"(...) A pesar de que la carencia de medios se sitúa como el principal problema del organismo de Justicia en Galicia, desde
Unidas Podemos y el Bloque Nacionalista Galego se hace especial
hincapié en la falta de voluntad política a la hora de erradicar la
corrupción.
Yolanda Díaz, diputada de la formación morada en el
Congreso por A Coruña y licenciada en derecho se muestra convencida de
que la sanción contra Pilar de Lara ha sido, cuanto menos, heterodoxa,
señalando que le llama “poderosamente la atención que llegaran hasta
este punto de abrirle un expediente a una jueza”, apuntando que “es muy
poco normal” e instando a observar instrucciones similares con grandes
dilaciones que no generaron esta clase de respuesta.
Desde Unidas Podemos y el Bloque Nacionalista
Galego se hace especial hincapié en la falta de voluntad política a la
hora de erradicar la corrupción
“Aquí hay otro problema de fondo, que es que no se ponen medios para perseguir la corrupción”,
afirma por otra parte Xosé Luis Bará, antiguo profesor y portavoz de
Xustiza en el Parlamento de Galicia.
“Porque claro, cuando se abren
causas de este tipo, que duran siete u ocho años y que no tienen ningún
resultado, ni siquiera de un juicio, eso crea desconfianza en la
justicia, crea frustración, crea una sensación de que aquí hay
impunidad. Y eso es porque no hay voluntad política para que se pongan
los medios necesarios para que se persiga con todas las consecuencias la
corrupción”, señala.
Para Bará resulta evidente que estos dos problemas
han creado un nudo en el sistema judicial gallego que requiere mucho más
que una inyección rápida de capital para tener a los funcionarios
contentos.
La Justicia necesita de organismos
específicos para atajar sus propias carencias y no existe un interés
general en dar los pasos necesarios para ello, como “la creación de
una fiscalía especializada contra la corrupción en el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, que no hay; hay fiscalías especializadas en
seguridad vial o medio ambiente, pero no en la lucha contra la
corrupción”, apunta.
Delitos de gran complejidad
Uno de los principales obstáculos a la hora de
investigar causas de la magnitud de las instruidas por la jueza Pilar de
Lara es la propia complejidad de las mismas. Tal y como señala Luis
Villares, se trata de tramas inmensas que deben separarse en piezas
porque de no hacerlo cualquier fallo o error procesal puede poner en peligro la totalidad del juicio.
Es por ello que la creación de órganos específicos, dotados de medios
suficientes para sacar adelante el proceso sin fisuras o puntos débiles,
resulta crucial.
Sin embargo, una vez más, las dos problemáticas antes
mencionadas al unirse crean una situación insostenible que acaban
arruinando buena parte de estas causas. “Eso es aplicable [la falta de
medios] no solo a los Juzgados de lo penal, sino a todo en general. Faltan juzgados, faltan medios, falta personal, el tema de la digitalización es un desastre…”, apunta Bará.
“En la temática específica de la corrupción aquí se
creó un discurso de la limpieza, la persecución del fraude, de la
transparencia del Gobierno, y la solución que pusieron fue
que el Tribunal de Cuentas hiciese las funciones de lo que debería ser
un organismo independiente de la persecución del fraude, de la
corrupción y todo eso.
Pero eso está bajo el control del Partido
Popular, que es quien decide qué informes realiza el Tribunal de
Cuentas, y quien debería hacer esta función de persecución del fraude y
la corrupción debe ser la Administración de la Justicia y no tiene
medios suficientes. Sobretodo la Fiscalía, que debería realizar esa
función mediante una rama especializada en la corrupción, dado que en
muchos casos son delitos muy sofisticados que utilizan medios
tecnológicos muy avanzados”, afirma.
Instrucciones masivas
El último punto señalado desde la izquierda es,
quizás, el más peliagudo en términos jurídicos, pues atañe a la forma de
proceder de la propia Pilar de Lara. Pese a las virtudes de la
investigación y la necesidad de la misma, los partidos han hecho hincapié en las fallas encontradas en los procesos,
que en muchos casos terminaban con delitos prescribiendo y con
imputados, o bien saliendo impunes, o bien limpiando su nombre tras
acarrear la losa de la sospecha sobre sus espaldas durante muchos años. (...)" (J. Guzmán, Público, 09/04/19)
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