El lunes de la semana pasada el Consejo General del
Poder Judicial notificó a la magistrada que el Promotor de la Acción
Disciplinaria había acordado incoar expediente por la presunta comisión
de varias faltas: la "
desatención o retrasos injustificados
en la instrucción de causas penales" y la "adopción de decisiones que,
con manifiesto abuso procesal, generan ficticios incrementos del volumen
de trabajo".
El expediente, según ha informado el Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, "se basa en las actas levantadas por el servicio de
inspección" sobre "la situación del juzgado", entre ellas la de la
"inspección extraordinaria realizada entre los pasados 21 y 31 de mayo".
Pero en realidad, la cúpula judicial comenzó su rastreo hace más
tiempo. Según fuentes judiciales, el servicio de inspección empezó el
seguimiento en 2015 y después lo sumió en un letargo de dos años sin
notificar ninguna resolución a la magistrada hasta ahora.
"Cualquiera que la conozca sabe cuál es su
dedicación, incluso excesiva" defiende su letrado, Agustín Azparren,
exmagistrado y exvocal del CGPJ. El retraso "no solo depende de la
instrucción de la juez, sino de otras circunstancias", como "la demora
de la Audiencia Nacional en resolver sus inhibiciones" en ramas de la
Pokémon que afectan a otras comunidades.
Según él, es habitual que en
este tipo de macrocausas por corrupción se instruyan expedientes, pero
recuerda que en sus ocho años como miembro de la comisión disciplinaria
todos acabaron "archivados" porque los retrasos están "justificados".
Desde Lugo han salido ya hacia el CGPJ un millar de folios de
alegaciones y cajas con unos 600 documentos anexos como prueba. Azparren
apunta, además, que en casos tan delicados como los que lleva De Lara,
"siempre hay denuncias" de implicados y "siempre se busca cualquier
motivo para apartar al juez".
El expediente puede acabar archivado, con una
propuesta de sanción, un traslado forzoso o, en la hipótesis menos
probable, la suspensión de su carrera. La Carioca data de 2008 y la
Pokémon
de 2011. Hay todo un bosque de ramificaciones, testigos protegidos,
infinidad de víctimas y cientos de imputados que inundan el juzgado de
recursos. Y mientras estos
aguardan un juicio
que no llega, esperan ver caer a la instructora por el larguísimo
camino.
Esta semana, dando la cara u ocultos tras un seudónimo, algunos
investigados celebraron en las redes sociales la mina puesta en la senda
de De Lara por el gobierno de los jueces. "Lo habíamos dicho muchas
veces. Ahora lo dice también el CGPJ. Muchos inocentes hemos sufrido
injustamente sus modos. La imagen de nuestra ciudad también ha sufrido
las consecuencias. Esperamos justicia", sentenciaba un tuit de Xosé
López Orozco, exalcalde socialista de Lugo que
ha logrado desembarazarse, en la Audiencia Provincial, de parte de sus imputaciones.
S. R. P. / EP
Pilar de Lara acaba de incorporarse después de una
baja cuya causa médica fue el "estrés agudo por motivos laborales". En
varios de sus últimos autos, la juez de Lugo justifica las demoras "en
la acumulación de asuntos de naturaleza penal seguidos en el juzgado",
en especial tras la reciente
huelga de tres meses de los funcionarios de la justicia,
"a expensas de medidas de la Xunta" que nunca llegan para paliar sus
consecuencias.
También fundamenta el atasco en la "necesidad de invertir
tiempo" en elaborar "informes solicitados por el servicio de inspección
del CGPJ". Esto, asegura De Lara en un auto del 16 de octubre, "lleva a
la casi paralización de la actividad procesal".
Actualmente, el expediente disciplinario está en fase
de instrucción y, cuando la juez declare, se podrán acordar pruebas
documentales o testificales. Si hubiese base para seguir adelante, el
promotor tendría que redactar un pliego de cargos y la defensa
expresaría sus alegaciones, que pasarían a la comisión disciplinaria
para la resolución del expediente.
Lo más llamativo de este caso, según el abogado que
la defiende, es que la inspección judicial, compuesta por "dos equipos",
estuvo durante "dos semanas" en el juzgado de Lugo. Además, no solo "se
les tomó declaración a varios abogados de las causas" que ella
investiga, sino que "se les invitó a que presentaran denuncia".
Los apoyos a De Lara suelen venir de la
calle. A lo largo de los años en que, procedente de un juzgado
asturiano, conmocionó con su olfato para el (supuesto) delito la
sociedad lucense y gallega, fue objeto de actos de homenaje, recogidas
de firmas solidarias y hasta una multitudinaria manifestación de los
vecinos. A la vez, ha padecido un reguero de
coacciones, insultos, pintadas y anónimos amenazantes contra ella y su familia. Durante un tiempo tuvo que cambiar de rutinas y llevar escolta.
Hoy, además de la Carioca y la Pokémon (que dio a luz
después varias hijas como la Pikachu y la Manga), entre otras
investigaciones la magistrada dirige de la mano de Vigilancia Aduanera
la
Operación Cóndor (fraude fiscal, blanqueo, tráfico de influencias), la
Cebra (narcotráfico, contrabando y lavado de dinero a escala mundial), la
Pulpo
(cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las
Administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de
malversación de caudales públicos) o el
caso Garañón
(tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y delitos contra la
ordenación del territorio). En todas estas causas que han dado lugar a
múltiples ramas hay implicados
políticos o expolíticos.
También
estaba en sus manos una pieza separada de la
Operación Campeón,
un caso de Instrucción número 3 que ya ha sido juzgado y en el que por
poco tiempo estuvo investigado el exministro socialista José Blanco,
exculpado en el Supremo. En la pieza desgajada que correspondió al número 1, siguió imputado por soborno desde 2011 el
exconselleiro nacionalista Fernando Blanco,
cuyo abogado presentó poco después de la inspección de mayo una
denuncia por dilaciones en el CGPJ.
Curiosamente, cuatro meses después
de que llegase a la Audiencia de Lugo el recurso de apelación, la
investigación sobre Blanco
ha sido archivada esta semana por la instancia provincial pese a que la fiscal se oponía hace meses al sobreseimiento.
Abogados e investigados (empresarios, proxenetas,
políticos y agentes) temen los ya célebres interrogatorios maratonianos
de la juez, con jornadas que acaban de madrugada y donde la magistrada
acorrala sutilmente a sus sospechosos.
Pilar de Lara ha pasado muchas noches en el juzgado y ha dedicado
vacaciones a redactar autos, pero esto, lejos de aligerar la sobrecarga
de trabajo parece haberla multiplicado. Y además de las grandes causas,
este juzgado de provincias debe
dar salida a los asuntos ordinarios.
Entre noticias sobre registros, arrestos y varapalos de instancias superiores contra los retrasos,
la forma de instruir
y las dimensiones de sus causas, de vez en cuando surgen de su despacho
decisiones muy distintas que también recorren España. Como la orden de
alejamiento nunca antes vista que dictó el año pasado para proteger a
una
perra maltratada de sus dueños.
Sus investigaciones tocaron peligrosamente la puerta
de algunos aforados como el propio Alberto Núñez Feijóo en la Cóndor,
que se libraron de acabar imputados (como lo están otros políticos no
aforados) por decisión de los altos órganos judiciales y los fiscales
que no vieron el cohecho que apuntaba De Lara. Pero operaciones como la
Pokémon sí influyeron, de forma radical, en las
elecciones municipales y dieron un
vuelco al mapa político de varias ciudades como Ourense, Santiago o A Coruña.
Mientras tanto, la Carioca debería llegar a su término a
finales de este año, después de la prórroga solicitada por los fiscales que se repartieron el medio centenar de piezas tras la muerte de
aquel que conocía el caso.
La macrocausa, la mayor instrucción que ha habido en Galicia, la más
importante sobre proxenetismo que ha conocido España, corre un alto
riesgo de
llegar escuálida al banquillo
después de tanto tiempo.
En medio del clamor social de grupos contra la
trata, el ministerio público ya propuso el archivo de algún capítulo
sangrante de la causa, como el de
la prostitución de una menor a la vista de guardias civiles.
Estos días, en ámbitos judiciales de Lugo se rememora y califica de "profético" aquel
correo que un día de 2014 envió a la magistrada Cándido Conde Pumpido Varela, hijo
del exfiscal general del Estado y exmagistrado del Supremo,
hoy del Constitucional: "Empieza a sonar un runrún en el Supremo de que
hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política y se
escucha hablar de investigaciones prospectivas".
"Según mi experiencia,
es mucho más peligroso para un juez investigar a un determinado partido
que a otro", le advertía, al tiempo que avisaba de la presunta
existencia de dos "grupos de presión" políticos que maniobraban contra
ella.
"Ya sabe cómo empieza esto", seguía. "Primero la prensa se vuelve en contra, empiezan con
ataques gratuitos,
escarban en la vida privada, las conferencias, anteriores resoluciones.
Y luego va subiendo la intensidad; la fiscalía empieza a pedir cosas
raras, la audiencia revoca y adopta resoluciones poco entendibles, se
empiezan a recibir visitas de la inspección y de la noche a la mañana te
encuentras sumido en
un infierno mediático y judicial". "Mi consejo es que intente apartarse y vaya con pies de plomo", le recomendaba." (
Silvia R., El País, 12/11/18)
"El abogado de Pilar de Lara: “No hay juzgado en España con más macrocausas”.
El abogado de la juez
Pilar de Lara
en la acción disciplinaria abierta por el Consejo General del Poder
Judicial, Agustín Azparren, ha afirmado hoy que “no hay juzgado en
España con más macrocausas” que el juzgado de Instrucción número 1 de
Lugo.
El
expediente disciplinario
se abre por la supuesta comisión de una falta prevista en los artículos
417.9, 418.11 y 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se
refiere a la “desatención o retrasos injustificados en la instrucción de
causas penales”.
Agustín Azparren ha
apelado a que “sí examinamos en que juzgados de España, dejando aparte
los juzgados centrales de instrucción que por razones de competencia es
normal que tengan macrocausas, yo creo que ahora mismo en toda España
sería imposible encontrar alguna capital de provincia, u otros ciudades
con más población que Lugo, en la que haya
tanta macrocausa, con tantas piezas y en un solo juzgado”.
“Eso también influye,
porque no son los mismos medios, ni las mismas condiciones trabajar en
la Audiencia Nacional por ejemplo, que en Lugo. Hay muchos factores que
influyen en posibles retrasos, retrasos que se dan también en muchos
juzgados de España.
Es habitual”, justifica. Y es que la jueza Pilar de
Lara tiene abiertas distintas macro operaciones, como la Carioca, sobre
redes de prostitución, la Pokemon, sobre adjudicaciones públicas
irregulares, sobre el Garañón, la urbanización a los pies del parque
Rosalía de Lugo, o la Operación Pulpo, centrada en la diputación, y la
Condor sobre la empresa Monbus, que están por cerrar. Todas ellas tocan
cuerdas especialmente sensibles, ya que afectan a cargos o excargos
políticos y, en el caso de la Carioca, a agentes de los cuerpos de
seguridad del Estado.
Respecto a la acción
disciplinaria, Azparren se ha aferrado a que la jueza Pilar de Lara,
“todo el mundo que la conozca profesional y personalmente, sabe que de
tener un defecto es el contrario, el exceso de celo y exceso de
dedicación a todas las causas”. “Desde ese punto de vista creemos que no
tiene mucha base la calificación (de la acción disciplinaria) por
retraso vinculado a la dejadez o a una actitud pasiva de la jueza”,
argumenta.
Seguidamente aclara que
“una vez que se incoa el expediente disciplinario hay un plazo máximo de
seis meses; pasados seis meses caduca”. “Sí en seis meses el Consejo
General del Poder Judicial no ha resuelto que sea archivado el
expediente o sancionado con falta grave, muy grave o leve, el plazo
expira”, ha insistido.
El día que se ha sabido que el gobierno de los
jueces será para el conservador Manuel Marchena tras llegar a un acuerdo
PSOE y PP, Azparren recuerda que “nos vamos a encontrar con cambios en
el Consejo General del Poder Judicial que puede afectar, a lo mejor, al
promotor de la acción disciplinaria”, es decir, el magistrado que ha
decidido incoar expediente a De Lara. El 21 de noviembre, a las doce del
mediodía, la juez ha sido llamada a declarar ante el consejo acompañada
de su letrado." (
Pepe Seijo, El País, 12/11/18)
"
Liñares, exconcejal en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, se declara “víctima” de la juez Pilar de Lara... a pesar de todos los informes de la investigación lo sitúan en el
epicentro de la trama Pokemón y de que la fiscalía ha pedido para él cinco años de prisión
El vértice y principal
investigado de la macrocausa Pokémon, el exconcejal en Lugo y
expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil,
Francisco Fernández Liñares,
ha afirmado hoy que se ve como una “víctima” de la juez Pilar de Lara,
que lleva esta investigación en el juzgado de Instrucción número 1 de la
ciudad.
A pesar de todos los informes de la investigación que lo sitúan
en el epicentro de la trama y de que la fiscalía ha pedido para él
cinco años de prisión, Liñares proclama ahora su inocencia: "Yo mantengo,
considero, que soy inocente.
Si se celebra juicio no habría problema para demostrarlo, pero habrá
que ver si se celebra”, ha advertido en declaraciones a Radio
Lugo-Cadena Ser.
La semana pasada se conoció el
expediente
disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial a la
magistrada, y el expolítico socialista asegura que anímicamente él se
encuentra “perfectamente": "me siento en una situación inmejorable”, ha
dicho el que fue mano derecha del exalcalde Xosé López Orozco.
La juez Pilar de Lara, que instruye la Pokémon entre otras macro operaciones, está pendiente de que se resuelva una
acción disciplinaria abierta por el Consejo General del Poder Judicial,
que se inicia por la supuesta comisión de una falta prevista en los
artículos 417.9, 418.11 y 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que tiene que ver con “la desatención o retrasos injustificados en la
instrucción de causas penales”.
En el arranque de la operación Pokémon,
sobre adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas, en 2012 la
magistrada detuvo y encarceló a Liñares acusado de varios delitos, entre
otros, cohecho y tráfico de influencias. Se le atribuye haber tejido
una “red de intereses económicos”, para su propio provecho.
La acción disciplinaria
abierta a Pilar de Lara, al exconcejal no le sorprende. “A mi modesto
entender, y sin querer meterme en grandes investigaciones, yo considero
desde hace varios años que esto estaba más o menos anunciado, por la
forma de instruir y la forma de trabajar. Comparando el trabajo riguroso
que hace la justicia, aunque éste no es buen momento en España para la
credibilidad judicial que creo que son casos puntuales las últimas
sentencias de las altas magistraturas, yo creo que no debía de afectar a
la imagen general de la justicia.
Opino que tenemos un sistema judicial
bueno, pero las personas de la justicia son humanas y pueden cometer
algún error”, sentencia.
Liñares ha incidido
finalmente, sobre el expediente a la jueza, que él “hace varios años”
imaginaba este desenlace. “Creo que esto era un final que se veía
venir”, comenta. Interpelado sobre si se considera una víctima de Pilar
de Lara, responde que “evidentemente sí”, para, a renglón seguido,
mantener que es “absolutamente inocente”.
“Si llegara a celebrarse el
juicio lo demostraríamos sin grandes complicaciones. Distinto es lo que
salió en los medios de comunicación [haciéndose eco del sumario] en
algún momento, en aras de la libertad de expresión que tienen los
medios; y faltaría más. Pero yo mantengo, sigo considerando que soy
inocente. Si se celebra juicio no habría problema para demostrarlo, pero
habrá que ver si se celebra”, avisa." (
Pepe Seijo, El País, 13/11/18)