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21/9/24

La prima de Feijóo adjudicó una plaza a su marido cuatro años después de ascender en la Xunta... Eloína Núñez Masid, designada por su primo gerente del área sanitaria de Ourense a los tres meses de llegar a la presidencia del Gobierno en Galicia, creó un cargo que no existía en su hospital para asignárselo a su esposo

 "La prima de Alberto Núñez Feijóo, Eloína Núñez Masid, adjudicó una plaza en el Servicio Galego de Saúde (Sergas) a su marido cuatro años después de que su primo la nombrara en 2009 gerente de los hospitales públicos de la provincia de Ourense.

La designación se produjo en plena oleada de destituciones de mandos intermedios de la sanidad gallega que se oponían a la estrategia de recortes en el presupuesto sanitario ejecutada por Feijóo tras su llegada a la Xunta aquel año. Varios de esos médicos fueron sustituidos por familiares de otros altos cargos o por galenos afines al PP, mediante oposiciones amañadas que los tribunales acabaron declarando ilegales.

Eloína Núñez Masid, exconcejala del PP de Ourense, accedió a la gerencia del área sanitaria de la provincia en agosto de 2009. Es decir, apenas tres meses después de que el líder del PP tomara por primera vez posesión de la presidencia del Gobierno gallego.

En septiembre de 2012, la nueva gerente firmó la convocatoria de varias plazas en los hospitales que dirigía, cuya provisión suscribió ella misma en junio de 2013. Uno de esos puestos, la jefatura de sección del servicio de Urgencias, que no existía hasta entonces, fue para su marido, Francisco José Aramburu Vilariño, según figura en la resolución del Diario Oficial de Galicia que acompaña a este texto.

Al contrario del resto de servicios hospitalarios de Galicia, donde la normativa establece la existencia de jefaturas de sección y de servicio, en los de Urgencias y Admisiones sólo se contempla la figura de los coordinadores, según han hecho saber a Público fuentes conocedoras de la organización de la administración sanitaria.

De hecho, añaden, cuando el marido de Núñez Masid fue ascendido a la coordinación de las urgencias de Ourense en 2019, la jefatura de sección que ocupaba se extinguió automáticamente y no se ha cubierto desde entonces.

Este diario se ha dirigido a la gerencia del Sergas para conocer las razones que llevaron a la creación y dotación de la citada plaza y a su desaparición posterior, así como para intentar contactar con Aramburu para obtener su versión de los hechos. A la hora en que se terminó de escribir este artículo, Público no había obtenido respuesta.

Contratos con la empresa de su prima Micaela

Eloína Núñez Masid es licenciada en Medicina por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y tiene plaza de técnica superior de Salud de la Xunta en Ourense. Feijóo la ascendió en 2017 a la gerencia de los hospitales de Santiago, desde donde tramitó dos contratos por cerca de cuatro millones de euros con Eulen, cuya directora para Galicia y el noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder popular.

Según las investigaciones que ha venido publicando este diario, las sociedades de ese conglomerado empresarial han obtenido más de 54 millones de euros en adjudicaciones de la Xunta, la mayoría a través del Sergas, desde que Feijóo ganó las elecciones de 2009.

En cuanto al esposo de Núñez Masid, también se licenció por la USC y es urgenciólogo en el complejo hospitalario de Ourense desde 1987. La cobertura de su plaza de jefe de sección se realizó por el procedimiento de evaluación colegiada, mediante el que un tribunal designado por su mujer valoró sus méritos y propuso su designación. Según las fuentes antes citadas, Francisco José Aramburu fue el único que se presentó al proceso de selección.

Destituida y recolocada

En mayo de este año, Eloína Núñez Masid fue destituida de la gerencia de los hospitales de Santiago, aunque se mantiene en la ejecutiva del PP gallego, en la que Feijóo la designó vocal de sanidad en 2019.

Tras su cese, el Gobierno de Alfonso Rueda le concedió un permiso de seis meses con sueldo al que no tenía derecho, aunque es probable que no lo agote dado que la Consellería de Política Social planea nombrarla subdirectora xeral de Envellecemento Activo e Prevención da Dependencia e Innovación Sociosanitaria.

La Consellería de Política Social es después del Sergas la segunda entidad de la Xunta que más dinero público ha entregado a Eulen, la empresa de Micaela Núñez Feijóo. Su titular es Fabiola García, a su vez esposa de Lucas Martinón, quien fue director adjunto de la campaña electoral de Feijóo en 2009 y director xeral de Comunicación de la Presidencia de la Xunta hasta que dejó el cargo en 2020 para emprender un proyecto empresarial personal.

Las purgas de Feijoo en la sanidad gallega

En la misma época en la que el hoy presidente del PP ascendió a su prima en los hospitales de Ourense, y en la que ésta adjudicó una plaza a su marido, los nuevos gerentes de las áreas sanitarias nombrados por el entonces presidente de la Xunta destituyeron también a varios jefes de servicio de los hospitales públicos, para sustituirlos por médicos afines a la nueva dirección de la Administración sanitaria. Esos puestos nunca habían tenido adscripción política hasta que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia en Galicia.

Uno de los afectados fue el doctor Evaristo Varo, cirujano y jefe la Unidad de Transplantes Abdominales en Santiago, quien había denunciado que el Sergas se negaba a facilitar la medicación que prescribía a pacientes de hepatitis C que fallecieron sin recibirla. Su plaza fue entregada en concurso-oposición a Manuel Bustamente, esposo de Rocío Mosquera, primera gerente del Sergas con Feijóo y posteriormente conselleira de Sanidade. 

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró ilegal aquel procedimiento porque entendió que había sido amañado para dar a Bustamente el puesto de Varo. Éste no llegó a recuperarlo, pero Feijóo recolocó a Rocío Mosquera en la gerencia de Galaria, una empresa pública de prestación de servicios sanitarios de alta tecnología donde cobra un salario cercano a los 70.000 euros.

El mismo tribunal anuló también los concursos mediante los que fueron retirados de sus puestos en los hospitales de Pontevedra los doctores Víctor Pedreira, jefe del servicio de Psiquiatría; Enrique Vázquez Astray, jede de Digestivo; y su compañero Enrique Temes, jefe de Neumología.

Otro afectado por aquellas purgas fue José María Borro, jefe de Cirugía Torácica en A Coruña y fundador de Batas Blancas, quien sufrió una campaña de desprestigio y persecución profesional tras denunciar que varios médicos de su servicio derivaban pacientes a clínicas privadas donde les cobraban por operarles. Fue expedientado, sancionado, destituido de su cargo en el hospital y apartado de su plaza de profesor en la universidad. Tres tribunales distintos le dieron la razón en otras tantas ocasiones. Borro, impulsor del programa de trasplantes de pulmón en A Coruña, decidió hace años dejar Galicia para ejercer su profesión en otra comunidad autónoma."                 (Juan Oliver, Público, 15/09/24)

26/8/24

Díaz Ayuso y Moreno Bonilla multiplicaron las adjudicaciones a la empresa donde es directiva la hermana de Feijóo El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid contrata con Eulen 20 veces más que sus predecesores y el de Andalucía ha aumentado un 50% las asignaciones al grupo que dirige en Galicia y el noroeste de España Micaela Núñez Feijóo... y claro, los contratos de la Xunta de Rueda con la empresa de la hermana de Feijóo desvelan trato de favor e información privilegiada La empresa que dirige en Galicia Micaela Núñez Feijóo recibió en los dos últimos años más de 160 adjudicaciones a dedo por el procedimiento de emergencia, frente a las 10 que obtuvieron en el mismo período sus dos principales competidoras

 "Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla multiplicaron las contrataciones de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Junta de Andalucía con el Grupo Eulen, la empresa de la que es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente del PP, desde que en 2019 ambos llegaron a la presidencia de sus respectivas comunidades. Su compañero de partido Fernando López Miras procedió de la misma manera en Murcia tras hacerse con el poder en 2017.

La hermana menor del líder del PP es la directora para el noroeste de España del Grupo Eulen, una empresa con origen en Bilbao que se ha convertido en una de las principales proveedoras de servicios a empresas y administraciones, especialmente en los sectores de limpieza y seguridad, con más de 75.000 empleados en España y otra decena de países.Eulen también vio multiplicadas las adjudicaciones de la Xunta en Galicia desde que Feijóo accedió al mando de la Administración autonómica en 2009. Sus gobiernos asignaron a la firma de su hermana más de 34 millones de euros en 13 años de mandato, y los de su sucesor, Alfonso Rueda, llevan más de 17 millones en los dos últimos ejercicios.

En total son más de 54 millones de euros, es decir una media de 3,6 millones al año. Con la Xunta anterior, gobernada por PSOE y BNG, los contratos de Eulen con el Gobierno de Galicia no llegaban a los 800.000 euros anuales.

Esa tendencia al incremento del negocio de la compañía de Micaela Núñez Feijóo con las administraciones autonómicas se registra también en otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía y también Murcia, donde Eulen ha visto aumentar sensiblemente su volumen de concursos ganados desde que Moreno Bonilla, Díaz Ayuso y López Miras accedieron al poder.

De menos de 50 millones a casi 74

Según los datos que figuran en la plataforma de contratación pública de la Junta de Andalucía, los gabinetes de Susana Díaz (PSOE) habían adjudicado a las sociedades de Eulen 49,28 millones de euros en seis años y medio entre 2013 y enero de 2019, cuando Moreno Bonilla la sucedió. Desde entonces hasta hoy, es decir en un período de cinco años y medio, la cifra se eleva a 73,97 millones de euros, un incremento bruto superior al 50%.

Feijóo y Moreno Bonilla presumen de una sólida amistad desde antes de que el primero presidiera el PP y el segundo, Andalucía. Se dejan ver con frecuencia en entornos distendidos con sus respectivas parejas. De hecho, el 24 de agosto de 2022 acudieron juntos a un concierto de C. Tangan en Vigo, invitados a la zona VIP por Alfonso Rueda. La Xunta aún no ha explicado quién pagó aquellas entradas.

En Madrid la subida de las contrataciones de Eulen es aún más llamativa. En los cuatro años que van desde mediados de 2015 y el verano de 2019, bajo los gobiernos sucesivos de Ángel Garrido, Pedro Rollán y Cristina Cifuentes, la Comunidad había adjudicado a las sociedades del grupo contratos por valor de menos de 600.000 euros, según figura en la web de transparencia de la Comunidad. Desde la llegada de Díaz Ayuso, que fue investida el 14 de agosto de 2019, hasta hoy, ya van más de 15 millones de euros en cinco años.

Si con sus predecesores Eulen obtenía del Gobierno madrileño una media de menos de 150.000 euros por ejercicio, con Díaz Ayuso son unos 3,11 millones anuales. Es decir 20 veces más.

En la Región de Murcia, desde la llegada a la presidencia de Fernando López Miras en mayo de 2017, las filiales del Grupo Eulen han contratado con su Gobierno por valor de más de cinco millones de euros, es decir más de 715.000 euros al año. Entre 2014 y 2017, sus predecesores —Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre y Pedro Antonio Sánchez— no llegaron conjuntamente a los 1,24 millones en total. Unos 413.000 euros por ejercicio. Un 73% menos que con López Miras.

507 contratos en Andalucía desde 2019

Durante el mandato de Moreno Bonilla en Andalucía, el Grupo Eulen ha recibido hasta ahora 507 adjudicaciones, la mayoría de ellas, 308, obtenidas por la sociedad cabecera del grupo, Eulen SA, que se llevó más de 57 millones en contratos ordinarios y otros 1,5 millones en contratos menores —los de valor inferior a 40.000 euros si se trata de adjudicaciones de obras o de menos de 15.000 euros si son para la prestación de servicios—.

En los últimos cinco años y medio, Eulen SA aumentó en casi un 90% las licitaciones ganadas con los gobiernos del actual presidente andaluz en relación a las que recibía con los ejecutivos socialistas. La firma principal del grupo registra más del 77% de todas las adjudicaciones que ha obtenido con Moreno Bonilla. Le siguen Eulen Seguridad SA, con 11,62 millones;, Eulen Servicios Sociosanitarios SA, con 2,87 millones, y la unión temporal de empresas entre Eulen SA y Ferroser, que ganó contratos por valor de otros 2,4 millones.

El mayor contrato que Eulen ha recibido hasta la fecha en Andalucía se eleva a 26,3 millones de euros, impuesto sobre el valor añadido (IVA) incluido, y fue adjudicado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la citada empresa en cinco lotes asignados entre mayo y junio de 2022. Su objeto es el servicio de limpieza, gestión de residuos y suministro de material a los centros sanitarios adscritos a la plataforma del SAS en la provincia de Córdoba.

Si en Andalucía la fuente prinicipal de negocio de la sociedad para la que trabaja la hermana del presidente del PP es Eulen SA, en Madrid el listado lo lidera Eulen Seguridad, que ha recibido con los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso más del 80% de todas las adjudicaciones que ha obtenido el grupo durante el mandato de la presidenta madrileña.

Eulen Seguridad en Madrid: 70 veces más adjudicaciones

Frente a los poco más de 176.000 euros que obtuvo con los ejecutivos anteriores a agosto de 2019, desde entonces hasta la actualidad la Comunidad ha contratado con Eulen Seguridad por un valor superior a los 12,5 millones, es decir 70 veces más.

El mayor contrato que esa compañía ha recibido con Ayuso, firmado el pasado 31 de mayo, son 10,3 millones de la Consejería de Medio Ambiente a través del Canal de Isabel II para servicios auxiliares y de seguridad en las instituciones del organismo, que se licitaron en cinco lotes por un precio base de más de 106 millones. En junio del año pasado, el mismo departamento entregó a Eulen Seguridad otro lote de 2,11 millones para el suministro y la instalación de sistemas electrónicos de seguridad en el Canal de Isabel II.

Además de la filial de seguridad, Eulen Servicios Sociosanitarios ha multiplicado por 18 su cifra de negocio con la Administración madrileña, al pasar de 156.000 euros en el período 2015-2019 a cerca de 2,8 millones desde entonces. Por su parte, Eulen SA ha crecido apenas un 2,6%, pasando de 231.916 euros a 237.872 euros en cada período.

En la Región de Murcia, los dos mayores contratos con empresas del grupo Eulen se firmaron bajo el mandato de Fernando López Miras: 2.976.532 euros del Servicio Murciano de Salud (SMS) para limpieza, desinfección y jardinería en varios centros sanitarios, y otros 1.886.504,76 euros del mismo organismo para el mismo objetivo en la central de esterilización del Hospital General Universitario Reina Sofía.

Entre ambos suman más de 4,86 millones de euros, cerca del 78% de todas las adjudicaciones que la empresa donde es directiva la hermana de Feijóo ha recibido de la Administración murciana desde 2014.

Público ha intentado obtener una valoración de la información recogida en este texto de las tres administraciones implicadas. Ni la Comunidad de Madrid ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno de la Región de Murcia habían respondido al ofrecimiento al cierre de este artículo.

La dirección del grupo Eulen también ha declinado ofrecer su versión.

Con respecto a la Xunta de Galicia, la presidencia de Alfonso Rueda sí ha contestado que cumple estrictamente la legislación en materia de contratación pública y que la empresa donde es directiva la hermana de Alberto Núñez Feijóo es una multinacional con una facturación anual superior a los 1.700 millones de euros que obtiene adjudicaciones de administraciones de todos los colores políticos.

El PSOE reclama los contratos

Tras las informaciones relevadas por este diario, el PSOE ha reclamado que se hagan públicos todos los contratos de la Xunta con la empresa de la hermana de Feijóo. El grupo socialista en el Congreso también ha pedido los contratos de la Administración autonómica de Galicia con la sociedad Universal Support, cuyo director comercial es el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja del presidente del PP, Eva Cárdenas.

El pasado 2 de abril, Público publicó que Universal Support había facturado 15,2 millones de euros de fondos destinados a la lucha contra el covid entre 2021 y 2022, cuando el actual presidente del PP aún lo era de la Xunta.

Al día siguiente, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) desveló que la sociedad vinculada al cuñado de Feijóo había ganado con la oferta más cara otro concurso de la Xunta sufragado con más de cuatro millones de euros de fondos covid."     (Juan Oliver, Público, 25/08/24)

 

 "Los expedientes de los contratos de los dos últimos años de la Xunta con Eulen, la empresa que dirige en Galicia y para el noroeste de España la hermana del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desvelan evidencias de que la compañía sigue contando con trato de favor por parte de la Administración autonómica, a cargo de Alfonso Rueda, e indicios de que dispone de información que debería ser confidencial sobre las ofertas de sus competidoras en muchos concursos públicos a los que concurre.

Desde que Rueda es presidente del Ejecutivo autonómico, Eulen ha obtenido más de 17 millones de euros en adjudicaciones de la Administración gallega, que se suman a los más de 37 millones que la empresa de Micaela Núñez Feijóo obtuvo en los trece años en los que su hermano mayor estuvo al frente del Gobierno gallego.

En varios de aquellos expedientes, tramitados entre 2009 y 2022, también figuran evidencias de que la compañía resultó beneficiada en la tramitación de algunos procedimientos y señales de que, en otros, dispuso de información privilegiada sobre las ofertas de sus competidoras.

La tramitación ordinaria de los procedimientos mediante los que las administraciones contratan la compra o el alquiler de bienes y la prestación de servicios está reglada por ley y obliga a darles publicidad, de forma que cualquier sociedad mercantil que cumpla los requisitos básicos pueda concurrir a ellos y forzar al resto a presentar ofertas que reduzcan el gasto de dinero público.

Ofertas caras cuando no tiene rivales

En el caso de varios de los contratos recientes de Eulen con la Xunta, los indicios de que pudo haber manejado información privilegiada se deducen de que sus ofertas son competitivas cuando tiene rivales, pero no cuando acude en solitario a los concursos. Una circunstancia que legalmente no podría conocer hasta el momento en que se publican las propuestas técnicas y económicas, que ya no pueden modificarse.

Un ejemplo es el contrato que la empresa de Micaela Núñez Feijóo ganó el pasado 31 de enero para el servicio de seguridad y vigilancia de la Axencia de Donación de Órganos e Sangue, dependiente del Servizo Galego de Saúde. La Xunta propuso un precio base de licitación de 517.120,31 euros, y Eulen fue la única que se presentó al concurso .En teoría no podía saber que no tenía rivales, pero presentó una oferta nada competitiva: 516.910,94 euros; es decir, sólo 209,37 euros por debajo del precio inicial. Apenas un 0,04% menos.

Otro ejemplo: la Fundación Cidade da Cultura, que gestiona las instalaciones de la Xunta en el complejo del monte Gaiás en Santiago, sacó a concurso en la primavera de 2022 un contrato para el "apoyo técnico en la producción de actividades culturales y otros eventos institucionales" con un presupuesto es de 252.487,21 euros. De nuevo sólo acudió Eulen, que se llevó el contrato en agosto con una oferta de 251.023,94 euros, es decir 1.463,37 euros menos. Un 0,58% por debajo del precio de licitación.

El pasado 20 de diciembre, la empresa para la que trabaja la hermana de Feijóo consiguió una de las adjudicaciones más cuantiosas de todas las que ha recibido de la Xunta. Fue a través del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Bienestar, que le asignó la gestión de varias residencias y centros de día en la provincia de Lugo. El precio base de la licitación era de 1.527.822 euros, aunque esa cantidad podría elevarse a más de 7,3 millones sumando renovaciones, prórrogas y sobrecostes previstos en las bases del concurso.

Criterios técnicos que se evalúan de manera subjetiva

Eulen la ganó licitando 1.511.462,12 euros, apenas un 1% por debajo del precio original. En el expediente público no aparecen las ofertas económicas de las dos empresas que rivalizaron con ella, pero sí un informe técnico de 54 páginas en el que el Consorcio fundamenta su decisión de excluirlas. Ninguna de las dos competidoras de Eulen obtuvo la puntuación mínima en la baremación de los criterios técnicos que se evalúan con juicios de valor, es decir de manera subjetiva. En ellos, la firma de Micaela Núñez Feijóo obtuvo 35,5 puntos frente a los 16,5 y los 15,5 de sus rivales.

A juicio de expertos en contratación pública consultados por Público, el uso recurrente de los criterios técnicos valorados de forma subjetiva para adjudicar concursos a una empresa que no presenta la mejor oferta económica también puede ser un indicio de trato de favor. En los contratos asignados por la Xunta a Eulen en los últimos dos años, hay varios ejemplos de esa práctica.

Es el caso de los dos asignados a la empresa por la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) el año pasado. En el primero, para los servicios de seguridad, con un precio de licitación de 666.170,01 y un valor final estimado con prórrogas de 1.352.758,95 euros, Eulen presentó la oferta económica más cara de las tres que concurrieron, pero lo ganó gracias a los criterios evaluables mediante juicios de valor.

Sucedió lo mismo con el segundo, previsto para la contratación de azafatas para eventos y programas, con un valor estimado de 204.073 euros y que ganó gracias a una evaluación subjetiva más favorable que la de sus competidoras.

Almacén de libros

Ocurrió algo similar en febrero de 2023 con el concurso para la gestión de un almacén de libros de la Consellería de Cultura. Eran 122.222,4 euros por 36 meses y Eulen lo ganó con la oferta más cara frente a dos competidoras, gracias de nuevo a la evaluación de criterios subjetivos que primaron la supuesta calidad de su propuesta sobre el ahorro que ofrecían sus rivales.

La eliminación de estos competidores resulta difícil de entender acudiendo a una valoración subjetiva de sus ofertas si se tiene en cuenta que el servicio contratado, según los pliegos de condiciones, se basa únicamente en la contratación de un trabajador "dos días a la semana a jornada completa, con el perfil de mozo especializado-carretillero que acredite experiencia en tareas de movimiento, clasificación y arrastre de mercancías".

La segunda condición es la puesta a disposición del almacén de algunos medios materiales básicos, con un valor tasado en las bases del concurso en 60.000 euros y sobre los que tampoco parece caber opinión subjetiva alguna: "Dos carros con ruedas neumáticas, una transpaleta, una carretera elevadora, una cuenta de correo electrónico, teléfono y conexión a Internet y una aplicación informática".

Otro ejemplo de cómo la valoración subjetiva beneficia a Eulen en muchos de los procedimientos a los que concurre con ofertas económicas menos competitivas que sus rivales está en el que convocó en junio de 2022 el Parque Tecnolóxico de Galicia para la cobertura de su servicio de seguridad.

El contrato tenía un presupuesto máximo de licitación de 157.127,88 euros y se presentaron tres empresas. La que proponía el mejor precio obtuvo 45 puntos en la valoración económica objetiva y 38 en la evaluación técnica subjetiva. Es decir 83 en total. No ganó porque la de Micaela Núñez sumó 28,002 y 55 puntos, respectivamente. O sea, 83,002. Por dos milésimas de punto.

Contratos por el procedimiento de emergencia

También puede deducirse trato de favor si una empresa es elegida sistemáticamente por una Administración para cubrir contratos tramitados por la vía de emergencia, un procedimiento excepcional que permite al organismo correspondiente asignárselo sin concurso ni competencia.

En el caso de Eulen, entre mayo de 2022 y junio de 2024 obtuvo mediante la contratación de emergencia del Sergas más de 160 adjudicaciones por valor de 1,3 millones de euros. Una cantidad que dista mucho de las percibidas por otras grandes compañías del sector que suelen rivalizar con ella en los concursos de la Xunta.

Según la información que la propia Xunta ofrece en su plataforma de contratos, Securitas, la primera empresa de seguridad privada de España, solo se llevó en ese periodo diez contratos de emergencia del Sergas por un total de 51.782,16 euros. Prosegur, la segunda del ranking estatal, ninguno.

Público ha contactado con la dirección del grupo Eulen para obtener su valoración de los hechos, pero la empresa ha declinado ofrecer su versión. También con la presidencia de la Xunta que encabeza Alfonso Rueda, que defiende que sus adjudicaciones cumplen de manera estricta la legalidad en materia de contratación pública y recuerda que Eulen es una multinacional que concurre y gana concursos en todo el Estado convocados y resueltos por administraciones de todos los colores políticos."                 (Juan Oliver , Público, 18/08/24)

21/6/24

Un Rolls-Royce por una plaza de funcionario: así operaba la Deputación que Feijóo dejó en manos de los Baltar

 "En la Deputación de Ourense, dominada durante décadas por la familia Baltar, se podía obtener una plaza de funcionario a cambio de un Rolls-Royce.

Así se desprende de unas grabaciones efectuadas por un ex alto cargo de la institución, a las que ha tenido acceso Público y que desvelarían la corrupción endémica de la red clientelar tejida en torno al organismo. Corrupción que, según la oposición, sigue lastrando el mandato del actual presidente de la Deputación, Luis Menor, nuevo presidente también del PP provincial.

Este diario inicia hoy una serie de entregas con varios audios inéditos que recogen conversaciones telefónicas entre empresarios de la provincia y militantes y altos cargos del partido en las que hablan, entre otras cosas, de supuestos pagos millonarios y regalos de lujo a los Baltar y de dinero para financiar el PP de Galicia, a cambio de empleos en la Deputación para ellos y sus familiares.

El citado ex alto cargo ha pedido a Público que su voz sea distorsionada para que no se le reconozca y que su identidad sea mantenida en el anonimato. Este diario ha intentado obtener la versión de los Baltar, que al cierre de este artículo no habían respondido al ofrecimiento para recogerla.

También ha preguntado al equipo de comunicación de Luis Menor si el presidente está al tanto de esas presuntas irregularidades o si desea valorarlas, pero al cierre de este artículo aún no lo habían hecho.

Feijóo llevaba tres ejercicios como presidente del PP gallego

Los audios fueron grabados en el año 2008, cuando Alberto Núñez Feijóo ya llevaba tres ejercicios como presidente del PP gallego. El líder del partido en Ourense y en la Deputación era entonces, y desde inicios de la década de los 90, Xosé Luis Baltar, quien legó ambos cargos a su hijo Manuel en los años 2010 y 2012, respectivamente.

Público supo de la existencia de las grabaciones y tuvo acceso a su contenido hace más de una década, pero la fuente sólo ha aceptado hacerlas públicas años después de que Baltar padre abandonara la vida política y de que su hijo perdiera el año pasado el poder que detentaba en la Deputación.

Feijóo ha acudido en numerosas ocasiones al auxilio de los Baltar, incluso para convertir en alcalde de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome en 2019 con el objeto de garantizar el apoyo del líder de Democracia Ourensana al PP en la Deputación. O para impedir que su partido desalojara a Pérez Jácome con una moción de censura cuando el regidor perdió el apoyo de varios de sus concejales. O, más recientemente, cuando el año pasado hizo senador a Baltar hijo retrasando así un año su procesamiento por un delito contra la seguridad vial.

En la primera de las grabaciones, un empresario de la localidad de A Rúa afirma que ha comprado un automóvil Rolls-Royce para el presidente de la Deputación a cambio de una plaza de funcionaria para su hermana, quien, según ha podido constatar este diario, efectivamente la obtuvo.

El precio del vehículo, adquirido en Autos Santa Rita, un concesionario ourensano de compraventa de coches de lujo, era de siete millones de pesetas —los interlocutores se expresan en ocasiones en la extinta moneda—, es decir 42.000 euros.

Esta es la transcripción de la conversación:

"¿Cuánto te costó el Rolls Royce?"

- ¿Qué te iba a decir yo? La plaza de tu hermana, ¿cómo está el tema?
- Me dijo que había unas reuniones de trabajo que tenían el miércoles y que si salía bien pues que la llamaban para la semana o así.
- Pero carallo, joder, lo que llevas tú, carallo... No me jodas, lo que llevas tú dado... ¡Coño! ¡Ya está bien!, ¿eh?
- Eso es verdad, sí.
- Pero hostias, tú... Carallo, ¿cuánto te costó el Rolls-Royce que le pagaste tú al Santa Rita [concesionario de vehículos de lujo en Ourense al que Baltar compraba los coches de la colección que fue engordando durante su mandato]. ¿Seis millones o así?
- Seis... O siete.
- ¿Siete? Yo no sé si le oí a él o a quien fue entonces, que eran seis... Pues mira, siete, siete kilos. Y lo que llevas tú dado.
- Efectivamente.

[...]

- El tema de tu hermana, carallo, Baltar, hostia, joder, tiene que... ¿Me entiendes? Porque ya está bien, ¿me entiendes?.. Pues yo no sabía, yo no sabía que... Yo pensaba que el Rolls-Royce te había valido seis millones, pero fueron siete, ¿no?
- Sí, por ahí debía de andar.
- Joder, ¿cómo le diste siete millones al de Santa Rita? ¡Es un atracador!
- Yo no sé si es un atracador o qué...
- Es un atracador, un gitano, carallo... Eso lo traías tú de otro lado por la mitad del dinero. Te jodió siete kilos y ahora vas al carajo. Bueno...
- Es un gitano.
- Exactamente. Bueno, pues tranquilo, pues a ver cómo...

En la segunda de las grabaciones, otra persona, en este caso un funcionario del servicio de conductores de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, también habla de cómo reclamar una plaza para su hija tras haber pagado cuatro millones de pesetas —24.000 euros—, otro vehículo valorado en cinco millones de pesetas —30.000 euros— y otros tres millones de pesetas —18.000 euros—para el partido.

Según ha podido saber este diario a través de fuentes internas de la Deputación, ella también habría obtenido su plaza. La fuente de Público asegura tener constancia de que el dinero y el coche les fueron entregados a los Baltar, como se desprende de aquella conversación:

"Sin el coche, le di cuatro millones"

- Yo creo que ya están bien, ahora no se puede... Ahora hay que presionar el tema y punto. Se acabó la historia, ¿me entiendes?
- Sí, tengo que ir y decirle: "Mire, esto de ahora no puede pasar".
- Claro, porque, vamos a ver, al Baltar, ¿cuánto le habías dado al principio?
- Pues mira, sin el coche, le di cuatro [millones].
- Cuatro. ¿Y el coche?
- Cinco.
- Y ahora eso, lo que le diste ahora para el partido también, ahora en el congreso. ¡La hostia, una cona!
- Le di tres, también.
- Yo era más por saberlo, y decirle... "Yo creo que no está mal, ¿no?". ¿Me entiendes?
- ¡Claro!

Xosé Luis Baltar acumuló durante sus años al frente de la Deputación una valiosa colección de vehículos clásicos, según desveló el diario El País hace 11 años. En 2014 fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación por haber enchufado a 104 militantes del PP en la Deputación de Ourense pocos meses antes del congreso provincial del PP en el que cedió a su hijo el poder en el partido con el voto de muchos de aquellos compromisarios a los que acababa de contratar.

Entonces, Feijóo evitó condenar la actuación de Baltar padre y se limitó a calificar los hechos como una mera "irregularidad".

"¿Cuánto le habías dado al principio?".  "Pues mira, sin el coche, le di cuatro [millones]". "¿Y el coche?". "Cinco".

Por su parte, Baltar hijo dejó la presidencia de la Deputación y del PP provincial el año pasado tras los escándalos en los que se vio inmerso por las numerosas irregularidades del parque móvil de la institución, así como por las grabaciones publicadas por Público en mayo del año pasado, en las que su hermano admitía que ambos recibían mordidas de los constructores adjudicatorios de obras pagadas por el organismo. La Fiscalía ha abierto una investigación a raíz de esos audios.

Baltar también enfrentó varias polémicas por sus propias multas por exceso de velocidad al volante de uno de los vehículos oficiales —la Deputación de Luis Menor acaba de pagar 1.200 euros por una de ellas—; por las sanciones atribuidas a familiares de su chófer personal que luego obtenían también plazas de funcionario en la Deputación, y por los regalos, cenas y diversos artículos pagados sin justificar por ese conductor con dinero público, entre otras.

Senador por designación autonómica

En la primavera de 2023, Feijóo y su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, pactaron hacer a Baltar senador por designación autonómica. Su padre también había ocupado un escaño en la Cámara Alta entre 1993 y 2000. La semana pasada, el pleno del Senado acordó levantarle la inmunidad para que el Tribunal Supremo pueda juzgarle por un delito contra la seguridad vial por conducir a 215 km/h el Passat de 280 caballos de la Deputación que tenía a su disposición.

Hace un mes, Luis Menor trató de modificar la relación de puestos de trabajo del organismo provincial para premiar al exchófer de Baltar con la jefatura del parque móvil, a pesar de que forma parte de la plantilla de personal laboral y no es funcionario de carrera. El pleno rechazó la modificación con los votos de PSOE, BNG y Democracia Ourensana , que alegaron que la propuesta incumplía las normas reguladoras de la Administración local."            (Juan Oliver, Público, 07/05/24)

12/5/24

No ano 2000, o Goberno de Aznar prolongou a concesión da Autoestrada do Atlántico durante 25 anos máis... Comprar a empresa suporía desembolsar agora na contorna de 700 millóns. Non facelo significa pagar 9.000 millóns en peaxes ata 2048, dos que 3.300 millóns son diñeiro público. É evidente que investir agora e recuperar a AP-9 para o público é moito máis rendible que seguir pagando peaxes abusivas durante 22 anos máis... O expediente aberto por Bruxelas a España por posibles irregularidades na prórroga da concesión ata 2048, a que fixo Aznar, dános a oportunidade de resolver esta anomalía (Manuel Lago)

 "No ano 2000, o Goberno de Aznar prolongou a concesión da Autoestrada do Atlántico durante 25 anos máis, de tal forma que ata o ano 2048 unha empresa privada seguirá explotando a principal vía de articulación por estrada de Galicia. Cando o 10 de novembro do 2026 a autoestrada AP-68, de Bilbao a Zaragoza, pase a ser pública, a AP-9 converterase na única autoestrada de máis de 100 quilómetros que siga cobrando peaxes en España.

De todas as autoestradas de primeira xeración, as que se iniciaron a finais dos anos 70, os 219 quilómetros da AP-9 serán os únicos que cobren peaxe aos usuarios. É será así durante 22 anos máis. É inaceptable. No 2026 a AP-9 debería volver a ser pública, por razóns tanto de equidade como de xestión integral da rede de estradas de alta capacidade do Estado, pero sobre todo de eficiencia económica na xestión dos recursos públicos, como o demostran algúns datos. Nas previsións financeiras presentadas pola propietaria da AP-9 no 2011 inclúese unha estimación de ingresos por peaxes ata 2048: imos pagar 9.561 millóns de euros nestes 37 anos. Porén, a razón que máis xustifica a recuperación da AP-9 para o público é que as administracións públicas teñen compromisos asinados coa empresa concesionaria para pagarlle máis de 3.300 millóns, isto é, diñeiro público dos impostos que pagamos entre todos.

Nestes anos, a empresa concesionaria asinou diferentes acordos coas administracións que obrigan ao Goberno central e á Xunta de Galicia a pagar estes 3.300 millóns de euros. O último está recollido no RDL 681/2021, no que se acordou reducir as peaxes en viaxes recorrentes a cambio de que o Ministerio de Transportes pague 2.300 millóns para compensar a redución de ingresos da empresa concesionaria. É un negocio redondo para a empresa: coa rebaixa da peaxe aumenta o número de usuarios pero, como a diferenza a paga o Estado, canto máis reduza a peaxe, máis gana. Ata o 2048 pagaremos 9.000 millóns de euros en peaxes, dos que 3.300 os abonarán as administracións públicas, fundamentalmente o Ministerio de Transportes. É unha cifra desorbitada, entre outras razóns porque é moi superior ao propio valor que a día de hoxe ten a AP-9.

Aínda que sempre é difícil fixar o valor dunha empresa, dúas cifras poden servir para aproximarnos ao valor da AP-9. En primeiro lugar, os fondos propios da empresa, isto é , o valor en libros que ten a sociedade, son 472 millóns de euros. A segunda é que as últimas operacións de compra de accións e ofertas de adquisición non materializadas sitúan o valor da compañía nuns 700 millóns.

Fagamos a comparación. Comprar a empresa suporía desembolsar agora na contorna de 700 millóns. Non facelo significa pagar 9.000 millóns en peaxes ata 2048, dos que 3.300 millóns son diñeiro público. É evidente que investir agora e recuperar a AP-9 para o público é moito máis rendible que seguir pagando peaxes abusivas durante 22 anos máis, tanto polos usuarios como o resto de contribuíntes. O expediente aberto por Bruxelas a España por posibles irregularidades na prórroga da concesión ata 2048, a que fixo Aznar, dános a oportunidade de resolver esta anomalía."                     (Manuel Lago, La Voz, 10/05/24)

8/5/24

Las razones del 'no' a la celulosa de Altri: Consumo de agua y vertidos contaminantes... Vulneración de las leyes europeas... Destrozo de la economía local... Vecinos, mentiras y modos de vida... Fondos europeos... Espacios Red Natura... Ría de Arousa... "Industria colonial"... Sostenimiento del rural y de la actividad agroganadera... Camino de Santiago

 "Contra el Gobierno, la Xunta y la patronal gallega, el movimiento social contra la planta de celulosa que la empresa portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) sigue manteniendo que sus efectos sobre el medio ambiente y la economía de las comarcas afectadas serán devastadores.

Organizaciones ecologistas, vecinales y de mariscadoras, junto a científicos, expertos y alcaldes y concejales de varios municipios, viajaron a Bruselas a mediados de abril invitados por la eurodiputada del BNG Ana Miranda para exponer a la Comisión Europea las razones por la que la fábrica nunca debería construirse donde y tal y como está proyectada, ni mucho menos financiada con dinero de todas.

También las explicaron en el Parlamento Europeo en un acto organizado por el Grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea, cuyo asesor político en materia de derechos civiles, Carlo Diana, advirtió de que se trata de un caso evidente de incumplimiento de la normativa europea susceptible de terminar en un procedimiento de infracción del Ejecutivo comunitario contra España.

Consumo de agua y vertidos contaminantes

Altri prevé extraer 46 millones de litros de agua al día del río Ulla, que nace en Lugo y atraviesa una treintena de municipios de esa provincia y de las de A Coruña y Pontevedra hasta desembocar en la ría de Arousa. Los extraerá en el embalse de Portodemouros, al que devolverá 30 millones de litros a una temperatura de 27 grados. La empresa afirma que no contaminará porque someterá ese líquido a un proceso de depuración para que las sustancias tóxicas que contenga no superen los topes legales. Pero Portodemouros ya padece una severa polución.

"Altri verterá además amonio, nitratos, sulfatos, fosfatos, fósforo total... Y no se han estudiado las reacciones que esos compuestos pueden provocar sobre las sustancias que ya contaminan el embalse", advierte Ana Fernández Santamarina, ingeniera de Montes, doctora en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos y vocal de Agua y Ríos de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega).

Vulneración de las leyes europeas

Fernández advierte de que los vertidos previstos por Altri supondrán una vulneración de la la directiva europea del agua. Zeltia Laya, portavoz de la plataforma Ulloa Viva, asegura que serán siete las directivas infringidas. Las de suelos, nitratos, calidad del aire, evaluación de impacto ambiental, gestión de residuos y daño ambiental.

La planta también producirá benzopirenos cancerígenos como resultado de la quema de madera y masa forestal, y emitirá a la atmósfera, a través de una chimenea de 75 metros de altura, azufre, óxidos de azufre, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, además de cenizas y otras partículas tóxicas.

Destrozo de la economía local

Altri defiende que su proyecto revitalizará la comarca da Ulloa, donde prevé instalar la fábrica, alegando que dará trabajo a 500 personas y que contribuirá a crear otros 2.000 puestos de trabajo indirectos. En A Ulloa, según los últimos datos ofrecidos por la Consellería de Emprego de la Xunta, hay registrados 278 parados, 94 de ellos en Palas de Rei.

"En la comarca hay actividades endógenas que ya funcionan y que proporcionan empleo, y que se verán severamente afectadas", explica Rubén Lois, catedrático Análise Xeográfica Rexional de la Universidade de Santiago y natural de Palas.

"Vamos a destruir empleo en actividades sostenibles a cambio de otra que no lo es, por su contaminación, por el consumo de agua y por la eucaliptización que conlleva para el resto del país", añade Brais Vázquez Lamazares, concejal del BNG en Monterroso. Según la propia empresa, la planta de Altri consumirá 1,2 millones de toneladas de eucaliptos al año.

Vecinos, mentiras y modos de vida

Mónica Cea, representante de Ulloa Viva, vive en A Vacariza, una aldea de Palas de diez habitantes. Tiene una granja de ganado vacuno de leche en explotación intensiva a menos de 500 metros de donde Altri planea instalar su macrocomplejo. "Nos han engañado, la única información que nos han dado es un folleto publicitario que retuerce el lenguaje para ocultar lo que en realidad quieren hacer", dice. "No quiero dejar esta herencia a mis hijos", añade Susanta Tato, edil del BNG en Agolada (Pontevedra).

Manuel Aldán, alcalde del BNG en Santiso (A Coruña), advierte: "Estoy preocupado por la salud de los vecinos, por lo que van a beber, a respirar, a comer...". Asegura que cuando Altri llegó a Galicia diciendo que iba a instalar una "biofábrica textil ecológica", él estaba contento. Pero luego advirtió la mentira: es una fábrica de celulosa. "Nos sentimos engañados e indefensos", sostiene.

Fondos europeos

Altri prevé una inversión de 800 millones de euros, pero ha advertido de que su plan no saldrá adelante si no cuenta con al menos 250 millones de financiación pública a través los fondos Next Generation de la UE. La secretaria de Estado de Industria del Gobierno de Sánchez, Rebeca Torró, aseguró el pasado martes que el Ejecutivo "trabaja con la empresa" para poder presentar "un proyecto bien cerrado" a la Comisión Europea", informa Europa Press, con apoyo de la Xunta de Alfonso Rueda.

"Esos fondos no se destinarían a mejorar la vida de la gente, sino todo lo contrario", alerta Alejandro Fiuza Mosquera, concejal nacionalista en Vila de Cruces (Pontevedra). Curiosamente, la compañía planea presentar su solicitud de ayudas a través de los programas estratégicos de descarbonización, cuando su actividad apenas tendría incidencia en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Espacios Red Natura

Galicia es la comunidad española con menos porcentaje de territorio protegido. Apenas un 12% frente al 41% de la media estatal. La Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento de infracción por ese motivo tras décadas de incumplimiento por parte de la Xunta, y las asociaciones ecologistas atribuyen la situación a una decisión consciente de los gobiernos de Rueda y de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, para allanar el camino a las industrias que quieran instalarse en zonas de riqueza ecológica y paisajística evitando que se sometan a una legislación más estricta. Parte de A Ulloa está entre esos espacios naturales que la Xunta se ha negado a proteger incumpliendo la normativa europea.

"La parcela donde Altri prevé instalarse [más de 366 hectáreas de más de 800 fincas rústicas que serán compradas o expropiadas a sus propietarios] está en una zona donde está prevista la ampliación de la Red Natura", apunta Ana Díaz Freiría, investigadora y coordinadora de campañas en Ecoloxistas en Acción. "El informe de impacto ambiental es absolutamente deficiente, no se cumplen los requisitos de concesión de los fondos Next Generation y no se contemplan escenarios de cambio climático a largo plazo cuando se trata de una concesión de uso de agua del Ulla por 75 años", añade.

Ría de Arousa

El Ulla nutre de agua dulce la ría de Arousa, donde se desarrolla la actividad marisquera más importante de Galicia. Y los biólogos y las profesionales que se dedican a ella creen que la contaminación de Altri que llegará al estuario alterará su delicado equilibrio ecológico y acabará con los bancos de almejas, berberechos y otros bivalvos de los que viven miles de familias.

"Si esos 30 millones de litros al día de agua contaminada llegan a la ría, se acaba el marisqueo", subraya Juana Imma Rodríguez Paz, mariscadora de A Illa de Arousa (Pontevedra). "Son más de 9.000 puestos de trabajo", añade.

"Industria colonial"

Serxio Núñez, del colectivo vecinal Santiso Vivo, recuerda que Altri ha reconocido que la suya es una "industria de enclave", como se conoce en términos económicos a las actividades productivas que aprovechan recursos de un territorio para llevarse a otro lugar la creación de valor añadido.

Olaia Ledo, responsable del área de Ecoloxismo del BNG, alerta de que lo que la empresa portuguesa pretende es explotar los recursos hídricos y forestales de Galicia para vender celulosa a otros países, principalmente a la industria papelera china: "No podemos entender que la UE admita a estas alturas una industria colonial".

Sostenimiento del rural y de la actividad agroganadera

Diego Sánchez García es agricultor y ganadero en Agolada y forma parte de la asociación Queremos Parcelarias Xa, que lleva años reclamando a la Xunta que complete el proceso de concentración parcelaria en el municipio. Eso permitiría una explotación racional y rentable del campo, para contribuir a fijar población rural y mejorar la distribución de riqueza. "Altri no sólo va a destruir lo que podría haber, sino lo que ya hay", apunta.

Diego Sánchez recuerda que mientras a los agricultores y ganaderos se les obliga a hacer planes de uso de agua y se les exigen duros requisitos en el uso de abonos y en el tratamiento de purines, "con Altri parece que hay barra libre". "Hay vecinos a los que se expedienta por despedregar una finca en Red Natura, pero a Altri se le permite todo", añade el alcalde de Santiso, Manuel Aldán.

En A Ulloa y en las comarcas riberelas del Ulla hay centenares de agricultores y ganaderos que producen en ecológico, y cuya actividad se vería amenazada si Altri cumpliera con las perspectivas de contaminación de las que alertan sus representantes. Como la de los productores de la Denominación de Orixe Queixo de Arzúa-Ulloa, la más importante de Galicia y la segunda en producción de todo el Estado.

Según Xoán Castro, director del Centro de Investigaciones Agrarias que la Xunta de Galicia tiene en Mabegondo (A Coruña), la factoría emitirá una cantidad anual de nitratos similar a la que producen 55.000 cabezas de ganado vacuno, alrededor de un 10% de toda la cabaña bovina de la comunidad.

Camino de Santiago

La planta de Altri se ubicará a menos de un kilómetro del Camino Francés de Santiago, por el que cada año transitan más de 2,5 millones de peregrinos y sobre el que se ha desarrollado una industria turística local sostenible que se basa en su cuidado y en la promoción de su riqueza natural, cultural y paisajística.

El Camino fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993, pero según Xoán Carril, alcalde de Arzúa (A Coruña), una de las localidades que atraviesa, "podría perder esa catalogación". "Por eso esto es un problema de país, no sólo de los municipios directamente afectados o de sus vecinos, añade.

Uno de los criterios de la Unesco para la declaración es que el patrimonio a proteger sea "un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional de las tierras o del mar, representativas de una cultura (o de culturas), o de la interacción entre el hombre y su entorno natural, especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles".                 (Juan Oliver , Público, 03/05/24)

16/4/24

Galicia suspende el examen de la UE... continúa en el grupo de comunidades españolas con una peor valoración sobre su calidad de gobierno... el informe de cohesión alerta sobre el latente peligro que suponen los procedimientos de contratación pública con un único ofertante o aquellos de contratación directa, los conocidos como contratos a dedo, en los que no existe siquiera licitación... En el conjunto de España, este modelo de contratación sin concurso estuvo por debajo del 3% entre 2021 y 2022. Por el contrario, entre el 30 y el 40% de las licitaciones públicas promovidas por el Ejecutivo gallego contaron con una única oferta

 "La percepción social de las instituciones regionales, así como la confianza que estas generan en la ciudadanía, juegan un papel fundamental para suscitar un entorno estable y previsible para el ecosistema económico. Cuando el marco legal y el trabajo ejecutivo promueven esa seguridad en empresas e individuos se incrementa sustancialmente la proclividad a la realización de inversiones y se fomenta la innovación y el desarrollo de actividades productivas.

Un trabajo en el que Galicia debe dar pasos adelante durante la recién estrenada legislatura, puesto que en este momento continúa en el grupo de comunidades españolas con una peor valoración sobre su calidad de gobierno. Así se desprende del noveno Informe de Cohesión Económica, Social y Territorial de la Unión Europea, en el que se introduce una evaluación sobre la calidad de gobierno en el nivel subestatal europeo realizado desde 2010 por la Universidad de Gotemburgo.

Se trata del Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI, por sus siglas en inglés) que permite valorar la imparcialidad, eficiencia y ausencia de corrupción, y cuenta con un importante impacto en la investigación sobre geografía económica, emprendimiento e innovación en las diferentes regiones europeas.

En su última actualización, Galicia se mantiene por debajo de la media del conjunto de regiones europeas, al igual que Cataluña, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. Todas ellas, sin embargo, un escalón por encima de Andalucía, Extremadura y Castilla y León, que registran las valoraciones.

El informe de la UE señala que el Ejecutivo gallego logró detener durante los últimos siete años el “deterioro” en la valoración de su labor de gobierno que se vio acentuada entre el 2010 y el 2017, cuando las consecuencias de la crisis económica iniciada en 2008 se extendieron y se hicieron palpables en la práctica totalidad de hogares gallegos. La Xunta logró frenar esa tendencia, pero no ha logrado revertirla, manteniendo una evaluación de su actividad “estable” desde 2017 hasta 2024.

Dentro de las tres dimensiones que engloba el EQI, la comunidad no logra posicionarse por encima de la media europea en ninguno de ellas. Sin embargo los ciudadanos valoran más positivamente la calidad de los servicios públicos, mientras que muestran percepciones y experiencias más negativas respecto a la corrupción y a la imparcialidad del Ejecutivo.

En lo relativo a la relación de las diferentes compañías con las administraciones regionales, el informe de cohesión alerta sobre el latente peligro que suponen los procedimientos de contratación pública con un único ofertante o aquellos de contratación directa, los conocidos como contratos a dedo, en los que no existe siquiera licitación.

En el conjunto de España, este modelo de contratación sin concurso estuvo por debajo del 3% entre 2021 y 2022. Por el contrario, entre el 30 y el 40% de las licitaciones públicas promovidas por el Ejecutivo gallego contaron con una única oferta. Una situación que se dio en igual proporción en Asturias, Castilla y León, Cantabria, Euskadi y Madrid. Los procesos de licitación con un único postor ascendieron en el mismo periodo por encima del 40% en Murcia y la Comunidad Valenciana."              (Mateo. G. Triñanes, La Opinión, 06/04/24)

5/3/24

¿Hay motivos para una auditoría de las compras de emergencia del SERGAS durante la pandemia? Mediante la “fragmentación de los objetos del contrato para no exceder el límite legal para el contrato menor”, el SERGAS compró 2.000 veces en un año la misma PCR

 "¿Hay motivos para una auditoría de las compras de emergencia del SERGAS durante la pandemia como pide el BNG y rechaza el PP? El informe del Consello de Contas, un órgano de la propia Xunta,  señala que SERGAS compró 2.000 veces en un año la misma PCR. Un ejemplo de la “vulneración normativa” en “muchas” de las compras mediante “fragmentación de los objetos del contrato para no exceder el límite legal para el contrato menor”. El Área Sanitaria de Santiago, consultada por Galiciapress, indica que actúo siempre siguiendo los principios de eficacia y eficiencia.

El presidente de la Xunta se negó ayer a investigar la compra de material durante la covid alegando que ya lo había auditado el Consello de Contas. En opinión de Alfonso Rueda, “no hay nada que ocultar” y los que piden una investigación solo buscan “desviar la atención” del caso Koldo.

No lo ve igual el Bloque. Su diputado Luis Bará dio ayer una rueda de prensa para, precisamente, reclamar una auditoría externa, alegando que el Consello de Contas -el ente de la propia Xunta que fiscaliza los números de la Administración- encontró irregularidades importantes lo que, a la vista de los recientes escándalos, justificaría un examen más detallado.

¿Quién tiene la razón?

¿Hasta qué punto juzga el Consello de Contas?

Lo primero que hay que señalar que el Consello de Contas no tiene competencias para declarar un contrato legal o ilegal, ni mucho menos para castigar al responsable. Su labor se limita a evaluar la documentación que le remiten los auditados, identificar irregularidades, proponer mejores prácticas y, en su caso, poner los defectos encontrados en conocimiento de la Justicia, si son sospechosos de tipo penal.

Ahora bien, esto último, remitir irregularidades a la Fiscalía para la apertura de una investigación judicial, es algo extraordinario. De hecho, jamás ha sucedido en la historia reciente de la autonomía.

Por lo tanto, argumentar que todo está bien porque Contas haya auditado los contratos es una media verdad. Contas no ha encontrado indicios de delito pero sí describe irregularidades generalizadas, de calado, además.

Consello de Contas: “Todas las adquisiciones relativas al capítulo II dentro del proyecto de gasto COVID-19 se efectuaron, en 2020, mediante pedidos directos a proveedores no amparados en ningún expediente de emergencia, con la consiguiente vulneración normativa en muchas de las adquisiciones”

 Por ejemplo, en lo referido al Área Sanitaria de Santiago señala que “todas las adquisiciones relativas al capítulo II dentro del proyecto de gasto COVID-19 se efectuaron, en 2020, mediante pedidos directos a proveedores no amparados en ningún expediente de emergencia, con la consiguiente vulneración normativa en muchas de las adquisiciones”.

Tramitar un expediente de emergencia permite a las administraciones saltarse salvaguardas como tener que pedir varias ofertas o sacar una licitación pública pero, eso sí, es imprescindible justificar la situación de emergencia. Justificada ésta, la ley permite básicamente la contratación de emergencia a dedo, incluso verbal. Lo que está diciendo Contas es que el Área de Santiago compró el material contra la covid directamente, sin un expediente que justificase la emergencia y, por lo tanto, saltándose las normas.

 Galiciapress se puso en contacto ayer en el Área Sanitaria de Santiago para que comentase la conclusión de los contables públicos. Esta es su respuesta:

En relación ao retraso na tramitación de expedientes de emerxencia, cómpre indicar que a situación de emerxencia xurdida a raíz do COVID-19 prevíase nun primeiro momento como unha situación puntual, pero en vista da prolongación no tempo da mesma, foi cando se comenzaron a adquirir as subministracións e servizos necesarios a través dos expedientes de emerxencia. Dende que se decretara o Estado de Alarma o 14 de marzo de 2020, esta Área Sanitaria tramitou un total de 12 expedientes polo trámite de emerxencia citado.

 Otra vía que tienen las Administraciones para esquivar la obligación del concurso público es adjudicar contratos de poca cuantía. En los llamados contratos menores, no está permitida la contratación verbal pero sí la adjudicación casi a dedo, basta pedir ofertas a un número de compañías del sector, compañías que escoge la administración licitante. No hay concurso público.

Ahora bien, como es una vía que evidentemente restringe la competencia y favorece las corruptelas, las normas establecen unos límites, relativamente modestos para este tipo de contratos. Está prohibido explícitamente fragmentar artificialmente las compras, por ejemplo comprar 10 lotes de 100 bolígrafos mediante diez contratos menores en vez de 1.000 bolígrafos mediante un solo contrato ordinario.

 Pues bien, el Consello de Contas señala que el Área Sanitaria de Santiago fragmentó artificialmente los contratos de la compra de material. 

 Así, tras apuntar a la existencia de “multiplicidad de pedidos en la misma fecha para el mismo producto y proveedor” y la “clara fragmentación de los objetos del contrato para no exceder el límite legal para el  contrato menor” pone el siguiente ejemplo.

 Contas descubrió que en 2020 el SERGAS compró 4,4 millones en pruebas de PCR con secuenciación genética para la detección cualitativa del coronavirus. En vez de comprarlas mediante un número limitado de contratos por procedimiento ordinario, o mediante pequeños contratos emergencia pero justificando tal situación, realizó un total de 1.953 contratos menores del mismo material. Es decir, en un año, compró lo mismo casi 2.000 veces.

 Al respecto, el área sanitaria de Santiago responde lo siguiente:

 Respecto da acumulación de pedidos dun mesmo producto nunha mesma data indicar que non responde á finalidade de fragmentar a contía para tomalo como contrato menor, tal e como indica o informe de fiscalización; nas circunstancias xa expostas, dada a necesidade de celeridade e inmediatez de obter material era necesario comprometer pedidos en suficente cantidade e tendo en conta o brutal incremento dos prezos isto implicou en moitos casos a necesidade de emitir un maior número de pedidos pero en ningún caso se pretendía a finalidade indicada no informe de fiscalización e menos cando estaba declarada unha situación de emerxencia.

 El departamento de Eloíña Nuñez añade que “en todo caso, este Área Sanitaria guiouse en todo momento segundo os principios de eficiencia e eficacia para conseguir o material necesario e da maior calidade posible ao menor prezo posible dentro das especiais circunstancias do mercado e en función das diferentes características dos bens a adquirir, basicamente equipamento e productos consumibles de protección de carácter funxible”.

 DOCUMENTACIÓN NO ACCESIBLE AL PÚBLICO

Otro de los problemas que ve Contas en la documentación que le remitió el SERGAS es que está incompleta. De hecho, Santiago es una de las que remitió documentación, hay otras que directamente no respondieron a la petición de los auditores. En concreto, las áreas sanitarias de Lugo y Ourense no facilitaron información sobre sus tramitaciones de emergencia.
 Más allá del ejemplo de las 2.000 compras de la misma PCR, el Consello de Contas no apunta a defectos en contratos concretos. Sí señala numerosas irregularidades en la forma de ejecutar los expedientes.
 Por ejemplo, sobre las tramitaciones de emergencia en 2021, el Consello indica que “no se facilitó ningún antecedente, por lo que no constan los adjudicatarios ni el material adquirido, no se dictan las pertinentes resoluciones, ni se formaliza ningún contrato”. Además, señala que, sobre todo al principio de pandemia, la Xunta recurrió a contrataciones de emergencia con empresas que no eran proveedores habituales del sector sanitario, pero que tenían contactos en China.

Contas se queja, además, de que falta publicidad. Así, el Informe indica que “en el perfil del contratante y en los portales de transparencia del Sergas no figura ninguno de los contratos relativos a los expedientes tramitados en vía de emergencia”.  De hecho, explica que el ejemplo de las casi 2.000 veces que se compró el mismo tipo de PCR lo descubrió a través de un portal de logística, no de la documentación oficial.

 Cuando hay una emergencia, la Administración puede contratar a dedo e incluso verbalmente. Ahora bien, pasada la emergencia, la Administración debe publicar la documentación en sus web. Por ejemplo, Infraestructuras, cuando hay un problema en un puente, primero realiza el contrato y después deja constancia de la documentación en su perfil del contratante. Por algún motivo, no sucedió así con el SERGAS."          (Manuel Vilas, GaliciaPress, 05/03/24)

3/2/24

A Xunta contratou 5 millóns sen publicidade á construtora na que é directivo un curmán de Rueda

 "Javier Garrido Valenzuela, primo segundo do presidente da Xunta da Galiza e candidato do PP á reelección, Alfonso Rueda Valenzuela, é, segundo sinala nas súas redes sociais, conselleiro e director de negocio de Civis Global S.L.U.. Conselleiro nesta construtora de Pontevedra tamén é, segundo figura no Rexistro Mercantil, José Luis Alonso Riego, histórico dirixente do PP galego. Ademais de alcalde da Guarda (Baixo Miño), foi deputado autonómico durante máis dunha década.

Conseguiu esta construtora contratos da Xunta da Galiza que preside Alfonso Rueda? Si, moitos. En concreto, segundo figura na Plataforma de Contratación da propia Administración, unha ducia de adxudicacións que suman máis de 40 millóns nesta lexislatura. Un deses contratos foi adxudicado por unha vía de emerxencia, non aberta. É dicir, sen un anuncio previo no Diario Oficial da Galiza (DOG) e sen uns pregos públicos que permitisen a outras construtoras puxar pola encarga.

Foi en xullo de 2023 cando a Axencia Galega de Infraestruturas só lle pediu prezo a Civis Global para as obras da Ponte de Santa Marta (Ponte Arnelas), que une Vilanova e Santa Marta. Para non sacar un concurso público, como era obrigado dada a contía, alegou a emerxencia do problema. Pese ás présas alegadas, o tráfico sobre o Umia fechouse en abril de 2023 e o contrato asinouse tres meses despois.

A oferta ascendeu a 4,96 millóns de euros

A Axencia aceptou a oferta de Civis, por 4,96 millóns de euros, e pouco despois deu conta ao Consello da Xunta, presidido por Rueda, que non puxo obxeccións. Tras ese Consello do 20 de xullo de 2023, a Xunta da Galiza presumiu pola présa da tramitación, que puxo en contraste coa suposta lentitude do Estado coa A-6. A Presidencia incluso difundiu infografías de como ía quedar a ponte. Do que non informou foi do nome da adxudicataria, pese que a Axencia asinara a licitación a Civis nove días antes.

Un aspecto sorprendente é que as obras empezaron antes da rúbrica oficial. O "Acordo polo que se declara de emerxencia a obra Reconstrución da Ponte de Santa Marta (Ponte Arnelas) na PO-300" ten sinatura do 11 de xullo. Así e todo, un mes e cinco días antes, o 6 de xuño de 2023, a Xunta xa difundía na súa web fotos dos obreiros desmontando a ponte.

Non sería que a desmontaxe era parte doutro contrato previo e non do adxudicado a Civis Global? Non parece, pois o acordo da adxudicación inclúe “realizar o desmonte controlado da mesma e a construción dunha nova no seu lugar”. O prazo que lle deu a Xunta a Civis na adxudicación para rematar as obras foi de cinco meses. É dicir, até decembro. “O obxectivo é desmantelar a ponte no verán e comezar despois a reconstrución, para que estea rematada a finais deste ano ou a principios do ano que vén”, presumía no verán a Xunta.

Chegou decembro e a Consellaría de Infraestruturas tivo que recoñecer que non se cumprirían os prazos do expediente, tramitado, recordemos, pola vía de emerxencia. O motivo? O mal tempo. “Debido ás copiosas choivas de comezos do outono, que provocaron un aumento substancial do caudal do río, houbo un atraso nos traballos dos cimentos”, xustificou San Caetano. Hai que lembrar que se unha contratista entrega o traballo tarde sen xustificación, a Administración pode abrirlle un expediente e castigala.

Así, o novo prazo para a entrada en servizo de Ponte Arnelas é a primavera, indicou na pasada semana Infraestruturas, segundo recolleu La Voz de Galicia. Polo tanto, a obra tramitada estará rematada un ano despois do afundimento da ponte que une Ribadumia e Vilanova de Arousa, no Salnés, malia a tramitación de emerxencia que permitiu esquivar o concurso público.

Javier Garrido Valenzuela, curmán de Rueda, é, ademais de “director de desenvolvemento de negocio da empresa construtora Civis Global”, segundo explica no seu perfil de Linkedin, tertuliano da Radio Galega. Malia que nesa rede defínese tamén como “conselleiro” da construtora, non figura como tal no Rexistro Mercantil. Civis Global afirma a Nós Diario que Javier Garrido Valenzuela non é membro do seu Consello de Administración nin accionista, e que o termo "conselleiro" que figura no perfil de Linkedin é unha forma común no sector para referirse ao labor de "asesor" da empresa para obra privada.

Como socio único de Civis Global figura Unión Vantaxe S.L. Nesta sociedade de investimento é conselleiro José Luis Alonso Riego, histórico alcalde da Guarda e que no seu día apoiou o grupo de Alberto Núñez Feixoo e Alfonso Rueda Valenzuela na derrota de Xosé Cuíña Crespo no congreso da sucesión de Manuel Fraga Iribarne á fronte do PP galego.

A empresa alude á emerxencia da obra

Nós Diario púxose en contacto tanto coa Xunta da Galiza, que non respondeu as preguntas formuladas, como coa propia empresa, Civis. Desde a construtora sinalan que esta adxudicación foi realizada polo procedemento de emerxencia, declarada como tal pola Administración competente, a Xunta da Galiza, polo que estaría exenta dos trámites e concursos das obras planificadas e convencionais, recordan.

Fontes de Civis insisten, en conversa con este xornal, en diferenciar obra pública de obra privada. O responsábel de Obra Pública de Civis, explica, é Juan Carlos Gamallo, e negan que Javier Garrido Valenzuela sexa curmán de Alfonso Rueda, en referencia a que non son primos carnais. Gamallo, engaden desde a construtora, "é especialista en cálculos de formigón e pontes destas características xunto cunha equipa de enxeñeiros especialistas da oficina técnica de Civis Global; en particular para adxudicar e executar obras de emerxencia, as Administracións contratantes valoran a proximidade xeográfica dunha empresa e os medios materiais e humanos que, neste caso, permitiron estar en menos dunha hora no lugar do sinistro", indican.

Javier Garrido Valenzuela é un profesional da obra privada desde hai 35 anos "e nunca traballou en obras públicas", reiteran as fontes da construtora. Traballa para Civis desde hai 12 anos como responsábel de obra privada "e non ten relación nin coñecemento das obras públicas que realiza a compañía", aseveran as fontes.

O fío que une a saga política dos Rueda, Garrido e Valenzuela

Segundo Javier Garrido Valenzuela sinala en Linkedin, os seus primeiros pasos na construción centráronse na promoción inmobiliaria e desde 2007 preside a Asociación de Promotores Inmobiliarios da Provincia de Pontevedra. Foi vicepresidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra e presidiu o Círculo de Empresarios de Galiza. Como tertuliano da CRTVG ten participado en análises de actualidade e de noites electorais.

Irene Garrido Valenzuela, irmá de Javier, foi secretaria de Estado no Goberno de Mariano Raxoi e é edil en Vigo (foi de número 2 na lista do PP nas municipais de 2023) e deputada no Congreso. En 2014, foi nomeada presidenta do banco público Instituto de Crédito Oficial. Sen peso político no PP até 2011, pero pertencente ao clan do partido pontevedrés -aínda que veciña de Vigo-, foi levada por Raxoi á Secretaría de Estado despois de ir de número 2 por Pontevedra ao Congreso (2011) na lista que encabezaba unha persoa de gran confianza para ela, Ana Pastor.

Outro irmán deles, Fernando Garrido Valenzuela, foi conselleiro de Agricultura baixo o mandato de Gerardo Fernández Albor con Alianza Popular (AP), que logo abandonou para integrar Coalición Galega. Despois, no ano 2009, Feixoo rescatouno para ser presidente do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Javier, Irene e Fernando son primos irmáns da nai do presidente da Xunta da Galiza, Dolores de Valenzuela, que casou con José Antonio Rueda Crespo, falecido en 2012, e que foi vicepresidente da Deputación de Pontevedra con Mariano Raxoi  (1983-1986) e senador con AP. Unha das excepcións neste clan de dereitas é o irmán da nai de Irene, Javier e Fernando, o nacionalista e comunista Ramón de Valenzuela, quen tivo que exiliarse para salvarse dos fascistas no golpe de Estado."              (Nós, 03/02/24)