Las zarpas de la crisis se ceban con los vecinos en situación de riesgo económico de las siete ciudades gallegas. La Xunta ha suprimido en A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Ourense y Lugo, las aportaciones económicas del Plan de Inclusión Social: más de un millón de euros con los que los municipios mencionados pagaban a equipos técnicos que buscaban salidas laborales a cerca de 6.000 personas.
Las concejalías de Benestar Social de las grandes ciudades (todas de PSdeG y BNG) arremeten contra una decisión que tildan de "claramente política". "Solo tratan de ahogarnos y no se dan cuenta del daño social que están provocando", protesta la responsable de A Coruña, Silvia Longuera. Los concejales de estos departamentos capean el temporal como pueden.
De momento, tiran de fondos municipales de otros capítulos (fundamentalmente de personal) para "ir saliendo del paso malamente". Longueira dispone ahora de una partida anual de 180.000 euros para afrontar la inserción laboral de 1.600 personas en A Coruña. En Ourense, la concejala Marga Martín cuenta con 150.000 euros anuales.
Socialistas y nacionalistas cuestionan la legalidad de la medida de la Xunta y consideran que el Estado y Europa (que contribuye con el 60% de la ayuda global con que cuenta la Xunta) aportan fondos finalistas. La parlamentaria del PSdeG, Beatriz Sestayo, registró ayer esta pregunta en la Cámara: "¿Adónde desvían ese dinero?".
Pero "no hay incumplimiento legal". La consellería que dirige Beatriz Mato sostiene que están destinando esos fondos al fin previsto. Mato suprimió el plan de inserción en las ciudades, pero dedica los fondos comunitarios y del Estado "a las 19 cabeceras de comarcas gallegas", la mayoría en manos del PP.
"Un sinsentido", sostiene el vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias, el alcalde de Piñor, el socialista Francisco Fraga, quien argumenta que los riesgos de exclusión existen "en las ciudades y no en las aldeas". (...)
Los grandes Ayuntamientos afirman que se estrangula su labor social. No solo se han quedado sin estos fondos, sino que, aseguran, la Xunta está retrasando, y reduciendo, el pago de las ayudas para las rentas de inserción social (Risga).
Se trata de subsidios de apoyo para familias que no pueden hacer frente a gastos básicos. La Xunta también niega que exista demora. "Y si la hay, la generan los propios Ayuntamientos, son ellos quienes hacen las tramitaciones que nosotros aprobamos después", explica un portavoz de la consellería.
Pero el número de risgas aceptadas por la Xunta descendió un 34,92% en 2010 con respecto al año anterior, según denunció hace días la concejala de este departamento en Vigo, María Méndez." (El País, Galicia, 01/02/2011, p. 6)
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