La embajada española en Venezuela destinó dólares del mercado negro para pagar favores electorales al PP en 2015 y 2016... el agujero de 300.000 euros desaparrecidos de las ayudas de emergencia a españoles en aquel país fue tapado con los fondos de una fundación pública, operación diseñada por altos cargos de la Xunta de Feijoó

"Un alto cargo de la Xunta de Galicia nombrado por Alberto Núñez Feijóo ha trazado un plan en Venezuela para que una fundación pública cubra con fondos propios el agujero de 300.000 euros detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión de las ayudas de emergencia a españoles en aquel país durante 2015 y 2016, dos años electorales.

El secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, un dirigente próximo a Feijóo, formuló esa propuesta en diciembre pasado durante una reunión en la embajada española a la que acudieron el embajador, Jesús Silva, y el cónsul general, Juan José Buitrago, según ha podido comprobar eldiario.es.

Todos los presentes en aquella cita son miembros del consejo de administración de la Fundación España Salud (FES), que tiene como objeto "prestar atención sanitaria, médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles". Se trata de una fundación pública cuyo presidente ejecutivo es el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, después de una reforma de sus estatutos promovida por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, con el que el diplomático tiene muy buena relación.

La investigación del Tribunal de Cuentas activó en diciembre pasado a altos cargos y dirigentes cercanos al PP gallego para tratar de controlar las consecuencias del escándalo. Las fuentes consultadas sostienen que la voz de alarma la dio Aurelio Miras Portugal, un histórico dirigente del PP gallego que ejerció de Consejero de Emigración en los Gobiernos de Fraga y luego dio el salto al Gobierno de Rajoy. 

Este político, probablemente el que mejor conoce la comunidad gallega en el exterior, con la que lleva tratando más de dos décadas y organizando polémicos actos institucionales con dinero público en vísperas de las campañas, alertó a la Xunta de la conveniencia de solventar el asunto sin hacer mucho ruido. Según las mismas fuentes, la dirección del Gobierno gallego dio instrucciones a Rodríguez Miranda para que tratase de solucionar una crisis que apunta a un compañero de partido. 

Según los informes en poder del embajador Silva y del Ministerio de Trabajo, de quien depende la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la embajada, fue el anterior responsable de este organismo durante los años 2015 y 2016, Juan de San Genero Santana, un dirigente del PP, quien gestionó la adquisición en el mercado negro de una cantidad indeterminada de dólares, producto de cambiar unos 300.000 euros, teóricamente destinados a ayudas de emergencia social para casos de extrema gravedad. Según figura en el informe del Tribunal de Cuentas, el importe correspondiente al cambio oficial en aquellos años (6,40 bolívares por dólar) fue entregado a la fundación para que se invirtiera en acciones sociosanitarias, pero el diferencial obtenido mediante el cambio en el mercado negro, que podría alcanzar hasta 40 veces más, se destinó al pago de actividades de marcado carácter electoralista. El dinero acabó dedicado al pago de reparaciones en sedes sociales de hermandades y hogares regionales, en reponer vallas de seguridad y hasta en la pintura de la carpintería exterior, y la cobertura de peticiones de diversa índole ajenas a las funciones propias de los organismos sociales adscritos a la embajada.

Todo quedó reflejado en un informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo redactado a raíz de que el último secretario de la consejería, José Manuel Gómez de Aranda, emitiera una denuncia al verse también involucrado en los repartos que hizo su titular hasta octubre de 2016, Juan de San Genaro Santana, antes de jubilarse. A partir de esos informes, el Tribunal de Cuentas abrió en 2018 su investigación y concluyó en noviembre de 2019 con un acta de liquidación que reflejaba la existencia de "hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad patrimonial".

"Yo soy responsable de mis actos"

El principal encausado en ese expediente es quien fuera consejero de Trabajo y Seguridad Social de la embajada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Juan de San Genaro Santana Reyes, un ex legionario, dirigente del PP en la isla de Fuerteventura, que llegó a diputado regional. Santana guarda silencio desde su residencia familiar de Fuerteventura. "En estos momentos me debo a los tribunales de justicia, que han de valorar mis actuaciones. Yo soy responsable de mis actos, y por ellos espero que sea por lo que se me juzgue", ha respondido a este periódico.

Hasta el momento se desconoce de modo oficial si alguien ha reintegrado al tesoro público esas cantidades reclamadas. Lo único confirmado es que no lo ha hecho la Fundación España Salud pese a los intentos del Partido Popular por que así fuera.

Una fuente oficial de la Secretaría de Emigración de la Xunta ha confirmado a este periódico que la reunión de diciembre pasado entre su titular, Rodríguez Miranda, el embajador y el cónsul general, efectivamente se produjo, pero negó que fuera convocada para abordar la búsqueda de una solución que evite que Juan de San Genaro Santana tenga que desembolsar esos 300.000 euros que le reclama el órgano fiscalizador. Una segunda fuente conocedora del encuentro sostiene que ese fue el motivo de la cita.

Durante esa reunión, el cónsul general, Juan José Buitrago, se mostró en completo desacuerdo con la fórmula escogida para devolver los fondos, mientras que el embajador no se manifestó abiertamente en contra. Pero ninguno de los miembros de la directiva de la fundación al tanto de esta operación la ha planteado a día de hoy a sus órganos para que se aborde en la próxima reunión prevista para la que todavía no hay fecha.

Otros integrantes de las FES conocedores de ese plan para tapar el agujero de 300.000 euros se han manifestado contrarios siquiera a su planteamiento y así lo han trasladado a la embajada, que mantiene congelada cualquier decisión. La oficina de comunicación de la legación diplomática española remite, cuando este medio pregunta por el asunto, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que tampoco ha contestado a eldiario.es.

Ha sido el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia el que se ha mostrado más proclive a una solución que evite a Santana, ex consejero y compañero de partido, el trago de responder en solitario por la sanción del Tribunal de Cuentas, según fuentes oficiosas de la embajada de España en Venezuela.

La Fundación España Salud tiene en su consejo de administración una mayoría de cargos orgánicos del PP en la diáspora, algunos de ellos en calidad de presidentes de hermandades, hogares y centros provinciales. También integran ese consejo el agregado comercial, el consejero de Trabajo y Seguridad Social de la embajada, el secretario de este órgano y el cónsul general.

La comunidad gallega en Venezuela fue la que más se movilizó en las elecciones generales de 2015 y 2016. Según datos oficiales, registró una participación por encima de la media, que superó incluso la de la colonia canaria, la más numerosa en el país.

Antonio Rodríguez Miranda (A Bola, Ourense, 1967) es un destacado dirigente del Gobierno gallego, desde hace al menos una década integrante del núcleo cercano al presidente Feijóo en el PP de esa comunidad. A él, antiguo candidato sin éxito del partido en la villa de Allariz, feudo histórico del BNG, recurrió el líder popular a principios de la década para actuar de contrapeso del aparato frente a la todopoderosa familia Baltar, en Ourense, sus únicos rivales internos en el PP gallego. A partir de ahí se ganó el puesto de número tres de la formación como portavoz del partido. Pero su carrera política se vio empañada de repente en 2010 también por un problema económico: el cobro presuntamente indebido de 26.000 euros en dietas de desplazamientos entre Ourense y Santiago que, en realidad, hacía en el coche oficial del entonces vicepresidente del Parlamento autonómico, José Manuel Baltar, cuando aún no se había roto la relación.

Tras su caída en desgracia, Miranda anunció la devolución "íntegra" de las dietas y el PP lo mantuvo un tiempo apartado de la primera línea institucional hasta que en diciembre de 2012 fue designado secretario general de Emigraciones de la Xunta. En 2015 volvió a verse envuelto en otro asunto de gran repercusión mediática, el de la presunta caja B del PP de Ourense que dio por acreditada la investigación de la Operación Pokémon."                        (Carlos sousa, David Lombao, eldiario.es, 20/02/20)

Adeus aos pagos en negro nas orquestras?

 Cantantes da Orquesta Panorama | Fonte: orquestas5c.blogspot.com

"O das orquestras de verbena é un dos maiores subsectores da industria cultural do país. Con todo, até hoxe as relacións laborais nel estaban completamente desrreguladas.

Isto facilitaba o abuso a través da figura dos falsos autónomos e pagamentos en negro masivos, como o polo que está a ser investigado Espectáculos Lito, o que era o principal operador no país.

 No sector aplicábase, cando se aplicaba, o convenio de sala de festas estatal, de peores condicións e evidentemente non acaído a realidade moi estacional da economía das romerías.

A situación pode mellorar agora porque, tras tres meses de negociacións, os sindicatos CIG, CCOO, UGT e CSIF veñen de presentar en rolda de prensa o articulado definitivo do “I Convenio Colectivo do Sector de Orquestras de Verbena de Galicia”. Segundo datos facilitados por Comisións Obreiras, o asinado afectará directamente a uns 4.500 traballadores dunhas 300 orquestras galegas.

Os sindicatos asegura que se trata de todo un “fito” que non estivo exento de dificultades e ameazas que mesmo puideron fanar as negociacións. Un dos primeiros retos foi o de conseguir que a patronal se organizase para poder establecer as mesas de negociación.

 Así, antes do verán pasado, vían a luz AGO e ASEVEGA, entidade esta última que se desmarcou na penúltima xuntanza. A CIG acúsaa de”ter intentado rebentar o proceso, dedicándose a asinar diferentes convenios de empresa de xeito simultáneo”. “O seu representante acordaba convenios en precario con salarios de 30 euros ao día en empresas nas que se manipularon eleccións sindicais”, denunciaron.

Segundo Pedro Pérez, secretario de negociación colectiva da CIG-Servizos, no sector prima “que cada empresario actúe como lle vén en gana sen ter en conta os dereitos dos traballadores/as”. Alén disto, séntanse as bases para que as orquestras materialicen o requisito de se constituíren como empresa, algo que “contribúe a regularizar o sector”, segundo o sindicalista.

O convenio regula os ámbitos, organización do traballo, clasificación de persoal, tempo de traballo, estrutura retributiva, réxime disciplinario, dereitos sindicais e saúde laboral.

No tocante ás retribucións, establécense diferentes táboas dada a realidade da existencia de pequenas, medianas e grandes orquestras, en función da súa facturación anual. Estarán obrigadas a entregar as contas á comisión paritaria para poderen clasificarse na súa correspondente táboa.

Distínguese, asemade, entre temporada alta, do 1 de maio até o 31 de outubro, e temporada baixa, o resto do ano. Así mesmo, regúlase tanto o tempo de traballo como a xornada ordinaria, cunha xornada máxima anual de 1.680 horas, distribuídas en 36 horas semanais.

Tense en conta, tamén, unha maior cobertura de incapacidades temporais dada a realidade e especificidade do sector (viaxes, pernoctacións…) así como dos riscos laborais ao estaren traballando sobre escenarios ou plataformas elevadas.

Raimundo Méndez, de UXT, valorou que, ao partir de cero, o convenio colectivo asinado o pasado luns regula cuestións como a xornada laboral (que pasa a ser de 1.680 horas anuais), os descansos (que antes non se contemplaban), as enfermidades (cunha cobertura do 85% durante os primeiros 20 días e do 100% a partir de aí) e as coñecidas como 'sesión vermú', que antes nin se pagaban.

As empresas tamén terán a obrigación de computar os ensaios como xornada laboral, algo que ata o momento non se facía, ante a indignación da parte social; e os profesionais cotizarán "como un traballador máis", de modo que verán factible o acceso ás prestacións sociais.

Enrique Pérez, de CSIF, reivindicou que, aínda que a negociación foi "difícil", chegou a "bo porto", e agora, no suposto de verse na necesidade, un traballador poderá acudir aos xulgados para demandar os seus dereitos.

Mentres, Pablo Morán, músico de profesión, tivo palabras de recordo para Benedicto García, cantante, profesor e sindicalista que estivo vinculado ás colectivo Voces Ceibes, e para Anxo García 'Gelo', actual alcalde de Oleiros (A Coruña), pola súa pioneira tarefa neste campo."           (Galicia Confidencial, 18/11/16)

Importantes empresarios de Lugo detidos na Operación Miño

 "Golpe al fraude a la Seguridad Social... y a la desfachatez. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han detenido en los últimos días a quince personas como presuntos responsables del fraude de cerca de 4 millones de euros a la Tesorería General de la SS cometidos por nueve empresas, todas ellas de la provincia de Lugo. 

Entre los arrestados en la bautizada como 'Operación Miño' se encuentran conocidos empresarios gallegos a los que las deudas que acumulaban con el erario público no les impedía mantener un alto nivel de vida. Se les acusa de ocho delitos de fraude, siete de frustración de ejecución, un delito societario, uno de falsificación documental y otro de organización criminal.

El propietario de Gruas y Transportes Vidal se movía en un Porsche y vivía en un chalé con piscina climatizada pese a su millonaria deuda con la Seguridad Social

En concreto, los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF han actuado contra los propietarios de Comercial Trasfobe SA, Carlanga Ibérica SLU, Arguci Group SL, Nergo Interiorismo SLU, Construcciones Norsaviñao SL, Parques e Inmobiliario Urbano de Galicia SL y EME Lugo DB. 

De todas ellas, destaca el caso de las tres primeras, tanto por la cuantía de lo defraudado como por su relevancia empresarial. De hecho, entre los detenidos está José Manuel V.A., propietario de Comercial Trasfobe SA, dedicada al alquiler de vehículos pesados bajo el nombre comercial de Gruas y Transporte Vidal, con implantación en todo el territorio nacional.

Este empresario está acusado de defraudar las arcas públicas cerca de 1,9 millones de euros. Todo ello mientras él y su familia -entre ellos su hermano Ramón Vicente V.A., también detenido en la 'Operación Miño'- mantenían un alto nivel de vida que incluía un vehículo Mercedes de alta gama, un Porsche Carrera 911, un piso de lujo en pleno centro histórico de la ciudad gallega, un chalé con piscina climatizada y caros colegios para sus hijos en Suiza. 

Cadena de peluquerías

Otra de las relevantes empresas investigadas es Carlanca Ibérica SLU, propiedad del matrimonio formado por Susana L.V. y Alejandro JavierS.F., este último hermano de una antigua alto cargo de la Xunta en la etapa de Gobierno de PSOE y BNG. 

Según las investigaciones policiales, Carlanca es la última de una larga cadena de sociedades a través de las cuales el pareja dirige una importante cadena de peluquerías con franquicias presente en prácticamente todas las ciudades gallegas, Monet Peluqueros. En este caso, la investigación la responsabiliza de un supuesto fraude a la Seguridad Social de 728.908 euros.

Uno de los detenidos, Ángel López, había sido el presidente de una asociación de empresarios y propietario de una conocida firma de carpintería metálica

La tercera empresa por el fraude causado es Arguci Group, a la que se la responsabiliza de un agujero de 461.156 euros en la caja de la Seguridad Social. Esta empresa, poco conocida, esconde detrás un entramado empresarial compuesto por más de 15 compañías, entre las que se encuentran Arpatec State SLU, Estructuras Envolvente SL, Argali Sistemas SL y Carguvi SL, todas ellas vinculadas directamente con el nombre comercial Allplas, dedicada a comercializar carpintería metálica en Galicia, Canarias y Marruecos.

Su administrador y socio hasta abril de 2016, Ángel L.L., se encuentra entre los detenidos, junto a su esposa y su hermana. La UDEF acusa a este industrial, quien también ocupó el cargo de presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono del Ceao de Lugo, también de un delito de alzamiento de bienes, ya que la investigación ha comprobado que realizaba movimientos de bienes, como coches e inmuebles, cuando se iban a producir los embargos de la Seguridad Social. 

El 'modus operandi'

La mecánica utilizada por la mayoría de las empresas investigadas para defraudar era muy similar. Sabedores de los largos plazos de actuación de la Administración en este tipo de fraudes, los propietarios no realizaban ningún pago a la Seguridad Social por sus trabajadores incluso desde la misma creación de la sociedad. 

Cuando la maquinaria de la Tesorería General se ponía finalmente en marcha y les remitían los correspondientes procedimientos de apremio, en muchas ocasiones solicitaban el aplazamiento del pago de la deuda con el supuesto fin de dilatar aún más los plazos y, así, evitar la ejecución de los embargos.

La sensación de impunidad hizo que algunos detenidos mantuvieran como domicilio social de las empresas que creaban la de la mercantil que acumulaba la deuda con la SS

Cuando veían que finalmente éstos eran inevitables, presuntamente creaban nuevas sociedades con el único fin de diluir las responsabilidad y dificultar las actuaciones de la Seguridad Social. Además, dejaban a los trabajadores dados de alta en la empresa deudora, lo que aumentaba aún más su 'agujero' con la Seguridad, mientras los bienes de la compañía eran traspasados a una mercantil 'limpia' con el fin de evitar los embargos. 

La actividad, los clientes y los proveedores también eran 'transferidos' a la nueva empresa para continuar con el negocio.

La compleja investigación de los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF ha permitido ahora reconstruir estas 'sucesiones' de empresas, que en algunos casos los ahora detenidos realizaban con una auténtica sensación de impunidad como lo demuestra el hecho de que incluso hacían que la nueva mercantil tuviera el mismo domicilio social que la empresa deuda tras elaborar falsos contratos de arrendamiento. 

En muchas ocasiones, los ahora detenidos interponían testaferros para impedir, precisamente, que se produjeran los embargos. Las pesquisas de la Policía han permitido ahora no sólo destapar un fraude de 3.850.000 euros sino también localizar numerosos bienes que estos empresarios ocultaban y que les permitía mantener un alto nivel de vida pese a sus deudas millonarias."               (Oscar López Fonseca, Vox Populi, 26/10/16)

"Un grupo de 15 empresarios galegos e familiares seus foron detidos este martes pola UDEF na Operación Miño. 

A Policía acúsaos dun fraude masivo á Tesorería da Seguridade Social. En total, 3,85 millóns defraudados presuntamente por nove empresas, todas da provincia de Lugo (do polígono do Ceao, Rábade e O Saviñao).

Malia a gravidade dos supostos delitos, por exemplo o de organización criminal, e o volume defraudado, a prensa galega evitou até o de agora revelar o nome das empresas investigadas.

 Con todo, segundo relata Óscar López en Voz Pópuli, algunhas delas son Comercial Trasfobe SA, Carlanga Ibérica SLU, Arguci Group SL, Nergo Interiorismo SLU, Construcciones Norsaviñao SL, Parques e Inmobiliario Urbano de Galicia SL y EME Lugo DB. Nomes que en principio non son moi coñecidos pero que teñen detrás a marcas ben relevantes na provincia.

Ao fronte de Arguci Group está un dos empresarios máis importantes do país no sector da carpintería metálica e influínte na patronal de Lugo. De feito, Á. L.L. durante anos foi un dos máximos responsábeis da Asociación de Empresarios do Polígono de O Ceao, q. É o administrador dun verdadeiro conglemerado de empresas, entre os que están LEA CENTRO DE NEGOCIOS SL, ARGUCI GROUP SL, GLOBAL CONSORTIUM TRADE SL, SISTEMAS DE VENTANAS EFICIENTES SL , FINESTRALIA CATALUNYA SL, ALLPLAS TRADER SL, ESTRUCTURAS ENVOLVENTES SL ,CARGUVI SL , AUTENTICA OFERTA PROYECT SL , LUCUS SERVICES XXI SL e ARCOVEN SISTEMAS SLue factura varios millóns ao ano.

 Allplas, cunha relevante presenza internacional, foi colaboradora en varias ocasións do programa de axudas para a renovación de ventás da Xunta e a Asociación de Empresarios participa en programas de emprendemento organizados pola Consellería de Cultura.

Segundo as citadas fontes, o principal presunto deufradador é Comercial Trasfobe 99 SA, con case 2 millóns escamoteados ao fisco. Ao fronte desta compañía están dous irmáns,  R. V. e J.M. V.A. Ademais de Trasfobe, os irmáns teñen en común cargos directivos en GRUAS Y TALLERES VIDAL SA, ALQMAQ SA, GRUAS Y TRANSPORTES VIDAL SA, PROMOCIONES CIUDAD DE VIVERO 13-15 SL e HYDRA-CONS SA.  

Antes das detencións desta semana, estas empresarios xa tiveran problemas con facenda. No Boletín Oficial da Provincia de Lugo figura un anuncio dun embargo en 2015 dunha vivenda de Promociones Ciudad de Vivero situada na rúa Cedrón. Por outra parte, Grúas Vidal, unha das empresas de grandes guindastres máis potentes de Galicia, foi obxecto dun conflito laboral por impago a traballadores despedidos. Vidal traballa a miúdo nos peiraos de Alcoa en San Cibrao e de Repsol na Coruña.

Facenda reclama a Carlanca Ibérica máis de 720.000 €. Como administradora única desta sociedade aparece S.L.V. , que até este ano foi tamén administradora de Inversiones Andruxi. Carlanca Ibérica está adicada a peluquería e tratamentos de beleza. 

A súa administradora, segundo Voz Populi, está casado con A.J.S.F., propietario doutra empresa, Monet 2000 SL, que a súa vez é dono da marca da cadea de peiteados “M MONET PELUQUERIAS”, que ten salóns en Lugo, A Coruña e Vigo.

Facenda acusa a esta empresas de defraudar con enganos as cotas de cotización da Seguridade Social dos seus traballadores. Ao non pagalas, a burocracia do fisco comezaba os apremios, pero atopábase con sucesivas solicitudes de aprazamento. Esgotados os prazos, cando a Administración ía proceder ao embargo, descubría que as sociedades morosas carecían de bens salientables. 

A investigación da UDEF descubriu que supostamente os empresarios, valéndose de testaferros e familiares, transferían os bens a outras compañías xusto antes dos embargos, mantendo a actividade e os ingresos nos mesmos negocios, pero a nomes doutras empresas, ás veces incluso no mesmo enderezo. 

Os traballadores, polo contrario, seguirían todo o tempo contratados pola empresa orixinal, a compañía morosa, aumentado o burato da Seguridade Social. Cómpre lembrar que a Lei indica os asalariados non son os responsábeis de pagar as súas cotas e, de feito, o sistema mantenlles a cobertura dende o día de alta aínda que, como parece ser este caso, o seu empregador non abone o correspondente.

A Operación Miño comezou hai varios meses cando a Dirección Provincial da Tesouraría de Lugo detectou un grande número de empresas, con actividade en diferentes sectores, que supostamente acumulaban importantes cantidades de débeda coa Seguridade Social.

Tras examinar de forma detallada toda a documentación e información, os axentes conseguiron determinar que empresas poderían estar a defraudar á Tesouraría Xeneral da Seguridade Social. En total foron investigadas nove mercantís de diferentes sectores como o salón de peiteado ou a carpintaría metálica, todas elas situadas na provincia de Lugo.

A operación culminou coa detención de 15 persoas implicadas na defraudación de 3.850.135 euros e outras catro máis foron investigadas polos feitos, segundo datos da Policía Nacional.

En total esclarecéronse oito delitos de fraude á Tesouraría Xeral da Seguridade Social, sete delitos de frustración á execución, un delito societario, un de falsificación documental e un delito de organización criminal. O delegado do Goberno dixo onte que en principio non ía haber máis detencións, pero que a operación non está de todo pechada."         (Galicia Confidencial, 28/10/16)

Rexistran casas e un despacho relacionados co ex-alcalde do PP Nené Barral por branqueo e contrabando

"Fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaron que o operativo se desenvolveu a petición do xulgado de Instrución número 1 de Lugo, que dirixe a maxistrada Pilar de Lara, en relación a supostos delitos de branqueo de capitais e contrabando.

En concreto, os axentes rexistraron varios domicilios situados nas Rías Baixas e un despacho profesional na Coruña. Con todo, durante a xornada non se produciron detencións.

O ex-alcalde de Ribadumia do PP ten unha longa historia vinculada a presuntos delitos de branqueo e contrabando de tabaco. Xa en 2014, o Ministerio Público pediu para el oito anos de cárcere, unha indemnización de máis de 458.000 euros e unha multa dun millón de euros. Barral foi condenado por delitos fiscais en maio pasado, cunha pena menor dun ano

Nené Barral, o mentor político de Rafael Louzán, ex-presidente da Deputación de Pontevedra e actual presidente da Federación Galega de Fútbol, foi acusado de ocultar ingresos a Facenda e branquear capitais a través dunha sociedade nas Illas Virxes.

O branqueo de capitais tería sido argallado a través das súas fillas, que figuraban como titulares da empresa no paraíso fiscal, e dun cidadán chinés, que actuou como testaferro e que acabou confesando e aportando documentación sobre as transferencias ante o xulgado de Cambados.

 O fiscal sospeita que a orixe dos máis de dous millóns sacados por Barral do país é o contrabando. 

Barral é tamén unha das grandes figuras do diñeiro negro do PPdeG. Este dirixente popular tivo que dimitir na primavera de 2001, despois de que a Garda Civil o colleu cun cargamento de tabaco e foi imputado por fraude e evasión fiscal.

A súa detención, xunto coa de Pablo Vioque —narcotraficante e militante de Alianza Popular—, puxo de manifesto que os negocios sucios e a corrupción política de determinados cargos do PP non eran algo anecdótico. 

Non foron os unicos cargos do Partido Popular vinculados en asuntos de tabaco ou de drogas. Así, Alfredo Bea Gondar, expresidente da cámara municipal de O Grove polos populares, foi procesado pola súa participación en operacións de miles de quilos de cocaína xunto ao avogado Pablo Vioque e outros narcotraficantes. 

Precisamente, algúns destes cargos populares, como Nené Barral, utilizaron, segundo o xuíz que o condenou, a súa posición na Deputación de Pontevedra para realizar facturas por traballos nunca realizados. 

Unha destas facturas foi emitida a nome dunha empresa cuxos titulares eran persoas próximas do narcocontrabandista Baltasar Mouta Piñeiro. Mouta estivo asociado con Nené en negocios de tabaco, da mesma maneira que o narcotraficante Manuel Carballo Jueguen."                             (Galicia Confidencial, 06/10/16)

A xuízo catro ex-cargos da Xunta e do PP xunto ao principal imputado do caso Campeón

"O primeiro dos casos de corrupción que marcaron o paso da vida política galega na última media década encamíñase cara ao xuízo. O titular do xulgado de instrución número tres de Lugo vén de decretar a apertura de xuízo oral na operación Campeón, a presunta rede corrupta creada en torno ao empresario lucense Jorge Dorribo que chegou a salpicar, no momento do seu estourido, hai cinco anos, ao que daquela era todo o arco parlamentario de Galicia.

 Agora Dorribo enfróntase á petición de ata 24 anos de cárcere que formulara a Fiscalía en 2014 e xunto a el terán que sentar no banco varios excargos do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependente da Xunta, e mais o antigo deputado do PP Pablo Cobián, que dimitiu tras ser imputado e para quen o fiscal pedira nove anos de cadea.

Créditos públicos apoiados en facturas falsas e co ex-deputado como intermediario, falsidade, subornos, branqueo ou delitos contables salferiron unha prolongada investigación que toca de cheo a quen fora director do Igape, Joaquín Varela, detido ao inicio do proceso. 

Xunto a el será xulgado tamén o ex-subdirector de información do ente público, Carlos Silva, e mais a responsable de Financiamento da entidade, Cristina Quintela. Varela, Silva e Quintela terán que responder de cadanseus dous presuntos delitos contra a Facenda Pública, os mesmos que se lle imputan a Cobián, acusado ademais de tráfico de influencias, segundo o auto ditado o pasado día 10 ao que tivo acceso Praza.gal.

A lista de supostos delitos cometidos por Dorribo é máis ampla. A Fiscalía acúsao de ata oito en diferentes modalidades:  deliquir contra a Facenda pública e de cometer falsidade en documento mercantil, suborno, branqueo de capitais, delito contable e insolvencia punible. 

Na sua calidade de acusación particular a Xunta impútalle ademais a falsificación de certificados. O resto das persoas acusadas polo Ministerio Público e a Administración autonómica son responsables ou empregados da empresa de Dorribo e doutras coas que traballaba, caso da construtora Proitec.

A acusación da Xunta esténdese a nove das trece persoas ás que acusa o Ministerio Público, toda vez que deixa fóra os antigos responsables do Igape e a quen fora deputado polo PP e candidato á alcaldía de Oleiros. Cínguese, polo tanto, a Dorribo e os seus colaboradores. A Axencia Tributaria, pola súa banda, acusa só a Dorribo.

Ademais da petición de cadea Dorribo terá que afrontar, antes do propio procedemento, o depósito dunha fianza de 621.610 euros para asegurar que abonará as indemnizacións ás que poida ser condenado. Do mesmo xeito, Dorribo e nove persoas acusadas máis, entre elas o ex-director do Igape e o ex-deputado do PP, terán que depositar unha finanza de 3,9 millóns de euros de forma "conxunta e solidaria" para "aseguraren as responsabilidades pecuniarias" que poidan ter que afrontar se son condenados. Se non realizan o pagamento, advirte o auto, seranlles embargados bens por un importe equivalente.

Cinco anos de procedemento

O caso Campeón estourou en maio de 2011, pouco despois das eleccións municipais daquel ano, e fíxoo cun rexistro policial na sede do Igape e nas instalacións de laboratorios Nupel ordenado pola xuíza Estela San José, agora destinada en Huelva, quen no outono de 2014 xa deixara concluída a instrución, antes do seu traslado. 

Durante os seguintes meses a investigación estendeuse ata implicar unha corentena de persoas, entre elas destacados políticos de PP, PSdeG e BNG, esencialmente por mor das declaracións de Dorribo.

Así, o ex-alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, e o ex-ministro de Fomento, José Blanco, estiveron imputados ao acusalos o presunto líder da trama de recibiren cartos da súa man a cambio de xestións políticas. No entanto, o caso contra Orozco foi arquivado no verán de 2012 e o de Blanco tivo o mesmo destino no Tribunal Supremo, pola súa condición de aforado.

 No que atinxe ao ex-conselleiro do BNG Fernando Blanco, San José ditaminara a apertura dunha peza separada tras examinar un informe no que Facenda indicaba que non existían probas de que Dorribo lle pagase cantidade ningunha. A competencia para xulgar o caso é agora, segundo se estipula no auto do xuíz, da Audiencia Provincial de Lugo."       (Praza pública, David Lombao, 14/06/16)

El exgerente del PP de Ourense asegura que Baltar guardaba el dinero negro en una caja fuerte de la Diputación

"La investigación de la Operación Pokémon ha destapado graves acusaciones contra el expresidente del PP y de la Diputación de Ourense José Luis Baltar, condenado hace tres meses por un delito de prevaricación. 

La juez Pilar de Lara investiga la presunta financiación ilegal, mediante la emisión de facturas falsas, del PP ourensano desde 2003 –fecha en la que estaba presidido por el exbarón- hasta la actualidad. La documentación en poder de la instructora salpica además al hijo-sucesor del expresidente, José Manuel Baltar Blanco y al diputado autonómico Miguel Ángel Santalices. 

De Lara ha abierto la investigación a raíz del testimonio y la documentación aportada por Emilio Pascual, que durante 17 años ejerció de gerente de la organización provincial de los populares de Ourense.

De Lara ha emitido un auto requiriendo a la empresa publicitaria ourensana Planos y a Telemiño, televisión del grupo La Región, facturas emitidas desde 2003 al PP y a otras compañías –entre ellas Aquagest y Aparkisa- además de al actual presidente del partido, José Manuel Baltar, y a Santalices. Junto a ello le reclama los libros contables. 

La jueza sospecha que Baltar recogía personalmente dinero de empresas que hacían donativos al partido y que guardaba en la caja fuerte de la sede provincial. El dinero no se reseñaba en la contabilidad oficial lo que “impide conocer el destino de tales sumas” que la instructora de la Pokémon no descarta que fuera a parar “al bolsillo de Baltar”.

De Lara se basa en el testimonio y documentación aportada por el exgerente del PP ourensano, que abandonó el cargo en 2010, para concluir que supuestamente Baltar pagaba con esas cantidades a Planos y a Telemiño a través de un "elaborado sistema de facturación falsa".

Manuel Baltar, actual presidente del PP y de la Diputación de Ourense, ha asegurado, en una nota hecha pública esta noche, que "responde por la gestión" del partido en la provincia "desde el 20 de enero de 2010" cuando relevó a su padre en el liderazgo de los populares. Explica que una de las primeras medidas que tomó fue prescindir del gerente que llevaba en el cargo desde 1983 "por el pésimo concepto que tenía de su profesionalidad y por falta de confianza en su persona".(...)"          ( Cristina Huete  ,  El País,  Ourense 20 NOV 2014)

Decenas de implicados en el cobro de sobornos en los puertos de Vigo y Marín

"Lo que en principio se instruyó como un fraude de IVA de 13,6 millones de euros de una cooperativa ha acabado destapando una presunta red de comisiones ilegales y sobornos que venía funcionando, al menos, desde 2008 en los puertos de Vigo y Marín para no declarar un porcentaje de las descargas de pescado.

 Una investigación de gran calado, que podría acarrear fuertes sanciones administrativas y delitos penales para el sector pesquero gallego y empresas de distribución de la provincia de Pontevedra.

La Agencia Tributaria detectó el millonario fraude en 2011, en el que hay tres imputados por la acusación de la fiscalía de Delitos Económicos y elevadas multas por impago del IVA. Los primeros indicios de la trama que implica a operadores portuarios, principalmente subasteros, saltaron después de comprobar Hacienda el enorme listado de armadores (casi 200) que se habrían prestado a participar en la doble contabilidad de la cooperativa San Miguel de Marín, una práctica ya reconocida por algunos ante el juez.

 Dada la trascendencia del asunto, el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, asumió el peso de la investigación con la apertura de oficio de unas diligencias informativas que ya acumulan tres tomos de instrucción con los informes resultado de las pesquisas que los últimos cuatro meses ha realizado la policía judicial de la Guardia Civil en ambos puertos. 

La abultada investigación, “muy compleja”, según fuentes del caso, salpica a decenas de trabajadores portuarios que venían aceptando sobornos y comisiones a cambio de manipular el pesaje de los productos en fresco que pasaban por las lonjas. Siempre de acuerdo con los proveedores (armadores) y cooperativas (compradores y distribuidores), la red habría generado millones de euros de ganancias encubiertas en los últimos años sin declararlas al fisco. (...)

Todos los indicios apuntan a que una o varias cooperativas habrían diseñado esta formula para estafar a Hacienda y se estima que los porcentajes de las descargas no declaradas llegaban a la mitad en la mayoría de los casos.

Paralelamente a estas diligencias, en la instrucción del millonario fraude de IVA, que destapó la supuesta red de comisiones, ayer declararon en el juzgado de Marín los tres imputados en el caso. El presidente de la cooperativa San Miguel, José Luis Santiago Pereira, acusado por tres delitos económicos, negó ante el juez y el fiscal la existencia de la contabilidad b en la entidad.

En parecidos términos se expresó en su testimonio judicial el responsable de las oficinas que la cooperativa tiene en el puerto de Vigo, Laureano Pesqueira Veiga, y el jefe de subasteros, Enrique Fernández Arca. Ambos empleados confeccionaban las denominadas notas de venta y hojas de autoliquidación en las que aparecen indicios de contabilidad paralela, según el escrito de acusación del fiscal Augusto Santaló.

Los dos empleados están acusados de actuar como cooperadores necesarios del presidente de la cooperativa y principal imputado en la comisión del fraude, por el que se le reclama un millón de euros y unas multas que podrían elevarse a casi diez. (...)

La declaración de los tres imputados contrasta con la de cuatro de los armadores citados por el juzgado para aclarar el presunto fraude de 13.689.998 euros. Los propietarios de los buques ddmitieron esta práctica al menos en los tres ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010.

 A partir de informes de Hacienda, el fiscal sostiene que la cooperativa llevaba una doble contabilidad y que en sus declaraciones fiscales no se reflejan las operaciones económicas reales por lo que no se tributaron las descargas de pescado que efectuó en el puerto vigués. También abrió expediente sancionador a los armadores que aparecían identificados en las facturas incautadas, algunos con su firma y con el nombre del barco."           (El País, 06/12/2013)

El caso Pokemón, ¿llegará hasta Romay Beccaría y Feijoo, o se quedará en los alcaldes?

"Cohecho, malversación, prevaricación, blanqueo de dinero, tráfico de influencias... Una vez más, Galicia se topa con la sospecha de la corrupción política en las vísperas de una campaña electoral, tal y como ocurrió con el caso Campeónantes del 20-N. 

La Operación Pokémon, en la que se investiga una trama de presunto cobro de comisiones con pagos que estarían destinados al blanqueo, se ha saldado hasta el momento con 13 detenidos en distintos puntos de España. 

Entre ellos, el alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, y el del municipio coruñés de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, asesor este último del ahora tesorero del PP nacional, José Manuel Romay Beccaría, en su etapa de conselleiro de Agricultura y de Sanidade, con Feijóo como secretario general técnico.

 El núcleo central de la operación —dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, instructora también del caso Carioca— es el grupo empresarial Vendex, cuyo administrador único es Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, detenido ayer en Madrid. 

Se trata de la matriz de una treintena de filiales que prestan servicios de mantenimiento —ayuda a domicilio, guarderías, recogida de basura, limpieza de colegios y pabellones deportivos y gestión de las zonas de ORA— en numerosos municipios españoles contratados por las respectivas Administraciones locales. (...)

La detención del alcalde ourensano se había producido de madrugada y sus compañeros de gobierno se enteraron por la mañana a través de la llamada de un familiar del regidor.(...)

  Unas horas después, Adolfo Gacio, el hombre de confianza de su mentor en la Xunta, Romay Beccaría, era también detenido.Hace apenas una semana, Gacio había anunciado su retirada, tras más de 20 años, de la política local para ocupar un cargo diplomático en la embajada de España en Venezuela.

Entre los detenidos está también el exconcejal de Urbanismo del PSOE en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares; el funcionario y jefe del servicio de contratación del Ayuntamiento de Santiago, Román Otero; y el funcionario municipal y gerente del servicio de la ORA de Lugo, Javier Manuel Reguera Pérez. Está previsto que los detenidos empiecen hoy a declarar ante la juez.

Bajo la lupa de los investigadores están los contratos recibidos por Vendex en Ourense, Santiago, Lugo y Boqueixón. En Ourense, el grupo gestiona la limpieza del Ayuntamiento, mientras que en Santiago los agentes se llevaron documentos sobre las diversas concesiones otorgadas a Vendex, ya que su filial Sermasa gestiona tres escuelas infantiles y limpia instalaciones deportivas y colegios.

En Lugo, los expedientes bajo sospecha que los agentes requisaron en las oficinas municipales son los de la adjudicación a Vendex de la ORA y el servicio de grúa. En Boqueixón, el alcalde resolvió en marzo pasado la concesión del servicio de ayuda en el hogar a Sermasa. Pese a haber traspasado a la junta de gobierno competencias al respecto un año antes, el regidor prefirió que el contrato no pasase por este órgano y zanjó el concurso con una resolución de la alcaldía."           (El País, Galicia, 21/09/2012)

“La inversión inmobiliaria de los narcos es solo la punta del iceberg”

" El blanqueo de dinero se ha convertido en la diana del Servicio de Vigilancia Aduanera con unos resultados que han puesto en evidencia que el negocio del ladrillo ha sido uno de los mayores receptores del dinero negro que han amasado las organizaciones de narcotraficantes gracias a la intensa pero efímera oleada de desembarcos en la costa gallega desde mediados de la pasada década. (...)

En los cinco últimos años, solo esta agencia ha embargado 478 inmuebles en procesos abiertos a bandas de narcos, actuaciones que representan más del 70% de los bienes intervenidos desde 2006 en Galicia y que superan los 200 millones.

 Pero para el jefe regional de Aduanas, Jaime Gayá, “las inversiones inmobiliarias de los narcotraficantes son solo la punta del iceberg del dinero que han movido en una década”.

Como experto en delincuencia organizada, Gayá cree que el negocio del ladrillo ha sido una fórmula muy rentable y rápida para blanquear dinero negro pero aún queda mucho por descubrir.

“Han sabido aprovechar la bonanza de la construcción, sobre todo en zonas como en las Rías Baixas, pero no lo han invertido todo aquí porque han ganado mucho más de lo que hemos podido detectar en patrimonios inmobiliarios, y quedan probablemente grandes depósitos de dinero en paraísos fiscales pero las dificultades de llegar a él son también mayores”, asegura."              (El País, Galicia, 19/02/2012)

"El dueño de las parcelas es muy amigo mío y me dijo: 'Prefiero que te quedes tú con ellas"

"El alcalde de Verín y desde ayer senador por designación autonómica, Juan Manuel Jiménez Morán, del PP, compró este verano una finca anexa a su chalé integrada por dos parcelas que suman más de 6.000 metros cuadrados en la zona más céntrica del municipio.

En escritura ante notario, Jiménez certificó haber pagado 46.000 euros por el terreno "de suelo rústico" y haber liquidado 6.440 euros por el impuesto de transmisión patrimonial.

Ambas parcelas figuran como suelo urbano consolidado en el plan general de ordenación municipal aprobado inicialmente el año pasado y de momento en trámite, pendiente del visto bueno de la Xunta para su entrada en vigor.

Aunque en este momento constan como rústicas, su precio real "triplica el que Jiménez acredita que pagó", aseguran en una denuncia contra el alcalde registrada ante el Servicio de Inspección Tributaria de la Consellería de Facenda, vecinos que intentaron adquirirlas y a quienes el vendedor pidió "tres veces el precio" que Jiménez certificó haber pagado.

El denunciante pide que se investigue un supuesto fraude tributario en la autoliquidación del impuesto de transmisiones. "El precio declarado por las partes es irreal en el mercado inmobiliario de Verín", consta en la denuncia.


Jiménez Morán compró hace unos meses las parcelas situadas "en una de las zonas más caras" de la villa, en un momento de ausencia de planeamiento urbanístico. El documento fue aprobado inicialmente el año pasado, pero al no entrar en vigor, la calificación de las fincas se remonta a las normas subsidiarias anteriores, donde figuraban como suelo rústico.

El denunciante pide a Facenda que investigue si Jiménez compró "por el precio real" -"tres veces el que declaró"- y si, en consecuencia, "eludió" pagar los impuestos correspondientes. El regidor y senador (brazo derecho de Feijóo en la provincia de Ourense, quien lo apoyó para evitar que la presidencia del PP recayera en el hijo del barón provincial, José Luis Baltar) sostiene que pagó los 46.000 euros que constan en la escritura. Reconoce lo bajo del precio, pero advierte de que "jamás" había pensado comprar nada. "El dueño de las parcelas es muy amigo mío y me dijo: 'Prefiero que te quedes tú con ellas", justifica. Asegura que decidió comprarlas porque "están pegadas" a su casa"   (El País, Galicia, 30/11/2011, p. 1)