Dorribo reconoció este martes que cobró tres millones de euros del Igape utilizando facturas falsas

"Un total de 11 imputados por el caso Campeón —de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos de la Xunta— pactaron hace un mes con la Fiscalía una rebaja de condenas a cambio de reconocer sus delitos. 

Pese a ello, el juicio al primer escándalo de corrupción de la era Feijóo empezó este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, porque uno de los acusados, el número 12, rechazó el trato.

El recuerdo de una operación que se desató en 2011 y que puso contra las cuerdas al entonces ministro de Fomento, José Blanco, y al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, se reaviva durante una vista oral que se prolongará probablemente hasta el jueves, y en la que se vuelve a poner encima de la mesa la concesión de seis millones de euros a una empresa tapadera a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el brazo inversor de la Xunta de Galicia.

El principal procesado de la trama es el empresario lucense Jorge Dorribo, que aceptó cinco años y 11 meses de prisión, la mayor condena, aunque no irá a la cárcel por haber permanecido cuatro años en prisión preventiva y carecer de antecedentes penales.

 En su declaración ante la Audiencia, Dorribo reconoció este martes que cobró tres millones de euros del Igape utilizando facturas falsas, pero aseguró desconocer la existencia de una contabilidad B en su empresa Nupel, y justificó no haber presentado la declaración de la renta en 2010 porque se encontraba en prisión.

Dorribo solo respondió a las preguntas de la Fiscalía para explicar que se ha quedado “sin nada”. “Me lo quitaron todo”, lamentó durante el interrogatorio el empresario, que deberá devolver seis millones de euros recibidos de forma fraudulenta. Su acuerdo con el fiscal le evita hacer frente a una pena de hasta 19 años de prisión, por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Entre los acusados que pactaron con la Fiscalía se encuentran antiguos altos cargos de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo y del PP, cuyas penas se quedarán en menos de la mitad de lo que pedía el Ministerio Público en su escrito de acusación.

 Entre ellos se encuentra Pablo Cobián, que en el momento de los hechos era diputado y concejal del Partido Popular, y que aceptó ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias y dos años y tres meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Deberá pagar una multa superior a los 45.000 euros.

También pactaron con el fiscal dos importantes dirigentes del Igape cuando se produjeron los hechos delictivos: su director, Joaquín Varela, y el subdirector de Información Especializada, Carlos Silva. El pacto con la Fiscalía se ciñe a la imposición de multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

 El fiscal retiró la acusación contra la exdirectora de Financiación del Igape Cristina Quintela. Solo unos meses después de que se desatara la Campeón, Carlos Silva fue destituido del cargo de responsabilidad que aún mantenía en el Igape, dependiente de la Consellería de Economía, tras conocerse las subvenciones por siete millones de euros concedidas por este organismo a la empresa que fundó la mujer de Silva con un antiguo colaborador de este.

Del acuerdo con la Fiscalía también se benifició el socio de Dorribo en la empresa Laboratorios Asociados Nupel y segundo mayor responsable del fraude, Arsenio Méndez, cuya condena quedará en dos años de cárcel y tendrá que indemnizar al Estado con dos millones de euros.

 El responsable de Proitec, la agencia consultora que ayudó a Jorge Dorribo a solicitar las subvenciones simulando proyectos de inversión, Carlos Monjero, aceptó una condena de 10 meses de prisión, mientras que el resto de los empleados llegaron asimismo a acuerdos que se concretan en penas inferiores a un año de cárcel.

El único acusado que rechazó el pacto con el fiscal fue el socio de Proitec Javier Rodríguez, quien pidió sin éxito la nulidad de la causa. “Es inocente, y por eso nos hemos arriesgado a venir a juicio”, declaró este martes su abogado, José Luis Fiza.

El fiscal del caso, Roberto Brezme, valoró los acuerdos por el hecho de que “todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada, en consonancia con la reparación del daño causado”. 

Así, cuando se alcanzó el pacto, explicó que la Fiscalía había tratado de “condicionar cualquier tipo de informe favorable de la suspensión o sustitución de las penas” solicitadas “al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado”. Ello implicó “consignaciones o ingresos de cantidades económicas relevantes para dar respuesta a los intereses de la víctima”, en este caso el Igape, ya que se trata de “fondos públicos sustraídos”.

El caso Campeón se desató en Lugo en mayo de 2011, cuando la jueza Estela San José ordenó la detención de 15 personas vinculadas en su mayoría a las empresas Nupel y Proitec e intervino una tercera empresa en Outeiro de Rei. 

En Santiago fueron detenidos el director general y el subdirector de Información Especializada del Igape, a quienes se atribuyó el “asesoramiento" a los directivos de Nupel para montar una trama que les permitiese obtener subvenciones.

La lista de imputados creció hasta cerca del centenar de personas durante la instrucción del caso, que se cerró casi cuatro años después con 13 implicados. La investigación se fue desgajando en diversas piezas y fueron retiradas varias imputaciones, en un proceso durante el cual se archivaron los casos que afectaron al exministro José Blanco, al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, y al alcalde de Lugo durante los hechos que se investigan, José López Orozco, del PSOE. 

En otra causa aparte queda el 'exconselleiro' de Industria del bipartito Fernando Blanco, del BNG.

El calvario judicial fue especialmente duro para José Blanco, que era ministro de Fomento, portavoz del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y número dos del PSOE cuando se desencadenó la operación. En octubre de 2011, Jorge Dorribo acusó ante la jueza a José Blanco de cobrar 400.000 euros para que agilizase unos permisos del Ministerio de Sanidad​ favor de Nupel. 

Según su testimonio, 200.000 se los entregó en una estación de servicio de Guitiriz (Lugo), en una cita concertada por el primo del político gallego. Dos años después, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo daba el portazo final a la investigación judicial. 

 El auto del TS desmontaba la petición que realizó el magistrado instructor José Ramón Soriano para que se le abriese juicio a Blanco por tráfico de influencias porque, según esgrimía, testimonios recogidos ya en marzo y en diciembre del año anterior contradecían algunas de sus “afirmaciones nucleares”."                 (Pablo López. , El Confidencial, 25/05/17)

Subornar a un cargo da Xunta sae por 1.000€ de multa e un ano de prisión, en suspenso

"A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, celebrou este venres unha vista por esta causa derivada da 'Operación Retablo', na que as partes formalizaron o acordo, logo de que o condenado, M.M., non comparecese no anterior sinalamento, que tivo lugar a mediados do pasado mes de maio.

Por iso, este empresario foi declarado en rebeldía, aínda que este venres xustificou que a súa ausencia foi debida a un fallo na dirección á que foi remitida a carta de citación para comparecer na vista do 16 de maio.

NON ENTRARÁ NO CÁRCERE

Así, as partes acordaron impor a M.M. unha pena dun ano de cárcere e 1.000 euros de multa, así como a asumir unha sexta parte das costas do proceso, compartidas xunto cos outros acusados no coñecido como 'Caso Retablo'. O condenado poderá eludir a pena privativa de liberdade se abona as cantidades da sanción e non comete ningún outro delito durante o tempo que dure a pena.

Esta persoa e outros tres empresarios aceptaron realizar pequenas obras para o líder da trama --con identidade C.G.G. e que durante os anos 2003 e 2009 ocupou un alto cargo na Consellería de Cultura da Xunta-- a cambio de que lles fosen adxudicados determinados traballos de restauración.

A Fiscalía considera que os responsables das entidades implicadas contactaron con C.G.G. para "adecuar os seus proxectos ás condicións que el establecese". "Como contrapartida á adxudicación, asumiron o pago dunhas cantidades e outros favores que abonarían en efectivo" ao principal acusado, sinala a Fiscalía.

Entre outras, realizaron obras nas Clarisas de Tui, San Martiño da Gudiña, o Mosteiro de San Clodio de Leiro, Santa María a Real de Entrimo, San Salvador de Celanova, Santiago de Coedo de Allariz, Santo André de Cedeira en Redondela ou Santa María de Castro de Cima de Riós.

'OPERACIÓN RETABLO'

O empregado público aceptou unha condena de dous anos de cárcere, a inhabilitación por seis anos para o exercicio de emprego ou cargo público, así como unha multa de 2.190 euros e o embargo doutros 103.350 euros por un delito de suborno na restauración de bens da Igrexa en Galicia.

Deste xeito, C.G.G. era o encargado de informar os proxectos de restauración de inmobles eclesiásticos para que se adecuasen ás técnicas de restauración e fosen realizados por profesionais cualificados.

Por iso, conforme explica a Fiscalía no seu escrito de acusación, coñecía as funcións relativas á restauración e tamén o funcionamento dos procesos de adxudicación das axudas públicas. "Isto permitiulle iniciar unha práctica de imposición de proxectos de restauración a determinadas empresas en detrimento de as restantes", sinala.

Deste xeito, o Ministerio público explicou que "reconducía" aos interesados nos proxectos de restauración ás empresas da súa preferencia". "Como contrapartida", a Fiscalía considera que C.G.G. recibía diñeiro en efectivo ou ben labores que non remuneraba por parte das empresas que executaban as restauracións".

Ademais, o xuíz tamén considerou probado que este principal acusado adquiriu do Bispado de Tui unha casa reitoral en Paraños, en Covelo, nunhas condicións económicas "moi vantaxosas" grazas á "prestación de favores nos procedementos de restauración adxudicados". Así, adquiriu a casa por 60.000 euros a pagar en dez anos, inmoble que acabaría ofrecendo para a súa venda por un prezo de 680.000.

ARQUITECTO DA S.A. XACOBEO

A maiores deste extécnico e dos empresarios, no proceso tamén foi condenado un arquitecto da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, con identidade J.M.P.P., quen aceptou unha multa de algo máis de 700 euros --seis euros ao día durante catro meses-- por outro delito de suborno.

En concreto, o Ministerio Público acusáballe de iniciar unha relación con C.G.G. a través da que este arquitecto propuña obras de restauración a financiar polo Xacobeo. Deste xeito, informaba a esta entidade en sentido favorable para que abonase cantidades para proxectos de restauración que foran informados por C.G.G.

"A finalidade común de ambos era a obtención de beneficios económicos que lles serían facilitados polas empresas adxudicatarias dos labores de restauración", sinala a Fiscalía. Ademais, o xuíz considerou probado que, a través desta forma incrementou o seu patrimonio e chegou a recibir beneficios en especies, como unha caca dun valor "incerto" e "superior aos 1.000 euros".        (Galicia Confidencial , 30/06/17)

Denuncian a Radio-Televisión gallega por fraude a la Seguridad Social

"El sindicato CUT (Central Unitaria de Trabajadores) ha denunciado a la Compañía de Radio Televisión de Galicia por "infracotizaciones en las nóminas del conjunto del personal que, según sus estimaciones, superan los cuatro millones de euros y podrían llegar a los 15 millones". 

Por esta razón piden el cese del director general del ente público, Alfonso Sánchez Izquierdo, y de su equipo directivo. Las irregularidades en las cotizaciones se extienden desde mayo de 2010 hasta la actualidad.

Tras las primeras denuncias, el departamento de recursos humanos de la compañía admitió en marzo que "se produjeron variaciones en las bases de cotización de algunos trabajadores. Las mismas están detectadas y en el mes de abril se procederá a la regularización de las bases de cotización, con efectos retroactivos desde enero". 

Sin embargo, pospusieron la decisión hasta el 26 de mayo, reconociendo de nuevo las irregularidades en una nota de la empresa: "Finalmente, se regularizarán las bases de cotización en la presente nómina del mes de mayo".

La CUT señala en su denuncia que "en ese intento de regularización no solo se omite la revisión de la infracotización producida durante los últimos cuatro años, sino que se hace a coste de las trabajadoras y trabajadores, que ven descontadas de sus nóminas la cuota obrera de los periodos infracotizados".

 Aseguran que, con esta práctica, se vulnera el artículo 104.2 de la Ley General de la Seguridad Social: "El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el descuento en su debido momento, no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo".

Desde la compañía pública responden a este diario que "no hay actitud defraudatoria alguna en la cotización a la Seguridad Social por la CRTVG", sino "discrepancias sobre criterios de contabilización de cotizaciones, pendientes de acuerdo técnico. El importe de las diferencias, llegado el caso, tendría un alcance poco significativo".

 El origen del presunto fraude estaría en el incumplimiento del Real Decreto Ley 8/2010, que imponía las "medidas extraordinarias para la reducción del déficit público" con una rebaja salarial del 5%, pero manteniendo intactas las bases de cotización salvo en caso de subidas de sueldo. 

En su denuncia del pasado 14 de septiembre ante la Inspección de Trabajo, la CUT asegura que "la empresa no respeta este imperativo". En el análisis de numerosas nóminas que adjuntan en su denuncia, el sindicato asegura haber detectado un "fraude concretado en diferencias mensuales de cotización de entre 100 € y 700 € en la nómina de cada uno de los casi mil trabajadores de la empresa en los últimos cuatro años".

"La CUT", señalan en una nota informativa, "considera una vergüenza que, frente a su deber de colaboración con otras administraciones y la ejemplaridad que una empresa pública bajo supervisión parlamentaria debe dar, durante todos estos años los reiterados incumplimientos empresariales jugaran degradando y vaciando la imprescindible caja de la Seguridad Social, compromentiendo el futuro de las trabajadoras y trabajadores del ente".

El sindicato ha emprendido una ronda de contactos con los partidos políticos con representación en el Parlamento de Galicia para solicitar la reprobación del equipo directivo de CRTVG por estas prácticas. Intentan llevar a la cámara gallega "un reproche institucional de la nefasta gestión del ente y [solicitar] la colaboración política en el esclarecimiento de este asunto, demandando tolerancia cero contra las vulneraciones de los derechos laborales en las empresas públicas. La conclusión no puede ser otra que el cese del director general y de su equipo directivo como máximos responsables".           (ANÍBAL MALVAR, Público, 20/09/2015)

Ediles de Verín están vinculados a los mayores contratistas municipales

"Concejales y altos cargos del gobierno municipal de Verín que preside Juan Manuel Jiménez Morán, senador y hombre de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo en Ourense —lo postuló en 2010 como candidato a la presidencia provincial del PP para intentar frenar la consumación dinástica del baltarismo— están vinculados a empresas con las que el Ayuntamiento contrata habitualmente. 

La actuación del grupo de gobierno está siendo investigada desde el año pasado por el juez de Verín por una supuesta prevaricación del regidor al inflar presuntamente los precios de las obras adjudicadas a la empresa Vipeca Obras y Servicios, SL, cuyo administrador es sido socio-copropietario de terrenos edificables en Verín del concejal de Infraestructuras, Medio Ambiente y Servicios Generales, Hilario Castro, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

 Otro de los concejales de Jiménez, Víctor Manuel Baladrón, responsable de Deportes, Juventud y Festejos, adjudica los cursos y actividades de deporte y tiempo libre del Ayuntamiento a la empresa Saudeter, de la que es propietario su hermano. 

Junto a ellos, la edil de Sanidad, María Luisa Valladares, es uno de los cargos del PP provincial salpicados por la supuesta financiación en b del partido que investiga la instructora del caso Pokémon, Pilar De Lara, que ha ampliado a los populares de Verín recientemente. (...)

El edil, que ha sido hasta hace unos meses teniente de alcalde —y por tanto miembro de la comisión de gobierno— sostiene que jamás ha contratado a Vipeca. “Las adjudicaciones no las hace el concejal, se hacen por concurso a través de una mesa de contratación”, explica Castro, quien asegura que su tarea como responsable de las infraestructuras públicas se limita a “regular los trabajos de la brigada de obras”.

Esta constructora, de la que el fiscal ha hallado indicios de que el gobierno local le infló los precios en una de las adjudicaciones, no solo es una de las principales receptoras de las infraestructuras públicas en Verín, sino también en otros municipios de la comarca gobernados por el PP.

 El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Vilardevós, José Luis Pérez, reclamó al alcalde, Manuel Cardoso, del PP, información sobre las adjudicaciones a esta empresa desde 2011 hasta el momento y asegura que “más del 90%” de las infraestructuras las hace Vipeca, “tanto las que están incluidas en convenios con las Consellerías de la Xunta como las de la Confederación Hidrográfica del Duero”.

 Detalla el portavoz socialista que esa firma “ha hecho todas las obras de los planes provinciales” de la Diputación, por importes pequeños, siempre inferiores a los 200.000 euros cada una de ellas y “también las grandes, adjudicadas por la Xunta a través de Agader [Axencia de Desenvolvemento Rural”.

El círculo de confluencias empresariales en el Ayuntamiento de Verín incluye a uno de los principales funcionarios. La secretaria de la institución, Pilar Saborido, está casada con el gerente de Espina y Delfín, la adjudicataria del servicio municipal del agua. Jiménez Morán no ve incompatibilidad en este hecho.

 Asegura el alcalde que la concesionaria contrató al marido de la técnico municipal “exclusivamente por su currículo, como a otras siete u ocho personas, y ella se incorporó después” al Ayuntamiento. Sostiene además el alcalde que el trabajo de la secretaria “no tiene relación” con la compañía donde trabaja su marido “porque los precios son públicos” y justifica: “La empresa incluso nos ha ofertado una bajada”.

Gratificaciones a funcionarios

Juan Manuel Jiménez Morán reconoce que ha puesto un complemento de 1.000 euros mensuales a los sueldos —los más altos del Ayuntamiento— tanto de la secretaria como del interventor municipales.

 El regidor explica que se trata de “una gratificación porque firman todas las adjudicaciones de Puertas de Galicia”, la empresa pública encargada de la promoción turística de las comarcas de Verín y Viana do Bolo que ha consumido en cuatro años 2,5 millones de euros aportados por la Xunta, los 12 ayuntamientos que la integran y Turespaña (Paradores).

 Esta última sociedad de la Administración central va a gestionar el castillo de los condes de Monterrei, cuyas obras de remodelación financia la Xunta, en una operación que ha provocado protestas vecinales.

Jiménez afirma que el plan de competencia turística del Gobierno central “exigía la presencia de dos funcionarios habilitados nacionales” en la empresa Puertas de Galicia y explica que los alcaldes “decidieron por unanimidad” elegir a la secretaria y al interventor de Verín.

 Parte de los regidores expresaron en su momento el malestar por los gastos justificados entre los que se incluían 10.738 euros por 2.200 tazas de cerámica de 350 mililitros o 20.060 euros para el “diseño, desarrollo, programación y generación de contenidos para el portal web” cuando esta estaba todavía en construcción.

Con dos investigaciones judiciales abiertas en torno a su gestión, el alcalde sostiene que es “víctima de un funcionario” a quien atribuye todas las denuncias registradas contra él en los juzgados y en los medios de comunicación."             ( Cristina Huete  . El País, Ourense 10 MAR 2015)

Imputado el ex director xeral de Traballo por cohecho

 

 Odilo Martiñá era director xeral de Formación. santi m. amil

"La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha ampliado el número de imputaciones en la operación Zeta a un total de 31 personas, entre los que figuran los tres altos cargos de la Consellería de Traballo que ya habían sido destituidos: Odilo Martiñá, que era director xeral de Formación, Luis Alberto Álvarez Freijido, que fue delegado de la consellería en A Coruña y ahora trabaja para la Diputación coruñesa en comisión de servicios, y Joaquín Vila, que era jefe de servicio en la Xunta. A los tres les imputa un supuesto delito de cohecho y los cita a declarar el 9 de abril del próximo año, a partir de las nueve y media de la mañana, para esclarecer su vinculación con la trama de la operación Zeta.

En la providencia dictada ayer por la jueza María Jesús García García se incluye también la imputación al actual presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga), Héctor Cañete, al que atribuye la comisión de los delitos de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Tendrá que acudir a declarar el 25 de febrero.

La jueza instructora también quiere oír la versión como imputadas de dos funcionarias adscritas a la Oficina de Consumo de la Xunta por un presunto delito de tráfico de influencias que también se le atribuye al empresario José Carlos Fernández Abreu.

En la relación de imputados citados a declarar el 26 de febrero figura además la mujer de Gerardo Crespo, María del Carmen Canel Crespo, a la que la jueza instructora vincula con la comisión de los delitos de fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental, junto a Milagros Vázquez Reino, Yoanna Castro García, Abdeslam Joaquim Amezian, Sergio Diéguez, Natalia Abeal Figueroa, Patricia Dopazo Guntín, Sonia Gómez Eira, Pío Santos Movilla, Alicia Cordeiro Padín, María Dolores Pérez Martínez, Paloma Sobrino Butragueño, Rosa María Triay López y Patricia García González, que tendrán que acudir a declarar los días 17 y 18 de marzo, y el 17 de abril.

Aunque la jueza instructora prosigue con algunas diligencias para esclarecer detalles de la trama que supuestamente gestionó de forma irregular ayudas a la formación del Gobierno central, el autonómico y algunas administraciones locales por importe de al menos veinte millones de euros, el paseíllo judicial no dará comienzo hasta el 2 de febrero.

Ese día está previsto que acuda a declarar Gerardo Crespo, responsable y fundador de varias de las empresas a las que se les atribuyen las irregularidades. Y dos días después lo hará Eliseo Calviño. Para el 6 de febrero están citadas a declarar como testigos Isabel Prieto y Cristina Souto, las dos extrabajadoras de Caype cuya denuncia motivó el inicio de las investigaciones policiales y de la propia Consellería de Traballo.

A continuación será el turno para el resto de los protagonistas principales de la trama, según las pesquisas policiales: el 11 de febrero lo harán Mercedes García y Susana Pérez Otero; el 12 será el turno para Javier Pérez Bello, presidente de la Confederación de Autónomos de Galicia, y Margarita Ordóñez Novo; y el 16 de febrero cerrará el primer turno de interrogatorios Luis Fraga.  (...)"             ( La Voz  20 de noviembre de 2014)

Siete arrestos en Galicia por fraude en ayudas a cursos de autónomos

"La policía nacional ha detenido en Galicia a siete personas como presuntos responsables de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración de Justicia en el marco de la denominada Operación Zeta. 

Entre los arrestados figuran los responsables "de distintas asociaciones de autónomos, así como de una fundación y de una consultora de formación", según informa la policía. Las detenciones se produjeron a finales de septiembre, aunque no han trascendido hasta hoy, y los acusados, a los que la policía coloca en el centro de esta presunta trama, fueron puestos en libertad con cargos. 

Las pesquisas se han prolongado durante dos años a cargo de la titular del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña, y provocaron hace unos días la dimisión del director general de Traballo de la Xunta, Odilo Martiñá, interrogado como imputado.

Los delitos que se les imputan a estas siete personas, todas ellas de A Coruña, son fraude de subvenciones o estafa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo y falsificación documental, entre otros. De la investigación se ha concluido que las entidades investigadas han sido receptoras de más de 20 millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas relacionadas con la formación de autónomos.

Las pesquisas, que han dado lugar a un sumario que acumula ya 25 tomos y unos 12.000 folios, apuntan al posible uso instrumental de entidades sin aparente ánimo de lucro para la obtención de subvenciones con el objeto de generar un "beneficio económico" a sus presuntos responsables mediante el desvío de una parte "relevante" del dinero.

La policía asegura que varias de las entidades subvencionadas, algunas de discapacitados, eran "presuntamente ficticias en su actividad y estructura". Los investigadores creen que la consultora de formación implicada era subcontratada por asociaciones profesionales y sindicatos para realizar los cursos y esta entregaba a las entidades porcentajes ilegales del dinero público.

El Juzgado de Instrucción nº6 de A Coruña inició el 22 de diciembre de 2011 la investigación sobre un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Policial de la Policía Judicial en A Coruña. 

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el secreto de las diligencias se levantó el pasado 10 de octubre, cuando la jueza emitió un auto en el que también se llamaba a declarar como imputadas a siete personas, unas comparecencias que se celebrarán en el mes de febrero.

La policía ha interrogado como imputadas a un total de 61 personas sobre las que la juez aún no ha tomado una decisión, 22 de ellas residentes fuera de Galicia. Entre ellas está el exdirector de Traballo Odilo Martiñá, que dimitió el día antes de prestar declaración.(...)"        ( El País Santiago de Compostela 15 OCT 2014)

Acusados de robo de bebés una monja y empleados de la Xunta

"Niños que entonces eran recién nacidos rondan ahora los seis años, y todo este tiempo han crecido apartados de sus madres, en muchos casos ignorando que existen, mientras estas peleaban por recuperarlos ante una maquinaria judicial bloqueada. 

Tres meses después de que la Audiencia de Lugo desatascase la instrucción al ordenar a la titular del juzgado número 2 que imputase a las personas que intervinieron en aquellas retiradas de niños supuestamente irregulares, los abogados de los padres han sabido que en noviembre tendrán que prestar declaración ante la juez Sandra Piñeiro al menos 10 personas. 

Entre los imputados están una monja que fue responsable del Hogar Madre Encarnación de Lugo en la década pasada —un centro al que acuden mujeres desprotegidas en el embarazo— y un número importante, aunque aún indeterminado, de trabajadores vinculados a la Xunta. (...)

Los interrogatorios están fijados para los días 6, 10 y 20 del mes que viene, y en su providencia la juez cita, además de a la religiosa, a una trabajadora social del Hospital da Costa, en Burela, y a la subdirectora médica del mismo centro del Sergas que ocupaban esos puestos en 2011, cuando dio a luz una mujer argelina que no ha vuelto a ver a su niña. Esta madre asegura que no entendía el idioma ni se le facilitó un intérprete, y cuenta que firmó la entrega de su bebé creyendo que cubría el alta médica.

Además, Piñeiro llama a declarar, igualmente en calidad de imputados, a varios técnicos facultativos del Servicio de Menores de Lugo, dependiente de la Consellería de Traballo e Benestar, y a algún familiar de las personas que denunciaron la supuesta retirada irregular de sus hijos. 

Precisamente el departamento de Menores de Lugo fue objeto de un registro judicial al comienzo de la instrucción, cuando investigaba las primeras denuncias que presentaron un grupo de abogados del turno de oficio otra juez, Estela San José, responsable del número 3. Esta se inhibió poco después por su amistad con la letrada de una de las madres denunciantes, y entonces el caso pareció caer en un limbo mientras las criaturas, en principio una decena, se hacían mayores y en buena parte eran dadas en adopción.

Al menos dos de estas madres a las que la Administración autonómica les quitó sus bebés de manera presuntamente irregular aparecían en otro sumario de los juzgados lucenses, el de la Operación Carioca contra la trata de mujeres y la explotación sexual. Una de las extranjeras declaró haber sufrido amenazas para entregar a su bebé por parte de una presunta organización mafiosa. 

Y otra contó que fue recluida en centros psiquiátricos y en Madre Encarnación hasta que parió y le retiraron a la cría. Deambuló sin rumbo por Galicia y acabó arrojándose desde un piso alto del hospital de Montecelo, en Pontevedra. Como consecuencia de la caída perdió un brazo y está parapléjica. Desde la residencia para discapacitados físicos en la que tiene que vivir internada, sigue reclamando a su niña, que no la conoce, con la esperanza de rehacer su vida. 

Pero en la Operación Bebé hay también padres que reclaman a más de un hijo. Casi todas las historias recogidas en el sumario son diferentes, pero coinciden en que los trámites bajo sospecha fueron llevados a cabo por personal de la Xunta. Varios de estos niños pasaron, además, por el centro de acogida para madres desamparadas de Lugo.

Los abogados que representan a los progenitores afectados aseguran que llevan dos años reclamando copia de las actuaciones, que hace tiempo que no están bajo secreto, y se quejan de que el juzgado no se las facilita. Recibieron notificación de la providencia en la que la juez ordena la citación de los imputados el martes, pero esta tiene fecha de hace un mes. 

En ella no se identifica a todos los imputados, de ahí que no se sepa exactamente cuántos son. Esta incógnita afecta a varios técnicos de Menores de la Xunta que aparecen firmando documentos oficiales con un número, pero sin nombre. Piñeiro ha ordenado a la Policía Judicial que aclare su identidad."             ( Silvia R. Pontevedra  , El País, Santiago 15 OCT 2014)

El jefe de cirugía vascular del SERGAS le ofertó una operación vascular por 1.500 euros alegando que sería casi imposible realizar la intervención en la sanidad pública

"El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha abierto un expediente disciplinario por una falta muy grave al jefe de Cirugía Vascular del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), Francisco Javier Molina, por, presuntamente, derivar pacientes desde este centro público a su consulta particular en el centro médico El Carmen, el mayor hospital privado de la provincia, en el que también ejerce desde hace 16 años. 

El expediente disciplinario que ha incoado el Sergas, que todavía se encuentra en fase de instrucción en la inspección sanitaria, podría acarrear para el doctor Francisco Javier Molina una suspensión de empleo y sueldo de entre dos y seis años e incluso la expulsión de la carrera pública si se resuelve en su contra.

La investigación se inició tras la queja de un paciente, presentada el pasado 19 de marzo, en la que denunciaba haber sido derivado a la clínica privada desde la consulta pública del hospital ourensano, a la que había acudido con un volante de su médico de cabecera. 

En su escrito ante el Sergas, el afectado, un hombre septuagenario, detalla que fue citado en la clínica privada de Molina durante la que sería su jornada laboral como médico del sistema público.

 En esa consulta, el doctor Molina supuestamente le habría ofertado una operación vascular por 1.500 euros alegando que sería casi imposible realizar la intervención de su dolencia en la sanidad pública.

En la instrucción, que incluso recoge una inspección del Sergas a la consulta privada del jefe de Cirugía Vascular del hospital de Ourense, figura una nota manuscrita entregada presuntamente al paciente citándole a mediodía “de forma gratuita” en la clínica de pago.  (...)"              ( Pablo Taboada , El País, Ourense 28 JUN 2014 )

Dorado, el amigo de Rajoy, “era un contrabandista poderoso y creo que toqué la tecla errónea”, y me echaron

"En agosto de 1997, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) dirigido por Luis Rubí Blanc anunció una redada para cazar al contrabandista gallego Marcial Dorado Baúlde, el último de los grandes tabaqueros que quedaba por detener en las Rías Baixas.

 Esta operación se preparó en plena amistad de Dorado con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entonces titular del Insalud y exnúmero dosde la Consellería de Sanidade del Gobierno de Manuel Fraga.

 El arousano llevaba años esquivando a los aduaneros y ya había traspasado las fronteras gallegas utilizando otros puntos de la Península para meter millones de cajetillas en cada atacada. 

Sin embargo, la operación, que se llegó a bautizar como Cabeza de Vaca en alusión al conquistador español de El Dorado, fue desactivada a los pocos meses con la destitución de Luis Rubí y de todo su equipo en enero de 1998.

La Dirección General de Aduanas había nombrado un año antes a Rubí jefe del servicio con el fin de que este joven inspector de Hacienda acabase con el contrabando. “Marcial Dorado tenía el perfil de tabaquero más respetado, más poderoso y yo creo que protegido. A raíz de mi cese yo barajé la posible hipótesis política”, afirma el exinspector.

 “Había intereses económicos fortísimos, negocios de una rentabilidad enorme y tal vez pidió ayuda porque éramos incómodos. Yo admito que me sacaron de en medio y ahora veo las razones con otra perspectiva”, añade Rubí. El joven licenciado en Icade recuerda con nitidez su efímera pero intensa etapa en Aduanas que se convertiría en una especie de obsesión por descabezar el negocio tabaquero en Galicia. 

Recibe a EL PAÍS en su despacho del prestigioso bufete de abogados que ahora dirige en Madrid, dedicado a detectar alertas en operaciones fraudulentas en bancos y empresas multinacionales como experto en blanqueo de capitales, en excedencia de la Agencia Tributaria. “Dorado tenía un grupo muy potente y la mayor estructura empresarial, en realidad movía una fortuna”, afirma.

La investigación llevó al SVA a conocer uno a uno sus negocios, incluso las amistades que frecuentaba. “Es cierto que se relacionaba con políticos y esto es algo que nunca me ha dejado de sorprender, porque en realidad era una práctica extendida y aceptada”, comenta Rubí. 

El exdirector de Aduanas asegura que en su etapa en el organismo advirtió “ un gravísimo error en determinadas autoridades” de la Xunta de Manuel Fraga con el contrabando de tabaco. “Muchos hablaban de los tabaqueros con benevolencia, con buena o mala fe, vamos a dejarlo así.

 Pero algunos políticos se dejaban querer pensando que eran buenos. Y a mí me sorprendía esa permisividad de que no era para tanto. Pero si ustedes son permisivos en esto, al final es un tema de mercado, al final va a derivar hacia negocios más rentables como el blanqueo o el narcotráfico”, enfatiza Rubí, quien tacha también de “inadmisible” el argumento de que “no es lo mismo el narcotráfico que el contrabando”:

 “Quizá, porque yo nunca pude verlo, estos empresarios, entre comillas, algún tipo de ayuda o financiación daban a los políticos. Esto son indicios, sospechas que teníamos por lo que estaba ocurriendo”.

El exinspector de Hacienda llegó a la dirección del SVA con aires reformistas. Se propuso potenciar el departamento con unidades especializadas en delitos económicos, después de su experiencia como administrador judicial de la Audiencia Nacional en la gestión del patrimonio embargado a narcotraficantes, como es el caso del pazo de Baión, de Laureano Oubiña, o el de Vista Real, del clan de Los Charlines.

En pocos meses los cambios impulsados por Rubí comenzaron a resultar incómodos para la vieja guardia del SVA, pese a lo cual él decidió pisar a fondo el acelerador contra los contrabandistas. En un momento de las investigaciones los agentes se acercaron un poco más a Dorado.

 “Detectamos un contacto, un político que hablaba con él y teníamos una intuición. Después me dieron algunas claves de qué personaje podría tratarse pero en aquel momento no pudimos llegar a ninguna conclusión clara. Ahora, al ver las fotos con Núñez Feijóo, pensé que podría ser él. Creo que era más una relación personal que empresarial”, recuerda.

A costa de subir la presión a los tabaqueros, en año y medio el equipo de Rubí logró reducir a la mitad la entrada de tabaco. “Cuando me informaron de que Marcial se codeaba con algunos políticos, pensé que había que andar con cuidado porque ellos veían en otro plano el tabaco y a estos señores se les valoraba como empresarios”. 

Sin embargo, optó por “pisar el acelerador” en sus investigaciones y anunció la detención de Dorado. “Siempre me quedó la duda. Las fechas de las fotos son muy significativas y no he podido evitar el pensamiento de que por apretar el acelerador alguien pudo plantear mi cese”, confiesa el exdirector del SVA. Las pesquisas de Rubí y su equipo nunca acreditaron negocios del contrabandista arousano con altos cargos de la Xunta.

Después de que Aduanas enviara la advertencia a Dorado Baúlde de que iban a por él, uno de los abogados del contrabandista se entrevistó con el entonces fiscal anticorrupción para exigir explicaciones. En enero de 1998 Rubí y sus colaboradores fueron destituidos y, aunque se habían ganado muchos enemigos en el cuerpo, él siempre pensó que había sido un error intentar detener a Marcial Dorado.

 “Sí, lo pensé todo este tiempo, tal vez toqué una fibra sensible y el botón equivocado. Le pegamos durísimo al contrabando. ¿A qué políticos perjudicabas con ello? No lo sé”, señala Rubí. “Nunca recibí ninguna instrucción de paralizar nada pero a mí me cesaron y la operación de Marcial quedó ahí. Nunca se le llegó a detener por contrabando. Aunque también reconozco que puse el servicio patas arriba y contaba con pocos apoyos para cambiar las cosas”, se lamenta.

Días después de su destitución, la Dirección General de Aduanas esgrimió para explicar su cese que Rubí “hiizo unas cosas muy bien y otras muy mal”. El hombre que anunció el arresto de Dorado por contrabando en 1997 dejó tras su destitución Aduanas para administrar judicialmente el Atlético de Madrid y posteriormente decidió ejercer como abogado.

 “Yo no puedo decir que Marcial Dorado me cortó la cabeza pero advertí cierta inquietud cuando le mandamos el mensaje de ‘cuelga las botas que vamos a por ti’. Lo que pasa es que tenté un resorte delicado, probablemente político, pero no puedo apuntar a nadie. Solo intuyo que si hubo un hombre equis para cesarme, Núñez Feijóo solo estaba en el entorno y habría otros más importantes por encima”, aclara."           (El País, 14/07/2013)

Seis detenidos por fraude masivo en ayudas de la Xunta de Galicia

Sede de la empresa de Manuel Maceiras, el cabecilla de la trama de fraude en las ayudas. / OSCAR CORRAL (EL PAÍS)

 " Dos años de investigaciones han permitido descubrir una trama que presuntamente se apropió de centenares de miles de euros en subvenciones de la Xunta de Galicia a la repoblación forestal en la provincia de A Coruña.

 El fraude ha afectado a decenas de vecinos de la comarca de la Costa da Morte que aparecen, sin su conocimiento, como demandantes y beneficiarios de subvenciones para reforestar fincas de las que ni siquiera eran dueños. La policía detuvo la pasada semana a seis personas, un matrimonio de empresarios y cuatro empleados de sucursales del Banco Pastor, La Caixa y Banesto en Vimianzo (A Coruña).

 Hoy declararán además como imputados tres funcionarios de la Xunta. En total, una docena de personas están implicados en el caso por el Juzgado de Instrucción 1 de Corcubión.

En el meollo de este entramado están las cuentas bancarias abiertas en esas entidades de Vimianzo con simples fotocopias del DNI de personas que jamás habían pisado esas sucursales y en las que la Consejería de Medio Rural de la Xunta ingresaba, una vez concedidas las subvenciones, cientos de miles de euros. 

El dinero era entonces retirado en efectivo, sin constar por quién, en los días sucesivos al cobro, como consta en extractos bancarios a los que tuvo acceso este diario. En todas esas cuentas bancarias figura el principal implicado en el caso, el empresario Manuel Maceiras Hermida.

Los expedientes investigados por fraude en la Operación Forest y que dieron pie a la Xunta a conceder todo ese dinero en subvenciones forestales en la Costa da Morte están repletos de irregularidades. No solo fallaron todos los controles en la Consejería de Medio Rural en los últimos cinco años. Hay anomalías imposibles de achacar a un error o a la dificultad de verificar la autenticidad de datos y documentos.

Empresarios, empleados de banca y funcionarios engrosan la lista de imputados, ya superior a la decena, en el abultado sumario que instruye desde hace dos años el juez de Corcubión Iván Barallobre. Una de las grandes incógnitas es por qué no existe rastro en Hacienda del pago de esas ayudas públicas cofinanciadas con dinero comunitario. 

Hay constancia, por el contrario, y aparecen en los borradores del IRPF de los beneficiarios, de otras subvenciones de la misma índole, abonadas por transferencia bancaria por el Fondo Galego de Garantía Agraria, el organismo de Medio Rural pagador de subvenciones de los fondos europeos agrícolas en Galicia.  (...)

La consejería no informó a la Agencia Tributaria del pago y destinatario de estas subvenciones forestales bajo sospecha, pese a ser obligatorio desde 2007. Y con independencia de que sean ayudas que tributen o no. En todos los expedientes y cuentas bancarias investigadas figuran los principales acusados de este entramado, Manuel Maceiras, conocido empresario de Vimianzo, y su esposa y socia, María Jesús Esmorís. 

Que no haya rastro en Hacienda contribuyó a que decenas de vecinos de la Costa da Morte no se enteraran nunca, hasta que se destapó por casualidad este fraude, que figuran como solicitantes y beneficiarios de estas ayudas para reforestar parcelas de las que ni siquiera eran dueños. Hay personas que ya habían fallecido cuando se pidió y obtuvo a su nombre una subvención.

 Tampoco consta a efectos fiscales que sean titulares de cuentas bancarias en las sucursales de Vimianzo del Banco Pastor, La Caixa y Banesto, abiertas sin su conocimiento, en las que Medio Rural abonaba las ayudas una vez concedidas. El dinero, una vez ingresado, era retirado en efectivo casi de inmediato en los siguientes días. 

En una misma semana se movía así hasta medio millón de euros pagados por el Fondo Galego de Garantía Agraria. Siempre aparece Maceiras, cotitular de esas cartillas, como remitente directo o indirecto de esos fondos."        (El País, Galicia, 28/04/2013)

Para poder urbanizar un castro situado en la Red Natura, la Xunta lo sitúa en el medio del mar

Terrenos de la playa de A Frouxeira (Valdoviño), en los que Construcciones Rías Gallegas planeaba levantar hasta 69 adosados

 "No se llegaron a poner ni los cimientos pero el proyecto para urbanizar A Saíña, una esquina privilegiada del arenal de A Frouxeira, ejemplifica muy bien los desmanes urbanísticos del boom del ladrillo incluso en parajes protegidos con la complicidad de las Administraciones Públicas. 

Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol ha ratificado la paralización de una urbanización de chalés adosados que la promotora Construcciones Rías Gallegas, SA, quería levantar en el lugar de A Saíña, un promontorio en primera línea de playa sobre los restos de un castro catalogado y en terrenos de la Red Natura (LIC Costa Ártabra).

La Demarcación de Costas dio su plácet, como también lo hizo la Dirección Xeral de Patrimonio que autorizó una construcción sobre un castro inventariado porque los técnicos lo situaron, por error, en el medio del mar. 

Adega acusa a la Xunta y al Gobierno central de “complicidad con el infractor” y dice que todavía no se explica cómo las dos Administraciones informaron favorablemente un proyecto “claramente ilegal”.

 “El perímetro de protección (del castro) se calculó con unas coordenadas erróneas que situaban la urbanización justo en el límite del monumento”, explican. “¿Casualidad o trampa?”, se pregunta Carlos Outeiro, de Adega Trasancos. “Cualquier persona con acceso a internet podía ver que la Xunta dio por buena una localización errónea”, resumen.

 Las insistentes denuncias del colectivo ecologista y de un grupo de vecinos que vigilaron con lupa cada movimiento de las excavadoras y amagaron con ponerse delante de las palas, acabaron por parar la obra en 2009. 

La constructora reclamó en la vía judicial y un juez de Ferrol acaba de dar por buena la paralización. Para explicar este rocambolesco proyecto hay que retroceder hasta agosto del 2003, con el primer informe favorable del arquitecto municipal de Valdoviño. En marzo del 2005, el Ayuntamiento aprobó en junta de Gobierno la recalificación de unos terrenos en A Saíña (Unidad de Actuación 2).

 “Bien pronto”, cuentan desde Adega, un promotor se apresuró a pedir licencia para 17 adosados. Era la primera fase de una promoción que pretendía edificar hasta 69 viviendas unifamiliares a menos de 100 metros del litoral en suelo rústico de especial protección natural y patrimonial.

 

A Frouxeira, una de las playas más populares de Galicia, es un espacio protegido por cinco figuras ambientales (Red Natura, LIC, ZEPA, ZEPVN y Ramsar) que preservan un paraje único del litoral coruñés con una laguna costera y un ecosistema tan rico como sensible.

 “No tenía ni pies ni cabeza”, recuerda Outeiro, “la zona tenía todas las protecciones habidas y por haber y aún querían construir. Nos esforzamos mucho en detenerlo porque significaba que cualquier parte del patrimonio estaba en venta al mejor postor”.

El empresario colocó un cartel de obra y empezó a remover la tierra en 2006 cavando grandes zanjas aún visibles hasta que las denuncias que Adega interpuso en el Seprona, el Ayuntamiento y la Xunta por partida doble —direcciones generales de Urbanismo y Conservación da Natureza— le obligaron a detenerse. 

Rías Gallegas, SA, una empresa domiciliada en Oroso, no cejó en su empeño de edificar en la zona e hizo varios amagos de seguir adelante hasta que, en 2009, el Gobierno local de Valdoviño, acatando las instrucciones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), anuló en pleno la primera licencia que otra corporación le había concedido al promotor cinco años antes. La justicia ha dado la razón al municipio pero el fallo todavía puede recurrirse."       (El País, Galicia, 27/12/2012)

Pérez Mariño fue despedido por el bipartito por falsificar datos de analíticas de un vertido... Fue readmitido por el Gobierno de Feijóo

"El PSdeG contraatacó ayer a los intentos de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo de involucrar al líder socialista y exconselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez, en las investigaciones judiciales contra cargos de Sogama.

Solicitaron la comparecencia en el Parlamento del actual conselleiro, Agustín Hernández, para explicar por qué el jefe del área técnica del complejo de basuras, Ramón Pérez Mariño, imputado por tráfico de influencias, participó, como presidente o vocal, en todas las mesas de contrataciones de la entidad participada en un 51% por la Xunta entre julio de 2009 y marzo de 2011.

Ese periodo es el que investiga el Juzgado número 1 de A Coruña, al encontrar indicios de una posible influencia de este cargo en las contrataciones de Sogama. (...)

La diputada socialista Carmen Gallego recordó que Pérez Mariño fue despedido por el bipartito por falsificar datos de analíticas de un vertido que también está siendo investigado por los tribunales. "Fue readmitido por el Gobierno de Feijóo para controlar las contrataciones al antojo de la Xunta" (El País, Galicia, 04/06/2011, p. 1)

"Para las fiestas de 2010, que suelen costar en total unos 150.000 euros, el alcalde sólo declaró en el Ayuntamiento haber recaudado unos 800 euros"

"Queda igualmente demostrada, según la policía, la comisión de delitos de los demás acusados, entre ellos nueve funcionarios o empleados de estos ayuntamientos, incluidos sus secretarios y arquitectos, así como cuatro constructores.

Los investigados se saltaron "de forma dolosa y no negligente" multitud de normas de la Ley de Contratos del Sector Público. Son tantas las irregularidades que incluso las contrataciones en Cee, Fisterra y Mazaricos de varias obras públicas resultan "nulas de pleno derecho", advierte la policía judicial.

Hay pruebas documentales y orales de que, destacan los agentes en sus informes finales, los responsables públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos amañaron la contratación de obras públicas para adjudicarlas, de forma ilegal, a Construcciones Ogando, cuyos dueños, padre e hijo, así como su aparejador Miguel Ángel López de la Llave, son otros de los principales implicados en la trama.

Probado de sobra también está, para la policía, que alcaldes y concejales recibían de los Ogando tanto dinero en metálico como favores varios. Los constructores, además de mordidas a los políticos, sufragaban parte de las fiestas locales y empleaban, en Cee y Fisterra, personas impuestas por los alcaldes.

En la práctica totalidad de las obras públicas investigadas, los policías destacan que se las llevó Ogando pese a presentar las ofertas más caras.

Incluso en algunos casos en los que los procedimientos administrativos para la adjudicación fueron normales, y no se vulneró la ley, según comprobó la policía, "resulta llamativo" que los Ogando se llevaran la obra pública pese a tener el presupuesto más caro.

Estos constructores de Muxía siempre resultaban ganadores en los concursos de adjudicación gracias a tener, con mucha diferencia, la mejor valoración técnica de los proyectos. En los tres ayuntamientos contaron con "la cooperación necesaria" de secretarios y técnicos municipales -todos imputados- encargados de evaluar las ofertas y velar por la legalidad de las adjudicaciones "amañadas de antemano".

En Fisterra, por ejemplo, los constructores de Muxía obtuvieron en 2010 cinco obras municipales, por un importe de 761.123 euros. La adjudicación siempre fue amañada, dice la policía, por el alcalde, José Manuel Traba, del PP. Se vulneraron "multitud de preceptos legales" para adjudicarlas a Ogando, pese a tener las ofertas más caras.

Esta constructora también obtuvo de la Xunta una obra de saneamiento por 811.604 euros. No estaban aún intervenidos los teléfonos de los ediles de Fisterra cuando se adjudicó en mayo, reseña la policía.

Pero se investigó porque en una conversación con otro empresario, Ogando padre se jactó de haberla obtenido, frente a 50 competidores, tras haber "tocado al jefe, al alcalde de Fisterra". (...)

Pero es "llamativo" que Ogando ganara el concurso "de nuevo gracias a las valoraciones técnicas" de la mesa de contratación, con una significativa ventaja en la puntuación sobre las demás empresas. Tenía, sin embargo, "la peor oferta" cuando se trataba "de valorar criterios automáticos". (...)

Vigo se encargaba personalmente de los festejos que celebra su localidad cada mes de agosto. No hay fiscalización en el Ayuntamiento de lo que se recaudaba y se gastaba en esas fiestas. La mayor parte del dinero "se genera en B".

"Es desmedido el interés del alcalde por realizar los pagos de espectáculos sin gestionar el IVA", destacan los investigadores policiales. No pudieron "determinar la cuantía de lo defraudado a Hacienda" con esos pagos de dinero B. Pero calculan que superarían los 120.000 euros, la cuantía mínima para imputar a Vigo también un delito de fraude fiscal.

Dado que "la recaudación de las fiestas no se realiza a través de organismos legalmente establecidos, puede dar pie" además "a un presunto delito de malversación de fondos públicos", continúan los agentes en sus conclusiones finales sobre la Operación Orquesta.

"Nadie puede tener la total garantía de que el dinero recaudado" para las fiestas por parte del alcalde "se emplea para su fin último y no para otro de otra índole". Para las fiestas de 2010, que suelen costar en total unos 150.000 euros, el alcalde sólo declaró en el Ayuntamiento haber recaudado unos 800 euros por la tasa que pagan las barracas y los puestos.

"Usualmente esos ingresos superaban los 7.000 euros", según el informe contrario de Intervención Municipal." (El País, Galicia, 22/04/2011)

Conselleiros e altos cargos da Xunta, no sumario da operación ‘Orquesta’

"O sumario da operación Orquesta, que investiga unha trama de presuntos delitos de tráfico de influencias, suborno, prevaricación e falsificación de documentos na Costa da Morte con máis dunha vintena de imputados, recolle entre os miles de folios conversas que a policía creu de importancia para a instrución do caso e nas que aparecen conselleiros, como Agustín Hernández ou Beatriz Mato, ou algúns altos cargos e membros dos departamentos do Goberno galego. Nunha delas, falan da presunta adxudicación a dedo do concello de Mazaricos dunha gardería con 45 millóns da consellería de Beatriz Mato e coa presunta connivencia de Benestar.

Así, un membro da construtora Ogando, que recibiu presuntamente case tres millóns de euros en obras a dedo de varios concellos, chama a un técnico de Mazaricos para preguntarlle como vai “o da guardería”, dependente do Consorcio de Benestar.

“Eu creo que sale, pola conversa, eh”, dille o técnico, que terá que falar “cun posto político e unha chica cun posto medio político, de esos a dedo, de asesor, de confianza”. “Esa será a que poña problemas, se os pon”, di un.

“A ver se pescamos, a ver se pescamos esto!”, di o construtor. Tres días despois, Daniel Ogando fala co técnico, que lle di: “fágao quen o faga, valo facer ti, polo que estiven oíndo”. Ogando pregúntalle: “De trinta (millóns) para arriba ou para abaixo?”. 45, dille o responsable do concello. “45, carallo”, responde.

“Ou sexa, que o vas facer, iso non me cabe menor duda, o Consorcio xa sabe que o concello ten un compromiso e o vas facer”, di. Anteriormente, un home pedíralle ao alcalde, José Santos Maneiro, que se a Xunta “lles daba pasta” para a gardería, “que non a saquen aos outros, que lla saquen a quen, xa me entendes...”. (Xornal.com, 18/04/2011)

"¿Y sabes si estoy en la orquesta?". La pregunta se repite en los despachos de la Costa da Morte

"...desde que el juez de Corcubión Andrés Lago Louro levantó el secreto del extenso sumario que instruye contra la corrupción en la comarca. Los nombres de múltiples constructores y políticos locales aparecen citados en el sumario de la Operación Orquesta, al hilo de los centenares de conversaciones interceptadas por la policía nacional desde que comenzó la investigación, en diciembre de 2009. (...)

La lista de imputados, que ya supera la veintena, sigue aumentando. El juez tomará hoy declaración como imputados a cinco empleados y funcionarios del Ayuntamiento de Cee, y recogerá además el testimonio de otros cuatro.

En la abultada investigación se encuentran también bajo sospecha por tráfico de influencias contrataciones públicas del Ayuntamiento de Carnota. La policía, por mandato judicial, ya le ha requerido que entregue "de forma inmediata" la totalidad de los expedientes administrativos de cinco obras cuyo importe total supera los 1,14 millones de euros. Son contrataciones adjudicadas, todas por resolución directa del alcalde, José Oreiro, del PP, durante el año pasado, cuatro a la empresa Mantido y una, la de mayor cuantía, a Espina&Delfín.

Las sospechas sobre algún amaño para la adjudicación en estas obras parten de las conversaciones interceptadas policialmente al arquitecto municipal de Carnota, José Carlos Leis Caruncho. Este técnico declara hoy ante el juez, acusado de un delito de tráfico de influencias. Además de técnico municipal de Carnota, es el arquitecto y el director de ejecución de la Casa da Cultura de Cee.

En esta obra se concentra el grueso de las prácticas delictivas que las investigaciones del caso Orquesta han destapado en esta localidad, por ejemplo pago de sobornos y amaños fraudulentos de las adjudicaciones de los que son acusados principalmente el alcalde, el independiente Ramón Vigo que gobernaba en coalición con el PSdeG, y los constructores Ogando." (El País, Galicia, 14/04/2011, p. 1)

"Alguno de ellos llegan a proponer a Rey Paz que borre algunos conceptos facturados no subvencionables con tipex, lo que da una idea..."

"Las diligencias destapan incluso una red para captar de forma fraudulenta subvenciones públicas, "con la connivencia de funcionarios" de la Consellería de Cultura, con el propósito de organizar asociaciones o festejos y buscar el reedito electoral del PP de Corcubión. (...)

Pero Rey Paz, cuyos teléfonos fueron intervenidos por la Policía, también "posee, dirige y protagoniza su propia actividad defraudatoria" con métodos similares a los del alcalde de Cee. Su trama se desarrolla en Corcubión, donde creó tres asociaciones culturales y lúdicas, además de organizar el mercado medieval.

Rey Paz, según establece el juez, "accede de forma indebida a subvenciones concedidas" por la Consellería de Cultura e Turismo "con el fin de organizar espectáculos y festejos en Corcubión que, a la postre, habrán de servirle como plataforma de lanzamiento en las filas del Partido Popular de Corcubión".

El funcionario actúa, continúa el juez, "previa falsificación de documentos, principalmente facturas, en clara connivencia con funcionarios de la consellería".

Incluso algunos de los responsables de los departamentos de Xuventude y de la secretaría de Turismo de la Xunta, incluida una jefe de servicio, "lejos de velar por la objetividad y transparencia en el proceso de concesión de subvenciones, auspician y amparan las prácticas ilícitas" del funcionario municipal.

"Alguno de ellos llegan a proponer a Rey Paz que borre algunos conceptos facturados no subvencionables con tipex, lo que da una idea de la zafiedad delictiva de quienes protagonizan los hechos que aquí se investigan", destaca el juez.

Carlos Rey, al igual que el alcalde de Cee para obtener subvenciones de forma fraudulenta, cuenta con "un punto de conexión personal" importante para esta trama de corrupción: Manuel Varela Rey, exalcalde de Carballo por el PP y actual jefe territorial de la Consellería de Cultura e Turismo en A Coruña.

Aparece en numerosas escuchas policiales que desvelan estos manejos ilegales con subvenciones públicas.

Varela es, dice el juez, "presuntamente el encargado de decidir en última instancia la concesión o no de las subvenciones". Fue quien, según las escuchas policiales, habría prometido una subvención de 6.000 euros para la fiesta medieval a Rey Paz y provocó su cólera cuando finalmente recibió solo 3.200.

Entonces entran en acción varios funcionarios de la consellería para arreglar el entuerto. Rey Paz, aprovechandose de su supuesta promesa de aupar al PP de Corcubión, "exige de los responsables de Xuventude y Turismo la concesión de la subvención máxima, no duda en decirles que puede aportar facturas duplicadas".

Los funcionarios de Cultura le guían cómo corregir y obtener esa ayuda." (El País, Galicia, 10/04/2011, p. 1/2)

Un técnico de Louzán hace proyectos que cobra un ingeniero jubilado

"Un ingeniero jubilado, Manuel Vázquez Fernández, se atribuye la autoría de tres proyectos de obras del Plan de Investimentos da Deputación (PID) en Mos que previamente habían sido firmados por el ingeniero Baltasar Pujales Estévez, funcionario y responsable de las obras que la institución provincial promueve en todos los municipios del sur de la provincia.

El BNG ya denunció en 2009 el uso que hacía Pujales de medios de la Diputación en el ejercicio privado de su profesión; también está imputado de falsedad documental por certificar una obra en Salvaterra de Miño que apenas había comenzado a realizarse. (...)

En el caso de Mos se hace patente que los tres proyectos asumidos por el jubilado Manuel Vázquez Fernández fueron realizados y firmados por Baltasar Pujales.

Manuel Vázquez reclamó la autoría de los tres proyectos a través de dos sucintos escritos de fecha 9 de noviembre de 2009, incorporados al expediente municipal sin membrete alguno ni registro de entrada.

En ellos, Manuel Vázquez informa "que los proyectos de referencia son de mi autoría, habiéndose producido un error en la firma de una copia de cada ejemplar y remitiéndose dicha copia a la Diputación de Pontevedra".

Este informe de Vázquez resolvió un requerimiento de la propia Diputación, de fecha 4 de noviembre anterior, para que Mos enmendara sus proyectos del PID ya que su presupuesto "no puede ser firmado por un técnico vinculado laboralmente con la Diputación", esto es, Pujales.

Los tres proyectos suman un presupuesto de 444.630 euros, de los que 17.785 corresponden a Manuel Vázquez por la dirección de obra, a lo que habría que sumar la contratación municipal de elaboración de los proyectos, que EL PAÍS no ha podido precisar porque la alcadesa tránsfuga de Mos y de nuevo candidata del PP, Nidia Arévalo, rehusa ponerse al teléfono.

¿Cómo pudo colarse la firma del ingeniero Pujales en los proyectos de Vázquez? No tiene explicación. (...)

A su vez, Manuel Vázquez, pese a su condición de jubilado, es uno de los principales directores de obras del PID, con 23 encargos, algo que en la Diputación atribuyen a una coincidencia de decisiones municipales, descartando que actúe como "tapadera" de Pujales.

El BNG denunció en el verano del mismo 2009 al ingeniero funcionario por usar, en sus actividades profesionales privadas y dentro de su jornada laboral en la Diputación, el coche con chófer que tiene asignados, sin que Pujales desmintiera o matizara los términos de la denuncia. Vázquez trabajaba entonces para la misma empresa que el funcionario." (El País, Galicia, 28/03/2011, p. 3)

A muller e a cuñada do xefe do Diario Oficial, asalariadas da Voz na contrata do propio DOG

"O Xefe de Servizo do Diario Oficial de Galicia foi quen fixo o informe para a millonaria adxudicación da asistencia técnica a La Voz de Galicia durante o bipartito.

La Voz contrata dúas familiares do funcionario clave para a adxudicación

O alto funcionario foi quen en 2007, co bipartito, redactou o informe que permitiu a La Voz gañar o concurso da Xunta para editar o DOG. Así se pode comprobar no documento de adxudicación que publica Galicia Confidencial.

En definitiva, o mesmo funcionario que xogou un papel fundamental para a adxudicación da asistencia técnica ten traballando nesa contrata, grazas á empresa que gañou o concurso, a dúas familiares en primeiro grao." (Galiciaconfidencial, O Irixo | 20/09/2010)

El fiscal detecta construcciones sin luz, agua, saneamiento ni accesos rodados

"El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, destituyó al director de la agencia, Hipólito Pérez, tras cambiar sus estatutos pensados para que el organismo funcionase como una agencia independiente, sin dejarse contaminar por el poder político. Pero el prolijo informe de la Agencia no caerá en saco roto. Sus conclusiones han dado munición a la fiscalía para denunciar por prevaricación urbanística al alcalde popular de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a tres concejales suyos que integran la Junta de Gobierno e incluso a la arquitecta municipal, Marta Geada, que avaló con su informe alguna de las polémicas promociones. (...)

La denuncia que la fiscalía ha presentado en el Juzgado de Mondoñedo relata el rosario de irregularidades que ahora la Xunta pretende legalizar. Después de acusar al alcalde de otorgar 44 licencias para edificar 3.174 viviendas en suelo urbano no consolidado, el ministerio público desmenuza una por una las anomalías. Todas, relacionadas con excesos de edificabilidad que en ocasiones llegan a multiplicar por tres o por cuatro la permitida legalmente, invasión de suelo rústico para realizar piscinas, ausencia de accesos públicos rodados, carencia de plazas de garaje e incluso deficiencias relacionadas con la prevención de incendios. (...)

Otro de los suelos, que promueve la sociedad Parque Empresarial Melide, "se asentaba sobre una parcela que no podía adquirir la condición de solar con la realización de obras accesorias". Dicha promotora obtuvo la licencia, en contra del criterio de la secretaria municipal, pese a que "no previó el suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y red de saneamiento". Cuatro de los bloques que albergaban las 54 viviendas adosadas carecían de acceso rodado público. Y los sótanos se desparramaban por el 100% de la parcela en suelo urbano sin respetar el límite del 70%." (El País, ed. Galicia, Galicia, 16/03/2010, p. 3)