Así asfixia Feijóo a los ayuntamientos gallegos donde no gobierna el PP, mientras protesta por el reparto de fondos europeos... La Xunta recibió del Estado 1.500 millones de euros más para hacer frente a los efectos de la pandamia en Galicia. En su reparto discrecional de fondos, no destinó ni un euro al Ayuntamiento de A Coruña... Los ayuntamientos medianos y pequeños donde el PP no tiene la alcaldía también se quejan desde hace años de que la Xunta los asfixia obligándolos a asumir competencias propias del Gobierno autonómico, como la ayuda a domicilio para personas mayores y dependientes, sin el respaldo financiero suficiente... por este motivo, Moaña tiene medio millón de euros de déficit por los servicios de competencia autonómica prestados por su Ayuntamiento, que tiene un presupuesto anual de once millones. "Es un escándalo"

 "El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha emprendido su particular batalla contra el Gobierno por lo que considera un reparto "discriminatorio" de los fondos Next Generation de la Unión Europea para con las comunidades gobernadas por el PP. Y siguiendo el argumentario ideado por Génova, ha amenazado incluso con llevar ese reparto a los tribunales.

Lo cierto es que en Galicia son decenas los ayuntamientos no gobernados por el Partido Popular que se quejan, precisamente, de las artimañas de la Xunta para estrangularlos financieramente al tiempo que prima a los concellos afines. Desde obligarles a asumir la prestación de servicios de competencia autonómica por los que la Xunta paga por debajo de los costes reales, hasta negarles convenios que si suscribe con los alcaldes populares, pasando por proporcionar a éstos información privilegiada para que puedan acceder a subvenciones y ayudas que no llegan a los municipios con alcaldes del PSOE, del BNG y de formaciones independientes.

 "La Xunta recibió del Estado 1.500 millones de euros más para hacer frente a los efectos de la pandamia en Galicia. En su reparto discrecional de fondos, no destinó ni un euro a este Ayuntamiento", sostiene la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, quien asegura que su concello tuvo que asumir "en solitario gastos superiores a los treinta millones de euros por la no asunción de sus competencias" por parte del Gobierno de Feijóo. "Es más", añade Rey, "las inversiones de la Xunta para la ciudad en el 2022 son inferiores a las del 2019".

 A Coruña -245.000 habitantes- es la segunda urbe más poblada de Galicia. En la primera, Vigo -294.000 personas-, su alcalde, el también socialista Abel Caballero, ha acusado igualmente al presidente de la Xunta de discriminar a su ciudad. Dice que Feijóo "le tiene tirria política" y que "no soporta que a Vigo le vaya bien".

Caballero, quien también preside la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), asegura que Feijóo "miente clamorosamente" cuando acusa al Gobierno central de desatender a los ayuntamientos: "Desde la FEMP conseguimos, y el Gobierno de España lo atendió, superar el objetivo de participación en fondos europeos que nos planteábamos hace un año. Hablábamos de un 14% y lo vamos a superar con creces. Nuestro reconocimiento al Gobierno de España", subraya a Público el regidor.

Sólo entre A Coruña y Vigo suman más de medio millón de habitantes. Casi tantos como todos los gallegos que viven en municipios gobernados por el PP, que no ostenta ninguna de las alcaldías de las grandes ciudades. El poder local de Feijóo se sostiene sobre todo en los municipios pequeños del interior de la comunidad -el municipio más grande con un alcalde del PP es Arteixo (A Coruña), con 33.000 habitantes-.

 En Moaña (Pontevedra), donde gobierna Leticia Santos (BNG), el concejal de Hacienda, Aldán Santamarina, explica que la Xunta acaba de actualizar los precios del SAF: once euros la hora para el 2021 y el 2022; 11,5 euros para el 2023 y doce para el 2024. Cantidades que no cubren ni de lejos lo que ya cuesta ahora el servicio, que en el municipio supone má de 55.000 horas de atención al año. "La Xunta nos abona 610.000 euros cuando los costes son de más de un millón . Un déficit de 425.000 euros anuales", explica Santamarina. En Moaña viven 20.000 personas, y casi un 25% tienen más de 65 años.

El concejal añade otros dos ejemplos. Las dos trabajadoras sociales del Concello, que ejercen competencias que corresponden a la Xunta, suponen costes salariales -sueldos más cotizaciones- de 103.000 euros al año. El Gobierno de Feijóo sólo paga por ambas 33.000 euros. Es decir otros 70.000 euros de déficit.

 Y el otro ejemplo: el protocolo covid de la Xunta obliga al Concello a limpiar y desinfectar los centros escolares del pueblo, cuya titularidad corresponde a la Xunta, durante las horas lectivas. Eso representa un coste añadido de 90.000 euros por curso, que Moaña asume sin que el Gobierno de Feijóo ponga ni un sólo euro.

Sólo esas tres partidas, SAF, trabajadoras sociales y desinfección de centros escolares, representan más de medio millón de euros de déficit por los servicios de competencia autonómica prestados por su Ayuntamiento, que tiene un presupuesto anual de once millones. "Es un escándalo", califica Odilo Barreiro, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Moaña.

 Es cierto que la racanería en la financiación de servicios como los SAF afecta a todos los municipios, incluidos los gobernados por el PP, que se ven obligados a detraer partidas de sus inversiones para paliarlo. Pero Barreiro explica que la Xunta compensa a los ayuntamientos del PP con convenios bilaterales que no suscribe con los de otros colores políticos, y que incluso son impropios del departamento que los suscribe. "¿Alguien puede explicar que la Consellería de Medio Ambiente financie con dos millones de euros la construcción de un auditorio en Marín?", se pregunta Barreiro.

 Marín, a quince kilómetros de Moaña, tiene 25.000 habitantes, y está gobernada por María Ramallo, ex diputada por el PP en el Congreso y en el Parlamento autonómico. La obra del auditorio cuesta cuatro millones, y además de los dos millons que aportará la Consellería de Medio Ambiente, otros dos vendrán del Fondo Europeo de Desarrollo Regional gracias a la mediación del Gobierno de Feijóo.

Mientras en Marín la Consellería de Medio Ambiente levanta un auditorio, 250 kilómetros al norte la Xunta niega obras como una depuradora de aguas residuales al Ayuntamiento de Barreiros, una localidad de 3.000 habitantes en A Mariña Oriental lucense cuya alcaldesa, Ana Ermida, del BNG, también asegura sufrir la discriminación del Ejecutivo autonómico.

El Ayuntamiento lleva años reclamando una depuradora, con el proyecto ya redactado y cuyos costes representan unos 3,5 millones de euros. "La Xunta pretende pagar sólo un tercio, que la Diputación asuma otro y que nosotros nos hagamos cargo del tercio restante, lo que resulta literalmente imposible porque tenemos un presupuesto de cuatro millones de euros", relata Ermida, quien coincide en que la Xunta, en cambio, sí firma convenios de colaboración con otros concellos del PP para asumir la construcción de depuradoras, potabilizadoras y sistemas de saneamiento.

Barreiros, con algunas de las playas más hermosas del norte de Lugo, necesita una depuradora porque en verano duplica su población, algo que también le sucede a Pontedeume, en A Coruña, que de menos de 8.000 habitantes en invierno pasa a albergar a cerca de 20.000 en los meses de vacaciones.

Su alcalde, Bernardo Fernández, recién nombrado además secretario provincial del PSOE de A Coruña, comparte las denuncias de sus colegas sobre las competencias impropias sin respaldo financiero suficiente que les hace asumir la Xunta, como la limpieza y desinfección anti-covid de los colegios de titularidad autonómica, los salarios de los conserjes de los centros escolares y servicios como la ayuda a domicilio a personas dependientes.

Y añade un elemento más. Desde hace años, el Gobierno de Feijóo acostumbra a promover ayudas varias a los ayuntamientos por el sistema de concurrencia no competitiva. Es decir, que las ayudas se conceden por orden de llegada hasta que la partida presupuestada, siempre limitada, se agota. Y quienes se las llevan siempre son los ayuntamientos del PP.

"Los plazos para pedirlas se abren a las doce de la noche de un sábado, y antes del lunes ya están agotadas, porque los ayuntamientos del PP, que ya conocen de antemano las condiciones y la documentación que deben presentar, las solicitan al instante y se las llevan. El resto, nos quedamos sin ellas. Es evidente que tienen información privilegiada ", sostiene el regidor de Pontedeume.

La alcaldesa de Barreiros y los dos concejales de Moaña citados en este artículo coinciden con él en que esa táctica de la Xunta de conceder esas ayudas por orden de llegada, sin criterios objetivos de ningún tipo y sin tener en cuenta la calidad de los proyectos presentados, ni las necesidades de la población ni la capacidad financiera de cada ayuntamiento, componen un sistema injusto de reparto de las subvenciones públicas que favorece sólo a los ayuntamientos del PP y perjudica al resto.

En Galicia hay 315 municipios. El PP gobierna en 146, la mayoría pequeños y medianos que suman menos de 600.000 personas, y en ninguna gran ciudad —A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo y Vigo están en manos del PSOE, Pontevedra en las del BNG y Ourense en las de la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome—. Es decir, que casi el 78% de la población de Galicia vive en concellos gobernados por otros partidos, que no creen a Feijóo cuando enarbola el argumento de la supuesta discriminación del Gobierno en reparto de fondos europeos.

"Está bien que Feijóo hable de financiación en Madrid, pero a Galicia hay que defenderla defendiendo a los gallegos, dándoles la financiación que merecen sus ayuntamientos con independencia de que vivan en municipios de un color político distinto al del PP", resume Bernardo Fernández."               (Juan Oliver, Público, 01/02/22)

 

Martinp Noriega: ningunha cidade galega pode presumir de ter captado 20 millóns de fondos europeos, reducimos a débeda a mitade e conseguimos reverter para o público a xestión da ORA e o guindastre, demostramos que era posíbel a remunicipalización de servizos e a súa xestión directa desde o público. Demostramos que sabemos xestionar mellor que a dereita e que o partido socialista...

"Que valoración fai do seu mandato?

En liñas xerais a valoración é positiva, sempre ficas con ganas de ter feito máis, mais é certo que nos encontramos un Concello nunha situación moi calamitosa. Tivemos que investir moitos esforzos en normalizar a vida da administración local, que ficou moi tocada dos 4 anos do PP e o seus 3 alcaldes, mais que xa estaba en declive nos últimos gobernos de Bugallo.

Aínda así conseguimos varios avances cualitativos, deses que benefician o conxunto da cidadanía, como por exemplo a captación de fondos europeos, ningunha cidade galega pode presumir de ter captado 20 millóns como fixemos nós. Ou, se falamos de redución da débeda, conseguimos reducila á metade, de 47 millóns a 25 e todo isto aumentando o gasto social e sen subir os impostos.

Demostramos que sabemos xestionar mellor que a dereita e que o partido socialista, e sempre no beneficio dos máis. E ademais demostramos que se podían dar debates que o neoliberalismo nos tiña imposto como fechados, como é o caso da desprivatización de servizos. Nós conseguimos reverter para o público a xestión da ORA e o guindastre, demostramos que era posíbel a remunicipalización de servizos e a súa xestión directa desde o público.

É por todo isto que, aínda que teño moitas ganas de completar o ciclo e fechalo cun segundo mandato, podo facer unha valoración positiva. Isto non quita que nos presentemos con ganas de repetir e de conseguir máis futuro para Santiago, que é o noso lema de campaña. Temos a oportunidade de superar o pasado, e queremos aproveitala.

De todas as medidas que impulsou, cal salientaría e por que?

Podería salientar moitas, mais penso que das que me sinto máis orgulloso son daquelas que teñen que ver coa Compostela dos coidados. Síntome orgulloso de ser dos primeiros en ter aprobado e aplicado unha Ordenanza de Garantía Básica que garante a autonomía das persoas e o que aínda é máis importante, a súa dignidade.

 De conseguir elevar o investimento social dos 55 euros por habitante a duplicalo e deixalo nos 111 euros. Mais tamén penso que cómpre salientar outras medidas que garanten os dereitos sociais como o termos multiplicado por sete o orzamento das bolsas de comedor e actividades pasando de 250 a 1.200 bolsas anuais. Ou conseguirmos implantar un bono-taxi para as persoas con dificultades de mobilidade e maiores do rural.

 Ou medidas que afianza Santiago como un Territorio Feminista abrindo a Casa das Mulleres ‘Xohana Torres’, un espazo de encontro e empoderamento. Ou termos impulsado a campaña ‘En Negro contra as violencias machistas’ que se ampliou a máis de cen concellos.

E aínda que os coidados e o social foron o noso principal foco, penso que é de xustiza salientar que este goberno puxo os intereses da cidade por cima de calquera outro. Nunca tivemos unha práctica partidista e por iso practicamos o diálogo institucional, desde o respecto, mas mantendo sempre a lealdade do lado dos intereses de Compostela.

Somos a capital do país, a capital de Galiza, e sempre tivemos isto moi presente. Sabemos que aló onde imos non só representamos a nosa veciñanza senón o conxunto da cidadanía galega. E por isto que nos tomamos moi en serio o diálogo para continuar a facer de Compostela un lugar de consenso, e grazas a isto desbloqueamos infraestruturas que levaban máis vinte anos atascadas, que nin o señor Bugallo, nin o señor Hernández, como alcaldes, conseguiron acordar con outras administracións.

E froito deste traballo chegaron a Intermodal, a nova EDAR, as conexións norte da AP9 ou orbital, a variante de Aradas, ou a saída da autoestrada na Cidade da Cultura. Chegou a xente do común á alcaldía e en catro anos desbloqueou máis cuestións que os políticos profesionais en dúas décadas.

Que dificultades enfrontou estes catro anos o seu concello?

Desde o punto de vista administrativo penso que a maior dificultade foi esa degradación dos circuítos administrativos que xa comentei antes. E sobre todo a desconfianza que existía, da xente, na institución. Pouco a pouco conseguimos ir revertendo isto, e aínda falta moito por facer, mais quen diga que agora estamos peor que hai catro anos, ou non sabe o que di, ou mente radicalmente.

E isto é algo que nos recoñece todo o mundo, pensa que hai catro anos as principais preocupacións da cidadanía de Santiago eran a corrupción política e a desconfianza nos políticos. Vale, resulta que agora as principais preocupacións son as fochancas e as obras, pois imaxina o que ten cambiado a situación, porque hai catro anos había moitas máis fochancas que agora, a paternidade colocáronma a min mais imaxina, se a cidade estaba totalmente desatendida e aínda así o que lle preocupaba ás santiaguesas e santiagueses eran os políticos e a corrupción! Agora son as fochancas, e iso que cando nos chegamos só había 8.000 euros para tapalas e agora temos 2 millóns ao ano.

Alén destas resistencias internas, da casa, penso que outra das grandes dificultades veu dada desde fóra. Falo, fundamentalmente dos poderes mediáticos que desde o primeiro momento quixeron cuestionar a lexitimidade do noso goberno.

O cal é curioso, porque ao mesmo tempo que estabelecíamos unha relación de estreita colaboración co tecido asociativo de Compostela, e este tecido nos ía recoñecendo e acompañando, ao tempo que eran esixentes, pois os poderes mediáticos -moi dependentes do PP de Feixoo e Rueda- tentaban apertarnos cada vez máis. Construíndo unha realidade paralela ao tempo que practicaban as fake news.

Como valora o papel da oposición?

Entendo que cada un ten que facer o seu papel, en liñas xerais nós tentamos buscar as complicidades co BNG e co PSOE, sobre todo cos primeiros, mais non fomos demasiado correspondidos. É certo que conseguimos viabilizar os orzamentos todos os anos menos este último, aínda que tamén é certo que presentamos documentos que incorporaban moitas propostas deles e que estaban encadrados dentro de políticas progresistas e de esquerdas nas que, penso, os tres partidos nos recoñecemos.

Nós quixemos exercer e aproveitar o claro mandato emanado das urnas cando 16 de 25 concelleiros se situaban na esquerda mais ás veces tenme chamado a atención que tanto PSOE como BNG se poidan entender na Deputación, e que lles custase tanto entenderse con nós en Raxoi, é evidente que, neste sentido, fomos unha forza que removeu a comodidade na que vivían instalados e que colocamos cuestións sobre a mesa que pode ser que os faga sentir incómodos, como é o caso da remunicipalización dos servizos.

Veremos se Bugallo e Goretti nos queren apoiar en propostas ambiciosas como a de recuperar a xestión directa da auga desde o Concello, ou se pola contra prefiren colaborar en políticas cativas como as do teleférico.

Sobre o PP, penso que é un partido que non está á altura da representación que a cidadanía lles ten dado. Daría moito para falar, mais está claro que o seu portavoz e actual candidato non foi capaz de superar o papel de desleal delegado da Xunta de Galicia, colocando os seus intereses de partido por riba dos da cidade, case sempre. Temos a relación rota a raíz das súas falsidades e mentiras sobre nós e sobre un sector numeroso de Compostela.

Cal é a principal necesidade de Compostela?

Hai varias, nós entendemos que o Concello non é o principio e fin de todas as cousas en Santiago de Compostela. É un motor importante, moi importante, para que a cidade funciona, mais non é o único. Neste catro anos Santiago de Compostela ten mellorado en todo, os índices de emprego, de renda, de diminución do risco de pobreza, estamos mellor que hai catro anos e tamén mellor que hai oito anos.

E iso non é mérito exclusivo noso, non é mérito exclusivo nin do Concello, nin do goberno de Compostela Aberta, senón do conxunto da sociedade. Aínda así penso que si que temos contribuído a esta mellora e que na medida en que consigamos que o Concello de Santiago sexa máis moderno e eficiente pois conseguiremos que sexa máis útil para a veciñanza.

E para isto, no próximo mandato recolleremos o sementado neste, veremos a administración electrónica como unha conquista feita realidade, con demasiado retraso, é certo, mais é que cando nós chegamos non había nada feito, nin Bugallo, nin os tres alcaldes do PP se tiñan preocupado disto en pleno século XXI.

Tivo que ser Compostela Aberta quen a licitara e quen comece a súa implantación. A maiores disto penso que é necesario continuar a sacar ofertas públicas de emprego, algo que estaba tamén paralizado cando chegamos e que tivemos que reactivar.

Cal será a primeira medida que impulsará no novo mandato?

Xa nos temos comprometido a iniciar dúas medidas que serían de enorme calado como é formular a fusión de municipios con Ames e Teo. E neste caso semella que desde Teo existe unha concordancia e complicidade para que así o fagamos. E outra medida sería iniciar o proceso de remunicipalización da xestión da auga.

Porque se estamos en política non é para mantermos posicións cómodas, penso que temos que afrontar o retos e desafíos para ter máis futuro. E este é un deles, porque a xestión directa é máis eficiente, transparente e sostíbel, e porque este é un ben fundamental das persoas, un dereito que non debera estar sometido ás regras do mercado.

Estas serán as nosas dúas primeiras medidas de calado mais temos un programa moi completo que tenta dar resposta a todos desafíos que Santiago de Compostela ten por diante."              (Entrevista a Martiño Noriega, Sermos Galiza, 18/05/19)

O goberno de Santiago cifra en 3 millóns o custo das sentenzas por decisións de anteriores mandatos

"Outras sentenzas con impacto nas arcas públicas

Se non prospera o recurso do Concello contra a sentenza que o obriga a indemnizar a Doal con 620.000 euros -576.000 deles polo "lucro cesante", o que deixou de gañar pola adxudicación de 2012, irregular segundo o TSXG- este importe engadirase ao doutros ditames xudiciais que afectaron o consistorio da capital galega nos últimos anos.

O máis cuantioso, de 1,5 millóns de euros, foi para compensar a empresa construtora do parque de bombeiros de Salgueiriños, obra que apenas pasou do esquelete do edificio polo desvío dos seus custos. O Concello acordara esa compensación coa construtora Extraco en 2008, pero non chegara a pagar. Tampouco o fixo o gabinete do PP e unha sentenza de 2016 obrigou ao pagamento.

Dunha contía semellante á indemnización á empresa da ORA foi a compensación que outro xulgado decidiu que lle correspondía a Tralusa, a empresa do grupo Monbus responsable do transporte urbano, que reclamara ao non estar conforme cos importes fixados para calcular o custo do combustible dos autobuses entre 2007 e 2011.

 Segundo destacou o Concello esta semana, as sentenzas ditadas en 2016 o Concello santiagués implicaron pagar uns 600.000 euros adicionais. Fontes municipais agregan que outras dúas sentenzas correspondentes aos anos 2013 e 2014 suman 330.000 euros máis para Tralusa, compañía que, vén lembrando a oposición, segue a prestar o servizo mediante prórrogas tras a finalización do correspondente contrato polo atraso da nova concesión.

O Concello compostelán recordaba tamén esta semana que en 2016 chegaron dúas sentenza máis, nas que dous xulgados da cidade condenaron o Concello a devolver uns 395.000 euros, xuros incluídos, a dúas empresas inmobiliarias pola paralización dunhas obras no barrio do Castiñeiriño. 

Ambas sentenzas consideraran que a empresa municipal Emuvissa "incumpriu a obriga contractual" de urbanizar as parcelas "nun prazo razoable", polo que o xulgado atendeu a reclamación de resolver os contratos de compra dos predios asinados en 2010 e condenar o consistorio a devolver os cartos.

Conflito aberto co Adif cuns 10 millóns en xogo

Dende o Pazo de Raxoi advirten ademais de que a factura dos devanditos 3 millóns de euros derivados de sentenzas contra decisións orixinarias noutros mandatos aínda pode dispararse máis. Sucederá se o Goberno de España non accede a frear o proceso xudicial no que reclama uns 7 millóns de euros máis xuros polo incumprimento do convenio ligado á construción do viaduto ferroviario de Cornes.

O pacto, asinado en 1998, prevía que o Adif puidese desenvolver usos lucrativos -como comerciais ou de vivenda- en terreos da contorna das vías, preto da estación do tren santiaguesa. Para que isto sucedese, cumprían modificacións urbanísticas e outros procesos que nunca chegaron. 

Os usos lucrativos nunca se produciron e o ente estatal entende que, daquela, é o Concello o que ten que asumir o custo do viaduto cun montante total que, contando xuros, roldaría os 10 millóns. O consistorio discrepa no litixio tanto da argumentación como dos custos aludidos polo Adif."                        (David Lombao, Praza Pública, 12/01/19)

Una oleada de derribos amenaza las arcas de municipios costeros

"La reposición de la legalidad urbanística pone a los ayuntamientos contra la pared. Las sentencias judiciales firmes con ese objetivo, que pasa por anular licencias municipales y, subsiguientemente, ordenar la demolición de las obras ilegales, se convierte en una amenaza drástica para el funcionamiento económico de los municipios y, por extensión, para la economía civil generada por el anterior auge de la especulación inmobiliaria.

El alcance de esta amenaza se hace patente en A Guarda, el primero de los ayuntamientos sacudidos por los tribunales: su presupuesto no alcanza ni para la primera tanda de derribos por licencias mal concedidas, y aún hay más sentencias pendientes de ejecución. En esa tesitura se verán a corto plazo otros ayuntamientos, especialmente del sur de Pontevedra, sobre los que en los próximos meses, según fuentes jurídicas consultadas, caerá una oleada de sentencias de idéntico contenido. (...)

En los ayuntamientos la crisis del ladrillo ya ha provocado una merma drástica en sus ingresos por la concesión de licencias. Ahora, además, tendrán que afrontar los costes de la reposición de la legalidad urbanística, bien directamente o repercutiéndolos, allá donde proceda, sobre las empresas o particulares que promovieron las obras ilegales. Unas se realizaron sin licencia, otras recibieron licencias que contravienen la legislación vigente y otras, en fin, desbordan el marco de actuación de los permisos que recibieron. La reposición de la legalidad pasa a ser en todas ellas una responsabilidad municipal y, aunque nadie adelanta cifras, tampoco nadie duda de que tendrá una incidencia capital sobre las economías locales afectadas." (El País, ed. Galicia, Galicia, 15/12/2009, p. 1)

"En Vigo, con los recursos judiciales prácticamente ya agotados, se espera cruzando los dedos una sentencia inminente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que determinará si finalmente es factible la legalización, al amparo del nuevo plan general de urbanismo, de una urbanización condenada desde hace años a la demolición. Es la de Jacinto Benavente (el centro comercial de Toys'R'Us y 198 viviendas). De prosperar, abrirá posibilidades de permanencia al resto de las urbanizaciones ilegalizadas en el municipio (unas 1.500 viviendas en total); en caso contrario, señalará un paso más al derribo como destino inexorable de todas ellas. (...)

La legalización de estas urbanizaciones es la única alternativa que evitaría la bancarrota municipal, ya que todas fueron construidas con licencia y el ayuntamiento tendría que indemnizar a los promotores o propietarios. Sólo en la última de ellas, la de Finca do Conde, el coste de reposición de la legalidad supondría 300 millones de euros, lo que supera ampliamente el presupuesto municipal de los últimos ejercicios.

Estas tentativas para legalizar las urbanizaciones implican su adaptación, mediante las obras necesarias, a las condiciones que fija el nuevo plan general, aunque serán los tribunales los que determinen si se cumple en cada caso la transformación requerida. En Jacinto Benavente, punta de lanza de la eficacia jurídica que pueda alcanzar la adaptación, ésta se ha realizado con reformas factibles, como el rediseño de los aparcamientos para aumentar la dimensión de sus plazas. En otros casos, la adaptación se hace más complicada. Así sucede en Rosalía de Castro (800 viviendas), donde, al margen de otros aspectos también judicializados, su adaptación a la nueva normativa choca con la estructura de los edificios. Por su altura superior a 28 metros, el plan general obliga a que dispongan de dos cajas de escalera: sólo disponen de una y nadie ve manera de abrir el hueco de la otra." (El País, ed. Galicia, galicia, 15/12/2009, p. 2)

Una plaza pública cuesta un millón de euros en Salceda

"Una herencia del anterior alcalde amenaza con la ruina a Salceda.

La plaza Raíña Aragonta, emblema del nuevo Salceda de Caselas, iba a salirle gratis al Ayuntamiento, según las cuentas de José Manuel Fernández Rodríguez, Chicho, su alcalde durante más de 30 años, hasta el anterior mandato. La actual corporación local se ha encontrado con una orden de pago de un millón de euros por los terrenos expropiados para urbanizar la plaza, el 20% del presupuesto municipal. (...)

Salceda ha sido el municipio pontevedrés con mayor crecimiento relativo de población en la última década. Ha pasado de 6.019 a 8.100 habitantes, más de un 30%. Ha sido una de las alternativas baratas para la carestía de la vivienda en Vigo. En el casco urbano se han construido 2.200 pisos que revientan las redes de suministro, sin actualizar para las nuevas necesidades. Tampoco salvan de agobios las calles trazadas por los nuevos edificios, que apenas dejan sitio para aparcar.

La promotora de Chicho, Viviendas Caselas, construyó unos 300 de esos pisos, forzando en algunos casos las normas subsidiarias que mandan en el urbanismo local desde 1997 para ganar edificabilidad. La mayoría absoluta del PP impuso las modificaciones desde el Ayuntamiento que presidía Chicho. Ninguna de esas 2.200 nuevas viviendas fue registrada en el catastro municipal, ahorrando así a promotores y constructores el pago de tributos comunes.Ahora el gobierno local se encuentra con el desaguisado de la plaza Raíña Aragonta. Las normas urbanísticas la prefiguraron como zona verde de 8.500 metros cuadrados, en terrenos a expropiar. Los promotores pagarían el coste de las expropiaciones con los beneficios de un plus de edificabilidad, que se concentró en dos calles. A cambio de aumentar una planta en altura, abonarían 21 euros por metro cuadrado de más. En total fueron 14.880 los metros aumentados y 312.480 euros lo ingresado por las arcas municipales. Además, los promotores recibieron gratis el fondo edificable, que pasó de 20 a 25 metros. De nuevo, Viviendas Caselas, la promotora en la que participa el ex alcalde, es una de las beneficiadas, ya que ha construido la esquina, con más de 30 viviendas, de las dos calles que delimitan la plaza.

En tanto que destinada a zona verde, hubo propietarios que vendieron sus terrenos a 30 euros el metro cuadrado. Otros recurrieron al Xurado de Expropiacións de Galicia, que ha fijado, con intereses de demora, un justiprecio de 201 euros. Chicho, en el ayuntamiento evitó, por activa o por pasiva, recalificarlo y, como consecuencia, el Ayuntamiento habrá de pagar, si no prospera su recurso, más de un millón de euros por la que sería la plaza pública con el suelo más caro del país. A cada habitante le saldría por unos 180 euros. En su recurso el Ayuntamiento intenta que le resten al menos 700.000 euros para resistir la ruina." (El País, ed. Galicia, Galicia, 18/09/2008, p. 6)

Lo que cuesta la corrupción en Ourense: 100 millones para empezar

“El urbanismo del PP cuesta 100 millones a Ourense. El bipartito deberá expropiar nuevos terrenos para dotaciones no previstas.

(…) Arreglar algunas lagunas del planeamiento urbanístico, aprobado en 2003 con los únicos votos del PP y recurrido judicialmente por el PSOE, costará a los orensanos más de 100 millones de euros. La decisión del gobierno municipal del PP de recalificar el plan anterior, de 1986, multiplicando la edificabilidad a través de la construcción de numerosas torres, "sin prever zonas verdes, ni viales, ni equipamientos sociales" obliga ahora al bipartito a afrontar el pago de las expropiaciones necesarias para contar con esas dotaciones. (…)

El PXOM ahora en vigor obliga al gobierno local a expropiar prácticamente todos los sistemas generales. (…)

La situación urbanística que dejó el PP se plasma en sentencias condenatorias que obligan a indemnizar a particulares como consecuencia de las licencias irregulares concedidas en su día.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 07/04/2008, p. 5)

Alcaldes pedigüeños ¡Es que sin impuestos no hay bomberos!

“El BNG acierta plenamente en el diagnóstico cuando dice que el principal problema que limita la autonomía y capacidad de gobierno de los ayuntamientos gallegos es su insuficiencia de recursos financieros. (…)

Porque la construcción y mantenimiento de locales sociales, guarderías, pabellones y piscinas requiere alimento presupuestario. Y porque un alcalde pobre acaba convirtiéndose en un pedigüeño institucional y debiendo favores. (…)

Donde tengo más dudas es en que la solución propuesta sea la mejor. En síntesis, lo que se pide es que aumenten las transferencias del Estado a los ayuntamientos gallegos. Para ello se demanda la incorporación, con una ponderación significativa, de la dispersión poblacional en la fórmula de reparto de las transferencias, a costa de la variable esfuerzo fiscal. En la actualidad, el Estado transfiere más recursos a los ayuntamientos que hacen mayor esfuerzo. (…)

En segundo lugar, hay que insistir en que la actual insuficiencia de recursos de la mayoría de los ayuntamientos gallegos tiene por causa primera y principal la abstinencia fiscal. Los tipos impositivos que escogen la inmensa mayoría de los ayuntamientos en todos los tributos son los más bajos de España.

Y las tasas y precios públicos en cientos de ayuntamientos se sitúan a enorme distancia de los que se pagan en Extremadura o Andalucía, territorios con rentas familiares más bajas que Galicia. Los tributos propios no sólo otorgan recursos, también dan una autonomía que no acompaña a transferencias y subvenciones. Cualquier planteamiento serio sobre la forma de arreglar la insuficiencia financiera de los ayuntamientos gallegos debe poner en el centro de la reflexión a la tributación.” (SANTIAGO LAGO PEÑAS: Dispersión mental. El País, ed. Galicia, Galicia, 23/02/2008, p. 4)