que dependía de Autos Finisterre o del autoestop para ir y venir, al igual que mi admirado Michael Herr (autor de War Offices y luego colaborador de Coppola en el guión de Apocalyse Now) en Vietnam. Dejé a Gayoso abandonado a su suerte, con su aprobación, y de allí nos fuimos de Fisterra al Hotel Hórreo de Corcubión, que era la sede de las autoridades, de día, y por la noche bebíamos y jugábamos al billar en los pubs. Situación de calma tensa, que se dice. Con líderes y la sociedad local, como el alcalde de Corcubión, Rafael Mouzo, pidiendo explicaciones, y las fuerzas vivas lanzando balones.

 

En la memoria, me parece que pasaron por lo menos quince días más, pero habían pasado solo cinco del naufragio, el 10 de diciembre, cuando el temporal cogió aliento y las olas llegaron otra vez a los bidones de sodio y comenzaron las explosiones, con alguna deflagración. Eran más aparatosos que efectivos (aquellos que habían causado el incendio inicial ni siquiera rompieron los cristales del puente de mando), pero fueron retransmitidos en vivo por la TVG y fueron suficientes para que la población de Fisterra y la mitad de Costa da Morte miraran hacia el cielo con mucha más ansia y preocupación que la de ver qué tiempo haría el día siguiente.

Aunque no se lo he presentado, el entonces –y durante muchos años– delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García Sabell, declaró algo posiblemente cierto: que no se conocía la toxicidad de las emisiones, pero que por si se diera el caso de que el humo fuera tóxico, mejor evacuar. Este tipo de advertencia es de agradecer en la lógica médica –"ese bulto no parece malo, pero es mejor hacer algunas pruebas"-, pero es fatal en la comunicación social. Después de intranquilizar a la población, el delegado del Gobierno anunció el envío de trecientos autobuses, que podrían llegar a setecientos si fuera necesario.

La gente en la Costa da Morte y en toda la Galicia rural puede no saber de toxicidades y de productos químicos chinos, pero sí de logística de autobuses de línea, y juntar trescientos, de setecientos ya ni hablamos, no se hace así porque sí, y en poco tiempo, si no pasa nada. Tres horas después, el Gobierno anunció que había analizado bien las cosas y que no había peligro. Era como lanzar el cohete al inicio de las fiestas, pero no precisamente para bailar.

Residentes de Fisterra y O Pindo, de Corcubión y Cee, de Muxía y Camariñas, salieron de casa y cogieron el coche –algunos, el barco– en una huida desordenada hacia el interior. A pesar de las malas condiciones de las carreteras de entonces, a pesar del caos, la noche y los trescientos teóricos autobuses que tenían que venir en dirección contraria, hubo un montón de atascos, pero ningún accidente. De milagro: en la evacuación de Camariñas, alguien se dio cuenta a la altura de Vimianzo de que faltaban diez vecinos conocidos. Idas, venidas, llamadas, preguntas, hasta que el dueño del Vía Rápida, el bar-casa de apuestas de la villa, recordó que había un camión frigorífico desconocido que había estado estacionado durante tres horas en la plaza. Lo abrieron y allí estaban los diez hombres, ya semicongelados.

 

Aquella tarde noche del 10 –era jueves, el día del programa– fue precisamente cuando encontré un flete para acercarme a Santiago y cumplir con Gayoso. Un caso de mala suerte. Vimos estupefactos toda aquella polvareda en el control de informativos, y luego salimos hacia A Coruña en su coche. En el camino íbamos escuchando la radio. Por ejemplo, Antena3 Radio ("la radio bien hecha", fundada en 1982, terminó siendo accionista de A3TV y absorbida por la SER). A esa hora, el programa que había era el de los deportes de José María García –y ningún corresponsal en Galicia– y escuchamos cosas como ésta: "Me llaman de mis queridas aldeas gallegas gente que dice que hay niños con llagas en la cara". Nos dirigimos al Pabellón de Riazor, uno de los lugares de acogida de los refugiados de aquella nube tóxica que no lo era.

La explanada frontal estaba llena de coches de la gente que había ido llegando. Muchos estaban dentro o de pie, escuchando noticias de radio. Muchos que siempre escuchaban a esas horas el fútbol visto por García, y que querían volver a meterse en el coche y regresar. Gayoso y yo intentamos tranquilizar a algunos diciéndoles que lo de las llagas era mentira, y que eran babosadas de alguien que, tal vez por primera vez, no sólo no tenía una idea de lo que estaba hablando, sino también alguien que le gritaba para que buscara información. Lástima que, entonces, Gayoso no fuera el Gayoso posterior, nuestro Gayoso. Su carisma habría sido bien útil en aquel momento.

Volví a ver el pabellón de Riazor lleno de refugiados dos veces más. La segunda fue exactamente cinco años después, cuando el Mar Egeo se espetó contra la Torre de Hércules (contra los acantilados sobre los que se alza), y el humo del petróleo ardiendo obligó a desalojar muchas casas en Monte Alto. La tercera, cinco años más tarde, cuando el monte de residuos urbanos que fueron creando A Coruña y su entorno en Bens se desplomó, y hubo que acoger, por bastante más tiempo, a los residentes de O Portiño, gitanos que en su mayoría vivían de lo que cogían aquello que los otros coruñeses rechazaban. No está mal, tres veces en diez años.

 La marea negra del Mar Egeo (en realidad, el Aegean Sea, pero de tanto citarlo le fuimos cogiendo confianza), fue la primera catástrofe ocurrida en democracia, con las autoridades bajo escrutinio, no ya ciudadano, pero por lo menos de los medios, y en la que las imágenes servían de denuncia de las causas, y no un rosario lírico de lágrimas sobre la naturaleza mancillada por la desgracia. Recuerdo a todos los periodistas que se pusieron de pie y dejaron una de las ruedas de prensa de las autoridades (una de aquellas en las que Paco Vázquez también intentó tranquilizar a la ciudadanía: "Pueden estar tranquilos, que el humo va a Ferrol") cuando el alcalde recriminó algo a una compañera, creo que de El Correo Gallego. Este clima en los periodistas de ser consciente de tus derechos (de empoderamiento, en la jerga sociopolítica actual) porque a su vez eres consciente del rol de servicio público que tienes, y que te están reclamando, se repitió cuando el Prestige, aunque en ese momento en Madrid las direcciones de los medios ataron las riendas más cortas.

Volviendo al 87, al final, la gente de la Costa da Morte retornó a sus casas. Se estima que fueron 12.000 personas las que escaparon hacia Santiago, A Coruña, Noia, o allí donde tuvieran parientes. Yo también volví a Fisterra, a hacer esos reportajes tangenciales al tema que tanto distraen: en esta zona nunca se comió tanto pescado congelado, el primer carnaval del Casón en Fisterra, el primer aniversario. La vida siguió y uno de los holandeses de la empresa Smit Tak que había venido a estudiar el salvamento del barco (sí, la que luego sería Smit Salvage, que se encargaría del submarino ruso Kursk, del Costa Concordia y del Prestige) acabó casándose con la cajera de un súper de la zona. Igual que, quince años después, cuando tras la marea negra de chapapote se registró un fenómeno evidente de "turismo de catástrofe", cuando el Casón hubo excursiones para ver los restos del enorme carguero, incrustado en la cama de arena donde lo había metido el Remolcanosa 5.

 De sacarlo de allí se encargó un capitán de 82 años, el señor Ramón. "Sí, claro que estoy jubilado, pero me aburre andar en los bares con los viejos jugando la partida, así que le fui al Santa Cruz [Manuel Santa Cruz, entonces responsable de la empresa Recuperaciones, Desguaces y Salvamentos Santa Cruz, que había ganado la concesión de los restos del Casón] y le dije: 'Oyes, dame un barco!' Tanto le insistí que me dio esta bañera", me había contado a bordo de su gabarra, amarrada en Fisterra. Con la "bañera" y dos hombres con lanzas térmicas y sopletes de acetileno, el viejo de 82 años se encargó de hacer desaparecer, cortando trozo a trozo, la obra muerta del enorme monstruo varado que había hecho huir a millares de personas. Parece una metáfora de muchas cosas, pero fue cierto."                (Xosé manuel Pereiro, Público, 29/11/21)

Así se salvó el patrimonio de la Ribeira Sacra. Un puñado de calderos y el coraje vecinal impidieron el avance de las llamas

"En la Ribeira Sacra, un territorio impactante de la Galicia interior donde el románico y las hidroeléctricas enfilan en procesión por la orilla del Sil, se obró el día 16 un milagro: el coraje vecinal y un puñado de calderos consiguieron frenar el avance de las llamas que devoraban Galicia sin miramientos. 

 El fuego acabó abatido a unos cientos de metros del cenobio benedictino de Santa Cristina. De haberlo alcanzado, la ruta de los monasterios se habría derretido como la cera y el impresionante Canón do Sil, una auténtica chimenea vegetal de masa autóctona en empinada pendiente, sería ya solo recuerdo.

La batalla fue larga. En Parada do Sil (Ourense) comenzó a mediodía del domingo. A los postres.

El fuego asomó a esa hora su peor cara por la montaña en una comarca bañada por los ríos Miño y Sil y en la que los descendientes de los gallegos que hace 2.000 años cultivaban el vino en imposibles bancales verticales mantienen esa agricultura heroica y la treintena de iglesias y monasterios que fue sembrando el románico en su expansión por Europa, y que convierten a esta zona en la de mayor concentración del continente.

Antonia González, de 76 años, vio los primeros indicios de la batalla que se avecinaba desde el enorme ventanal de su vivienda, en la parroquia de Santigueiro. Acababa de despedirse de uno de sus hijos que regresaba a Vigo. “Fui a dar un paseo para ver si había peligro pero me pareció que no se acercaría”, relata sobre la jornada infernal de la que aún no se ha repuesto.

Erró la predicción. Un par de horas más tarde las llamas se aproximaban a su aldea. González corrió a la iglesia a encomendarse a la Virgen del Socorro y a aplicar un antídoto que portaba el mismo veneno: “Le encendí una vela y volví enseguida a casa”. En cuanto llegó, tuvo que abandonarla. 

Una veintena de voluntarios se batía cuerpo a cuerpo en las inmediaciones contra un fuego voraz armados de calderos y echando mano de la autobomba municipal y de un bulldozer junto a un grupo de brigadistas. Al frente, la alcaldesa, Yolanda Jácome, guiaba el escueto operativo que se volvía loco para atender todos los frentes de un incendio que desplegaba un sinfín de tentáculos.

Ese fue solo el primer desalojo. Sofocado el fuego, la mujer insistió en volver a casa. “En cuanto vi que lo habían apagado pedí a un primo que me llevara de vuelta”. Creyó que estarían a salvo si desandaban lo andado por el fuego. Al regresar a la vivienda, ya de noche, las llamas rompieron la oscuridad y se acercaron a su puerta. Pidió socorro y los calderos volaron en su ayuda: “Teníamos todo el entorno limpio, pero ardían hasta las hierbas”.

En Parada do Sil, en donde fue necesario desalojar tres aldeas, los vecinos consideran providencial que el fuego se desatase en domingo y que lo hiciese apenas pasado el mediodía porque las pequeñas aldeas orensanas de esta comarca reciben los fines de semana a la población joven abocada a buscar empleo fuera de la provincia, la más envejecida de España. Una de las de mayor patrimonio monumental. La más abandonada.

Pablo Magide, de 28 años, había pasado el fin de semana en la casa familiar de Caxide y había regresado ya a Lugo, en donde tiene su empleo. Sobre las cuatro y media de la tarde vio también desde la ventana el humo espeso. “Creímos que era un incendio aislado que apagarían a tiempo”. Regresó a Lugo para incorporarse a primera hora del lunes a su trabajo.

Esa noche el fuego estaba ya en su aldea. “Di la vuelta a primera hora de la mañana del lunes”. Al llegar a Parada do Sil se encontró a un pequeño ejército de voluntarios exhausto, sin dormir, que seguía combatiendo el incendio con sus manos. “La gente más joven que había abandonado sus trabajos en las ciudades para salvar el pueblo. Salvar vidas y viviendas, pero también la Ribeira Sacra: aquí solo queda gente muy mayor que casi no puede valerse”. 

Magide se incorporó al esforzado batallón. “El fuego se bifurcaba en varias direcciones por el impulso del viento y las llamas iban ya camino del Canón do Sil, enfilando hacia el monasterio de Santa Cristina. Todo el mundo lloraba. Nos sentíamos impotentes”, relata.

La joya patrimonial del románico quedó no obstante intacta gracias a las pequeñas batallas que los vecinos fueron ganándole a las llamas aunque, sobre todo, a la presencia de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Laza, que el lunes acudió a sofocarlo a los pies del cenobio próximo a los impresionantes miradores, los balcóns de Madrid (los balcones desde donde los vecinos se han visto partir unos a otros durante décadas de irremediable emigración).

 La Unidad Militar de Emergencias anunciada por la Xunta de Galicia tardó en llegar más que la escasa lluvia y se dio la vuelta sin actuar.

Quince días después las raíces brotan como muñones por todo el municipio mientras los vecinos siguen su vida más temerosos que nunca, con el patrimonio intacto y con los mismos medios de siempre."                   (Cristina Huete, El País, 28/10/17)


"Descoordinación nos lumes?... O camión que percorreu Galicia con 3.000 litros de auga sen poder descargala.

"Saín da Coruña con 3.000 litros de auga nun camión, e non a puiden entregar”. Así de triste foi o periplo de José María, Chema, o luns 16 de outubro, despois de 242 quilómetros e 6 horas. Non houbo quen quixera aproveitar un camión de auga para botar unha man. E todo, pola falla de información e coordinación en plena vaga de lumes.

Despois de pasar a noite do domingo negro sufrindo dende a casa, vendo como novamente era a sociedade galega, como no Prestige, a que salvaba o país, Chema decidiu botar tamén unha man. Chamou ao seu amigo Javi, cargaron o camión con 3.000 litros (en recipientes de 1 grg ou 1.000 litros), armáronse con material de traballo (máscaras, botas, traxes imnífugos…), encheron o depósito de gasoil e chamaron ao 112 para ver onde podía meter unha man.

 Explicaron que dispuñan dun camión, que ademais pode accecer por pistas forestais, con 3 grg autovaciables con billa e unha con mangueira con saída por gravidade. É dicir, unha boa axuda tal e como estaba a cousa. Ou iso crían eles.

Foi entón cando comezou a clásica batalla “burrocrática” que acabou en frustración. Dende o 112, que coordina a Axencia Galega de Emerxencias (Axega) deriváronos ao 085, a coordinadora dos lumes, onde tiña que volver explicar a historia. O 085 díxolles que chamaran ao servizo de Protección Civil máis próximo, pero nin sequera lle puideron dar un teléfono, e lle dixeron que chamara ao 112 para solicitalo.

Volta a chamar ao 112 para explicar de novo toda a situación, ademais da resposta do 085. Pero dende o 112 reiteraron que tiña que ser o 085 o que coordinase a acción. Tras 5 minutos de espera, pasaron a chamada directamente ao 085, e lle pediron o número do móbil a Chema, e que o chamarían para indicarlle onde podería ir, agradecéndolle a axuda... Pero, aínda está esperando a chamada.

Frustración

Pararon a viaxe. Decidiron descansar e planificar, de novo, os seus pasos. Colleron a AP9, gracias ás indicacións que daban os boletíns informativos, que indicaban que a zona de Pontevedra era a máis afectada. Chegando a Santiago chamaron de novo ao 085. “Xa che avisaremos”. Aí comezaron a comprender que os medios oficiais non ían ser de gran axuda.

Chema chamou entón a dous deses 500 brigadistas que non foron renovados o pasado mes de setembro. Chamou tamén a un bombeiro e un garda civil amigos, para ver se sabían onde podía ir coa auga. Só o garda civil estaba operativo (como retén no sur da provincia da Coruña), e mesmo ao bombeiro só o deixaron ir como voluntario pero sen medios individuais nin colectivos.

 “Niguén quere que vaias botar unha man, e menos cun camión tan grande. Se vas e axudas, e alguén o ve, para o ano non teñen nin subvencion nin orzamento para o seu traballo”, explicoulle un dos moitos bombeiros coruñeses que se ofreceron voluntarios pero que tampouco foron aproveitados, ou foron mobilizados xa oito horas máis tarde do debido.

Novos plans

Novamente, decidiron planificarse. Viron na web da Xunta que estaba activo un lume en Silleda, preto da súa ubicación nese momento, e ata alí se dirixiron. Atoparon un coche da Garda Civil de Tráfico e preguntaron se sabían onde podían axudar, e os mandaron aos bombeiros. Máis sorprendente foi a súa chegada ao centro dos Bombeiros de Silleda, pois había 4 cambións e dous todoterrenos aparcados, sen traballar, porque non tiñan ordes específicas.

Contáronlle a historia solidaria, outra vez, e responderon que “tampouco era cousa deles”, que son bombeiros urbanos, e que non había ningún lume onde eles puideran facer nada porque non tiñan ordes de nada. Tocaba ir ás Brigadas forestais que estaban xusto enfronte. Alí lucían outros dous helicópteros antiincendios en terra…

Por novena vez tocaba contar a historia, pero de novo: “Tendes que ir falar cos técnicos… Pero os técnicos non precisaban de nós… Preguntamos onde podíamos ir coa auga pero non sabían, porque non tiñan onde consultalo…” Déronlles, polo menos, o teléfono dos Bombeiros de Pontevedra e Ourense, pero despois de chamalos, ningún precisaba nin da auga ni de axuda para carregala.

Así que, a pesar de que en varios incendios non había medios, nin auga suficientes --o propio Feijoo recoñeceu que a situación estivo descontrolada durante doce horas--, tiveron que arrincar de volta cos 3.000 litros.

"Puxemos a Radio Galega, e o alcalde de Viana do Bolo laiandose que non tiña axuda, que había lume nas casas… Na páxina da RTVG, dicían que aínda había 9 focos activos en alerta 2, afectando a vivendas, entre eles Viana do Bolo, Cervantes, Ponteareas… E nós, de volta cos 3.000 litros de auga…", lembra enfadado.

Aínda chamaron ao 085 nun último intento e repetiuse a historia, coma se non os coñeceran. "Xa vos chamaremos", dixéronlles... Ata hoxe."                 (Galicia Confidencial, 24/10/17)

Las víctimas de Angrois ven otra investigación "más necesaria que nunca" tras la imputación del jefe de Adif

"El juez ratifica lo que las víctimas venimos denunciando desde hace tres años y medio".

 La citación como investigado -antigua imputación del exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, como presunto "autor de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave" en el accidente del Alvia en Santiago de Compostela, en el que fallecieron 80 personas y resultaron heridas otras 144, acaba de acercar a las víctimas del accidente los alientos que han venido perdiendo en el ámbito político.

 "Hemos denunciado reiteradamente que el fallo humano del maquinista no era la única causa del accidente" y este movimiento judicial "nos viene a dar la razón" y hace "más necesaria que nunca" la apertura de sendas investigaciones política y técnica sobre el accidente, afirman.

Tras conocer el auto del juez Andrés Lago Louro los miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 creen que el instructor de la causa, reabierta en mayo de 2016 por orden de la Audiencia de A Coruña, deja "meridianamente clara" la existencia de un "comportamiento negligente e irresponsable" por detrás del siniestro, y que este incluye "a los altos directivos de Adif, perteneciente al Ministerio de Fomento y cuyos altos cargos son nombrados por los propios ministros". 

Al contrario de lo sostenido en el revocado cierre de la instrucción, subrayan, el maquinista no es el único responsable porque "no se realizó el análisis de riesgos que era preceptivo" antes de poner en servicio la línea o "cuando se produjeron modificaciones significativas" en ella, "como la desconexión del sistema de seguridad que evitaría el accidente", ordenada por el exjefe ahora imputado.

Las circunstancias que Lago Louro refleja ahora en este giro de la investigación judicial, resalta la plataforma de víctimas, fueron obviadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el órgano dependiente de Fomento y que, tal y como acreditaron la Audiencia de A Coruña y la Agencia Ferroviaria Europea, no era independiente del Gobierno de España en el momento de realizar su informe.

 En sus 266 páginas de análisis sobre lo sucedido en la compostelana curva de A Grandeira "no se refieren en ningún momento al análisis de riesgos, elemento esencial en la investigación, tal y como ratificaron los peritos y el juez en su auto".

La CIAF "no analizó las causas raíz" del descarrilamiento y ahora, que queda constatado que es necesario ir más allá del maquinista, la plataforma ve imprescindible que se atiendan sus demandas. Por una parte, en lo referido a la apertura "de una comisión técnica independiente al margen de la investigación judicial", la misma que "se nos niega reiteradamente, mintiendo de manera pertinaz". 

Por otra, la aprobación de una comisión de investigación parlamentaria "para depurar responsabilidades políticas", comenzando por los propios responsables del Ministerio de Fomento en cada momento, desde la apertura de la línea (2011) hasta la desconexión del sistema de frenado automático (2012). "El juez nos da la razón, como ya hicieron en Europa", resumen.

Reacciones políticas

La citación como investigado de Cortabitarte, que se negó a declarar cuando fue imputado por el primer juez de la causa y sobre quien también pesa otra imputación por un accidente sucedido en Arévalo (Ávila) en el año 2010, supone para las fuerzas políticas que defienden la apertura de una comisión de investigación, En Marea y BNG, una reafirmación de esta tesis.

Así, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ve constatado que "la Justicia intenta" aportar la "verdad" que "se nos ha negado una y otra vez" en el Parlamento gallego y en el Congreso con los "sucesivos" bloqueos de la comisión de investigación. El proceso judicial, subraya, avanza tras "años de lucha de las víctimas y sus familiares" y de "mentiras de PP y PSOE", que "deniegan el acceso a la verdad".

En este sentido, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ve abierta "una puerta a la esperanza" que "debería abrirse mucho más" hasta llegar a "investigar a quienes tenían responsabilidades políticas más claras". "Esta imputación -señala Pontón- abre claramente la vía de que hay responsabilidades políticas y ponen de nuevo sobre la mesa la necesidad de que se reabra el debate sobre la apertura de comisiones de investigaciones en el Parlamento gallego y en el Congreso de los Diputados".

"Si PP y PSOE no tienen nada que ocultar -agrega la nacionalista- deberían abrirlas, porque es evidente que hubo decisiones políticas que redujeron la seguridad de los trenes que circulan por Galicia y que esta reducción de la seguridad provocó el mayor accidente ferroviario de la historia de nuestro país", concluye."                           (eldiario.es, 14/03/17)

La plaga de polillas que devora los cultivos de patata. La Xunta ha sido incapaz de frenar su avance por tierras gallegas

"La polilla guatemalteca (Tecia solanivora), un insecto muy destructivo que penetra en las patatas y las carcome por completo, amenaza una de las más valiosas joyas de la agricultura y gastronomía gallegas. 

El bicho fue identificado por primera vez en Neda (A Coruña) a finales de 2015 y en este tiempo la Xunta ha sido incapaz de frenar su avance por tierras gallegas. La plaga, que supone un peligro para el sector pero no un riesgo para la salud de los consumidores, ha devastado ya cosechas para autoconsumo en 31 ayuntamientos del norte de A Coruña y Lugo y se ha adentrado en siete concejos de Asturias. 

Las grandes plantaciones con denominación protegida de A Limia (Ourense) y Bergantiños (A Coruña) esperan, a salvo de momento, a que el Ministerio de Agricultura apruebe un decreto con medidas más contundentes que impidan el desastre, entre ellas la drástica prohibición de este cultivo en los municipios afectados.

Fue el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña) el que descubrió en 2015 la presencia de la polilla guatemalteca en Neda. Este gusano es originario de Centroamérica y hasta entonces en España solo había sido localizado en Canarias, por lo que, aunque sin evidencias, los científicos sospechan que el insecto llegó en barco a la costa de A Coruña y Lugo. 

En los Ayuntamientos limítrofes de Neda, Ferrol y Narón se dieron cursos y charlas a los productores, se prohibió trasladar tubérculos procedentes de estas zonas, se destruyeron 6.800 kilos de patatas infectadas y en las huertas se colocaron trampas con feromonas sexuales para atraer y capturar las polillas al vuelo. Pero nada de aquello frenó su expansión.

“No es que la gente de las zonas afectadas no actuara bien, yo creo que se expandió por personas ajenas al sector que ignoraban el problema. Aquí en Galicia todo el mundo tiene sus patatas”, apunta Ángel Alvariño (PSOE), alcalde de Neda, quien critica que el decreto que prepara el Gobierno para atajar el avance de la polilla llegará “muy tarde”. 

El hecho de que la plaga afecte hasta ahora solo a plantaciones familiares de autoconsumo y pequeños agricultores que venden sus productos en ferias y plazas de abasto ha evitado que el golpe económico se mida en grandes cifras, pero, en la cara amarga de la moneda, también complica la eficacia de las cuarentenas y controles.

“No podemos asegurar que las medidas de estos años no hayan funcionado porque a lo mejor [la plaga] ya estaba extendida cuando se impulsaron; se tardó cierto tiempo en aclarar qué tipo de polilla era”, abunda el presidente de Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia, Julio Gómez, quien hace un llamamiento a la “responsabilidad” de los pequeños productores para que la polilla guatemalteca no llegue a A Limia y Bergantiños. 

Gómez, que encabeza una agrupación de 67 agricultores que producen seis millones de toneladas al año, confía en que Agricultura apruebe en 15 días, como les ha prometido la Xunta, un decreto que prohibirá plantar patatas en los ayuntamientos afectados. 

Está convencido de que si se cumple esta medida, el problema se erradicará en un par de años, pero se confiesa preocupado por la posibilidad de que la plaga se extienda a través de los camiones que entren en estas zonas para suministrar las patatas que allí no se podrán cultivar.

El Ministerio de Agricultura aún no ha decidido si introducirá controles en el transporte de patatas a las zonas sacudidas por la plaga. El decreto, explican desde este departamento, se encuentra aún en periodo de consultas y estará listo “en estas próximas semanas”, sin más concreción.

 La norma prohibirá el movimiento de patata infectada, la siembra del tubérculo en las zonas donde se detecte la polilla y una “fuerte vigilancia” que permita detectar su presencia en otras áreas para “controlar su dispersión”. “Esta plaga solo afecta a la patata: si no hay patata, la polilla muere”, subrayan desde el Ministerio."             (El País, 11/02/17)

"Aunque se extiende desde hace dos años, la plaga de la patata ocasionada por la polilla guatemalteca (Tecia solanivora) se concentra de momento en áreas muy concretas de Galicia (Ferrolterra y A Mariña lucense) y del occidente asturiano. 

La Consellería de Medio Rural insiste en que son zonas donde el tubérculo se cultiva básicamente para autoconsumo y que su objetivo es precisamente «evitar que chegue ás áreas que comercializan patacas e que, polo tanto, teña repercusións económicas, e en especial a aquelas que están protexidas pola indicación xeográfica protexida (IXP) Pataca de Galicia».

Ante el riesgo de expansión y con la amenaza de un posible veto a la exportación en el horizonte, el Ministerio de Agricultura ha entregado a la Xunta y al Gobierno del Principado el borrador del decreto de medidas para combatirla. Y eso con la idea de consultar a ambas comunidades antes de su aprobación definitiva, que parece inminente.

Desde el Ejecutivo gallego remarcan que es el Gobierno central quien «leva as rendas do asunto», por afectar la plaga a dos comunidades. Así se puso de relieve en una reciente reunión sectorial de coordinación con Galicia y Asturias. Pero mientras en el Principado tienen ya clara la zona afectada (siete municipios, tres de ellos en cuarentena), en Galicia la lista definitiva de concellos infestados no se ha cerrado aún. «Estase ultimando e farase de xeito inmediato», apuntó ayer Medio Rural.

 Es un dato relevante, toda vez que el decreto contempla la prohibición de cultivar patata en los municipios infestados. No es una decisión firme, pero en Asturias se da por hecho que se aplicará.

Ante la incertidumbre del alcance del decreto ministerial, la consellería desveló que el lunes tiene previsto informar a alcaldes de concellos afectados y que el miércoles la directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, se reúna con responsables de la IXP Pataca de Galicia.

Medio Rural apuntó ayer que desde que en el 2015 se detectó la presencia de la polilla se han tomado medidas como acotar zonas, instalar trampas (900, que cazaron cerca de 12.500 insectos), aplicando métodos fitosanitarios y destruyendo varios lotes de patatas, que se pagaron a 30 céntimos el kilo. 

«O problema non é grave, é gravísimo»

Entre os produtores dos concellos afectados hai moitas dúbidas e incertezas. Deles, Eugenio García foi probablemente o máis importante de Ribadeo e un dos da Mariña lucense. Xa xubilado, chegou a producir uns 200.000 quilos do tubérculo. Este ano di que aínda non comprou a semente. 

E non sabe se plantará. Engade que as medidas de prevención para loitar contra a praga xa se tiñan que ter tomado en canto se detectou, no 2015. Porque, denuncia, o problema non é grave, senón que «é gravísimo». Engade Eugenio García que sabe de xente «de Burela, do Valadouro, que o ano pasado tivo que tirar toda a colleita. Ese bicho métese dentro, podre a pataca e hai que tirala». 

Sobre a prohibición de plantar patacas como medida de prevención adoptada en Asturias, o produtor da Mariña lucense considera que no Principado se fixo, pero que antes recolleron as patacas afectadas, pagáronas e incineráronas. «Aquí o que se dicía era que había que facer un furado, tapalas, botar unha capa de cal enriba e botarlle terra. Iso se tes poucas patacas vale, pero se tes miles de quilos, que fas?», se pregunta. 

Na súa opinión, a Xunta xa debería ter prohibido o cultivo nas zonas afectadas o ano pasado, porque «isto é como unha enfermidade, canto antes se ataque mellor». Ademais, engade, «din que acabar con este bicho é moi difícil. Se van tomar medidas, dende logo canto antes o fagan e antes nolo expliquen a todos moito mellor». 

Eugenio lamenta as consecuencias da incerteza sobre o que vai facer a Xunta: «É a primeira vez na vida que non teño a semente comprada a estas alturas do ano. Normalmente a encargamos en decembro, pero agora estamos a velas vir». O negocio das patacas lévao agora a súa muller.

«Non vexo máis saída que deixar de producir»

Parar la producción de patata durante dos años le acarreará notables pérdidas, pero Leticia Iglesias, agricultora ecológica de Neda -donde se detectó el principal foco de Tecia solanivora de la comarca- defiende la medida. 

«Non vexo máis saída que deixar de producir. Para min a pataca representa moitos cartos, pero se me limitas a vendela en Ferrolterra, como agora, aínda me prexudicas máis», explica. A su explotación no ha llegado la polilla guatemalteca, pero lleva tiempo sin poder abastecer a sus clientes de fuera de la comarca con los tubérculos de su huerta (compra patatas en otras zonas para poder atenderlos). 

Leticia aboga por paralizar los cultivos «para poder erradicar a praga e despois retomar as liñas de venta» habituales. En su entorno es prácticamente la única agricultora que planta patatas para su comercialización, ya que sus vecinos lo hacen para autoconsumo.

 De ahí su temor a que la prohibición del cultivo durante dos años resulte efectiva. «É moi difícil controlar que a xente non teña a súa colleita [...]. Este ano xa está todo plantado; a min se me din que teño que arrincalo, malia a inversión, fareino, pero a xente maior, non sei...», alerta la agricultora.

«Hay que tomar medidas, y rápido, para atajar el problema» 

Por el momento la plaga se mantiene alejada de las grandes zonas de producción de patata gallega. Así lo subraya el presidente del Consello Regulador de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia, con sede en Xinzo. Según Julio Gómez Fernández, «se trata de un problema muy focalizado en zonas concretas y de momento no parece que haya riesgo de que pueda extenderse a las áreas de gran producción, como A Limia. Pero habrá que tomar medidas, y rápido, para atajar el problema». 

Adelanta que, con esa objetivo, se celebrará el próximo miércoles una reunión entre representantes del sector patatero y responsables de la Consellería de Medio Rural. En ella se abordará la aplicación en Galicia de las directrices de la inminente orden del Ministerio de Agricultura sobre la Tecia solanivora, que podría suponer la prohibición de plantar en las zonas afectadas. 

La producción de patata en A Limia, con una media de más de 110 millones de kilos al año, supone una quinta parte del total que se recolecta en Galicia. La noticia sobre la plaga de la polilla guatemalteca en A Mariña y Ferrolterra ha sido acogida con incredulidad, pero con calma entre los productores antelanos.

«Non ouvín falar desa praga. Dende logo aquí na Limia non temos constancia de que exista ou de que poida chegar», afirma Daniel Joga, un agricultor de la zona. De ahí que asegure no estar preocupado por la polilla. «Aquí temos normalmente as pragas habituais, como o mildiu. Hai anos que a incidencia e máis forte e outras veces non é tan importante», subraya."       (La Voz, 03/02/17)

"A crise da pataca deriva nunha crise política.

 A crise da pataca, que afecta a numerosos concellos do norte de Galicia, está derivando nunha guerra política tras a orde da Xunta de que sexan os concellos os que controlen os posibles brotes da praga da couza guatemalteca e se incauten dos exemplares afectados.

O alcalde, Fernando Suárez criticou duramente esta orde. “Son medidas sen consensuar nada, ao contrario do que está a facer o Principado de Asturias cos seus Concellos afectados da outra banda da ría de Ribadeo”, denuncia.

“ Sorprende que hoxe o Diario Oficial de Galicia publica unha resolución de ampliación das medidas urxentes onde delegan nos Concellos a vixilancia e a incautación, se é o caso das patacas. É dicir que impidamos desde os Concellos a circulación da pataca a través dos mercados locais. Parecen medidas moi coercitivas, que cando teñen que tomar medidas coercitivas delegan nos Concellos”, denuncia.

De feito, criticou que hai moitos concellos pequenos sen Policía Local que non van ser quen de controlar a situación das súas patacas.  Así, pide da xunta unha actuación global para facerlle fronte e a posta en marcha dun plan estratéxico en todo o país.

Tanto concellos como gandeiros afectados denuncian que a Xunta está actuando “e non toma medidas de prohibición efectiva porque agarda a que as tome o Ministerio de Agricultura”.  “E claro como para o Ministerio o das patacas non é un asunto de Estado como pode ser o aceite en Andalucía ou as laranxas no Levante, pois tómano con moita calma”, denuncia o rexedor de Ribadeo."        (Galicia confidencial, 15/02/17)

El hormigón sepulta una iglesia del siglo XIV en el centro de Ourense

Obras del nuevo edificio anexo a la iglesia de San Francisco, en Ourense / nacho gómez

"A la iglesia de San Francisco la abrazan enormes moles de hormigón armado. El desarrollismo de los años sesenta y setenta cegó con edificios de viviendas y oficinas de hasta 14 plantas todas las fachadas de este templo del siglo XIV ubicado en el corazón urbano de Ourense.

 Del desastre solo se salvó la portada principal que mira hacia el parque de San Lázaro. Ese frenesí constructivo respetó un minúsculo pasillo en torno a la iglesia que permitía recorrer su perímetro. Hasta ahora. Un nuevo bloque de viviendas de siete plantas crece anexo a uno de los muros laterales del edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Histórico-Artístico, tras negociar los frailes el derribo de un pequeño convento ubicado justo al lado.

 De ese viejo convento de tres pisos ya no queda nada. La promotora Benito López lo demolió tras cerrar un acuerdo con los franciscanos, propietarios de los solares en una de las zonas más caras de la ciudad. En su lugar crece, pared con pared, un edificio de viviendas con fachadas a dos calles que ha eliminado el pasillo de algo más de dos metros que había entre la iglesia y la residencia religiosa.

 El cemento toca las piedras del templo que ahora quedará sepultado por un edificio de 14 plantas con un gran cartel publicitario en la azotea y por esta nueva promoción. En la cabecera, cegando las 10 grandes vidrieras góticas que infunden luz al templo desde el ábside, hay otro bloque de oficinas y viviendas de 11 alturas.

El negocio se ha formalizado a través de una permuta que permitirá a la congregación ocupar parte del nuevo edificio. La obra cuenta con todos los permisos y está amparada por informes de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta.

La empresa recuerda que “todo es legal” y que ha cumplido las exigencias impuestas en cuanto a retranqueo de fachadas o la creación de una pequeña plaza pública en uno de los laterales, en una zona también en manos de los franciscanos, hasta ahora cegada por un muro. Sin embargo, algunos vecinos y expertos cuestionan la idoneidad del nuevo inmueble porque esconde todavía más la iglesia gótica.

El delegado de Patrimonio del Obispado, Miguel Ángel González, admite “una impotencia grande” porque “no se puede hacer nada”. “Como en otras barbaridades solo podemos opinar porque es legal y, aunque el entorno no es el más adecuado, a mí me hubiese gustado otra cosa”, asegura.

 “Creo que era más respetable el edificio de los años veinte que tiraron, pero inexplicablemente no estaba protegido”, recuerda. Alberto de Paula, presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia en Ourense, cree que “no es la solución más acertada, pero hay que aceptarla porque la norma lo permite”. El arquitecto asegura que el problema reside directamente en los “desacertados” planes urbanísticos que han permitido el deterioro de la zona con grandes edificios.

 En su opinión, ahora hay que vigilar “cómo se materializa el encuentro entre la iglesia y el edificio, algo muy difícil”. A la salida de la misa de 12 del domingo, María cree que “hubiese sido mejor no construir nada y hacer una plazuela porque en el centro hay pocos parques”. A su lado, Pilar, asiente: “Somos vecinas y no nos gustan más edificios junto a los franciscanos porque pasas a su lado y casi ni se ve. Pisos sobran y lo que hace falta son jardines”.

El plan de urbanismo vigente en Ourense, un documento desfasado que fue aprobado en 1986 y que entró en vigor de rebote hace tres años tras ilegalizar el Tribunal Supremo el de 2003, impulsado por el PP, ampara este nuevo edificio.

 El planeamiento tumbado por los tribunales incluso contemplaba la posibilidad de devolver la iglesia a su emplazamiento original —fue trasladada en los años veinte del siglo pasado desde otra zona de la ciudad donde todavía permanece el convento que le da nombre— para completar así la codiciada y céntrica manzana urbana con dos modernos inmuebles más."            ( Pablo Taboada   ,  El País, Ourense 8 DIC 2014)

O ‘xeito’, arte tradicional de pesca coa que faenan 428 barcos galegos está condenado a desaparecer a partir do 1 de xaneiro por mor dunha proposta da UE

"José Antonio Ordóñez é mariñeiro e de Rianxo. “Dous motivos para encher o peito”, como dirían no Berberecho, A Confraría, Pachoco, O Taberneiro, ou calquera dos outros bares que inzan a zona máis próxima ao porto da vila de Castelao. José Antonio Ordóñez e centos de mariñeiros máis de Rianxo e outros portos galegos (Cabo de Cruz, A Illa,...) poderán quedar no peirao a partir do 1 de xaneiro de 2015, dentro de 3 meses.

 Son os mariñeiros que faenan ao ‘xeito’, arte tradicional de pesca para a que teñen licencia 428 barcos en Galiza, 116 deles en Rianxo, onde este aparello de enmalle é parte indisolúbel da economía e da identidade da vila. Desde o produto estrela do seu mar (a sardiña e a xouba do xeito, ) até as embarcacións tradicionais (a xeiteira) ou mesmo as cancións (‘Rianxo, pájaro pinto’).

 “Aquí ao xeito andouse toda a vida, na casa aínda teño as redes que fixera a miña aboa a man, de algodón e que había que secalas e encascalas” lembra Ordóñez, décadas de mar ás costas. A problemática xa chegou ao Congreso español da man dunha pregunta do Bloque Nacionalista Galego.

É o final do ‘xeito’, arte coa que se traballou aquí desde o século XIX polo menos?

É a primeira vez que nos vemos nunha destas, nunca na historia, nunca pasara algo así. Primeiro, prohíbennos pescar sardiña ao acabar a cota para o cerco o que nós, arte tradicional, nunca nos afectara. E, por riba, enterámonos que hai unha proposta unha Unión Europea para a partir do 1 de xaneiro de 2015 prohibir o enmalle, por ser unha arte de enmalle á deriva. 

Pero se non temos nada a ver, nada de nada coas volantas ou as chamadas ‘cortiñas da morte’!!. Nós non arrasamos o mar!!! Esta arte xa se traballaba aquí antes da chegada dos cataláns coas fábricas (finais do XIX). É a lei de Murphy do mariñeiro: se algo vai mal, pode ir aínda peor.

Pero non hai posibilidade de reverter iso?

Niso estamos. E que é incomprensíbel todo isto. Polo menos estamos a recibir apoios: de todos os partidos, de todos os sectores do mar, das confrarías... este mércores temos reunión coa conselleira do Mar e aí pensamos sacar algo, porque isto non pode ser. Barcos amarrados, xente sen traballar... e non ten ningún sentido!! Que collemos nós? Cada barco unhas caixas con sardiña e xouba, algún bocareu... antes aínda viñan tranchos mais agora nin tranchos hai.

E en Rianxo como se está a vivir o problema?

Había que darnos unha medalla á paciencia. O que estamos a aguantar aquí é fóra do común. Na vila hai preocupación, claro, moita. A xente quere unha implicación e un apoio porque estamos todos afectados... Espero que da xuntanza coa conselleira saia algo en limpo, senón haberá que pensar noutras cousas.

Que cousas?

Mira, eu quero crer que esa decisión de non nos deixar pescar sardiña e de nos prohibir andar ao ‘xeito’ a partir de xaneiro é por ignorancia, por non saber; e non por mala fé. Quero pensar iso. Porque se non....

Aquí a maioría dos xeiteiros traballamos nesta arte de abril a novembro, un sete meses ao ano. Imaxina que se acaba iso. Ti imaxina. Nunha zona onde non hai outra cousa que o mar. Imaxina, repítoche, que quitan iso. E agora, que?"     (Sermos Galiza, 01/09/2014)

Las obras de la Xunta en el castillo de Monterrei causan nuevos destrozos

Destrozo causado por el paso de los camiones en una de las puertas

"Los camiones que ejecutan las obras adjudicadas por Turismo a Dragados (a través de un procedimiento negociado sin publicidad) han vuelto a destrozar los recios muros de piedra que protegen el castillo de Monterrei.

 No es la primera ni la segunda vez que esto ocurre, según viene documentando con imágenes la Plataforma Cidadá en Defensa do Castelo, contraria a la polémica conversión del monumento en hotel que lleva a cabo la Xunta contra viento y marea. Algunos de estos daños han sido tan aparatosos que el colectivo denunció los hechos en el juzgado, lo mismo que hizo cuando descubrió una serie de objetos litúrgicos tirados en un vertedero próximo. 

Supuestamente, operarios encargados de las obras vaciaron de lo que consideraban trastos apolillados la rectoral, uno de los inmuebles afectados por el futuro complejo hotelero que, una vez rematado, será entregado por la Axencia de Turismo de Galicia a Paradores para su explotación.

Los trabajos avanzan tras la muralla, a espaldas de los vecinos e ignorando sus reclamaciones, con el objetivo de cumplir un plazo de ejecución de seis meses porque el deseo de la promotora sería inaugurar el conjunto durante las fiestas de Entroido, a las que no suele faltar Núñez Feijóo. Mientras tanto, el Consello da Cultura Galega ultima los trámites de un informe en el que hará pública su postura sobre la transformación de este Bien de Interés Cultural en hotel. 

Una portavoz oficial de la institución explicó ayer que el documento corre a cargo de la Sección de Patrimonio e Bens Culturais, que coordina el arquitecto Iago Seara, director general de Patrimonio en tiempos de Fraga. Actualmente, se encuentra en fase de alegaciones y más adelante será entregado a la comisión ejecutiva, que preside Ramón Villares. Fue la propia comisión la que decidió llevar a cabo el informe después de que lo reclamase a finales de mayo la plataforma vecinal que defiende el uso público y cultural de la acrópolis.

Los nuevos destrozos registrados por los defensores del castillo se produjeron hace unos días en la segunda puerta de acceso al recinto. Algún vehículo golpeó el muro secular y las piedras se precipitaron al suelo. Según los vecinos, la gran brecha, de la que llegaron a tomar fotografías, fue reparada rápidamente “con cemento”. Hay, además, “piedras sueltas y marcas de pintura de los camiones por todas partes”. 

 No obstante, la herida más grave le tocó sufrirla en primavera a la primera de las tres puertas que conducen hasta el corazón de la fortaleza, cuando las obras que llevaba a cabo la Xunta (también a cargo de Dragados) se llamaban simplemente de “rehabilitación y adecuación” (la nueva fase lleva un añadido: “para su acondicionamiento como Parador”). Personas que vigilan de cerca las tareas aseguran que también la grieta de la Torre del Homenaje se ha hecho más grande y más honda."               ( Silvia R. Pontevedra , El País, Santiago 23 SEP 2014)

Los trabajadores forestales denuncian la precarización del sector después de que la Xunta lo fragmentase para privatizarlo

"Galicia lideraba hasta hace dos años el ránking de la extinción de incendios forestales de España. Era la comunidad con mayor porcentaje de eficacia que se mide teniendo en cuenta el tiempo de control y de extinción de los fuegos.

 Hasta entonces había un mando único, pilotado desde la Xunta, que unificaba el servicio. La reciente fragmentación del sector en numerosos cuerpos dependientes de distintas Administraciones y entregado mediante subcontratas a diversas empresas coincide con la pérdida de esa primacía de la eficacia, además de con una merma considerable de los derechos laborales. 

“La anarquía es total, hay personal en distintas empresas que teniendo la misma cualificación y asumiendo el mismo nivel de riesgo tiene distinto salario; la precariedad es la norma”, sostiene un trabajador forestal que reclama anonimato.

Para protestar por sus condiciones laborales, el jueves pasado se encerraron en la base gallega de Laza, en Ourense, los trabajadores de las Brif (brigadas de refuerzo de incendios forestales) dependientes del Ministerio de Agricultura. Como lo hicieron también sus compañeros de las otras nueve bases repartidas por el territorio español y que gestiona la empresa pública Tragsa.

 Las Brif son un medio helitransportado que actúa en épocas de máximo riesgo de incendios pero que realiza también tareas de prevención. Ahora, por primera vez en los 23 años de vida de estas brigadas, los trabajadores se ven abocados al paro al menos y mes y medio al año por razones de contención de gasto. Y denuncian que Tragsa, beneficiaria de la adjudicación directa del ministerio, “no ha dado sin embargo un paso en nuestro beneficio”.  (...)

En este momento, los trabajadores están repartidos en una variopinta estructura encabezada por la Xunta. Los brigadistas de la Xunta (dependientes de la Consellería de Medio Rural y los únicos que acceden al empleo mediante oposición) son los mejor pagados. 

Un peón cobra 1.014 euros líquidos al mes, descontados trienios y pluses de riesgo. Incluidos todos estos conceptos, la nómina apenas supera los 1.250 euros mensuales; reciben 78,85 euros por cada uno de los pluses de peligrosidad, toxicidad y penalidad. 

En este caso, hay trabajadores fijos discontinuos que son contratados entre tres y nueve meses al año. Casi al mismo nivel de estos brigadistas, con ingresos levemente inferiores pero similares condiciones laborales, se encuentran los de la empresa pública Servicios Agrarios Galegos (Seaga). Su sueldo no alcanza los 1.200 euros.

Pero, además de los de las Brif, los peones de Seaga y de la Xunta no son los únicos equipos diferenciados que luchan contra los fuegos forestales. Recientemente se crearon los GES (Grupos de Emergencia Supramunicipal), que asumen la función de los antiguos Grumir. 

El gobierno autonómico ha apostado por este modelo de nueva factura —que no depende de Medio Rural, sino de Presidencia— “en lugar de fomentar, como hacen en el resto de España y de Europa, los consorcios de parques municipales o comarcales de bomberos como garantía de prevención de los incendios urbanos”, explica Xosé Santos, trabajador forestal y representante de los grupos ambientalistas en el Consello Forestal de la Xunta.

El coste de este servicio para las arcas municipales ha generado polémicas desde su puesta en funcionamiento: algunos alcaldes intentaron cobrar a sus vecinos una tarifa con recargo del 50% por cada intervención del GES. A estos grupos, que deben atender las emergencias de incendios urbanos y forestales y participar en acciones coordinadas con Protección Civil de la Xunta, Presidencia los ha dotado de nuevos vehículos “mientras que el parque móvil del servicio contraincendios [el de Medio Rural] no se renueva”, denuncian los trabajadores."                ( Cristina Huete , El País, Ourense 2 SEP 2014)

Angrois: "Un año después, lo que las víctimas quieren es saber la verdad. Aquello fue una chapuza"

"24 de julio de 2013. Pasan sólo seis segundos de las 20.41 de la tarde. Un Alvia S-730, con 13 vehículos, ocho de ellos de pasajeros, descarrila a una velocidad de 179 km por hora en un tramo que tiene una limitación de 80.

 En él viajan 227 personas y "un número indeterminado de menores de cuatro años", según el informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente de Fomento, publicado hace un mes. Diez segundos más tarde, todo había acabado.

Se hizo entonces "un silencio sepulcral, horrible", según cuenta hoy una de las víctimas. Un silencio que se cobró 80 vidas. Secuelas, a cerca de un millar, si se contabiliza a los familiares directos. Se cumple esta semana un año de aquel drama. Y las víctimas lo viven con tristeza, dolor y enfado. Algunos, como comenta uno de ellos, "querrían acostarse el día 23 y no levantarse hasta el 25". 

Otros van a estar el próximo jueves 24, desde las 7 de la tarde, en Angrois. Allí van a celebrar su homenaje a las víctimas, en un día que quieren que sea de respeto y de silencio, según explica Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. "Un año después, lo que la gente quiere es saber la verdad", sostiene. Lo quieren, lo piden, con algo que sobrepasa en muchos casos la indignación. 

"Cuanto más sabes del asunto es peor", resume Domínguez, que viajaba en ese Alvia con su mujer y dos sobrinas. Ellos son afortunados, sostiene, porque salieron vivos, aunque aún están pendientes de operaciones y rehabilitación. "Hasta el fiscal y los abogados nos han dicho que menos mal que no estamos en el juzgado para escuchar todo lo que allí se dice, porque se ve la chapuza que hicieron", señala.

Las palabras de este hombre describen un despropósito tras otro. Algunos conocidos -como el cambio del proyecto original del trazado y el adelanto de su inauguración, bajo el mandato de Pepe Blanco, o el hecho de que un jefe de maquinistas informara ya en 2011 de la peligrosidad de la curva de Angrois-, y otros no tanto: "Los expertos denominan a ese tren 'Frankenstein': se trata de un Talgo al que, al ir por vía electrificada y no electrificada, le pusieron dos vagones con gasoil, uno detrás de cada cabecera, que pesan 40 toneladas.

 Sin esos vagones, la cabeza no hubiera descarrilado. Personas de Renfe y Adif que no se atreven a hablar en público nos han dicho que no estaba homologado. Tienen el certificado, pero parece que algún ingeniero firmó 'en barbecho', es decir, sin que estuvieran aportadas todas las pruebas de seguridad, por ejemplo, las de la compatibilidad del sistema ERTMS con la vía.

 El tren hay que homologarlo en su conjunto, no sirve el certificado de las partes, y al de Santiago se le había hecho una modificación que según la legislación europea debería haber llevado a que volviera a pasar la homologación".

La asociación que preside Domínguez habló con el fiscal en mayo para pedirle que investigara este punto. En agosto, prevén hacer lo mismo con el nuevo juez instructor que sustituirá a Luis Aláez, Antonio Lago. Todas las personas con las que ha hablado El Confidencial alaban la labor de uno y muestran confianza en la del otro, que tiene por delante la lectura de 50.000 páginas, más de 45 tomos. 

El cambio, sin embargo, "retrasará aún más el proceso. Y no queremos que en esto pase como con el Prestige: en 10 años, dónde estarán José Blanco y Ana Pastor", como relata Domínguez.

Minutos antes del descarrilamiento, una mujer hablaba desde el Alvia por teléfono con su hija, en Madrid. "Vamos a cortar, que entramos en el túnel. En seguida llegamos a Santiago". Después, el silencio. Hoy, su hermano, Óscar Nicolás, habla de 81 víctimas, no 80, porque asegura que todos los informes médicos sobre su cuñado, que estaba también en aquel tren, señalan que su muerte se deriva de lo que allí ocurrió. Un año después, ha abierto una petición en Change.org para reclamar una Comisión Parlamentaria de Investigación por el accidente, algo que reclama también la Plataforma de Víctimas y que ha sido rechazado repetidamente por el Congreso. 

"Allí hubo una falta terrible de negligencia, y deben investigarse las responsabilidades políticas. Porque el comercio, el querer vender 'trenecitos', se sobrepuso a la seguridad y a las vidas de 81 personas", señala.

Nicolás incide también, como Domínguez, en la actuación de la Administración. "Es evidente la falta de colaboración de Fomento con el juicio. Se ha retrasado la entrega de documentos.

 La comisión que ha investigado el accidente depende del Ministerio, cuando no se puede ser juez y parte. El Fiscal se ha opuesto a la imputación del personal de Adif hecha por el juez (actualmente, se delibera sobre su recurso). ¿Y si no se les imputa a ellos, a quién vamos a imputar? ¿Al que vendió los billetes? ¿Al que llamó al maquinista? ¿O a los que siguieron a los helicópteros para llegar al lugar del accidente y levantaban mantas en busca de sus familiares? 

Desimputarlos supondría que el Estado está en contra de las víctimas". La tragedia del Alvia dejó a dos hijos sin padres, a dos nietos sin abuelos y a Nicolás, desde ese día, levantándose cada mañana para leer las noticias y "luchar para que se conozca la verdad".   

Domínguez habla del maquinista del tren, Francisco José Garzón, como el "último eslabón de una cadena. Aún estamos en la fase de instrucción. Hay que investigar y no sólo culpar al maquinista, como pretendieron Fomento, Adif y Renfe desde el primer momento". 

Su asociación denunciará al Gobierno de España en otoño ante la UE y no va a acudir a la recogida de la medalla que la Xunta destina a los vecinos de Angrois, los profesionales que colaboraron en la ayuda y las propias víctimas: "Primero, porque las víctimas no tenemos mérito, y nos parece una instrumentalización del dolor. 

Nos niegan una comisión, no colaboran con la justicia y encima nos quieren dar una medalla". La concesión, según confirmaban el viernes fuentes de Presidencia de la Xunta a este periódico, se hará el día 25 (como tradicionalmente) y no el 24, como se pretendía en un principio, algo que soliviantó a buena parte de las víctimas. "Es un día de mucho dolor. Queremos silencio y respeto", recalca Domínguez.

Cristóbal González, presidente de la otra gran asociación de víctimas, Apafas, sí estará en esa entrega, puesto que lo considera un "deseo de los gallegos de recordar y homenajear a las víctimas. Aunque entiendo otras posturas, creo que no ir sería una falta de respeto. No hay que tomarlo como que tenga un cariz político". Hace un año, decidió coger un tren, ese tren, para finalizar el Camino de Santiago. 

No llegó: quedó herido en Angrois, con varias costillas rotas, con heridas, y ha sufrido problemas neurológicos. Hoy hace ese mismo Camino, y el 24 cogerá el mismo tren, en un nuevo intento de aceptar lo que ocurrió. "Anímicamente no me he recuperado. Con el tiempo es peor. Vas recordando, vas teniendo sentimientos acerca de lo que ocurrió. Cada noche, es como si el sueño me invitara a montarme en ese tren". 

González repite las palabras que en su día le dijo el juez: "Confianza, confianza, confianza". Cree que se sabrá finalmente gran parte de la verdad, si no toda. Espera, también, que la fase indemnizatoria "no vuelva a ser otro drama". "Respecto a los fallecidos, el Seguro Obligatorio de Viajeros (que el Gobierno ha anunciado que se duplicará hasta los 72.000 euros por fallecimiento) creo que se ha pagado a todo el mundo.

A la gente se le está cubriendo rehabilitaciones y traslados con más o menos dificultades", relata Domínguez. En cuanto al Seguro de Responsabilidad Civil, las indemnizaciones, habrá que esperar al final del jucio. Mientras, las víctimas aseguran que seguirán luchando para que se conozca la verdad y para que un accidente que consideran que podría haberse evitado no vuelva a suceder."                (El Confidencial, 19/07/2014)

Angrois: "Un año después, lo que las víctimas quieren es saber la verdad. Aquello fue una chapuza"

"24 de julio de 2013. Pasan sólo seis segundos de las 20.41 de la tarde. Un Alvia S-730, con 13 vehículos, ocho de ellos de pasajeros, descarrila a una velocidad de 179 km por hora en un tramo que tiene una limitación de 80.

 En él viajan 227 personas y "un número indeterminado de menores de cuatro años", según el informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente de Fomento, publicado hace un mes. Diez segundos más tarde, todo había acabado.

Se hizo entonces "un silencio sepulcral, horrible", según cuenta hoy una de las víctimas. Un silencio que se cobró 80 vidas. Secuelas, a cerca de un millar, si se contabiliza a los familiares directos. Se cumple esta semana un año de aquel drama. Y las víctimas lo viven con tristeza, dolor y enfado. Algunos, como comenta uno de ellos, "querrían acostarse el día 23 y no levantarse hasta el 25". 

Otros van a estar el próximo jueves 24, desde las 7 de la tarde, en Angrois. Allí van a celebrar su homenaje a las víctimas, en un día que quieren que sea de respeto y de silencio, según explica Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. "Un año después, lo que la gente quiere es saber la verdad", sostiene. Lo quieren, lo piden, con algo que sobrepasa en muchos casos la indignación. 

"Cuanto más sabes del asunto es peor", resume Domínguez, que viajaba en ese Alvia con su mujer y dos sobrinas. Ellos son afortunados, sostiene, porque salieron vivos, aunque aún están pendientes de operaciones y rehabilitación. "Hasta el fiscal y los abogados nos han dicho que menos mal que no estamos en el juzgado para escuchar todo lo que allí se dice, porque se ve la chapuza que hicieron", señala.

Las palabras de este hombre describen un despropósito tras otro. Algunos conocidos -como el cambio del proyecto original del trazado y el adelanto de su inauguración, bajo el mandato de Pepe Blanco, o el hecho de que un jefe de maquinistas informara ya en 2011 de la peligrosidad de la curva de Angrois-, y otros no tanto: "Los expertos denominan a ese tren 'Frankenstein': se trata de un Talgo al que, al ir por vía electrificada y no electrificada, le pusieron dos vagones con gasoil, uno detrás de cada cabecera, que pesan 40 toneladas.

 Sin esos vagones, la cabeza no hubiera descarrilado. Personas de Renfe y Adif que no se atreven a hablar en público nos han dicho que no estaba homologado. Tienen el certificado, pero parece que algún ingeniero firmó 'en barbecho', es decir, sin que estuvieran aportadas todas las pruebas de seguridad, por ejemplo, las de la compatibilidad del sistema ERTMS con la vía.

 El tren hay que homologarlo en su conjunto, no sirve el certificado de las partes, y al de Santiago se le había hecho una modificación que según la legislación europea debería haber llevado a que volviera a pasar la homologación".

La asociación que preside Domínguez habló con el fiscal en mayo para pedirle que investigara este punto. En agosto, prevén hacer lo mismo con el nuevo juez instructor que sustituirá a Luis Aláez, Antonio Lago. Todas las personas con las que ha hablado El Confidencial alaban la labor de uno y muestran confianza en la del otro, que tiene por delante la lectura de 50.000 páginas, más de 45 tomos. 

El cambio, sin embargo, "retrasará aún más el proceso. Y no queremos que en esto pase como con el Prestige: en 10 años, dónde estarán José Blanco y Ana Pastor", como relata Domínguez.

Minutos antes del descarrilamiento, una mujer hablaba desde el Alvia por teléfono con su hija, en Madrid. "Vamos a cortar, que entramos en el túnel. En seguida llegamos a Santiago". Después, el silencio. Hoy, su hermano, Óscar Nicolás, habla de 81 víctimas, no 80, porque asegura que todos los informes médicos sobre su cuñado, que estaba también en aquel tren, señalan que su muerte se deriva de lo que allí ocurrió. Un año después, ha abierto una petición en Change.org para reclamar una Comisión Parlamentaria de Investigación por el accidente, algo que reclama también la Plataforma de Víctimas y que ha sido rechazado repetidamente por el Congreso. 

"Allí hubo una falta terrible de negligencia, y deben investigarse las responsabilidades políticas. Porque el comercio, el querer vender 'trenecitos', se sobrepuso a la seguridad y a las vidas de 81 personas", señala.

Nicolás incide también, como Domínguez, en la actuación de la Administración. "Es evidente la falta de colaboración de Fomento con el juicio. Se ha retrasado la entrega de documentos.

 La comisión que ha investigado el accidente depende del Ministerio, cuando no se puede ser juez y parte. El Fiscal se ha opuesto a la imputación del personal de Adif hecha por el juez (actualmente, se delibera sobre su recurso). ¿Y si no se les imputa a ellos, a quién vamos a imputar? ¿Al que vendió los billetes? ¿Al que llamó al maquinista? ¿O a los que siguieron a los helicópteros para llegar al lugar del accidente y levantaban mantas en busca de sus familiares? 

Desimputarlos supondría que el Estado está en contra de las víctimas". La tragedia del Alvia dejó a dos hijos sin padres, a dos nietos sin abuelos y a Nicolás, desde ese día, levantándose cada mañana para leer las noticias y "luchar para que se conozca la verdad".   

Domínguez habla del maquinista del tren, Francisco José Garzón, como el "último eslabón de una cadena. Aún estamos en la fase de instrucción. Hay que investigar y no sólo culpar al maquinista, como pretendieron Fomento, Adif y Renfe desde el primer momento". 

Su asociación denunciará al Gobierno de España en otoño ante la UE y no va a acudir a la recogida de la medalla que la Xunta destina a los vecinos de Angrois, los profesionales que colaboraron en la ayuda y las propias víctimas: "Primero, porque las víctimas no tenemos mérito, y nos parece una instrumentalización del dolor. 

Nos niegan una comisión, no colaboran con la justicia y encima nos quieren dar una medalla". La concesión, según confirmaban el viernes fuentes de Presidencia de la Xunta a este periódico, se hará el día 25 (como tradicionalmente) y no el 24, como se pretendía en un principio, algo que soliviantó a buena parte de las víctimas. "Es un día de mucho dolor. Queremos silencio y respeto", recalca Domínguez.

Cristóbal González, presidente de la otra gran asociación de víctimas, Apafas, sí estará en esa entrega, puesto que lo considera un "deseo de los gallegos de recordar y homenajear a las víctimas. Aunque entiendo otras posturas, creo que no ir sería una falta de respeto. No hay que tomarlo como que tenga un cariz político". Hace un año, decidió coger un tren, ese tren, para finalizar el Camino de Santiago. 

No llegó: quedó herido en Angrois, con varias costillas rotas, con heridas, y ha sufrido problemas neurológicos. Hoy hace ese mismo Camino, y el 24 cogerá el mismo tren, en un nuevo intento de aceptar lo que ocurrió. "Anímicamente no me he recuperado. Con el tiempo es peor. Vas recordando, vas teniendo sentimientos acerca de lo que ocurrió. Cada noche, es como si el sueño me invitara a montarme en ese tren". 

González repite las palabras que en su día le dijo el juez: "Confianza, confianza, confianza". Cree que se sabrá finalmente gran parte de la verdad, si no toda. Espera, también, que la fase indemnizatoria "no vuelva a ser otro drama". "Respecto a los fallecidos, el Seguro Obligatorio de Viajeros (que el Gobierno ha anunciado que se duplicará hasta los 72.000 euros por fallecimiento) creo que se ha pagado a todo el mundo.

A la gente se le está cubriendo rehabilitaciones y traslados con más o menos dificultades", relata Domínguez. En cuanto al Seguro de Responsabilidad Civil, las indemnizaciones, habrá que esperar al final del jucio. Mientras, las víctimas aseguran que seguirán luchando para que se conozca la verdad y para que un accidente que consideran que podría haberse evitado no vuelva a suceder."                (El Confidencial, 19/07/2014)