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16/4/24

Galicia suspende el examen de la UE... continúa en el grupo de comunidades españolas con una peor valoración sobre su calidad de gobierno... el informe de cohesión alerta sobre el latente peligro que suponen los procedimientos de contratación pública con un único ofertante o aquellos de contratación directa, los conocidos como contratos a dedo, en los que no existe siquiera licitación... En el conjunto de España, este modelo de contratación sin concurso estuvo por debajo del 3% entre 2021 y 2022. Por el contrario, entre el 30 y el 40% de las licitaciones públicas promovidas por el Ejecutivo gallego contaron con una única oferta

 "La percepción social de las instituciones regionales, así como la confianza que estas generan en la ciudadanía, juegan un papel fundamental para suscitar un entorno estable y previsible para el ecosistema económico. Cuando el marco legal y el trabajo ejecutivo promueven esa seguridad en empresas e individuos se incrementa sustancialmente la proclividad a la realización de inversiones y se fomenta la innovación y el desarrollo de actividades productivas.

Un trabajo en el que Galicia debe dar pasos adelante durante la recién estrenada legislatura, puesto que en este momento continúa en el grupo de comunidades españolas con una peor valoración sobre su calidad de gobierno. Así se desprende del noveno Informe de Cohesión Económica, Social y Territorial de la Unión Europea, en el que se introduce una evaluación sobre la calidad de gobierno en el nivel subestatal europeo realizado desde 2010 por la Universidad de Gotemburgo.

Se trata del Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI, por sus siglas en inglés) que permite valorar la imparcialidad, eficiencia y ausencia de corrupción, y cuenta con un importante impacto en la investigación sobre geografía económica, emprendimiento e innovación en las diferentes regiones europeas.

En su última actualización, Galicia se mantiene por debajo de la media del conjunto de regiones europeas, al igual que Cataluña, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. Todas ellas, sin embargo, un escalón por encima de Andalucía, Extremadura y Castilla y León, que registran las valoraciones.

El informe de la UE señala que el Ejecutivo gallego logró detener durante los últimos siete años el “deterioro” en la valoración de su labor de gobierno que se vio acentuada entre el 2010 y el 2017, cuando las consecuencias de la crisis económica iniciada en 2008 se extendieron y se hicieron palpables en la práctica totalidad de hogares gallegos. La Xunta logró frenar esa tendencia, pero no ha logrado revertirla, manteniendo una evaluación de su actividad “estable” desde 2017 hasta 2024.

Dentro de las tres dimensiones que engloba el EQI, la comunidad no logra posicionarse por encima de la media europea en ninguno de ellas. Sin embargo los ciudadanos valoran más positivamente la calidad de los servicios públicos, mientras que muestran percepciones y experiencias más negativas respecto a la corrupción y a la imparcialidad del Ejecutivo.

En lo relativo a la relación de las diferentes compañías con las administraciones regionales, el informe de cohesión alerta sobre el latente peligro que suponen los procedimientos de contratación pública con un único ofertante o aquellos de contratación directa, los conocidos como contratos a dedo, en los que no existe siquiera licitación.

En el conjunto de España, este modelo de contratación sin concurso estuvo por debajo del 3% entre 2021 y 2022. Por el contrario, entre el 30 y el 40% de las licitaciones públicas promovidas por el Ejecutivo gallego contaron con una única oferta. Una situación que se dio en igual proporción en Asturias, Castilla y León, Cantabria, Euskadi y Madrid. Los procesos de licitación con un único postor ascendieron en el mismo periodo por encima del 40% en Murcia y la Comunidad Valenciana."              (Mateo. G. Triñanes, La Opinión, 06/04/24)

25/3/24

El Gobierno gallego repartió 4.000 millones de euros en contratos a dedo en solo seis años... Desde 2018, la Xunta ha firmado 1.034.964 contratos sin sacarlos a concurso: algo más del 30% del dinero del que dispone para el ejercicio de 2024

"Es el 77% del presupuesto anual de la Xunta para sanidad, más de tres veces lo que se gasta al año en políticas sociales o algo más del 30% del dinero del que dispone en cada ejercicio. Desde 2018 hasta 2023, el Gobierno gallego, dirigido por el Partido Popular ha gastado 4.000 millones de euros en contratos sin concurso público, en licitaciones menores. Es decir, en contratos a dedo de hasta 15.000 euros para servicios y de hasta 40.000 euros para obras, que son los máximos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para que un encargo a medios privados no tenga que ser conseguido a con mecanismos de competencia. 
 
Primero fueron ratificados por los conselleiros de Alberto Núñez Feijóo y, luego, por los de Alfonso Rueda. Han sido, exactamente, 3.999.599.473,92 euros de dinero público repartidos en 1.034.964 contratos a los que ha tenido acceso este diario a través de un rastreo exhaustivo de la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. De hecho, 35.362 de esos contratos tienen un importe entre 14.000 y 14.999, el límite legal. Muchos de ellos con el mismo concepto y facturado a la misma consellería.

En las últimas semanas, esta redacción ha ido desgranando una a una, miles de estas licitaciones que van dibujando un mapa de vínculos entre empresas cercanas al Partido Popular y la más alta administración gallega. Primero, los 38 contratos valorados en un total de 145.975,72 euros que consiguió la empresa del marido de Paula Prado, secretaria general del PP gallego, con organismos dependientes de la Xunta para la compra de equipos de protección individual (EPI), principalmente. Hace apenas tres días, desvelábamos cómo la empresa que dirige la hermana de Feijóo en el noroeste del Estado español, Eulen, se había adjudicado sin concurso previo al menos 1.311 contratos por un valor total de 4,8 millones de euros. Muchos de ellos facturados mes a mes, por la misma cantidad, a una misma administración y por un mismo y ambiguo servicio.
El negocio de la salud: cientos de millones sin concurso a multinacionales

El organismo dependiente de la Xunta de Galicia que más dinero público adjudica por esta vía es, por otra parte, el que más presupuesto anual atesora: la Consellería de Sanidade (Sergas), que en el mismo periodo repartió 814.218 contratos sin sacarlos a concurso que suman 3.372 millones de euros. Cientos de millones se reparten en un mismo concepto pero en decenas de miles de contratos diferentes, siempre suscritos por el Sergas: “Productos farmacéuticos y material sanitario”, 1.672 millones de euros; otro material sanitario, 601 millones de euros; implantes, 348 millones de euros; material de laboratorio, 298 millones de euros; instrumental y pequeños utensilios sanitarios, 62 millones de euros; material no sanitario para consumo y reposición, 32 millones de euros; o maquinaria, instalaciones y utensilios, 32 millones de euros.

Aunque la lista sigue y destacan, sin lugar a dudas, los 12.014 encargos que ejecuta el Sergas que llevan “Otros” como concepto y que, juntos, suman 31.152.303,87 euros. Pero la ambigüedad de los nombres que limita el acceso a la información pública de cualquier ciudadano o ciudadana y la evidente falta de transparencia es una constante.

Al otro lado del contrato, una ristra de multinacionales que también son viejas conocidas en el negocio de la salud Janssen Cilag, Roche Farma, Novartis Farmaceutica, Merck Sharp Dohme España, Siemens Healthcare, Medtronic Iberica, Abbvie Spain, Pfizer, Gilead Sciences, Grifols Movaco, Roche Diagnostics, Baxter, Sanofi Aventis, Amgen, Biogen Spain, Werfen España, Bristol - Myers Squibb, Johnson & Johnson, Takeda Farmaceutica España, Celgene o Boston Scientif Iberica son las veinte empresas que más caja hacen con los contratos asignados a dedo. Juntas acumulan 1.313 millones tan solo desde 2018.

Entre los cientos de miles de contratos de la consellería que dirige Julio García Comesaña también destacan las adjudicaciones a medios de comunicación: sí, con los recursos a priori destinados a cuidar de la salud de la ciudadanía también se alimenta a los medios amigos y no con poco dinero, precisamente. Desde 2018, Sanidade repartió 796.249,26 euros a La Voz de Galicia a través de publicidad institucional, suscripciones y hasta publirreportajes. Lo mismo hizo con Faro de Vigo a quienes repartió en el mismo periodo otros 134.945,81 euros en conceptos similares. "               (Javier H. Rodríguez, El Salto, 25/03/24)

5/3/24

¿Hay motivos para una auditoría de las compras de emergencia del SERGAS durante la pandemia? Mediante la “fragmentación de los objetos del contrato para no exceder el límite legal para el contrato menor”, el SERGAS compró 2.000 veces en un año la misma PCR

 "¿Hay motivos para una auditoría de las compras de emergencia del SERGAS durante la pandemia como pide el BNG y rechaza el PP? El informe del Consello de Contas, un órgano de la propia Xunta,  señala que SERGAS compró 2.000 veces en un año la misma PCR. Un ejemplo de la “vulneración normativa” en “muchas” de las compras mediante “fragmentación de los objetos del contrato para no exceder el límite legal para el contrato menor”. El Área Sanitaria de Santiago, consultada por Galiciapress, indica que actúo siempre siguiendo los principios de eficacia y eficiencia.

El presidente de la Xunta se negó ayer a investigar la compra de material durante la covid alegando que ya lo había auditado el Consello de Contas. En opinión de Alfonso Rueda, “no hay nada que ocultar” y los que piden una investigación solo buscan “desviar la atención” del caso Koldo.

No lo ve igual el Bloque. Su diputado Luis Bará dio ayer una rueda de prensa para, precisamente, reclamar una auditoría externa, alegando que el Consello de Contas -el ente de la propia Xunta que fiscaliza los números de la Administración- encontró irregularidades importantes lo que, a la vista de los recientes escándalos, justificaría un examen más detallado.

¿Quién tiene la razón?

¿Hasta qué punto juzga el Consello de Contas?

Lo primero que hay que señalar que el Consello de Contas no tiene competencias para declarar un contrato legal o ilegal, ni mucho menos para castigar al responsable. Su labor se limita a evaluar la documentación que le remiten los auditados, identificar irregularidades, proponer mejores prácticas y, en su caso, poner los defectos encontrados en conocimiento de la Justicia, si son sospechosos de tipo penal.

Ahora bien, esto último, remitir irregularidades a la Fiscalía para la apertura de una investigación judicial, es algo extraordinario. De hecho, jamás ha sucedido en la historia reciente de la autonomía.

Por lo tanto, argumentar que todo está bien porque Contas haya auditado los contratos es una media verdad. Contas no ha encontrado indicios de delito pero sí describe irregularidades generalizadas, de calado, además.

Consello de Contas: “Todas las adquisiciones relativas al capítulo II dentro del proyecto de gasto COVID-19 se efectuaron, en 2020, mediante pedidos directos a proveedores no amparados en ningún expediente de emergencia, con la consiguiente vulneración normativa en muchas de las adquisiciones”

 Por ejemplo, en lo referido al Área Sanitaria de Santiago señala que “todas las adquisiciones relativas al capítulo II dentro del proyecto de gasto COVID-19 se efectuaron, en 2020, mediante pedidos directos a proveedores no amparados en ningún expediente de emergencia, con la consiguiente vulneración normativa en muchas de las adquisiciones”.

Tramitar un expediente de emergencia permite a las administraciones saltarse salvaguardas como tener que pedir varias ofertas o sacar una licitación pública pero, eso sí, es imprescindible justificar la situación de emergencia. Justificada ésta, la ley permite básicamente la contratación de emergencia a dedo, incluso verbal. Lo que está diciendo Contas es que el Área de Santiago compró el material contra la covid directamente, sin un expediente que justificase la emergencia y, por lo tanto, saltándose las normas.

 Galiciapress se puso en contacto ayer en el Área Sanitaria de Santiago para que comentase la conclusión de los contables públicos. Esta es su respuesta:

En relación ao retraso na tramitación de expedientes de emerxencia, cómpre indicar que a situación de emerxencia xurdida a raíz do COVID-19 prevíase nun primeiro momento como unha situación puntual, pero en vista da prolongación no tempo da mesma, foi cando se comenzaron a adquirir as subministracións e servizos necesarios a través dos expedientes de emerxencia. Dende que se decretara o Estado de Alarma o 14 de marzo de 2020, esta Área Sanitaria tramitou un total de 12 expedientes polo trámite de emerxencia citado.

 Otra vía que tienen las Administraciones para esquivar la obligación del concurso público es adjudicar contratos de poca cuantía. En los llamados contratos menores, no está permitida la contratación verbal pero sí la adjudicación casi a dedo, basta pedir ofertas a un número de compañías del sector, compañías que escoge la administración licitante. No hay concurso público.

Ahora bien, como es una vía que evidentemente restringe la competencia y favorece las corruptelas, las normas establecen unos límites, relativamente modestos para este tipo de contratos. Está prohibido explícitamente fragmentar artificialmente las compras, por ejemplo comprar 10 lotes de 100 bolígrafos mediante diez contratos menores en vez de 1.000 bolígrafos mediante un solo contrato ordinario.

 Pues bien, el Consello de Contas señala que el Área Sanitaria de Santiago fragmentó artificialmente los contratos de la compra de material. 

 Así, tras apuntar a la existencia de “multiplicidad de pedidos en la misma fecha para el mismo producto y proveedor” y la “clara fragmentación de los objetos del contrato para no exceder el límite legal para el  contrato menor” pone el siguiente ejemplo.

 Contas descubrió que en 2020 el SERGAS compró 4,4 millones en pruebas de PCR con secuenciación genética para la detección cualitativa del coronavirus. En vez de comprarlas mediante un número limitado de contratos por procedimiento ordinario, o mediante pequeños contratos emergencia pero justificando tal situación, realizó un total de 1.953 contratos menores del mismo material. Es decir, en un año, compró lo mismo casi 2.000 veces.

 Al respecto, el área sanitaria de Santiago responde lo siguiente:

 Respecto da acumulación de pedidos dun mesmo producto nunha mesma data indicar que non responde á finalidade de fragmentar a contía para tomalo como contrato menor, tal e como indica o informe de fiscalización; nas circunstancias xa expostas, dada a necesidade de celeridade e inmediatez de obter material era necesario comprometer pedidos en suficente cantidade e tendo en conta o brutal incremento dos prezos isto implicou en moitos casos a necesidade de emitir un maior número de pedidos pero en ningún caso se pretendía a finalidade indicada no informe de fiscalización e menos cando estaba declarada unha situación de emerxencia.

 El departamento de Eloíña Nuñez añade que “en todo caso, este Área Sanitaria guiouse en todo momento segundo os principios de eficiencia e eficacia para conseguir o material necesario e da maior calidade posible ao menor prezo posible dentro das especiais circunstancias do mercado e en función das diferentes características dos bens a adquirir, basicamente equipamento e productos consumibles de protección de carácter funxible”.

 DOCUMENTACIÓN NO ACCESIBLE AL PÚBLICO

Otro de los problemas que ve Contas en la documentación que le remitió el SERGAS es que está incompleta. De hecho, Santiago es una de las que remitió documentación, hay otras que directamente no respondieron a la petición de los auditores. En concreto, las áreas sanitarias de Lugo y Ourense no facilitaron información sobre sus tramitaciones de emergencia.
 Más allá del ejemplo de las 2.000 compras de la misma PCR, el Consello de Contas no apunta a defectos en contratos concretos. Sí señala numerosas irregularidades en la forma de ejecutar los expedientes.
 Por ejemplo, sobre las tramitaciones de emergencia en 2021, el Consello indica que “no se facilitó ningún antecedente, por lo que no constan los adjudicatarios ni el material adquirido, no se dictan las pertinentes resoluciones, ni se formaliza ningún contrato”. Además, señala que, sobre todo al principio de pandemia, la Xunta recurrió a contrataciones de emergencia con empresas que no eran proveedores habituales del sector sanitario, pero que tenían contactos en China.

Contas se queja, además, de que falta publicidad. Así, el Informe indica que “en el perfil del contratante y en los portales de transparencia del Sergas no figura ninguno de los contratos relativos a los expedientes tramitados en vía de emergencia”.  De hecho, explica que el ejemplo de las casi 2.000 veces que se compró el mismo tipo de PCR lo descubrió a través de un portal de logística, no de la documentación oficial.

 Cuando hay una emergencia, la Administración puede contratar a dedo e incluso verbalmente. Ahora bien, pasada la emergencia, la Administración debe publicar la documentación en sus web. Por ejemplo, Infraestructuras, cuando hay un problema en un puente, primero realiza el contrato y después deja constancia de la documentación en su perfil del contratante. Por algún motivo, no sucedió así con el SERGAS."          (Manuel Vilas, GaliciaPress, 05/03/24)

17/1/24

Hace años nos vimos obligados a aprender qué era el chapapote, ahora nos informamos sobre los ‘pellets’. Las costas gallegas aparecen, de nuevo, como triste espacio de conocimiento. Para todos, excepto para los responsables políticos de aquellos mares, que no aprenden nada... Mientras la comunidad civil se autoorganiza con cedazos y coladores y se dedican a limpiar las orillas, como hicieron con guantes cuando la desgracia del Prestige, las autoridades de la Xunta siguen su protocolo habitual en estos casos: negación de la evidencia -no es tan grave- balones fuera -la culpa es de la mala gestión del Ministerio y la responsabilidad, de los ayuntamientos- y mentiras encadenadas. Nada nuevo... Sin prestarle demasiada atención a la ineficacia institucional, la voluntad del pueblo se articula aportando cada quien su saber, su fuerza y su resistencia. La comunidad organizada, que dirían en Argentina... Ojalá, la gente de Galicia, en las próximas urnas, no se olvide del abandono institucional, ni del chapapote ni de los pellets, ahora que ya sabemos qué son (Paco Cano)

 "Hace años nos vimos obligados a aprender qué era el chapapote, ahora nos informamos sobre los ‘pellets’. Las costas gallegas aparecen, de nuevo, como triste espacio de conocimiento. Para todos, excepto para los responsables políticos de aquellos mares, que no aprenden nada.

Mientras la comunidad civil se autoorganiza con cedazos y coladores y se dedican a limpiar las orillas, como hicieron con guantes cuando la desgracia del Prestige, las autoridades de la Xunta siguen su protocolo habitual en estos casos: negación de la evidencia -no es tan grave- balones fuera -la culpa es de la mala gestión del Ministerio y la responsabilidad, de los ayuntamientos- y mentiras encadenadas. Nada nuevo. 

Sin prestarle demasiada atención a la ineficacia institucional, la voluntad del pueblo se articula aportando cada quien su saber, su fuerza y su resistencia. La comunidad organizada, que dirían en Argentina.

En el impresionante documental francés La Loba de las Nieves (2018), que dio material para una serie de dos capítulos El Santuario. Sobreviviendo en los Alpes, se nos señala la importancia del trabajo en equipo dentro de una manada de lobos. También, en un grupo de perros pastores, lo sustancial de que cada uno juegue su papel en la protección de un rebaño de ovejas y, en algunas especies vegetales, la trascendencia del calor grupal, creciendo muy pegaditas, para la supervivencia en las cimas más altas. El apoyo mutuo como elemento de adaptación y aprendizaje necesarios para sobrevivir en un entorno hostil. Puro Kropotkin. 

De La sociedad de la nieve, la impactante película de J.A. Bayona, también extraemos, o corroboramos, varios aprendizajes. Por un lado, se constata que cuando la naturaleza humana se ve necesitada, las normas morales se nos aparecen como represoras. Cuando el hambre demanda supervivencia no hay convención religiosa que se imponga. O no debería haberla. Las leyes morales o jurídicas, las normas sociales, no deben ser castrantes con lo natural. A ver si se enteran Ayuso y algunos párrocos que no paran de dar la lata con los derechos LGTBI.

Por otro lado, queda claro, una vez más, que en situaciones extremas solo lo colectivo nos salva. Vuelve el covid, sumado a la gripe A, para recordarnos que nos necesitamos en comunidad y que solo nos acordamos de lo público cuando truena. Que se lo pregunten a los bancos si no, a ver adónde acuden cuando necesitan rescate. Uno de los personajes de la película, lleno de llagas abiertas y de heridas, dice: “Lo que más me duele es que no puedo hacer nada por ustedes”.

La historia sobre la tragedia andina también evidencia que es importante el desarrollo de la individualidad y de sus capacidades para enriquecer a la comunidad. Con el desarrollo de la individualidad potenciamos los rasgos y capacidades que podemos aportar al grupo. La individualidad tiene que ver con el pensar por sí mismo, tiene que ver con la autenticidad y, por lo tanto, con la diversidad que todo ecosistema necesita para subsistir. Una comunidad se enriquece con individualidades desarrolladas donde cada uno juega su papel. Esa es la libertad positiva, la que no colisiona con la posibilidad de desarrollo del resto del grupo, al contrario. 

La otra libertad, la libertadocomunismo, la vivalalibertadcarajo, le pertenece al individualismo, que lo que pretende es someter los derechos de los demás a los propios. El individualismo intenta imponer su beneficio personal frente al bien común. Pensando en fútbol, es importante que cada jugador potencie sus cualidades individuales en beneficio del equipo, pero es dañino un jugador individualista que no entiende que se trata de un deporte colectivo

En las comunidades, organizaciones naturales donde prima el interés del grupo, se impone la cooperación; como ocurre en las costas gallegas estos días. En cambio, en las sociedades –organizaciones basadas en intereses individuales pasajeros que significan una merma de derechos comunes y una decadencia cultural– se imponen la competitividad, los valores y morales del mercado y el beneficio propio, como parece que ocurrirá en las urnas gallegas dentro de unas semanas, según nos adelanta 40dB. en su encuesta. 

¿Será que la “comunidad gallega”, a la hora de votar, se convierte en “sociedad gallega”? ¿Habrá que recordar que cada proceso electoral es una situación extrema donde es urgente que afloren la cooperación, la responsabilidad compartida, el apoyo mutuo y el bien colectivo? Es trascendental saber elegir a quienes nos representan, porque éstos, con demasiada frecuencia, solo defienden sus intereses particulares. 

La comunidad de las playas gallegas debería ser un ejemplo nacional. La comunidad de las nieves, tendría que haberse llamado la película. Ojalá, la gente de Galicia, en las próximas urnas, demuestre que ha aprendido y no se olvide del abandono institucional ni del chapapote ni de los pellets, ahora que ya sabemos qué son. "                  (Paco Cano, CTXT, 11/01/24)

18/9/23

La última de Jácome ha sido despedir a la tesorera municipal de su puesto por ser "demasiado tiquismiquis" con las facturas. Jácome contaba, muy enfadado, que esta trabajadora tenía la osadía de comprobar hasta las firmas de las facturas pidiendo el DNI a los rubricantes y que a ver dónde se había visto semejante cosa... Hay algo en lo que a Jácome tiene razón: prácticamente no se conocen tiquismiquis en la Administración española, menos aún en la de Galicia y sus provincias y municipios, un territorio famoso por sus infinitas virtudes, pero también por su corrupción institucional y política rampante... Lo mismo que pasa -qué casualidad- en la mayoría de los juzgados, donde en lugar de reforzar al personal de la instrucción para acelerar las investigaciones sobre corrupción, sobre todo, se critica la lentitud de los equipos judiciales que llegan a firmar con los pies para ganar tiempo

 "Ourense es una ciudad maravillosa y desgraciadamente popular en toda España por culpa del estrambótico Gonzalo Pérez Jácome, un alcalde inclasificable, independiente y al que ni PP ni PSdG ni BNG lograron ganar las elecciones el pasado mes de mayo pese a varios escándalos desvelados con la propia voz del regidor a través de grabaciones filtradas al diario provincial La Región,

La última de Jácome ha sido despedir a la tesorera municipal de su puesto por ser "demasiado tiquismiquis" con las facturas. Jácome contaba, muy enfadado, que esta trabajadora tenía la osadía de comprobar hasta las firmas de las facturas pidiendo el DNI a los rubricantes y que a ver dónde se había visto semejante cosa ... No contento con echar del Ayuntamiento a la funcionaria, que estaba como tesorera desde 2018, cuando la nombró el PP, el alcalde de Ourense se dedicó a despotricar contra el resto de funcionarios y funcionarias del consistorio, los cuales, según Jácome son infiltrados enchufados por la oposición porque él dirige un barco donde la tripulación no es suya, vino a decir ante el enfado generalizado, no ya de los partidos, sino de los empleados y empleadas públicas.

Hay algo en lo que a Jácome tiene razón: prácticamente no se conocen tiquismiquis en la Administración española, menos aún en la de Galicia y sus provincias y municipios, un territorio famoso por sus infinitas virtudes, pero también por su corrupción institucional y política rampante. De esos polvos ... Y esta plumilla, hoy, quiere romper una lanza a favor de la tesorera (ya ex-) del Ayuntamiento de Ourense y de todas las y los tiquismiquis que en el mundo habitan, particularmente, en el gallego. ¿Qué habría sido de los narcos paseando por las instituciones como Perico por su casa, de la financiación ilegal del PP que empezó en Galicia, de las mordidas a políticos y/o altos cargos, de las facturas falsas o infladas, de las comilonas infinitas bien regadas con alcohol y puros, como mínimo, y con final feliz en burdeles ... si tesoreros, tesoreras, interventores, vigilantes del dinero público hicieran su trabajo como tiquismiquis cum laude?

 Porque sí, claro, con la tiquismiquia (arte de ser o hacer el tiquismiquis que bautizamos aquí) los procesos de vigilancia administrativa van más lentos y eso a Jácome le tiene comida la paciencia, así que en lugar de reforzar la plantilla de la tesorera para que todo fluya mejor y más rápido, decidió cargarse a la indomable tiquismiquis para apostar, sin duda, por una persona más rápida, que no mire las facturas por delante y por detrás y se limite a dar el visto bueno con un pequeño vistazo al papelito.

Lo mismo que pasa -qué casualidad- en la mayoría de los juzgados, donde en lugar de reforzar al personal de la instrucción para acelerar las investigaciones sobre corrupción, sobre todo, se critica la lentitud de los equipos judiciales que llegan a firmar con los pies para ganar tiempo y, encima, sin éxito.

El bueno de Jácome tiene razón: Ourense, Galicia, no necesitan tiquismiquis; de hecho, la gallega es una tierra donde la corrupción es algo muy excepcional, como saben todos ustedes. ¿Qué son 1.700 casos en diez años (2012-2022) y que, precisamente, por esos bloqueos asfixiantes en la precaria instrucción no llegan a juicio más que en un mísero 14%? Es normal que el ínclito alcalde ourensano pida agilidad y menos tonterías de firmas, sumas que no cuadran y trabajos encargados que nunca se hicieron pero sí se pagaron. Los demócratas, la gente honrada y exigente con la transparencia y la lucha contra la corrupción, no es consciente de lo mucho que debemos a don Gonzalo. Descastados."            (Ana Pardo de Vera, Público, 15/09/23)

14/7/23

A cara A de Feijóo: o "padriño" político e a saga Romay Beccaría en cargos públicos

 "José Manuel Romay Becaría, ex alto cargo franquista, fichou a Núñez Feijóo para a política. Se hoxe o líder do PP é o que é, é grazas a este político e avogado de Betanzos. Pero a relación entre os dous tampouco se entende sen o papel de Carmen Martín de Pozuelo, a sobriña de Romay, desde hai case 20 anos alta directiva da empresa Atos. Esta é a historia dun padriño político, dun afillado aventaxado e da sobriña empresaria.

 “Reivindicar a homes como José Manuel Romay Beccaría é reivindicar a etapa máis gloriosa da nosa historia recente e supón reivindicar o papel da boa política. Da súa traxectoria aprendemos que pensamento e acción son necesarios para transformar a realidade”. Núñez Feijóo non escatimou nunca eloxios para quen foi o seu "padriño" político, un home co que entrou na órbita do PP e a quen acabou situando de man dereita de Manuel Fraga.

 Pero como foron eses inicios políticos de quen acabou liderando o Partido Popular e que acabou baixo a longa capa dun dos pesos pesados da antiga Alianza Popular en Galicia?. Situemonos a finais dos anos 80. No ano 88, tres anos despois de acceder como interino da Xunta na Consellería de Facenda, Feijóo encabeza a candidatura da Asociación de Funcionarios Interinos e Contratados Administrativos (Afica). Con este sindicato gaña as eleccións e pasa a ser delegado sindical. Un posto ao que lle colle gusto, tanto gusto que lle sirve para dar o salto político.

Estamos xa a comezos dos noventa. "Aos tres ou catro anos chegoume unha oportunidade. Ser secretario xeral dunha consellería. Era un cargo de responsabilidade política, algo que non quería, meterme en política, e dixen que non. Aos dous meses, ante a insistencia da persoa que mo propuxera, e vendo que, o posto, milagreiramente, estaba vacante, dixen si. Ao final era unha oportunidade de mellorar que é o que quere calquera persoa". Así explica o propio Feijóo este chimpo á area política nun vídeo no que repasa toda a súa vida de cara aos comicios do 23X.

Esa persoa que o chamou era Romay Beccaría, un peso pesado na Xunta de Albor que mirou potencial político nese mozo sindicalista  e lle ofreceu a secretaría xeral da consellería e a do Sergas. "Co tempo, José Manuel Romay Beccaría, o conselleiro que me nomeou en Agricultura e logo na Consellería de Sanidade, foi nomeado ministro de Sanidad, e propúxome mellorar a sanidade en España cando a sanidade non estaba transferida a todas as autonomías". E xa convertido en home de confianza do novo minisro, Feijóo dá o salto a Madrid. Pouco despois, cambia o ministerio pola presidencia de Correos e en 2002, tamén impulsado por Romay Beccaría, acabaría na Xunta como vicepresidente.

A VIDA POLÍTICA DE ROMAY

Pero quen é Romay Beccaría nesa altura?, que poder político ten?. Para entendelo hai que botar a vista atrás e ir á época franquista. O seu pai, Emilio Romay Montoto, fora xa alcalde de Betanzos e logo presidente da Deputación da Coruña e deputado en Cortes durante a Dictadura de Francisco Franco. José Manuel, o fillo, seguiu o camiño do pai e, tras licenciarse en dereito, é nomeado Secretario Xeral de Sanidad, cargo no que permanece ata 1966 e cargo moi similar para o que fichou a Feijóo. Retoma a súa praza como letrado, ata asumir en 1973 a dirección do Instituto de Estudios de Administración Local. Permaneceu poucos meses nese cargo, pois en 1974 foi nomeado Subsecretario de Presidencia, e en 1975 Subsecretario de Gobernación.

 Xa en democracia, regresa a Galicia en 1982 para ocupar a vicepresidencia do primeiro goberno da Xunta de Galicia. Foi tamén deputado no Parlamento galego e, coma o pai, presidente da Deputación da Coruña, cargo onde permanecerá ata 1989, cando foi nomeado Conselleiro de Agricultura, Gandería e Política Forestal do goberno galego. Ó ano seguinte asumiu a Consellería de Sanidade, permanecendo no cargo ata 1996 cando volve a Madrid como ministro de Sanidad y Consumo. Ostentou a carteira ministerial ata 2000. En 2003 foi nomeado presidente do Consello de Estado de España, cargo no que permaneceu ata o 2018.

O TRÍO POLÍTICO

A principios dos anos 90, ato tempo que ficha a Feijóo, Romay Beccaría tamén nomea a súa sobriña, Carmen Martín de Pozuelo Romay, asesora de Sistemas de Información dese departamento. A relación aumenta e afianzase en 1996 cando Romay asume o ministerio de Sanidade a onde leva a Feijóo como secretario xeral de Asistencia Sanitaria e a Carmen Martín asesora de Sistemas da Información repetindo o esquema da Xunta.

En 1998 salta a primeira polémica, Sanida merca 17.512 terminais sen a letra ñ. A oposición pide explicacións no Congreso dos Deputados. O deputado Feliciano Blázquez apunta co dedo á responsabilidade da sobriña de Romay.

Dende o estrado, Feijóo defende con uñas e dentes á acusada: “Vostede fala tamén desa asesora executiva do ministro. Mire vostede, mentres o ministro teña confianza na miña persoa e mentres eu teña algunha responsabilidade en informática, esa será a persoa da que sempre me rodearei para estes temas; sempre, antes e despois”.

ENTRE EN XOGO UNHA GRAN EMPRESA

Tres anos despois, Feijóo, xa como presidente de Correos, volve fichar a Martín de Pozuelo Romay como a súa directora de Tecnoloxía e Sistemas. Unha relación que se afianza cando o líder do PP é chamado por Fraga como Conselleiro de Obras Públicas. Con el trae á sobriña de Romay como directora de Sistemas de Información.

 Tras a perda da Xunta, Martín de Pozuelo Romay acabará  fichada como directiva para a empresa Atos Origin en Madrid, mentres que Feijóo acaba liderando o PP de Galicia. Pero, que relación había entre Feijóo, a sobriña de Romay e esta empresa tecnolóxica?

En Xuño de 2004, Atos Origin (daquela chamada só 'Atos') logra a súa primeira gran adxudicación da Xunta, precisamente do departamento que lideran Feijóo e Martín de Pozuelo Romay. Nunha UTE con Coremain, Atos encargarase do centro de xestión informática de Política Territorial a cambio de 1,6 millóns.

Unha relación político-empresarial que se incrementará coa chegada de Feijóo á Presidencia da Xunta. Desde 2009, con Martín de Pozuelos como alta directiva de Atos Origin, esta empresa multiplica os seus negocios coa Xunta dende a vitoria de Feijóo até o punto de ofertar dez postos de traballo nunha nova sede en Santiago. e gañar concursos de varios millóns. Cuestionado no seu día polo aumento dos contratos a Atos, Feijóo mostrouse visiblemente molesto coa prensa. "Sería bo non lanzar cuestións que non son certas e afectan á honorabilidade de persoas que non poden defenderse", advertía. A relación continúa ata hoxe, entre as últimas adxudicacións, o servizo de xestión do 112 en Galicia pechado en época de Feijóo como presidente da Xunta."               (Galicia Confidencial, 04/07/23)

6/6/23

El negacionismo comenzó con el 'Prestige'... El 'Prestige' anticipó muchas cosas. También el negacionismo ante la emergencia medioambiental. Y un estilo político hoy bastante galopante, el hipernarcisimo bravucón... Los funcionarios de la administración marítima, los competentes en salvamento y gestión portuaria, e incluso oceanógrafos e investigadores del medio marino en entidades oficiales, recibieron por escrito la orden de silencio. No había “marea negra”... En el imperio de la mayoría absoluta de Aznar, la autocrítica sería un signo de fracaso. La jactancia se repetiría ante la guerra de Irak y los atentados del 11-M... también anticipó la revolución positiva, ecológica, en la que energía mareomotriz fue el civismo. Se limpió el miedo y se limpiaron las playas, las islas, los acantilados. Fue hecho social total... Esa revolución tuvo su Internacional ecológica, con miles de voluntarios de todo el mundo... Si hoy hablamos del Prestige, veinte años después, es por una catástrofe agravada por el negacionismo. Pero, sobre todo, por la memoria fértil de una revolución cívica que resistió el bombardeo de mentiras, la intoxicación de las palabras y la política fósil del Aturdimiento

 "La del Prestige fue la mayor catástrofe de contaminación marítima de la historia de España y de Europa, y la más dañina, con el Exxon Valdez (Alaska), en los mares del planeta.

 Pero, según la versión oficial, no hubo “marea negra”.

El buque monocasco, con bandera de Bahamas, salido de San Petersburgo el 30 de octubre, transportaba 77.033 toneladas de fuel Mazut M100, alias Chapapote, de la peor escoria de los combustibles fósiles. Gran parte de esa carga iba a emponzoñar, en sucesivos embates, el litoral de Galicia, playas, islas y acantilados del antiguo Fin del Mundo convertido en un yacimiento catastrófico.

Pero en Galicia, según el Gobierno central y la Xunta, no hubo “marea negra”.

El fuel Mazut 110, aka Bunker oil C, alias Chapapote, llegó a afectar, con diferente intensidad, a 2.780 kilómetros de costa. Con restos en dispersión durante al menos un año, la avanzadilla del vertido alcanzó Bretaña y puntos costeros del Atlántico Norte.

Pero, según los medios informativos públicos o afines al poder, no hubo “marea negra”.

Los funcionarios de la administración marítima, los competentes en salvamento y gestión portuaria, e incluso oceanógrafos e investigadores del medio marino en entidades oficiales, recibieron por escrito la orden de silencio.

No había “marea negra”.

El piloto del Pesca II, uno de los helicópteros del rescate, reportó desde el primer momento, desde el incidente inicial, con mucha precisión, una información que empezaría a mover los marcos de la realidad. En la transcripción de las cintas grabadas por la Torre de Control del Centro Marítimo de Finisterre, figura esta comunicación a las 19.41 horas del día 13 de noviembre: “Pesca II, procede a base. Nos pasa coordenadas de la contaminación (…) teniendo aproximadamente una longitud de 5,7 millas y un ancho de unos 300 metros”. El mayday, después de un primer SOS a las 15.15, se escucha a las 15.17. Lo que había en el mar, tres horas después, ya era algo más que una mancha. Pero esa noche, en el primer comunicado emitido desde la Delegación del Gobierno sobre el siniestro del petrolero, la palabra elegida fue esa. Se habla de una pequeña “mancha”, en una mención de pasada, imprecisa y minimalista. Fue el prefacio de la versión que tratarían de imponer los portavoces gubernamentales. No importaba que el chapapote, después de moverse, sigiloso, entre aguas, asomase ya hasta la puerta de las casas la Costa da Morte.

 Pero la contaminación también entró en los despachos oficiales en esa forma de alternative facts (hechos alternativos, es decir, falsedades) que años después popularizó la estratega de Trump, Kellyane Conway. El Prestige anticipó muchas cosas. También el negacionismo ante la emergencia medioambiental. Y un estilo político hoy bastante galopante, el hipernarcisimo bravucón, que el sociólogo Richard Sennett define como “carisma incívico”. En el imperio de la mayoría absoluta de Aznar, la autocrítica sería un signo de fracaso. ¿Quién era la realidad para venir a desautorizarle? La jactancia se repetiría ante la guerra de Irak y los atentados del 11-M.

Supongo que a estas alturas ya les considero enterados de que en Galicia, en el 2002, no hubo una “marea negra”. Muxía, el llamado Kilómetro Cero, pasó de capital del infierno a ser una 'aldea Potemkin', uno de esos pueblos con fachadas coloristas, de cartón piedra, que le montaban a la emperatriz Catalina de Rusia, con gente vestida de traje regional danzando feliz.

José Luis López-Sors, director general de la Marina Mercante: “No se puede hablar de marea negra; son manchas negras y dispersas”. O Mariano Rajoy: “Afecta a una parte importante de A Coruña, pero no es una marea negra”. Jaime Pita, portavoz de la Xunta, declaró en el Parlamento que la única “marea negra” era la oposición. Y Federico Trillo, ministro de Defensa, descartada como “solución” bombardear el buque por el Ejército del Aire, se sumó al armamento de distracción masiva, lanzando desde un helicóptero una fake news edénica que tuvo mucho repique de campanas navideñas: “Las playas están limpias y esplendorosas, la visión es magnífica”.

No hubo, no podía haber, “marea negra”. Negado este principio de realidad, lo que se emite es desinformación y una escalada de declaraciones de los portavoces gubernamentales que hoy se prestan a una antología que bien podría llevar la firma del Movimiento Pánico, de Roland Topor, y su estilo de “humor tumefacto”. Hay algunas que ya son patrimonio nacional, como el haiku de Mariano Rajoy cuando declaró que del buque hundido solo salían “unos pequeños hilitos como de plastilina”. Pero entre mis preferidas, hay una de Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno en Galicia, que merece sobrevivir con el rango de aforismo: “Hay una cifra que está clara y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe”. 

 Un analista político brasileño, Marcos Nobre, acuñó el la denominación de “política de Atordoamento” (Aturdimiento) para definir lo que caracterizó la pasada campaña electoral. Un incesante bombardeo de fake news, videos montados y otros medios de propaganda basados en el engaño cuyo objetivo en principio sería convencer a los indecisos. Al final, más que indecisa, había mucha gente aturdida. En estado de estupor. Esa estrategia ya se ensayó en España con motivo de la catástrofe del Prestige. Fue laboratorio anticipatorio de muchas cosas. También de la política de Aturdimiento, una vez que en la población había cundido la desconfianza. Se negaba la mayor: lo que los propios ojos veían. Como en un verso de Manuel Antonio, el poeta gallego navegante, mirabas al mar y el horizonte estaba “enfermo”. Gravemente enfermo. Pero, además, se afirmaba, sin margen a la duda, que la decisión de alejar el buque era la única viable. “Lo volveríamos a hacer”, repetían los responsables una y otra vez.

Esta decisión tenía el carácter de “consigna”.

Uno de los enigmas sobre lo que ocurrió en instancias políticas en torno al Prestige es esta “consigna”. A las dos horas del SOS y mayday, a las cinco de la tarde del 13 de noviembre, con el buque a solo 28 millas de Fisterra, y cuando aún se va a proceder al rescate de los tripulantes, el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors utiliza ya esa palabra. Se lo dice así a Pedro Sánchez, jefe de Coordinación Nacional de Salvamento, cuando este consigue conectar con él: “La consigna es alejar el buque hasta que se hunda”. El tono de la frase en la grabación es apodíctico. No hay nada de conversar ni discutir. ¿Quién decidió esa “consigna”, cuándo, por qué? ¿Es creíble que algo así lo decidiese López-Sors por su cuenta, sin consultar con el ministro de Fomento o con el presidente?

Lo que quedó fue un reguero de declaraciones erráticas, sin sentido, como si estuviesen inspiradas en el rumbo del buque hacia ninguna parte.

 Hay episodios de desgobierno histórico que parecen urdidos por aquel personaje de Si esto es un hombre , un tal Alex alias Kapo, a quien Primo Levi atribuía la condición de “sólido y compacto en su ignorancia y estupidez”. Después del hundimiento del buque, el 19 de noviembre, los portavoces gubernamentales dan por finalizado el problema, con la previsión de que el fuel que todavía contiene el buque acabará por “solidificarse”, como adoquines en el fondo oceánico. Al tiempo, una imagen tomada por el satélite Envisat, de la Agencia Europea del Espacio, muestra el avance hacia la costa gallega de un frente de chapapote de 170 kilómetros de largo. Cuando la imagen aparece en las pantallas, con un gabinete de crisis en estado catatónico, hay una alerta popular y la gente del mar se dispone a hacer frente con todos los medios posibles a la embestida.

Casi todo, en lo que competía al Estado, con el combustible fósil de las fake news y del Aturdimiento, parecía enmarcado en las coordenadas absurdas de ese viaje hacia ninguna parte. Lo mismo ocurrió con el errático proceso judicial. Se contagió de ese lenguaje. ¿Cómo explicar la asombrosa frase con la que el presidente del tribunal del macrojuicio de 2013 abría la sentencia? Dijo el magistrado Pía: “No debe ser verdad que hasta las cosas ciertas deban probarse”. Y así, en ese viaje hacia ninguna parte, se desaprovechó la oportunidad de avanzar en la jurisprudencia universal para proteger el medio ambiente.

Con anterioridad en uno de los pocos intentos por salvar la realidad, en el primer auto de la Audiencia de A Coruña, en octubre de 2009, que había imputado al alto cargo de Fomento López-Sors, se hablaba de “rumbo suicida”. Está claro que se pretendió hacer desaparecer el problema por una especie de nepotismo mágico. Y así lo revelan conversaciones como esta, el día 14, cuando ya se ha resuelto la “subasta” en el mar y el barco está en manos de Smit Salvage.

Subdelegado del Gobierno (A Coruña): “¿El barco va muy lejos?”

Fomento: “Huy, ya está, madre de Dios, estará a treinta y tantas millas”.

Subdelegado del Gobierno: “¿Treinta y tantas?”.

Fomento: “No, como siga así, este llega a Groenlandia”.

Subdelegado del Gobierno: “Bueno, pues que llegue allá”.

Fomento: “Sí, joder”.

Subdelegado del Gobierno: “Vale, muy bien”.

El otro enigma es qué pasó en el mar en las horas decisivas para el remolque del buque. Remolcanosa, la compañía del remolcador Ría de Vigo, situado muy cerca del siniestro, en Corcubión, tenía un contrato con el Estado para actuar como servicio público. A la hora de la verdad, entra en la pugna por el botín la multinacional Smit Salvage, con sede en Róterdam. En la negociación con la firma armadora, Universe Maritime, de los griegos Coulouthros, Smit comunica que tiene como socio a Remolcanosa, propiedad del poderoso empresario Silveira, por cierto muy bien conectado con el poder político conservador. Materia para un relato de “serie negra” naval.

 ¿Por qué despierta tanto interés lo ocurrido con el Prestige, veinte años después? Porque fue un gran aviso. Estamos en una situación de emergencia ecológica planetaria. La inseguridad, la sociedad de riesgo, el yacimiento catastrófico, no era patrimonio del “tercer mundo”. Galicia estaba en primera línea de riesgo. En la actualidad, por el llamado “corredor atlántico”, pasan cada año 36.500 buques, de los que unos 12.800 transportan mercancías peligrosas, es decir, 35 cada día.

El del Prestige es ese tipo de acontecimiento histórico que puede ser conjugado como un “presente recordado”. Hablando de recuerdos, poco antes de aquel siniestro que derivó en ecocidio, hubo un debate entre Umberto Eco y Antonio Tabucchi sobre el compromiso de la gente de la cultura en caso de catástrofe social. Eco decía que, en caso de incendio, lo que tienen que hacer los intelectuales, como el resto, es llamar a los bomberos. A lo que Tabucchi respondió: “¿Y si no vienen los bomberos?”. Además, decía el autor de Sostiene Pereira, “yo quiero saber las causas del incendio”.

En Galicia, aquel invierno de 2002, tardaron mucho en llegar los “bomberos”. Y cuando llegaron, los jefes, los gobernantes, negaban que hubiera un gran incendio. En todo caso, conatos de fuego. Las manchas dispersas.

Es en este contexto donde se produce una revolución. Lo que podríamos llamar la Revolución del Mar. En Galicia hay un calendario de catástrofes marítimas graves. En cada DNI podría figurar como marca generacional el nombre de un naufragio. 

 No es verdad que con anterioridad no hubiera protestas en defensa del mar. Las manifestaciones impidieron, en 1976, que se construyese una central nuclear en Xove (Viveiro), cuando ya se había publicado la aprobación en el BOE. Una gran movilización social, en 1981, y a partir de la expedición de un pesquero de madera, el Xurelo, al cementerio de residuos radioactivos en la Fosa Atlántica, acabó por conseguir en 1985 la prohibición por parte de Organización Marítima Internacional de los cementerios nucleares en el mar. En 1992, con la catástrofe del Mar Egeo, al pie de la Torre de Hércules, las mariscadoras coruñesas gritaron por primera vez: “Nunca Máis!”.

En el 2002 las mentiras se llamaban mentiras. En 2022, hablamos de negacionismo y fake news. A Galicia, en medio de la tempestad, llegó un buque monocasco y herrumbroso, cargado de miles de toneladas de la escoria de los combustibles fósiles, fletado con destino oculto (parada en Gibraltar), al mando de un capitán con problemas cardíacos (el Sintrom a mano) y con una tripulación mal pagada y subalimentada. Podemos ver el Prestige, incluido el sarcasmo de su nombre, como una metáfora del capitalismo impaciente, sucio, sin escrúpulos.

 Los primeros días, se aplicó la política del Atordoamento. La gente reaccionó con estupor. Pero esta vez no acabaría metida en su concha. Ante la desinformación y el desgobierno se produjo una revolución de las conciencias. En los discursos políticos se invocaba mucho entonces a la sociedad civil. La teoría, sobre todo por parte de la derecha neoliberal, era: menos Estado, más sociedad civil. Pero cuando surgió la sociedad civil en activo, y eso fue Nunca Máis, los notorios ideólogos de la sociedad civil la declararon improcedente. Quienes se consideran propietarios de la Constitución, ignoraron que en ella se dice que ante una catástrofe es “imprescindible la solidaridad colectiva”. Entre comunidad y caos, la gente eligió la comunidad. Fue una revolución positiva, ecológica, en la que energía mareomotriz fue el civismo. Se limpió el miedo y se limpiaron las playas, las islas, los acantilados. Fue hecho social total. Con una excitación cultural creativa, en la que las armas eran los paraguas, las maletas, las cruces, las caracolas y manifiestos sentipensantes. Esa revolución tuvo su Internacional ecológica, con miles de voluntarios de todo el mundo.

 Si hoy hablamos del Prestige, veinte años después, es por una catástrofe agravada por el negacionismo. Pero, sobre todo, por la memoria fértil de una revolución cívica que resistió el bombardeo de mentiras, la intoxicación de las palabras y la política fósil del Aturdimiento."                (Manuel Rivas, eldiario.es, 12/11/22)

12/4/23

Así se gestó la denuncia de Galibus contra el director xeral de Mobilidade por "prevaricación administrativa" beneficiando a Monbus... El proceso busca descubrir si el alto cargo de la Xunta dio orden de “salvar a las empresas y UTE’S vinculadas con Monbus”

 "Cuando los sindicatos que alentaron a la huelga del transporte por carretera en Galicia no habían decidido si iban o no a aparcar los buses el pasado 31 de marzo, desde Galibus ya asumían que eso iba a ocurrir. “La huelga es difícilmente evitable”, comentaban a este medio días antes. 

La Asociación Empresarial de Viajeros por Carretera de Galicia está compuesta por pymes que, siempre a la sombra de grandes compañías, llevaban años viendo como los gigantes les birlaban los contratos en una partida que parecía jugarse con las cartas marcadas. Sin embargo, las denuncias nunca llegaban a puerto. En ocasiones ni zarpaban. Ahora, después del pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que dio orden a la Comisión Galega da Competencia para incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa, las piezas comienzan a encajar.

Tras señalar la Justicia a las dos empresas “por indicios de haber podido repartirse el mercado” y a la Xunta como actor necesario para que esto sucediese, Galibus puso en marcha a sus equipos legales para iniciar un proceso que, hasta ahora, ha provocado que el Juzgado Nº1 de Santiago haya acordado incoar "diligencias previas por un delito de prevaricación administrativa" contra Ignacio Maestro Saavedra, director xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia desde 2017.

Todo esto comenzó a gestarse hace semanas, cuando Galibus presentó el pasado 14 de marzo la denuncia ante los juzgados e inició un proceso al entender que se estaban sucediendo las irregularidades en contrataciones públicas de transporte por carretera. 

De esta forma, señala directamente a Monbus como la empresa que “a través de diferentes mercantiles o UTE’s, licitan y resultan ser adjudicatarios de gran cantidad de los lotes que oferta la Consellería de Infraestructura e Mobilidade de la Xunta de Galicia, sorteando fraudulentamente, con el concurso y aquiescencia de quienes deben supervisar, vigilar y controlar que no ocurra, es decir la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade y, concretamente su Dirección Xeral de Mobilidade, las obligaciones y exigencias de los Pliegos, lo que implica un evidente agravio comparativo con el resto de licitadores y adjudicatarios y un grave perjuicio del interés público, con merma también del patrimonio público”, comentan desde Galibus.

Así las cosas, recuerdan que el 1 de septiembre del pasado año las empresas adjudicatarias tenían que haber justificado y aportado la relación de cada uno de los vehículos adscritos a los distintos contratos. Siete meses después, desde Galibus reprenden que no se ha realizado este trámite, por lo que no queda justificado si las empresas “disponen de los medios necesarios para poder prestar el servicio, con grave merma de un servicio público esencial”.

Esto entroncaría directamente con las denuncias de muchos usuarios, que advierten que en muchas de las líneas donde opera Monbus los autocares presentan deficiencias o, directamente, no llegan para prestar el servicio, acumulando grandes retrasos y perjudicando a los viajeros.

VIEJOS CONOCIDOS EN LOS PASILLOS DEL JUZGADO

En cualquier caso, no es la primera vez que desde Galibus recurren a la Justicia para denunciar los incumplimientos, toda vez que aseguran haber comprobado “que las empresas adjudicatarias estaban incumpliendo las exigencias contractuales, lo que fue asimismo denunciado ante la Administración por medio de diversos escritos a lo largo de sucesivos meses”. Las denuncias, eso sí, no tuvieron más recorrido y la Xunta permitió “el incumplimiento sistemático” de las adjudicatarias.  

 Es en este punto donde se ve la mano del director xeral de Mobilidade, Maestro Saavedra, cuyas actuaciones están bajo la lupa de la magistrada Ana López-Suevos. Las pymes integradas en el colectivo señalan que el propio Maestro Saavedra “dictó diversas resoluciones” con la intención de “salvar a las empresas y UTE’S vinculadas con Monbus”. 

 Esto suponía un perjuicio para el resto de empresas que acudían al concurso y que, al contrario que Monbus, “sí se encuentran en condiciones de cumplir con los Pliegos del contrato, dado que se está prestando un servicio defectuoso con numerosos y reiterados incumplimientos, como ponen de manifiesto una y otra vez las continuas denuncias al respecto formuladas por colectivos ciudadanos, sindicatos, ayuntamientos, etc y que han tenido amplia repercusión en los diversos medios de comunicación”.

“Entendemos que el director xeral es plenamente conocedor de los incumplimientos denunciados y actuando arbitrariamente, tanto por acción como por omisión, ha permitido la permanencia en el tiempo de una situación anómala e ilegal, originando graves perjuicios a otros empresarios, al sector en general, a los derechos de los ciudadanos y a la credibilidad en la actuación de la Administración que representa”, indican, lo que ha llevado a la Justicia a considerar que hay indicios de un delito de prevaricación administrativa, incoando las diligencias previas contra Maestro Saavedra. La Xunta, eso sí, reitera que siempre operó según la ley y que "ha cumplido y sigue cumpliendo escrupulosamente" en la adjudicación de contratos. "               (Rodrigo brión, Galiciapress, 07/04/23)

6/3/23

Ecologistas y mariscadores se levantan contra los vertidos de una mina autorizados por la Xunta en la ría de Noia... El Gobierno gallego da luz verde al plan de una empresa australiana de vaciar 890.000 metros cúbicos de aguas con metales pesados a un río para reiniciar la extracción de wolframio en San Finx, en el municipio de Lousame

 "En el municipio coruñés de Lousame, sobre la ría de Muros y Noia, se acumulan cerca de un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados de una mina, la de San Finx, de la que se extrajeron durante años wolframio y estaño. El yacimiento está sin actividad desde 2017, pero un cambio de manos en 2022 puso sobre la mesa su reactivación. Para acceder a las galerías que quiere explotar el nuevo propietario, la empresa australiana Pivotal Metals (hasta hace unos meses, Rafaella Resources), hace falta vaciar el agua que las anega, cargada con zinc, cadmio y cobre. 

La Xunta ha dado su autorización para que se vierta al río Pesqueiras (también llamado rego das Rabaceiras), a siete kilómetros de los bancos marisqueros de los que se extrae la mayor parte del berberecho que se produce en Galicia. Organizaciones ecologistas añaden que los terrenos afectados incluyen zonas protegidas de agua potable y áreas de la Red Natura 2000. Asociaciones ambientalistas, cofradías y algunas de las corporaciones municipales de la zona se han unido contra el permiso dado por el Gobierno gallego.

El órgano responsable de dar esa autorización es Augas de Galicia, que depende de la Consellería de Infraestruturas. La hizo pública el pasado 1 de febrero justificándola en que las aguas residuales deben pasar un proceso de depuración y la empresa tiene que cumplir “18 requisitos y la atención estricta de las normas de calidad ambiental”. De acuerdo con el documento, Tungsten San Finx S.L. (filial de Pivotal Metals) podrá vaciar 889.885 metros cúbicos de agua acumulada en un periodo de 494 días (algo más de un año y cuatro meses). En la fase de explotación de la mina, la cantidad podrá llegar a 631.836 metros cúbicos anuales, parte de ellos procedentes de las galerías y parte de la zona industrial.

La resolución provocó una tormenta en la comarca de Noia. Desde entonces diferentes cargos de la Xunta han salido a defender la decisión con el argumento de que cumple “escrupulosamente” la normativa. El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, insistió en que esta autorización no es todavía la que le permite a la empresa retomar la actividad minera. Para eso, añadió, tiene que tramitar una actualización de proyectos para la que hay un análisis ambiental. Sin embargo, Tungsten San Finx sí podrá empezar a verter el agua contaminada para liberar las plantas anegadas. Y esto preocupa a ecologistas y mariscadores.

“Esto pone en riesgo a toda la comarca”, protesta Santiago Cruz, patrón mayor de la cofradía de Noia, que, junto a la Portosín, convocaron la protesta de este sábado contra la decisión de la Xunta. La movilización recibió apoyo de asociaciones ecologistas como Greenpeace, Verdegaia y Ecoloxistas en Acción. Cruz asegura que llevarán el caso a los tribunales, pero, con los tiempos de la justicia, teme que la empresa empiece a verter residuos antes de que haya un fallo. “Después nos tiraremos de los pelos”, dice y asegura que son 5.000 las familias que dependen de la ría de forma directa. Considera que “hay intereses” no declarados porque ve “sospechoso” que se dé luz verde a una medida que puede afectar a tantos trabajadores por permitir la actividad en una planta que daría empleo a “50 ó 70” personas.

Joám Evans, de Verdegaia, concuerda. Recuerda que el proceso para autorizar los vertidos llevaba siete años en trámite. Hace un año se produjo la operación empresarial por la que la mina pasó de estar en manos de una filial de Sacyr (Valoriza Minería). El traspaso estaba condicionado a que se pudiese reanudar efectivamente la producción y se vendiesen al menos 1.000 toneladas de material. Hasta entonces no habrá ningún pago. Evans cree que todo el proceso es “un gran favor político a Sacyr”, que tendría que asumir el coste de reparar y clausurar el yacimiento si no prosperase el proyecto de Pivotal Metals. La actividad está parada desde 2017 en una mina investigada por la Justicia y que llevó a un alto cargo de la Xunta a tener que responder ante el juez en una causa por presunta prevaricación ambiental.

Recursos de alzada y denuncias

El representante de Verdegaia indica que se ha presentado denuncia por la vía penal contra los tres funcionarios que tramitaron la resolución y la directora de Augas de Galicia. Por la vía administrativa, también se han registrado recursos de alzada. Uno de ellos corresponde, según publicó el diario La Voz de Galicia, al Ayuntamiento de Noia, con un alcalde, Santiago Freire, que es del PP. La autorización de vertido es para Evans “como empezar la casa por el tejado” porque permite empezar a evacuar residuos para un proyecto que no tiene todavía la autorización para empezar a funcionar.

También Greenpeace critica la decisión de la Xunta. Los vertidos “podrían dañar irreparablemente” el área donde desemboca el río Tambre en la ría, que es una zona de especial conservación de la Red Natura, y perjudicaría al marisqueo “sostenible” que de desarrolla allí. Para el portavoz de la organización en Galicia, Manoel Santos, el Gobierno gallego parece “decidido a reabrir la mina de San Finx y ponerse a jugar con metales pesados en la ría”. “El resultado podría ser catastrófico”, añade y recuerda que la contaminación por metales pesados “es uno de los mayores problemas ambientales por su persistencia y toxicidad”. También recalca que Pivotal Metals no tiene minas operativas en otros lugares del mundo y que a la otra que controla en Galicia, la de Varilongo (Santa Comba, A Coruña), Augas de Galicia le denegó a finales de 2022 una autorización de vertidos similar a la de San Finx.

Niveles de metales “muy por encima de los permitidos”

La resolución de Augas de Galicia insiste en que las aguas se tienen que depurar antes de que lleguen al cauce fluvial y da un plazo de cuatro meses para que estén finalizadas las obras en los sistemas de tratamiento y evacuación. Establece que la empresa debe hacer un control semanal en la fase de vaciamiento y uno mensual en la de explotación y remitir los resultados de los análisis a la administración gallega.

Tres semanas después del anuncio de la Xunta, la cofradía de Noia entregó al Gobierno gallego un informe técnico que cuestiona las medidas preventivas de la Xunta. El documento concluye que la prueba piloto en la que se basa la planta de tratamiento de aguas de mina aprobada fue “un fracaso” y “no consiguió controlar los niveles de cinc y resultó en concentraciones de cadmio y cobre disparados”. Del estudio se encargó el geofísico Steven H. Emerman, experto en residuos mineros, y en el mismo señala que las concentraciones de estos metales pesados están “muy por encima de los valores máximos permitidos”.

Berberecho no apto para el consumo

La bióloga de la cofradía de Noia, Liliana Solís, explica que la presencia de metales pesados tiene impacto sobre las poblaciones de berberecho y almeja, que son las más importantes en la zona. Recuerda que son organismos filtradores, que pueden bombear 80 litros de agua al día para retener las microalgas de las que se alimentan. “Si en el medio hay metales pesados, los van a bioacumular. Y nosotros, por encima de ciertos niveles, no podemos consumir ni zinc ni cobre ni cadmio”, señala. El vertido de los residuos de la mina derivará no tanto en un impacto sobre las poblaciones de estos bivalvos, sino en que no se podrán comercializar para consumo humano.

El problema para quienes se dedican al marisqueo en la ría de Muros y Noia se suma a la elevada mortalidad de los moluscos esta temporada. La situación, dice Solís, se repite siempre que hay una temporada de elevadas precipitaciones, que fue lo que ocurrió el pasado otoño y en la primera parte del invierno. Una presa río arriba hace desembalses para producir electricidad y esa cantidad de agua dulce provoca una bajada de la salinidad en los bancos marisqueros de la ría, además de arrastres y un aumento de la turbidez. Esto es lo que ha provocado la muerte del 80% de los ejemplares de berberecho comercial y el 77% de la cría, además del 54% de la almeja japonesa."                    (Beatriz Muñoz  , eldiario.es, 4 de marzo de 2023)

7/2/23

Las trabas de Feijóo en la Xunta para dificultar el derecho a acceder a información que ahora pide garantizar

 "El derecho a acceder a la información pública está recogido en una ley estatal de 2013 y en un gallega de 2016. La primera habla de que el procedimiento ha de ser “ágil, con un breve plazo de respuesta” y la segunda indica que “toda la información pública es accesible y relevante, y toda persona tiene acceso libre y gratuito a la misma”. A pesar de la declaración de intenciones, el proceso para obtener datos de las administraciones puede prolongarse durante varios meses, derivar en respuestas incompletas u obligar a presentar quejas para conseguir una contestación.

Este es el relato de cuatro casos en los que la Xunta no contestó a peticiones de información amparadas en la ley de transparencia hechas por esta redacción, dio una respuesta parcial o fue necesario pedir amparo a la Valedora do Pobo para obtenerla. Dos de ellos ocurrieron cuando Alberto Núñez Feijóo era el presidente de la Xunta. El ahora líder del PP incluye entre las propuestas de su plan de calidad institucional la de legislar de nuevo para que la administración sea “más transparente” y “ética” y “asegure el derecho de acceso a la información”.

Cuatro meses después

El 26 de septiembre de 2022 fue presentada ante la Xunta una petición para conocer el detalle de las empresas que aportaron fondos en concepto de patrocinio (una fórmula que permite sustanciosas desgravaciones fiscales) para el Xacobeo 21-22. A través del formulario que la administración autonómica ha creado para solicitar información pública, este diario reclamaba saber la cantidad que cada firma había entregado y los beneficios en el pago de impuestos que les reportaría. La contestación llegó un mes después, que es el plazo máximo fijado por ley para resolver. Contenía únicamente la indicación de que se debía consultar una página web en la que aparecían las empresas, pero nada referido a sus aportaciones económicas.

Para estos casos, la ley gallega fija que se pueden presentar reclamaciones ante la Valedora do Pobo contra las resoluciones en materia de transparencia. A esta posibilidad recurrió esta redacción el 4 de noviembre de 2022 y la respuesta, que dio la razón a este periódico, fue notificada el 23 de diciembre. La Valedora señala en su texto que el derecho de los ciudadanos a pedir información pública “implica el derecho a recibir una respuesta documentada, completa y satisfactoria” y considera que no se puede admitir “que se le remita únicamente un link a la información publica en la web del organismo en la que se contiene únicamente parte de la información solicitada”. Añade que, en el caso de que los datos que se piden no estén en poder de la administración, como argumentaba la Xunta que ocurría en esta ocasión, esta “tiene la obligación de remitir la solicitud al órgano que posea esa información, debiendo informar de esta circunstancia al solicitante, obligación que en este caso la Axencia [de Turismo] no cumplió”.

A partir de este momento se abre otro proceso con otros plazos: en su respuesta a la Valedora la Xunta traslada que es el Consejo Jacobeo (un órgano de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades por las que pasa el Camino) el que puede tener los datos de las aportaciones económicas, porque interviene para certificarlas. La Valedora reclamaba en su resolución que la Axencia de Turismo remitiese la petición a ese órgano en un plazo de 10 días, con lo que se abría la espera para que sea esa otra instancia respondiese.

La contestación del Consejo Jacobeo fue notificada el 19 de enero. En total, casi cuatro meses desde que se enviaron las preguntas. El documento sigue dejando parte de la información oculta. Expone que la Comisión Técnica Certificadora del Acontecimiento de Excepcional Interés Público Año Santo Jacobeo 2021 fue la que se ocupó de emitir la certificación de que los gastos de publicidad declarados por las empresas que donaron fondos se ajustaban a las normas. Fueron 21 las que cumplieron con esto. Aportaron 9,8 millones de euros ingresados por la Axencia de Turismo de Galicia. De acuerdo con el sitio web al que remitía la Xunta en su primera respuesta, hay 40 entidades colaboradoras del Xacobeo: 38 empresas, incluida una creada para la construcción y promoción inmobiliaria de un centro turístico en Huelva, y dos fundaciones. El Consejo Jacobeo aclara que solo tiene la información de las empresas colaboradoras que han presentado solicitud de certificación. El resto, ha de pedirse a “la administración correspondiente”.

La vía de no responder

A finales de marzo de 2022, seis instagrammers comenzaron a hacer una parte del Camino de Santiago y a publicar a diario en sus redes sociales sus selfis en ruta. En ninguna de las varias notas de prensa del Gobierno gallego sobre la iniciativa se mencionaban los fondos destinados a la misma ni se aclaró este punto cuando esta redacción lo preguntó a través del gabinete de prensa. La petición amparada en la ley de transparencia tampoco obtuvo respuesta, pero unos meses después la Xunta terminó subiendo los acuerdos a la plataforma de contratos -otro de los requisitos de las leyes de transparencia. Así se supo que se entregaron unos 80.000 euros de fondos públicos a estos influencers y a otro que participó en otro plan promocional ese verano."                (Beatriz Muñoz  , eldiario.es, 31 de enero de 2023)

20/10/22

Las ayudas de las que Feijóo presume: sólo el 21% del bono eléctrico llegó a las familias... el 80% fué para 'gastos diversos' de la Xunta: 111.000 euros para la iluminación de la Cidade da Cultura; 125.000 para la realización de un “estudio sobre publicidad”; 150.000 euros para cambiar carteles en hospitales; 165.550 euros para la Fundación Feiras de Lugo; 140.000 euros) la defensa jurídica de la Xunta en relación con la mina de Corcoestro... y así hasta 2,1 millones de euros para gaitas floreadas

 "El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, salpicó sus dos intervenciones en el debate en el Senado con Pedro Sánchez de referencias a su gestión de trece años al frente de la Xunta de Galicia. En su afán por destacar su propia visión a largo plazo, incluyó en su primer turno una autocita para subrayar su capacidad de previsión al asegurar que él fue el primero en aprobar ayudas para que las familias hiciesen frente a los problemas del encarecimiento de la energía. Tanto se anticipó que, como destacó él mismo, lo hizo en 2017, cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy y difícilmente se podía achacar a Sánchez el origen del problema.

“Las dificultades energéticas de las familias no han empezado con la guerra”, explicó el líder del PP. “En el año 2017 hubo una comunidad que fue pionera en lanzar un bono eléctrico para ayudar a las familias a pagar un 50% de los recibos de la luz. Se ayudó a más de 33.400 familias al año y además se hizo un complemento extraordinario de 100 euros del bono social que terminó ayudando a 64.000 hogares”. “¿Sabe cuál, fue esa comunidad autónoma que antes de que usted fuese presidente del Gobierno ya estaba ayudando lo que dice usted que va a ayudar ahora? La comunidad autónoma de Galicia”, reveló entre aplausos de la bancada conservadora. 

 La realidad, sin embargo, es mucho más incómoda para el líder del PP y, sobre todo, para su currículum de buen gestor. Apenas el 21% de las ayudas, presupuestadas para 2016 y publicitadas por la Xunta con la etiqueta de “ticket eléctrico”, acabaron en los bolsillos de las familias más necesitadas. El resto del dinero anunciado por el Gobierno de Feijóo, 2,1 millones de euros que deberían haberse destinado a sufragar aproximadamente recibo y medio de la luz al año, acabó en su mayor parte pagando gastos diversos de la Xunta.

La lista de materias en la que la Xunta usó ese dinero, del que Feijóo presumió este martes en el Senado, incluye 165.550 euros para la Fundación Feiras de Lugo —una organización pública participada por los empresarios lucenses—, 150.000 euros para cambiar carteles en hospitales y 125.000 para la realización de un “estudio sobre publicidad”. 

Pero no sólo eso. El dinero que debía ayudar a las familias más necesitadas acabó siendo usado también para abonar (140.000 euros) la defensa jurídica de la Xunta en relación con la mina de Corcoestro (Cabana de Bergantiños, A Coruña), un proyecto fallido de extracción de oro en el que la concesionaria acabó acusando a Feijóo de haber pedido una mordida a cambio de la licencia de explotación. Y para pagar la iluminación de la Cidade da Cultura, el macro proyecto arquitectónico impulsado por Manuel Fraga en Santiago de Compostela e inaugurado parcialmente cinco años antes. Solo esa partida consumió 111.000 euros.

 La lista de usos alternativos del dinero que debía ayudar a pagar la factura de luz incluye, como publicó en su día Praza.gal, actividades de comercio “ya previstas” (79.500 euros), “recursos contra órdenes de ayudas de años previos” (50.000 euros) y la redacción del anteproyecto de aguas termales (8.950 euros). Es una relación parcial: cuando se publicó esta información el Gobierno de Feijóo tenía todavía pendiente reasignar otros 836.800 euros.

Fracaso

Al final, la Xunta sólo tramitó ese año 2.168 solicitudes por un valor total de 433.200 euros, muy lejos de las 14.000 familias que según Feijóo se iban beneficiar de la medida. A la vista del fracaso en la gestión de las ayudas (los solicitantes tenían que tramitarlas por Internet, lo cual suponía una barrera insalvable para muchas de las familias que podrían haberse beneficiado), el Gobierno de Feijóo optó por reducir un 62% la partida prevista para 2017.

Las condiciones exigidas por la Xunta eran muy restrictivas: dejaba fuera de la convocatoria a los hogares en los que los ingresos de todos sus miembros sumasen más de 798 euros mensuales, (684 en el caso de salarios divididos en catorce pagas). Y negaba la ayuda a los hogares en los que no hubiese menores o alguien con algún tipo de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.        

La oposición de entonces, formada por En Marea, el BNG y el PSdeG-PSOE, intentó sin éxito en el Parlamento que la Xunta aceptase ampliar las condiciones exigidas para que las ayudas pudiesen llegar a más gente extendiendo el listón máximo de ingresos anuales de 9.600 a 11.500 euros y eliminando el requisito de que en los hogares hubiese menores o personas con discapacidad. El PP de Feijóo, con mayoría absoluta en la Cámara, votó en contra de la propuesta."         (Fernando Varela, InfoLibre, 19/10/22)