Mostrando entradas con la etiqueta caciquismo económico. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta caciquismo económico. Mostrar todas las entradas

22/4/25

Rueda organizó un desfile de testimonios en el que ciudadanos y ciudadanas, entre lágrimas, agradecían “a Dios y a la Xunta” los favores recibidos... como una mujer que se emocionaba al decir que “por fin tenía una casa”, y recordaba haber llorado “abrazada a Ánxeles” cuando se la otorgaron... le correspondió una de las únicas cinco –sí, cinco– viviendas de promoción social autonómica construidas en 2024... Una vez extraída toda la materia emotiva y promocional de los invitados, la presentadora concluyó que esa hemorragia de buena gobernanza se debía a un trabajo “en equipo”... modo de sugerencia para posteriores ediciones, las pague el partido o el Gobierno, quedaría bastante propio un coro de góspel que se encargue de los aleluyas de rigor ¡Aleluya, hermano ciudadano! (Xosé Manuel Pereiro)

 

 " El próximo 23 de abril se celebrará en el Parlamento de Galicia el debate sobre el estado de la autonomía, ese rito litúrgico civil que ejemplifica nuestro compromiso con la democracia representativa, de la misma forma que las misas de Te Deum robustecen el vínculo entre política y religión. Y, dentro de los estándares de espectáculos actuales, los dos son igual de tediosos. Pero el PP de Galicia, o la Xunta (no quedó claro si lo organizaba el partido o el Gobierno, porque además las respectivas imágenes corporativas confluyen cada vez más), adelantó la pasada semana el balance de su primer año de gestión en la XXII legislatura con un acto novedoso: un talk show de exhibicionismo emocional. Exactamente igual que aquellos que inundaron las cadenas de televisión en los años noventa, y con su título y todo: “Estilo Galicia”. Un desfile de testimonios en el que ciudadanos y ciudadanas, entre lágrimas, agradecían “a Dios y a la Xunta” los favores recibidos.

Lo del talk show no es una metáfora. Ante un público repleto de autoridades, en un escenario configurado como un plató virtual que recreaba distintos ambientes (una cocina, una sala de estar…), una presentadora entrevistaba a una serie de personas beneficiarias de varias medidas sociales de la administración autonómica gallega. Por ejemplo, un estudiante que aseguraba que había logrado acabar la carrera de Medicina gracias a las medidas de gratuidad de la enseñanza universitaria adoptadas por la Xunta. O una mujer que se emocionaba al decir que “por fin tenía una casa”, y recordaba haber llorado “abrazada a Ánxeles” [Vázquez, entonces conselleira de Vivienda y ahora de Medioambiente] cuando se la otorgaron. O los familiares de una víctima de un accidente laboral incapacitante que aseguró que, gracias a la ayuda del “Bono Coidado”, podía ser atendido en casa, “sin tener que ir a una de las maravillosas residencias que existen en Galicia”. Por mucho que le cueste creerlo a cualquiera instalado mentalmente en 2025, todas las declaraciones son rigurosamente sic

Una vez extraída toda la materia emotiva y promocional de los invitados, la presentadora concluyó que esa hemorragia de buena gobernanza se debía a un trabajo “en equipo”, e invitó a los integrantes a subir al escenario, capitaneados por el presidente Alfonso Rueda. Sentados informalmente en taburetes altos (ya en la toma de posesión, el equipo se había presentado mediante un vídeo de un plano secuencia en el que posaban adoptando posturas de influencers), el líder les instó a “pisar el acelerador” y “no perderse en el ruido y la confrontación, porque eso nos quita tiempo de gobernar”. Puro coachismo sin pizarra. Rueda aclaró que el “Estilo Galicia” viene siendo que “Galicia es una isla de estabilidad” y, por si alguno de los presentes abrigaba algún tipo de duda, resaltó que los invitados “dijeron lo que les apeteció”.

En efecto, si hubiesen seguido un guion, se habrían medido algo. De entrada, habrían mostrado la natural satisfacción de quien ve reconocido un derecho porque reúne las condiciones para obtenerlo, en lugar de, como pasó, evidenciar el gozo inenarrable de quien se ha visto elegido taumatúrgicamente por el destino, bien el de las Loterías y Apuestas del Estado, bien el de la Xunta de Galicia. Y, de salida, si hubiese un guion (o este fuese mínimamente racional), quizá el espectáculo tendría un atisbo de credibilidad. Porque la emoción y la libertad de expresión que embargaba a los participantes les hizo, además de sobreactuar, no ser del todo exactos.

Por ejemplo, el citado estudiante es imposible que haya acabado la carrera de Medicina –o cualquier otra– gracias a las medidas de gratuidad de la Xunta. Fueron implantadas el pasado curso y ni siquiera con la celeritas academica de Pablo Casado le pudo dar tiempo a acabar seis cursos en un año escolar. (Por otra parte, a quien debería dar las gracias es a la Universidad de Santiago: la Consellería de Educación condonó la matrícula, pero no compensó esa falta de ingresos ni a la USC ni a las demás universidades gallegas).

Quizás el Bono Coidado (416,66 euros al mes) ha ayudado a muchas familias a cuidar a sus ancianos con discapacidad, pero desde luego la alternativa no son las “maravillosas residencias que tenemos en Galicia”. Maravillosas o del montón, Galicia es la cuarta comunidad con menos plazas residenciales; las últimas que se crearon fueron impulsadas por el Gobierno de coalición socialista y nacionalista hasta 2009, y las siete que prometió hace ocho años Alberto Núñez Feijóo las está construyendo (de momento están acabadas dos) la Fundación de Amancio Ortega. Quien sí tenía razón en abrazar a la entonces responsable de Vivienda fue la agraciada con el alquiler social, porque le correspondió una de las únicas cinco –sí, cinco– viviendas de promoción social autonómica construidas en 2024.

A diferencia de los debates sobre el estado de la nación o de las misas de Te Deum, Estilo Galicia concluyó, según anunció la presentadora, con un “fabuloso aperitivo” (que tampoco sabemos quién pagó). A modo de sugerencia para posteriores ediciones, las pague el partido o el Gobierno, quedaría bastante propio un coro de góspel que se encargue de los aleluyas de rigor."                                (Xosé Manuel Pereiro , CTXT, 21/04/25)

18/10/24

Caciques, falangistas y banqueros: así se tramaron con el dinero de los emigrantes las redes clientelares de Ourense... "Los años 60 y 70 fueron dos décadas perdidas en las que se pudo promover la industrialización de Ourense. Había dinero, mucho dinero para financiarla. Pero no se hizo"... Los caciques que durante décadas construyeron las redes clientelares que aún hoy dominan la provincia de Ourense se financiaron y enriquecieron con el dinero de miles de trabajadores y trabajadoras que se vieron obligados a emigrar durante el franquismo

 "Los caciques que durante décadas construyeron las redes clientelares que aún hoy dominan la provincia de Ourense se financiaron y enriquecieron con el dinero de miles de trabajadores y trabajadoras que se vieron obligados a emigrar durante el franquismo por motivos políticos y económicos.

Caixa Ourense, la caja que nació a principios de los años 30 del siglo pasado vinculada a la Deputación Provincial, fue la herramienta que esas élites emplearon durante la guerra, la posguerra, la dictadura, la transición y los primeros años de la democracia para promover ese trasvase de rentas y para cimentar con dinero de los ahorradores el poder que la derecha conservadora de la provincia sigue manteniendo en la actualidad.

Lo cuenta el historiador Félix García Yáñez en Caixa Ourense (1933-1999), sete décadas de aforro popular provincial, un documentado ensayo de investigación publicado en gallego por Alternativas Económicas que se lee a ritmo de novela y que explica la intrahistoria del fenómeno. "Me pregunté a dónde había ido a parar el dinero de los emigrantes. De ahí surgió el libro", cuenta el autor.

Durante la década de los años 60, cuando en España se iniciaba la era del desarrollismo, el 56% de la población de Ourense con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años tuvo que emigrar a otros países, principalmente en Europa y en América, ante la falta de oportunidades para prosperar en su propia tierra. La inmensa mayoría de esos exiliados económicos destinó lo que ahorraba en la emigración a abrir depósitos y cuentas en Caixa Ourense. Muchas de ellas en divisas, que el régimen franquista impulsaba porque necesitaba moneda extranjera tras el fracaso de la etapa de autarquía en la que instaló al Estado tras la guerra civil.

Instrumento de las élites burguesas

La entidad fue fundada en 1933, durante la segunda república, como instrumento de las élites burguesas para canalizar el ahorro local e intentar que revirtiera en la provincia a través de su obra social y de proyectos económicos de promoción propia. A partir de 1936, sin embargo, ese dinero sólo sirvió para financiar los gastos de guerra del Gobierno de Burgos, primero, y después al franquismo, que manejaba la caja a través de personas vinculadas directamente a la Falange y el régimen, que obligó por ley a que el presidente de su consejo de administración fuera el presidente de la Deputación. A los vocales también se les exigía una firme vinculación con el Movimiento.

A principios de los años setenta, en España había 87 cajas de ahorro. Caixa Ourense ya era la segunda en depósitos en divisas procedentes del extranjero, tras una década de agresivas estrategias comerciales que le llevaron a enviar empleados a países como Francia, Bélgica, Holanda, Suiza y Alemania, para captar clientes en las ciudades receptoras de migrantes ourensanos.

En 1970, la entidad ya era la segunda en saldo medio por cuenta corriente de todas las de España. El régimen facilitaba su trabajo a través del Instituto Español de Emigración, creado en 1956 para apoyar y planificar el éxodo de los compatriotas más desfavorecidos de cuyas gananacias en el extranjero se quería aprovechar.

"Caixa Ourense fue fundamental para el sustento de las redes clientelares de la provincia", continúa García Yáñez. Bajo la dirección de Ricardo Martín Esperanza, una figura clave en la historia de la caja, la entidad consolidó en los 60 y lo 70 un tupido entramado de inversiones en empresas e industrias, compró y promovió instalaciones hoteleras, se implicó en el sector de la construcción y abrió sucursales en municipios de toda la provincia.

Alcaldes franquistas directores de sucursales

"Los directores de esas oficinas eran los alcaldes del pueblo o representantes destacados del poder franquista", recuerda el autor. "Fueron colocando en la entidad a sus hijos, a familiares y amigos, eran los que decidían qué préstamos se concedían y en qué condiciones, lo que les permitió ir tejiendo poco a poco esa red de favores".

 Buena parte del libro de García Yáñez está dedicado a contar la infinidad de desfalcos cometidos por esos directores y de casos de corrupción que motivaron en varias ocasiones la intervención del Banco de España. La mayoría de los responsables, protegidos por el régimen a través de las mafias clientelares que ellos mismos habían creado, ni siquiera recibieron castigo por ello, más allá de un traslado de sucursal o de obligarles supuestamente a devolver el dinero facilitándoles préstamos blandos de la propia caja. "Una estrategia parecida a la que luego usó la iglesia católica con los curas pederastas", ironiza el autor.

Juan Carlos I indultó en 1982 al exdirector general de la caja, Martín Esperanza, condenado a 15 años de cárcel por corrupción

El propio Martín Esperanza, condenado en 1981 por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel por varios delitos de malversación y estafa, tras años de falsear las cuentas del banco, de apropiarse indebidamente de dinero de la entidad y de tapar los escándalos de los delegados que nombraba, fue indultado en 1982 por Juan Carlos de Borbón con la intermediación de Pío Cabanillas, exministro con Franco y por entonces ministro de Justicia en el Gobierno de UCD. Tres años antes, la entidad había entrado en quiebra técnica. Uno de los hijos de Cabanllas, Pío Cabanillas Alonso, acabaría siendo ministro portavoz del Ejecutivo de José María Aznar.

Caixa Ourense dejó de existir en 1999, cuando la Xunta de Manuel Fraga promovió su fusión con Caixavigo y Caixa Pontevedra para crear Caixanova. Por entonces su secretario general era José Luis Baltar, presidente de la Deputación y del PP provincial, cargos que luego dejaría en herencia a su hijo Manuel.

 Abanca

A su otro vástago, José Luis, también lo había colocado en un puesto de dirección en la entidad, que luego, y por las presiones de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, acabaría uniéndose a Caixa Galicia para conformar Nova Galicia Banco, que tuvo que ser rescatada de la quiebra con dinero público y, luego, vendida al empresario venezolano Juan Carlos Escotet, que rebautizó al conglomerado como Abanca, nombre que mantiene en la actualidad.

En mayo de 2023, Público desveló los mensajes y los audios en los que José Luis Baltar hijo reconocía las mordidas que su hermano y él cobraban a los contratistas de la Deputación, que su familia dominó durante más de tres décadas. En uno de ellos se refiere de manera irónica a una nota interna de la entidad sobre la ampliación de las normas de su código ético. "¡Código anticorrupción, estos hijos de puta van a por mí, me quieren echar!", decía entre risas José Luis a su interlocutor.

A partir de 1999 y tras la desaparición de la caja, la Deputación del PP de la familia Baltar también heredó el dominio de las tramas clientelares de Ourense, se convirtió el principal empleador de personas afines al partido o familiares de sus miembros destacados, y en el núcleo irradiador de favores políticos y económicos de las élites ouresanas. El actual presidente de la Deputación, el popular Luis Menor, exsenador y alcalde de Pereiro de Aguiar desde hace cinco años, se mueve con dificultades en ese entramado sin que de momento haya mostrado síntomas de que tiene intención de desmontarlo.

Pese a que sus emigrantes enviaron durante décadas ingentes cantidades de dinero a España, en divisas con las que el Estado pudo salir de la autarquía y financiar el desarrolllismo franquista, y de que contaba con una caja propia que podría haber sufragado su desarrollo económico, Ourense sigue siendo hoy una de las provincias más pobres de España. Por poner un ejemplo, es la segunda provincia con las pensiones de jubilación más bajas del Estado: 1.032 euros al mes, 400 menos que la media. "Los años 60 y 70 fueron dos décadas perdidas en las que se pudo promover la industrialización de Ourense. Había dinero, mucho dinero para financiarla. Pero no se hizo", concluye García Yánez.

La crisis financiera iniciada en 2008 derivó en la desaparición de las cajas, que contaban "con un profundo arraigo entre las clases medias, profesionales y trabajadoras y que llegaron a administrar más de la mitad del ahorro ciudadano" en el Estado. "De las 46 existentes hace ocho años ya sólo quedan dos pequeñas entidades", recuerda el periodista Andreu Missé, fundador de Alternativas Económicas, en el prólogo del ensayo. "Sabemos muy poco de los motivos de fondo de todo ese proceso de liquidación", añade Missé, para quien la meticulosa y prolija investigación de García Yánez permite "entender las raíces de ese particular aspecto de la crisis financiera española" y alertar para que prácticas como las que desvela no se repitan en el futuro."                (Juan Oliver, Público, 29/09/24)

18/2/24

Que a horas de unas elecciones trascendentales la Xunta de Galicia anuncie 550 euros para mariscadores, 284 para las pensiones no contributivas, una subida salarial de entre el 8 y el 15% a los sanitarios y un bono de 100 euros para mayores de 65, se llama COMPRA de votos descarada (Agus Martínez)

Agustín Martínez  @Agus_Martinez58

Que a horas de unas elecciones trascendentales la @Xunta anuncie 550 euros para mariscadores, 284 para las pensiones no contributivas, una subida salarial de entre el 8 y el 15% a los sanitarios y un bono de 100 euros para mayores de 65, se llama COMPRA de votos descarada.

10:00 a. m. · 17 feb. 2024 41,4 mil Reproducciones 

 

"La Xunta comunica por SMS a todo el personal de la Sanidad gallega una subida salarial a dos días de las elecciones.

 La Xunta de Galicia ha enviado decenas de miles de mensajes SMS a todo el personal de la sanidad pública gallega en el que les anuncia subidas salariales a sólo dos días de las elecciones autonómicas. El texto, adelantado por El Salto y al que ha tenido acceso también elDiario.es, dice: “Mejoras retributivas 2024: Se le abonarán a partir de esta nómina el incremento de las noches en los días laborables en un 7,9% y festivos y noche prefestiva de sábado del 15,71%. Las noches de viernes serán abonadas como festivas”. Se trata de las mejoras salariales obtenidas en las protestas de abril del año pasado, a las puertas de las elecciones municipales. 

 Pero la cosa no queda aquí. Durante la mañana de este viernes se han enviado más mensajes adaptados a cada puesto de trabajo. “Le informamos que a partir de la nómina de este mes de febrero le será abonado mensualmente un nuevo grado de carrera profesional con atrasos desde enero de 2024”, dice uno de ellos mientras que en otro se recuerda la subida neta de las guardias: “Nuevos importes de las guardias de presencia física: le informamos que a partir de esta nómina tendrán las siguientes cuantías: Guardias presencia física de 17 horas con 476€ y 672€ las de 24 horas, y la quinta guardia sucesiva 629€ (17h) y 888€ (24h)”.  (...)

La Junta Electoral de Galicia ha abierto varios expedientes sancionadores al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por hacer anuncios propagandísticos desde el atril institucional en medio de la campaña para las elecciones del 18 de febrero. El último, por una rueda de prensa tras el Consello del 8 de febrero, en el que habló de varias ayudas. La Junta Electoral entendió que las declaraciones que llevaba preparadas e hizo por iniciativa propia vulneraron las normas electorales. En su comparecencia aprovechó para cargar contra el Gobierno central y para presentar apoyos económicos de la Xunta para la compra de vivienda por parte de jóvenes, para la adaptación tras el apagón de la TDT y para proyectos de energías renovables. No se limitó a dar los datos ni quedó justificado que algunas de estas líneas no se pudiesen retrasar a una fecha posterior a la de las elecciones, según los jueces, que aprecian “un fin publicitario elogioso y electoralista”.

La primera vez que se le abrió expediente fue tras “ensalzar” su labor de gobierno con el anuncio de que se empezaría a pagar el complemento para las pensiones no contributivas. Acumulaba ya varios avisos por no ser neutral en sus declaraciones como jefe del Ejecutivo.

Cascada de promesas electorales de Alfonso Rueda

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP, Alfonso Rueda, se ha lanzado esta última semana a una cascada de promesas electorales que van desde chips y vacunas gratis para mascotas a la ampliación del acceso a la fecundación in vitro. 

 En un mitin ha dicho que la matrícula universitaria “será gratuita en todos los cursos”, pese a que él y su partido votaron en contra en las diversas ocasiones en que BNG y Partido Socialista lo sometieron a discusión parlamentaria, la última vez en el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

También iniciará la construcción de “375 viviendas de promoción pública”. Su gobierno, y los anteriores de Núñez Feijóo en los que fue conselleiro y vicepresidente, nunca consideraron esa una cuestión importante a la que atender. Durante la pasada década, hubo varios ejercicios en que la edificación de vivienda pública quedo a cero. En cinco años, levantaron 617. El bipartito de Pérez Touriño, 9.000 en la legislatura escasa en que gobernó. “No habíamos detectado el problema”, se justificó Rueda hace unos meses."          (eldiario.es, 16/02/24)

 

 "La Xunta ingresa 550 euros a 7.000 mariscadores gallegos a tres días de las elecciones autonómicas.

 Más de siete mil mariscadores y mariscadoras han recibido un ingreso de 550 euros de la Xunta de Galicia a menos de 72 horas para la celebración de las elecciones autonómicas, según ha informado El Salto. El montante de la subvención, destinada a compensar la caída de ingresos por la mortalidad masiva de bivalvos, alcanza los 4,4 millones de euros. 

 La medida fue aprobada en el Consello de la Xunta del pasado 25 de enero, el penúltimo antes del arranque de la campaña electoral, sólo cuatro días después de que una masiva manifestación recorriese las calles de Santiago para protestar contra el abandono del litoral, con la crisis de los pellets como detonante. En su comparecencia, el presidente en funciones y candidato del PP, Alfonso Rueda, aseguraba que el ejecutivo autonómico “cumple sus compromisos” mientras “insistía en la necesidad de que el Gobierno central declarase las zonas afectadas como zonas de situación catastrófica”.  (...)

Para sortear las restricciones electorales, la Consellería del Mar se había reservado en el Diario Oficial de Galicia el plazo de pago: “Las resoluciones de concesión podrán dictarse sucesivamente a medida que se vaya verificando que toda la documentación que exige el punto octavo de esta resolución es correcta y está completa”. El Salto recoge el testimonio de uno de los miles de beneficiarios, un marinero de la ría de Arousa. “Cuando vi la convocatoria, sabía que lo iban a hacer. Incluso se molestaron ellos en hacer la lista de beneficiarios y la cantidad a la que teníamos derecho cada uno. Sólo había que entrar en la Sede Electrónica de la Xunta para aceptar el dinero. El plazo para solicitar era entre el 5 y el 9 de febrero y por arte de magia hemos cobrado a tres días de las elecciones”.         (eldiario.es, 16/02/24)

19/1/24

Los pescadores denuncian que la Xunta quiere "comprar su silencio" por 500 euros... "Eu quero vivir do mar, e queren comprar o noso silencio por un pago de 550 euros ( como no Prestige ). Queren desmovilizar a manifestación do domingo 21 en Santiago. Non me importa se estou eu solo alí" (Rogelio Santos Queiruga)

Rogelio Santos Queiruga @QueirugaRogelio

Eu quero vivir do mar, e queren comprar o noso silencio por un pago de 550 euros ( como no Prestige ). Queren desmovilizar a manifestación do domingo 21 en Santiago. Non me importa se estou eu solo alí. Xa teño estado no mar con vento, chuvia, forte mar de fondo. Hoxe escoitaba ao mar e decíame que non calemos, e eu guíome por el, que é o que me da o pan, non a Xunta.

18 ene. 2024 31,7 mil Reproducciones

"La Xunta de Galicia ha anunciado este jueves que movilizará 15 millones de euros en ayudas para el sector pesquero, según ha explicado en las últimas horas la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores después de mantener una reunión con el Ejecutivo autonómico. El organismo aseguró en un comunicado que obtuvo el “compromiso” del gobierno de Alfonso Rueda para abrir la chequera y sofocar las caídas de producción que se produzcan a causa de las “lluvias torrenciales” de invierno, así como de la “mala campaña navideña”, como reza el documento al que ha tenido acceso ElPlural.com.

Entre los detalles del acuerdo, en una línea más polémica, significa que “habrá ayudas extraordinarias directas a corto plazo para más de 7.000 profesionales de a pie y a flote, que rondarán los cuatro millones de euros, y también fondos para las entidades representativas del sector”. En la práctica las ayudas se quedan en 500 euros para que los mariscadores gallegos afronten el pago de algo más de dos cotizaciones de la Seguridad Social, unas cuotas de las que la organización pide al Gobierno Central “exonerar al sector” con la aprobación de la zona catastrófica.

“Quieren comprar nuestro silencio como en el Prestige”

Los pescadores lamentan el momento oportunista en el que llega esta propuesta, ya que aparece a cuatro días de una manifestación el próximo domingo contra la gestión del equipo de Rueda en la recogida de los pellets de plástico y a un mes de que los gallegos acudan a las urnas.

El sector se ha vuelto un clamor contra el modo de hacer popular desde que los microplásticos llegaran a la costa gallega, ya que han denunciado la gestión de la Xunta en varias direcciones, tal y como ha recogido este medio. La última, una ayuda que algunos profesionales consideran poco menos que un chantaje.

El patrón de pesca, agricultor y divulgador Rogelio Santos Queirega -muy activo en redes sociales- ha sido uno de los más contundentes con la Xunta, también en este último punto. Este pescador ha publicado un vídeo en la red social X -antiguo Twitter-, acompañado de críticas al gobierno regional por querer “comprar su silencio por 550 euros, como en el Prestige”, para “desmovilizar la manifestación del domingo”.

Pero él, como otros tantos compañeros, tienen muy clara su opinión: “No me importa si estoy solo allí. He estado en el mar con viento, lluvia y mar embravecido. Hoy estaba escuchándole (al mar) y me decía que no me callara, y me guié por él, que es el que me da el pan, no el Gobierno”.

Me guio por el mar, que es el que me da el pan, no el Gobierno

Movilización contra la gestión de los pellets

La movilización del domingo en Santiago de Compostela contará con el apoyo de BNG, PsdeG, Podemos, Sumar y el comité intercentros de la ACRTVG, más allá de los 140 colectivos convocantes de la marcha, entre los que se encuentran las plataformas en defensa de la ría de Arousa y Muros-Noia, otras organizaciones de barqueros o diversos colectivos de mariscadores, cofradías y varios colectivos ecologistas.

Interparlamentaria del PP

Y en todo este torbellino de críticas contra la gestión de Rueda, el PP celebra este domingo su Interparlamentaria en Ourense, que clausurará el propio candidato gallego a la reelección y el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo. El gran acto, que durará todo el fin de semana, coincide ene el tiempo con la Convención Política del PSOE, que también tiene lugar este fin de semana y será el primero en el que participe el responsable primero popular activando ya el modo electoral de cara al próximo 18 de febrero.

La interparlamentaria dará el pistoletazo de salida a las 16:30 horas el sábado y el encargado de inaugurarla será el presidente del PP en Ourense, Luis Menor, seguido de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado del Rio, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Tan solo media hora más tarde arrancarán los debates, de los que participarán el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, Miguel Corgos -conselleiro de Facenda e Administración, como moderador- Pedro Puy Fraga, portavoz de Hacienda; la portavoz de Función Pública, María Mar González Bella o el portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. Mientras tanto, en la otra mesa prevista para esta hora estará coordinada por la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del PP, Ana Alós López, y de ella participarán varios portavoces autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha o Cantabria.

Las segundas mesas empezarán a las 19:30 y en ellas estarán la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín Martín, quien coordinará la de “Sector primario y desarrollo rural”, moderada a su vez por la vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez. Por su parte, en la última mesa estarán presentes Noelia Núñez González, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, o el portavoz de Industria en el Congreso, Francisco Conde López.

El domingo la jornada arrancará alas 10:30 y de ella participarán Dolors Montserrat (Parlamento Europeo), el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado o Alicia García, su homóloga en el Senado. Las conclusiones de los debates las presentará el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo; y clausurarán el evento Rueda y Feijóo."                        (Rubén rozas, El Plural, 18/01/24)

La Xunta encarga a una empresa de marketing vinculada al PP parte de la limpieza de los pellets... “Os contratará Silman 97, 150 euros netos por día (...) con desplazamiento y dieta. Os daremos un chalequito de la Xunta y unos trípticos para que aprendáis y cuando lleguéis a la playa, si queréis recoger, mucho mejor, y orientar y formar a la gente que allí se encuentre”

"La Xunta de Galicia ha decidido ceder a una empresa de comunicación y marketing vinculada al Partido Popular la formación de las personas voluntarias y parte de la limpieza de las playas por el vertido de millones de pellets de plástico que todavía hoy asola las rías gallegas. No lo han ocultado o al menos no mucho. El personal de la empresa gallega Silman ' 97 SL, histórica adjudicataria de decenas de contratos con administraciones gobernadas por el PP dentro del territorio gallego, lleva días enviando por grupos de trabajo de voluntarias y voluntarios la misma oferta de trabajo: “Os contratará Silman 97, 150 euros netos por día (...) con desplazamiento y dieta. Os daremos un chalequito de la Xunta y unos trípticos para que aprendáis y cuando lleguéis a la playa, si queréis recoger, mucho mejor, y orientar y formar a la gente que allí se encuentre”. El que habla es Manuel Roca, consejero de la empresa matriz Noventia Corporación Empresarial SL, en un audio al que ha tenido acceso El Salto y en el que invita a hacerse formadores de voluntariado a cualquier persona sin experiencia previa y, de paso, a limpiar playas.

Al cierre de esta edición, ni la Xunta de Galicia ni la empresa encargada de la formación y limpieza de los arenales gallegos han tenido a bien responder a las preguntas de esta redacción sobre los pormenores de este encargo: ni la cuantía total, a pesar de que la licitación ya debería estar publicada en el Portal de Transparencia; ni los criterios técnicos que han llevado a la Consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García (PP), a hacer esta contratación sin concurso previo; ni tampoco la experiencia previa que acredita a la empresa para este trabajo. Solamente han confirmado el encargo.

De hecho, la propia empresa, radicada en Bergondo (A Coruña), tanto en el Registro Mercantil como en toda su información pública no cita en ningún momento su solvencia para formar voluntarios especializados en limpieza de vertidos contaminantes ni tampoco para acometer las propias limpiezas en los arenales. Se definen como empresa de comunicación y marketing: “En Silman97 creamos proyectos 360º a medida según los objetivos de la campaña, desde el alquiler del vehículo expositivo hasta su gestión integral. Encontrar la fórmula del éxito en la comunicación de su campaña es nuestro reto. La capacidad de crear experiencias extraordinarias. Y en eso somos especialistas”. Ni rastro de especialización en desastres medioambientales. Tampoco en ninguna de las empresas que componen la matriz Noventia Corporación Empresarial.

Según el testimonio de algunas de las personas que se han postulado como candidatas a los puestos de trabajo que ofrecen “la formación es deficiente”. “En ningún momento te preguntan tu formación, solamente si tienes coche”, explica a El Salto una de las personas que está en una suerte de lista de espera aguardando a ser llamada para acudir a la oferta y que prefiere mantener su anonimato. “La formación que se necesita se suponen que te la dan ellos” y se basa en un tríptico de la Xunta con un manual de buenas prácticas. A partir de ahí, explican, se quedan a su suerte. “Te darán un peto de la Xunta y allí habrá voluntarios. Tienes que coordinar lo que limpia la gente y supongo que ver qué zonas se han limpiado más y qué zonas se han limpiado menos”, explica el gerente en otro de los audios a los que ha tenido acceso esta redacción.

Una de las voluntarias que lleva días trabajando en la comarca de Ferrolterra explica las carencias que ella y sus compañeras ven a pie de playa en estos supuestos informantes: “Son gente que carece de formación alguna en materia de medioambiente, gestión de residuos o contaminación”, explica la voluntaria ecologista Aldara Castro. “En el segundo día de trabajo, entregaron a una persona guantes y una bolsa, material insuficiente, sin darle más información y sin indicarle cómo debe hacerse la limpieza: sin retirar materia orgánica y sin pisar los restos. En el primer día de trabajo, se me indicó que tirase los demás plásticos retirados 'al contenedor amarillo, el de los plásticos'”, relata.

Una historia de contratos millonarios con gobiernos del PP

La historia de vinculación de la empresa Silman 97 consiguiendo adjudicaciones millonarias por parte de instituciones gobernadas por el Partido Popular viene de largo. Aunque varios indicios apuntan a la existencia de lazos personales desde tiempos del primer presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, de Alianza Popular, es al menos desde 2009, año en el que Alberto Núñez Feijóo ganó sus primeras elecciones, el momento en el que se encuentra el primer registro de libre acceso en el portal de transparencia de la Xunta de Galicia.

Desde entonces, solamente esta parte de la empresa matriz ha recibido al menos 13 millones de euros en contratos con objetos extremadamente heterogéneos. Desde ofrecer servicios sociales y asistenciales en el medio rural mediante unidades móviles, hasta la gestión integral de la Escuela Infantil del Ayuntamiento de Castro de Rei, gobernado también por el Partido Popular. Esas dos licitaciones, juntas, rozan los diez millones de euros y pese a haberlas sacado a concurso público, esta empresa, definida a sí misma como especializada en marketing, fue la única que se presentó y consiguió ambas adjudicaciones, además de otra media docena, esta vez sí, centradas en campañas de comunicación de organismos públicos.

Es más, el servicio prestado en el medio rural con unidades móviles fue motivo de queja de la oposición en el Parlamento de Galicia hace algo más de un año cuando la empresa se llevó la adjudicación de los 9,3 millones a la que accedió sin competidor alguno. A raíz de algunas quejas de usuarias, el BNG recriminó formalmente al Gobierno del entonces presidente Núñez Feijóo que la empresa no disponía de personal sociosanitario para prestar de manera directa el servicio de audición y podología así como el del personal de psicología, terapia ocupacional o trabajo social que debía componer cada una de las unidades móviles. La respuesta de la Xunta fue que no le constaban ninguna de esas quejas y que era la empresa la encargada de dichas subcontrataciones, haciendo caso omiso a las cuestiones de control que planteaba el principal partido de la oposición. 

Las organizaciones ecologistas forman a sus voluntarios

A ninguna de las tres principales organizaciones ambientalistas de Galicia les consta ni el trabajo de esta empresa ni su presencia sobre el terreno. En conversaciones con El Salto, ni Adega ni Greenpeace ni Ecoloxistas en Acción afirman tener noticia alguna sobre esa coordinación y formación del voluntariado. Todo lo contrario, las tres propias organizaciones son quienes enseñan a los cientos de voluntarios y voluntarias que gestionan logísticamente al margen de la Xunta de Galicia y como respuesta a la ausencia de velocidad en la respuesta ante la crisis medio ambiental que se vive en estos momentos en el país.

“No es de recibo que la gente se autoorganizara para ir a las playas ya en el primer fin de semana de enero, con el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia (Camgal) activado el día 5, pero sin ningún protocolo de recogida de pellets y cuidado del entorno. Los primeros documentos fueron publicados el día 10”, denuncia Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia. “Eso no es actuar con rapidez y demuestra la incapacidad del Camgal de dar una respuesta rápida. Urge disociar la activación de los planes de emergencia de la política. Debería ser un comité técnico y científico quien los active”, remata."               (Javier H. Rodríguez  , Elena Martín , El Salto, 17/01/24)

9/11/23

Baltar rompe el último lazo político de su clan familiar y el poder en Ourense con su dimisión en el PP provincial

 "Manuel Baltar ha cortado el último lazo que une a su clan familiar directamente con el poder político del PP en la provincia de Ourense con el anuncio de que no sigue como secretario de su partido y la propuesta de su relevo. Entretanto, el partido quedará en manos de una gestora, según adelantó el periódico La Región.

Con este paso, cierrar definitivamente una etapa de tres décadas en las que su familia -primero su padre, José Luis, y luego, él- tuvieron en sus manos el poder provincial a través de la Diputación. A Baltar hijo lo 'cazó' la Guardia Civil a 215 kilómetros por hora al volante de uno de los coches del ente provincial que entonces aún presidía por la autovía A-52. Pendiente de juicio -maniobró para retrasar el proceso, que podría haber resultado en una condena antes de las elecciones municipales de mayo-, anunció por sorpresa en junio que no iba a optar a presidir la Diputación.

Entonces, el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, dijo que dejaría también su puesto en el PP provincial de Ourense. Pocos días más tarde, después de unas declaraciones de Baltar en las que aseguraba que le apasionaba dirigir el partido, dio marcha atrás y señaló que sería el propio interesado quien lo anunciase. Tres meses después de que su partido lo destinase al Senado -como parte de la cuota que designa cada autonomía-, va a dar ese paso. 

  Los excesos al volante no han puesto fin a su carrera política. Después de la información, revelada por elDiario.es, de que iba muy por encima de la velocidad máxima -120 kilómetros por hora- conduciendo un coche oficial en domingo, se desvelaron otras multas del abultado parque móvil de la Diputación, algunas de ellas ese mismo día y a ese mismo coche. Su partido no lo amonestó, al menos no en público, por ello. Rueda evitó durante semanas exigirle ninguna responsabilidad política al compañero de partido que había sido capaz de ganarle la batalla interna a Alberto Núñez Feijóo, cuando, poco después de ganar las autonómicas de 2009, respaldó dentro del PP ourensano a un candidato alternativo a Baltar, que terminó derrotado.

En 2019, los votos dejaron de garantizar el dominio político del PP en la provincia, en donde no logró la mayoría absoluta. Baltar pactó con el líder de Democracia Ourensana para repartirse Diputación y Alcaldía de la ciudad, a pesar de que Feijóo había dicho de Gonzalo Pérez Jácome que sería “letal” para Ourense. El acuerdo se repitió tras las municipales de este año, pero, con Baltar fuera de las aspiraciones al ente provincial, el PP situó a Luis Menor, cercano a Rueda, al frente de la Diputación. Ahora Menor es también el mejor situado para dirigir la gestora y presentarse al congreso que elija nuevo líder de la formación conservadora en la provincia. "                (eldiario.es, 26/10/23)

26/9/23

Casal de Armán incumpriu unha subvención de Medio Rural cando o agora conselleiro, era socio desa adega familiar

 "O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de facer pública unha sentenza, con data do pasado 14 de xullo, que constata que Bodegas Casal de Armán SL incumpriu as condicións dunha subvención de 47.647,58 euros da Consellería do Medio Rural que lle foi concedida en 2015. A Xunta considerou incumpridos os requisitos en 2017 e declarou a "perda do dereito ao cobro" duns cartos que a empresa non chegou a ingresar. Fíxoo porque tiña "licenza de colleiteiro" e non para a "produción industrial" que realmente realizaba e porque non xustificou correctamente os gastos a que ía dirixida a axuda. A empresa recorreu á xustiza e agora o TSXG ratifica o "incumprimento das condicións da axuda".

O actual conselleiro do Medio Rural, José González Vázquez, foi socio "por herdanza" xunto cos seus irmáns de Bodegas Casal de Armán SL, que se define como "empresa familiar", ata 2018, ano en que vendeu a súa participación ao ser nomeado membro do Goberno galego. Antes de ser conselleiro, desde as eleccións galegas de setembro de 2016 era deputado do PPdeG. Segundo sinala a súa consellería a Praza.gal, "non tivo ningún cargo de xestión, administración ou dirección" na empresa familiar. Porén, non aclara se era coñecedor dos incumprimentos cando xa era deputado e seguía sendo socio da firma.

Bodegas Casal de Armán SL está ligada a Casal de Armán SL, que como revelou Praza.gal mantén desde 2015 no "complexo enoturístico" que comparten as dúas firmas en Ribadavia unha estrutura para celebrar banquetes que Patrimonio considerou "ilegalizable" polo seu "tremendo impacto" a carón dunha casa reitoral protexida.

Segundo o relato dos feitos que realiza a sentenza do TSXG, en xaneiro de 2015 Bodegas Casal de Armán SL presentouse a unha liña de axudas convocada por Medio Rural con fondos europeos para "investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitícolas". En xullo de 2015 a consellería, daquela con Rosa Quintana á fronte, aprobou a solicitude. En xaneiro de 2016 a empresa pide modificar o calendario de execución da axuda e en febreiro a consellería, xa con Ángeles Vázquez á fronte, autorízao e fixa como data límite de execución dos investimentos o 30 de abril de 2017. Ese mesmo mes de febreiro de 2016 a consellería publicaba no DOG as axudas "concedidas" e consignaba para Casal de Armán 47.647,58 euros.

O 28 de abril de 2017, con González Vázquez xa deputado do PPdeG e aínda socio da empresa, Casal de Armán, malia non cumprir os requisitos, solicitou o pagamento da axuda que xa tiña concedida. O 6 de xuño a Xunta requiriu "documentación ausente na solicitude de pago, en concreto o orixinal bancario na conta única para os pagos cos extractos bancarios e licenza de actividade onde se realizaron os investimentos". 

O 13 de xullo houbo unha visita de inspección e constatouse que os investimentos realizáranse. Pero en decembro de 2017 a Xunta considerou incumpridas as condicións da axuda e decretou "a perda do dereito ao cobro da subvención concedida por importe de 47.647,58 euros" por non presentar "orixinal do extracto bancario con todos os movementos realizados na conta única empregada para os pagos nin a licenza de actividade das instalacións onde se realizan os investimentos".

A empresa recorreu á xustiza pero o TSXG dá agora a razón á Xunta. A empresa tamén pedía que, no caso de non ser aceptada na súa totalidade a súa demanda, se tivese en conta o "principio de proporcionalidade" e se ponderasen as causas de incumprimento para que a declaración de perda do dereito ao cobro se fixese "de xeito proporcional".

O tribunal di que "existen dous incumprimentos de condicións básicas que impiden a aplicación de dito principio e iso independentemente da execución das obras ás que se comprometían as axudas".

O TSXG constata "o incumprimento respecto á licenza de actividade en que a documentación achegada era insuficiente a tal fin precisamente polo volume de produción da adega". Un incumprimento para o que considera acreditado o informe emitido en decembro de 2017 polo xefe de servizo de industrias e calidade alimentaria da consellería en resposta a alegacións da empresa no que di que esta "achega unha licenza de colleiteiro que é insuficiente por referirse a adegas de menos de 600 Hl/ano [60.000 litros] e a mercantil recorrente incumpre por exceso" xa que "o investimento se dirixe á creación de 10 depósitos de 10.000 litros cada un" e que é "por tanto unha produción industrial".

Canto á xustificación dos pagamentos, "a inexistencia dunha conta única implica que non se poden cotexar os gastos e se van dirixidos a esa fin", cuestión que o tribunal considera "básica en orde á tutela do destino do diñeiro entregado" e "sen que as alegacións de cambio de entidade bancaria poidan ser xustificantes do incumprimento da Orde [de subvencións] e máis cando resulta en extremo simple a súa acreditación nunha debida contabilidade". A sentenza engade que "do actuado constátase en período probatorio un intercambio de información entre a adxudicataria e a Consellería que non logrou sen embargo cumprir con dita condición".

A argumentación xurídica da sentenza do TSXG remata citando ao Tribunal Supremo: "Quen pretende obter no seu proveito caudais públicos pola vía da subvención debe gardar unha conduta respectuosa coas obrigas, materiais e formais, a cuxo cumprimento se subordina a entrega daqueles, e que a observancia das condicións impostas ha de ser rigorosa".

A sentenza conclúe desestimando a demanda da empresa contra Medio Rural, co que confirma a perda do dereito ao cobro da axuda por incumprimento das súas condicións.

Ante estes feitos, e dado que José González Vázquez, conselleiro de Medio Rural desde 2018, era socio de Bodegas Casal de Armán SL en 2015, 2016 e 2017, no último ano e medio xa como deputado do PPdeG, este diario formulou varias preguntas á súa consellería: se era coñecedor dos incumprimentos da empresa e da insuficiencia da licenza coa que contaba para a actividade que realizaba, que beneficios obtivo da súa participación empresarial durante os anos 2015-2017 en que estivo vixente a axuda pública como un dereito pendente de cobro, que valoración fai Medio Rural desta vitoria xudicial fronte a demanda da empresa, e se esa firma conta xa coa licenza adecuada á actividade que desenvolve.

A resposta da consellería é que José González "non tivo ningún cargo de xestión, administración ou dirección de Bodegas Casal de Armán SL", e salienta que a axuda foi pedida en xaneiro de 2015, cando aínda non era nin deputado do PP. Porén, nada di, malia que este diario insistiu nese punto, sobre se era coñecedor dos incumprimentos nos anos posteriores, cando xa si era deputado e aínda socio e a empresa solicitou cobrar a axuda malia non cumprir os requisitos.

Medio Rural defende que "a familia dun conselleiro ten todo o dereito a solicitar axudas públicas, ao igual que calquera empresa galega, persoa xurídica ou persoa física. Logo será a administración a que determine e cotexe se a solicitude é cumpridora dos requisitos ou non, como aconteceu no caso mencionado". Nesa liña, Medio Rural di que "dentro deste dereito, Bodegas Casal de Armán SL solicitou -antes de ser deputado autonómico o actual conselleiro- unha subvención que nunca chegou a cobrar, dado que a administración autonómica entendeu que non reunía algún dos requisitos precisos para o seu abono".

"Ante esta situación, a empresa acudiu aos tribunais, que finalmente lle deron a razón á Xunta. Esta situación sucede con toda normalidade en moitos expedientes de subvención, para iso están os controis da Xunta, para dirimir aquelas solicitudes que cumpren e aquelas que non", conclúe Medio Rural.

Casal de Armán e a súa contorna -o Museo do Viño de Galicia atópase no edificio sinalado en amarelo e non no da adega, así sinalado erroneamente por Google-

Antes de entrar na política activa, como inspector de Facenda José González Vázquez, que tamén se presentaba como empresario vitivinícola, foi vogal do Consorcio da Zona Franca de Vigo entre 2009 e 2014 e un dos tres administradores concursais que tivo o Celta durante a súa suspensión de pagos.

Sobre a súa relación coas empresas familiares Praza.gal publicou en 2019 que Casal de Armán viña de iniciar a tramitación urbanística para ampliar as súas instalacións tras abrir a Xunta ao lado, nunha antiga casa reitoral, o Museo do Viño de Galicia. Naquel momento a consellería respondeu a este diario, entre outras cuestións, que para esa ampliación "a empresa non solicitará subvención pública, como tampouco fixo para acometer outras obras que se realizaron nela desde que José González tomou posesión como conselleiro", unha resposta na que nada se di do período previo, cando xa era deputado.

Un ano máis tarde, e tras unha longa investigación con acceso aos arquivos de Patrimonio da Xunta, este diario publicou que Casal de Armán mantén desde 2015 unha estrutura para banquetes "ilegalizable" polo seu "tremendo impacto" a carón da veciña reitoral protexida. Unha actuación para a que non tiña licenza.

Posteriormente, en decembro de 2021 o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rexeitou o intento de Casal de Armán de legalizar ese salón de eventos. E unhas semanas máis tarde, noutra sentenza, tamén rexeitaba o xeito en que a empresa pretendía acometer a demolición, deixando o lugar pavimentado e non no estado natural previo ao levantamento dunha estrutura que hoxe segue empregando e publicitando."

(David Reinero , Praza.Gal, 25/09/23)

13/6/23

La Deputación de Baltar hizo funcionaria a la hija de su chófer poco después de que asumiera la multa por exceso de velocidad

 "La hija del chófer de Manuel Baltar que fue multada por exceso de velocidad en 2021 conduciendo supuestamente un coche oficial de la Deputación de Ourense asignado al presidente, obtuvo una plaza fija de funcionara del grupo A1 en el organismo provincial pocos meses después de que tanto ella como su madre aparecieran como autoras de esas infracciones.

Así figura en un decreto firmado por el propio Baltar el 13 de septiembre de 2022, publicado cuatro días después en el Boletín Oficial de la Provincia, que recoge el nombramiento de Laura Domarco Álvarez como como técnica superior de desarrollo local y fondos europeos tras haber ganado un concurso-oposición convocado por el organismo provincial.

Laura Domarco es hija de Raúl Domarco Piñeiro exjefe del parque móvil de la Deputación y chófer personal del presidente hasta su jubilación en diciembre pasado, y  que gastó cerca de 4.000 euros en comidas y regalos de Baltar, y de su mujer, María José Álvarez Rodríguez.

Coches de alta gama

El parque móvil adscrito a la presidencia cuenta con ocho vehículos, la mayoría de alta gama. A bordo de uno de ellos, Baltar fue pillado en al menos dos ocasiones por agentes de la DGT  circulando el mismo día con exceso de velocidad: una vez a 215 km/h, infracción por la que está procesado por un delito contra la seguridad vial, y otra a 173 km/h. Pero los vehículos adscritos al presidente cuentan al menos con otra decena de sanciones por excesos de velocidad detectados por los cinemómetros de Tráfico, en momentos en los que los agentes no pudieron parar al automóvil y confirmar quién era su piloto.

En al menos una ocasión la Deputación no informó de quién era y tuvo que asumir el triple de la multa con cargo al presupuesto público. Pero en otras, Tráfico sí recibió la identificación del supuesto conductor o conductora.

El 6 de abril de 2021 a las 16.15, un radar de la DGT captó al Audi A6 Limousine oficial matrícula 9857 JXL, que Baltar utiliza para acudir a diversos actos , circulando a 179 km/h en la A6 a 72 kilómetros de Madrid. Ese día, el presidente de la Deputación asistió por la tarde en un cine de la capital del Estado al estreno de una película. A quien se identificó como autora de la infracción detectada unas horas antes, sin embargo, fue a la hija de su chófer.

La mujer del chófer de Baltar

Casi un año después, el 12 de mayo de 2022 a las 9.09 de la mañana, el mismo Audi A6 fue cazado por otro radar a 171 km/h en el kilómetro 135,8 de la A52 cerca de A Gudiña (Ourense), en dirección este. Ese mismo día por la tarde, Baltar asistió en Valencia la V Conferencia de presidencias de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, pero a quien se identificó y sancionó como conductora fue a la esposa del jefe del parque móvil.

La Deputación es propietaria y titular del coche y, como en las ocasiones anteriores, la DGT envió allí las multas acompañadas de la correspondiente demanda de identificación del conductor o conductora. Como respuesta, recibió los nombres de la hija y la mujer de Domarco. El entorno de Baltar ha eludido explicar quién se los facilitó a Tráfico, si ellas conducían en realidad los coches o si, en caso contrario, alguien les atribuyó las infracciones, fuera con o sin su conocimiento.

Lo cierto es que sólo cuatro meses después de la multa a la esposa del jefe del parque móvil y diecisiete después de la de su hija, esta última obtuvo una de las dos plazas de funcionaria en el equipo de técnicas en desarrollo local y recursos europeos en el grupo A1 de la Deputación, el más alto y con las mejores condiciones retributivas. Al concurso-oposición que ganó se habían presentado 25 personas.

Licenciada en Ciencias Ambientales

Laura Domarco se define en su currículo como Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca y máster en varias especialidades por la Universidad de Vigo, la Universidad Central de Florida (EEUU) y la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Público ha tratado de contactar con ella pero al cierre de este artículo no había respondido a las numerosas llamadas y mensajes de este diario. Su padre tampoco quiso hacer declaraciones y alegó que no disponía del número de teléfono de su hija.

La convocatoria y las bases del concurso-oposición al que se presentó  Laura Domarco se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 29 de mayo de 2021, siete semanas y cuatro días después de que la DGT registrara la infracción en la que se la identificó como conductora del coche oficial. El tribunal que evaluó a los candidatos estaba presidido por Manuel Pérez Nieto, adjunto al jefe de Recursos Humanos de la Deputación y, según han asegurado a Público fuentes del PP ourensano, persona de plena confianza de Baltar.

Como miembros del tribunal figuraban también la interventora del organismo, Mónica Legaspi; el exconcejal del PP y candidato el pasado 28M en las listas de ese partido Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa, quien también tiene plaza de funcionario en la Deputación desde hace 23 años y cuyo hermano, arquitecto, también obtuvo una hace unos años; Montserrat Rodríguez González, adjunta al área de Benestar de la institución y esposa del exalcalde de O Carballiño y diputado provincial por el PP Argimiro Margotes; y Ángeles Cantón Álvarez, jefa de la asesoría jurídica de Medio Ambiente. El secretario del tribunal fue Esteban Fernández Álvarez, a su vez hijo del ex edil del PP en el Ayuntamiento Ovidio Fernández Ojea.

El hermano del chófer también es funcionario

La presencia de familiares de responsables del PP y/o de funcionarios y altos cargos del organismo en las listas de ganadores y ganadoras de plazas en los concursos y oposiciones de la Deputación de Ourense no es una circunstancia aislada, sino un hecho habitual que ocurre desde mucho antes de que el anterior presidente, José Luis Baltar, le legara el cargo a su hijo Manuel. De hecho, el chófer al que este señala ahora por las multas, Raúl Domarco, ha formado en numerosas ocasiones parte de los tribunales que evalúan las pruebas a las que se someten a los candidatos a funcionarios. Su hermano, José Domarco, es el gerente del Palacio de los Deportes del organismo con plaza fija de funcionario."             (Juan Oliver, Público, 11/06/23)

2/3/23

¿Sobornos a cambio de puestos de trabajo en A Coruña y Ourense? CIG, UGT y CSIF, denunciaron la red caciquil de, STL en Ourense... la misma que ahora se descubre en A Coruña... FCC, Imprega, directivos y el "propio Concello de Ourense" compartirían poder en un "sistema caciquil y de servidumbre" para enchufar a ciertos trabajadores. La CIG relacionó una ola de enchufes masivos justo antes de las últimas elecciones municipales

"La detención de cuatros sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) ha causado un gran revuelo en A Coruña y no solo por lo inusitado de la actuación. También por las consecuencias que puede tener lo que se va conociendo de la investigación. Consecuencias que podrían extenderse no solo al servicio de limpieza municipal herculino, también al de Ourense. 

La Policía ha indicado que detuvo a Miguel Ángel Sánchez Puentes, líder del STL, porque sospecha que formaba parte de una "red criminal" que exigía pagos a los trabajadores que querían entrar en la contrata pública. Los investigadores cifran en 250.000 € lo conseguido solo en un año, 2021.

¿POR QUÉ UNA EMPRESA DEJA A UN SINDICATO ELEGIR EL PERSONAL?

La versión policial es que las concesionarias habrían cedido gran parte de la selección de personal al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en las contratas de limpieza viaria y de recogida de la basura del Ayuntamiento de A Coruña y minoritario en la limpieza viaria de Ourense.

Una práctica empresarial muy sorprendente. Con todo, hay que recordar que este sindicato ha protagonizado duras huelgas en los últimos años, denuncias de sabotajes -como la quema de camiones- contra Sánchez interpuestas por la concesionaria Prezero incluídas.

O PAGAS, O NO TRABAJAS, O TE DESPIDEN

Aprovechándose de la inusitada cesión de la selección de personal, Sánchez y una red de familiares y amigos "exigirían pagos mensuales a todas aquellas personas que quisiesen trabajar para las empresas adjudicatarias de los servicios como requisito obligatorio para poder entrar a trabajar en ellas, a modo de 'mordida'".

Esto es lo que dice la Policía. Sin soborno no habría empleo. Por ahora ni el STL ni ninguno de los cuatro detenidos han rebatido publicamente las acusaciones, pese a que hoy han quedado libres con cargos.

Las fuerzas del orden aseguran que los detenidos habrían logrado así amasar una fortuna, incluídos coches de lujos y propiedades inmobiliarias. Sánchez habría escondido parte de ese patrimonio en empresas gestionadas por una testaferro. Según comprobó Galiciapress en bases de datos que se alimentan del Registro Mercantil, Miguel Ángel Sánchez Puentes no figura como titular ni directivo de ninguna empresa.

SINDICATOS DENUNCIARON RED CACIQUIL DEL STL EN OURENSE

El asunto podría acabar salpicando también al Ayuntamiento de Ourense. La Unión Comarcal das CIG de Ourense ha pedido hoy a la fiscalía que reabra la investigación sobre la concesionaria de la limpieza en esa urbe, Ecourense UTE.

El sindicato nacionalista denuncia en Ourense exactamente lo mismo que la Policía sospecha sucedía en A Coruña. Basicamente, que desde el STL procedían a "cobrar distintas cantidades económicas para acceder a un posto de traballo".

La CIG acusa a la Fiscalía de Ourense de mirar para otro lado cuando presentaron su denunucia en 2020. "Nós naquel momento aportamos incluso extractos bancarios dalgunha persoa que se sentiu estafada e que colaborou coa denuncia”, explicaron desde esta central.

Hay que indicar que esa denuncia de 2020 también tuvo el aval de otros tres sindicatos: CIG, UGT y CSIF, mayoría en ECOURENSE UTE. Así explicaron como funcionaría la presunta trama:

"O botín é diferente segundo o cupo do que se trate. O beneficio que cada grupo de control da contratación de persoal obtén, é diferente: nalgúns casos son réditos políticos, persoais e, en definitiva, control da vontade das persoas contratadas, que pasan a engrosar as ringleiras de quen debe favores que nunca se acaban de pagar. No caso da empresa pantalla INPREGA, cuxos listados de persoas contratadas son xestionados integramente polo pseudo sindicato STL, teñen unha dobre peaxe: unha económica, xa que cada persoa contratada a xornada completa debe pagar unha cota de 63,50 € mensuais. E por outra parte, contratados e familiares que xa estaban no cadro de persoal de ECOURENSE, deberán afiliarse ao referido STL"

La versión de la central es que Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., más conocido como FCC -uno de los socios de la UTE- solo gestionaba la mitad de la fuerza laboral. La otra mitad la gestionaría el STL a través de una empresa llamada Asociación Impulso ao Emprego (Imprega).

Según denunció el Bloque, FCC, Imprega, directivos y el "propio Concello de Ourense" compartirían poder en un "sistema caciquil y de servidumbre" para enchufar a ciertos trabajadores. La CIG relacionó una ola de enchufes masivos justo antes de las últimas elecciones municipales, que acabaron con el mandato de Jesús Vázquez (PP).

TRABAJO CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Inprega se define como "cooperativa sin ánimo de lucro comprometida con la integración sociolaboral". En el pasado ha dado cursos de formación a personas en riesgo de exclusión, con difícil integración en el mercado laboral. A su nombre figuran varias adjudicaciones de contratos de formación en diversos ayuntamientos e instituciones de Galicia, sobre todo de las comarcas de Ferrolterra, Ourense y A Coruña.

La Justicia ha dejado en libertad con cargos a los cuatro detenidos vinculados al Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) de A Coruña. Investiga a dos mujeres y dos hombres por los delitos corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales.

Según Quincemil, los cuatro detenidos son : el secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez; la mujer del presidente y gerente de Inprega, Cristina Martínez; el presidente del comité de empresa de PreZero (empresa que presta el servicio de limpieza en A Coruña), Luis Varela y la directora general del Centro Especial de Empleo de Cee Inusvalia, Ximena Romero."                                    (Manuel Vilas López, GaliciaPress, 24 de febrero de 2023)

21/10/22

A mítica Taboada y Ramos, propiedade de Manuel Taboada, fugaz concelleiro do PP en Silleda que –con apenas media ducia de traballadores no cadro de persoal– acaparou a contratación pública: primeiro, nos anos de Cuíña, despois, baixo a sombra de Rafael Louzán, ata chegar a ser, nalgún momento, a construtora que máis negocio recibía da Xunta de Feijóo. Todo un exemplo de emprendedor que pasou, nun visto e non visto, de facer nichos en cemiterios a autovías e parques eólicos... e así chegamos a que «A Xunta pediu incumprir a súa condena por ocupar unha propiedade privada para favorecer unha construtora e a xustiza rexéitao»... ouseña, a Xunta aprópiase –non o digo eu, senón o xulgado– dunha parcela de 15.000 m2 en Meira e permite que alí se deposite tal cantidade de residuos que hoxe, para devolver o terreo á súa situación orixinal, custaría case dous millóns de euros retiralos... O peor é que, ao final, aos construtores pagarémoslles do peto de todos; que, ao final, é o que vimos facendo dende que temos memoria. E así, nenos e nenas, é como funciona este país... Lembrádeo cando digan non sei que das paguitas da esquerda ou que non hai cartos para médicos e profes

 "Se algunha vez alguén vos pide que expliquedes como funciona Galicia, recoméndovos contarlles esta historia que atopei en Praza.gal e que hoxe quero compartir con vós nun exercicio de «edición ampliada e comentada», algo que supoño que non lle parecerá mal ao autor, David Reinero, tipo serio e formal onde os haxa. Merecen que se faga así, ademais, porque os compañeiros deste dixital seguramente sexan a xente máis elegante do país á hora de practicar o cada vez máis minoritario deporte de citar outros medios, así que vaia isto por diante.

A info en cuestión titulábase «A Xunta pediu incumprir a súa condena por ocupar unha propiedade privada para favorecer unha construtora e a xustiza rexéitao». Se vos parece un encabezado digno de Les Luthiers, agardade a entrar no fondo do asunto, porque isto non é máis que o último capítulo –polo momento– dunha saga longa e apaixonante…

Todo empezou aló por 2017, cando San Caetano adxudica a unha UTE o último tramo da autovía máis lenta de Galicia (en velocidade de execución, non de circulación). Unha desas empresas era a mítica Taboada y Ramos, propiedade de Manuel Taboada, fugaz concelleiro do PP en Silleda que –con apenas media ducia de traballadores no cadro de persoal– acaparou a contratación pública: primeiro, nos anos de Cuíña como presidente da Deputación e conselleiro todopoderoso; despois, baixo a sombra de Rafael Louzán, ata chegar a ser, nalgún momento, a construtora que máis negocio recibía da Xunta de Feijóo. Todo un exemplo de emprendedor que pasou, nun visto e non visto, de facer nichos en cemiterios a autovías e parques eólicos. Que sexa un dos protagonistas desta historia, como diría Chicho Sánchez-Ferlosio, «no fue por casualidad».

Metidos xa en faena, os construtores descobren que trasladar a unha zona de verquido autorizado as terras e os entullos derivados da obra suponlles un quebracabezas e, por riba de todo, unha pasta. Aí é cando entra a nosa Xunta. Pola vía dos feitos, aprópiase –non o digo eu, senón o xulgado– dunha parcela de 15.000 m2 en Meira e permite que alí se deposite tal cantidade de residuos que hoxe, para devolver o terreo á súa situación orixinal, custaría case dous millóns de euros retiralos.

Con estes feitos na man, a primeiros de 2020 o Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra condena a Xunta por desviación de poder e ordena que se amañe a desfeita. O Goberno galego –aínda con Feijóo á fronte– non intentou defenderse nin durante o proceso de denuncia nin tampouco no xuízo, unha actitude que o maxistrado considerou unha mostra de «desidia, desleixo e ineptitude». Pero isto só estaba empezando.

A primeiros de 2020 o Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra condena a Xunta por desviación de poder e ordena que se amañe a desfeita. O Goberno galego –aínda con Feijóo á fronte– non intentou defenderse nin durante o proceso de denuncia nin tampouco no xuízo, unha actitude que o maxistrado considerou unha mostra de «desidia, desleixo e ineptitude».

Cando espertou e viu a sentenza, a Xunta decidiu apelar ao TSXG, agardando a comprensión que lles negara o Contencioso. Porén, o alto tribunal devolveulles outra labazada por un comportamento que consideraba «insólito» –tal e como adiantou no seu día Pontevedra Viva– e que só buscaba, por se alguén aínda o dubidaba, «o beneficio da empresa construtora».

Coa sentenza firme, e sen posibilidade de recorrer xa a ningunha instancia máis, chega o momento de cumprila… e é así como entramos no mellor desta historia. Porque, cando o propietario reclama a execución, a Xunta dille que «naranjas de la china: que iso é moi complicado e moi caro»; vamos, que cumprir a legalidade lles parte a tarde toda, e así llo trasladan de novo ao xulgado.

Cando o propietario reclama a execución, a Xunta dille que «naranjas de la china: que iso é moi complicado e moi caro»; vamos, que cumprir a legalidade lles parte a tarde toda, e así llo trasladan de novo ao xulgado.

O xuíz, por suposto, rexeitou a petición (admítoo: encantaríame terlle visto a cara cando a leu). Non quedou aí: aproveitou para lembrarlle –lembrarllo ao goberno da Xunta!– que vivimos nun Estado de Dereito, que existe un mandato constitucional para executar as sentenzas firmes e que as actuacións deben someterse á legalidade, «singularmente no que afecta á propiedade privada». Sería precioso que, ante a inacción do executivo autonómico, o propietario da parcela fose unha das 30 persoas que chamaron ao teléfono «antiokupas» da Xunta, ese que nos custa 27 mil pavos ao ano pero que a consellería vai manter por aquela clásica estratexia de inventar un problema para cada solución.

Sería precioso que, ante a inacción do executivo autonómico, o propietario da parcela fose unha das 30 persoas que chamaron ao teléfono «antiokupas» da Xunta, ese que nos custa 27 mil pavos ao ano pero que a consellería vai manter por aquela clásica estratexia de inventar un problema para cada solución.

Se dicía ao principio que o bo costume de citar está a perderse, o vello oficio xornalístico aquel de andar nos papeis, de ir máis aló das declaracións… xa non vos quero contar. Porque nesta sociedade do espectáculo (virtual) parece que só importa o que se di, e un pode poñerse un lazo en defensa da sanidade mentres recorta os cadros de persoal; igual que é posible que acuse os rivais políticos de mirar cara a outro lado coa ocupación mentres non só permite, senón que alenta ese comportamento se quen o fai é un amiguete. E podemos botar as mans á cabeza cun referendo en Catalunya pero negarnos a executar unha sentenza firme e seguir envolvéndonos na Constitución e na rojigualda.

O peor é que, ao final, se as cousas van como di a lei, aos construtores pagarémoslles ese aforro do peto de todos; que, ao final, é o que vimos facendo dende que temos memoria.

E así, nenos e nenas, é como funciona este país. Lembrádeo cando digan non sei que das paguitas da esquerda ou que non hai cartos para médicos e profes."                 (Luis Pardo, Luzes, 21/10/22)

5/9/22

La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ha presentado una denuncia por presunto tráfico de influencias de Feijóo hacia la empresa de su hermana

 "La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el “trato de favor” y la “trama de presunta corrupción sistemática” en las relaciones que el gobierno de Alberto Núñez Feijoó en Galicia mantuvo con la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, que dirige su hermana Micaela Núñez.

En su denuncia, la asociación mantiene que la Xunta de Galicia, a través de sus consellerías y otras instituciones de la Administración gallega, adjudicó más de 37 millones de euros al Grupo Eulen desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a la presidencia en mayo del 2009.

Así consta en las resoluciones publicadas en los últimos trece años en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la plataforma Contratos Públicos de Galicia (CPG).

De esos 37 millones, cerca del 80% se canalizaron a través de entidades instrumentales, fundaciones y empresas públicas, en muchas de las cuales el presidente gallego “colocó a dedo a amigos y cargos del PP y a militantes de ese partido”, denuncia la AECC.

La directora de Eulen para el Noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del exjefe del Ejecutivo gallego, que en el 2016 fue ascendida a ese cargo desde el que ocupaba como directora regional para Galicia.

Durante el ejercicio inmediatamente anterior, Eulen obtuvo su “récord de adjudicaciones” de la Xunta hasta entonces, con 6,2 millones de euros.

La denuncia cita una investigación realizada por el diario Público que pone en evidencia la coincidencia temporal entre determinadas adjudicaciones y los movimientos de altos cargos.

Según se especifica en la denuncia, el principal cliente del grupo empresarial en Galicia es el Servicio Galego de Saúde (Sergas), que le ha otorgado 8,7 millones de euros durante los últimos trece años. Es decir, una media de casi 770.000 euros por ejercicio, seis veces más de lo que obtenía con el Gobierno de coalición del PSdeG y el BNG que antecedió a Feijóo, y que adjudicó a Eulen poco más de medio millón de euros en toda la legislatura -unos 126.000 euros al año-.

 El Sergas fue uno de los primeros organismos en los que Feijóo procedió a realizar cambios nada más acceder a la Xunta, colocando a exdirigentes del PP.

Si entre el 2009 y el 2014, el Sergas contrató con Eulen por valor de 873.418 euros, desde entonces hasta hoy han sido más de 7,7 millones.

La segunda entidad pública gallega que más ha contratado con Eulen durante los mandatos de Feijóo es el Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, con más de 6,3 millones de euros en cuatro contratos para la atención de centros de día de mayores en distintos municipios de Galicia, dos de ellos firmados en el 2014 y los otros dos, en el 2020.

Otra de las grandes adjudicatarias de la multinacional leonesa es la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), una empresa pública participada por la Xunta y Naturgy al 51% y 49%, respectivamente, que 3 gestiona el reciclaje de residuos urbanos de cerca de 295 municipios de Galicia.

Sogama ha asignado contratas a Eulen por 3,46 millones: tres para gestionar su enfermería (2,16 millones repartidos entre el 2011, el 2015 y el 2019) y otras tres para trabajos de jardinería y acondicionamiento de zonas verdes en sus instalaciones (1,3 millones en el 2012, el 2016 y el 2020).

Algunos ayuntamientos del PP también han adjudicado importantes cantidades a Eulen, según figura en la denuncia.

En cuanto a la empresa que dirige la hermana de Feijóo, durante el año de la pandemia, en 2020, Eulen superó el récord del año 2015 con 6,7 millones de contratos adjudicados. En 2021, la empresa se llevó otro contrato de 1,3 millones.

Tanto Feijóo como la empresa han negado en el pasado que exista vínculo alguno entre su relación con su hermana y el incremento de las contratas de su Gobierno y la compañía para la que ella trabaja.

AECC en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción solicita que se inicien actuaciones para “investigar estos hechos sospechosos de corrupción de empresas adjudicatarias de servicios públicos y proceda como corresponda”.

“Del abrumador trato de favor se puede deducir un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción sistemática”, añaden."                    (Nueva Tribuna, 29/08/22)

20/6/22

Cuidar a dependientes sin tener papeles: 24 horas de trabajo por un euro la hora... supervisado por la Xunta de Galicia y ayuntamientos

 "Trabajar como interna 24 horas, de lunes a domingo. Atender a dependientes sin tener capacitación profesional e incluso con síntomas de covid. Ejercer a un tiempo de cuidadora, empleada de hogar y, si se tercia, peón agrícola. Cobrar por ello una miseria en sobres con billetes que se recogen en un bar. Y lo más importante: aguantar sin que nadie se entere de que eres una inmigrante sin papeles. 

Ese ha sido durante años el día a día de decenas de mujeres extranjeras en Galicia, según los testimonios y pinchazos telefónicos incluidos en una investigación judicial que ha destapado la doble vida de Asistencia Castroverde, SL, adjudicataria también hasta el año pasado del servicio de ayuda en el hogar que cofinancian la Xunta y los ayuntamientos. La principal imputada, dueña de la firma, presume en las escuchas de tener “casi 80 internas”, “todas extranjeras”. El número exacto de víctimas aún no se ha podido determinar, pero la empresa tenía de alta en la Seguridad Social solo a unas 30 empleadas.

A Cecilia no le costó nada dar con esta agencia de cuidadoras de ancianos cuando llegó a Lugo en 2019 sin permiso de trabajo. Esta colombiana de nombre supuesto, testigo del caso, salió a la calle desesperada por lograr ingresos para sobrevivir. En la puerta de un almacén, una mujer le dio el teléfono de tres empresas. Dos la rechazaron por no tener papeles, pero para la tercera su vulnerabilidad laboral no supuso problema. “Tengo para ti un trabajo en una casa. Pero no digas que no tienes papeles”, le advirtió Montse L. G., la dueña de Asistencia Castroverde y principal investigada, según cuenta Cecilia a este periódico.

Para evitar sospechas, Montse L. G. conminó a Cecilia a contarle a la familia que llevaba tiempo trabajando en Galicia. Y, para dar credibilidad a la historia, le hizo aprenderse varios nombres de pueblos donde ella nunca había estado. “Me llamó inmediatamente una señora para que cuidara a su madre enferma: ‘¿Puedes ya? Te recojo a las siete”, recuerda Cecilia que le dijo. La mujer que había contratado a Asistencia Castroverde se quedó pasmada con sus condiciones de trabajo: 800 euros al mes por trabajar sin ningún día libre a la semana. “Aquella familia me dejaba coger días de descanso y me los pagaba aparte”, apunta la testigo del caso. La clienta acabó enterándose de que no tenía la documentación en regla, pero entonces no denunció porque Cecilia así se lo rogó. En otra casa, sin embargo, no tuvieron reparos en verla deslomarse: trabajó 15 días seguidos, incluida Navidad y Fin de Año, cuidando a una anciana con la que dormía para así atenderla las 24 horas: “El peor diciembre de mi vida”.

María, también nombre supuesto, empezó a trabajar para la empresa dos días después de pisar España. Se enteró de su existencia por el boca a boca entre los inmigrantes en situación irregular. “No pagaba festivos ni vacaciones y si faltabas un día te quitaba 50 euros del sueldo pese a que por día te pagaba 25″, explica. La responsable de Asistencia Castroverde ha declinado dar su versión a EL PAÍS.

Historias como la de Cecilia y María se suceden en los seis tomos del sumario. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo aún no ha concretado los delitos, pero los informes de la Guardia Civil apuntan a una presunta explotación laboral en la que Montse L. G. “hacía uso frente a sus clientes de la imagen” de su compañía, que prestaba servicios a Administraciones. Además de ella, son cuatro los investigados: S. E. L., su hija; T. P. M., dueña de un bar donde las víctimas recogían los sobres con sus remuneraciones; A. Y. B. V., que reclutaba a trabajadoras sin papeles y entregaba pagos; y J. C. V., acusado de repartir los sueldos desde la gasolinera que regenta.

Entre las víctimas hay familias procedentes de Colombia, Honduras o Nicaragua. La gran mayoría son mujeres y cuidaban a dependientes en hospitales y casas. Una treintena han recibido el asesoramiento jurídico gratuito de la ONG Aliad Ultreia y parte de ellas han logrado regularizar su situación en España gracias a las gestiones de la Guardia Civil de Lugo, según informa la asociación. “Esta empresa explotó a familias enteras y durante muchos años. Al menos una de las mujeres llevaba cuatro años trabajando para ella”, sostiene Waldir Sinisterra, abogado personado en la causa, quien ha solicitado incorporar al sumario una relación de las subvenciones que recibió la firma porque “se hizo un mal uso de ellas”.

Sinisterra mantiene que la Xunta y los ayuntamientos “nunca corroboraron con los beneficiarios de las ayudas a la dependencia las condiciones del servicio y la situación del personal contratado”: “Ella [por Montse L. G.] presenta ante las Administraciones un listado de personas que seguramente están contratadas legalmente, pero no son las que prestan el servicio. La empresa estaba desbordada”, mantiene Sinisterra. La Consejería de Política Social responde que sus inspectores verifican solo el cumplimiento de la normativa en la atención asistencial (las horas y las tareas), pero la situación laboral “es competencia de la Inspección de Trabajo”, esgrime. El último control, que se saldó sin sanciones, data de 2021, con la investigación judicial ya avanzada.

Sin salir de casa

Cecilia asegura que ha tenido compañeras que cuidaban a dos dependientes por 800 euros al mes cuando la familia pagaba a la empresa 1.900 euros. Otra estuvo seis meses en una casa de una aldea de Ourense: “Cobraba su hijo los sobres porque a ella no le dejaban salir”. El instructor del caso ha recogido los testimonios de mujeres que comían sobras, no les dejaban ducharse o eran obligadas a cuidar al ganado. Durante la instrucción han testificado familias que sostienen que ignoraban que las cuidadoras no tenían permiso de trabajo. Los pinchazos telefónicos revelan cómo la principal imputaba aleccionaba a las trabajadoras para que ocultasen ese dato: “No puedes decir que llevas un mes aquí, porque te mandan para casa pitando”, reprocha a una de las víctimas en diciembre de 2019.

A mediados del año pasado, Asistencia Castroverde entró en concurso de acreedores y ahora está en fase de liquidación, según el Registro Mercantil. El local de paredes desconchadas desde el que operaba la empresa investigada está a la entrada del municipio de Castroverde, a 35 kilómetros de Lugo. Hasta hace solo unos días en la ventana del bajo aún se podía leer el reclamo: “Ayuda a la tercera edad. Solicitud de cheque asistencial. Cuidado hospitalario”. Montse L. G. es conocida en el pueblo y trabaja de celadora en el hospital público de Lugo, donde captaba clientes. Asistencia Castroverde fue durante seis años adjudicataria del servicio municipal de ayuda en el hogar y, en una comarca especialmente envejecida, a ella acudían muchos vecinos en apuros por tener a su cargo a familiares dependientes.

El alcalde de Castroverde, el socialista Xosé María Arias, nunca recibió denuncias ni detectó problemas. Con una media de 20-30 auxiliares, la firma gestionó un programa que cofinancian el Ayuntamiento y la Xunta. “Todas las trabajadoras estaban legales y lo sé porque fueron subrogadas sin problema a la nueva adjudicataria cuando Asistencia Castroverde presentó concurso de acreedores”, explica el regidor. Todos los meses los servicios sociales le realizaban un seguimiento, añade, en los que debía aportar facturas y contratos: “Y se le mandaba a la Xunta”.

No todas las víctimas han querido denunciar, por miedo a ser deportadas. “Hay más empresas de cuidado de ancianos haciendo lo mismo porque esos empleos son los que más le salen a quienes no tienen permiso de trabajo”, avisa Cecilia. “Los particulares tienen miedo a contratarnos, las empresas no”.                    (Sonia Vizoso , El País, 13/06/22)