Lo que para el BNG constituye un nuevo escándalo y la "disolución" de facto del Gobierno local, para el alcalde, el popular Martín Urgal, se trata de una forma de reactivar el sector de la construcción y crear puestos de trabajo en una localidad que lleva más de cinco años sin edificar vivienda nueva.
A través de una resolución rubricada por el regidor el pasado 18 de febrero, ambas funcionarias han sido apartadas de sus funciones en materia urbanística. Cuatro días después, se firmaba un contrato de asesoría jurídica con el abogado José Martínez Torea, con duración de seis meses y por el que percibirá 17.500 euros.
La interventora había emitido anteriormente un informe desfavorable sobre la idoneidad de esta contratación, en el que constataba que ya se habían contratado sus servicios para asesoramiento urbanístico.
Según el Bloque, al Ejecutivo local "no le gusta" cómo realizaban su labor estas dos funcionarias, algo que se puso de manifiesto durante un pleno de hace unos meses, en el que el teniente de alcalde, el tránsfuga socialista Alfonso de Lis, arremetió contra la secretaria y la acusó de "obstruccionista".
Sin embargo, el regidor asegura que no tiene "nada en su contra" y justifica esta decisión en que sus servicios son más necesarios en Intervención, para agilizar el pago de las facturas pendientes del Ayuntamiento.
Ante esta situación, argumenta, lo más adecuado era contratar un abogado que le asesore y complemente la labor del aparejador y del arquitecto municipal. Con este nuevo cuadro ha empezado a dar licencias para "arreglar tejados" y para la construcción de "casitas unifamiliares", pero no edificios. De este modo, prosigue, se puede generar empleo en el sector de la construcción. " (El País, Galicia, 26/03/2011, p. 3)
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