"Primer torpedeo al reinicio de la investigación sobre la fusión y quiebra de las antiguas grandes cajas de ahorro gallegas.
Desde el pasado enero los grupos del Parlamento de Galicia trabajan de
nuevo en la comisión de investigación sobre la desaparecida
Novacaixagalicia, que tras tres años de parálisis ha reabierto con los límites determinados por el PP, que busca un cierre rápido.
Entre las escasas concesiones de los populares a la ampliación de los
trabajos está la incorporación de nueva documentación, pero la
aportación de uno de los informes solicitados acaba de ser bloqueada por
la entidad estatal que tenía que facilitarlo: la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esto es,
el banco malo participado por el Estado que fue creado para quedarse con
el 'ladrillo tóxico' de las entidades rescatadas.
Lo que el Parlamento pidió, concretamente, al banco malo es un "listado"
de los "activos traspasados" por NCG Banco durante el proceso de
reestructuración. Dicho de otro modo, una lista de las propiedades
inmobiliarias sin vender y de los créditos concedidos a ese sector de
los que la entidad resultante de la fusión y bancarización de las cajas
se tuvo que desprender como parte de las condiciones para acceder a los
fondos públicos del rescate.
En aquella operación el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó en Novagalicia algo más de 5.400 millones de euros y, a su vez, el banco transfirió a la Sareb activos considerados tóxicos por importe de 5.096,9 millones de euros.
El importe total de los activos tóxicos trasvasados al
banco malo es parte de la escasa información que Novagalicia y la propia
Sareb habían hecho pública de aquella operación. Lo habían hecho,
concretamente, en la obligada comunicación de NCG Banco a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en diciembre de 2012.
El banco malo se
quedaba el lastre inmobiliario de las viejas cajas y a cambio le
entregaba a la entidad rescatada "valores de renta fija" que contaban
"con la garantía irrevocable del Estado español". Se trataba, informaban
entonces, de un mecanismo semejante al que afectó al resto de cajas
rescatadas.
En este contexto, una vez aprobada la
solicitud de documentación el presidente del Parlamento, Miguel
Santalices, se la hizo llegar formalmente a la Sareb, que respondió con
una carta llegada al Parlamento el pasado día 18. En la respuesta, de
apenas cinco líneas, el banco malo dice "lamentar comunicar" al
legislativo gallego que "no puede dar cumplimiento a la solicitud".
Lo
hace, asegura, porque la información solicitada "afecta a personas
físicas" y está "sujeta" a la ley de protección de datos. Además,
agrega, el contrato por el que Novagalicia Banco le traspasó los activos
tóxicos incluye una cláusula de confidencialidad.
Así las cosas, la Cámara gallega se quedará sin conocer con exactitud
hasta dónde llegaron las alegrías inmobiliarias de las antiguas
Caixanova y Caixa Galicia, los nombres de las promotoras y constructoras
que se beneficiaron de sus créditos y las propiedades que no fue
capaz de vender. De este modo, lo más semejante a una información sobre
este área de las malogradas cajas es el paquete inmobiliario que
ofertaba Novagalicia Banco inmediatamente después del rescate.
Entonces NCG ofertaba más de 9.000 viviendas a través de su firma inmobiliaria.
Apenas el 40% se encontraban en Galicia. Aquel portal no incluía, no
obstante, información alguna sobre los préstamos y promociones
inmobiliarias fracasadas durante los años de la burbuja. (...)" (eldiario.es, 28/04/17)
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