"Un reciente informe del Consello de Contas de Galicia revela un extraño manejo de fondos públicos por parte del Gobierno gallego en relación con las autovías de peaje en sombra. La Xunta de Galicia ha desembolsado 44 millones de euros de más en estas vías, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia de la colaboración público-privada en la gestión de proyectos de infraestructura. El informe expone que los resultados podrían haberse logrado con un coste significativamente menor, y el balance general indica deficiencias que superan con creces los beneficios. En concreto, el Consello de Contas aprecia "posibilidades de reducir las tarifas abonadas por la Administración" y generar "ahorros en los presupuestos pùblicos por valor de, cuando menos, 44 millones de euros."
Las cinco autovías bajo escrutinio, incluidas la AG-56 Santiago-Brión, la AG-41 de O Salnés, la AG-11 de O Barbanza, la AG-31 de Celanova y la AG-55 de A Costa da Morte, revelan un sombrío panorama. A pesar de los elogios por su construcción oportuna y mantenimiento de calidad, se subraya que la Xunta ha cedido a presiones económicas injustificadas, resultando en costes adicionales innecesarios para el erario público.
El informe también cuestiona la falta de estudios coste-beneficio que sustentaran las decisiones de inversión en estas autovías. Parece que el enfoque se centró en la externalización de los riesgos financieros, en lugar de basarse en evaluaciones rigurosas de viabilidad económica y social. La preferencia por ofertas económicas agresivas, en lugar de planes económicos sólidos y proyecciones de tráfico realistas, ha exacerbado los problemas financieros, representando una seria amenaza para las finanzas públicas.
Carga financiera innecesaria
Además, la decisión de optar por la colaboración público-privada no parece haber sido respaldada por un análisis exhaustivo y transparente. El desequilibrio en la asignación de responsabilidades financieras entre el sector público y el privado ha generado una carga financiera innecesaria para la comunidad autónoma. Las consecuencias de esta controvertida gestión recaen directamente sobre los ciudadanos, con tarifas más altas que podrían haberse evitado con una toma de decisiones más prudente.
En un momento en que la cordura financiera y la eficiencia del gasto público son más cruciales que nunca, este derroche irresponsable resulta inaceptable. Se supone que la Xunta de Galicia debe rendir ahora cuentas por su manejo imprudente de fondos públicos y adoptar medidas inmediatas para rectificar esta situación. Parece también necesario realizar una evaluación exhaustiva de los contratos y adoptar un enfoque más responsable y transparente en la toma de decisiones de inversión para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas y garantizar un uso adecuado de los recursos del contribuyente.
Errores de cálculo a expensas del contribuyente
La Xunta de Galicia no puede permitirse más errores de cálculo a expensas del contribuyente, ya que la ciudadanía gallega merece una administración responsable y eficiente, por lo que haría bien en asumir la responsabilidad de su mala gestión y comprometerse a corregir estos errores tan costosos de los que advierte el órgano de control de las cuentas públicas de Galicia. Se supone que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares fundamentales en la gestión de proyectos de infraestructura para evitar el despilfarro innecesario y garantizar el beneficio real para todos los ciudadanos.
Como argumenta el conselleiro del Consello de Contas de Galicia Simón Rego Vilar en un artículo que publica en el diario La Voz de Galicia, "más allá de valorar el contexto de la decisión, resulta esencial evaluar el ejercicio de las competencias autonómicas en el control de la ejecución y de transferencia del riesgo al operador privado."
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