"Más de 1.800 millones de euros y 80.000 afectados se contaban a
principios de 2012 como afectados por las participaciones preferentes de
las cajas de ahorros gallegas, recién fusionadas y a pocos meses de la
privatización.
Dos años y medio después, tras centenares de
manifestaciones, jornadas en vela en encierros municipales, soluciones
parciales, quitas presentadas como definitivas y las laringes muy
deterioradas, las plataformas de Galicia bajan el pistón.
En el último
mes la nueva dirección de Novagalicia Banco ha ido pactando devoluciones
de fondos de manera discreta y los perjudicados de las plataformas han
recuperado la práctica totalidad de sus ahorros.
La plataforma de A
Coruña anuncia que lo deja ya y la de Vigo lo hará la semana que viene.
Se mantiene la guerra contra las sanciones por las protestas y unos 350
millones de euros de alrededor de 20.000 afectados que no se afiliaron a
las plataformas seguirán en el aire.
La plataforma de A Coruña celebró el jueves una última concentración y
anunció que se transformaba en asociación de víctimas con la vista
puesta en sumarse a las querellas contra los dirigentes de las cajas, en
línea con lo que ha hecho el sindicato CIG y, paralelamente, la
plataforma de Vigo.
Como razones se nombró al cansancio y la principal,
que la gente está cobrando. Con bastante discreción, Novagalicia Banco
ha ido llamando en las últimas semanas a las plataformas y proponiendo
acuerdos, según la situación de cada cual, en línea con las
declaraciones del nuevo propietario, Juan Carlos Escotet, sobre las que
aún en abril dudaban los preferentistas tras reunirse con él y con los
representantes del FROB.
Los acuerdos individuales son confidenciales
por exigencia del banco, pero según fuentes consultadas se calcula que,
una vez descontados todos los parámetros, los ahorradores están
recuperando sus fondos con una quita del 5% de media, bastante menos de
la horquilla del 22 y el 65% que se anunció el FROB como definitiva hace
ahora casi un año.
“No es un éxito porque hemos tenido heridos y fallecidos, pero sí,
estamos contentos", compara José Manuel Estévez, portavoz de la
plataforma de Vigo, que además de la querella contra los dirigentes de
las cajas busca también que la fiscalía ponga coto a los recursos
sistemáticos del banco a las sentencias que le eran desfavorables, una
maniobra más dilatoria que efectiva. Señala, no obstante, que la
práctica ha cesado últimamente.
En la lucha de trinchera que durante meses ha sido la protesta de los
afectados ha habido diversas estrategias. La tensión mayor se alcanzó
en el primer trimestre de 2012, cuando los arbitrajes bajaron de ritmo
hasta casi pararse. Los encierros en Ayuntamientos y los reproches
públicos y en directo a los políticos arreciaron, sobre todo centrados
en la Xunta y los regidores del PP.
En esa presión se significó
especialmente la plataforma de Baixo Miño, la verdadera zona cero de las
preferentes, con localidades como O Rosal donde los afectados eran casi
el 10% de los vecinos. Su principal portavoz, Xulio Vicente, recuerda
que mucho de lo conseguido se logró pese a las medias verdades vertidas
sobre la irrefutabilidad de las quitas.
“Bruselas no dio el beneplácito
para que se usasen los fondos europeos para solventar lo de las
preferentes, pero señalaron que había medios dentro de los países”,
rememora.
“Pasa que alguien pensó que nos íbamos a cansar. Ahora en
cambio sí hay voluntad, y si viene un señor a quedarse con una entidad
es para hacer negocio, no para arruinarse. Lo que hace él tiene el
beneplácito del FROB”, dice.
Vicente pide no bajar la guardia y sobre todo insistir en la protesta
contra las sanciones que cayeron sobre los afectados a partir de la
primavera de 2013, coincidiendo con el recrudecimiento de las protestas.
“Hay más de 20 compañeros con sanciones, que suman más de 20.000
euros”. Y reclama solidaridad.
En el Baixo Miño creen que han recibido
críticas injustas por su intensidad en la protestas y que muchos
afectados se han beneficiado de ese trabajo de zapa, por lo que ahora
bien pueden arrimar el hombro: “Si cada afectado pusiese 30 céntimos, ya
estaban pagadas”.
La movilización también ha tenido que enfrentarse a diferencias
internas. A unos se les reprochaba en ocasiones que las protestas
estaban demasiado politizadas, mientras otros a su vez criticaban falta
de compromiso y hasta algún sabotaje de sus iniciativas, unos contrastes
que salpicaron a la relación entre los propios portavoces.
Pero pese a
las diferencias de criterio, todos están de acuerdo en que lo
fundamental ha sido la insistencia, una virtud que no han conseguido
mantener otros colectivos, como señala Estévez: “Los de Afinsa no lo
hicieron y aún hoy están esperando”. (El País, 30/05/2014)
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