Una comunidad de montes vence al Celta de Vigo y frena la construcción de un centro comercial y un estadio.. Los comuneros de Tameiga consiguen torcerle el brazo a la empresa de Marián Mouriño y accede a renunciar al 99% del terreno que intentaba ocupar con una ciudad deportiva que el pueblo rechazó con grandes movilizaciones

"El pasado domingo 26 de enero, los comuneros y comuneras de Tameiga (Mos, Pontevedra), aprobaron en asamblea un acuerdo histórico. Han conseguido torcerle el brazo al Celta de Vigo y negociado que la empresa frene la construcción de un centro comercial, un pabellón, un estadio para 5.000 personas y un enorme aparcamiento en sus terrenos mancomunados.

Tras siete años de luchas incesantes, la Comunidade de Montes e Veciños en Man Común de Tameiga votó mayoritariamente a favor de la nueva delimitación del proyecto conocido como GS360 de la empresa de Marián Mouriño en lo que afecta a los terrenos de la parroquia. La directiva había llegado a un preacuerdo con el Celta que el pasado domingo fue ratificado por el órgano decisor de la comunidad: la asamblea de los vecinos y vecinas comuneras.

Este acuerdo establece que el Celta renuncia a ocupar suelo de Tameiga en casi toda su totalidad. De las más de 150 hectáreas amenazadas por el proyecto GS360 al comienzo del proyecto, el club finalmente se quedará con un total de apenas 1,5 hectáreas de propiedad comunal: alrededor de un 1% de lo planteado. De estas, una hectárea corresponde a la parcela actualmente ocupada por las instalaciones de Viveiros Adoa. Los 5.000 metros cuadrados restantes estarán destinados a la ampliación de un tramo de la carretera contigua (EP-2605) y a la construcción de dos rotondas.

Además, la no ocupación de los terrenos forestales en Tameiga reduce drásticamente las afectaciones a varias traídas de agua inicialmente perjudicadas, una reclamación prioritaria para las vecinas y vecinos de esta parroquia de Mos.

“Para nosotros, es un gran logro”, celebraba el domingo el presidente de la Comunidade de Montes, César Lago, que añadía: “Tras siete años de movilización vecinal, hemos conseguido preservar el monte comunal y proteger las traídas de agua que abastecen a unas 5.000 personas”. “A partir de ahora, seguiremos trabajando para que las obras del Celta afecten lo menos posible tanto a la cantidad de agua disponible como a su calidad”, remataba.

Con la aprobación de la propuesta por parte de los vecinos comuneros de Tameiga, la Comunidad de Montes no continuará con las acciones legales contra el Celta y el proyecto GS360, a cambio de que el club de fútbol vigués se comprometa a no ocupar nunca en el futuro terrenos del monte vecinal de Tameiga."         ( Javier H. Rodríguez , El Salto, 27/01/25)

Telmo Martín le vende a Cuiña tierras inundables en las que se edifica una urbanización de lujo

 Urbanización de Portonovo que propició la investigación

"La Sección Segunda del Tribunal Supremo investiga al diputado popular en el Congreso Telmo Martín por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias en la recalificación de unos terrenos cuando era alcalde de Sanxenxo.

 La parcela fue vendida posteriormente por la promotora Construcuatro, de la que Martín era accionista, a otra empresa vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña y en ella se levantó una urbanización de viviendas de lujo.

Lo que comenzó como una denuncia presentada por una asociación de vecinos de Sanxenxo por delito ecológico —la urbanización ocupaba el espacio de servidumbre del regato de un río y provocaba continuas inundaciones— derivó seis años después en esta investigación. 

Telmo Martín ya no era regidor de Sanxenxo sino diputado en el Congreso y, por tanto, político aforado, lo que ha obligado a inhibirse al juzgado instructor de Cambados.

El caso que se incoó en 2006 estuvo salpicado por una serie de incidentes, como la paralización de la instrucción durante varios años después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra revocase el auto de archivo del juez de Cambados y ordenara ampliar las investigaciones que apuntaban al que fuera regidor de Sanxenxo. En aquel momento, Telmo Martín era portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pontevedra.

 Se tardó tres años en reactivar el caso y, cuando por fin se hizo, las diligencias judiciales habían desaparecido del juzgado de Cambados. En mayo pasado, varios días después de celebrarse el auto de reconstrucción, un funcionario encontró los legajos en una estantería del archivo judicial donde se habían buscado sin éxito. Para entonces Telmo Martín ya había tomado posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados, logrado en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.

El juzgado de Cambados remitió la causa al Tribunal Supremo después de apreciar indicios de la posible imputación del político, que se sustancian en un informe preliminar del Ministerio Fiscal. En junio, después de la reconstrucción de las diligencias, el juzgado solicitó varias pruebas documentales, cumpliendo así el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

 El Supremo continuará ahora con la investigación que afecta al político aforado y en la que intervendrá como ponente el magistrado Carlos Granados, según indicaron fuentes judiciales. Mientras, el juzgado de Cambados seguirá instruyendo la causa por delito medioambiental que se abrió a instancias de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, la firma de la familia Cuiña que edificó la urbanización Illas Atlánticas.

El entonces juez de Cambados había acordado el archivo de la causa ambiental en 2008 porque los informes periciales del Seprona no fueron concluyentes para imputar a la promotora un delito contra los recursos naturales o el medio ambiente. 

En el recurso contra el auto de archivo, el abogado de los vecinos había denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso, “alegando una situación de indefensión”, porque se había acordado el sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado.

 El letrado de los vecinos también se quejó a la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con fecha 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del instructor “nuevos hechos” de los que tuvieron conocimiento a través de las diligencias practicadas previamente y por ello solicitaban nuevas pruebas.

Los “nuevos hechos” hacían referencia a las posibles responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta de los terrenos por parte de Construcuatro (en la que poseía el 33% de las acciones) a Construziona Galicia por 2,78 millones de euros, así como en la previa recalificación de la parcela por el Ayuntamiento que él presidía.

 La propiedad en cuestión era un humedal al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariada en al catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Consellería de Medio Ambiente.

La Sala, presidida por el magistrado Xosé Xoán Barreiro, estimó el recurso del colectivo vecinal y acordó la nulidad de las actuaciones a partir de la providencia con fecha 26 de agosto de 2007, a efecto de que el juzgado le diese traslado a las partes de las últimas diligencias practicadas para que pudieran conocerlas. 

En el mismo auto también ordenó que se iniciara la investigación que habían solicitado los vecinos “por si de las mismas pudieran derivarse responsabilidades penales” de Telmo Martín, hechos que se remontan a 2004. Sin embargo, desde el 9 de junio de 2009, cuando se dicta el auto, el juzgado de Cambados no practicó ninguna prueba nueva para aclarar la actuación del entonces alcalde y luego se dio por perdida la causa.

 El fiscal del caso pidió su reconstrucción pero el proceso siguió paralizado, coincidiendo con el traslado del juez y de que el abogado de los vecinos fuese elegido concejal por el BNG en el Ayuntamiento de Pontevedra y no volviera a insistir en sus reclamaciones judiciales.

El Supremo se encargará ahora de para aclarar si Telmo Martín, que acumula varias denuncias por asuntos urbanísticos, ha incurrido en alguna actuación delictiva o si los hechos que se investigan ya han prescrito."               (El País, Galicia, 17/12/2012)

Conde Roa recalifica una finca para cambiar un geriátrico por pisos y aparta a tres funcionarios que debían informar sobre el cambio de uso... y alguien gana 3 millones de euros

" La recalificación del suelo fue la solución que presentó el pasado viernes el alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, para desbloquear un conflicto de 10 años entre la promotora Layetana y el ayuntamiento por la urbanización de la Finca do Espiño, un espacio de 25.000 metros cuadrados junto a la casa oficial del presidente de la Xunta.

De un edificio residencial y público para ancianos, que es lo que debía construir Layetana, según un convenio firmado en 2001 con el Ayuntamiento, pasará a pisos privados previo paso de un cambio de uso del suelo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), sin embargo, decidió en febrero que tal conflicto no existe en una sentencia que da la razón al anterior gobierno, que se negaba a permitir pisos privados.

"Es un pelotazo puro y duro", definió ayer el concejal socialista Xosé Sánchez Bugallo. El exalcalde denunció que Conde Roa está dando a la empresa en un despacho "lo que perdió en los juzgados" con unas plusvalías añadidas por la venta de pisos que valoró entre tres y seis millones de euros. (...)

El conflicto entre empresa y Ayuntamiento se produjo cuando el anterior gobierno local (PSOE-BNG) se negó a conceder la licencia de construcción porque el geriátrico no cumplía con el requisito de edificio público. La promotora rehusó entregar los más de dos millones con los que el Ayuntamiento pretendía rehabilitar un pazo situado en la misma finca y 18.000 metros cuadrados de bosque que se iban a abrir al público.

El asunto terminó en el TSXG, que en febrero cerró definitivamente el asunto desestimando un recurso de Layetana. Por ello, Bugallo afirmó ayer que la firma del convenio es "un burdo intento de engaño" en el que se mintió dos veces: primero sobre la cesión de un terreno "que ya es de titularidad municipal" y después sobre la retirada de los contenciosos -como prometió el consejero delegado de Layetana el pasado viernes- que ya "no hay porque el TSXG ya decidió".

Según Bugallo, la sentencia obliga también a pagar los dos millones para la rehabilitar el pazo y el bosque. Conde Roa sostiene que la sentencia se limita a valorar las interpretaciones de uso residencial.

Para el exalcalde, sin embargo, la operación "desprende un intolerable tufo a corrupción" y anunció que si no se paraliza o se reconduce acudirá a la fiscalía anticorrupción. Bugallo relacionó también el cese el pasado viernes de los tres jefes del área de municipal urbanismo con este convenio, del que dijo no cuenta ningún informe de ese departamento.

"Por eso hubo que sustituir la palabra convenio por un protocolo de intenciones", aseguró. El alcalde rechazó que hubiese un nexo entre los dos hechos: "Pensar que el equipo de urbanismo iba a seguir al frente me parece de una ingenuidad que ni Bugallo se la cree.

Hemos buscado tranquilamente funcionarios tan respetables como los que están ahora. Al mismo tiempo abrimos negociaciones con Layetana. En el fondo hay celillos. Estas maneras son propias de quien ha perdido por completo el norte".    (El País, Galicia, 25/10/2011, p. 1y 3)

Un edil coruñes (de Francisco Vázquez) logró un millón de euros con una recalificación

"Mucha cola va a traer el fallido proyecto de macrourbanización residencial en el entorno protegido de la Torre de Hércules que planificó el Ayuntamiento de A Coruña, en plena hegemonía del exalcalde socialista Francisco Vázquez.

La declaración del ancestral faro como Patrimonio de la Humanidad, en junio de 2009, acabó por dar al traste con lo que Carlos Negreira (PP), tanto como jefe de la oposición y ahora como regidor, denomina "mamotretos" que rechaza con firmeza. Pero la propia tramitación urbanística del proyecto resultó tan tortuosa como larga, más de una década.

Y eso también ayudó a que hoy no estén erigidos en un lateral del monumento, en la Agra de San Amaro, esas cinco torres de ocho plantas y otra de dos con 333 viviendas y garajes gestadas bajo el mandato de Vázquez.

La familia de uno de sus más próximos colaboradores, el ahora exconcejal Carlos González-Garcés Santiso, fue una de las beneficiadas por esa operación iniciada a finales de los noventa. Al recalificar el Ayuntamiento, entre otras, una finca familiar del exedil, entonces miembro del gobierno local, éste logró venderla por más de un millón de euros de lo que valía antes de levantar la prohibición de edificar en ella.

Para impedir edificaciones que "puedan entorpecer o degradar vistas de interés", la norma urbanística municipal de 1985 y el vigente Plan Especial de Ordenación y Protección de la Torre de 1997 establecían que los solares del entorno se convertirían, previa expropiación, en parques públicos.

Pero el gobierno de Vázquez, del formaba parte González-Garcés, decidió excluir como zona verde un área de reparto residencial en la que integró nueve fincas (el Agra de San Amaro, 24.099 metros cuadrados, incluida el solar del exedil) para que "se ordenase mediante bloques evitando tapar vistas cara a la Torre de Hércules".

Y así apareció recalificada como suelo urbano residencial, y por lo tanto edificable, en el vigente Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1998. El gobierno local incluso anticipó por escrito esa voluntad de edificar en parte del protegido entorno de la torre: firmó convenios con algunos dueños del Agra de San Amaro en los que el Ayuntamiento se comprometía a recalificar ese suelo en el nuevo plan entonces aún en trámite.

Pero para el resto de los titulares de parcelas del entorno de la torre, por el contrario, el Ayuntamiento aceleró la expropiación para cumplir con el plan de protección del faro y convertir en jardines sus propiedades. En abril de 1998, seis meses antes de entrar en vigor el nuevo PGOM, la Xunta aprobó la expropiación forzosa.

Al margen quedaron los privilegiados dueños de esas nueve fincas recalificadas para edificar. Una de ellas era, por herencia, de la familia de González-Garcés. Este entonces miembro del gobierno local, con un poder notarial que le convertía en representante legal de su madre y hermanos para vender, enajenar o incluso participar en la futura operación inmobiliaria, vendió en febrero de 2000 a Fadesa la parcela familiar de 3.488 metros cuadrados.

Y pactó que su precio final dependería de la edificabilidad definitiva que le atribuiría a esa finca el gobierno local que integraba.

En su contrato de compraventa, Garcés y Fadesa establecieron un precio inicial de 1,482 millones de euros que la inmobiliaria entonces presidida por el coruñés Manuel Jove pagaría en cuatro entregas.

Dos fueron inmediatas y la última y más abultada, por importe de 1,23 millones, quedaba aplazada hasta que el gobierno local integrado por González-Garcés fijase, en los correspondientes proyectos de compensación, el aprovechamiento urbanístico de la finca." (El País, Galicia, 23/10/2011, p. 1/2)

El alcalde de Miño estafó a los propietarios recalificando sus terrenos para provecho de Fadesa (como en todos lados)... y ahora es el concello el que tiene que pagar una multa ruinosa

"El gobierno municipal de Miño (A Coruña), presidido por Juan Maceiras (PP), aprobó ayer en solitario una nueva tentativa para intentar legalizar una de las mayores promociones urbanísticas de Galicia, cuya adjudicación a Martinsa-Fadesa y la expropiación de los solares ahora ocupados por 1.287 viviendas y un campo de golf fueron declarados nulos por los tribunales.

Maceiras pretende que la inmobiliaria siga con este macrourbanización casi acabada y evitar así que sean las ya muy mermadas arcas municipales de esta localidad de apenas 5.000 habitantes las que tengan que asumir en solitario las indemnizaciones millonarias -más de 20 millones- que sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificadas por el Supremo, reconocen para los afectados por unas expropiaciones que se hicieron indebidamente y se pagaron muy por debajo de lo que establecen los jueces. (...)

El edil socialista asegura que hace unos días, Martinsa-Fadesa, recien salida de un concurso de acreedores, ya reclamó 70 millones de euros de indemnización al Ayuntamiento de Miño para liquidar el contrato y no poder terminar esta macropromoción, llamada Costa Miño Golf y ubicada entre San Xoán de Vilanova y Perbes.

Mientras, los vecinos afectados por las expropiaciones siguen sin ver un euro de las cuantiosas indemnizaciones, más intereses de demora, que los tribunales les reconocieron. Si no prospera este último intento del gobierno local de legalizar la adjudicación a la inmobiliaria, los expropiados podrán reclamar a mayores un 25% más de indemnización para compensar el hecho de perder unos solares destinados a la construcción de una urbanización que resulta ser ilegal.

Para un ayuntamiento con un presupuesto anual inferior a los seis millones de euros, esos pagos podrían abocarle a la quiebra económica."                             (El País, ed. Galicia, Galicia, 13/09/2011, p. 5)