“El alcalde de O Pino logró en seis horas seis informes para el polígono. Aprobó el proyecto de urbanización el mismo día que llegó la suspensión de Cultura.
La cronología de las decisiones adoptadas por el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, el 21 de junio de 2007 servirá al juzgado de Arzúa para determinar si el regidor del PP infringió la ley o, simplemente, aceleró los trámites para agilizar el polígono industrial que la inmobiliaria Fadesa promueve en este ayuntamiento cercano a Santiago.
Dando por buena la versión del regidor, a primera hora de ese jueves -el mismo día en que expiraba el plazo de exposición al público del proyecto de urbanización-, el servicio de Correos entregó en el registro municipal tres alegaciones distintas de particulares contra el parque industrial. Y a partir de ese momento, según las diligencias previas instruidas por el juez, el Ayuntamiento de O Pino, con problemas de personal y escasez de técnicos funcionarios, se convirtió en un modelo de eficacia administrativa poco frecuente en la gestión municipal.
En apenas seis horas, entre las nueve y las tres de la tarde, el gobierno de O Pino requirió al equipo redactor del plan, la consultora Singla Ingeniería SL, con domicilio en A Coruña, un informe que esta empresa remitió, según el alcalde, a lo largo de la mañana. Al mismo tiempo, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento elaboró otro dictamen por escrito que avaló la viabilidad del polígono. Y la Secretaría Municipal emitió tres veredictos más, todos favorables al proyecto de Fadesa. Como los anteriores, un sexto informe externo encargado al bufete Roibás Vázquez abogados, también con fecha 21 de junio, desestimó las alegaciones vecinales.
Con toda esa documentación en su poder, el visto bueno del equipo redactor del planeamiento y los avales de la secretaría municipal y el arquitecto contratado por el ayuntamiento, el alcalde de O Pino acordó esa mañana la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del polígono industrial. Y fue minutos después, según el propio regidor, cuando éste recibió una orden de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura que anuló el permiso -que este mismo organismo había dictado meses antes-, imprescindible para convalidar el plan parcial del polígono. La resolución de la Xunta, que Taboada dijo haber recibido después de estampar su firma en el proyecto de urbanización -lo contrario implicaría un delito de prevaricación- reclamaba una prospección arqueológica para comprobar si el espacio delimitado para las naves industriales invade la traza original del Camino de Santiago.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 28/04/2008, p. 1)
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