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14/12/25

Milleiros de persoas rexeitan o modelo industrial da Xunta en Compostela: "Altri non se vai instalar na nosa terra, defenderémola ao prezo que sexa" Após 19 meses de mobilizacións, a capital da Galiza acolleu unha manifestación masiva que urxe o "feche definitivo" por parte da Xunta da tramitación dos seus dous "proxectos estratéxicos", Altri e a reapertura da mina de Touro-O Pino. "É un éxito absoluto", afirma a organización (Nós)

 "Unhas 80.000 persoas chegadas de toda a Galiza, segundo a organización, marcharon polas rúas de Santiago de Compostela este domingo convocadas pola Plataforma Ulloa Viva, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) e a Plataforma Veciñal contra a Mina de Touro-O Pino para manifestar o seu 'non' definitivo a Altri e mais á mina de cobre. "É un éxito absoluto após 19 meses de mobilizacións", sentenciaron.

5/12/25

Un hospital por año, el Juan Cardona, en Ferrol; el Polusa, en Lugo; y el Povisa, en Vigo: la conexión de Feijóo y Ribera Salud durante su última etapa en la Xunta... Galicia cuenta con siete áreas sanitarias, en todas ellas el Sergas deriva actividad a centros sanitarios privados (El Plural)

 "La presencia sobre el terreno en Galicia del grupo privado Ribera Salud experimentó un sólido crecimiento en los últimos años de Alberto Núñez Feijóo como presidente de esta comunidad autónoma. La compañía sanitaria se hizo entre 2019 y 2021 con los tres hospitales de los que dispone a día de hoy en el territorio gallego: el Juan Cardona, en Ferrol; el Polusa, en Lugo; y el Povisa, en Vigo. Tres centros de gran tamaño y con alta capacidad de atención a pacientes que se suman a las diez clínicas con las que cuenta en esta región.

Ribera Salud compró el Cardona y el Polusa en 2021 y 2020, respectivamente, mientras que el Povisa, que es el hospital de referencia para más de 100.000 pacientes en el área sanitaria de Vigo, lo adquirió en 2019. Este último, cuenta con una importante relación con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ya que, mediante conciertos, recibe una importante financiación de esta institución pública. Una financiación que hasta el 2025 era de 75 millones de euros anuales que se destinaban a la atención médica de las 140.000 adscritas al hospital Povisa, pero que este año se modificó para incrementar la partida económica que recibe Ribera Salud en este concierto, alcanzando casi los 100 millones de euros anuales a pesar de atender ahora a menos pacientes, concretamente a 116.000.

Antes de que Ribera Salud adquiriese el Povisa en el 2019, este hospital había pertenecido al grupo Nosa Terra XXI, encargado de la gestión de este centro sanitario, que contaba ya con concierto privado desde el Gobierno de Manuel Fraga, entre 1996 y 2019. El año previo a la venta, el 2018, la relación entre la Xunta y Nosa Terra XXI se tensó, al generarse discrepancias en las partidas económicas que recibía este hospital privado. De hecho, el centro sanitario llegó a solicitar el preconcurso de acreedores alegando pérdidas millonarias a las que se habrían dado lugar desde el año 2014. La venta a Ribera Salud se llevó a cabo en el 2019, año en el que el Sergas modificó el concierto y llevó a cabo una mayor inversión en el Povisa que implicaba asumir el suministro de medicación de dispensación ambulatoria y de alto impacto.

En total, Galicia cuenta con siete áreas sanitarias, en todas ellas el Sergas deriva actividad a centros sanitarios privados. Un modelo de atención que, como se hacía mención, ya implantó Fraga en 1993. Este modelo de Sanidad Público-Privada ha venido siendo objeto de críticas durante años en la región, gran foco de ellas ha sido el propio hospital Povisa del que han denunciado que cuente con menos personal que un centro público y que, además, según la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, tuvo un papel en la reducción de la cantidad de camas que se habían planteado para el hospital Álvaro Cunqueiro, este sí, de carácter público.

La preocupación mostrada por los defensores de la Sanidad Pública en Galicia se ha incrementado en las últimas horas, al haber salido luz un audio difundido por El País y en en el que Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud, daba la orden de retrasar las listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con el fin de obtener beneficios económicos y aumentarlo entre cuatro y cinco millones de euros. Declaraciones sorpresivas realizadas por parte del alto cargo de un grupo privado que gestiona hospitales pertenecientes a la Sanidad Pública y que es pagado por ello por parte de los gobiernos autonómicos.

Firmas nacionales e internacionales y cerca de 800 millones facturados

Ribera Salud tiene 69 sociedades repartidas por lo largo y ancho del país (Madrid, Galicia, Asturias, Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura), y fuera de las fronteras de España. Así las cosas, gestiona otros tres centros en Portugal (Galo Saúde Parcerías Cascais, Ribera Care Portugal, Laboratòrio Dra. Joana Vicente), además de haber creado una fundación, poseer una empresa tecnológica y su propia división de laboratorios; que reciben los nombres de Futurs y Ribera Lab, respectivamente. Ha llegado incluso a asesorar al Gobierno de Kuwait para levantar el segundo hospital público-privado del emirato.

Con una cifra de negocio de cerca de 800 millones de euros, según se desprende del informe financiero publicado por Vivalto Santé (matriz a la que pertenece el grupo) en su página web, Ribera Salud ha ido creciendo a base de talonario sobre todo tipo de establecimientos sanitarios. De esta manera, solamente en 2024 adquirió el Hospital MC Miraflores y dos policlínicas en Zaragoza, el Hospital de Covadonga y otra policlínica en Gijón, el centro médico Assistens en A Coruña u otro en L’Eliana (Valencia), entre otros, tal y como informa el diario Público.

En términos de plantilla, en España el número de profesionales asciende a 6.233 trabajadores, lo que supone casi una tercera parte de los 20.457 empleados de Vivalto Santé, lo que sitúa a nuestro país como su segundo mercado después de Francia. De hecho, en el Estado español Ribera Salud disfruta también de una filial bajo la denominación de Vivalto Santé Spain. En su caso, gestiona más de 1.200 plazas en siete centros de mayores en la Comunidad Valenciana.

A todo ello hay que añadir la sociedades que contempla en Portugal, Chequia, Eslovaquia o Suiza. Los beneficios alcanzaron en 2024 los 2.747 millones de euros en facturación y tuvo casi 60 millones de beneficios gracias al más de centenar de hospitales y clínicas con las que cuenta."                                (El Plural, 05/12/25) 

1/7/25

La operación que unió a Feijóo, Escotet y Currás. Dinero público, favores privados... la venta de Novacaixagalicia a un precio irrisorio marcó el inicio de una relación cargada de sombras, favores mutuos y ausencia de fiscalización real... la entidad se vendió a Banesco —grupo liderado por Escotet— por solo 400 millones. El resto lo cubría, de facto, el Estado... En la declaración de bienes de Feijóo, de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses? Uno de los episodios más simbólicos de la relación de Feijóo, Escotet y la compra de la fusión de las cajas gallegas, es el nombramiento de Marta Fernández Currás, exconselleira de Hacienda de Feijóo y artífice de la fusión de las cajas gallegas, como consejera del Deportivo de La Coruña, entidad controlada por Escotet... Currás representa un ejemplo de puerta giratoria perfectamente trazada: de gestora de la operación pública que abrió las puertas a un comprador privado, a consejera retribuida del entramado societario del comprador. La falta de fiscalización y la normalización de estos movimientos convierten este tipo de dinámicas en parte estructural del poder gallego (Cristina Papin Marcote)

 "La historia económica reciente de Galicia no puede entenderse sin el nombre de Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano que se hizo con las antiguas cajas gallegas bajo la bendición política de su amigo, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En 2013, en medio de un contexto de crisis bancaria y rescates públicos, la venta de Novacaixagalicia a un precio irrisorio marcó el inicio de una relación cargada de sombras, favores mutuos y ausencia de fiscalización real. 

Una operación política disfrazada de solución financiera. La fusión de Caixa Galicia y Caixanova en Novacaixagalicia derivó en una entidad inviable que fue rescatada con más de 9.000 millones de euros del erario. Pese a este coste descomunal para los contribuyentes, la entidad se vendió a Banesco —grupo liderado por Escotet— por solo 400 millones. El resto lo cubría, de facto, el Estado. Feijóo defendió esta operación como 'la mejor posible', pero nunca se convocó una comisión de investigación parlamentaria ni se valoraron ofertas alternativas con mayor transparencia. El proceso dejó abierta la sospecha de que las condiciones de venta favorecieron deliberadamente al grupo venezolano. 

Escotet no era un desconocido en el mundo financiero latinoamericano. Fundador del grupo Banesco, su trayectoria ha estado ligada al uso de sociedades offshore, estructuras fiduciarias en paraísos fiscales como Bahamas, Panamá, Malta o Miami. Los 'Bahamas Leaks' lo señalan como propietario de cuentas millonarias en HSBC Ginebra. Sin embargo, en España no se ha confirmado si declaró estas sociedades en el Modelo 720, como exige la ley fiscal para residentes. 

El papel de Feijóo en esta historia no termina con la venta de las cajas a su nuevo amigo. Pasó de regulador a inversor. En su declaración de bienes de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. Aunque no posee acciones directas, su implicación económica con la entidad que él mismo permitió consolidar es evidente. Esta relación no ha sido suficientemente cuestionada ni por el Parlamento ni por los medios afines. Abanca es también el principal apoyo financiero de la Xunta de Galicia. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses?

A pesar de su perfil opaco, Escotet fue acogido sin reservas por el Gobierno del señor Feijóo, que incluso facilitó la creación de una universidad privada bajo el paraguas de Abanca. En Galicia, la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) —conocida como la universidad privada de Abanca— ha sido defendida desde la Xunta como un “proyecto de futuro”. Sin embargo, los pasos que condujeron a su aprobación reflejan más una estrategia política al servicio de intereses financieros que una necesidad educativa real.

La Xunta, bajo el liderazgo del Partido Popular gallego, impulsó desde 2021 la transformación de la antigua escuela de negocios IESIDE en una universidad con pleno reconocimiento académico. Para lograrlo, obtuvo informes favorables del Consello Galego de Universidades y de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Incluso el Ministerio de Universidades emitió un informe positivo en 2024, aunque con muchas reservas sobre futuras exigencias legales.

No obstante, estos avales contrastan con el informe claramente desfavorable del Consello Económico e Social de Galicia, que advirtió de las graves carencias del proyecto: ambigüedad en la oferta académica, escaso encaje en la normativa universitaria vigente y una estructura más cercana a una escuela de negocios que a una universidad con vocación investigadora y pública. Abanca es un grupo financiero que ha crecido en influencia institucional en Galicia con el beneplácito de la Xunta. La creación de una universidad bajo su control afianza su posición en el tejido económico y educativo gallego.

Pese a las alertas de universidades públicas como la Universidad de Santiago y la Universidad de Vigo por la duplicación de grados como Derecho o Empresa, la Xunta sostuvo que la UIE ofrecía una “perspectiva empresarial diferenciada”. Pero detrás de esta justificación se oculta una lógica de privatización encubierta: mientras se congelan plazas públicas y se recortan medios en campus tradicionales, se facilita el desembarco de un operador privado con vínculos políticos evidentes. 

 No se ha celebrado una sola comisión parlamentaria para revisar el procedimiento. Las protestas del profesorado universitario fueron ignoradas. Las demandas de transparencia sobre el proceso de autorización se despacharon como ataques ideológicos. La UIE no nace del consenso ni de una necesidad del sistema universitario gallego, nace del poder de una entidad financiera con fuertes lazos con el poder político, especialmente con Feijóo y su entorno. Los informes favorables existen, pero también los que fueron desoídos. La pregunta clave no es si la UIE cumple la ley, es por qué se le construyó una ley a medida. Y para quién.

Uno de los episodios más simbólicos de la relación de Feijóo, Escotet y la compra de la fusión de las cajas gallegas, es el nombramiento de Marta Fernández Currás, exconselleira de Hacienda de Feijóo y artífice de la fusión de las cajas gallegas, como consejera del Deportivo de La Coruña, entidad controlada por Escotet desde julio de 2024. Abanca es dueña de la práctica totalidad de las acciones. 

La incorporación de Currás al consejo de administración del club de fútbol de la ciudad herculina –donde Feijóo ya posee vivienda propia, comprada en el año 2023 en una de las mejores zonas de A Coruña– tiene una remuneración de 252.000 euros anuales y es vista por muchos como una forma de retribución política por los servicios prestados. El Deportivo, lejos de su época dorada, se ha convertido en un satélite institucional de Abanca, con poca transparencia y una alta concentración de poder.

¿Por qué no se ha investigado el entramado financiero de Escotet? ¿Qué consecuencias éticas tiene la inversión personal de Feijóo en Abanca? Sin fiscalización ni rendición de cuentas, Galicia y España siguen sin saber dónde acabó realmente el dinero público, ni quién se benefició verdaderamente de su dispersión.

La figura de Marta Fernández Currás se ha consolidado en la encrucijada entre la política, las finanzas y las élites deportivas. Su trayectoria desde la Xunta gallega hasta el consejo del RC Deportivo, bajo el mando de Juan Carlos Escotet, revela una trayectoria político-técnica plagada de favores cruzados que exige un escrutinio más riguroso.

Elegida conselleira de Hacienda en 2009 por Alberto Núñez Feijóo, Currás lideró desde la Xunta la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, convertida en Novacaixagalicia en 2010. Sin embargo, el proceso no estuvo libre de sombras. Una comisión parlamentaria solicitó su comparecencia en 2013, que ella rechazó aduciendo su entonces cargo de secretaria de Estado de Presupuestos del gobierno de M. Rajoy. Mientras tanto, informes como el de KPMG apuntaban a que la operación favoreció una línea única sin contrastar alternativas ni evaluar los riesgos reales de la concentración bancaria.

La imagen de Currás al firmar el acuerdo fue elevada a símbolo de estabilidad, pese a que años después el rescate costó 9.000 millones al erario. La narrativa oficial omitió análisis sobre las consecuencias sociales, las condonaciones fiscales o los errores estructurales que precipitaron el colapso de las cajas.

Su llegada al club de fútbol se justificó como refuerzo institucional y de control financiero. Pero pocos olvidan que la misma persona que impulsó la fusión que benefició a Juan Carlos Escotet ahora ocupa un puesto en el entorno empresarial que controla. 

El caso de Marta Fernández Currás representa un ejemplo de puerta giratoria perfectamente trazada: de gestora de la operación pública que abrió las puertas a un comprador privado, a consejera retribuida del entramado societario del comprador. La falta de fiscalización y la normalización de estos movimientos convierten este tipo de dinámicas en parte estructural del poder gallego.

Currás aportó a la Xunta su experiencia como inspectora de Hacienda y su perfil técnico. Pero el uso de su posición para estructurar decisiones estratégicas en beneficio de terceros privados plantea serios interrogantes. ¿Hay separación real entre interés público y retribución futura? ¿Debe aceptarse como normal que la alta administración termine en consejos financiados por las mismas entidades a las que dio acceso institucional privilegiado?

El silencio institucional en torno a estos casos es clamoroso. Ni el Parlamento de Galicia bajo el yugo de la mayoría absoluta del Partido Popular, ni los órganos reguladores han abierto investigaciones. La ciudadanía aún no conoce los detalles reales de la operación. El caso Currás-Escotet-Feijóo exige un ejercicio de rendición de cuentas urgente por parte del líder de la oposición, antes de que estas prácticas sigan desdibujando los límites entre lo público y lo privado.

Otra amistad “peligrosa” más que añadir a la lista del señor Feijóo. " 

(Cristina Papin Marcote , InfoLibre, 30/06/25)

23/3/25

Altri y el sistema del eucalipto incentivan la despoblación de la Galicia rural... El trato consiste en que el paisano cede su parcela de terreno a la macrofábrica, que lo explota -es decir, planta eucaliptos-, a cambio de una parte de los rendimientos... "Es un engaño, porque estamos regalando por un puñado de euros nuestro recurso más valioso. Como sociedad, nos estamos empobreciendo para enriquecer a grandes compañías extractivas que no devuelven nada al territorio"... Dos millones y medio de toneladas de eucalipto al año es lo que necesitará la macrofábrica de celulosa... se cultivan 5,5 millones de toneladas de este árbol en una extensión de 400.000 hectáreas en Galicia... "Haría falta plantar más para satisfacer la demanda de un sistema que ya de por sí no es sostenible" (Laura G. de Rivera)

 "Cuidamos de tu monte", anuncia la empresa Ence, dedicada a fábricas de celulosa que se nutren de plantaciones de eucaliptos en suelo gallego. "Lo que están diciendo, en realidad, es: Déjanos tu monte, nosotros lo trabajamos y tú vete a la ciudad", dice a Público Jaime Fagúndez profesor de Botánica en la Universidade da Coruña (UDC) y en el Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales (CISPAC).

Fábricas devoradoras

Ocupación del área rural

27/1/25

Una comunidad de montes vence al Celta de Vigo y frena la construcción de un centro comercial y un estadio.. Los comuneros de Tameiga consiguen torcerle el brazo a la empresa de Marián Mouriño y accede a renunciar al 99% del terreno que intentaba ocupar con una ciudad deportiva que el pueblo rechazó con grandes movilizaciones

"El pasado domingo 26 de enero, los comuneros y comuneras de Tameiga (Mos, Pontevedra), aprobaron en asamblea un acuerdo histórico. Han conseguido torcerle el brazo al Celta de Vigo y negociado que la empresa frene la construcción de un centro comercial, un pabellón, un estadio para 5.000 personas y un enorme aparcamiento en sus terrenos mancomunados.

Tras siete años de luchas incesantes, la Comunidade de Montes e Veciños en Man Común de Tameiga votó mayoritariamente a favor de la nueva delimitación del proyecto conocido como GS360 de la empresa de Marián Mouriño en lo que afecta a los terrenos de la parroquia. La directiva había llegado a un preacuerdo con el Celta que el pasado domingo fue ratificado por el órgano decisor de la comunidad: la asamblea de los vecinos y vecinas comuneras.

Este acuerdo establece que el Celta renuncia a ocupar suelo de Tameiga en casi toda su totalidad. De las más de 150 hectáreas amenazadas por el proyecto GS360 al comienzo del proyecto, el club finalmente se quedará con un total de apenas 1,5 hectáreas de propiedad comunal: alrededor de un 1% de lo planteado. De estas, una hectárea corresponde a la parcela actualmente ocupada por las instalaciones de Viveiros Adoa. Los 5.000 metros cuadrados restantes estarán destinados a la ampliación de un tramo de la carretera contigua (EP-2605) y a la construcción de dos rotondas.

Además, la no ocupación de los terrenos forestales en Tameiga reduce drásticamente las afectaciones a varias traídas de agua inicialmente perjudicadas, una reclamación prioritaria para las vecinas y vecinos de esta parroquia de Mos.

“Para nosotros, es un gran logro”, celebraba el domingo el presidente de la Comunidade de Montes, César Lago, que añadía: “Tras siete años de movilización vecinal, hemos conseguido preservar el monte comunal y proteger las traídas de agua que abastecen a unas 5.000 personas”. “A partir de ahora, seguiremos trabajando para que las obras del Celta afecten lo menos posible tanto a la cantidad de agua disponible como a su calidad”, remataba.

Con la aprobación de la propuesta por parte de los vecinos comuneros de Tameiga, la Comunidad de Montes no continuará con las acciones legales contra el Celta y el proyecto GS360, a cambio de que el club de fútbol vigués se comprometa a no ocupar nunca en el futuro terrenos del monte vecinal de Tameiga."         ( Javier H. Rodríguez , El Salto, 27/01/25)

17/12/24

Divide e ocultarás: ¿Cómo se fraccionan contratos na Xunta de Galicia?

 "A Xunta de Galicia ten varias frontes abertas desde o informe do Consello de Contas de Galicia relacionado co hospital Álvaro Cunqueiro. A partir de aí, as acusacións por presuntas irregularidades en contratacións contra o goberno autonómico do PP foron incrementándose. As forzas da oposición parlamentaria iniciaron unha batería de cuestionamentos á Xunta sobre o abuso da contratación menor, a “sospeitosa” adxudicación a determinadas empresas como o caso Eulen, onde a irmá de Alberto Núñez Feijóo, Micaela, é a directora para a sección Noroeste de Eulen. Así, o BNG solicitaba o pasado mes de setembro a comparecencia de Alfonso Rueda e o seu predecesor na Xunta, Núñez Feijóo, para explicaren as contratacións concedidas a esta empresa. Ningún dos dous responsables políticos aclararon nada e parece que as explicacións poden tardar. Aínda así, tanto BNG como PSdeG insisten na comparecencia tanto do presidente como do expresidente na comisión parlamentaria que arrinca o venres 4 de outubro.

FRACCIONAMENTO: É LEGAL?
O fraccionamento de contratos é algo que se pode realizar sempre e cando ese fraccionamento sexa factible e poida beneficiar a varias empresas. Pola contra, están as prestacións que non serían segmentables en principio e con todo, acaban realizándose adxudicacións discrecionais (a dedo). Isto tradúcese nunha falta de concorrencia competitiva entre diferentes empresas que podería levar a prezos máis baixos e que as adxudicatarias poidan facer máis investimentos.

O último informe do Consello de Contas de Galicia falaba de fraccionamentos en contratacións sen contraprestación por parte das empresas contratadas. Un dos entes “favorecidos” era o Consorcio Galego de Benestar e Igualdade “que adxudicaba contratos por períodos dun mes para a limpeza de escolas infantís, impedindo a concorrencia doutras empresas” di o deputado do BNG, Iago Tabarés.

Todas as entidades e consellerías realizan contratacións menores: as que non superan 15.000 euros para servizos e obras por debaixo dos 40.000 euros. Entes e consellerías realizan este tipo de contratacións, mesmo fraccionándoas, todo por axilizar puntos como a compra de material funxible, reparacións, etc. Porén, “a transparencia é nula, o Portal de Contratación non ofrece os mesmos datos que o de Transparencia e, por outra parte os contratos a dedo supoñen o 40% do total de contratacións autonómicas” di Patricia Iglesias, deputada do PSdeG.

Un gráfico mostra como o contrato menor xa era case o 35% da contratación por parte da Xunta. “Logo temos datos como un 10% de negociación sen publicidade e un 3% de procedementos de urxencia” apunta Tabarés.

POÑER COUTO
A situación é tan preocupante en toda a Unión Europea que se aprobaron as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello da Unión Europea 2014/233/UE e 2014/24/UE. As mesmas foron trasladadas ao Estado español na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP). Por outra parte, a lexislación do Estado prohibe tanto favorecer intereses privados (contratacións a dedo ou discrecionais) así como “Non poderá fraccionarse un contrato coa finalidade de diminuír a contía do mesmo e eludir así os requisitos de publicidade ou os relativos ao procedemento de adxudicación que corresponda”, di o artigo 99.2 da dita lei.

O obxectivo de toda esta normativa era ir acurralando o uso e abuso da contratación menor e evitar a discrecionalidade. “O risco está cando se fraccionan grandes contratacións noutras máis pequenas para non ter que sacar unha licitación ou concurso” di Iglesias. A licitación necesita de mesas de contratación, procedementos regrados e publicar pregos, isto é, investir tempo e diñeiro, o fraccionamento aforra todo isto.

Volvendo ao caso da empresa de limpeza apuntada por Tabarés, no Portal Galego de Transparencia aparecen as contratacións do servizo de limpeza en varias escolas infantís. Ditas contratacións son por un período dun mes “cando a limpeza dun centro non se fai un mes por ano senón durante todo o ano”. A adxudicataria é a empresa multiservizos Eulen.

Dato rechamante é que dentro do Portal de Transparencia, a sección “Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados”, teña como último ano rexistrado o 2022. “Por outra parte, neste Portal da Xunta temos que baixar os pdf un a un cando, por exemplo, existen administracións locais con servizos telemáticos semellantes máis áxiles” di Iglesias.

A necesidade de parar a contratación discrecional levou á UE a aprobar unhas directivas que se adaptaron á lexislación española. O obxectivo era frear o abuso da discrecionalidade, porén, no caso galego esta práctica continúa sen ningún freo aínda que entes como o Consello de Contas de Galicia sinale irregularidades sobre estes usos. Tamén está a obsolescencia dos portais web que, ou están sen actualizar ou fan complicado o acceso aos datos de contratación."                   ( Moncho Mariño, Galicia Confidencial , 27/10/24)

24/11/24

Nuevo escándalo en Galicia con las adjudicaciones a dedo del PP: más de 800.000 euros a una empresa vinculada a altos cargos del partido

 "Al sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y las adjudicaciones de la Xunta de Galicia a Eulen, la empresa que dirige en esa región la hermana del hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se suma ahora un nuevo escándalo, el de 66 contratos a dedo por más de 800.000 euros, que, según denuncia el Bloque Nacionalista Galego, fueron a parar a una empresa vinculada a altos cargos del PP

El viceportavoz parlamentario de esta formación y miembro de la comisión de investigación de los contratos bajo sospecha del Ejecutivo autonómico, Luis Bará, ha sido el que ha alzado la voz sobre este nuevo caso de "trato de favor " y "nepotismo". En concreto Bará hace referencia a 87 contratos por valor de casi un millón de euros entre los años 2018 y 2023 a la empresa Dos Espacios Internet Consulting SL, en la que actualmente trabaja un hermano de la exdirectora de la Agencia de Turismo, Nava Castro, hoy alcaldesa de la localidad de Ponteareas. 

Estando ella al mando de este organismo, la empresa anteriormente citada se hizo con 66 adjudicaciones por un valor total de 816.000 euros, con una media por contrato de 12.300 euros. En estas contrataciones también tuvo "participación clave", denuncia el BNG, Emilio de la Iglesia, entonces gerente de la agencia y quien, posteriormente, fue compensado con el cargo de director general del Gabinete Técnico de la Presidencia.

 “Tanto el nombramiento de Nava Castro como el de Emilio de la Iglesia son responsabilidad directa de Rueda”, recalca el diputado nacionalista, que recuerda, además, que estos dos cargos son "personas de máxima confianza y forman parte del círculo de colaboradores más directos" del jefe del Ejecutivo gallego, que es presidente del consejo rector de la Agencia Gallega de Turismo. 

Bará ya ha anunciado que su partido pedirá la comparecencia en el Parlamento autonómico del actual director de la Agencia,  Xosé Merelles, así como del propio Emilio de la Iglesia para que den explicaciones por lo que consideran un ejemplo "especialmente escandaloso de cómo se drena una gran cantidad de recursos públicos a empresas amigas del PP que tienen acceso privilegiado a las contrataciones públicas". 

Desde la formación nacionalista apuntan algunos "datos sospechosos" como que todos los contratos de Turismo con Dos Espacios Internet Consulting SL tienen la duración de ejecución fijada en un mes y un importe por debajo de 18.000 euros, que es el máximo fijado para los contratos menores. 

 Asimismo en la lista de adjudicaciones, precisan desde el BNG,  queda claro que hay "una fragmentación de algunos contratos" que, tienendo el mismo objeto, pueden así ser considerados menores. De este modo "se puede escoger la empresa adjudicataria a dedo, sin tener que ir a un procedimiento abierto con otras empresas", advierten. Esto supone, subrayan, un claro perjuicio para el resto de pymes del país, que se quedan exluidas por "puro nepotismo". 

Adjudicaciones en fechas "muy llamativas"

A todo esto, hay que añadir otro aspecto que llama la atención, las fechas que figuran en la web de contratos menores de la Xunta. En Nochebuena de 2021 se registra una "actividad frenética" con esta empresa, con una adjudicación a dedo de 7 contratos por importe de 115.585,5 euros.

Lo mismo sucede un año después, en 2022, justo antes de Fin de Año. Entre el 29 y el 30 de diciembre Dos Espacios Internet Consulting SL recibe un total de 9 contratos a por una cantidad de 96.951 euros. 

Otro aspecto llamativo es que muchos de los importes son idénticos, hasta el último decimal, cuando el objeto de contrato es diametralmente distinto. El BNG pone el ejemplo de cuatro contratos, todos ellos consecutivos, de 17.545 euros cada uno, de otros cuatro, tres también consecutivos de 11 11.737, dos de 16.788,75  y otros dos de 17.968,50. "Distinto objeto de contrato, pero idéntico importe", incide Luis Bará.

 El diputado nacionalista insiste en que es "muy sospechoso" que el  30 de diciembre de 2022 se adjudique un contrato para actuaciones que, supuestamente, se hicieron a lo largo de ese año, adjudicaciones que tenían como fin la "coordinación, organización y reuniones del BIC Plan Nacional 2021". 

“Parece que, en la parte final del año, habiendo dinero para gastar, se busca a una empresa de confianza para adjudicar contratos que no sabemos si se llegaron a ejecutar realmente y entre los que, además, hay cantidad de duplicidades en el objeto de la adjudicación.,"Muchas veces es prácticamente idéntico, casos claros de fragmentación”, puntualiza. 

Pagos por eventos que nunca se celebraron 

Bará pone el foco también en que Nava Castro, ya en su cargo de alcaldesa de Ponteareas, ha contratado a esta misma empresa. "A finales de 2023 le pagó una factura de diez mil euros por unos trabajos de coordinación y organización de un evento que no se llegó a celebrar" lamenta. 

En la misma línea actuó su predecesora en el cargo. "Uno de los hermanos de la exdirectora de Turismo, Antonio Castro Domínguez, trabaja actualmente en Dos Espacios Internet Consultin SL y es propietario de una empresa que comparte sede en Madrid con esta misma compañía. "Está claro el vínculo, la relación y los intereses comunes que se dan, en este caso entre la familia Castro y esta empresa", indica.

El BNG solicitará toda la documentación

En base al artículo 9, el BNG ya ha avanzado que solicitará toda la documentación relacionada con los contratos de la Agencia de Turismo para que todos lo sgallegos sepan la verdad de los "chanchullos" de la Xunta. "Por mucho que lo inente, el PP no va a conseguir impedir que hagamos nuestro trabajo y destapemos las irregularidades de la tramitación de unos contratos que han beneficiado a empresas amigas", recalca. "Lo haremos dentro o fuera de la Comisión de Investigación, pues tenemos la sensación de que estamos solo en la superficie, en la punta del iceberg", zanja."                  (Teo Leres , El Plural, 16/11/24)

30/10/24

Pacientes oncológicos abandonados en Galicia mientras sigue llegando el maná de los contratos a la empresa de la hermana de Feijóo... El Estado de bienestar se va a pique en una comunidad autónoma donde hace tiempo gobierna el liberalismo más cruel, la privatización a calzón quitado y el enchufismo, que es tanto como hablar de caciquismo en pleno siglo XXI

 "Prosigue el escándalo de las adjudicaciones de contratos de la Xunta de Galicia a la empresa de la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Lo último que se ha sabido es que la Xunta de Rueda adjudicó más de 17 millones de euros en dos años a la mercantil en la que trabaja la familiar del político conservador, según informaciones de Público. Desde que el actual presidente del PP ganó las elecciones autonómicas de 2009, la Administración gallega ha asignado a Eulen 54 millones, más del doble que a las otras dos compañías líderes del sector de la seguridad en España. Contundente dato.

La prensa opositora al régimen del PP sigue tirando del hilo, o sea del chorreo o maná de las adjudicaciones a Eulen, que en los últimos años han regado generosamente a la familia del presidente popular. Ahora que empieza a saberse que la mayoría de los contratos iban a parar a esta compañía –pese a que quizá no era la oferta más eficiente y barata para las arcas públicas, sino más bien al contrario, generalmente era la más cara–, se entiende por qué algunos servicios públicos gallegos están bajo mínimos, cuando no en la quiebra y sin inversión. ¿Ha habido despilfarro en la Xunta o cuando menos un manejo demasiado alegre de los fondos de los contribuyentes? Alguien debería abrir una auditoría para examinar cómo, cuándo y dónde se han adjudicado las contrataciones. Y sobre todo por qué no se siguieron determinados concursos públicos, si es cierto que se trocearon contratos para poder adjudicar a dedo, en definitiva, si se cumplió la ley.

Pero mientas se aclara todo eso, los servicios públicos que sostienen el Estado de bienestar siguen resintiéndose de la pésima gestión económica. Según publicó el Diario.es en marzo de 2024, “la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, ha denunciado ante la Valedora do Pobo el retraso en las revisiones a pacientes oncológicos que, en algún caso, alcanza ya los ocho meses”. Por lo visto, el hospital público de referencia en la capital gallega –dirigido por Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo– culpa de esta situación a un “reajuste del personal que está afectando temporalmente a su capacidad para realizar estas consultas”, siempre según el citado medio de comunicación.

“Acompañados por un grupo de quince pacientes de cáncer, los representantes de la entidad han presentado una queja colectiva por la suspensión sine die por parte de la gerencia y el Servicio de Oncología del CHUS de las consultas externas de control, seguimiento y evaluación” para estas personas, recogía el Diario.es. Previamente, durante el fin de semana, la Asociación distribuyó un vídeo con los testimonios de cuatro pacientes afectadas. Belén, operada en octubre de 2021 está pendiente de revisión desde noviembre, lo que le está provocando problemas de salud mental “porque estoy a tratamiento en psiquiatría”. “Me parece una vergüenza”, asegura mientras relata que sus reclamaciones encuentran siempre lo mismo, una “respuesta automática”. María esperaba su primera revisión el 15 de octubre, pero a día de hoy sigue sin tener “a la vista ningún tipo de cita”. “Me siento abandonada y quisiera saber lo que sucede para estar tanta gente en esta situación”. A Esther le tocaba en febrero, así que es quien menos lleva aguardando de las cuatro. “El personal del hospital está tan perdido como nosotros. Ante las reclamaciones y las preguntas que haces no saben qué contestar”. Asegura que le dejaron “ver” que “no soy una persona prioritaria, porque tengo la suerte de tener un cáncer bueno, si eso existe, así que tengo que esperar” ya que “no dan fechas aproximadas ni nada por el estilo”.

De modo que mientras Feijóo coloca a familiares en puestos de alta responsabilidad (incurriendo en un caso de nepotismo o clientelismo familiar), los servicios públicos gallegos, como el vital servicio de salud, siguen deteriorándose, cuando no hechos unos zorros. El Estado de bienestar se va a pique en una comunidad autónoma donde hace tiempo gobierna el liberalismo más cruel, la privatización a calzón quitado y el enchufismo, que es tanto como hablar de caciquismo en pleno siglo XXI."               (Marcos lópez, Diario16, 24/08/24)

9/10/24

La crisis en la Televisión de Galicia desemboca en la primera huelga indefinida de su historia... Protestan por la externalización de programas a productoras privadas, una gota más en una crisis que ha llevado a una parte de la plantilla a manifestarse cada viernes desde 2018 contra las injerencias de la Xunta del PP en su trabajo, y por el acoso laboral a una trabajadora crítica por el que está imputada la cúpula de la compañía (Sonia Vizoso)

 "Por primera vez en sus 39 años de vida, la radio y la televisión autonómica de Galicia están inmersas en una huelga indefinida. Arrancó este lunes con unos servicios mínimos que los trabajadores impugnarán por considerarlos “abusivos”. Protestan por la externalización de programas a productoras privadas, una gota más en una crisis que ha llevado a una parte de la plantilla a manifestarse cada viernes desde 2018 contra las injerencias de la Xunta del PP en su trabajo. Van 333 venres negros en la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) y el Gobierno gallego no ha hecho el más mínimo amago pacificador, ni antes con Alberto Núñez Feijóo al frente ni ahora con Alfonso Rueda. Al contrario. Los paros, de hora y media en días alternos, se producen mientras Rueda tramita una ley que elimina los órganos internos de protección de los periodistas que preveía la anterior norma y permite al PP nombrar a dedo al director general del ente. Y también en plena instrucción de un presunto caso de acoso laboral a una trabajadora crítica por el que está imputada la cúpula de la compañía.

La protesta ha impedido la emisión completa de la programación, aunque la dirección de los medios de comunicación públicos de Galicia cuantifica el seguimiento en un 32,5%. Un centenar de personas se ha concentrado ante la sede de la compañía en Santiago, una protesta a la que ha asistido la presidenta de la Federación Europea de Periodistas, Maja Sever. “La dirección de la CRTVG obvia la jurisprudencia al respecto de lo que consideran informaciones esenciales en un contexto de huelga para evitar que el esfuerzo y la reclamación de las trabajadoras huelguistas tengan repercusión pública impactando en la programación habitual”, critica el comité de huelga sobre los servicios mínimos.

 El detonante de la huelga ha sido la sustitución de A Revista, un histórico magacín diario estrenado hace casi tres décadas, dependiente de los servicios informativos y de producción propia, por un programa encargado a una productora privada. Según el comité de empresa, O Termómetro, que este lunes no se ha podido emitir íntegramente debido al paro, tiene “un formato casi idéntico” con “los mismos colaboradores” pero se emite en coproducción con Setemedia, SL y Papaventos, SL, esta última filial gallega de la empresa de ámbito estatal La Cometa. Los representantes de la plantilla denuncian que este trasvase de trabajo a manos privadas “multiplica injustificadamente el gasto público” (cada programa costará 16.000 euros, subrayan, más de un millón por temporada) y traslada a “afines al Gobierno del PP el relato de lo que ocurre en Galicia”.

La dirección de CRTVG sostiene que la sustitución de un programa de producción totalmente propia por una coproducción con empresas privadas no va a provocar “ahora o a futuro” un recorte de puestos de trabajo. O Termómetro, esgrime, nace de un “sistema de coproducción ya usado en múltiples ocasiones en la TVG y sigue el mismo esquema utilizado en la actualidad por TVE y el resto de canales autonómicos”.

 Esta semana los trabajadores están llamados a parar entre las 11.30 y las 13 horas también el miércoles y el viernes. La convocatoria aprobada en asamblea establece que si después de los cuatro primeros paros “no hay avances” hacia un acuerdo con la dirección del ente, la huelga se convertirá en indefinida a partir del 16 de octubre.

La protesta coincidirá este miércoles con un nuevo paso en la instrucción judicial del presunto acoso laboral a una de las trabajadoras que protestan en los venres negros. Declarará como investigado el actual director de Recursos Humanos de la compañía y, el jueves, les tocará el turno de comparecer ante la jueza al subdirector de Informativos y al responsable de Seguridad y Salud. En total son nueve los directivos imputados, entre ellos el aún director general nombrado por Feijóo en 2009, Alfonso Sánchez Izquierdo. La denunciante asegura en su querella que desde 2018, cuando arrancaron los venres negros, ha sido sometida en la compañía a una persecución tolerada e incluso alentada por estos cargos directivos, con jornadas enteras sin tarea, encargos a última hora, ninguneos y trato degradante."    (Sonia Vizoso, El País, 07/10/24)

8/10/24

A tarifa eléctrica da empresa privado-pública “Recursos de Galicia”, como foguete retórico-propagandístico para despistados pode funcionar... a Xunta só se reservou o 30 % do capital, o 70% é privado... de ENCE, Pérez Rumbao, Gadisa, Finsa, Abanca, Rianxeira, Megasa... os amigos da Xunta, para os amigos

 "Vén de divulgarse unha iniciativa da Xunta de Galicia para abrir camiño a unha tarifa da luz favorable a determinados consumidores da man da empresa “Recursos de Galicia”. Creo que procede, daquela, saber algo desta empresa protagonista e, feito isto, desta iniciativa de alcance tan popular (pois seica dicir populista sería algo negativo).

Hai un ano púxose a andar esta empresa “Recursos de Galicia” segundo informaba a Xunta de Galicia. Na web da empresa na actualidade temos información relevante de quen ten a maioría do seu capital (70 %), xa que a Xunta só se reservou o 30 %, (...)

Tratándose de xestionar os recursos de Galicia (enerxéticos, naturais, agrarios, forestais, …) chámanme a atención dúas cousas de trazo groso, que como se vai ver teñen moito que ver con esta primeira iniciativa de tarifa eléctrica popular.

Que non estean presentes as grandes empresas que viñeron capturado a maioría das concesións hidroeléctricas (Naturgy, Iberdrola, Endesa, …) do país dende épocas franquistas ata hoxe, e que agora están a facer o propio coas concesións eólicas. Porque estes son os xeradores masivos e dominantes de electricidade con fontes renovables e limpas do país. E sorprende isto, e vou coa segunda, porque si está presente ao menos unha grande empresa (ENCE)  da galaxia Ibex que supón dende hai décadas unha demanda masiva da eucaliptización do país (Lourizán e Navia), e que podería sentar un precedente tóxico (nunca mellor dito) para que Altri moi cedo (esperemos que non) tamén forme parte dos xestores dos recursos (naturais) de Galicia en compañía da Xunta.

De xeito que a mesma Xunta de Galicia que ten entregado a inmensa maioría dos recursos eólicos as grandes empresas, a mesma Xunta que non foi quen de facer que as concesións hidroeléctricas históricas revertesen nunha empresa pública de xeración, a mesma Xunta que reduciu a figura dos “parque singulares” (municipais) a un papel residual no noso sistema eléctrico, … agora cae do guindo e promete unha tarifa benevolente.

Primeiro entregamos a xeración aos grandes negociantes privados e agora vendemos bo rollo na distribución. E facémolo dende unha empresa benevolente privado-pública. Cando si algo se sabe no Reino de España e que os que controlan a xeración son os que mandan na tarifa. E estes non están en “Recursos de Galicia”.

Como foguete retórico-propagandístico para despistados pode funcionar. Pois ben sabe esta tropa e os seus asesores que dende a oposición se vén reclamando unha “tarifa eléctrica galega” (claro está que co respaldo dunha empresa eléctrica cento por cento pública). E pode que tamén de todo o que por caso o que subscribe ten reclamado no seu día (Nós diario de 25.11.2023) ao fío da tramitación do “Anteproxecto de lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia” (Xunta de Galicia, 2023) que foi unha recente, e patética ocasión, para avaliar en detalle como os publicistas desta “tarifa galega” procuran, ou non, optimizar o benestar social e a conservación dos recursos do país. O que sí está claro que procuran é enredar."

(Albino Prada, Tempos Dixital, 08/10/24)

24/9/24

Feijóo y sus quince años de "chanchullos" familiares en la Xunta de Galicia

 "Feijóo va a tener que explicar en el Parlamento gallego los contratos a dedo que la Xunta adjudicó a empresas de su entorno familiar y también las últimas colocaciones de parientes en la Administración regional. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, incluso ha llegado a pedir al líder del PP que aclare los “chanchullos” que presuntamente implican al político gallego y a la Xunta en “todo un maremágnum de sobrecostes y contratos a dedo”, informa El Plural.

“Quince años de chanchullos”. Así define Pontón la época de Feijóo al frente del Gobierno regional. Solo en los últimos cincos años, asegura el BNG, el montante de las adjudicaciones a dedo podría cifrarse en “4.000 millones a dedo en un millón de contratos”.

“El expresidente de Galicia deberá rendir cuentas a petición del Bloque por varias cuestiones. Una de ellas es la que tiene que ver con el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, levantado con un sobrecoste de 470 millones de euros a pesar de disponer de 1.300 camas menos, una superficie menor de la que se estimó en un primer momento y menos plazas de aparcamiento de las prometidas”, añade El Plural.

Otro punto del examen al que se debe someter el PP pasa por los tratos de favor a Eulen, la empresa que dirige Micaela Núñez, hermana de Feijóo. “En total, la compañía ha suscrito 124 contratos menores con organismos que dependen del Ejecutivo autonómico por valor superior al millón y medio de euros. Esto, solo en 2024”, publica el citado medio.

A todo ello se suman los contratos que se firmaron durante la pandemia con marcas como Sibucu 360 o los negocios con la empresa de telemarketing del cuñado de Feijóo, Universal Support, que recibió al menos 20 millones de euros repartidos en al menos 44 contratos covid de la Xunta, siempre según las fuentes de este diario digital.

“Solo es ruido”, se defiende el líder popular

Respecto a todas estas prácticas (feas y antiestéticas, aunque quizá no sean delito, ya que el troceo de pequeños contratos para sortear la ley y adjudicar a dedo es algo permitido por la ley), Feijóo ya ha roto su silencio de este verano, en el que ha ido apareciendo un goteo de titulares sobre los supuestos “chanchullos”. Hace solo unas horas, Feijóo ha asegurado que todo esto no es más que “ruido” generado desde el entorno del Gobierno para tratar de aplacar las críticas a Pedro Sánchez, envuelto en la polémica investigación a su mujer, Begoña Gómez, por la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Este mismo domingo, entrevistado en Radio Galega, y cuestionado por la apertura de esta comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, Feijóo ha asegurado que no teme ningún escándalo y que su momento actual es de “tranquilidad absoluta”. Además, y tirando de retranca gallega, el presidente de los populares ha añadido que muy bien lo tiene que estar haciendo su sustituto al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que la oposición siga trabajando en su contra y no en la del actual inquilino de la presidencia de la región.

Posteriormente, el líder de la oposición ha mandado un mensaje al PSOE, tanto al nacional como al gallego: “El PSOE pretende, para tapar los problemas de corrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su familia, de su partido y de su gobierno, manchar el resto de partidos”. “Supongo que cualquier socialista que estuvo durante mis años de presidente o los años que estuve en la oposición está avergonzado de tener un PSOE minoritario, más minoritario de la historia democrática del país”, alegó. “Los gallegos me conocen y la tranquilidad es absoluta”, asegura en una declaración recogida por Europa Press. En este sentido, dijo que “muy mal” tiene que estar el BNG para “hacer de palmero” de los socialistas que con nueve escaños es el “peor” PSOE “de la historia de la autonomía de Galicia”. “Supongo que cualquier socialista que estuvo durante mis años de presidente o los años que estuve en la oposición está avergonzado de tener un PSOE minoritario, más minoritario de la historia democrática del país”, remachó el dirigente popular.

“El entramado que persigue al actual líder del principal partido de la oposición es una historia de sobrecostes y tratos de favor a familiares. Uno de los puntos sobre los que el responsable popular deberá dar explicaciones –y que precipitó la comisión de investigación– es el que tiene que ver con el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, un posible pufo, expuesto de manera coloquial, en lo económico”, según El Plural.

Mientras tanto, el diario Público aporta más metralla contra el dirigente conservador. Según este periódico, la Xunta infló 666.000 euros el precio de un contrato que la prima de Feijóo dio a la empresa de la hermana del líder del PP. “La gerente de los hospitales de Santiago, Eloína Núñez Masid, prima de Alberto Núñez Feijóo, incrementó en 666.000 euros el precio de un contrato para la vigilancia y seguridad de los hospitales bajo su mando que acabó en manos del grupo Eulen, el conglomerado de empresas cuya directora para Galicia y el noroeste del Estado es su prima, Micaela Núñez Feijóo, a su vez hermana del presidente del Partido Popular”, añade el citado medio.

“La modificación se debió a que un concurso anterior, anunciado hace ahora un año por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), con idéntico objeto, pero por un valor inferior y un plazo superior a los que finalmente obtuvo Eulen, fue declarado desierto por falta de ofertas. La Administración sanitaria gallega repitió el procedimiento, y asegura que no existe irregularidad alguna en el cambio de las condiciones del contrato que adjudicó a la empresa de la hermana del líder del PP”."                 (Marcos López, Diario16, 23/09/24)

21/9/24

La prima de Feijóo adjudicó una plaza a su marido cuatro años después de ascender en la Xunta... Eloína Núñez Masid, designada por su primo gerente del área sanitaria de Ourense a los tres meses de llegar a la presidencia del Gobierno en Galicia, creó un cargo que no existía en su hospital para asignárselo a su esposo

 "La prima de Alberto Núñez Feijóo, Eloína Núñez Masid, adjudicó una plaza en el Servicio Galego de Saúde (Sergas) a su marido cuatro años después de que su primo la nombrara en 2009 gerente de los hospitales públicos de la provincia de Ourense.

La designación se produjo en plena oleada de destituciones de mandos intermedios de la sanidad gallega que se oponían a la estrategia de recortes en el presupuesto sanitario ejecutada por Feijóo tras su llegada a la Xunta aquel año. Varios de esos médicos fueron sustituidos por familiares de otros altos cargos o por galenos afines al PP, mediante oposiciones amañadas que los tribunales acabaron declarando ilegales.

Eloína Núñez Masid, exconcejala del PP de Ourense, accedió a la gerencia del área sanitaria de la provincia en agosto de 2009. Es decir, apenas tres meses después de que el líder del PP tomara por primera vez posesión de la presidencia del Gobierno gallego.

En septiembre de 2012, la nueva gerente firmó la convocatoria de varias plazas en los hospitales que dirigía, cuya provisión suscribió ella misma en junio de 2013. Uno de esos puestos, la jefatura de sección del servicio de Urgencias, que no existía hasta entonces, fue para su marido, Francisco José Aramburu Vilariño, según figura en la resolución del Diario Oficial de Galicia que acompaña a este texto.

Al contrario del resto de servicios hospitalarios de Galicia, donde la normativa establece la existencia de jefaturas de sección y de servicio, en los de Urgencias y Admisiones sólo se contempla la figura de los coordinadores, según han hecho saber a Público fuentes conocedoras de la organización de la administración sanitaria.

De hecho, añaden, cuando el marido de Núñez Masid fue ascendido a la coordinación de las urgencias de Ourense en 2019, la jefatura de sección que ocupaba se extinguió automáticamente y no se ha cubierto desde entonces.

Este diario se ha dirigido a la gerencia del Sergas para conocer las razones que llevaron a la creación y dotación de la citada plaza y a su desaparición posterior, así como para intentar contactar con Aramburu para obtener su versión de los hechos. A la hora en que se terminó de escribir este artículo, Público no había obtenido respuesta.

Contratos con la empresa de su prima Micaela

Eloína Núñez Masid es licenciada en Medicina por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y tiene plaza de técnica superior de Salud de la Xunta en Ourense. Feijóo la ascendió en 2017 a la gerencia de los hospitales de Santiago, desde donde tramitó dos contratos por cerca de cuatro millones de euros con Eulen, cuya directora para Galicia y el noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder popular.

Según las investigaciones que ha venido publicando este diario, las sociedades de ese conglomerado empresarial han obtenido más de 54 millones de euros en adjudicaciones de la Xunta, la mayoría a través del Sergas, desde que Feijóo ganó las elecciones de 2009.

En cuanto al esposo de Núñez Masid, también se licenció por la USC y es urgenciólogo en el complejo hospitalario de Ourense desde 1987. La cobertura de su plaza de jefe de sección se realizó por el procedimiento de evaluación colegiada, mediante el que un tribunal designado por su mujer valoró sus méritos y propuso su designación. Según las fuentes antes citadas, Francisco José Aramburu fue el único que se presentó al proceso de selección.

Destituida y recolocada

En mayo de este año, Eloína Núñez Masid fue destituida de la gerencia de los hospitales de Santiago, aunque se mantiene en la ejecutiva del PP gallego, en la que Feijóo la designó vocal de sanidad en 2019.

Tras su cese, el Gobierno de Alfonso Rueda le concedió un permiso de seis meses con sueldo al que no tenía derecho, aunque es probable que no lo agote dado que la Consellería de Política Social planea nombrarla subdirectora xeral de Envellecemento Activo e Prevención da Dependencia e Innovación Sociosanitaria.

La Consellería de Política Social es después del Sergas la segunda entidad de la Xunta que más dinero público ha entregado a Eulen, la empresa de Micaela Núñez Feijóo. Su titular es Fabiola García, a su vez esposa de Lucas Martinón, quien fue director adjunto de la campaña electoral de Feijóo en 2009 y director xeral de Comunicación de la Presidencia de la Xunta hasta que dejó el cargo en 2020 para emprender un proyecto empresarial personal.

Las purgas de Feijoo en la sanidad gallega

En la misma época en la que el hoy presidente del PP ascendió a su prima en los hospitales de Ourense, y en la que ésta adjudicó una plaza a su marido, los nuevos gerentes de las áreas sanitarias nombrados por el entonces presidente de la Xunta destituyeron también a varios jefes de servicio de los hospitales públicos, para sustituirlos por médicos afines a la nueva dirección de la Administración sanitaria. Esos puestos nunca habían tenido adscripción política hasta que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia en Galicia.

Uno de los afectados fue el doctor Evaristo Varo, cirujano y jefe la Unidad de Transplantes Abdominales en Santiago, quien había denunciado que el Sergas se negaba a facilitar la medicación que prescribía a pacientes de hepatitis C que fallecieron sin recibirla. Su plaza fue entregada en concurso-oposición a Manuel Bustamente, esposo de Rocío Mosquera, primera gerente del Sergas con Feijóo y posteriormente conselleira de Sanidade. 

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró ilegal aquel procedimiento porque entendió que había sido amañado para dar a Bustamente el puesto de Varo. Éste no llegó a recuperarlo, pero Feijóo recolocó a Rocío Mosquera en la gerencia de Galaria, una empresa pública de prestación de servicios sanitarios de alta tecnología donde cobra un salario cercano a los 70.000 euros.

El mismo tribunal anuló también los concursos mediante los que fueron retirados de sus puestos en los hospitales de Pontevedra los doctores Víctor Pedreira, jefe del servicio de Psiquiatría; Enrique Vázquez Astray, jede de Digestivo; y su compañero Enrique Temes, jefe de Neumología.

Otro afectado por aquellas purgas fue José María Borro, jefe de Cirugía Torácica en A Coruña y fundador de Batas Blancas, quien sufrió una campaña de desprestigio y persecución profesional tras denunciar que varios médicos de su servicio derivaban pacientes a clínicas privadas donde les cobraban por operarles. Fue expedientado, sancionado, destituido de su cargo en el hospital y apartado de su plaza de profesor en la universidad. Tres tribunales distintos le dieron la razón en otras tantas ocasiones. Borro, impulsor del programa de trasplantes de pulmón en A Coruña, decidió hace años dejar Galicia para ejercer su profesión en otra comunidad autónoma."                 (Juan Oliver, Público, 15/09/24)

10/9/24

Así evita los concursos de la Xunta la empresa de la hermana de Feijóo: cinco millones en 1.311 facturas

"Son 1.311 las facturas que la empresa de la hermana de Alberto Núñez Feijóo ha pasado a organismos dependientes de la Xunta de Galicia entre 2018 y 2023. Suman un total de 4.832.029,85 euros y ninguna de ellas ha tenido que ser sometida a concurso público. Se trata de cerca de cinco millones de euros directos a las cuentas de Eulen, dirigida por Micaela Núñez Feijóo en el norte del Estado español, sin tener que ser sometidos a la competencia del sector y mucho menos fiscalizados que las grandes licitaciones de servicios contratados por la Administración gallega.

Estos más de mil cobros son parte de la investigación de datos públicos que El Salto está realizando sobre los últimos cinco años de contrataciones menores en la Xunta de Galicia, aquellas que, por ser inferiores a 15.000 euros, la Ley de Contratos del Sector Público permite licitar nominalmente sin necesidad de pasar los filtros de una mesa de contratación ni tampoco un contrapeso con otras ofertas que busquen la mayor eficiencia en la utilización de recursos públicos. De hecho, muchos de estos contratos cuentan con el mismo concepto, el mismo importe y son facturados a la misma consellería.

El modus operandi, a nivel estructural, es el siguiente. El Gobierno gallego, a través de todos los organismos que dependen de sus decisiones políticas, como consellerías, agencias públicas, consorcios, organismos autónomos, fundaciones del sector público, sociedades mercantiles públicas y otros entes como institutos sectoriales o centros de innovación, elige contratar de manera unilateral con el entramado empresarial de Eulen (Eulen Centro Especial de Empleo, Eulen Seguridad y Eulen Servicios Sociosanitarios). Gracias a su diversificación, esta empresa cuenta con servicios de todo tipo que puede vender a toda la infraestructura de la Xunta, aunque lo más conocido popularmente, es su servicio de seguridad.

Precisamente en esa rama de negocio es donde más previsible parecen los tipos de servicios contratados y, por lo tanto, donde las consellerías podrían aunar sus licitaciones, pero no lo hacen. Sin ir más lejos, en los datos públicos de la Consellería de Sanidade, hasta 14 contratos llevan por concepto el mismo nombre, “seguridad”; el mismo importe, 10.834,55 euros; y son, además, facturados mes a mes al mismo organismo. Con ese mismo concepto escueto aparecen 128 facturas más. De esta manera, la empresa dirigida por Micaela Núñez evita proporcionar un único paquete de servicios que debería ser sacado a concurso público por la Xunta, ya que. parece bastante previsible, un mismo centro debería necesitar los mismos servicios de seguridad a lo largo del tiempo o, al menos, no una actualización mensual de sus condiciones. 
 
La lista de contratos de la Xunta con la empresa de la hermana de Feijóo

Licitaciones menores entre ...  El Salto periódico

A pesar de que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a todas las administraciones del Estado español a publicar todos y cada uno de los contratos que suscriben, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el Portal de Transparencia de la Xunta de Galicia es ambiguo en casi todos los contratos que no superan los 15.000 euros. Desde luego, no porque sean pocos. En los últimos cinco años, el Gobierno de Feijóo y después el de Alfonso Rueda firmaron por esta vía nada menos que 1.034.964 pequeños contratos por valor de 4.000 millones de euros.

Además de dificultar el acceso a los contratos públicos y hacer que los procesos de búsqueda sean extremadamente complicados, los contratos que la Xunta hace públicos a menudo resultan incomprensibles. La infraestructura del Portal de Transparencia apenas permite investigaciones avanzadas y ni siquiera hacer búsquedas por los nombres de las empresas adjudicatarias. En muchas ocasiones, los contratos se presentan con títulos tan vagos como “Edificios y otras construcciones”, lo cual ocurre en 85 casos. Además, en 170 ocasiones, la administración simplemente menciona el nombre de la escuela donde Eulen presta algún servicio sin especificar en qué consiste. La situación no termina ahí. Eulen ha facturado a la Consellería de Sanidade y al Sergas en 39 ocasiones por “material no sanitario” sin proporcionar más detalles.
 
Eloína Núñez, otro vector de ingresos públicos para la familia de Feijóo

Además de lo relatado, en las pasadas semanas, el diario Público ha ido desgranando la influencia de otra de las familiares del presidente del Partido Popular en la contratación pública en Galicia. Su nombre es Eloína Núñez Masid, prima de Alberto Núñez Feijóo y exgerente de los hospitales públicos de Santiago de Compostela y la comarca coruñesa de O Barbanza. Desde su posición, gestionó dos contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que asignaron un total de 3.931.924,43 euros a Eulen.

El primero de estos contratos, valorado en 3.899.058,43 euros, adjudicó a Eulen los servicios de seguridad en hospitales y centros de atención primaria del área sanitaria de Santiago y O Barbanza, en el sur de A Coruña. El segundo, por un monto de 32.866 euros, encargó la instalación de un sistema de videovigilancia en las unidades de hospitalización del servicio de psiquiatría de esos mismos centros. Eloína Núñez, exconcejala del PP en Ourense y médica de profesión con plaza de técnica superior de salud en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ascendió a la gerencia de los hospitales de Ourense pocas semanas después de que su primo asumiera la presidencia de la Xunta en mayo de 2009.

En una segunda parte de la investigación de Público, también se ahonda en los ingresos totales a base de grandes licitaciones que había conseguido Eulen, pero esta vez durante el gobierno de Alfonso Rueda. Según la misma información, en apenas dos años, la Administración gallega adjudicó más de 17,3 millones de euros a la empresa de Micaela Núñez Feijóo. Esa cantidad, canalizada a través de 175 contratos suscritos entre mayo de 2022 y junio de 2024, se suma a los más de 37 millones que la compañía recibió durante los mandatos del ahora líder del Partido Popular."               (Javier H. Rodríguez , El Salto, 29/08/24)