Autovía del Barbanza / ANDRÉS FRAGA
"Fondos públicos evitarán nuevamente que empresas privadas pierdan
dinero en negocios que evaluaron mal pero que, de haber ido bien, les
habrían dado mayores beneficios a costa igualmente de las arcas
públicas.
En esta ocasión será la Xunta la que salga al rescate de las
concesionarias de las dos principales autovías gallegas, las que
recorren las penínsulas de Barbanza y Salnés, al borde de la quiebra
porque no se han cumplido sus previsiones de tráfico.
Participadas por
Novagalicia Banco, Itinere, Copasa y Puentes y Calzadas, en 2013
circularon por ellas un 40% menos de vehículos de lo previsto, lo que
les supuso ingresar solo 8,5 millones de euros, 4,7 menos de lo
estimado. La situación se viene repitiendo cada año desde que abrieron
en 2008 y ahora la Xunta asegura que o compensa parte de ese desfase o,
si quiebran, debería abonarles 127 millones por responsabilidad
patrimonial.
Las autovías de Barbanza y Salnés, gratuitas para el usuario, se
construyeron con un modelo concesional de peaje en sombra por el que las
adjudicatarias adelantaron el coste de la obra. A cambio la Xunta les
debe pagar cada año hasta 2035 un canon tanto por los intereses de lo
adelantado para la construcción como por el mantenimiento anual en
función del número de vehículos que las usen.
Si hay más tráfico del
previsto, las concesionarias cobran más. Si hay menos, también cobran
menos, pero solo puntualmente a la vista de lo que ahora está
sucediendo. Tras cinco años con menos tráfico del previsto, las empresas
han amenazado a la Xunta con ir a la quiebra y esta asegura que no le
queda más remedio que compensarles parte del desfase.
De lo contrario,
argumenta, debería quitarles la concesión, indemnizarlas con los 127
millones que costó construir las vías y asumir el mantenimiento
posterior de las infraestructuras, para lo que no tiene capacidad y por
lo tanto debería volver a contratar a otra empresa a un coste similar. (...)
Un modelo que preveía que el pasado año circulasen por el Salnés
22.231 vehículos diarios, pero realmente lo hicieron 13.208. Así que la
Xunta en vez de pagarle a la concesionaria los 3,5 millones previstos
solo le abonó 2,9. En el Barbanza se esperaban 20.841 vehículos diarios,
pero fueron 12.496, así que la factura cayó de los 9,6 millones
previstos a 5,5.
Fuentes de la Xunta indican que hace tiempo que las concesionarias de
las autovías de Barbanza, Salnés y Santiago-Brión le habían trasladado
de manera informal su situación. Por ello, cuando se elaboraron los
presupuestos autonómicos para este año se introdujo una disposición
adicional que faculta a la Axencia Galega de Infraestruturas, “por
razones de interés general”, a “adoptar las medidas de restablecimiento
del equilibrio económico necesarias para garantizar la viabilidad” de
las concesionarias. También prevé la posibilidad de rescatar la
concesión y volverla a adjudicar a otra empresa.
Entonces el departamento de Agustín Hernández negó que el cambio
legal se hiciese porque alguna autovía estuviese en riesgo inmediato de
quiebra. Aun así, además de cambiar la ley encargó una auditoría externa
sobre el estado de las concesionarias. Ahora, con la ley en vigor y la
auditoría confirmando la situación, las concesionarias de Barbanza y
Salnés (no así la de Santiago-Brión, cuya situación sería mejor) le han
pedido formalmente que garantice su equilibrio económico.
La directora
de la Axencia de Infraestruturas, Ethel Vázquez, aseguró ayer en el
Parlamento que la compensación, cuyas cuantías y periodo no concretó, es
la solución “menos gravosa” para una “situación crítica”. Desde la
consellería se asegura que la ayuda finalizará en cuanto se recupere la
viabilidad financiera de las concesionarias y que no pretende garantizar
los beneficios de las empresas sino solo cubrir sus gastos de
mantenimiento.
El tope máximo de la ayuda anual será siempre el previsto
en la concesión original. Esto es, para 2014 la previsión máxima es de
14 millones, pero si se repite el tráfico escaso del pasado año
acabarían ingresando solo 8,5 millones. La Xunta les pagaría más que esa
cantidad pero siempre sin superar los 14 millones previstos
inicialmente. La Xunta asegura que no compensará a partir de ahora los
ingresos de menos de los pasados cinco años." (El País, 16/05/2014)
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