"Hubo un tiempo en el que los juzgados gallegos hacían
temblar el suelo de políticos y empresarios de buena parte de España.
Entre 2009 y 2015, registros y pinchazos telefónicos ordenados desde la
esquina noroeste de la Península llevaron al calabozo a siete alcaldes
(seis gallegos y un catalán) y propiciaron la imputación de más de 450
personas, incluidos policías y guardias civiles, miembros de las Fuerzas
Armadas y hasta un ministro. Fueron 12 los sumarios de corrupción de mayor impacto pero, una década después, los tribunales solo han logrado dictar 22 condenas, entre ellas la de Oriol Pujol en Cataluña.
Las descomunales investigaciones de la Operación
Carioca, Campeón, Pokémon, Pulpo o Cóndor, algunas de ellas con
ramificaciones en Asturias, Cataluña y Murcia, han fulminado la carrera
política de quien estaba llamado a suceder a Artur Mas al frente de la
Generalitat, de históricos regidores e incluso de un candidato del PSOE a
la Presidencia de la Xunta. Pero por el camino han tropezado con el
déficit de medios de los juzgados, delitos prescritos, anulaciones de
escuchas y farragosos conflictos de competencias entre órganos judiciales.
La titular del pequeño juzgado de instrucción número 1 de Lugo, el que más macrocausas ha abierto, acaba de ser sancionada por una demora en su instrucción
que el Consejo General del Poder Judicial considera injustificada. Si
se confirma el castigo, la juez, que llegó a pedir sin éxito al Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia la imputación del presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por recibir regalos de un relevante
empresario, perderá todos los casos (Carioca, Pokémon, Pulpo y Cóndor) y
también el destino.
El último gran fiasco se ha producido a casi 200
kilómetros de Lugo. Es el desmoronamiento de la Operación Orquesta, una
causa por amaño de adjudicaciones de obras que sacudió Costa da Morte en
2011 con tres alcaldes de PP, PSOE y un partido independiente
detenidos.
De los casi 30 imputados fueron exonerados todos excepto
seis, entre ellos el regidor independiente de Cee. Aunque la fiscalía
pide para Ramón Vigo más de 20 años de cárcel, la reciente anulación de los pinchazos en los que se basaban las acusaciones augura otro archivo. (...)
-Caso Carioca (2009): la mitad del medio centenar de piezas han sido archivadas y en la principal se ha encausado a cinco personas.
-Caso Multas (2009): dos condenados de 23 juzgados.
-Operación Rei (2009): absueltos los ocho juzgados.
-Caso Campeón (2011): 13 condenados en Galicia y seis en Cataluña.
-Caso Orquesta (2011): llegó a haber 27 imputados pero todos fueron exonerados.
-Caso Zeta (2011): cerca de 70 imputados, pero ha sido sobreseído provisionalmente a la espera de un informe de la Intervención del Estado.
-Caso Pokémon (2012): son nueve piezas y un centenar de imputados; 15 de ellos han sido encausados en la pieza principal.
-Caso Pulpo (2013): en instrucción.
-Caso Baltar (2013): condenado el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar.
-Caso Louzán (2013): archivado.
-Caso Patos (2014): en instrucción.
-Caso Cóndor (2015): en instrucción.
Lo mismo ocurrió con la Operación Rei, una
presunta trama de sobornos en la provincia de Lugo a cambio de contratos
públicos que explotó con la detención del alcalde socialista y seis
concejales de Castro de Rei y con la entonces vicepresidenta de la
Diputación de Lugo y actual alcaldesa de la capital, Lara Méndez (PSOE),
retenida durante horas en comisaría aunque luego liberada de cargos. Las escuchas fueron anuladas y los ocho procesados, absueltos.
Detrás de este derrumbe de sumarios Juezas y Jueces
para la Democracia ve una “insuficiencia” de medios de investigación y
una ley de enjuiciamiento criminal anticuada. Sobre la anulación de
pinchazos, Sandra Piñeiro, coordinadora en Galicia de la organización,
subraya que la “regulación completa” de las escuchas no fue introducida
en esta norma hasta 2015 y que no es hasta 2017 cuando los instructores
reciben del Poder Judicial una guía de buenas prácticas para afrontar
este tipo de casos.
Piñeiro reclama medidas e inversiones en justicia
para resolver problemas como la “falta de preparación técnica” de los
funcionarios, la “necesidad de expertos en contabilidad o finanzas” y la
escasez de profesionales de la magistratura. Apunta que España cuenta
con 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de media en
los países en el Consejo de Europa. Cuanto más volumen de asuntos tiene
un juez, esgrime, “más baja” será la “calidad” de sus resoluciones y
“más facilidades” tendrán las defensas de los acusados para atacarlas.
En esta década solo se han celebrado juicios en cinco
de las 12 operaciones anticorrupción más importantes. Mientras los
casos Orquesta y Rei acabaron en absoluciones generalizadas, en el
fraude de subvenciones de la Campeón, sumario en el que llegaron a ser
investigados el exministro socialista José Blanco, una consejera del
actual Gobierno de Feijóo y un exconsejero del BNG, se condenó a 13 personas en Galicia —un excargo del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y un exdiputado del PP, entre ellos— y seis en la rama catalana.
El expresidente de la Diputación de Ourense José Luis
Baltar (PP) recibió una pena de nueve años de inhabilitación por
enchufar a un centenar de afines políticos y en el caso Multas,
que sentó en el banquillo a 23 personas por perdonar sanciones de
tráfico en Lugo, entre ellas alcaldes, exdiputados y hasta un exdeán de
la catedral, solo se castigó a dos acusados. Uno de ellos es el
exsubdelegado del Gobierno Jesús Otero (PSOE), para quien la Fiscalía
pedía siete años de prisión. Fue condenado a tres meses.
Antes de llegar al banquillo se han anulado las
actuaciones contra el expresidente de la Diputación de Pontevedra José
Luis Louzán (PP) en un caso de supuesto cohecho impropio por unos
alquileres. Él es, sin embargo, el único político que queda entre los 14 investigados en la Operación Patos,
una supuesta trama de amaño de contratos públicos en la provincia de
Pontevedra en la que el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE) llegó a
estar entre el medio centenar de imputados.
La plataforma ciudadana Impunidade Carioca nació para
combatir el desmoronamiento de la Operación Carioca. La mayor
investigación en España contra la explotación sexual de mujeres y las
connivencias entre políticos, policías y proxenetas desbordó los
juzgados de Lugo con sus más de 80 investigados, entre ellos una
veintena de agentes del orden. Diez años después de su estallido, han
sido archivadas cerca de la mitad del medio centenar de piezas en las
que fue troceada la instrucción, en muchos casos por prescripción o con
polémicas resoluciones de la fiscalía.
“El nivel de exigencia probatoria es mucho mayor con
acusados de relevancia pública que con delincuentes comunes”, sostienen
desde Impunidade Carioca. “Son los casos que afectan a personas con
poder los que dan pie a las grandes doctrinas sobre garantías procesales
como la de Botín o Naseiro”.
Esta plataforma subraya que la “tremenda”
falta de medios de los juzgados depende de Administraciones dirigidas
por compañeros de partido de los imputados, por lo que “es una vía para
ahogar las investigaciones”: “La sociedad debe evaluar si estos casos no
se están castigando penalmente porque no hay nada o por estos otros
factores”.
El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro,
rechaza que la justicia sea más garantista con el delincuente de guante
blanco que con el robagallinas. “No nos engañemos, ser garantista no es
dilatar un asunto ni tampoco hacerlo más complejo”, afirma.
“La
diferencia está en que al delincuente común lo pillas con las gallinas
en la mano y le aplicas penas mínimas porque es un desamparado social.
Pero el delincuente de guante blanco pone sofisticadas trabas para que
sea más difícil pillarlo y para buscar evidencias entran en juego
derechos como la intimidad o la protección de datos por lo que hay que
ser muy cauto”.
Juezas y Jueces por la Democracia advierte que la
politizada elección de los integrantes de las más altas instancias
judiciales como el Tribunal Supremo o el Constitucional también influyen
en el desenlace de estas causas porque son las que resuelven los
recursos y los casos que afectan a aforados. “Su forma de elección no
responde a los principios de mérito, igualdad y transparencia y hace que
acaben siendo delegaciones de los partidos políticos”, critica la
representante de los jueces.
Varios letrados de quienes están o han estado
imputados durante años se han preguntado públicamente quién repara la
“pena del telediario”. La última queja la lanzó en noviembre Evaristo
Nogueira, exdecano de los abogados de Santiago, cuando fueron archivadas
las imputaciones en el caso Campeón que llevaron al exconsejero gallego Fernando Blanco
a dejar la política: “Una instrucción no puede durar ocho años, es
inconcebible en un Estado de derecho. Hay unas consecuencias
irreparables, políticas y personales, que no tienen vuelta atrás”. (...)" (Sonia Vizoso, Elisa Lois, El País, 08/04/19)
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