21/9/12

Industria ordenó a sus funcionarios ocultar informes contrarios a las eólicas

 Orden de 14 de marzo de 2012 por la que el director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, pide a los técnicos retrasar los informes hasta que expire el trámite de exposición pública

"Es una instrucción por escrito que remitió a los técnicos de su departamento el director general de Industria, Angel Bernardo Tahoces, el pasado marzo, con el cuño de la Consellería de Industria y que acompaña su propia firma.

 En ella el alto cargo de Javier Guerra pide a los funcionarios que retrasen informes relativos a los proyectos de ejecución de los parques eólicos surgidos del último concurso eólico hasta “una vez concluidos los trámites de información pública y de información a otras Administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general”.

La instrucción que el alto cargo de Industria firmó el pasado 14 de marzo daba respuesta a un informe negativo del jefe de servicio de Energía de la misma consellería en el que alertaba de que la empresa Norvento, la segunda mayor adjudicataria del concurso eólico con 303 megavatios, proponía a la hora de construir tres instalaciones unas líneas de evacuación de la energía distintas a las que figuraban en los planos que presentó al concurso.

 Tras constatar que la solución técnica de la eólica “no coincide con la presentada” para competir con otras firmas por los megavatios, el dictamen de los técnicos de la Xunta advirtió: “La solución adoptada podría modificar sustancialmente la puntuación obtenida en dos de los apartados del Anexo III a la orden del 29 de marzo [que regulaba la mayor adjudicación de la historia de la autonomía] así como el proyecto de los parques eólicos”.
 
La respuesta por parte del director general a ese reproche de los funcionarios fue exigir a los jefes territoriales de su departamento que pospusiesen dichos dictámenes de forma que no figurasen en los expedientes que los afectados pueden consultar durante el período de exposición pública, limitando así las alegaciones que los vecinos afectados, las empresas de las competencia o los Ayuntamientos donde van a instalarse los molinos pudieran realizar apoyándose en esos informes técnicos.

Tahoces justifica su instrucción para “imprimir la máxima celeridad a la fase de instrucción del procedimiento de autorización administrativa correspondiente a los expedientes de los parques eólicos del concurso actualmente en tramitación”. 

Y ordena a los técnicos que “se tenga en cuenta que el informe relativo a la normativa de las instalaciones industriales y eléctricas, será remitido en el momento previo a la remisión del expediente completo a esta dirección general para su resolución y una vez concluidos los trámites de información pública y de información a otras Administraciones, organismos y empresas de servicio público e interés general”.

Concluye la orden del director general : “No existiendo ninguna previsión legal que condicione la realización del trámite de información pública a la existencia de un informe técnico previo del órgano instructor, se insta a las jefaturas territoriales a prescindir de la emisión de este tipo de informes en cualquier otro momento procedimental distinto del mencionado”.

 Fuentes conocedoras de cómo se está desarrollando la ejecución de los parques eólicos —y los proyectos industriales que las adjudicatarias presentaron para hacerse con una porción del reparto— aseguran que esta instrucción no solo rige para los parques de Norvento sino que se ha repetido en muchos de los expedientes en que los funcionarios detectaron irregularidades o cambios entre los proyectos presentado al concurso y los que ahora se pretenden ejecutar. 

Según esas fuentes, la orden de Tahoces siempre fue la misma: posponer esos informes técnicos para que no den pistas a particulares, empresas e instituciones en la fase de exposición pública, un período de 30 días que la consellería está haciendo coincidir con los meses de verano en muchos de los parques cuya tramitación continúa."             (El País, Galicia, 17/09/2012)

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