El agujero de Caixa Galicia

"Como todas las fusiones, tanto las convencionales como los Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), Caixanova y Caixa Galicia aprovecharon la oportunidad que brinda la normativa financiera de limpiar la cartera durante el enlace de dos entidades a base de adelgazar su hucha de fondos propios. Y, de hecho, fue una de las supuestas fortalezas de las que la operación presumió. 

El nacimiento como uno de los grupos financieros más saneados del sistema bajo "criterios de máxima exigencia" en la revisión de las inversiones crediticias acumuladas. Esa limpieza superó ligeramente los 3.000 millones de euros, aunque de preventiva tuvo poco. 

La inmensa mayoría, según apunta el Banco de España en un informe sobre sus inspecciones a la antigua caja coruñesa que está desvelando FARO desde ayer, venían impuestos por su lastre. En concreto, 2.090 millones.

"El plan de integración contempla para los activos aportados por Caja de Ahorros de Galicia a la nueva entidad, en el escenario base, una estimación total de pérdidas esperadas de 2.090 millones (1.463 millones netas de efecto fiscal), a sanear contra reservas en el momento inicial", apuntan en el departamento de Supervisión del regulador. 

"Cifra que absorbe los deterioros pendientes cifrados en la última inspección –añade el Banco de España–, así como los considerados en el plan de negocio individual de la caja para el periodo 2010-2012". 

Porque el cálculo no era caprichoso. Los sucesivos controles de las cuentas de la entidad que lideraba José Luis Méndez destaparon un enorme agujero derivado, como FARO apuntó ya, de la "desafortunada apuesta de expansión durante los últimos años" en Caixa Galicia, caracterizada "por una política agresiva de crecimiento en materia crediticia sin haber reforzado los controles internos". 

El supervisor critica la apuesta por "segmentos muy sensibles al ciclo económico" y la "importante apelación a los mercados mayoristas". "Lo que produjo –continúa el informe– un fuerte deterioro del perfil de riesgo supervisor de la caja". 

Hay un importante matiz, además, en la radiografía del organismo que en aquel momento gobernaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Que las pérdidas se estimaban en "un escenario base".

 Al igual que ocurre en los test de estrés al conjunto del sector que se han desarrollado desde las autoridades europeas, y los actuales en marcha para determinar al detalle las necesidades de recapitalización a cargo del préstamo de Bruselas, la integración contemplaba la hipotética evolución del negocio y la morosidad en función de diferentes también comportamientos de la economía. 

Hasta el punto de que la pérdida esperada en el total del nuevo grupo financiero gallego podía dispararse hasta los 5.000 millones de euros si el contexto empeoraba. 

¿A qué se destinaron los 3.008 millones de euros? Pues un total de 1.926 millones a cubrir posibles impagos en créditos, 399 millones más por los inmuebles y suelo adjudicados como pago de deudas, 419 millones más como colchón ante la caída del valor de las participadas y 264 millones por las prejubilaciones.

 La morosidad se situaba en el 6,62%, tras, según mantenía la caja única, clasificar como dudosos unos 1.775 millones de euros en préstamos todavía en cobro. Por lo tanto, la limpieza en sentido estricto –sin contar la partida destinada a abordar la reestructuración de plantilla– ascendió a 2.774 millones, de los que, como refleja el informe del Banco de España, al menos un 77% venía obligado por el deterioro de activos de Caixa Galicia. 

Lo que explica que la hoja de ruta y el bastón de mando, una auténtica patata caliente, se dejaran en manos de Caixanova, pese a la aparente fusión "equilibrada y paritaria" que, sobre todo desde la Xunta, se pretendió vender. La razón, también, de que Méndez fuera desterrado de todas las negociaciones previas por orden del propio Banco de España. 

Y, ¿de dónde salieron los fondos para la limpieza? Básicamente de la inyección del FROB. Los 1.162 millones de euros –para los que la entidad emitió preferentes con unos intereses acumulados de 240 millones de euros–, a los que suman 914 millones que se recuperaron por créditos fiscales y 931 millones adicionales de reservas. Fue el principio del fin del proyecto. 

La limpieza necesaria por el peso de la morosidad de Caixa Galicia supuso un tijeretazo en el capital principal del grupo que veía luz hasta dejarlo en solo un 5,28%. El más bajo de todo el sector y muy lejos del 10% que luego impuso el real decreto de solvencia impulsado por Salgado en el enésimo intento de apurar el nuevo mapa financiero. El déficit acabó desencadenando la conversión en banco y la nacionalización de un 93% del capital con otra inyección pública por encima de los 2.400 millones de euros.

Los auditores ya advirtieron que las cuentas iban "muy justas"

El protocolo con el que las dos cajas se dieron la mano recibió el respaldo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España el 29 de junio de 2010. La aprobación en el FROB de la inyección de fondos públicos que requería la operación para salir adelante llegó ese mismo día, después de que la memoria de la integración pasara por manos de la ex ministra de Economía, Elena Salgado, "que no manifestó su oposición".

 Los 1.162 millones de euros que recibió del Estado fueron claves. Una cuestión de supervivencia. Lo máximo establecido por la regulación española y europea, del 2% sobre los activos ponderados por riesgo, de ahí que no prosperara la solicitud de Caixanova de recibir una aportación mayor ante la envergadura del saneamiento que se necesitaba por el peso de la exposición inmobiliaria de Caixa Galicia, como lamenta el regulador. 

Algo que ni siquiera ocultaron los auditores de Deloitte, encargados de diseñar el plan y que ante el consejo de administración de la nueva entidad no disimularon que éste era, sin duda, uno de los movimientos corporativos más complicados en la reestructuración financiera en España y que las cuentas estaban "muy, muy justas" y con los dos primeros años de arranque en la cuerda floja. 

El resultado de una unión forzada desde la entonces entidad de ahorros coruñesa "con el fin de asegurar su desenvolvimiento y estabilidad futura", según reconoce el Banco de España, "a la vista de la limitada capacidad de la entidad para generar resultados" con los que cubrir los "ajustes" que los inspectores le venían reclamando."           (Faro de Vigo, 19/07/2012)