21/3/18

Así funcionan los enchufes y el nepotismo del PP para manipular la Sanidad gallega

"El proceso de privatizaciones y depauperación que padece la sanidad gallega tiene en contra a buena parte del estamento médico de la comunidad. Pero esa estrategia, que el Gobierno de Alberto Núñez empezó a ejecutar pocas semanas después de acceder a la Xunta en abril del 2009, no podría haberse llevado a cabo sin el concurso de los profesionales.

 Por eso uno de los pilares de la política sanitaria de del PP ha sido laminar a los mandos médicos que se oponían a ella, para situar, aun contraviniendo la ley, a galenos afines al PP dispuestos a aceptar y a facilitar los recortes presupuestarios, a camuflar las listas de espera, a justificar y alentar las privatizaciones, y a arrimarse al poder y abanderar sus argumentos frente a la contestación social a esas medidas.

Así lo asegura un informe de la Asociación Batas Blancas, que detalla las irregularidades en los nombramientos de los jefes de Servicio del Servicio Galego de Saúde (Sergas) y que concluye que han logrado que la sanidad gallega esté hoy bajo un “absoluto control político de la gestión en todos sus niveles, incluido el clínico, asistencial y docente”. 

Un control que en ocasiones se ejerce también mediante enchufismos de amigos y familiares de altos cargos, incluidos los de los conselleiros de Sanidade de Feijóo y hasta de los parientes del propio presidente de la Xunta.

 El estudio se centra en el área sanitaria de Pontevedra, que cubre a una treintena de municipios de esa provincia y de A Coruña que suman a una población conjunta de 315.000 personas, y para cuya gestión Feijóo nombró gerente a José Manuel González Álvarez, exconselleiro de Sanidade y autor del decreto que modificó el sistema de designación de los jefes de Servicio del Sergas en el 2005.

Ese decreto, recuerda Batas Blancas, instauró los nombramientos a dedo de todos los puestos directivos de la sanidad gallega, incluidas las gerencias de las once áreas de gestión sanitaria de Galicia –entre ellas la del propio González Álvarez, una de las más importantes-, así como de la mayoría de jefaturas de personal sanitario. 

Se eliminó la obligación de que sus nombramientos estuvieran sujetos a los criterios de mérito, formación específica o experiencia, y, para los jefes de Servicio de los hospitales, se estableció que los candidatos fueran evaluados por tribunales cuyos miembros, al 100%, son elegidos por el Sergas. Es decir por el mismo órgano convocante y sin participación alguna de las organizaciones profesionales, los sindicatos o las asociaciones de pacientes.

Además, se facultó a esos tribunales para que, si lo consideran, no otorguen más puntos a los médicos que tengan “dedicación profesional prioritaria o exclusiva a la institución”. Es decir que un candidato adscrito durante toda su carrera profesional a la medicina pública puede no obtener más puntos en la valoración de su currículum que uno que haya trabajado toda su vida para la privada.

González Álvarez ya ocupó la gerencia de varios hospitales en la Xunta de Fraga, y llegó a ser acusado de negligencia por las familias de los fallecidos por un brote de aspergillus en el Meixoeiro de Vigo, aunque entonces el fiscal no le imputó ningún delito. En el 2005, Esperanza Aguirre lo nombró director de la Fundación Hospital de Alcorcón, hasta que Feijóo lo designó gerente del área sanitaria de Pontevedra, donde se mantuvo hasta febrero del año pasado.
En ese período, según el estudio de Batas Blancas, el exconselleiro relevó a 25 de los 35 jefes de Servicio a su cargo. 

De los diez restantes, al menos siete siguen en sus puestos provisional e irregularmente dado que ya ha transcurrido con creces el periodo legal establecido para cubrirlas mediante el pertinente concurso-oposición o para reevaluar a los candidatos cada cuatro años que fijaba su decreto. Además, de las plazas que sí sacó a concurso, en casi en el 100% de los casos el ganador fue el aspirante designado previamente por la Xunta para ocuparla con carácter provisional.

“De estos 35 jefes de especialidad que hay en el área sanitaria, sólo nueve están en situación legal, es decir que cumplen los requisitos reseñados en el decreto mencionado, tanto en el sistema de acceso como de reevaluación”, afirman los autores del estudio. “Esto nos lleva a que, en la actualidad, el 74% de los jefes de Servicio están provisionales y sin cumplir la legislación vigente”.

Ese modo de actuar ha obligado a la justicia a actuar en varias ocasiones, con sentencias que han constatado que hubo un purga en toda regla de los jefes de Servicio del Sergas toda vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado que al menos media docena de oposiciones –todas las recurridas- estuvieron amañadas para adjudicar las plazas “de forma arbitraria, con ausencia de imparcialidad, desvío de poder y sin garantizar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad, afirmando que no se perseguía la elección del candidato más idóneo sino el más afín”, tal y como recuerda Batas Blancas.

Aunque al Sergas no parece preocuparle, porque ni siquiera se aviene a obedecer las decisiones firmes de los jueces. El último caso es el de Víctor Pedreira, ex jefe de Psiquiatría en Pontevedra, quien lleva cinco meses esperando a que la gerencia del hospital ejecute la sentencia del TSXG de octubre del 2017 que declaró nula, por amañada en su contra, la oposición que le arrebató la plaza que ocupaba desde 1986.

“La jefatura de un servicio es el grado máximo de promoción profesional a la que puede aspirar un médico del Sergas”, recuerdan fuentes de Batas Blancas, que aunque reconocen que la situación en el área sanitaria de Pontevedra es muy delicada, en el resto de áreas sanitarias de Galicia “ha pasado lo mismo o más grave”. Y ponen dos ejemplos.

Uno, la jefatura del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que fue adjudicada al marido de la exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera en detrimento del médico que la ocupaba, Evaristo Varo. 

Varo fue uno de los galenos que denunció la negativa de la Consellería de Mosquera a proporcionar a sus pacientes de hepatitis C el tratamiento que precisaban, caso por el que están procesados dos altos cargos del Sergas a quienes el fiscal acusa de homicidio.

El segundo ejemplo es el de Eloína Núñez, prima carnal de Feijóo y desde hace unos meses gerente del área sanitaria de Santiago, donde fue designado jefe de Medicina Interna Antonio Domingo Pose Reino, “una persona totalmente afín a ella”, asegura Batas Blancas, en detrimento de Arturo González Quintela, catedrático de Medicina Interna en la Universidade de Santiago, quien desempeñaba la plaza desde hacía años y a quien, sorprendentemente, el tribunal designado por la prima de Feijóo valoró menos que a quien había sido su adjunto y aprendiz.

Eloína Núñez ya había sido gerente del área sanitaria de Ourense, cargo para el que fue nombrada apenas un mes después de que su primo ganara las elecciones autonómicas del 2009. Y allí también protagonizó otro sonado caso de nepotismo, cuando creó la plaza de coordinador del Servicio de Urgencias para colocar en ella a su marido.

“El impacto que tiene esta situación es de enorme repercusión para la asistencia sanitaria de los pacientes”, explica Batas Blancas. ”Tenemos a toda la organización hospitalaria secuestrada por jefes en situación precaria, que dependen absolutamente de la dirección y con un sometimiento a las instrucciones que emanan de los poderes políticos, es decir de la gerencia y la Consellería”.

Las mismas fuentes alertan de que contar con jefes de Servicio supeditados al poder permite a la Xunta engañar a los pacientes y camuflar las consecuencias de los recortes en sanidad, como el elevado aumento de las listas de espera. Aunque algunos jefes de Servicio no se someten a esas directrices. 

El último ejemplo es el de Pedro Corsino Fernández Vila, jefe de Oftalmología en Pontevedra, quien dimitió tras negarse a seguir aplicando el método ideado por el Sergas para camuflar las elevadas espera de sus pacientes, que tardaban años en ser operados a pesar de que la Xunta presumía oficialmente de que no tenían que esperar más de treinta días.

Para revertir el deterioro actual del sistema sanitario gallego es imprescindible derogar este decreto y establecer un sistema de provisión de las plazas de jefes de servicio y sección, así como el resto de puestos de responsabilidad dentro del organigrama de los centros sanitarios, que garanticen absolutamente el que puedan ser elegidas las personas más idóneas para el puesto convocado, con respeto absoluto a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, concluye Batas Blancas.

“Y esto es lo que se pretende hacer en varias comunidades autónomas, como la de Madrid, con la Ley de buen gobierno y profesionalización de la gestión sanitaria, que están cambiando los procedimientos para conseguir despolitizar y profesionalizar la gestión de los hospitales y de los servicios clínicos”.               (Juan Oliver, Público, 18/03/18)

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