Los concejales de la Junta de Gobierno, durante el juicio / Óscar Corral
"El juez de lo Penal número 1 de Santiago, Jesús Leal, acaba de dictar
sentencia en la que condena a siete concejales del Ayuntamiento de la
capital de Galicia (toda la Junta de Gobierno) por prevaricación y los
inhabilita durante nueve años para ejercer cargo público.
El fallo,
contra el que cabe recurso, pone en entredicho la continuidad del actual
gobierno municipal. El caso parte de un acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno en el que acordaba pagar la minuta del abogado de otro edil
de la corporación, Adrián Varela, dimitido la semana pasada e imputado
en la trama Pokémon que indaga sobre graves delitos de corrupción.
El
alcalde compostelano, Ángel Currás, ha admitido que el fallo
condenatorio a los siete ediles del PP "es un duro golpe" para el grupo
de gobierno, al tiempo que ha avanzado que a partir de ahora analizará
"en profundidad el contenido de la sentencia" para tomar decisiones "en
próximas horas".
La decisión del gobierno local fue denunciada por una particular y
desde entonces la fiscalía siempre ha defendido que los siete ediles
prevaricaron cuando tomaron dicho acuerdo. Los recursos de los imputados
chocaron primero contra la juez Ana López Suevos en el trámite de
instrucción y después contra la Audiencia Provincial de A Coruña.
El
magistrado Jesús Leal, que ocupa plaza de sustituto en el juzgado de lo
Penal número 1 de Santiago, ha seguido el criterio de la fiscal Arancha
San José, quien en su alegato final el pasado 19 de mayo acusó a los
ediles de prevaricar y de "no defender lo público".
La sentencia llama la atención sobre el hecho de que la decisión de
asumir los gastos de defensa de Varela se tomó el mismo día que lo
solicitó el concejal, el 30 de mayo de 2013, tras declarar el asunto de
urgencia en la reunión de la Junta de Gobierno "sin que existiera motivo
justificado para ello".
El juez recuerda que ese mismo día el
secretario municipal, como asesor jurídico de la corporación, emitió un
informe en el que dejaba claro que el pago de los gastos de defensa de
un concejal debería ajustarse a la doctrina establecida en su día por el
Tribunal Supremo, que fijaba varias condiciones: que los actos por los
que sea juzgado el edil deriven de su "actuación administrativa" y no
respondan a un "interés particular", y que el caso haya concluido sin
que derive de él ninguna "responsabilidad criminal".
"Los acusados plenamente fueron conscientes del contenido de dicho
informe", argumenta el juez, "y sabedores de que en las circunstancias
de su compañero municipal y miembro de su propio partido no concurrían
los requisitos informados por la Asesoría Jurídica, pues conocían
perfectamente que Adrián Varela estaba llamado a declarar en calidad de
imputado por varios delitos denominados de corrupción".
De ahí deduce el
magistrado que los ediles "fueron en todo momento sabedores de que la
resolución no se ajustaba a derecho" y pese a ello adoptaron el acuerdo
de pagar el abogado de Varela "en contra de los intereses públicos y con
la clara intención de favorecer a un compañero de Corporación
Municipal".
Los condenados son la presidenta de la Junta de Gobierno que tomó la
decisión, Amelia González, y todos los ediles que la respaldaron: Juan
de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco
Noya y Luis García Bello. Todos ellos habían defendido su inocencia en
los sucesivos trámites judiciales.
Desde que estalló este nuevo caso de
corrupción (el enésimo en el Ayuntamiento de Santiago) el presidente de
la Xunta y del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, siempre
ha defendido la inocencia de su equipo de gobierno y ha pedido esperar a
la decisión de la justicia. Lo mismo ha reivindicado el alcalde de la
ciudad, Ángel Currás, quien acudió a respaldar a sus concejales el día
del juicio.
No obstante, la teniente alcalde, Reyes Leis, la única edil
que empezó la legislatura y aún no está imputada, desveló que su partido
diseñó un plan B por si la sentencia era contraria. Ese plan
consistiría en utilizar las competencias que le otorga la ley electoral
para designar concejales no electos.
El alcalde Currás ha señalado que sigue confiando en la inocencia de
los ediles, pero ha evitado concretar si continuarán en sus cargos hasta
conocer a fondo el contenido de la sentencia. Tampoco el secretario
general del PP gallego, Alfonso Rueda, ha aclarado cuál será el futuro
de los concejales y se ha limitado a señalar que el partido estudio "qué
pasos dar" a partir de ahora. Los portavoces de los dos grupos de la
oposición, el socialista Francisco Reyes, y el nacionalista Rubén Cela,
han exigido la dimisión tanto de los concejales condenados como del
propio regidor.
El que era alcalde de Santiago hasta las elecciones de 2011, el
socialista Xosé Sánchez Bugallo, ha confesado que hubiese preferido que
los siete ediles del PP "resultasen absueltos". Sin embargo, ha
considerado que "todo esto es la culminación de un enorme desastre y un
enorme disparate, que fue la candidatura del PP en las últimas
elecciones municipales", y ha advertido de que los populares tienen "la
enorme responsabilidad de devolverle la honra a la ciudad" y a la
"institución" compostelana, informa Europa Press.
Mientras, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido al
PP que tome decisiones de inmediato.“Es un problema que tiene el PP y
yo lo que les pido es que ese problema no lo extienda, ni lo expanda a
toda la ciudad, que por tanto esa crisis institucional que se vive por
una decisión del Partido Popular no manche, ni perjudique más a la
ciudad”. Besteiro pide a los populares que pongan “fin a esta situación,
y que lo hagan de una vez y nos dejemos de dar excusas”. (
José Precedo
, El País, 2 JUN 2014 )
No hay comentarios:
Publicar un comentario