"Una ONG pedirá a la Fiscalía que investigue si amigos de Feijóo ofrecieron ayuda a una empresa a cambio de dinero.
El caso Corcoesto, el supuesto intento de amigos de Alberto Núñez Feijóo de cobrar dinero a cambio de desbloquear el intento de una empresa canadiense de extraer oro en Galicia, no amaiana. La oeganización de defensa de la naturaleza Amigos da Terra anunció este jueves su intención de solicitar a la Fiscalía que abra una “investigación exhaustiva” para establecer si ha habido “tráfico de influencias y corrupción” en el “entorno del gobierno gallego” en relación con este asunto.
Por culpa de aquella decisión, puntualiza Amigos da Terra, ahora son los ciudadanos gallegos los que se exponen a tener que pagar indemnizaciones millonarias a la empresa que perdió la concesión exclusivmanete por “el desacierto de la gestión” de la Xunta.
Por su parte, la organización Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), una de las de mayor tradición de Galicia, tampoco se ha quedado parada a la vista de las noticias sobre la supuesta oferta de tráfico de influencias y de la demanda de la empresa concesionaria para ser indemnizada. La SGHN respalda la cancelación del proyecto, aunque reconoce no saber si se debió a las “decisiones oscuras” que ahora ha sacado a la luz el director de la empresa canadiense o a la presión social en su contra.
Nuevos documentos
En todo caso, y para evitar una hipotética reactivación del proyecto minero, la SGHN ha anunciado que trasladará al juzgado documentos que obran en su poder –y cuyo contenido no ha querido divulgar– relacionados con los “renglones torcidos” escritos por la Xunta en la tramitación de la iniciativa.
Por su parte, el director general de Enerxía e Minas de la
Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, ha defendido qque todo lo relativo a la
mina se tramitó “conforme a la ley en todo momento”. (...)" (Fernando Varela, InfoLibre, 21/04/16)
"El naufragado proyecto de la mina de oro de Corcoesto dejó tras de sí múltiples frentes judiciales abiertos que, si bien poco resultado han dado a la minera hasta la fecha en el objetivo de ser indemnizada, sí que han servido para que la multinacional canadiense Edgewater vertiese terribles acusaciones, fundamentalmente la de cohecho, contra altos cargos de la Xunta.
Si en el contencioso administrativo abierto contra la denegación del permiso de explotación, lo que en la práctica supuso el punto final para la mina, la compañía insinuaba que “amigos de Feijóo” le habían pedido “dólares en una maleta Sansonite”, en el escrito de demanda de arbitraje pone nombres, apellidos y números a la presunta petición de soborno.
En un escrito fechado el 6 de mayo de 2016 de la firma legal Three Crowns, especializada en arbitraje internacional, y que fue remitido no sólo al abogado del Estado sino también a las más altas instancias del Ejecutivo central, incluido Mariano Rajoy, Edgewater acusa a altos cargos de la Xunta de pedir una mordida de 1,5 millones a cambio de autorizar la explotación.
Edgewater señala a Feijóo, Tahoces y Agustín Hernández
Bajo el título Notice of arbitration, el documento señala al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; al ex conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández; y al director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces; como receptores de las supuestas mordidas, sin aportar más prueba que la declaración del presidente de Edgewater, George Salamis. El primer ejecutivo de la multinacional dice lo siguiente:
“En octubre de 2014, un alto cargo de Sacyr me dijo que tendríamos que pagar 1,5 millones para obtener el permiso para el desarrollo del proyecto de Corcoesto y que estos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al señor Tahoces”.
El mismo escrito, en su apartado 21, señala que unos intermediarios (que no identifica) solicitaron “pagos ilícitos” en el “otoño de 2014” para distribuir entre cargos del Gobierno gallego, “incluidos el presidente Feijóo y Agustín Hernández”, al que atribuye un cargo inexistente de “vicesecretario general de la Xunta”.
La Xunta denuncia a la empresa por calumnias
Así consta en la documentación incorporada por la abogada de la Xunta en el recurso de apelación presentado ante el juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, que solicita que se reabra la causa para juzgar a Edgewater por calumniar y difamar al Gobierno gallego.Desde
que trascendieron a los medios de comunicación las acusaciones de la
minera, tanto Feijóo como Tahoces afirmaron que emprenderían acciones
legales contra la multinacional. Dichas actuaciones derivaron en una
denuncia por calumnias interpuesta por la Fiscalía en la que se personó
la propia Xunta. El juzgado archivó la causa en un auto del 8 de mayo del año pasado. Diez días después, los abogados del Gobierno gallego presentaron el recurso de apelación. (...)" (Rubén Rodriguez, Economía Digital, 20/03/18)
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