Así se gestó la denuncia de Galibus contra el director xeral de Mobilidade por "prevaricación administrativa" beneficiando a Monbus... El proceso busca descubrir si el alto cargo de la Xunta dio orden de “salvar a las empresas y UTE’S vinculadas con Monbus”

 "Cuando los sindicatos que alentaron a la huelga del transporte por carretera en Galicia no habían decidido si iban o no a aparcar los buses el pasado 31 de marzo, desde Galibus ya asumían que eso iba a ocurrir. “La huelga es difícilmente evitable”, comentaban a este medio días antes. 

La Asociación Empresarial de Viajeros por Carretera de Galicia está compuesta por pymes que, siempre a la sombra de grandes compañías, llevaban años viendo como los gigantes les birlaban los contratos en una partida que parecía jugarse con las cartas marcadas. Sin embargo, las denuncias nunca llegaban a puerto. En ocasiones ni zarpaban. Ahora, después del pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que dio orden a la Comisión Galega da Competencia para incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa, las piezas comienzan a encajar.

Tras señalar la Justicia a las dos empresas “por indicios de haber podido repartirse el mercado” y a la Xunta como actor necesario para que esto sucediese, Galibus puso en marcha a sus equipos legales para iniciar un proceso que, hasta ahora, ha provocado que el Juzgado Nº1 de Santiago haya acordado incoar "diligencias previas por un delito de prevaricación administrativa" contra Ignacio Maestro Saavedra, director xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia desde 2017.

Todo esto comenzó a gestarse hace semanas, cuando Galibus presentó el pasado 14 de marzo la denuncia ante los juzgados e inició un proceso al entender que se estaban sucediendo las irregularidades en contrataciones públicas de transporte por carretera. 

De esta forma, señala directamente a Monbus como la empresa que “a través de diferentes mercantiles o UTE’s, licitan y resultan ser adjudicatarios de gran cantidad de los lotes que oferta la Consellería de Infraestructura e Mobilidade de la Xunta de Galicia, sorteando fraudulentamente, con el concurso y aquiescencia de quienes deben supervisar, vigilar y controlar que no ocurra, es decir la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade y, concretamente su Dirección Xeral de Mobilidade, las obligaciones y exigencias de los Pliegos, lo que implica un evidente agravio comparativo con el resto de licitadores y adjudicatarios y un grave perjuicio del interés público, con merma también del patrimonio público”, comentan desde Galibus.

Así las cosas, recuerdan que el 1 de septiembre del pasado año las empresas adjudicatarias tenían que haber justificado y aportado la relación de cada uno de los vehículos adscritos a los distintos contratos. Siete meses después, desde Galibus reprenden que no se ha realizado este trámite, por lo que no queda justificado si las empresas “disponen de los medios necesarios para poder prestar el servicio, con grave merma de un servicio público esencial”.

Esto entroncaría directamente con las denuncias de muchos usuarios, que advierten que en muchas de las líneas donde opera Monbus los autocares presentan deficiencias o, directamente, no llegan para prestar el servicio, acumulando grandes retrasos y perjudicando a los viajeros.

VIEJOS CONOCIDOS EN LOS PASILLOS DEL JUZGADO

En cualquier caso, no es la primera vez que desde Galibus recurren a la Justicia para denunciar los incumplimientos, toda vez que aseguran haber comprobado “que las empresas adjudicatarias estaban incumpliendo las exigencias contractuales, lo que fue asimismo denunciado ante la Administración por medio de diversos escritos a lo largo de sucesivos meses”. Las denuncias, eso sí, no tuvieron más recorrido y la Xunta permitió “el incumplimiento sistemático” de las adjudicatarias.  

 Es en este punto donde se ve la mano del director xeral de Mobilidade, Maestro Saavedra, cuyas actuaciones están bajo la lupa de la magistrada Ana López-Suevos. Las pymes integradas en el colectivo señalan que el propio Maestro Saavedra “dictó diversas resoluciones” con la intención de “salvar a las empresas y UTE’S vinculadas con Monbus”. 

 Esto suponía un perjuicio para el resto de empresas que acudían al concurso y que, al contrario que Monbus, “sí se encuentran en condiciones de cumplir con los Pliegos del contrato, dado que se está prestando un servicio defectuoso con numerosos y reiterados incumplimientos, como ponen de manifiesto una y otra vez las continuas denuncias al respecto formuladas por colectivos ciudadanos, sindicatos, ayuntamientos, etc y que han tenido amplia repercusión en los diversos medios de comunicación”.

“Entendemos que el director xeral es plenamente conocedor de los incumplimientos denunciados y actuando arbitrariamente, tanto por acción como por omisión, ha permitido la permanencia en el tiempo de una situación anómala e ilegal, originando graves perjuicios a otros empresarios, al sector en general, a los derechos de los ciudadanos y a la credibilidad en la actuación de la Administración que representa”, indican, lo que ha llevado a la Justicia a considerar que hay indicios de un delito de prevaricación administrativa, incoando las diligencias previas contra Maestro Saavedra. La Xunta, eso sí, reitera que siempre operó según la ley y que "ha cumplido y sigue cumpliendo escrupulosamente" en la adjudicación de contratos. "               (Rodrigo brión, Galiciapress, 07/04/23)