Un candidato del PP en Pontevedra construyó sin licencia y con fondos de la UE cuatro pistas de pádel

"En el Ayuntamiento de Mondariz, el candidato del PP opta a la Alcaldía con una obra construida sin licencia sobre suelo rústico en 2022 que recibió 165.999,33€ en ayudas públicas a través de la Xunta y tiene un expediente abierto en la APLU.

El pasado 29 de marzo, a dos meses de las elecciones municipales, el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra y presidente del Partido Popular en esta provincia, Luis López, y la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, presentaron en el Ayuntamiento de Mondariz su candidato a la Alcaldía. De Pablo Barcia, conocido en la comarca del Condado por regentar el restaurante O Castelo, habían destacado en octubre de 2022, cuando anunciaron su designación como cabeza de lista, que era un ejemplo de la juventud emprendedora que se une al partido y hace equipo con los más veteranos. “Es el momento de apostar por Mondariz, por proyectos necesarios y novedosos”, declaraba entonces Barcia. De lo que no se hablaba, a pesar de ser ya vox pópuli en la calle, es que el nuevo candidato del PP la Alcaldía ya había apostado por un gran proyecto empresarial para complementar su negocio de restauración: cuatro pistas cubiertas de pádel financiadas con dinero público que fueron construidas sin licencia municipal y sobre la que han abierto un expediente en la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) desde septiembre de 2022.

Los líderes del PP gallego, amparados por la ley del silencio que rige en las principales rotativas de la provincia y del país, continuaron visibilizando su apoyo al candidato sin necesidad de dar explicaciones sobre esta ilegalidad urbanística que está en proceso de investigación. El pasado 13 de mayo, durante un acto de campaña, Barcia estuvo acompañado nuevamente de Luis López y del conselleiro de Cultura, Educación Formación Profesional y Universidades de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez. La propia Ana Pastor, exministra y diputada del PP en el Congreso, se dejó ver en Mondariz con el candidato municipal durante el fin de semana anterior a la cita electoral.
Una obra ilegal subvencionada con 165.999,33€

A pesar de ser inauguradas el 16 de septiembre de 2022 y estar en funcionamiento desde entonces, las cuatro pistas cubiertas del Castelo Pádel Club fueron construidas sobre suelo rústico y de especial protección, según consta en la referencia catastral de la parcela. Con todo, este proyecto promovido por Restaurante O Castelo Vilasobroso S.L. recibió en 2021 una subvención de 165.999,33€ a cargo de fondos europeos del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, más conocido en Galicia como Leader y administrado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER). Al lado de la N-120 a su paso por Vilasobroso se puede leer esta información en el cartel de ejecución de obras, con la bandera de la Unión Europea y los logotipos de la AGADER, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del GDR Condado-Paradanta y del Jacobeo 21-22.

Los rumores de ilegalidad urbanística, que circulaban ya el día de la inauguración, no impidieron que el gerente del GDR Condado-Paradanta, Francisco González, oficiara el evento ni que esta entidad, que tramita las solicitudes de subvención del programa Leader, aplaudiera el proyecto en sus redes sociales institucionales. En aquel verano de 2022, sin embargo, la cobertura informativa de la construcción de unas instalaciones deportivas “que serán una referencia a nivel nacional en el mundo del pádel”, como publicaron desde lo GDR Condado-Paradanta un día después de la inauguración, fue más que discreta. En condiciones normales, la inauguración de cuatro pistas de pádel indoor presupuestadas en 343.782,04€ y subvencionadas con 165.999,33€ en un ayuntamiento rural y de interior como Mondariz, que no llega a los 5.000 habitantes, habría sido portada de sección comarcal en los principales medios de comunicación de la provincia de Pontevedra; pero si buscamos información en el Internet cuesta encontrar referencias. Con todo, el negocio del Castelo Pádel Club está funcionando y se presenta en una web de reserva de instalaciones deportivas como un centro modélico que ofrece “mucho más que pádel”.

La financiación con fondos públicos de unas instalaciones deportivas vinculadas a intereses personales que no se podían construir legalmente sobre suelo rústico y de especial protección y que requerían un cambio en el ordenamiento urbanístico municipal para tramitar satisfactoriamente una licencia de obra sería ya un motivo justificado de investigación periodística. Si a eso sumamos que el promotor de estas obras ilegales es candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Mondariz y posiblemente será concejal en la Corporación Municipal que llegue a pronunciarse sobre el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) que él incluso solicitó a título particular para promover una modificación puntual de la planificación urbanística que acabe por resolver de facto sus problemas actuales, resulta necesario visibilizar este caso de presunta corrupción antes de las elecciones municipales del 28 de mayo para garantizar un voto libre e informado.

O Salto Galiza no se quedó en el rumor de la calle y solicitó acceso al expediente relacionado con estas obras en el Ayuntamiento de Mondariz, que desde días antes de la inauguración de las mismas están en la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia. Tanto esta consellería como AGADER (agencia pública autonómica que promueve y coordina el desarrollo rural) fueron contactadas el 9 de mayo, pero ignoraron la solicitud de información sobre el expediente de reposición de la legalidad en curso y la gestión de las subvenciones del programa Leader en casos de obras ilegales como esta.
Mucho más que pádel

Los primeros documentos del expediente de reposición de la legalidad corresponden a diciembre de 2021, cuando el actual candidato del PP de Mondariz solicitó licencia para obra mayor sin aportar proyecto ni otros detalles de la obra. Durante el año 2022, el Ayuntamiento de Mondariz le notificó que la normativa de ordenación urbanística y protección de en medio rural de Galicia impedía construir en suelo rústico y le informó de que algunos usos requieren de la aprobación de un PEID.

La parcela en la que se proyectaban las cuatro pistas cubiertas de pádel tenían y siguen teniendo referencia catastral de suelo rústico, por lo que el interesado procedió a solicitar un PEID para 18.766 m² en marzo de 2022. A pesar de carecer de licencia urbanística, dio continuidad a las obras y fue objeto de una inspección urbanística de oficio del Ayuntamiento de Mondariz en septiembre de ese incluso año.

La tramitación de un PEID requiere informes sectoriales y puede alargarse durante años. El 15 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Mondariz le solicitó por escrito a la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático una evaluación ambiental estratégica simplificada del PEID para la construcción de pistas de pádel en suelo rústico, y en el mes de junio de ese mismo año se emitió la resolución por la que se formulaba el informe ambiental estratégico correspondiente. A pesar de que los terrenos sobre los que se pretendía construir estaban clasificados como suelo rústico y suelo rústico de protección de montes al resultar afectados por un incendio forestal en el año 2017, este organismo de la Xunta de Galicia propuso construir unas pistas de pádel de 1.440 m² (30 metros de ancho y 48 metros de largo), con una cubierta apoyada sobre una estructura mínima de pilares, sin cierre alrededor.

Durante las consultas previas la este informe ambiental también se pronunció la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta de Galicia, indicando que la actuación propuesta, de tratarse de una instalación descubierta, podría tener encaje entre las actividades de carácter deportivo, sociocultural y recreativo, de carácter público o personal, que se desarrollen en el aire aire. En verano de 2022, con todo, el promotor de estas instalaciones deportivas intensificó las obras para inaugurarlas y ponerlas en funcionamiento en otoño. No levantó una, sino cuatro pistas cubiertas de pádel que no respetan la propuesta de construcción de la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático, ya bastante permisiva, en su informe ambiental estratégico.

El hecho de que se urbanizara sobre suelo rústico de protección de montes alertó a organizaciones ecologistas como Adega, que también solicitó acceso al expediente de estas obras en el Ayuntamiento de Mondariz, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno. Según Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de Adega, “hay una denuncia en curso, con el expediente de reposición de la legalidad que debe resolver la APLU, y es una barbaridad que se tramite una iniciativa particular de PEID con una obra ya construida sin licencia; la modificación de la ordenación urbanística no puede resolver las ilegalidades que se cometan en su cumplimiento”. Con todo, en esta organización ecologista admiten que una vez conocida la situación optaron por dejarla pasar porque “actualmente hay demasiadas frentes abiertas en materia medioambiental”.

Los informes sectoriales continúan llegando. En los primeros días de mayo, la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, a través de la Xefatura Territorial de Pontevedra, emitió un informe desfavorable sobre lo PEID para la construcción de pistas de pádel en suelo rústico en la superficie correspondiente a suelo rústico de protección forestal.
Una campaña electoral marcada por el silencio político

Para la responsable de Adega, “es incomprensible que unas instalaciones deportivas que fueron construidas sin licencia continúen abiertas mientras se resuelve el expediente, pues no hay garantías de que se estén cumpliendo las normas básicas de seguridad”. Desde el Ayuntamiento de Mondariz no se han pronunciado sobre este asunto, ni sobre la tramitación de la solicitud particular de un PEID para la construcción de pistas de pádel en suelo rústico ni sobre el expediente de reposición de la legalidad que está esperando resolución en la APLU.

Preguntado directamente por este diario, el alcalde de la localidad, Xosé Emilio Barros, admite que desde el área de Urbanismo fueron diligentes en estos trámites administrativos para preservar la legalidad pero no informaron públicamente sobre estas actuaciones para no vulnerar la ley de protección de datos personales.

Cuando el promotor de estas obras ilegales fue designado para encabezar la candidatura del PP de Mondariz en las municipales, la siete meses de la cita electoral, se convirtió en el elefante en la habitación. A pesar de los rumores de que algo tenía que ver esa decisión política con la situación de las pistas de pádel subvencionadas y que hubo ciertas presiones dentro del PP gallego para promover esta candidatura “desperdigados incautamente incluso por familiares del empresario en un clima vecinal de impunidad”, ninguno de los partidos que concurren a las elecciones se atrevió a denunciar abiertamente las irregularidades para no empanar el nombre del popular restaurador local y entrar en el barro durante la campaña electoral.

Para Barros, que aspira a un segundo mandato en la Alcaldía de Mondariz como candidato del BNG, este “no es un buen ejemplo, pero usar información privilegiada que podamos tener nosotros como miembros del Gobierno municipal en la campaña electoral tampoco sería ético”.

El escenario político en este ayuntamiento pontevedrés es totalmente incierto a cara descubierta a la próxima cita electoral. En 2019, dos concejales del PP que ya no aparecen en la candidatura votaron inesperadamente a favor del candidato del BNG en la sesión plenaria de investidura, facilitando un gobierno nacionalista y socialista de cuatro ediles que dejó en la oposición al exalcalde Xoán Carlos Montes, de la formación municipalista independiente Alternativa por Mondariz. Tanto el BNG como el PP desmintieron pactos oscuros en aquel momento, pero desde el principal partido de la oposición se instigó a pensar en una confabulación tácita que no estaba probada.

En un contexto de elevada fragmentación política y lucha por el bastón de mando a cualquier precio, el PP aspira a recuperar el poder que tenía antes de 2015, cuando perdió una mayoría absoluta que semejaba ser eterna. Los resultados que obtenga su renovada candidatura este domingo pueden ser cruciales para formar o facilitar un gobierno de coalición. No sabemos si la aprobación del PEID para la construcción de pistas de pádel en suelo rústico (que ya están construidas sin la licencia municipal corresponsal) estará en las futuras conversaciones políticas entre los candidatos a la Alcaldía después del 28 de mayo, pero el conflicto de intereses y la opacidad informativa alrededor de este asunto resultan tan evidentes como sospechosos."                   (O Salto Galiza, 24/05/23)

O PP construíu piscinas co diñeiro europeo destinado a rexenerar augas contaminadas... O Goberno de Mariano Rajoy usou máis de medio millón de euros destinados pola UE para rexenerar o pantano das Conchas a un complexo acuático recreativo

 " As administracións do PP gastaron en construír piscinas e reconstruír termas a maioría dos fondos da Unión Europea destinados a un programa para recuperar a calidade das augas do encoro das Conchas, nos municipios de Bande e Muíños (Ourense).

O plan, dotado con 1.015.631 euros, estaba financiado ao 80% con diñeiro do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) da Comisión Europea.

O pasado xullo, o Consello de Contas de Galicia alertou de que esas mesmas administracións deixaran sen executar máis do 40% do orzamento doutro programa europeo, o Life Rexenera Limia, que pretendía poñer en marcha proxectos piloto de recuperación dos acuíferos que desaugan no río Limia, que á súa vez verte no encoro.

O pantano leva décadas acumulando a contaminación por fósforo e nitratos dos xurros, fertilizantes e residuos das explotacións gandeiras industriais que promove a empresa Coren na comarca, a de maior densidade de granxas de porcos de Galicia. Eses residuos alimentan as cianobacterias causantes da sopa verde, o mesmo fenómeno que intoxicou a Manga do Mar Menor en Murcia. Nas Conchas, o proceso subiu a un nivel aínda máis grave.

Segundo veciños e expertos, a falta de osíxeno e auga fresca nas augas do pantano pola calor e a seca deste verán, unida á acumulación esaxerada de microalgas, provocou o envelenamento das augas co ácido sulfhídrico que se produce pola descomposición das cianobacterias que se atopan no fondo e apenas reciben luz pola sopa verde.

O sulfhídrico é moi tóxico e o seu contacto pode pode provocar lesións graves na pel e as mucosas, así como problemas respiratorios serios e mesmo a morte por asfixia se se inhala a través da humidade do aire.

En 2013, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), dependente do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente do goberno de Mariano Rajoy, puxo en marcha o proxecto de mellora da calidade das augas e recuperación ambiental da contorna do encoro das Conchas.

Os obxectivos eran, por esta orde, «mellorar a calidade das augas do encoro, compensar a falta de baño con outras zonas adaptadas ao devandito uso, promover actividades lúdicas, culturais e de saúde na contorna fluvial (…) e a seguridade e a accesibilidade da ribeira».

Na práctica, o primeiro obxectivo apenas recibiu diñeiro. A maioría do orzamento –921.183 euros máis 193.449 euros de IVE– destinouse a construír unha instalación de dúas piscinas e o seu reacondicionamiento nas termas romanas de Porto Quintela, ambas en Bande.

Nas primeiras investíronse case 530.000 euros, e nas segundas, máis de 120.000. Ademais, empregáronse outros 15.168 euros para despedregar unha praia do encoro. Para a recuperación ambiental das augas do pantano, só se investiron 30.200 euros.

A actuación consistiu en instalar unha «illa flotante» vexetal duns poucos metros cadrados que se supoñía ía filtrar tóxicos dun lago de 645 hectáreas de superficie e de case trinta millóns de metros cúbicos de auga embalsada.

«Non serviu para nada, e o pouco diñeiro que gastaron en rexenerar as augas fixérono a propósito de que non funcionaría», afirma Pablo Álvarez Veloso, portavoz da Asociación de Veciños das Conchas.

Ademais do programa da CHMS, Álvarez lembra tamén o desperdicio que supuxo o programa Life Rexenera Limia, que pretendía poñer en marcha proxectos piloto para a recuperación da contorna do encoro e dos acuíferos contaminados. Aprobouse en 2014 e empezou a executarse un ano despois, pouco antes das eleccións municipais de 2015, que en Bande volveu gañar o PP.

Nesoutro programa, dotado cun orzamento de 2,05 millóns de euros, participaban tamén a CRMH e o Ministerio de Medio Ambiente que dirixía a ministra de Rajoy Isabel García Tejerina, a Xunta de Galicia, presidida entón por Alberto Núñez Feijóo, e a Deputación de Ourense, baixo mando do actual presidente do PP provincial, Manuel Baltar.

Segundo o Consello de Contas de Galicia, ao que o Parlamento Galego enconmendou fiscalizar o proxecto a iniciativa do BNG, máis do 40% do orzamento daquel proxecto quedou sen executar, de forma que houbo que devolver á UE parte do diñeiro que esta adiantou.

Tras o fracaso da «illa flotante», o programa incluía outra idea: crear lagoas artificiais que filtrasen e depurasen naturalmente os tóxicos. Segundo o presidente da XHMS, José Antonio Quiroga Díaz, esa iniciativa tivo «efectos positivos», aínda que os veciños non opinan o mesmo.

«Xa advertimos no seu día que as lagoas artificiais non ían contribuír á mellora ambiental no río, que o problema era e é a non depuración dos xurros, e que co que había que experimentar eran métodos de reciclaxe das explotacións da galiñaza e o xurro dos porcos».

«A Confederación Hidrográfica, a Xunta, a Deputación de Ourense e os concello da Baixa Limia enganáronnos durante once anos», sostén o portavoz dos veciños. «E, sobre todo, non fixeron nada por solucionar a contaminación do río Limia, que agora xa se converteu nun problema de saúde pública», conclúe.

Hai agora un ano, o Goberno informou da súa intención de declarar A Limia e a Baixa Limia zonas vulnerables por nitratos, en cumprimento da Directiva de Nitratos da Unión Europea que obriga aos estados membros a delimitar as áreas máis sensibles e contaminadas.

En España esa competencia recae nas comunidades autónomas, pero aínda que o 40% do territorio da UE xa conta coa declaración desa figura protectora, a Xunta aínda non catalogou zona vulnerable ningunha en Galicia a pesar da carga gandeira que soporta o seu territorio. Iso custoulle a España a apertura dun expediente de infracción da Comisión Europea."                (Juan Oliver, Luzes, 10/09/22)

La Xunta fue alertada ya en 2013 del fraude en cursos de formación

"Las actividades presuntamente ilícitas de la Academia ourensana investigada por un presunto fraude en cursos de formación en el que la Policía implica al jefe de personal de la Diputación provincial llegaron a los agentes en 2015. Pero antes ya habían llegado a otra instancia, el Valedor do Pobo [defensor del pueblo gallego]. 

En el año 2013 una ciudadana se dirigió a la defensoría gallega, entonces dirigida en funciones por José Julio Fernández - su antecesor se había visto obligado a dimitir por defender los recortes del PP-, para denunciar presuntas irregularidades en la actividad del Centro Sano Pablo. 

Aquella queja describe una manera de actuar muy semejante al después descubierto por la Policía y revela también que la academia tuvo que devolver más de 80.000 euros a la Xunta por no cumplir las condiciones de las subvenciones que había recibido de la Consellería de Traballo que, por lo tanto, al menos dos años antes ya había detectado irregularidades en esta organización.

Según la conclusión del expediente del Valedor, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, la queja de la ciudadana fue trasmitida por el alto comisionado a la Consellería, que confirmó que el Centro San Pablo y la asociación AEXPA habían participado en varias convocatorias de ayudas para cursos dirigidos a personas desempleadas. Algunas de ellas habían acabado teniendo que ser "reintegradas" y algunas otras no habían llegado a abonarse.

Concretamete, el Centro San Pablo consiguió en 2011 algo más de 53.000 euros para desarrollar un curso de Técnico de Software ofimático, aunque fue objeto de un "procedimiento de reintegro" por algo más de 43.000 euros por "incumplir" el "compromiso de contratación" anexa a la formación. En el caso de AEXPA sucedió lo mismo con un curso de Diseño Web y Multimedia por importe de casi 55.600 euros de los que trabajo le reclamó unos 43.200, también por el "incumplimiento" del compromiso de contratación.

Al año siguiente, en 2012, las dos entidades participaron de nuevo en estas convocatorias, optando a un total de seis cursos. En esa ocasión, no obstante, la información suministrada por la Consellería al Valedor indica que los pagos no llegaron a producirse porque Centr Sano Pablo y AEXPA mantenían deudas con la Seguridad Social y, el caso de la academia, también con la Consellería de Facenda, lo que imposibilitaba legalmente el pago.

Siempre según este expedidente del Valedor, que también fue informado de la "posible connivencia de una funcionaria de la Consellería" en este presunto fraude -la ahora investigada-, entonces Traballo informó de la puesta en marcha de una "investigación" interna. 

El Valedor indicaba, a modo de conclusión, que "en función del resultado" de esa investigación la Xunta "podría" promover "la correspondiente denuncia ante la autoridad competente", algo que también podría hacer la ciudadana reclamante "si interpreta (...) que los hechos pueden ser constitutivos de delito".            (David Lombao, eldiario.es, 29/04/17)

Juicio a cuatro empresarios por solicitar subvenciones con datos falsos

"El tribunal de la sección segunda de la Audiencia de A Coruña juzgará a partir de este martes a cuatro empresarios acusados de crear una sociedad domiciliada en As Pontes de García Rodríguez para supuestamente estafar a varios organismos públicos solicitando subvenciones oficiales.

 La fiscalía solicita para dos de ellos 7 años de prisión y 4 para los otros dos, y multas para cada uno de más de dos millones de euros, la cantidad que percibieron indebidamente, presentando documentación falsa.

El asunto, que se instruyó en un juzgado de Ferrol, tiene su origen en la mercantil Panorámica Dixital, creada en diciembre de 2001 a los efectos de lucrarse ilícitamente de las subvenciones que los acusados pudieran obtener al amparo de diversa normativa, según la fiscalía.

 Los acusados M.R.M.M., con antecedentes penales, A.R.R., A.P.B. y C.S.P., pretendieron hacerse con una financiación al 100% de la empresa y no con un determinado porcentaje menor de la inversión, tal y como estaba previsto en cada una de las respectivas subvenciones, además de invertir gran parte de lo obtenido en fines distintos de los previstos legalmente.

Con un capital social y activos tecnológicos prácticamente inexistente, los acusados le dieron a la sociedad apariencia de actividad empresarial generando un carrusel de facturas para obtener bonificaciones por la compensación entre el IVA soportado y el repercutido de las diferentes sociedades.

 También confeccionaron contratos de trabajo que simulaban el nivel de ocupación que se exigía por cada una de las ayudas aprobadas y simularon la compra de tecnología, siendo todo ello requisito necesario para que una vez aprobadas fueran liquidadas por las Administraciones Públicas.

A fondo perdido, los acusados solicitaron ayudas de Fondos Comunitarios, a la dirección general de Desarrollo Industrial e Incentivos Regionales, al Instituto Galego de Pequena Empresa, al instituto para la Restructuración de la Minería y el Carbón y Desarrollo Alternativo de Comarcas Mineras (Miner) y a Endesa. Todo ello en base a lo establecido en el Real Decreto por el que se estableció la zona de promoción económica de Galicia dentro de la cual se señalaba como prioritaria As Pontes de García Rodríguez.

En la memoria del proyecto de inversión se hizo constar que la empresa tendría su domicilio en el polígono industrial de As Pontes, y como actividad la reprografía digital y creación de CD-DVD publicitario, con una plantilla total de 21 trabajadores. La inversión solicitada ante cada organismo era de 1,7 millones de euros.

En 2003 se aprobó una inversión a favor de Panorámica Dixital por importe de 336.581euros, resultado de aplicar el 20 % de la inversión aprobada. Con intención de obtener el dinero anticipado y parcial de la subvención, se contrató un préstamo bancario aunque legalmente no existía derecho de cobro por parte de los acusados al no cumplirse todas las condiciones.

De hecho, solicitaron aplazamientos sobre el plazo de vigencia para cumplir las expectativas de empleo y porque no habían obtenido los títulos de propiedad de los terrenos, conceptos que aparecían en el proyecto de viabilidad para optar a las ayudas públicas. Así, en 2005 se modificaron las condiciones del proyecto de inversión y la empresa descartó la titularidad de los terrenos aunque mantuvo su compromiso de creación de empleo.

Similares supuestas artimañas expone la fiscalía en su escrito de acusación que se realizaron ante otros organismos públicos, como el Instituto Miner. Las facturas, por ejemplo, “fueron confeccionadas para aparentar que se había adquirido los bienes de equipo expresados y sistemas informáticos”, señala. 

No obstante, tratándose de un proyecto cuya ejecución excedía de un año, se podían solicitar pagos a cuenta sobre hasta el 75% de la inversión efectuada. A este instituto también pidieron aplazamiento para realizar la inversión, alegando dificultades para encontrar el proveedor principal pero al final recibieron el importe de 341.000 euros solicitado.

En 2005, la Agencia Tributaria realizó una inspección en la que apareció una relación de 147 facturas supuestamente falsas, presentadas a diferentes empresas e instituciones, como las solicitó la devolución de 89.000 euros de IVA. Para complicar la inspección de Hacienda llegaron a falsificar la identidad y foto del administrador de la sociedad investigada."              (Elisa Lois , El País, 03/07/17) 

El pazo de A Mezquida que registra la UCO lo compró Mario Conde tras rehabilitarlo la Xunta con fondos europeos. Tenía que ser casa de turismo rural hasta 2025

"La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue registrando el pazo de Mario Conde en el municipio de A Mezquita (Chaguazoso, Ourense) y en el marco de la operación que ha llevado a la detención este lunes del ex banquero y parte de su entorno personal por el presunto blanqueo de 13 millones de euros. 

La Guardia Civil confirma lo que era un secreto a voces: el pazo de A Mezquita es propiedad de Conde y su rehabilitación -pagada con fondos públicos europeos, concretamente, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)- culminó en 2000, con inauguración por todo lo alto incluida y la presencia de Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia entonces. 

La rehabilitación del pazo con fondos Feder exigía una explotación de 15 años como establecimiento de turismo rural, es decir, hasta 2015. 

Sin embargo, como confirman en A Mezquita, en 2009 Mario Conde empezó a residir en el pazo señorial y nadie más ajeno al ex banquero se alojó allí, pese a que la casona (Casa Grande A Cerca, según la web de Turgalicia) seguía publicitándose como alojamiento y como tapadera de la operación inmobiliaria de lujo que estaba realizando Conde.

La compra del pazo de A Mezquita, situado en la aldea del mismo nombre en el que viven poco más de un centenar de vecinos, fue un negocio redondo del ex presidente de Banesto para la que contó con la complicidad de la Xunta de Galicia, entonces presidida por Fraga, pero también de los sucesores del difunto fundador del PP hasta hoy, que no se molestaron en atender las numerosas llamadas periodísticas sobre el alojamiento exclusivo de Conde en un pazo destinado a turismo rural obligatoriamente por su condición de rehabilitado con fondos Feder.

Conde compró el pazo de A Mezquita -rehabilitado- al empresario Gabriel Caldelas, ex alcalde de A Mezquita (PP) y suegro del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar o Baltar Hijo (vástago del autodefinido "cacique bueno" José Manuel Baltar, que presidió el ente provincial antes que su hijo y lo sembró de empleados de la familia, del barrio o de la familia de los del barrio) La amistad de Conde con los Baltar y Caldelas viene de hace décadas.

Caldelas inauguró la rehabilitación del pazo como alojamiento rural en 2000: siete habitaciones, piscina, tres comedores, cuatro hectáreas de extensión señorial,... En 2009, el único inquilino del pazo pasó a ser Mario Conde. 

¿Qué pasa con el contrato público que exige la explotación turística hasta 2015 a cambio de haber sido rehabilitado con fondos UE? Nadie dio una respuesta convincente y nadie en A Mezquita vio a otra persona en el pazo que no fueran el ex banquero, su familia o sus amigos. Eso sí, la casona seguía anunciada en la web de Turgalicia como alojamiento a disposición de quien pagara 75 euros la noche, aunque nadie cogiera el teléfono allí anotado.

¿Pagaba Conde su alojamiento? Pagó un alquiler con opción a compra apalabrado con Caldelas mientras llegó 2015, ya que antes la UE le impedía comprarlo, informó el propio ex presidente de Banesto. Pasado ese plazo -hace sólo unos meses-, la Guardia Civil confirma que el pazo es propiedad de Conde. Y las preguntas, desde hoy y como siempre, se suceden: 

¿Con qué dinero lo pagó? ¿Dónde están los contratos de alquiler y de compra de una propiedad millonaria a un hombre investigado por blanqueo desde 1999? ¿Por qué los sucesivos gobiernos gallegos de PP o PSOE y BNG pasaron por alto las preguntas periodísticas y las voces vecinales? "                   (Público, Ana Pardo de Vera, 11/04/16)

Siete arrestos en Galicia por fraude en ayudas a cursos de autónomos

"La policía nacional ha detenido en Galicia a siete personas como presuntos responsables de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración de Justicia en el marco de la denominada Operación Zeta. 

Entre los arrestados figuran los responsables "de distintas asociaciones de autónomos, así como de una fundación y de una consultora de formación", según informa la policía. Las detenciones se produjeron a finales de septiembre, aunque no han trascendido hasta hoy, y los acusados, a los que la policía coloca en el centro de esta presunta trama, fueron puestos en libertad con cargos. 

Las pesquisas se han prolongado durante dos años a cargo de la titular del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña, y provocaron hace unos días la dimisión del director general de Traballo de la Xunta, Odilo Martiñá, interrogado como imputado.

Los delitos que se les imputan a estas siete personas, todas ellas de A Coruña, son fraude de subvenciones o estafa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo y falsificación documental, entre otros. De la investigación se ha concluido que las entidades investigadas han sido receptoras de más de 20 millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas relacionadas con la formación de autónomos.

Las pesquisas, que han dado lugar a un sumario que acumula ya 25 tomos y unos 12.000 folios, apuntan al posible uso instrumental de entidades sin aparente ánimo de lucro para la obtención de subvenciones con el objeto de generar un "beneficio económico" a sus presuntos responsables mediante el desvío de una parte "relevante" del dinero.

La policía asegura que varias de las entidades subvencionadas, algunas de discapacitados, eran "presuntamente ficticias en su actividad y estructura". Los investigadores creen que la consultora de formación implicada era subcontratada por asociaciones profesionales y sindicatos para realizar los cursos y esta entregaba a las entidades porcentajes ilegales del dinero público.

El Juzgado de Instrucción nº6 de A Coruña inició el 22 de diciembre de 2011 la investigación sobre un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Policial de la Policía Judicial en A Coruña. 

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el secreto de las diligencias se levantó el pasado 10 de octubre, cuando la jueza emitió un auto en el que también se llamaba a declarar como imputadas a siete personas, unas comparecencias que se celebrarán en el mes de febrero.

La policía ha interrogado como imputadas a un total de 61 personas sobre las que la juez aún no ha tomado una decisión, 22 de ellas residentes fuera de Galicia. Entre ellas está el exdirector de Traballo Odilo Martiñá, que dimitió el día antes de prestar declaración.(...)"        ( El País Santiago de Compostela 15 OCT 2014)

Arnoia recibe 634.000 euros para una planta de biomasa que no funciona

Planta de biomasa sin actividad en Arnoia. / NACHO GÓMEZ

"En abril de 2011, tres meses antes de que el juzgado de Ribadavia realizara una inspección ocular de la inexistente planta de biomasa de Arnoia por la que la sociedad Ceivam presidida por el actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, había certificado 50.000 euros de fondos comunitarios Feder —fue condenado por ello en vía administrativa y está ahora procesado en la penal— Baltar anunciaba la exposición pública de otra planta de biomasa también en Arnoia.

 El presidente de la institución provincial promocionaba en los medios un proyecto llamado a ser líder en la limpieza de los montes con el que aseguraba que pondría coto a los incendios forestales y favorecería el uso de las energías renovables. Europa cofinanció también esta otra obra a través, de nuevo, del Feder. 

El proyecto, por importe de 634.000 euros, debía estar finalizado el mismo mes de julio en el que Baltar publicó en el Boletín Oficial de la Provincia su exposición pública medioambiental. Tres años después, la planta está abandonada. Solo ha crecido la hierba.

“Es cosa de la Diputación, no del Ayuntamiento”, echa balones fuera el alcalde de Arnoia, José Fariñas, que sustituyó en el cargo al procesado Martínez cuando este fue nombrado delegado de la Xunta en Ourense. El regidor reconoció a este diario hace unos días que a la nueva planta de biomasa de Arnoia "aún le falta mucho, muchísimo; quedó parada porque el dinero no fue suficiente”.

 Ayer, tras precisar que había consultado con el secretario municipal, Pablo Fernández Loureiro —procesado junto con Martínez por la supuesta malversación de la central anterior y que como él ha recurrido todos los autos— Fariñas se corrigió. “En realidad ya le queda poco; solo está pendiente de la instalación eléctrica para ponerse en marcha”. 

La Diputación sostiene sin embargo —a través del técnico de Medio Ambiente Javier Bobe, imputado por el supuesto fraude de esa institución en la gestión de otros fondos del Feder: los destinados a unas depuradoras que resultaron inviables— que la planta “está certificada; está todo en orden y en pleno funcionamiento”.

La Diputación de Ourense disponía de más de 600.000 euros para poner en marcha la nueva central de biomasa en Arnoia tras el fracaso de la anterior, gestionada por el entonces alcalde y ahora hombre de confianza de Feijóo en Ourense. 

El cartel anunciador —cuya fotografía, realizada en 2012, ilustra esta página— especificaba que la obra contaba con un presupuesto de 634.480 euros financiados en un 70% por la UE y el resto por la Diputación y la adjudicataria, la UTE Foresa-Foresga, que se hizo con la explotación por un periodo de 25 años prorrogables por cinco más.

“Nosotros solo le dimos a la Diputación la licencia y el terreno”, detalla el alcalde. Se trata de un monte mancomunado de más de dos hectáreas que, según sostienen los portavoces de la oposición (PSdeG y BNG) “ya estaba explanado”. Los más de 634.000 euros se destinaron, según estos grupos, a la construcción de un gran depósito a base de bloques prefabricados, una báscula y a la instalación de la valla que rodea el recinto.

 “No ha funcionado nunca, ahí no trabaja nadie; solo depositaron una vez, para dar la sensación de que iba en serio, varios camiones de madera que nunca fue procesada y volvieron a buscar después”, sostienen socialistas y nacionalistas.

El portavoz del BNG, Rodrigo Alberte, que en 2006 denunció judicialmente el supuesto fraude de Ceivam en la gestión de la planta por la que el superdelegado está procesado, sostiene que no ha vuelto a los juzgados con una nueva demanda —el actual alcalde fue facultado por el pleno con los únicos votos del PP a hacer las gestiones— porque “llevamos ya 10 años esperando que se resuelva el pleito anterior” y Martínez, ahora acorralado, aún ha anunciado que presentara recurso de amparo al Constitucional y que recurrirá si este no se lo concede.

“Estamos cansados de denunciar y de que no pase nada; lo lógico sería que hubiera una investigación de oficio”, sostiene Alberte. Tanto él como el portavoz socialista, Jorge Rodríguez, han preguntado al alcalde en reiteradas ocasiones por esta planta. Y han recibido de él “una evasiva tras otra”. Rodríguez enumera las justificaciones que les ha ido dando: “Primero nos dijo que se iban a crear 30 puestos; en 2013 aseguró que se iba a poner ya en marcha; luego nos dijo que la Xunta no les daba dinero y después, que había quebrado la adjudicataria”.

Los portavoces de PSdeG y BNG se preguntan dónde están los más de 634.000 euros de financiación del proyecto “porque las tres cosas que colocaron ahí no cuestan ni la décima parte” y creen que “debería investigarse”.            ( Cristina Huete Ourense , El País,  28 SEP 2014)

El edificio se inauguró en 2002 tras gastar en él 420.000 euros, 300.000 de ellos de fondos europeos, pero nunca se usó. El pasado diciembre su ruinosa estructura se desplomó y mató a un parado de 36 años que recogía chatarra

"En 1986 recorrer los 80 kilómetros que separan O Porriño de Ourense suponía más de una hora y media de curvas. Aquel año Galicia entró en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) y comenzó una lluvia de millones que permitió terminar en 1999 la Autovía das Rías Baixas y reducir el viaje a 45 minutos. 

Ese mismo 1999 el Ayuntamiento de O Porriño comenzó los trámites para construir un centro de interpretación del espacio protegido de As Gándaras de Budiño. El edificio se inauguró en 2002 tras gastar en él 420.000 euros, 300.000 de ellos de fondos europeos, pero nunca se usó.

 El pasado diciembre su ruinosa estructura se desplomó y mató a un parado de 36 años que recogía chatarra.  O Porriño, nudo de comunicaciones y núcleo industrial clave del área metropolitana de Vigo, ejemplifica qué ha hecho Galicia con los 20.000 millones de euros de fondos europeos recibidos desde 1986, que la sitúan como la segunda comunidad en volumen de ayudas tras Andalucía.

 Se han destinado fundamentalmente a infraestructuras y han contribuido a modernizar el país, pero su impacto real en la economía gallega, coinciden los economistas consultados, es muy difícil de valorar y, de hecho, apenas se ha intentado. (...)"              (El País, 10/05/2014)

Baltar lleva como testigos a presuntos enchufados para negar el enchufismo

 José Luis Baltar llegando al juzgado / EFE

"El expresidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar se defenderá de la acusación de enchufismo —un delito de prevaricación que le imputa el juez instructor de la causa abierta contra él a instancias del PSdeG y del Ministerio Fiscal— presentando al juicio en el que comparecerá como acusado una larga lista de testigos denunciados igualmente como enchufados por la oposición en el organismo provincial. 

Los letrados que asisten a Baltar basarán su defensa en el testimonio de los 14 alcaldes de la provincia —-una gran parte de ellos con hijos o parientes directos colocados en la institución provincial— que en el entorno del congreso provincial del PP que ganó su hijo le “reclamaron”, según sostiene él y negaron buena parte de ellos en la fase de instrucción, 104 empleados que no tuvo reparo en contratar a dedo, sin convocar concurso público. 

Junto a los alcaldes, la defensa del cacique ourensano cita como testigos a los presidentes de tres mancomunidades dirigidas también por el PP y a los siete enchufados a los que el juez Leonardo Álvarez citó aleatoriamente a declarar en la fase de instrucción antes de concluir que Baltar colocó en la Diputación “a quien le vino en gana”. (...)

La defensa de Baltar insiste en cargar sobre los técnicos de la institución provincial —también en su mayoría hijos de destacados cargos del PP— la responsabilidad que el juez instructor, el fiscal y la acusación particular le imputan a él. Según consta en el escrito de defensa, en aquel primer trimestre de 2010 el ahora retirado José Luis Baltar no tuvo más remedio que colocar en la Diputación a un centenar de personas afines. 

El expresidente “hubo de resolver las constantes y reiteradas demandas de personal procedentes de los distintos servicios del propio organismo, así como dar cobertura a las diferentes peticiones que, bien desde los ayuntamientos de la provincia, bien desde los entes autónomos del mencionado organismo, interesaban de forma urgente la contratación de personal laboral”.

Para cumplir con esa “urgencia”, el cacique firmó, sostienen sus abogados, los decretos “prerredactados por los servicios de la Diputación” y “tramitados por el departamento de Recursos Humanos” de la misma institución. Precisa la defensa de Baltar que el secretario de la institución, Francisco Cacharro Gosende, “avaló la adecuación de la decisión a la norma”.

Reconociendo que los contratos se hicieron a dedo, los letrados del expresidente ourensano cargan la responsabilidad sobre “los correspondientes servicios de la institución”. Sostiene la defensa de Baltar que este “no tenía la obligación de controlar o supervisar la adecuada tramitación al estar confiada esta labor a los propios servicios administrativos” de la Diputación que él presidía.

 De esta forma, trasladan la responsabilidad de la contratación de forma arbitraria y caprichosa que le imputa el juez instructor. “Amén de ignorar el trámite”, el exbarón del PP gallego “tampoco tenía la obligación de supervisar la adecuada tramitación”, sostiene su defensa.(...)"       (El País, 12/10/2013)

Bruselas detecta más desvíos de fondos de Baltar en programas europeos

"Los técnicos enviados por Bruselas aprovecharon su investigación del fraude de las plantas de tratamiento de residuos —tras detectar que José Luis Baltar pudo haber incurrido en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público— y ampliaron su campo de trabajo a un puñado más de planes subvencionados también en esa época (entre 2003 y 2005) con fondos comunitarios. 

Ahora reclaman a la Diputación que devuelva otros dos millones de euros. La Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE no encuentra justificación para la mayoría de las partidas que la Diputación certificó con cargo a fondos comunitarios. A los inspectores les llamó la atención, entre otras irregularidades, que Baltar se hubiera gastado parte del dinero que Europa destinó a la “valorización turística de la Vía Nova” en patrocinar un rallye y un barco de regatas. 

 Adjudicaciones “plenas de irregularidades”, incumplimientos “reiterados” de la normativa de contratación pública, gastos consignados “sin facturas” por desplazamientos de particulares que no formaban parte de la plantilla de la Diputación, “ausencia de regla” para conceder las subvenciones…

 Los técnicos de la OLAF relatan pormenorizadamente los sonados incumplimientos de la ley que autorizó el fundador del baltarismo y que, en este caso concreto, realizó en su mayor parte el recientemente destituido responsable del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) José Manuel Freire Couto. 

El informe del organismo anticorrupción detalla cómo, desde el Inorde, se vulneraron los principios básicos que rigen las contrataciones públicas en el plan Pedece, dedicado a la cría caballar y formación ecuestre subvencionado con 1,5 millones por el Feder. La Diputación tendrá que devolver 1,2 millones correspondientes a la redacción del proyecto, a la adjudicación y a la adquisición de material. (...)

Otro de los planes investigados, el Proforest, para el cuidado del patrimonio forestal, resultó ser un cúmulo de anomalías. La UE rechaza las certificaciones de la Diputación por más de 400.000 euros. El Inorde imputó gastos de garaje, dietas, locomoción, combustible y representación que “no son subvencionables”. Asimismo, reclama 1.671,39 euros consignados en concepto de “trabajos de campo” a un particular ajeno a la institución sin factura justificativa. 

En este caso, los técnicos de la UE alertan del método que eligió el Inorde para emplear la subvención europea: “delegó las licitaciones en cada uno de los 13 ayuntamientos” en los que se habrían de realizar los trabajos. Además, cargó gastos de explotación “de otra entidad distinta”, el Instituto do Campo, dependiente de la Xunta, “sin documentar la relación existente” entre ambos.

Del Plan Ilumina Limia, para el uso racional de la energía, el informe de la UE destaca que se adjudicó a dedo tras pedir precios a tres empresas de Ourense. El Inorde seleccionó a la más barata, pactó con ella las condiciones económicas y la firma “con cada uno de los 22 municipios” que participaban del plan y “que se comprometían a contratar los suministros” a la empresa elegida. Tanto la institución provincial como los ayuntamientos fraccionaron los contratos. Bruselas reclama en este caso la devolución de más de 709.000 euros.

Especialmente llamativo resultó para los técnicos europeos el destino de los fondos del Proyecto Vía Nova para la valorización de la antigua vía romana como ruta turística. El Inorde certificó 472.141 euros y la OLAF no acepta la justificación de al menos 126.297 correspondientes, de nuevo, a “gastos no subvencionables” como dietas de alojamiento, manutención y locomoción del personal del Inorde o gastos de representación. En este último capítulo, la institución provincial cargó, por ejemplo, 383,20 euros por una compra a la empresa Aromas de Vinho do Porto.

Entre los gastos de promoción de la Vía Nova, se incluyó un contrato de promoción a Fiat, por 185.760 euros, para participar en rallyes por toda España, y otro de 108. 897 para una carrera en Huesca. Los técnicos de la OLAF no solo descalifican el patrocinio de eventos deportivos dentro de un programa comunitario, sino que precisan que una vez más se adjudicó a dedo. El programa sufragó también el patrocinio, por 17.400 euros, de un barco de regatas. Y coló una subvención de 12.000 euros para la Asociación Gallega del Acordeón."                   (El País, 02/10/2013) 

Baltar fue incapaz de justificar ante Bruselas sus adjudicaciones a dedo

"El presidente de la Diputación Provincial de Ourense, José Manuel Baltar, del PP, contraatacó en enero de este año con vagas justificaciones teóricas al primer informe de los técnicos de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea (UE) que alertaba de que tenía “sospechas suficientemente fundadas” de que su padre y predecesor, José Luis Baltar, había “cometido fraude, corrupción u otros actos ilegales” en la gestión de los fondos estructurales. 

La OLAF, que ahora acusa de varios delitos al expresidente del organismo provincial, las ha desmontado todas. (...)

 Tras comprobar en 2012 que el cacique ourensano había diseminado por la provincia más de un centenar de depuradoras contratadas a dedo con fondos comunitarios (los planes Daredo y Deputrans) a la firma viguesa SMA, pese a que su oferta era más cara que la de su competidora, los técnicos de anticorrupción de Bruselas dieron a su hijo y sucesor la primera oportunidad para alegar. 

Este canceló la cuestión presentando unas observaciones en las que, tras poner el énfasis en que el informe de la OLAF no estaba fechado ni firmado, concluía que la elección de SMA respondía a “una evaluación teleológica” (...)

Los inspectores de Bruselas no han aceptado ninguna de las alegaciones con las que el segundo de los Baltar intentó justificar el gasto de más de 13 millones de euros (10,1 aportados por la UE, que ahora los reclama y que denuncia a la Diputación por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público) en la adjudicación de las depuradoras a la compañía viguesa a la que, según concluye ahora la OLAF, su padre concedió a dedo el concurso. (...)"        (El País, 01/10/2013)

Bruselas reclama a Baltar que devuelva 10 millones de fondos europeos

"La Ofina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea ha emitido un informe en el que confirma que la Diputación de Ourense (PP) tiene que devolver  fondos públicos destinados a los proyectos Daredo y Deputrans, que servían para equipar poblaciones rurales con depuradoras. La investigación de la UE se inició tras una denuncia anónima, presentada según afirma la institución ourensana, por un empresario del sector. 

A raíz de las conclusiones emitidas en ese informe, el Ministerio de Hacienda y Admistraciones Públicas ha iniciado un proceso en el que reclama al organismo provincial la devolución de los 10 millones de euros usados fraudulentamente en 2003 y 2004, durante la presidencia de Baltar padre. (...)

El actual presidente, Manuel Baltar, ha anunciado esta mañana la apertura de una comisión de investigación para aclarar lo sucedido. También presentarán ante el Ministerio de Hacienda "pruebas contundentes" que demuestran la inexistencia de las "presuntas irregularidades". 

Baltar argumenta la defensa de la actuación capitaneada por su padre en que un juzgado ourensano archivó en 2008 una investigación de la Fiscalía sobre este mismo asunto y en que la "acción" irregular destapada por Europa "está totalmente prescrita".

 Baltar hijo rechazó en su momento la creación de una comision investigación política para dilucidar el presunto fraude millonario confirmado ahora por la UE. Entonces también anunció que exigiría responsabilidadades políticas y penales a la oposición por acusar sin pruebas.

 Cuando fue preguntado si exigiría esas mismas responsabilidades a su padre y predecesor en caso de confirmarse el fraude, evitó responder a la pregunta aludiendo a la presunción de inocencia que todavía proclama."                (El País, 25/09/2013)

Seis detenidos por fraude masivo en ayudas de la Xunta de Galicia

Sede de la empresa de Manuel Maceiras, el cabecilla de la trama de fraude en las ayudas. / OSCAR CORRAL (EL PAÍS)

 " Dos años de investigaciones han permitido descubrir una trama que presuntamente se apropió de centenares de miles de euros en subvenciones de la Xunta de Galicia a la repoblación forestal en la provincia de A Coruña.

 El fraude ha afectado a decenas de vecinos de la comarca de la Costa da Morte que aparecen, sin su conocimiento, como demandantes y beneficiarios de subvenciones para reforestar fincas de las que ni siquiera eran dueños. La policía detuvo la pasada semana a seis personas, un matrimonio de empresarios y cuatro empleados de sucursales del Banco Pastor, La Caixa y Banesto en Vimianzo (A Coruña).

 Hoy declararán además como imputados tres funcionarios de la Xunta. En total, una docena de personas están implicados en el caso por el Juzgado de Instrucción 1 de Corcubión.

En el meollo de este entramado están las cuentas bancarias abiertas en esas entidades de Vimianzo con simples fotocopias del DNI de personas que jamás habían pisado esas sucursales y en las que la Consejería de Medio Rural de la Xunta ingresaba, una vez concedidas las subvenciones, cientos de miles de euros. 

El dinero era entonces retirado en efectivo, sin constar por quién, en los días sucesivos al cobro, como consta en extractos bancarios a los que tuvo acceso este diario. En todas esas cuentas bancarias figura el principal implicado en el caso, el empresario Manuel Maceiras Hermida.

Los expedientes investigados por fraude en la Operación Forest y que dieron pie a la Xunta a conceder todo ese dinero en subvenciones forestales en la Costa da Morte están repletos de irregularidades. No solo fallaron todos los controles en la Consejería de Medio Rural en los últimos cinco años. Hay anomalías imposibles de achacar a un error o a la dificultad de verificar la autenticidad de datos y documentos.

Empresarios, empleados de banca y funcionarios engrosan la lista de imputados, ya superior a la decena, en el abultado sumario que instruye desde hace dos años el juez de Corcubión Iván Barallobre. Una de las grandes incógnitas es por qué no existe rastro en Hacienda del pago de esas ayudas públicas cofinanciadas con dinero comunitario. 

Hay constancia, por el contrario, y aparecen en los borradores del IRPF de los beneficiarios, de otras subvenciones de la misma índole, abonadas por transferencia bancaria por el Fondo Galego de Garantía Agraria, el organismo de Medio Rural pagador de subvenciones de los fondos europeos agrícolas en Galicia.  (...)

La consejería no informó a la Agencia Tributaria del pago y destinatario de estas subvenciones forestales bajo sospecha, pese a ser obligatorio desde 2007. Y con independencia de que sean ayudas que tributen o no. En todos los expedientes y cuentas bancarias investigadas figuran los principales acusados de este entramado, Manuel Maceiras, conocido empresario de Vimianzo, y su esposa y socia, María Jesús Esmorís. 

Que no haya rastro en Hacienda contribuyó a que decenas de vecinos de la Costa da Morte no se enteraran nunca, hasta que se destapó por casualidad este fraude, que figuran como solicitantes y beneficiarios de estas ayudas para reforestar parcelas de las que ni siquiera eran dueños. Hay personas que ya habían fallecido cuando se pidió y obtuvo a su nombre una subvención.

 Tampoco consta a efectos fiscales que sean titulares de cuentas bancarias en las sucursales de Vimianzo del Banco Pastor, La Caixa y Banesto, abiertas sin su conocimiento, en las que Medio Rural abonaba las ayudas una vez concedidas. El dinero, una vez ingresado, era retirado en efectivo casi de inmediato en los siguientes días. 

En una misma semana se movía así hasta medio millón de euros pagados por el Fondo Galego de Garantía Agraria. Siempre aparece Maceiras, cotitular de esas cartillas, como remitente directo o indirecto de esos fondos."        (El País, Galicia, 28/04/2013)

José Manuel Baltar reparte a dedo ayudas por dos millones de euros

"José Manuel Baltar sigue al pie de la letra el baltarismo. El hijo-sucesor del cacique ourensano mantiene, en su condición de presidente de la Diputación, la misma práctica de su progenitor consistente en adjudicar a dedo fondos públicos: las denominadas subvenciones nominativas repartidas sin más criterio que el subjetivo con las que su antecesor contentó durante décadas a numerosos colectivos sociales y ayuntamientos de su propio partido.

 Baltar Blanco no solo mantiene la costumbre paterna de conceder las subvenciones a dedo, sino que —tras un amago de distanciamiento de la política del progenitor apelando a la austeridad y poniendo en práctica un ERE que fue paralizado por la Xunta— ha acudido a una modificación de crédito para poder disponer, al margen del presupuesto de la Diputación, de 1,9 millones de euros de los que tirar discrecionalmente. 

Mientras el presidente reparte con una mano los casi dos millones a su antojo, firma con la otra una operación de tesorería por medio millón de euros para pagar créditos de la institución.

Baltar distribuye el dinero de las subvenciones fundamentalmente entre los ayuntamientos del PP, partido que gobierna en aplastante mayoría en la provincia de Ourense, pero los destina en su mayor parte a los mismos asuntos que su padre: tanatorios, fiestas populares, urbanización de piscinas y de campos de fútbol y un vago “familias e instituciones sin ánimo de lucro”, entre otros conceptos similares. 

Así, concede a “Instalaciones deportivas. Fomento del deporte" 211.912 euros. Para las mencionadas familias sin ánimo de lucro destina 50.000 euros, 150.000 se los concede al proyecto OCA Nova Manzaneda (la estación de montaña en la que ha invertido la cadena hotelera OCA y de la que la Xunta sigue siendo accionista) y 19.255 los destina al “Plan de competitividad turística Portas de Galicia”, un proyecto fantasma que se ha llevado ya más de 300.000 euros aportados por la propia Diputación, la Unión Europea y la docena de ayuntamientos de las comarcas de Verín y Viana sin que los alcaldes hayan visto fruto alguno de las inversiones en sus municipios más allá de unas tazas de cerámica con el logotipo de la fracasada marca. Nadie ha reclamado ese dinero público.

El sucesor del baltarismo ha introducido algunos ligeros cambios respecto a la contundente política de reparto de dinero a dedo que hacía su padre. Ha incluido, por ejemplo, a un par de ayuntamientos de la oposición como beneficiarios de las ayudas. Pero si a la histórica Feira do Niño del Ribeiro que cumple 50 años (en Ribadavia, con alcalde socialista) destina 6.000 euros, consigna otros 6.000 para la recientemente inventada Festa do Porco Celta que organiza el Ayuntamiento de Beariz, del PP.

 A la Federación Vecinal Limiar, tomada por el PP y conocida por las fiestas que organizaba al expatrón provincial, el sucesor le concede 14.000 euros en concepto de gastos de funcionamiento mientras aporta 6.000 euros para estos mismos gastos de la Federación Vecinal Miño. Las actividades culturales del periódico local ourensano se llevan 78.000 euros.

Pero la palma de las inversiones concedidas según el criterio personal del presidente se las lleva el municipio fetiche del baltarismo, Nogueira de Ramuín. El ayuntamiento recibe 140.000 euros de las arcas provinciales para “mejoras urbanas” sin especificar. Una inversión solo comparable con la que destina al Ayuntamiento de Melón, dirigido en la sombra por su amigo Alberto Pardellas, que, tras ser condenado por prevaricación (y consecuentemente inhabilitado para el ejercicio de cargo público) fue relevado por su mujer en la alcaldía, quien lo designó asesor. Baltar le concede 91.600 euros: 50.000 para “red viaria” y el resto para “equipamiento de gimnasio”. 

Ayuntamientos en el que los menores de edad no alcanzan el número de jugadores de un equipo de fútbol reciben subvenciones de la Diputación para adecuación de estos recintos deportivos: 50.000 euros solo el cierre del de Larouco y 30.000 el campo de fútbol siete de Laza. El Ayuntamiento de Baltar (con alcalde procesado y obligado por el PP a renunciar temporalmente a la militancia) se lleva 47.000 euros para la “urbanización de la piscina”.     (El País, 18/04/2013)

El 'chukuchú' del tren...por seis millones de euros

Feijóo inaugura la remodelación de la estación de Os Peares, en mayo de 2010

"En 2003 el maná de los fondos europeos sirvió para dar forma al proyecto transfronterizo “estaciones vivas, espacios vivos”. A través de un acuerdo firmado entre el Adif y el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde), la Diputación de Ourense encabezó la remodelación de seis estaciones ferroviarias de la provincia, con el fin de convertirlas en espacios de ocio y turismo.

 Ocho años después, los socialistas ponen en duda que los seis millones de euros consignados para obras (4,7 millones procedentes de Europa) hayan ido a parar al proyecto. “De estaciones vivas nada, porque están más que muertas”, explica el grupo socialista provincial.

 Los planes propuestos para captar los fondos Interreg III no se adaptan a los finalmente realizados. La reforma de las estaciones se ha completado, pero los contenidos no. La remodelación de la estación de Santa Cruz de Arrabaldo estaba presupuestada en algo más de dos millones de euros.

 El edificio rehabilitado se iba a destinar a exponer coches antiguos, pero está cerrado y cuando se abra será un “museo del traje folclórico”.

La estación de Baños de Molgas acoge desde mayo de 2011 el museo de Moncho Borrajo, que no figuraba en ningún informe. La obra costó 943.000 euros, la mitad del dinero usado para la de Santa Cruz siendo la de Molgas bastante más grande. Además de contar con restaurante, allí se expone en horario restringido vestuario del artista, una colección de 1.000 sortijas o pinturas de Miró y Dalí.

De todas las propuestas, la única parecida a lo proyectado es el “aula del tren”, un pequeño espacio expositivo que gestiona la asociación de amigos del ferrocarril Carrileiros, en una de las salas de la estación de Os Peares.

La inauguró Alberto Núñez Feijóo en 2010, aunque ahora funciona a medio gas: la cantina histórica prevista es una tasca cerrada, no hay centro de interpretación y sólo abre cinco horas los fines de semana. (...)

Otras tres viejas estaciones remodeladas siguen cerradas. Según el Inorde, Vilar de Barrio funciona como albergue “solo bajo solicitud” y Campobecerros “tiene un problema con la luz”. Vilavella también tiene el candado echado a pesar de haber consumido 1,5 millones de euros del erario público. El proyecto recoge la creación de 14 puestos de trabajo que no existen."              (El País, Galicia, 28/02/2012)

Fraga, el dilapidador de los 13.000 millones en subsidios europeos, el ministro de un gobierno franquista criminal, el masacrador de Vitoria... resulta que ahora es el padre de Galicia. Ya será menos...

 "Ha muerto Fraga, ese hombre que se quiera o no entró en las vidas de todos. 

Antes dictó varios libros de memorias, tuvo cuidado de dejar escrita su biografía. Ante el prolongado ceremonial de su despedida, tanto botafumeiro, y oyendo el relato que la mayoría de los medios hacen del personaje, hay que concederle que consiguió imponer su autobiografía. (...)

Fraga Iribarne primero y Manuel Fraga después fue un personaje leve y, al tiempo, terrible. Fue leve por su vida teatral, atado a un personaje que gruñe, grita, amenaza violencia con palabras y hechos. Un dramaturgo y un actor vehemente y bulímico que había escrito su vida hasta la escena final: si no en el ruedo, como los toreros, al menos morir en el escenario, como los cómicos.

 Su vida cabe en un tema del teatro barroco, la vida como un sueño. Y fue terrible también. Quien esconda su actuación contra el congreso de los galleguistas en Montevideo, contra las mujeres de los mineros asturianos, contra Julián Grimau, contra los obreros asesinados en Vitoria y tantos otros contras, miente.

La voladura del edificio del periódico Madrid, tras haberlo cerrado cuatro meses, debe de ser un fusilamiento de la libertad de prensa inédito en la historia europea. En suma, fue un personaje destacado del franquismo, que no fue una dictadura o un régimen autoritario sino un régimen totalitario y criminal. (...)

Además de ser mentira, es absurdo decir que era un demócrata. La libertad la odiaba, probablemente más por su propio carácter que por la ideología autoritaria misma. Lo demostró toda su vida y lo pudimos comprobar en nuestras espaldas quienes intentamos en su día practicar la libertad de expresión en su reinado gallego (Que Franco y Fraga fuesen gallegos ambos alguna explicación tendrá, aunque prefiramos pasar de puntillas sobre ello). (...)

Pero no comprenderemos la situación histórica actual de Galicia sin reconocer que la única corriente política que más o menos creyó en la autonomía y la asumió en la práctica estuvo en la derecha y muy concretamente la encarnó en Fraga.

Cambió la ley electoral fundamentalmente para conducir al nacionalismo a la situación histórica en la que se encuentra, consiguió la anuencia de los socialistas gallegos y controló de forma directa o indirecta la abrumadora mayoría de los medios de comunicación, encerrando a Galicia en una jaula asfixiante donde no cabía ejercer en público la disidencia o la libertad personal.

Sobre esa Galicia tutelada levantó una ideología populista basada en un concepto, la "autoidentificación", y empezó por el mismo, mostrándose como un "galego coma ti" y cultivando un estilo populista degradado para conseguir que los sectores sociales más atrasados se identificasen con él. Sin duda que la grosería y el machismo era parte cultivada del personaje, pero, además del cálculo electoral, había en ello algo natural y sincero.

Aquel intelectual -porque lo era- que se mostraba como un hombre vulgar hacía una reivindicación de una parte de sí mismo, de su origen. Sus lágrimas no mentían. Fraga podía ser un jerarca franquista, un catedrático, embajador, diputado, presidente de la Xunta... Pero no querría pasar por señorito."         (SUSO DE TORO: Nuestro Fraga. El País, 22/01/2012)

"Entre los logros menos conocidos de Manuel Fraga figura el haber presidido un Consello de la Xunta sin pertenecer siquiera al Gobierno.

Ocurrió en 1987, cuando el gabinete del popular Xerardo Fernández Albor se caía a pedazos y los socialistas empezaban ya a tramar una moción de censura con cinco parlamentarios -capitaneados por Xosé Luis Barreiro Rivas- que habían desertado de AP. Albor estaba de viaje en Latinoamérica y, en su ausencia, Fraga ocupó la silla del presidente en una reunión informal del Gobierno en el Pazo de Raxoi. Fue la puntilla para el jefe del Gobierno más débil que haya conocido la autonomía gallega y la prueba de que El León de Vilalba, estrellado contra su famoso techo electoral en el conjunto de España, había hecho caso a los que le pedían que volviese a su tierra. (...)

Lo siguiente fue amarrar bien todos los resortes del poder...  De las arcas de la Xunta empezaron a manar riadas de millones hacia los medios de comunicación privados. En los públicos no hizo falta: los oficios de su mano derecha, Jesús Pérez Varela, los convirtieron en una oda permanente al hombre providencial que dirigía los destinos de Galicia. Dentro del partido, solo regía una máxima: "Lo que diga don Manuel".Y luego se sumó todo lo demás. No le quedó una sola aldea de Galicia sin pisar, con Xosé Cuiña como eficaz ejecutor llenó el territorio de carreteras, puentes, auditorios y polígonos industriales -a veces de muy dudosa utilidad- y revolucionó la vida rural llevando el teléfono a todas las casas."         (El País, 17/01/2012)

"En su debe, sin embargo, contará para siempre haber colaborado con tanto convencimiento como activismo con la dictadura franquista y sus sistemas de represión, manipulación y propaganda.

La historia no le absolverá. Pero ya le ha tratado con mucha generosidad, al permitir que se recuerde más aquella época de su vida por el baño en Palomares y el Meyba, que por haber sido miembro de un Gobierno que perseguía y maltrataba a quien no pensara igual.

También figurará en su saldo negativo haber desaprovechado, en gran medida, la mayor oportunidad que ha disfrutado nunca Galicia para planificar y completar un proceso de modernización como país que nos llevase a una economía con más valor añadido y más competitiva, un territorio más equilibrado, o unas instituciones más eficaces y de mayor calidad democrática.

Nunca dispusimos de tantos recursos, tanta capacidad de decisión y autonomía política y tanta voluntad para poder ser lo que quisiéramos ser. El resultado ha sido correr muy rápido delante de nuestros errores liderados por Fraga, hasta que han acabado por volver a alcanzarnos.

Como si estuviéramos jugando a la Oca en vez de vivir, amar o gobernar y hubiéramos caído en la calavera, hemos retornado a la casilla de salida."           (El País, 17/01/2012)


"El caso es que volvió para lograr la presidencia, en unas elecciones bastante apretadas.

"Aunque nadie lo recuerde, nunca quedó aclarado si ganó o no ganó [hubo un polémico recuento de unas sacas de votos llegadas de Venezuela fuera de fecha, que la oposición no impugnó y que le adjudicó el PP el diputado que daba la mayoría].

Todo el mundo decía que Felipe González ordenó no cuestionar el resultado para darle a Fraga un espacio, porque había unos sectores muy nerviosos en la derecha por ese vacío...", cuestiona Guerreiro, que recuerda que Fraga Iribarne "tomó dos medidas importantes":

"Una, modificar la ley electoral para elevar el mínimo para acceder al parlamento del 3% al 5%, porque tenía la mosca detrás de la oreja después de lo apurado de su victoria. La otra escoger a Beiras como partenaire, aunque luego se le escapó de las manos cuando se convirtió en segunda fuerza".     

 "Fraga ayudó a potenciar la autonomía, la hizo más presente, pero en la economía no contribuyó a promover nada que no estuviese ya en expansión. El sector privado pujante que hay, creció independientemente de su gestión. Los fondos de la UE se distribuyeron en una serie de proyectos sin relevancia.

Construir un pabellón deportivo o una casa de la cultura es fácil, pero en lo que es la transformación de la economía de Galicia, la pesca, el sector lácteo, la construcción naval, no hizo nada", asegura Camilo Nogueira. Para Guerreiro, "la herencia más dura de Fraga fue la toma de todo el aparato ideológico y de comunicación para poner a la Xunta fuera del control social. Una herencia que todavía sigue".

 Uno de los gallegos que disienten más radicalmente de que aquella edad fuese de oro es Xosé Luis Barreiro Rivas, director de la campaña que le había dado -sin polémica, pero con sorpresa- a AP su primer gobierno, el de Fernández Albor, y que después ayudó a arrebatárselo con una moción de censura.

"El balance es muy dudoso. Tuvo éxito si consideramos éxito obtener cuatro mayorías absolutas, pero llegó a la Xunta cuando ya había un aparato institucional consolidado, con abundantes recursos en España y en Europa que permitían regar dinero y darle vistosidad al poder personal.

Pero, ¿qué queda?: carreteras, grandes infraestructuras aisladas y caras de mantener, pero un país sin vertebrar y con los problemas de siempre. El símbolo de su gestión es la Cidade da Cultura: algo muy grande y muy caro que nadie sabe para qué sirve". (...)

"Es más propio de la condición humana recordar las virtudes de los ausentes", comenta Portomeñe, que no se resiste a contar una anécdota que ilustra el carácter del que fue presidente gallego durante 16 años.

"Una vez le echó una bronca a la señora de la limpieza de Raxoi, que se llamaba Esterina, por haber retirado un botellín de agua no del todo vacío. A su entender, aquello constituía un dispendio de lo público". Ahora, sea como Júpiter tonante, como Jano bifronte, o como el Saturno que devoraba a sus hijos, Fraga está ya en la mitología de la política."        (El País, 17/01/2012)


"Si el fundador de AP y el PP era un apasionado por la libertad, mucho debió de sufrir hasta bien entrada la edad adulta.

Precisamente el espíritu de servicio al Estado que le resaltan Rajoy y tutti quanti le hizo no discriminar qué tipo de Estado servía, fuese dictadura o democracia.

Y si bien es cierto que altos cargos de Franco fueron también Joaquín Ruiz Jiménez o Rodolfo Martín Villa, el primero optó por la rectificación y el segundo por la discreción, mientras don Manuel por el sostenella y no enmendalla.

No está bien recordar los pasados errores ajenos, pero tampoco olvidar que el hijo pródigo fue celebrado y agasajado porque reconoció sus errores (Lucas, XV, versículos 11-32).También es retorcer un poco la historia adjudicarle el advenimiento de la democracia. (...)

Y también es cierto que su Ley de Prensa de 1964 mejoró lo que había, pero no "posibilitó el despegue de una cultura mediática ajena a los dictados ideológicos de la época", como asegura el presidente del Gobierno y del PP.

Cambió el "está prohibido decir eso" por el "usted verá lo que hace si dice eso", como comprobaron, por ejemplo, los editores de La Voz de Galicia que tuvieron que pagar en 1968 una multa de 50.000 pesetas "por exaltar el idioma gallego", y otros, también en Galicia, que vieron secuestrados sus libros y revistas.

Es más, posiblemente lo peor de Fraga, su herencia más negativa y todavía vigente, son sus epígonos, los que acuñaron aquel "lo que diga don Manuel" que definió sus relaciones con amplios sectores sociales, altos y bajos."      (XOSÉ MANUEL PEREIRO: Fraga explicado a los niños. El País, 19/01/2012)

"La biografía de Manuel Fraga no está completa sin el relato del sufrimiento que provocó su participación política durante la dictadura.

Los allegados de Julián Grimau, fusilado por orden de un Consejo de Ministros del que formó parte; de Enrique Ruano, cuyo asesinato a manos de la Policía fue disfrazado por Fraga en la prensa como un suicidio; y las familias de los trabajadores de Vitoria, muertos por disparos de la Policía siendo Fraga ministro de Gobernación, recuerdan el pasado oscuro del fundador del PP.(...)

 "Encontraron en el bolsillo de una americana una carta que iba a enviar a su psiquiatra", recuerda la hermana del joven estudiante asesinado, Margot Ruano, de 61 años. Cuando la misiva llegó al Ministerio de Información, dirigido entonces (enero de 1969) por Manuel Fraga, comenzó una de las estrategias más sombrías de la biografía del político gallego.

El documento que Enrique iba a enviar a su psiquiatra, Carlos Castilla del Pino, fue manipulada por los hombres de Fraga en un diario personal que supuestamente desvelaba las tentaciones suicidas de Ruano.

El diario ABC publicó las frases textuales que Enrique relataba a su psiquiatra y acompañó la filtración de una columna titulada: "Víctima sí, ¿pero de quién?", en la que critican la supuesta utilización por parte de la izquierda de la muerte "de un pobre muchacho tocado de una clara y típica psicopatía".

"Fraga lastró la memoria de mi hermano influyendo en la prensa de la época para justificar un asesinato calificándolo como un suicidio", recuerda Margot.(...)

 Enrique Ruano fue disparado en un hombro y cayó desde un séptimo piso durante un interrogatorio. Los médicos que le hicieron la autopsia ocultaron el rastro de la bala en la clavícula. Cuatro médicos reconocieron en 1996 en la Audiencia Nacional haber manipulado la autopsia por presiones del Gobierno. (...)

La impunidad fue absoluta, pero el hecho de que la Audiencia reconociera que mi hermano fue disparado ya es más de lo que consiguieron otras familias. Fue un asesinato político", añade Margot. "Fraga tiene las manos manchadas de franquismo", resume la hermana de Ruano, asesinado a los 21 años.

"Fraga llamó a mi casa, mientras trataba de arrastrar por el lodo a mi hermano, para dar el pésame. Tenía 18 años, pero sabía qué estaba pasando. Me dijo que le pasara a mi padre pero me negué. Bastante tenía mi padre como para escuchar a este miserable", recuerda Margot(...)

El 3 de marzo de 1976, la Policía asesinó a cinco personas en una huelga en Vitoria... "¡Buen servicio! () Aquí ha habido una masacre... Pero, de verdad, una masacre ", dejó grabado un mando policial. La Justicia nunca sentó en el banquillo a los responsables de la "masacre", como Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación. (...)

Ver a mi hermano muerto en el hospital de Santiago fue muy duro, pero fue peor tener que decírselo a mis padres"... Martínez critica las alabanzas a Fraga de los dirigentes del PP y del PSOE. "¿Qué pensaríamos si un nazi fuera al presidente de honor del partido del Gobierno alemán?", se pregunta. (...)

"Rebelión militar continuada". Ese fue el delito que llevó al paredón a Julián Grimau, dirigente del PCE, en la madrugada del 20 de abril de 1963 a sus 52 años. Un día antes, se reunió durante horas el Consejo de Ministros presidido por Franco.

El dictador quiso compartir con sus ministros, entre ellos Fraga, que ocupaba la cartera de Información y Turismo, la responsabilidad de la condena a muerte de Grimau. Según se ha podido comprobar después, todos votaron a favor.(...)

  "No se puede considerar un demócrata a alguien que no ha sido antifranquista", destaca el militante comunista al respecto de los honores recibidos por Fraga durante toda la semana."                  (Público, 22/01/2012,Víctimas del Fraga franquista)

Y lo que nunca muere...

"Iban de excursión a Asturias y terminan en el funeral de Fraga. 

«Dixeron que quen poñía o coche era a Xunta, e que ía para Santiago», aseguran los vecinos de Lugo."     (La Voz de Galicia, 22/01/2012)