Una de las plantas de biodiésel en el puerto exterior de Ferrol / gabriel tizón
"La gran apuesta empresarial del puerto exterior de Ferrol por el
biodiesel resultó una entelequia. En 2008, la ría se perfiló como el
gran productor de este combustible biodegradable desde Galicia para el
mundo.
Aspiraba a producir el 44% del carburante ecológico de España con
tres nuevas plantas que prometían un centenar de empleos y que,
paradójicamente, no terminaron de arrancar aunque se beneficiaron de
jugosas ayudas públicas e incentivos a la reindustrialización.
En la explanada de cabo Prioriño, junto a los muelles, hay dos
empresas que no fabrican nada. A poca distancia, en el polígono
industrial de Río do Pozo, en Narón, el armazón de una tercera, también
mimada con fondos públicos, que ni siquiera se terminó.
Son tres de las
cuatro plantas gallegas que, entre 2006 y 2009, se apuntaron al boom del
biodiésel. Infinita Renovables acaba de cambiar de manos para integrar
una gran corporación indonesia del aceite que la absorberá como
plataforma estratégica para saltar al mercado europeo.
Otra, Entabán
Biocombustibles de Galicia, SA, está en liquidación desde el año pasado,
y la de Narón, Biocarburantes Peninsulares, SL, inicialmente vinculada a
Eulén y Enagás, en manos de un administrador concursal. Entre las tres,
calcularon que exportarían 720.000 de toneladas anuales desde la rada
de Caneliñas, y los 90 operarios que contrataron se pasaron más tiempo
regulados que en activo.
Las tres tienen otra cosa en común: recibieron
importantes inyecciones de dinero público, al menos 19,2 millones de
euros en incentivos, créditos blancos o subvenciones, para empujar la
producción de este combustible a base de aceites vegetales —colza, soja o
palma importados de Latinoamérica o Asia— llamado a sustituir a los
derivados del petróleo.
Al poco de arrancar en Ferrol, Entabán e Infinita ya se toparon con
la competencia de los productores de Argentina e Indonesia, que
fabricaban a menor coste y sin trabas para exportar. “Básicamente, ellos
producían más barato porque tenían la materia prima a mano y coparon el
mercado”, explica Germán Amor, del comité de empresa de Infinita.
Durante años, y ya en paralelo a la crisis, los productores españoles
urgieron a los sucesivos gobiernos centrales a regular los tráficos.
Se
hizo con un decreto de abril del 2011, que quedó sin efecto en octubre.
“La alegría nos duró bien poco”, resume Amor. Un limbo jurídico
prolongado que se ha llevado por delante a las dos firmas que apostaron
por la fabricación de este carburante ecológico animados por las ayudas a
la reindustrialización que ofrecía el Ejecutivo a través del Plan
Ferrol.
La más grande de las tres es Infinita Renovables, del grupo Isolux
Corsán y el Banco Santander. Se estrenó en junio de 2009 tras una
inversión de 80 millones para una gran fábrica que ocupa 40.000 metros
cuadrados y que prometía 300.000 toneladas por año.
La empresa renunció a
los 14,4 millones en ayudas del Ministerio de Industria a través del
Plan Ferrol, que tenía preconcedidos en 2008 porque no logró los avales
necesarios. No obstante, accedió, al menos, a diez millones en
incentivos, “cinco de la Xunta y cinco del ministerio”, apunta Germán
Amor, de acuerdo con la información que proporcionó la dirección a la
plantilla.
Los 70 puestos comprometidos se quedaron en 55 y pronto menguaron
hasta la treintena. Desde marzo de 2011, la plantilla ha vivido un
“calvario laboral” de eres y prórrogas que finalizó en noviembre. Desde
entonces, trabajan pero no producen. “Básicamente, hacemos
mantenimiento”, explica el comité. Cinco años después de abrir, Infinita
cambia de dueños.
El puerto ferrolano aprobó en febrero la cesión de
las instalaciones portuarias de Infinita a Masol Iberia Biofuels, del
grupo Musin Mas, especializado en aceites vegetales y con sede en
Sumatra (Indonesia). Suma 700 trabajadores en todo el mundo.
“Nos
dijeron íbamos todos dentro del paquete”, cuenta Germán Amor, hijo del
histórico sindicalista ferrolano Manuel Amor. Pero, el pasado miércoles,
la empresa despidió a seis de los 34 empleados que quedaban. Se lo
notificó por carta aduciendo causas objetivas.
Entabán, propiedad de un grupo radicado en Zaragoza, destinó 48
millones a poner en marcha una fábrica que inauguró Emilio Pérez
Touriño, entonces presidente de la Xunta, en junio de 2008.
Presumía de
ser la más moderna, con 34 operarios —se quedaron en 18— para producir
200.000 toneladas cada año desde una parcela de 32.000 metros en el
puerto. El Gobierno gallego aportó al proyecto 4,5 millones a través del
Igape y el Ministerio de Economía, 1, 8. Buscó nuevos dueños sin éxito y
está en liquidación.
El caso de Biocarburantes Peninsulares es el más llamativo. Anunció
120.000 toneladas por año con 26 empleados y 20 millones de inversión,
de los que 2,9 eran subvenciones del Igape para una planta que ocupa
8.000 metros cuadrados en Narón.
Contrató, por lo menos, a 10 personas
que nunca llegaron a trabajar aunque durante muchos meses, cobraron la
nómina sin pisar la fábrica, que no se llegó a inaugurar, según la CIG.
“Era un cachondeo. Cobraban como si estuvieran en periodo de formación
pero sin ir. Lógicamente, la culpa no era de los trabajadores”, explican
los sindicatos. La planta, domiciliada en Madrid, está en manos de un
administrador concursal." (El País, 16/03/2014)
