"El personal laboral fijo de la Xunta
contará con todas las facilidades para convertirse en funcionario. Irá a
un examen de carácter eliminatorio y obligatorio conociendo las
posibles preguntas y con los libros encima de la mesa, para preparar
unas oposiciones que oscilarán entre 50 y 120 cuestiones tipo test,
según el grupo al que pertenezcan.
Es la respuesta del Gobierno gallego a
la temporalidad del empleo en la Administración autonómica,
uno de los más elevados de un país, España, al que la Unión Europea le
ha tirado de las orejas en reiteradas ocasiones por el abuso de la
interinidad en la contratación.
Las facilidades para que
el personal laboral fijo se convierta en funcionario fueron pactadas
por la Consellería de Facenda con Comisiones Obreras y UGT, pero se
desmarcaron otros dos sindicatos con gran implantación en Galicia, como son el CSIF
y el nacionalista CIG. "Es un traje hecho a medida", criticó la
secretaria nacional de este último, Zeltia Burgos.
La previsión del
Gobierno gallego pasa por funcionarizar a 2.177 trabajadores de aquí a 2020,
mediante un concurso-oposición en el que el 60% de la puntuación
dependerá de un examen de dificultad mínima. El otro 40% de la puntación
resultará de la antigüedad y, en menor medida, de otros procesos
selectivos anteriores.
La Dirección Xeral de Función
Pública publicará previamente todas las preguntas posibles, en torno a
un millar, de las que se escogerán las elegidas. Se facilitarán tres
opciones para que los opositores seleccionen una, sin que los errores
resten nota. Para facilitar las cosas, los opositores
podrán consultar durante la prueba todos los textos legales necesarios
para responder a las preguntas, que versarán sobre la legislación en
materia de sector público.
Se facilitarán tres opciones para que los opositores seleccionen una, sin que los errores resten nota
La
Xunta negocia todavía con los sindicatos otras condiciones del proceso,
como el número de preguntas y la composición de los temarios de cada
convocatoria. La operación arranca en 2019 con los 577 primeros puestos.
Otros 800 se incorporarán en la Oferta Pública de Empleo (OPE) que se publique este año, y los 800 restantes en la de 2020. El objetivo de Alberto Núñez Feijóo
es reducir a un 7% la temporalidad en la plantilla de la Administración
autonómica, formada por unos 86.500 trabajadores. Queda fuera del
acuerdo el personal laboral indefinido.
Los sindicatos que se oponen al plan pactado con UGT y Comisiones Obreras
exigen negociar previamente qué categorías se podrán acoger a esa
funcionarización y en qué condiciones, como por ejemplo las que afectan
al derecho a la jubilación parcial. Para CSIF, el proceso es simplemente
un "disparate" que no solucionará las tasas de temporalidad. "Hay una
devaluación inaceptable del empleo público" que posibilita la menor
retribución del trabajo del funcionario respecto a la del empleado
laboral, lamenta la central.
La Xunta justifica este
sistema —que la Administración gallega asume por primera vez— en que no
se trata de un proceso competitivo, como lo serían unas oposiciones de
acceso libre. La convocatoria forma parte de un plan voluntario que
permite al personal laboral acceder a la condición de empleado público
de carrera ocupando exactamente la misma categoría, sin ningún tipo de
ascenso. El cambio de estatus supone algunos inconvenientes para los
trabajadores, como la posibilidad de que vean reducida su nómina, y
ventajas para la Administración, que se ahorra esa diferencia y las
cotizaciones por desempleo que paga al personal laboral.
La Xunta justifica este sistema en que no se trata de un proceso competitivo, como lo serían unas oposiciones de acceso libre
El
personal laboral fijo, que accede al empleo público por oposición, está
sujeto al Estatuto de los Trabajadores y al convenio laboral, mientras
que los funcionarios se rigen por el Estatuto de la Función Pública.
A diferencia de estos últimos, los laborales pueden ser despedidos por
causas "económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector
público", de acuerdo con los cambios en la ley introducidos en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En esas fechas, con unas elecciones autonómicas en puertas, Feijóo hizo
un guiño al colectivo con la promesa de convertir en funcionarios a
6.000 trabajadores, aunque hasta este año no hubo plan alguno para
lograr ese objetivo.
Feijóo firmó en enero con los representantes de UGT y Comisiones
las líneas maestras del acuerdo, del que hasta ahora no se había
informado de las facilidades para estos exámenes. Fue un pacto que el
presidente de la Xunta calificó de "histórico", porque "pone punto y
final al esfuerzo" de los trabajadores de la Administración durante los
últimos años de crisis y supone "la recuperación y la ampliación de
derechos". El acuerdo, aseguró la Xunta, dará "estabilidad" a 21.500
personas, entre empleados públicos, funcionarios y personal laboral de
la Administración autonómica.
Feijóo
cifró en torno a 5.000 las plazas para que los contratados temporales e
interinos tengan oportunidad de obtener una plaza de funcionario, aunque
en los próximos tres años serán solo los 2.177 ahora que se promuevan. También afirmó que la oferta pública de empleo de 2019 y 2020 sumará "como mínimo" 4.100 plazas.
Los
dos sindicatos que se sumaron al acuerdo admiten que es un proceso
pensado para que apruebe "la gran mayoría" de los que se presentan
Uno de los retos a los que deberá hacer frente la Xunta en los próximos 10 años es la jubilación de 8.500 personas,
un 10% del total de sus trabajadores. "Hay que tener una OPE preparada
para estas vacantes y para estabilizar a los laborales temporales y
fijos que quieran ser funcionarios. Es un momento y una oportunidad
histórica", afirmó Feijóo en la firma del acuerdo. UGT y Comisiones
Obreras valoraron el pacto porque "restituye la negociación colectiva" y
supone "un avance significativo", en palabras de la secretaria de
Administración de UTG-Galicia, Irene Martínez.
El vicesecretario de CCOO, Emilio Doforno,
también situó el acuerdo en un contexto de "recuperación de la
negociación colectiva". No permite recuperar todo lo perdido durante la
crisis, afirmó, "pero se empieza a avanzar y a construir una nueva
situación".
Los dos sindicatos que se sumaron al acuerdo admiten que es un proceso pensado para que apruebe "la gran mayoría", y se acordaron de CIG y CSIF,
a los que acusaron de "negar y enfrentar", mientras que la Xunta pone
el acento en que los laborales fijos ya pasaron una prueba. La CIG
sostiene que las condiciones convierten la prueba en un trámite
burocrático.
"Llama la atención que se puedan llevar apuntes legales en
una prueba tipo test", critica Burgos. Para la CSIF,
mientras, es "injusto" que los funcionarios vayan a competir en
traslados y promoción interna con laborales reconvertidos, por lo que
reclama mayor exigencia.
Ante las críticas de ambas centrales, Comisiones Obreras
salió al paso con un comunicado para negar que el personal laboral fijo
vaya a disponer de las preguntas o pueda presentarse a las pruebas con
apuntes. Lo que ocurrirá, aclaró, es que habrá una batería de preguntas
sobre un temario publicado, de las cuales un tribunal escogerá las que
formen parte de la prueba.
El personal tampoco podrá acudir con apuntes,
"sino con los textos legales, igual que ocurre con otros procesos". El
sindicato recordó que los trabajadores sujetos a esta funcionarización
ya pasaron un proceso selectivo con anterioridad." (Pablo López, El Confidencial, 17/03/19)
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