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5/12/25

Un hospital por año, el Juan Cardona, en Ferrol; el Polusa, en Lugo; y el Povisa, en Vigo: la conexión de Feijóo y Ribera Salud durante su última etapa en la Xunta... Galicia cuenta con siete áreas sanitarias, en todas ellas el Sergas deriva actividad a centros sanitarios privados (El Plural)

 "La presencia sobre el terreno en Galicia del grupo privado Ribera Salud experimentó un sólido crecimiento en los últimos años de Alberto Núñez Feijóo como presidente de esta comunidad autónoma. La compañía sanitaria se hizo entre 2019 y 2021 con los tres hospitales de los que dispone a día de hoy en el territorio gallego: el Juan Cardona, en Ferrol; el Polusa, en Lugo; y el Povisa, en Vigo. Tres centros de gran tamaño y con alta capacidad de atención a pacientes que se suman a las diez clínicas con las que cuenta en esta región.

Ribera Salud compró el Cardona y el Polusa en 2021 y 2020, respectivamente, mientras que el Povisa, que es el hospital de referencia para más de 100.000 pacientes en el área sanitaria de Vigo, lo adquirió en 2019. Este último, cuenta con una importante relación con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ya que, mediante conciertos, recibe una importante financiación de esta institución pública. Una financiación que hasta el 2025 era de 75 millones de euros anuales que se destinaban a la atención médica de las 140.000 adscritas al hospital Povisa, pero que este año se modificó para incrementar la partida económica que recibe Ribera Salud en este concierto, alcanzando casi los 100 millones de euros anuales a pesar de atender ahora a menos pacientes, concretamente a 116.000.

Antes de que Ribera Salud adquiriese el Povisa en el 2019, este hospital había pertenecido al grupo Nosa Terra XXI, encargado de la gestión de este centro sanitario, que contaba ya con concierto privado desde el Gobierno de Manuel Fraga, entre 1996 y 2019. El año previo a la venta, el 2018, la relación entre la Xunta y Nosa Terra XXI se tensó, al generarse discrepancias en las partidas económicas que recibía este hospital privado. De hecho, el centro sanitario llegó a solicitar el preconcurso de acreedores alegando pérdidas millonarias a las que se habrían dado lugar desde el año 2014. La venta a Ribera Salud se llevó a cabo en el 2019, año en el que el Sergas modificó el concierto y llevó a cabo una mayor inversión en el Povisa que implicaba asumir el suministro de medicación de dispensación ambulatoria y de alto impacto.

En total, Galicia cuenta con siete áreas sanitarias, en todas ellas el Sergas deriva actividad a centros sanitarios privados. Un modelo de atención que, como se hacía mención, ya implantó Fraga en 1993. Este modelo de Sanidad Público-Privada ha venido siendo objeto de críticas durante años en la región, gran foco de ellas ha sido el propio hospital Povisa del que han denunciado que cuente con menos personal que un centro público y que, además, según la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, tuvo un papel en la reducción de la cantidad de camas que se habían planteado para el hospital Álvaro Cunqueiro, este sí, de carácter público.

La preocupación mostrada por los defensores de la Sanidad Pública en Galicia se ha incrementado en las últimas horas, al haber salido luz un audio difundido por El País y en en el que Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud, daba la orden de retrasar las listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con el fin de obtener beneficios económicos y aumentarlo entre cuatro y cinco millones de euros. Declaraciones sorpresivas realizadas por parte del alto cargo de un grupo privado que gestiona hospitales pertenecientes a la Sanidad Pública y que es pagado por ello por parte de los gobiernos autonómicos.

Firmas nacionales e internacionales y cerca de 800 millones facturados

Ribera Salud tiene 69 sociedades repartidas por lo largo y ancho del país (Madrid, Galicia, Asturias, Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura), y fuera de las fronteras de España. Así las cosas, gestiona otros tres centros en Portugal (Galo Saúde Parcerías Cascais, Ribera Care Portugal, Laboratòrio Dra. Joana Vicente), además de haber creado una fundación, poseer una empresa tecnológica y su propia división de laboratorios; que reciben los nombres de Futurs y Ribera Lab, respectivamente. Ha llegado incluso a asesorar al Gobierno de Kuwait para levantar el segundo hospital público-privado del emirato.

Con una cifra de negocio de cerca de 800 millones de euros, según se desprende del informe financiero publicado por Vivalto Santé (matriz a la que pertenece el grupo) en su página web, Ribera Salud ha ido creciendo a base de talonario sobre todo tipo de establecimientos sanitarios. De esta manera, solamente en 2024 adquirió el Hospital MC Miraflores y dos policlínicas en Zaragoza, el Hospital de Covadonga y otra policlínica en Gijón, el centro médico Assistens en A Coruña u otro en L’Eliana (Valencia), entre otros, tal y como informa el diario Público.

En términos de plantilla, en España el número de profesionales asciende a 6.233 trabajadores, lo que supone casi una tercera parte de los 20.457 empleados de Vivalto Santé, lo que sitúa a nuestro país como su segundo mercado después de Francia. De hecho, en el Estado español Ribera Salud disfruta también de una filial bajo la denominación de Vivalto Santé Spain. En su caso, gestiona más de 1.200 plazas en siete centros de mayores en la Comunidad Valenciana.

A todo ello hay que añadir la sociedades que contempla en Portugal, Chequia, Eslovaquia o Suiza. Los beneficios alcanzaron en 2024 los 2.747 millones de euros en facturación y tuvo casi 60 millones de beneficios gracias al más de centenar de hospitales y clínicas con las que cuenta."                                (El Plural, 05/12/25) 

20/8/25

La Xunta de Galicia retira a varios efectivos de bomberos de Lugo y A Coruña en plena ola de incendios... La notificación de la Xunta instaba a los bomberos a regresar a sus casas cuando algunos incluso estaban de camino a zonas afectadas por el fuego... también han pedido a bomberos desplazados desde Andalucía que abandonen Ourense y regresen a sus puestos habituales... Mientras, el gobierno gallego sigue reclamando más medios... En Castilla y León hubo recursos que se mantuvieron parados a la vez que su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, también seguía pidiendo más medios... cousas veredes (SER)

 "La Xunta de Galicia retira en plena ola de incendios a varios efectivos de bomberos de Lugo y A Coruña. La orden llegó este martes por la noche a los bomberos de esas provincias que no entienden la decisión en este momento en el que, sólo en Ourense, el fuego ha calcinado ya más de 70.000 hectáreas.

La notificación de la Xunta instaba a los bomberos a regresar a sus casas cuando algunos incluso estaban de camino a zonas afectadas por el fuego.

La decisión llega cuando Ourense todavía está en nivel 2 de emergencia, con siete incendios activos, tres de ellos, de grandes dimensiones, y con el gobierno gallego reclamando más medios al ejecutivo central para hacer frente a los incendios. Unos recursos que, según la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, se están facilitando en cuando las comunidades autónomas —que son las que dirigen la emergencia— lo están solicitando.

Según ha podido saber la Cadena SER, también han pedido a bomberos desplazados desde Andalucía que abandonen Ourense y regresen a sus puestos habituales.

En Castilla y León, según cuenta eldiario.es, hubo recursos que se mantuvieron parados a la vez que su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, seguía pidiendo más medios. El dirigente castellano y leonés no ha negado esta información y se escuda en "decisiones técnicas" de un operativo que cuenta con todo su respaldo."

(Ricardo Rodríguez , SER, 20/08/25)

28/2/24

Feijóo regaló millones de euros de dinero público al dueño del Correo Gallego, acusado de blanqueo y evasión de capitales... el 44,5% de sus ventas totales procedía de instituciones, en su mayoría controladas por el PP... puso el dinero una sociedade pública que dirigía Francisco Conde... al que iba a hacer Ministro de Industria... El Gobierno de Feijóo nunca consiguió recuperar el dinero prestado al periodista amigo y nada pudo evitar el concurso de acreedores... “Las cúpulas de XesGalicia desaconsejaban la operación. Finalmente fructificó tras insistentes y reiteradas llamadas del conselleiro de Economía, Francisco Conde” (Cristina P. Marcote)

ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 @crispmarcote

El día que alguien se interese de verdad por todos los tejemanejes de Feijóo en Galicia, la trama Gürtel se quedará en un juego de aficionados. Feijóo regaló millones de euros de dinero público al dueño de un periódico acusado de blanqueo y evasión de capitales. Hilo

 En julio de 2018, la entidad pública de inversiones de la Xunta, XesGalicia, acordó por unanimidad conceder un préstamo de 2,5 millones de euros a la empresa que editaba El Correo Gallego. 

Para entonces, el diario acumulaba enormes retrasos en las nóminas de sus trabajadores, debía 996.752 euros a la Seguridad Social y acumulaba impagos por 1.021.051 euros a Hacienda.

 La organización que puso el dinero es una sociedad pública que depende directamente de la Consellería de Economía del Gobierno gallego, que dirigía Francisco Conde, ahora diputado en Madrid con su adorado Feijóo. 

Era al que iba a hacer Ministro de Industria.

 El objeto fundamental de aquel préstamo era que Rey Novoa cumpliese con sus obligaciones tributarias, ya que solo así podría volver a contratar campañas publicitarias de administraciones como la Xunta de Galicia. Debía mucho dinero a Hacienda y si no estaba al corriente no podía contratar con las administraciones públicas.

 La policía señala a las administraciones gobernadas por el Partido Popular como las principales suministradoras de ingresos para un periódico que en los años analizados (2018-2020) ya vislumbraba la posibilidad de quiebra.

 En su informe la UDEF asegura que las ventas a corporaciones locales, organismos públicos y asociaciones públicas realizadas por El Correo Gallego en ese periodo eran uno de los principales pilares de facturación. 

Tomando como muestra el año 2020, los datos arrojan el siguiente resultado: el 44,5% de las ventas totales de El Correo Gallego procedió de esas instituciones, en su mayoría controladas por el PP de Feijóo.

 El Gobierno de Feijóo nunca consiguió recuperar el dinero prestado al periodista amigo y nada pudo evitar el concurso de acreedores y la llegada de un nuevo propietario, la empresa Prensa Ibérica. 

El Correo Gallego acumulaba una deuda con sus trabajadores de 996.752 euros y con Hacienda de 1.021.051 euros.

 La investigación de la UDEF se centra en cuatro puntos fundamentales: un crédito sospechoso de 2,5 millones de euros que la Xunta nunca debía haber concedido. La trama de empresas pantalla que el empresario usaba para esquivar los pagos tanto a su plantilla como a la larga lista de acreedores; una red familiar que se encargaba de comprar propiedades inmobiliarias para presuntamente poner el dinero a buen recaudo y un acuerdo incomprensible por medio del cual la Televisión de Galicia era cómplice de los regates que el empresario le hacía día sí y día también a Hacienda, o a cualquier otro a quien le debiese dinero.

 A los policías que investigan al empresario les ha llamado la atención la facilidad de este para conseguir dinero público y así lo han reflejado en sus informes. En ellos recogen el testimonio de Caetano Díaz, uno de sus informantes y que, en su día, ostentó el puesto de director adjunto en El Correo Gallego. Según declaró Díaz a los investigadores: “Las cúpulas de XesGalicia desaconsejaban la operación. Finalmente fructificó tras insistentes y reiteradas llamadas del conselleiro de Economía, Francisco Conde”, un hombre de la máxima confianza de Feijóo.

 El gabinete que ahora preside Alfonso Rueda ascendió a vicepresidente primero de la Xunta a Francisco Conde, el otorgador del crédito. Ahora está en Madrid. Feijóo le dio un puesto en Génova 13 como vocal del comité ejecutivo nacional y es diputado por Lugo en el Congreso. Y aquí nadie dimite!

11:49 a. m. · 27 feb. 2024 12,7 mil Reproducciones

18/2/24

Galicia (2008-2022): Crónica triste dun país minguante... Todo un balance non de un ano ou dous da xestión da Xunta de Galicia: nada menos que catorce anos... Sucede que a perda de peso na produción do conxunto de España é constante e sen parada entre 2008 e 2022 (só non o fixo nos anos da pandemia, pero seguiu entre 2022-2023). A perda de peso no emprego é igual de constante, pero aínda máis intensa e sen interrupción algunha. E, claro está, con eses vimbios a perda de cota na poboación española non ten parada... emprego e produción en caída libre (Albino Prada)

 " Os países non adoitan facerse máis pequenos nin máis grandes, pero si poden gañar peso ou perdelo en relación a outros países. No caso do Reino de España pode haber nacionalidades ou rexións que gañen peso no total (caso de Madrid que funciona como unha caste de aspiradora centrípeta) e outras que a cada paso teñan unha menor parte nese total. A causa é evidente: porque medran menos que o conxunto.

Hai cousas nas que medrar menos non é un bo síntoma, por caso: a produción, a poboación ou o emprego. E, daquela, perder peso é moi mala sinal. E hai outras nas que perder peso pode ser bo: por exemplo no número de parados. Pois ben, o Consello Económico e Social de Galicia na súa Memoria do ano 2022 (páxina 74) presenta o seguinte gráfico que, como imos ver, fala por si só.

 

 Todo un balance non de un ano ou dous da xestión da Xunta de Galicia: nada menos que catorce anos dende a crise financeiro-inmobiliaria do ano 2008 ata o 2022. Non me estraña que os redactores da Memoria non comenten nada deste gráfico para así non dar que falar, para non dar desgustos. Tampouco me estraña que ningún medio de comunicación teña recollido esta imaxe desa páxina. Ollos que non ven, … subvencións que van chegando. E vivan os botafumeiros.

 Sucede que a perda de peso na produción do conxunto de España é constante e sen parada entre 2008 e 2022 (só non o fixo nos anos da pandemia, pero seguiu entre 2022-2023). A perda de peso no emprego é igual de constante, pero aínda máis intensa e sen interrupción algunha. E, claro está, con eses vimbios a perda de cota na poboación española non ten parada. Nin se lle espera, porque a natalidade non é cousa de regalar bonos ou dar garderías senón de ter probabilidades de emprego crecentes, dignas e seguras. Cousa imposible cun emprego e produción en caída libre na súa cota galega no conxunto do Reino de España.

Vaia un dato demoledor; segundo o INE, en Galicia a poboación entre 16 e 34 anos pasou de 750.000 mozas e mozos en 2002 a 470.000 en 2023. Unha caída que vai camiño da metade en vinte anos, mentres no conxunto do Reino de España ese colectivo é case estable. Para saír correndo.

Neste panorama desalentador, só temos unha aparente boa nova: a cota de parados galegos no conxunto de España caeu con rotundidade neses catorce anos. Claro que os parados rexistrados poden moi ben baixar por desánimo ou longa duración e tamén porque os potenciais parados galegos xa non se rexistren por ter emigrado fora de Galicia. Dous motivos que de seguro se aceleran cando as probabilidades de emprego son decrecentes. Daquela o único “éxito” do gráfico só é aparente: un síntoma de que a produción, a ocupación e a poboación están en declive. Mal asunto.

Nada do que antecede impide que os xestores de todos estes anos da Xunta de Galicia se consideren con méritos máis que suficientes para seguir a facer o seu bo traballo. Ou mesmo acreditados para facelo así de “ben” en La Moncloa. Impresionante.

Claro que sendo preocupante o anterior, aínda o é máis comprobar que, segundo unha recente sondaxe feito e divulgado para El País (8 de xaneiro de 2023), os galegos non cualifican a situación económica e social do país de mala sen paliativos. Non chega, certo é, a boa … pero vena como regular.  E xa é para saír correndo que a avalíen como “igual” ou “mellor” que no conxunto de España unha maioría esmagadora.

Non queda outra que concluír, como se argumentaba neste dixital non hai moito, que os “botafumeiros mediáticos” semella que están a facer un moi bo traballo. Porque se a percepción social dunha realidade desastrosa é así de agradecida, os gobernantes galegos dos últimos anos sacarán a bo seguro peito, sen despeitearse. E así nos vai."        

( , Tempos Dixital, 15/01/24) 

La mortalidad ha crecido en Galicia y lo ha hecho porque falla el sistema sanitario... La media de espera desde el momento en que una persona siente que está enferma hasta que, por ejemplo, es sometida a una cirugía que resuelve su situación, está en torno a los 216 días. A veces, las esperas se demoran un año

 "El documental "DEP", que difunde la plataforma SOS Sanidade de Galicia, abre con un dato definitivo para entender qué se dirime en las elecciones del próximo día 18: la mortalidad ha crecido en Galicia y, si lo ha hecho, es porque hay un fallo en el sistema sanitario. La media de espera desde el momento en que una persona siente que está enferma hasta que, por ejemplo, es sometida a una cirugía que resuelve su situación, está en torno a los 216 días. A veces, las esperas se demoran un año e incluso en ocasiones dos, con lo que afectaciones que no revestían inicialmente gravedad, acaban complicándose, generando sufrimiento y disminuyendo la calidad de vida de los pacientes, incrementando los costes sanitarios y sociales del tratamiento e incluso cronificando la situación y evitando a la larga una cura.

Hoy por hoy Galicia destina a la atención primaria, la puerta de entrada del sistema sanitario y la que debería ser en todas las autonomías la joya de la corona, algo menos de la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud: un 11.6% del gasto total en Sanidad. Por supuesto, Madrid destina aún menos porcentaje: un 10.73%.

En Madrid y Galicia los gobiernos del Partido Popular se han empleado con insistencia en el desmantelamiento de la sanidad pública y, si el lunes no cambian las tornas en Galicia y, llegado el momento, Madrid no experimenta algo así como un despertar de la pesadilla ayusista, están cerca de completar el plan.

Las siglas "Dep" del documental que menciono, precisamente, hacen referencia a "Destruir É o Plan". Y vaya que lo es y vaya que están camino de darle cumplimiento. (...)"          (Noelia Adánez, Publico , 15/02/24)

8/1/24

Sanidade suspende intervencións "non urxentes" en pleno pico da gripe... 7 horas en el pasillo de Urgencias del CHUS con el esternón roto, tres costillas rotas y una infección respiratoria

"Persoal de Vigo denuncia o adiamento de 50% das cirurxías programadas pola falta de previsión. 

 A crise nos centros de saúde e hospitalarios da Galiza continúa á alza. A vaga de infeccións respiratorias, protagonizada por numerosos casos de gripe e Covid-19, así como a presenza do virus sincitial, está a saturar tanto a Atención Primaria como os servizos de urxencias dos hospitais. Porén, a gravidade da situación é tal que a crise comeza a espallarse á atención que prestan outros servizos hospitalarios.

Así o confirman a Nós Diario fontes da área sanitaria de Vigo, que indican a suspensión de parte da actividade cirúrxica a causa do elevado número de ingresos por gripe e Covid-19 é xa un feito, a pesar de que, segundo os datos de Sanidade, o nivel de incidencia destas infeccións é menor que o rexistrado o ano pasado. "A semana que vén está suspendida bastante actividade", afirman, engadindo que a previsión é suspender "sobre 40-50%". A falta de previsión da Consellaría de Sanidade, din, "é absoluta". "Calquera diría que vimos de pasar dunha pandemia", sentencian. 

"El relato de María Botana es el de una de las muchas personas que el pasado 26 de diciembre pasaron prácticamente todo el día en las Urgencias del CHUS, saturadas por el número de pacientes que requerían atención. 

Esta usuaria es un ejemplo de la idefensión que sufren los pacientes y denuncia para Galiciapress la precaria atención que recibió su padre, de 71 años, que visitó tres veces en 10 días el Servicio de Urgencias a consecuencia de un accidente de tráfico que le provocó multiples traumatismos que derivaron en una infección respiratoria.

"Nunca había visto algo así. Mi padre lleva enfermo 30 años y mira que hemos estado en Urgencias muchas veces, pero lo del martes yo no lo recuerdo jamás". La que habla es María Botana, un de las muchas, muchísimas personas que pasaron San Esteban, 26 de diciembre, en la sala de espera o en uno de los pasillos de las Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). El servicio, como viene ocurriendo tantas veces y con cada vez más frecuencia, vivió otro episodio de colapso el pasado martes, que se prolongó en los días posteriores y que evidencia el deterioro de la sanidad pública gallega, ya que el del hospital compostelano no es un caso excepcional. No obstante, testimonios como el de María ayudan a poner rosto al sufrimiento de todos esos pacientes y familiares que, durante horas, esperan a ser atendidos y escuchados, pero que muchas veces se encuentran indefensos ante un sistema absolutamente saturado que no puede absorber la altísima demanda que existe, con consecuencias dramáticas en ocasiones. 

TRES VISITAS A URGENCIAS POR UN ACCIDENTE DE TRÁFICO

Para María, la del 26 no era su primera visita a Urgencias este año. De hecho, en cuestión de 10 días, su paso por Urgencias tiene hasta tres capítulos. El primero de ellos el pasado 15 de diciembre, cuando un accidente de tráfico obliga a su padre, de 71 años y con diversas patologías previas, a recibir una atención inmediata. "Ingresamos por el accidente y se pasó más de 5 horas esperando a ser atendido", relata la afectada, que ya en esa fecha critica la mala atención recibida. 

 "Mi padre se quejaba de un fuerte dolor en el pecho tras el accidente. Le hicieron una placa en un costado, pero no se vía bien y lo mandaron a casa con paracetamol. Tuvimos que volver el lunes 18 de diciembre por las Urgencias del CHUS porque tenía muchísimo dolor", explica María. En esta segunda visita, la atención fue "mucho más rápida" y las pruebas realizadas entonces, tres días después del siniestro, constataron que "tenía rota una costilla, el esternón y el manubrio".

 "Le dieron un analgésico y nos indicaron para una nueva placa para dentro de diez días. Cuando llamo para pedir la placa nos la ponen el 10 de enero y el traumatólogo nos cambia la medicación pautada en Urgencias", avanza. Tras la segunda visita, y a consecuencia de los traumatismos sufridos en el accidente, su padre desarrolló una infección respiratoria. Al tiempo, una de las heridas de la pierna, también fruto del choque, comenzó a empeorar -"En el CHUS no se la miraron y en el centro de salud no le hicieron bien las curas", detalla la hija del paciente-, lo que los obligó a acudir, de nuevo, al SERGAS.

MÁS DE SIETE HORAS EN UNA SILLA DE RUEDAS

En esta tercera ocasión, la primera parada fue el PAC de Ordes, donde su médico de cabecera, después de explorarlo, consideró oportuno su ingreso en el hospital por la infección respiratoria que arrastraba el septuagenario. 

 Sin embargo, y pese al historial de su progenitor -recordamos: esternón y manubrio rotos, infección respiratoria, patologías previas, y varias costillas rotas además de la clavícula fruto de una caída- y a ser derivados desde el PAC, en el CHUS tuvieron que esperar, de nuevo, varias horas a ser atendidos. Concretamente, desde las 12:42 horas que arribaron al hospital hasta las 20 horas que fueron atendidos. En total, cerca de 7 horas y 20 minutos "esperando en los pasillos en una silla de ruedas" y sin recibir ni un solo calmante "hasta las 23 horas que se lo pusieron en vena".

Sorprende que el triaje no catalogase su atención como preferente y que en el informe de Urgencias se indique que llegan al CHUS por "iniciativa propia" y no por recomendación del facultativo del PAC. "La explicación que nos dieron es que la valoración que se hizo en triaje del volante que nos dieron era porque la analgesia recetada no era suficiente. Incluso nos preguntaron si nuestro médico no era capaz de de adaptar la dosis de analgésicos, pero ese no era el problema, sino el dolor que tenía mi padre". 

 Coincidió que, ese mismo 26 de diciembre, las Urgencias del CHUS se vieron una vez más totalmente sobrepasadas por el aumento de la demanda. Las infecciones respiratorias y los casos de gripe A están congestionando los servicios de toda la comunidad, pero en el caso del hospital santiagués, tal y como recopilaron desde la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, eran 32 los pacientes graves que esperaban en camillas o sillas de ruedas en los pasillos a las 16 horas del martes, con 34 pacientes con el ingreso firmado ocupando las zonas de trabajo. Solo dos horas después, ya eran 41 los pacientes graves en los mismos corredores en los que aguardaban vez María y su padre. 

 Una escena que se repitió al día siguiente y que tuvo su prolongación hasta ayer, cuando la plataforma denunció que por la tarde había "31 enfermos graves de nuevo en camillas y sillas de ruedas colocados en los corredores, esperando a ser atendidos". En paralelo, 41 pacientes tenían el ingreso firmado a planta, provocando un nuevo embotellamiento en el servicio. 

Una vez atendido, esta vez de forma "muy buena, muy profesional por parte de todos los sanitarios", el padre de María no recibió el ingreso firmado hasta pasada la 1 de la madrugada del 27 de diciembre, pero no fue hasta el mediodía del miércoles que fueron trasladados al hospital provincial. De hecho, el del traslado fue el episodio que más malestar despertó en María, ya que se hizo, de alguna forma, a espaldas del familiar. 

 "Cuando mi padre estaba en observación me pidieron que lo dejase mientras lo aseaban. Nos avisan por el altavoz, pero pasaron unas tres horas y no me daban aviso, de manera que regresé junto a él para tranquilizarlo para que viese que seguía en el hospital. Cuando llegué ya no estaba allí. Lo busqué y nadie sabía decirme dónde estaba, si en planta o en otro centro. Resulta que lo habían trasladado al hospital provincial sin avisar antes a su acompañante", expone la afectada, que no ve "normal" que algo así pueda pasar sin notificarlo al familiar. 

"SI NO DENUNCIAMOS NO CAMBIARÁ NADA"

Pese al mal trago, a María no le queda más remedio que comprender que los propios sanitarios viven unas circunstancias totalmente atípicas. "Están desbordados. Estuvimos pegados al control y escuchas las conversaciones entre los sanitarios, y alguno decía que no estaba en el turno que le correspondía, pero que los llamaron porque hacían falta más manos porque no podían aceptar más ingresos", recuerda. 

"Algunos usuarios protestan porque están cansados de estar allí, pero muchos pasan. Hasta los sanitarios nos dicen que tenemos que poner quejas ante la Xerencia para que haya cambios. En cuanto tenga el informe de alta lo haré. ¿Una denuncia? Dependerá de la respuesta que me contesten...pero se pasarán la bola, no sé si compensa", admite con resignación. 

 A renglón seguido, María sospecha que el trato recibido puede deberse, en parte, a la casuística de las dolencias de su padre. "Tengo la sensación que nos tuvieron así porque ya era la tercera vez que íbamos por un accidente de tráfico. ¿Se creen que vamos por una cuestión de dinero? No nos interesa, quiero que mi padre se encuentre bien, porque tener que estar entre médicos con él también nos afecta a nuestra vida diaria", valora. 

 Ahora, casi un mes después del accidente, su padre se encuentra ya ingresado en el hospital provincial recibiendo los cuidados necesarios para una recuperación que, afortunadamente, parece ir a buen ritmo. "Otros no estaban tan bien como mi padre, dentro de la gravedad del estado de mi padre y sin saber las heridas internas que podría tener. Seguro que otros estaban con muchos otros problemas. ¿Si vas con un infarto te tienen allí en el pasillo?", cuestiona María, muy en la línea de la denuncia que hicieron para el sindicato O'Mega para este diario, donde recapitularon que ya en el pasado "murieron pacientes en los pasillos de Urgencias". 

 El mensaje final que quiere trasladar María con su experiencia es animar a otros muchos usuarios que vieron sus derechos vulnerados a que "lo cuenten, que visibilicen lo que ocurre en los hospitales, si no hacemos nada seguirá ocurriendo lo mismo". "             (Rodrigo Brión, GaliciaPress, 29/12/23)

3/8/23

Luces, cámara... ¡Feijóo! (y 8): 45 millones para untar a los medios privados y una tele pública al servicio del PP... La imagen de gestor moderado de Feijóo que ahora empieza a descomponerse se construyó en Galicia durante trece años de manipulación y acoso a profesionales de los medios públicos y ayudas millonarias a los privados

 "El pasado 26 de junio, casi un mes después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales y en plena precampaña, la dirección de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) decidió reducir el número de debates de la Radio Galega y también el de periodistas y analistas que habitualmente comentan en ellos la actualidad política.Lo recoge este mismo jueves el diario Nós Galicia, que explica que pese a que suele ser habitual que la RG elimine debates de su programación en la temporada estival, los tertulianos con los que la dirección ha decidido no contar durante la campaña electoral son precisamente los que suelen a ser más críticos con la gestión del PP en Galicia.

Los exdiputados del BNG y profesores de las universidade de A Coruña y Santiago Carlos Aymerich y Xesús Veiga; la también exdiputada del BNG y administradora de la empresa editora de la revista Luzes Ana Luísa Bouzas; el escritor Francisco Castro; el activista social y miembro de Anova Pepe Arias... Todos mostraron a la CRTVG su disponibilidad a seguir participando en las tertulias durante el período electoral, pero la dirección decidió prescindir de ellos.

Sin embargo, a quien sí ha mantenido tanto en las tertulias de la televisión como en las de la radio es a una docena de analistas y periodistas que suelen ser más bien críticos con la oposición. Trabajan o colaboran en muchos casos en medios conservadores con líneas editoriales que apoyan a Feijóo, como La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, El Correo Gallego, El Progreso de Lugo, El Mundo o El Debate Español, e incluso en otros próximos a la ultraderecha como Libertad Digital, El Toro TV, Intereconomía y Estado de Alarma.

Sin tertulianos próximos a la izquierda o al nacionalismo

Que una cadena pública autonómica prescinda en plena campaña de los tertulianos que defienden posiciones próximas a la izquierda o al nacionalismo resultaría llamativo y noticiable en otras comunidades, pero en Galicia, salvo por la información de Nós Diario, el asunto ha pasado completamente desapercibido. De hecho, a quienes se han enterado ni siquiera les ha parecido extraño.

"Tiene su explicación: la manipulación y el sesgo informativo a favor del PP es una práctica habitual en la CRTVG desde que Feijóo ganó su primera mayoría absoluta en 2009", explica María Obelleiro, directora de Nós y tertuliana de la RG, y de quien la dirección de la compañía también ha decidido prescindir en el debate del programa A Crónica.

Al frente de la radio y la televisión públicas está Alfonso Sánchez Izquierdo, ex director de La Región, otro de los medios conservadores del país. Alberto Núñez Feijóo lo nombró director general hace 14 años, de los que lleva 12 en situación ilegal. Desde 2011, la Lei do Audiovisual Galego, impulsada por PP, establece que su cargo debe ser cubierto por mayoría de dos tercios del Parlamento de Galicia. Pero el PP nunca la ha tenido, así que ni Feijóo ni su sucesor, Alfonso Rueda, se han preocupado nunca de hacer cumplir esa norma. De esa forma Sánchez Izquierdo sigue en su puesto cobrando una nómina de 92.000 euros anuales.

Los trabajadores de la CRTVG llevan años denunciando manipulación informativa y persecución política 

Los trabajadores de la CRTVG, agrupados en torno a la plataforma Defende a Galega, llevan años denunciándolo. Este viernes se cumplen 270 semanas desde que iniciaron la campaña de los venres negros, por la que desde hace más de cinco años acuden a trabajar vestidos de de ese color y cuelgan en las redes sociales sus fotos, dando la cara, con mensajes de protesta por el uso partidista al que están sometidos los medios públicos. No denuncian sólo la manipulación, también la persecución profesional y moral que padecen quienes se oponen a ella e intentan, sencillamente, ejercer su profesión e informar con imparcialidad.

Centenares de sentencias contra la CRTVG

Durante los 14 años de mandato de Sánchez Izquierdo, los tribunales de justicia han condenado a la CRTVG en centenares de ocasiones por vulnerar los derechos civiles y laborales de sus trabajadores. No es una exageración: hay centenares de sentencias por despidos, cambios de condiciones salariales y de funciones, traslados forzosos, acoso laboral y degradación profesional, sanciones y multas ilegales, servicios mínimos abusivos que impiden a las mujeres participar en las huelgas feministas y hasta obstáculos para que puedan ejercer su derecho legal a conciliación su horario de trabajo con el cuidado de sus hijos.

En muchos casos, los tribunales han advertido que la única razón que tenía la empresa para imponerles semejantes castigos, de manera velada o explícita, era su participación en Defende a Galega o su significación en las protestas contra la manipulación informativa y el incumplimiento de la ley del audiovisual. Ésta también contempla la creación de un consejo de informativos que debía velar por la neutralidad de la línea editorial de la casa.

"La situación es demencial. Nunca ha habido tantos compañeros y compañeras de baja por estrés y depresión, incluso con problemas familiares graves a causa del acoso que sufren y del ambiente irrespirable en los centros de trabajo. Pero a la dirección le importa un bledo la salud psicosocial de la plantilla", explica el periodista Carlos Jiménez.

El año pasado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó a la CRTVG por expedientar a Jiménez y sancionarle con suspensión de empleo y sueldo después de haber mandado un tuit en apoyo de una compañera que también había sido expedientada por criticar la manipulación en favor de Feijóo.

Sin disculpas ni medidas contra los responsables

Pese a que la sentencia de Jiménez es firme desde hace más de un año, ni Sánchez Izquierdo ni nadie de su equipo directivo se ha disculpado con él. Ni mucho menos se han tomado medidas contra los responsables de violar sus derechos fundamentales por una motivación política. Es más, el director general intentó defenderse en el Parlamento de Galicia faltando a la verdad y asegurando que las sentencias condenatorias representan un mínimo porcentaje, cuando la realidad es que son una abrumadora mayoría.

"La manipulación la censura y ek acoso al personal en la CRTVG probablemente solo tenga parangón en Corea del Norte"

Para la oposición, la proliferación de fallos en los que los jueces han considerado probada la existencia de motivaciones políticas detrás de las represalias demuestran que no se trata de casos aislados, sino de una estrategia destinada a impedir cualquier fisura en la armazón de  desinformación de los medios públicos.  "El nivel de manipulación informativa, censura y acoso al personal en la CRTVG probablemente solo tenga parangón en Corea del Norte", afirma el diputado socialista Pablo Arangüena.

Pese a las sentencias en contra, la dirección sigue actuando de igual modo, y los periodistas siguen acudiendo a los tribunales porque consideran violentados sus derechos fundamentales. El pasado martes, el juzgado de los Social número 1 de Santiago celebró la vista contra la CRTVG por la denuncia de Alberto Ordóñez, locutor de radio trasladado forzosamente a la televisión el día después de haberse negado a modificar una información sobre el IPC que sus superiores consideraban perjudicaba a los intereses del Gobierno de Rueda, sucesor de Feijóo.

Dos semanas antes se había celebrado otro por la denuncia de Mónica Rosas, otra periodista de la televisión condenada al ostracismo por su significación en las protestas de Defende a Galega y que fue destinada contra su voluntad a un puesto en la radio de un día para otro, sin previo aviso y sin que la empresa la capacitara ni le ofreciera la formación en las nuevas herramientas que debe emplear, y que sus compañeros de redacción si recibieron.

Trasladada el día después de criticar a Feijóo en Facebook

"Además de acabar con tu salud mental también lo hacen con tu carrera profesional. Hacen falta años de trabajo para consolidarte en un medio, y con esos traslados la borran de un plumazo", explica Mayte Cabezas. Llevaba más de treinta años trabajando en la televisión, donde era una de las caras más reconocibles por la audiencia de varios programas informativos, hasta que el pasado 11 de marzo le comunicaron que la cambiaban a la radio el día después de publicar en su cuenta privada de Facebook un post en el que criticaba a Feijóo. Su juicio está previsto para dentro de una semana.

Los trabajadores no sólo sufren acoso sino el descrédito de sus superiores mediante falsedades sobre su adscripción política

Los trabajadores de la CRTVG no sólo sufren acoso directo, sino, en ocasiones, el descrédito de sus superiores mediante falsedades sobre su vida o su adscripción política, en lo que algunos periodistas consideran una campaña contra quienes osan cuestionar los métodos de Sánchez Izquierdo. Éste ha llegado a decir en el Parlamento gallego que quienes protestan contra su gestión no lo hacen por defender sus derechos laborales y la neutralidad informativa, sino por motivos partidistas y para perjudicar al PP. Incluso acusándoles de ir e las lisas electorales de formaciones rivales, cuando, al margen de su derecho a hacerlo, eso no es cierto.

Esa presión no se queda en San Marcos, la sede de la corporación, sino que la traspasa y llega a otros periodistas de medios privados independientes. Es frecuente que los pocos medios que amparan las protestas de Defende a Galega en sus páginas o webs reciban burofaxes de la casa, a veces sin membrete, exigiendo rectificaciones con amenazas de acciones penales, por publicar informaciones veraces, contrastadas y de contenido noticioso. En ocasiones, están enviadas desde despachos de abogados privados, pese a que la CRTVG cuentan con una asesoría jurídica propia.

Ocho directivos imputados por acosar a una trabajadora

La semana pasada, la revista Luzes, Nós Diario, eldiario.es , El Salto y Praza Pública recibieron cada uno uno de esos burofaxes exigiendo que desindexaran, es decir que borraran e hicieran desaparecer de los buscadores de Internet, las noticias sobre la investigación abierta por un juzgado de lo Penal de Santiago contra ocho directivos, entre ellos Sánchez Izquierdo. La jueza los ha imputado un delito de acoso moral y contra los derechos laborales de una trabajadora.

Los  imputados son Xosé Pereira Fariña, director de negocio; Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos; Tania Fernández Lombao, jefa de programas; Paula Veloso Pereira, jefa de gestión de personal; Susana Fernández Veiguela, exdirectora de recursos humanos; Manuel Casás Macía, jefe de seguridad y salud laboral, y Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de personal.

Una trabajadora ha denunciado graves daños morales y psicológicos por el acoso de sus superiores

Todos deberán acudir el próximo otoño a declarar ante la jueza acompañados de sus respectivos abogados, un trámite habitual en los procedimientos penales cuando se acude a declarar como imputado. Los medios, si consideran que se trata de hechos noticiables, acostumbran a recoger esos hechos citando el nombre de los imputados.

En este caso, los diarios citados así lo entendieron. La trabajadora había denunciado que las represalias, las humillaciones y la degradación profesional a que ha sido sometida le han provocado una grave alteración psíquica y de su estabilidad emocional, que tres especialistas médicos -uno privado, otro público y otro contratado por la CRTVG- han considerado compatibles con la situación de acoso de denuncia.

Daño psíquico

La jueza del caso también lo ha entendido así, ya que, para evitar su "victimización secundaria", tal y como explica en el auto, ha ordenado que lo haga por videoconferencia el próximo 28 de septiembre acompañada por una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima. También ha instado al Instituto de Medicina Legal de Galicia a que ponga a disposición del juzgado un equipo psicosocial que evalúe "si la querellante presenta daño psíquico compatible con los hechos denunciados".

La TVG es el gran medio de comunicación de Galicia, con audiencias que superan con creces a sus competidores, con capacidad para abrir y conducir debates públicos, y, también, para censurarlos o minimizarlos. Eso es lo que, según los profesionales más veteranos de la casa, ha permitido hacer crecer la imagen de Feijóo como buen gestor moderado y fiable, que se extendió a los medios estatales y que muchos periodistas sólo ahora empiezan a advertir que se trata de un constructo fallido.

Público se ha dirigido a la dirección de la CRTVG para obtener de algún portavoz una valoración de la situación que denuncian los trabajadores, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta. En las últimas ocasiones en las que este diario se ha dirigido a sus reponsables para ofrecerles la posibilidad de que dieran su versión de los hechos en otras informaciones relacionadas con la compañía, tampoco han contestado.

"Nunca hemos estado tan mal, tan manipulados y desmotivados", advierte Xosé Antón García Ferreiro, redactator de informativos y el último trabajador que queda de la plantilla inicial de la TVG. Fue presidente del comité de empresa y vocal del consejo de administración de la compañía entre 2015 y 2020 a propuesta del PSOE.

"Nunca hemos estado tan mal, tan manipulados y desmotivados"

"A Feijóo todo esto le ha servido mucho, claro que le ha valido. Sólo el telexornal [el telediario] del mediodía tiene más audiencia que los lectores de toda la prensa gallega en papel, y cuando durante trece años maximizas su gestión, impides cualquier crítica y minimizas a la oposición, eso da resultado", añade. También recuerda que las indemnizaciones y los gastos procesales a los que ha tenido que hacer frente la CRTVG por demandas judiciales de sus trabajadoras y trabajadores asciende a más de 60 millones de euros.

Si los medios públicos son uno de los apoyos en la construcción de la figura política de Feijóo, su gestión también se ha caracterizado por atraerse las líneas editoriales de la prensa privada mediante millonarias inversiones de dinero público

44,7 millones para once medios 

Durante sus trece años de mandato esos medios recibieron 44,7 millones de euros en subvenciones directas y convenios a dedo no sometidos a los procedimientos y controles que establece la legislación en materia de contratación. En muchas ocasiones, incluyen -en presente, porque la Xunta de Alfonso Rueda sigue empleando el mismo sistema- el compromiso de los medios de glosar en positivo la acción política de los gobiernos del PP en la Xunta. Esa cantidad no tiene en cuenta la publicidad institucional, ni las ayudas y ventajas fiscales a las que las empresas periodísticas tienen acceso como cualquier otra sociedad mercantil.

El mayor perceptor es La Voz de Galicia, propiedad del editor coruñés Santiago Rey, y sus empresas satélites, con más de 15,8 millones de euros. Le sigue Prensa Ibérica, que preside Javier Moll y que edita Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña, con 7,1 millones. El Correo Gallego, que acaba de ser adquirido por el grupo de Moll, obtuvo 3,04 millones. El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra, propiedad de la empresaria lucense Blanca García Montenegro, recibió 5,24 millones euros, mientras que La Región de Ourense y Atlántico Diario, de Vigo, en manos de la familia Outeiriño, se hicieron con 3,37 millones durante los mandatos de Feijóo.

La Cadena Ser y sus emisoras asociadas recibieron 1,56 millones, y la Editorial La Capital, propiedad del empresario del juego José Collazo y que edita El Ideal Gallego, Diario de Arousa y Diario de Ferrol, 1,52 millones.

"Sin todas esas ayudas, la construcción mediática de la imagen de buen gestor con la que Feijóo se fue a Madrid sería bien distinta", afirma María Obelleiro. El periódico que dirige, Nós Diario, es uno de los que la Xunta excluye no ya de los convenios a dedo y las subvenciones directas, sino de las adjudicaciones de fondos públicos a la prensa de papel destinadas a promocionar el gallego. Curiosamente, durante la etapa de Feijóo los medios publicados en castellano recibieron mucho más dinero de esas partidas que los que se editan en la lengua oficial de la comunidad.

3 millones en ayudas al gallego a medios en español

Desde el año 2010, la Administración gallega ha pagado más de tres millones de euros a los editores de los once periódicos anteriormente citados con la intención de lograr que fueran empleando el gallego "de un modo habitual y progresivo", según las  convocatorias que publica el Diario Oficial de Galicia. Después de doce años, ese idioma apenas tiene en ellos nada más que un reflejo testimonial.

Cuando Feijóo decidió irse a Madrid, siguió aprovechando el dinero público para allanar su aterrizaje en el liderazgo del PP entregando subvenciones millonarias a medios estatales con sede en la capital de Estado cuando estaba en funciones. La mayoría son de línea conservadora y todos, claro, están editados en español, pero su secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra,  siguió firmando ayudas. Hoy es su mano derecha en Génova y aspira a un escaño en el Congreso en el número 11 de la lista por Madrid.

"Hay una inclinación evidente hacia los grandes medios en castellano con líneas editoriales próximas a la derecha"

"Hay una inclinación evidente hacia los grandes medios en castellano con líneas editoriales próximas a la derecha en detrimento de los medios en gallego y de los digitales más pequeños", opina Francisco González Sarria, decano del Colexio de Xornalistas de Galicia. Asegura que esa institución lleva años trasladando a las administraciones de Feijóo, primero, y de Rueda, después, la necesidad de establecer criterios transparentes y objetivos en el reparto de las ayudas, sin que hasta ahora hayan obtenido una respuesta satisfactoria.

En numerosas ocasiones, el Colexio de Xornalistas se ha pronunciado en apoyo de los trabajadores de la CRTVG -en 2019 otorgó a Defende a Galega el premio José Couso de Libertad de Prensa, sin que la TVG hiciera mención alguna en sus informativos-. Y Sarria ofrece esta respuesta cuando se le pregunta por esa combinación entre manipulación en los medios públicos, persecución de los profesionales que resultan molestos para los intereses de Feijóo y el PP,  y el allanamiento de los medios privados con subvenciones millonarias del presupuesto público: "¿Que si se trata de una estrategia? Tal vez. Lo que sí es es una línea editorial política evidente".                (Juan Oliver, Público, 20/07/23)

1/8/23

Luces, cámara... ¡Feijóo! (7): del "divorcio duro" al "está usted necesitada", 13 años perdidos en la lucha contra el machismo

 "Cinco años antes de que Alberto Núñez Feijóo disculpara a un condenado por maltrato que llamó "puta", "loca" e "imbécil" a su mujer amenazándola con arruinarle la vida porque el suyo fue, dijo, un "divorcio duro", el líder de PP ya daba muestras en Galicia de actitudes de similar o peor calado.

En un debate en el Parlamento autonómico en el que confrontaba con el entonces líder de la oposición, Luis Villares, Feijóo se refirió sin motivo a la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, asegurando que estaba "muy necesitada".  Junto a su escaño y detrás de él, un grupo de señoros diputados a los que ha situado ahora en los máximos puestos de responsabilidad del PP le coreó la gracia

En el vídeo que recoge aquel vergonzoso momento se les puede ver en actitud jocosa: Alfonso Rueda, presidente de la Xunta; Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial, senador y cabeza de lista por A Coruña; Pedro Puy, portavoz parlamentario y redactor del programa con el que el partido se presenta a las elecciones de este domingo...

Cuchicheando entre risas observan a Pontón tratar inútilmente de exigir explicaciones ante la "expresión machista repugnante" que acababa de sufrir, mientras el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, también del PP, le corta el audio del micro a la agredida diciendo que no, que no, que él no cree que espetarle a una diputada en sede parlamentaria que está necesitada sea "una expresión lesiva", y que además Feijóo ha ya había retirado su afirmación.

Feijóo nunca pidió perdón a Ana Pontón

Sucedió durante el pleno del 7 de junio de 2018, en una época en la que en la comunidad, según La Voz de Galicia, se registraban tres agresiones sexuales al día. Feijóo nunca pidió disculpas por sus palabras, ni a Pontón ni a nadie. Al mes siguiente de aquel pleno, una mujer de 57 años murió degollada por su marido en una céntrica calle de A Coruña. Ese año hubo otros dos asesinatos machistas en Galicia y otros 51 más en el resto de España. Desde 1999 hasta hoy van 1.212 víctimas mortales por violencia de género.

Parece una obviedad que existe una relación directa entre los discursos machistas que normalizan la degradación de la mujer o que la sitúan en una posición de subordinación y la respuesta violenta que manifiestan algunos hombres cuando ven amenazada la posición de superioridad que consideran establecida y justa. Más aún si es discurso no proviene de debate en la barra de un bar sino de una respuesta parlamentaria de todo un presidente de la Xunta.

"Feijóo siempre se ha caracterizado por hacer un ejercicio de cinismo en estas cuestiones: condena la violencia de género, sí, pero a la vez la legitima con declaraciones lamentables de ese tipo", asegura Marta Lois, profesora de Ciencias Políticas en la Universidade de Santiago y cabeza de lista de la candidatura de Sumar por A Coruña. Asegura incluso que el aspirante del PP a la presidencia del Gobierno ha utilizado Galicia como "laboratorio de la contrarreforma" contra el feminismo.

Esa afirmación puede resultar extraña para quienes hayan escuchado a Feijóo asegurar, por ejemplo, que si llega a presidente no piensa derogar la ley del aborto que su partido votó en contra y recurrió ante el Tribunal Constitucional aunque él mismo no haya aclarado si lo considera o no un derecho de la mujer.

Una ley elaborada por el Foro Español de la Familia

Pero es tan raro como para quienes, como Noa Díaz, portavoz de Igualdad del PSdeG en el Parlamento gallego, recuerdan que su primera iniciativa legislativa tras ganar las elecciones autonómicas de 2009 fue convertir en ley un texto elaborado por el Foro Español de la Familia que apoyaba con subvenciones y amparo institucional el argumentario de la ultraderecha sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Doce años después, la sanidad pública gallega deriva a clínicas privadas cerca del 80% de las interrupciones del embarazo que se realizan en la comunidad, según datos del Ministerio de Sanidad.

"Las políticas de igualdad de Feijóo, si es que se las puede llamar así, adolecen de una enorme falta de valentía", opina Díaz. "No habla de machismo ni de feminismo, y es verdad que se han establecido mecanismos para proteger a las mujeres agredidas, pero no se ha hecho absolutamente nada en materia de prevención, educación y concienciación social. Es decir, cuando una mujer resulta agredida se la protege, pero de lo que ese trata es de conseguir que a las mujeres no nos agredan por serlo", resume.

El pasado 4 de julio, Díaz presentó al pleno una iniciativa que pretendía instar al pleno a condenar "los discursos negacionistas de la violencia machista" asó como  "los gobiernos y pactos de gobierno que impliquen estos discursos y amparen a fuerzas políticas que los promuevan". La mayoría absoluta que Feijóo obtuvo en las últimas elecciones autonómicas, incluido, claro, el voto de las veintún diputadas del grupo popular, impidió que la iniciativa saliera adelante.

"Un camaleón"

Para Nicolasa Castro, secretaria confederal das Mulleres de la Confederación Intersindical Galega (CIG), la central mayoritaria en Galicia, Feijóo también es "un camaleón", que mimetiza su discurso con el color del entorno en función de los votos que crea posible atraer en cada momento pero, en la práctica permaneciendo inmóvil, o incluso aplicando medidas que provocan retrocesos.

"Desde que normalizó el relato de los antiabortistas ha desmantelado todo lo que se había hecho en materia de igualdad. Dice que no va derogar la ley del aborto pero la torpedea; ha minimizado los puntos de información para jóvenes en materia de sexualidad, los puntos de encuentro familiar...", relata Castro.

La sindicalista añade que los recortes que aplicó Feijóo cuando llegó a la Xunta afectaron especialmente a servicios públicos donde las mujeres "son mayoría tanto como trabajadoras como por demandantes", especialmente en el sector de la atención a la dependencia.

La portavoz de la CIG también alerta sobre la desarticulación de las medidas de conciliación en la propia Administración autonómica, donde las funcionarias y trabajadoras del sector público ven obstaculizado el acceso a sus derechos de reducción de jornada o de traslado de puesto de trabajo cuando este es peligros en caso de embarazo, y que las obliga a acudir a la justicia para verlos reconocidos.

"Por no haber, en el sector público autonómico ni siquiera hay un plan de igualdad, que es obligatorio desde 2007", añade. Un plan que en cualquier empresa habría contemplado expedientes sancionadores si a cualquier trabajador se le ocurriera dirigirse a una compañera, subalterna o superior jerárquica diciéndole que está necesitada.

Público se ha dirigido al PP para tratar de obtener la opinión de Raquel Touriño, vicesecretaria de Igualdad de la ejecutiva autonómica; y de Susana López Abella, directora xeral de Igualdade de la Xunta hasta el pasado mes de junio y desde entonces diputada en el Parlamento de Galicia. Al cierre de este artículo, el PP no había respondido al ofrecimiento."             (Juan Oliver  , Público, 20/07/23)

21/7/23

Luces, cámara... ¡Feijóo! (6): 37 millones para la empresa que dirige su hermana y ese narcotraficante del que usted me habla... Durante los mandatos de Feijóo en la Xunta entre 2009 y 2022 se han sucedido constantemente los casos de clientelismo, amiguismo y nepotismo

 "Si se teclea en Google "Marcial Dorado" aparecen al instante 347.000 resultados. Pero si se añade a la búsqueda la palabra "Feijóo", entonces el número baja a 39.000 entradas. A primera vista, eso debe significar que poco más de una de cada diez páginas de Internet que citan al narcotraficante arousano lo relacionan de alguna manera con el expresidente de la Xunta y candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España.

Han pasado más de diez años desde que El País publicara las fotografías de Feijóo al timón del yate de Dorado y casi tres décadas desde que se tomaron, en el verano de 1995. Feijóo ha asegurado en multitud de ocasiones que cuando trabó amistad con él no sabía que Dorado era uno de los principales capos de la droga en Galicia.

Se le puede creer o no, pero lo cierto es que en 1995 Dorado ya había aparecido en las portadas de periódicos gallegos y estatales y en los titulares de todas las televisiones por su implicación en varias causas por contrabando y por tráfico de drogas, entre otras durante la operación Nécora, que en 1990 sentó en el banquillo a 45 personas. La sentencia de aquel caso se hizo pública en 1994, pocos meses antes de que los dos salieran a pasear en el yate del primero por la ría de Arousa.

Entre 1992 y 1996, Feijóo era el secretario xeral de la Consellería de Sanidade de la Xunta y el responsable de los expedientes mediante los que la Xunta adjudicó a las empresas de Dorado el suministro de la gasolina de las ambulancias del Servizo Galego de Saúde y del combustible para la calefacción de los hospitales gallegos.

El narco blanqueaba de esa forma la actividad de sus gasolineras, con las que llenaba los depósitos de las planeadoras y los camiones que transportaban la droga, y de paso podía lavar el dinero negro que le reportaba el tráfico de drogas gracias al dinero blanco que ingresaba de la Administración gallega.

En 2013, la candidata de Sumar a las elecciones del 23 de julio, Yolanda Díaz, por entonces diputada en el Parlamento de Galicia, pidió a Feijóo que hiciera públicos los expedientes de aquellas adjudicaciones. La Xunta le respondió que no podía hacerlo porque habían sido destruidos durante unas inundaciones en un instituto de enseñanza en secundaria en Vigo a donde habían sido trasladados a causa de unas obras en los archivos de la Consellería de Sanidade en Santiago.

"La falta de transparencia es una constante en la Xunta dominada por el PP", asegura Pablo Arangüena, diputado autonómico del PSOE y portavoz en la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia. "Incluso se niega habitualmente la información que los diputados solicitamos al amparo del reglamento del parlamento o se retrasa tanto que cuando llega, deja de tener sentido".

A mediados de los años 90 Feijóo no sólo se relacionó con Dorado, sino con otros testaferros y empresarios relacionados con el narcotráfico. Quien le presentó al narco ourensano fue Manuel Cruz, militante del PP y chófer del entonces conselleiro de Sanidade, José Manuel Romay, y testaferro de varias de las empresas de Dorado. Cruz era el líder de un grupo falangista de Ferrol al que también estaba adscrito Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno de Aznar en Galicia cuando en 2004 la policía encontró en el chalé de Dorado las fotos de Feijóo.

Fernández de Mesa, a quien Aznar nombraría después director general de la Guardia Civil, fue quien alertó a Feijóo de la existencia de las fotos once años antes de que se publicaran.

Pocos meses después de que el hoy líder del PP accediera a la presidencia de la Xunta en 2009, el líder del PP en la localidad pontevedresa de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, tuvo que dimitir de su cargo de delegado territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra cuando se supo que a mediados de los noventa había vendido varias empresas a Dorado y a José Manuel Prado Bugallo, Sito Miñanco, el más conocido de los narcos gallegos, a través de Manuel Cruz. Una de esas empresas era, precisamente, JF Oil, una de las distribuidoras de combustible a las que Feijóo había adjudicado contratos de suministro del Sergas cuyos expedientes nunca aparecieron

Juncal dimitió en 2010 cuando la prensa gallega hizo públicas sus relaciones con las redes más poderosas del narcotráfico arousano, pero Feijóo, que acababa de obtener hacía pocos meses su primera mayoría absoluta, no sólo no le repudió, sino que le protegió manteniéndole el sueldo de alto cargo nombrándole jefe de Protección Civil en Pontevedra.

Aznar y Romay se llevaron a Feijóo a Madrid en 1996 y le pusieron al frente de la secretaría general de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad. Tres años después, Manuel Cruz murió en un accidente de tráfico en la autopista AP9 que La Voz de Galicia definió como "extraño".

Feijóo al frente de Correos

Al año siguiente, Aznar nombró a Feijóo presidente de Correos. Allí dirigió la logística del voto por correo de varios procesos electorales que nadie puso en duda, como él sí hace ahora con su sucesor en la presidencia de la empresa pública insinuándolo como instigador de un fraude electoral, por el hecho de que hubiera ocupado un alto cargo en el Gobierno del PP.

En Correos, Feijóo conoció a Regino Martín, el sindicalista que ha alentado ese debate que los hechos y la propia empresa han desmentido. Feijóo asegura que es el único "amigo comunista" que tiene. Se le puede creer o no, pero lo cierto es que en alguna de las fotos que se sacó en el yate de Marcial Dorado aparece posando con su pareja de entonces, la exsecretaria de Sanidade de CCOO en Galicia, quien luego ocuparía el mismo cargo en la federación estatal del mismo sindicato.

Durante los mandatos de Feijóo en la Xunta entre 2009 y 2022 se han sucedido constantemente los casos de clientelismo, amiguismo y nepotismo. Y no sólo en Ourense, donde el presidente de la Deputación Provincial, Manuel Baltar, por quien el aspirante popular hizo alcalde a Gonzalo Pérez Jácome, acaba de renunciar a su cargo envuelto en sospechas de corruptelas que implican a su familia en el cobro de mordidas y a funcionarios de la institución que habrían asumido sus multas por exceso de velocidad.

El Consello de Contas de Galicia, el organismo encargado de fiscalizar las cuentas de la administración autonómica, alertó el verano pasado de que la administración paralela de la Xunta de Feijóo a través de chiringuitos y entidades instrumentales gestiona ya más de 1.700 millones de euros, es decir el 14% del presupuesto del Ejecutivo autonómico. La deuda que acumulan, según el Consello de Contas, asciende a más de 550 millones de euros.

Cuando Feijóo dejó el Gobierno gallego en mayo de 2021, en Galicia había 29 fundaciones públicas, 17 agencias, 15 sociedades mercantiles, 11 organismos autónomos y entidades de consulta, nueve consorcios, cuatro fondos de capital riesgo y dos entidades públicas empresariales. Al frente de muchos de ellos, con salarios que exceden con mucho lo que cobrarían como funcionarios de la administración convencional,  Feijóo ha colocado a amigos, familiares de amigos, militantes y altos cargos del PP, cuyos currículos, en numerosas ocasiones, no ofrecen capacitación ni relación alguna con las competencias que les asignó.

La hermana de Feijóo

Esos organismos e instituciones, además, acumulan buena parte de los contratos públicos que la Xunta ha asignado a las empresas del grupo Eulen, cuya directora para la zona noroeste de España es su propia hermana, Micaela Núñez Feijóo. Entre 2009 y 2022, Eulen recibió 37 millones de euros en adjudicaciones de la administración gallega, y cerca del 80% de esa cantidad se licitó a través de esa administración paralela en la que Feijóo colocó a sus fines. 

Muchas de esas adjudicaciones millonarias coinciden con nombramientos y ceses a dedo de sus responsables dentro del organigrama de la Xunta. También en Eulen. En 2016, Micaela Núñez, que entonces era directora de la delegación de la empresa en Galicia, fue nombrada directora territorial para el Noroeste después de obtener en 2015 el el mayor contrato de la Xunta, 4,38 millones para la vigilancia de los centros de salud del Servizo Galego de Saúde (Sergas)  en A Coruña.

Dos años después, Feijóo nombró al entonces gerente del Sergas que firmó aquella adjudicación, Antonio Fernández-Campa, vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Fernández-Campa no tenía relación alguna ni con el sector portuario ni con Vilagarcía, y la oposición acusó entonces a Feijóo de premiarle con un cargo a dedo bien remunerado gracias a las dietas por asistencia a los consejos de la institución.

Algo parecido sucedió con Jesús Vázquez Almuiña, conselleiro de Sanidade entre 2015 y 2020 y máximo responsable de las adjudicaciones del Sergas a Eulen en ese período. Almuiña es médico de profesión, fue alcalde de Baiona (Pontevedra) y tampoco se le conocía vinculación alguna con la gestión de los puertos hasta que Feijóo le nombró en 2020 presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, con un salario de 87.000 euros anuales, superior al del presidente del Gobierno.

La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), que gestiona el tratamiento de basuras de un centenar de municipios gallegos, adjudicó Eulen 3,46 millones bajo mando de dos presidentes nombrados a dedo por Feijóo: Luis Lamas, que tuvo que dimitir después de que se supiera que también había suscrito contratos de Sogama con su propio despacho de abogados, y  Javier Domínguez Lino, exconcejal del PP en Poio (Pontevedra) a quien Feijóo designó como su sucesor. Lamas cobraba en plena crisis financiera más de 72.000 euros, y Domínguez Lino, 74.000 euros.

Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado en 2009 tras la investidura de Feijóo como director general de la Corporación Radio e Televisión de Galicia y a quien la oposición y los sindicatos acusan de haber puesto los medios públicos de comunicación al servicio de los intereses del PP, ha firmado con Eulen contratos por valor de 2,2 millones de euros. Su salario supera los 92.000 euros.

Tanto Feijóo como su sucesor, Alfonso Rueda, se han negado a destituir a Sánchez Izquierdo pese a que acumula centenares -si, centenares- de sentencias en contra de los tribunales de justicia por vulneración de derechos civiles y laborales. Lo tendrían fácil, porque fue el PP el que impulsó y aprobó hace doce años la Lei do Audiovisual Galego, que establece que el director general de la CRTVG debe ser nombrado por el Parlamento.

La red que proporcionó contratas millonarias a la empresa en la que trabaja la hermana de Feijóo también atrapó a algunos alcaldes. Ernesto Anido, quien llegó al Gobierno local de Sada (A Coruña) siendo la tercera lista más votada gracias a los votos de tránsfugas de su propio partido, adjudicó a Eulen 810.000 euros, el 8% del presupuesto municipal. Hace dos años el Tribunal Supremo le condenó a ochos años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la contratación de una asesora.

En Melide, a una hora por carretera de Sada, la alcaldesa del PP, Ánxeles Vázquez, adjudicó a Eulen una cantidad similar, más de 806.000 euros, el 15% del presupuesto local de ese año. Vázquez es licenciada en Geografía e Historia y técnica en información y cultura, pero pese a no tener experiencia en el sector primario Feijóo la ascendió a conselleira de Medio Rural un año después de aquella operación.

En el 2018 la nombró conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Hoy es  vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en el Gobierno de Alfonso Rueda.

Los contratos con Eulen

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó a Feijóo los contratos con Eulen cuando éste aún era presidente de la Xunta, asegurando que tenía "el deber inexcusable" de explicar por qué la empresa para la que trabajaba su hermana había multiplicado sus negocios con la Administración y por qué en muchos de los procedimientos de adjudicación existían evidencias de trato de favor e información privilegiada.

Feijóo nunca respondió, ni tampoco lo hicieron Eulen ni su hermana, de quien Público trató, sin éxito, obtener una versión cuando publicó hace más de un año las informaciones arriba citadas.

El diputado socialista Pablo Arangüena recuerda que el PP ha votado en dos ocasiones en la Cámara gallega a favor de sendas iniciativas del PSdeG para que la Xunta facilite toda la documentación relativa a los contratos de la Xunta con la empresa de la que su hermana es apoderada en Galicia. Pero sucede como con los contratos de Marcial Dorado, a quien Feijóo decía no conocer del todo.

"El PP vota a favor de entregarnos la documentación, pero luego no nos la entrega. Lo mismo ocurre con muchos otros temas, y eso  dificulta mucho investigar la corrupción", concluye Arangüena."              (Juan Oliver, Público, 18/07/23)

Luces, cámara... ¡Feijóo! (5): eucaliptos, rías contaminadas y un caótico desarrollo eólico al servicio de las eléctricas

 "Si no llega a ser porque le da nombre a una céntrica calle de la zona nueva de Santiago de Compostela que en tiempos concentró algunos locales de referencia de la movida nocturna estudiantil de la ciudad, es poco probable que Fray Rosendo Salvado les suene a la mayoría de lectores. Y eso que la leyenda cuenta que el monje benedictino es uno de los dos máximos responsables de la actual configuración del paisaje de Galicia. El otro, sin ánimo de ofender, es el Partido Popular.

Resulta que a Rosendo Salvado Rotea (Tuy, 1846-Roma, 1900) se le ocurrió la idea de traer de las misiones en Australia, donde se dedicaba a evangelizar a la población indígena, las semillas de un árbol exótico de supuesta belleza ornamental y hojas de agradable olor, que además crecía a toda velocidad y daba una madera de baja calidad pero ideal para fabricar pasta de papel. Menos de 200 años después, el eucalipto ya es la tercera especie más abundante en Galicia. Y va en ascenso.

Los primeros ejemplares que provienen de aquellas semillas que trajo el fraile aún viven en el parque Castrelos en Vigo, y se considera a O Avó, en Souto da Retorta, en Viveiro, el eucalipto más antiguo de Europa. Sus descendientes ocupan hoy en Galicia una superficie de cerca de 6.000 kilómetros cuadrados, más que el territorio conjunto de las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera juntas, según el Inventario Forestal del Ministerio de Agricultura. En España son 15.000 kilómetros cuadrados, algo así como todo la suma de la superficie de la comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona.

A Fray Rosendo Salvado no le dedicaron una calle por abrir la puerta de Galicia a una especie invasora dominante que reseca y compacta los suelos, capaz de crecer más de 50 metros y de ganarle la batalla del agua y la luz a las especies autóctonas a las que ha ensombrecido. El fraile fue un destacado defensor de los derechos de los aborígenes australianos, pero esa anécdota en su currículum ha condicionado el desarrollo agroforestal de Galicia y roto el equilibrio ecológico y la biodiversidad de sus montes.

A finales de los ochenta y principios de los noventa, los eucaliptos llenaban unas 100.000 hectáreas de monte en Galicia. En 1992 el Plan Forestal aprobado por el Gobierno de Fraga preveía que se llegara a 2032 con no más de 240.000 hectáreas. El PP ha gobernado 26 de los 31 años transcurridos desde entonces, Feijóo 13 de ellos, y en 2018 ya había más de 440.000 hectáreas de eucaliptos. En la revisión del plan de Fraga que el Ejecutivo de Feijóo presentó hace dos años se prevé una reducción de poco más de 21.000 hectáreas.

"La política forestal de Feijóo ha sido la política forestal de Ence", asegura María Albert, exportavoz de Medio Ambiente del BNG en el Parlamento de Galicia y alcaldesa de A Rúa (Ourense) desde las pasadas elecciones municipales. "El PP ha entregado el país a la industria del papel, da igual si era a costa de los montes comunales o de la superficie agraria útil", añade.

Ence, 247 millones de beneficios en 2022

La principal beneficiaria de esa política es Ence, la empresa papelera propiedad de Ignacio de Colmenares, conde de Palentinos, que gracias a la sobreoferta de madera de eucalipto puede comprarla a bajo precio en Galicia para sus fábricas de Navia, en Asturias, y de Pontevedra. Ence, que se asiente en terrenos públicos en la ciudad gallega, que contaminó durante años con vertidos tóxicos, compra hoy la tonelada de eucalipto de la variedad glóbulus, la más abundante en Galicia, a entre 30 y 35 euros. La madera de castaño, por ejemplo, se cotiza por tres veces esa cifra.

La beneficiaria de la política forestal de la Xunta es la celulosa Ence

El año pasado, Ence obtuvo unos beneficios después de impuestos de 247 millones de euros. Además de Ignacio Colmenares, en su consejo de administración se sientan varias personas afines al PP como el exprocurador de las Cortes franquistas y exministro de Suárez Fernando Abril-Martorell y el abogado José Antonio Escalona. Hasta hace bien poco, también eran consejeros el exconselleiro de Medio Ambiente de Fraga Carlos del Álamo y la exministra de Medio Ambiente de Aznar Isabel Tocino

"Toda la política medioambiental de Feijóo, y ahora la de Alfonso Rueda [su sucesor en la Xunta] está diseñada para satisfacer los intereses de las grandes empresas", añade Albert, quien recuerda expresamente los de las grandes compañías eléctricas a las que la Xunta está estudiando autorizar centenares de proyectos de parques eólicos en zonas protegidas, muchos de los cuales están tumbando los tribunales de justicia, en una estrategia "depredadora y descontrolada".

Anulación de licencias de parques eólicos

Según el portavoz socialista de Medio Ambiente en la Cámara gallega, Pablo Arangüena, sólo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha anulado siete licencias en los últimos meses y estudia decenas de demandas de ayuntamientos y asociaciones ecologistas.

El pasado jueves, Arangüena presentó una proposición no de ley en el Parlamento para instar a la Xunta a que sencillamente cumpla la normativa medioambiental, pero la iniciativa no salió adelante porque el PP, con mayoría absoluta, votó en contra. Unos días antes, la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, advirtió literalmente en unas declaraciones púbicas de que las sentencias del TSXG contra los proyectos de parques eólicos instalados en zonas protegidas "causan inseguridad jurídica".

En el sector ambiental de Galicia también hay puertas giratorias. La exconselleira de Medio Ambiente de Feijóo Beatriz Mato fichó por la eólica Greenalia, antes de que transcurrieran los dos años que establece la ley para que los altos cargos de la Xunta puedan convertirse en directivos de las mismas empresas sobre las que tomaron decisiones. María Jesús Lorenzana fue una de las personas de más confianza de Mato durante su etapa en la Xunta, donde la acompañó durante cinco años como secretaria xeral de las compañías que ocupó.

Confusión de intereses privados y cargos públicos

La confusión de intereses privados y cargos públicos se da en varios otros sectores y territorios de la comunidad. Otro ejemplo es la comarca de A Limia, en Ourense, donde la sobreexplotación de la ganadería intensiva que promueve la empresa Coren ha provocado la contaminación de acuíferos y subsuelos con los nitratos derivados de los purines que vierten las macrogranjas de cerdos y pollos.

Las macrogranjas han contaminado con nitratos acuíferos y subsuelos la comarca de A Limia

Prueba de ellos es la situación del embalse de As Conchas, entre los municipios de Lobios y Muíños, alimentado por el río Limia y donde cada verano se repite un fenómeno recurrente similar al del Mar Menor de Murcia: las cianobacterias que proliferan gracias a los purines convierten las aguas en una sopa verde tóxica que acaba con la fauna y pone en peligro la salud de quienes no hayan advertido que las áreas de baño que tradicionalmente usaban los pobladores de la zona son ahora zonas contaminadas.

La Comisión Europea mantiene abierto desde hace años un expediente de infracción a España por la situación en A Limia, sin que la Xunta haya tomado medidas al respecto -Feijóo prometió en varias ocasiones que construiría plantas de tratamiento, sin que hasta ahora la Xunta haya cumplido-.

Expediente de infracción de la UE

La Comisión también abrió hace veinte años un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento en Galicia de la directiva Hábitat, que obliga a los Estados miembros a proteger las zonas de mayor riqueza medioambiental de su territorio.

La Xunta tiene plenas competencias en esa materia y debería ser la administración encargada de hacerlo, pero durante los trece años de mandato de Feijóo, según el PSOE y el BNG, se paralizaron las nuevas declaraciones haciendo caso omiso de las indicaciones de Bruselas. De hecho, Feijóo dejó Galicia el año pasado como la comunidad con menos espacios protegidos del Estado, apenas un 12%, menos de la mitad de la media española (26%) y casi cuatro veces menos que otras comunidades como Canarias (42,4%), Madrid (39,9%), La Rioja (33,2%) y Extremadura (30,2%).

Rías contaminadas

Las rías gallegas también deberían ser espacios protegidos, pero en varias áreas de muchas de ellas se incumple desde hace años la directiva de la UE que marca los máximos de contaminación que establece la UE, lo que un elevadísimo coste para la producción marisquera.

En algunos casos en los que también se mezclan los intereses públicos con los de empresas con algún vínculo con el PP, los segundos suelen salir ganando. El pasado mes de junio, asociaciones ecologistas y cofradías de mariscadoras y pescadores de Pontevedra acusaron a la Xunta de  inacción y desidia para evitar los episodios recurrentes de toxicidad de las aguas que han provocado la mortandad del marisco y reducido hasta un 70% su producción. 

Rebaja de las multas a las eléctricas

Otra de las protestas frecuentes de las mariscadoras es que la Xunta no ha puesto coto a una práctica habitual de las compañías eléctricas que explotan embalses y centrales de proceder a su vaciado para producir energía sin tener en cuenta los perjuicios ecológicos que eso conlleva, dado que los aluviones de agua dulce repentinos acaban con la vida de los bivalvos cuyos ecosistemas son de agua salada, como almejas, berberechos, ostras, vieiras, zamburiñas...

En 2021, después de varios años de protestas, Feijóo respondió rebajando por ley en un 92% las sanciones que la Xunta puede imponer a las empresas energéticas por el vaciado de embalses. De esa forma, pudo multar con sólo 25.000 euros a Iberdrola y a Naturgy por abrir el verano anterior las puertas de cuatro embalses y poner a producir sus turbinas justo cuando el precio de la electricidad se encontraba en sus máximos históricos."              (Juan Oliver, Público, 17/07/23)