O goberno de Santiago cifra en 3 millóns o custo das sentenzas por decisións de anteriores mandatos

"Outras sentenzas con impacto nas arcas públicas

Se non prospera o recurso do Concello contra a sentenza que o obriga a indemnizar a Doal con 620.000 euros -576.000 deles polo "lucro cesante", o que deixou de gañar pola adxudicación de 2012, irregular segundo o TSXG- este importe engadirase ao doutros ditames xudiciais que afectaron o consistorio da capital galega nos últimos anos.

O máis cuantioso, de 1,5 millóns de euros, foi para compensar a empresa construtora do parque de bombeiros de Salgueiriños, obra que apenas pasou do esquelete do edificio polo desvío dos seus custos. O Concello acordara esa compensación coa construtora Extraco en 2008, pero non chegara a pagar. Tampouco o fixo o gabinete do PP e unha sentenza de 2016 obrigou ao pagamento.

Dunha contía semellante á indemnización á empresa da ORA foi a compensación que outro xulgado decidiu que lle correspondía a Tralusa, a empresa do grupo Monbus responsable do transporte urbano, que reclamara ao non estar conforme cos importes fixados para calcular o custo do combustible dos autobuses entre 2007 e 2011.

 Segundo destacou o Concello esta semana, as sentenzas ditadas en 2016 o Concello santiagués implicaron pagar uns 600.000 euros adicionais. Fontes municipais agregan que outras dúas sentenzas correspondentes aos anos 2013 e 2014 suman 330.000 euros máis para Tralusa, compañía que, vén lembrando a oposición, segue a prestar o servizo mediante prórrogas tras a finalización do correspondente contrato polo atraso da nova concesión.

O Concello compostelán recordaba tamén esta semana que en 2016 chegaron dúas sentenza máis, nas que dous xulgados da cidade condenaron o Concello a devolver uns 395.000 euros, xuros incluídos, a dúas empresas inmobiliarias pola paralización dunhas obras no barrio do Castiñeiriño. 

Ambas sentenzas consideraran que a empresa municipal Emuvissa "incumpriu a obriga contractual" de urbanizar as parcelas "nun prazo razoable", polo que o xulgado atendeu a reclamación de resolver os contratos de compra dos predios asinados en 2010 e condenar o consistorio a devolver os cartos.

Conflito aberto co Adif cuns 10 millóns en xogo

Dende o Pazo de Raxoi advirten ademais de que a factura dos devanditos 3 millóns de euros derivados de sentenzas contra decisións orixinarias noutros mandatos aínda pode dispararse máis. Sucederá se o Goberno de España non accede a frear o proceso xudicial no que reclama uns 7 millóns de euros máis xuros polo incumprimento do convenio ligado á construción do viaduto ferroviario de Cornes.

O pacto, asinado en 1998, prevía que o Adif puidese desenvolver usos lucrativos -como comerciais ou de vivenda- en terreos da contorna das vías, preto da estación do tren santiaguesa. Para que isto sucedese, cumprían modificacións urbanísticas e outros procesos que nunca chegaron. 

Os usos lucrativos nunca se produciron e o ente estatal entende que, daquela, é o Concello o que ten que asumir o custo do viaduto cun montante total que, contando xuros, roldaría os 10 millóns. O consistorio discrepa no litixio tanto da argumentación como dos custos aludidos polo Adif."                        (David Lombao, Praza Pública, 12/01/19)

La herencia de los 'baltares' ourensanos: Os Blancos, de 850 habitantes de Ourense es el más tardón de España a la hora de abonar sus facturas: 1.232 días de media

"En 2011, cinco meses después de haber sido proclamado alcalde del municipio orensano de Os Blancos (850 habitantes), Xosé Manuel Castro se puso delante de una cámara de la Televisión de Galicia (TVG) y pidió el rescate del Ayuntamiento.

 “Alguien nos tiene que echar una mano. Si fuésemos una empresa privada ya habríamos cerrado con cadena y candado”, sentenció asumiendo la quiebra. No exageraba. Cuando llegó a la alcaldía ese año solo había 17.000 euros repartidos en las siete cuentas del Ayuntamiento, una deuda de en torno a tres millones de euros y ningún ingreso del Estado: estaba embargada la participación en los fondos estatales.

Os Blancos se mantiene aún hoy a la cabeza de los ayuntamientos que peor abonan sus facturas en España: tarda 1.232 días en pagar a sus proveedores frente a los 58 días de media de los ayuntamientos del resto del Estado, según datos publicados hace unos días por el Ministerio de Hacienda. Y el alcalde actual se ha visto desde hace unos meses al borde de la desobediencia judicial por no atender pagos ni deudas ordenados en sentencias firmes.

La calamitosa situación económica viene de lejos y era incesante. En 2008, Gas Natural Fenosa cortó el suministro público al Ayuntamiento por impago. El regidor en aquel momento, Juan Antonio Lama, solventó a las bravas el más que simbólico apagón: contrató un enganche ilegal. La deuda municipal rondaba entonces, como ahora, los tres millones de euros de un presupuesto anual de en torno a 800.000 y el Ayuntamiento, sin crédito, no pagaba ni los recibos de la luz, ni a la Seguridad Social.

Como antes Lama, el alcalde Castro no ha dejado de responsabilizar de la crítica situación económica del Ayuntamiento que preside a las “deudas del pasado”: largas décadas de desenfreno contratador de las instituciones públicas orensanas estimulado por el entonces presidente de la Diputación, José Luis Baltar, el autodenominado cacique bueno que acabó condenado por un delito de prevaricación relacionado con el enchufismo masivo.

Durante las dos décadas largas en las que Baltar cosechó mayorías absolutas de récord para el PP mientras convertía a la Diputación de Ourense en la principal fábrica de empleos de la provincia (llegó a destinar más del 35% del presupuesto a pagar nóminas), sus alcaldes más fieles no hicieron sino emularlo. Y entre los regidores más entregados de finales de los 90 destacaba José Antonio Rodríguez Ferreiro, al frente del Ayuntamiento de Os Blancos. 

Tras imponer el nombre de Baltar a calles e infraestructuras deportivas, colocar un busto con su imagen en la plaza principal del pueblo y proclamar que él solo obedecía órdenes de “Dios, la Virgen y Baltar”, Ferreiro ingresó en prisión condenado a cinco años y tres meses por prevaricación, falsedad y malversación: había sustraído 240.000 euros de las arcas municipales. Dejó el Ayuntamiento en bancarrota.

Lo sucedió Juan José Puga. Entre ambos incorporaron a la plantilla municipal a 13 trabajadores. Cuando años después Lama relevó a Puga se topó con una misión imposible. Atribuyó entonces a la gestión de Ferreiro el origen del fiasco económico que, en su opinión, Puga acabó cebando al pedir préstamos destinados a acometer más gastos en lugar de amortizar deuda, cuyos intereses no paraban de crecer.

Lama se sintió maniatado y Castro, el último en llegar a la alcaldía, ha tenido que hacer frente en los últimos meses a la amenaza de un procedimiento penal: el secretario-interventor municipal recibió un requerimiento judicial para que aportase la relación de bienes patrimoniales “no afectos al uso público”.

El regidor reconoce que le resulta muy difícil sanear la economía municipal cuando “el 50% del presupuesto se va en personal” y no tiene reparo en señalar que la “excesiva” y "caprichosa" plantilla lastra un presupuesto embargado y que el desastre de la gestión económica es el desastre la gestión política.

“El Estado se ha hecho cargo de la deuda y asume el pago a proveedores, que de esta forma cobran pero nos deja las arcas vacías, con serias dificultades para hacer frente al gasto corriente”, explica el primer edil sobre la situación actual.

En mayo de 2012 anunció a los trabajadores que no les pagaría las nóminas del mes siguiente, de la misma forma que él renunciaba a cobrar la suya, de 900 euros, para poder hacer frente a servicios “prioritarios” como los de abastecimiento de agua y saneamiento. “Los vecinos no tienen la culpa de una plantilla desmesurada”, justificó entonces.

Cinco años después, y pese a la progresiva reducción de la deuda viva, la asfixia económica aún estrangula el municipio. "Nos llevará un tiempo", afirma el alcalde desde su despacho ubicado en la calle José Luis Baltar del municipio, a un tiro de piedra del polideportivo del mismo nombre."            (ristina Huete , El País, 23/09/17) 

Hace un año, elecciones: hoy, Coruña ha evitado la quiebra y espera aprobar una renta social municipal. Santiago duplica el gasto social y remunicipaliza grúa y aparcamientos

"(...) Coruña, crédito nuevo para evitar la quiebra

El nuevo alcalde de Coruña, Xulio Ferreiro, tuvo que solicitar un crédito de 11 millones nada más asumir el cargo para no declarar en quiebra al Ayuntamiento. El PP le había dejado la caja prácticamente a cero. La Marea Atlántica, una plataforma de movimientos sociales reconvertida a partido apenas un año antes de elecciones, entraba al pazo de María Pita por la puerta grande.

 Sin embargo, para Ferreiro ésta no fue su mayor dificultad. “No habíamos previsto una relación tan tensa con el resto de grupos, particularmente con el PSOE, porque pensábamos que como los programas son parcialmente coincidentes sería más fácil”, valora.

Sin embargo, la negociación de los presupuestos “ha sido muy difícil, porque el PSOE nos impuso sus enmiendas previo pacto con el PP sin contar con nosotros”. En la parte positiva, Ferreiro destaca el haber abierto “canales de participación ciudadanos”, con encuentros semanales con el alcalde y los regidores; caminar hacia unos presupuestos participativos para el próximo año y haber refinanciado la deuda y aumentar el superávit del concello a final de 2015, después de haber pasado por una situación de remanente de caja “que tendía a cero”.

El objetivo a corto plazo es aprobar la renta social municipal, retrasada por un cambio de normativa que depende de la Xunta de Galicia, “porque la gente no puede esperar más” y “empezar a recuperar servicios públicos para la gestión directa” del Ayuntamiento, algo que hasta ahora tampoco han podido hacer “por cuestiones normativas”.

Santiago: “al rescate” de servicios públicos

Santiago es la primera ciudad gallega que ha conseguido aprobar sus presupuestos con un gobierno en minoría, y el alcalde Martiño Noriega no puede ocultar su satisfacción. “Más allá de las dificultades, existe una situación de no bloqueo y mostrar una normalidad democrática es importante”, valora el edil de Compostela Aberta, quien destaca que en las cuentas de 2016 “el gasto social se duplica e implementamos también acciones de mantenimiento de la ciudad, que ha estado muy abandonada en los últimos años”. 

Aunque él al menos respira tranquilo porque la deuda de su consistorio no es tan alarmante como la del resto de entes locales.

Su idea ahora es hacer una ordenanza social “mucho más ambiciosa que la del PP, que permita acceder a una renta” a las 18.000 personas en riesgo de exclusión que hay en la ciudad, relata el alcalde, que en este primer año ha remunicipalizado los servicios de la grúa y el aparcamiento. Otro reto es consolidar la recuperación de más servicios públicos para los vecinos y gestionarlos “con una calidad superior” y “mejores resultados económicos”.

En la capital gallega, lugar de acogida de miles de peregrinos que cada año acaban aquí “el camino”, Noriega ha topado con la Iglesia. Como primer edil –como también hicieron, por ejemplo, Joan Ribó en València y Colau en Barcelona-, ha declinado presidir actos religiosos. 

Y aunque indica que “no es agradable abrir todos los informativos del estado”, subraya que su posición es “coherente” con su programa y que, además, abre un debate “que goza de un importante apoyo social”, como es el de “diferenciar los espacios de representación religiosa de la presencia institucional en el ámbito civil”.

 El PP “y determinados sectores de la ciudad”, señala, “lo han querido instrumentalizar, pero afortunadamente es un camino de no retorno” superado en muchos países. “Aunque la gente cree que son meras medidas simbólicas, creo que son pasos que había que dar”, zanja Noriega.  (...)"               (Público, 218/05/16)

Una oleada de derribos amenaza las arcas de municipios costeros

"La reposición de la legalidad urbanística pone a los ayuntamientos contra la pared. Las sentencias judiciales firmes con ese objetivo, que pasa por anular licencias municipales y, subsiguientemente, ordenar la demolición de las obras ilegales, se convierte en una amenaza drástica para el funcionamiento económico de los municipios y, por extensión, para la economía civil generada por el anterior auge de la especulación inmobiliaria.

El alcance de esta amenaza se hace patente en A Guarda, el primero de los ayuntamientos sacudidos por los tribunales: su presupuesto no alcanza ni para la primera tanda de derribos por licencias mal concedidas, y aún hay más sentencias pendientes de ejecución. En esa tesitura se verán a corto plazo otros ayuntamientos, especialmente del sur de Pontevedra, sobre los que en los próximos meses, según fuentes jurídicas consultadas, caerá una oleada de sentencias de idéntico contenido. (...)

En los ayuntamientos la crisis del ladrillo ya ha provocado una merma drástica en sus ingresos por la concesión de licencias. Ahora, además, tendrán que afrontar los costes de la reposición de la legalidad urbanística, bien directamente o repercutiéndolos, allá donde proceda, sobre las empresas o particulares que promovieron las obras ilegales. Unas se realizaron sin licencia, otras recibieron licencias que contravienen la legislación vigente y otras, en fin, desbordan el marco de actuación de los permisos que recibieron. La reposición de la legalidad pasa a ser en todas ellas una responsabilidad municipal y, aunque nadie adelanta cifras, tampoco nadie duda de que tendrá una incidencia capital sobre las economías locales afectadas." (El País, ed. Galicia, Galicia, 15/12/2009, p. 1)

"En Vigo, con los recursos judiciales prácticamente ya agotados, se espera cruzando los dedos una sentencia inminente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que determinará si finalmente es factible la legalización, al amparo del nuevo plan general de urbanismo, de una urbanización condenada desde hace años a la demolición. Es la de Jacinto Benavente (el centro comercial de Toys'R'Us y 198 viviendas). De prosperar, abrirá posibilidades de permanencia al resto de las urbanizaciones ilegalizadas en el municipio (unas 1.500 viviendas en total); en caso contrario, señalará un paso más al derribo como destino inexorable de todas ellas. (...)

La legalización de estas urbanizaciones es la única alternativa que evitaría la bancarrota municipal, ya que todas fueron construidas con licencia y el ayuntamiento tendría que indemnizar a los promotores o propietarios. Sólo en la última de ellas, la de Finca do Conde, el coste de reposición de la legalidad supondría 300 millones de euros, lo que supera ampliamente el presupuesto municipal de los últimos ejercicios.

Estas tentativas para legalizar las urbanizaciones implican su adaptación, mediante las obras necesarias, a las condiciones que fija el nuevo plan general, aunque serán los tribunales los que determinen si se cumple en cada caso la transformación requerida. En Jacinto Benavente, punta de lanza de la eficacia jurídica que pueda alcanzar la adaptación, ésta se ha realizado con reformas factibles, como el rediseño de los aparcamientos para aumentar la dimensión de sus plazas. En otros casos, la adaptación se hace más complicada. Así sucede en Rosalía de Castro (800 viviendas), donde, al margen de otros aspectos también judicializados, su adaptación a la nueva normativa choca con la estructura de los edificios. Por su altura superior a 28 metros, el plan general obliga a que dispongan de dos cajas de escalera: sólo disponen de una y nadie ve manera de abrir el hueco de la otra." (El País, ed. Galicia, galicia, 15/12/2009, p. 2)