"Sepan apreciar el arrepentimiento de un mal hombre
como yo que se ha pasado toda su vida explotando y maltratando a sus
empleados hasta que los sindicatos le han hecho comprender la realidad
social", espetó sarcástico a su plantilla Segismundo García,
dueño de Sargadelos, el pasado 17 de agosto.
Acababa de convocar al
personal a la vuelta del festivo de San Roque para anunciar, por
sorpresa, "49 despidos" en los siguientes dos meses. Y atribuía la
decisión a "amenazas" y "presiones" de una delegada sindical de UGT, que
reclamaba una subida de sueldo para los contratados tras el concurso de
acreedores de 2014. Esto era algo que, según el consejero delegado, a
pesar de ir "bien", Sargadelos
no podía asumir.
"Lo correcto y lo justo sería rebajar el salario de
todos los empleados en tanto las empresas no superen el convenio de
acreedores. Pero la ley no lo permite. Según el legislador y los
sindicatos es mejor cerrar las compañías", criticaba irónico García ante
aquel perplejo auditorio. Por eso, concluía el jefe, "he decidido
prescindir de los nuevos empleados con efecto inmediato... Doce
abandonarán hoy ya sus puestos. No queremos que nadie se sienta
explotado”.
Ha pasado medio mes desde que en la factoría más productiva del emblemático sello cerámico gallego, la histórica planta del municipio de Cervo
(Lugo), la tierra se partió en dos. De momento, en un goteo que al
principio fue más rápido y ahora más lento, han caído a la brecha
abierta unos 20 trabajadores, que han recibido ya su carta de despido.
Y
de nada han valido las visitas al dueño por parte de responsables de la
Xunta de Galicia, ni el grito en el cielo puesto por formaciones como el
BNG y el PSOE, que advierten que lo que está en juego, además del
trabajo, es el "símbolo" que Sargadelos representa para la cultura
gallega.
Según UGT,
en la lista de bajas no solo hay empleados nuevos, de aquellos que
cobraban menos y la empresa decía que no podía equipararles el salario,
sino que también se ha tenido que marchar a casa algún veterano al que
se le ha ofrecido una indemnización mucho mayor. El abogado del
sindicato, Pedro Blanco, asegura que está preparando estos días las
demandas para impugnar esos despidos porque está "convencido" de que
todos van a ser anulados.
En el epicentro de este terremoto está el
enfrentamiento laboral y judicial que desde tiempos del ERE que
emprendió la firma en 2010 (ahora declarado nulo por el Supremo)
mantienen García, accionista mayoritario, y una trabajadora, Rogelia Mariña,
que entró en la factoría en 1974, cuando solo tenía 14 años. La maestra
decoradora fue presidenta del Comité de Empresa mientras lo hubo y es delegada de UGT
en la actualidad.
Y su sindicato entiende que el dueño de la empresa
está tratando a los empleados como "rehenes", a los que "chantajea y
coacciona" para lograr borrar de la fábrica a la representante de los
trabajadores, contra la que muestra "una inquina personal". Mientras
tanto, Segismundo García afirma a este diario que el que se siente
presionado es él, pero admite que el anuncio (y ejecución) de los
despidos es también un "pulso a los sindicatos y a los jueces
de lo social y a la Inspección de Trabajo". "Algo que ya deberían haber
hecho otros empresarios", apostilla, "ante la altanería, soberbia e
impunidad con que actúan".
El consejero delegado, dueño también de un hotel y
perfumerías en Ribadeo (Lugo), reconoce que ahora el negocio cerámico,
al que rescató de la quiebra arriesgando su propio patrimonio, "va bien
económicamente y en ventas". Pero al mismo tiempo se queja de que "solo
este año" la empresa ha tenido que "pagar más de un millón de euros por demandas sindicales
derivadas" de ese ERE, que en su opinión era "necesario para la
pervivencia de la compañía".
El caso es que a la semana siguiente del
anuncio de despidos que dejó perplejos a todos, empezó a circular por la
planta de Cervo un escrito rubricado por parte de la plantilla en el
que, con frases casi calcadas a las que había esgrimido el propietario
el día 17, los firmantes expresaban su rechazo a UGT y su apoyo al
consejero delegado.
"Rogelia Mariña debería dimitir de su cargo de
representante sindical y repartir los 30.000 euros que consiguió por
daños morales entre esos trabajadores nuevos que ella tanto quiere
defender", decía el documento que, según la compañía, respaldaban más de
50 de los casi 100 trabajadores de la planta.
El párrafo se refería a otra batalla judicial, además
de la del ERE, que la empleada había ganado al empresario el pasado
febrero: el juzgado de lo Social número 3 de Lugo sentenciaba que su
despido, tras oponerse a una ampliación de la jornada generalizada y sin
remuneración, era nulo. La juez obligaba a Sargadelos a readmitirla en
su puesto, pagarle los salarios no percibidos desde diciembre de 2016 e
indemnizarla con 30.000 euros.
De momento, según su sindicato, no ha
cobrado nada de esto porque el fallo ha sido recurrido en el Superior,
tanto por la empresa como por UGT, que reclama una indemnización de
70.000. A esto se suma una nueva demanda, esta vez de tutela de derechos
fundamentales, que el abogado de UGT acaba de interponer por los hechos
de los últimos días y en la que por daños y perjuicios pide 100.000
euros para el sindicato y otros tantos para la representante de los
trabajadores, de los que quiere que también se haga cargo el dueño de
Sargadelos con su patrimonio personal. En la demanda, UGT solicita
también al juzgado de lo social que "paralice los despidos" de forma
cautelar.
Rogelia Mariña no va estos días por la fábrica. La
misma jornada, 20 de agosto, en que apareció el misterioso escrito de
repulsa, la sindicalista recibió una carta firmada por el empresario en
la que, con evidente tono socarrón, la mandaba provisionalmente a casa.
"Ante la tensión generada en el día de hoy en la planta de producción,
con la firma de una carta manifiesto por parte de la mayoría de los
trabajadores, y con el fin de poder evitar posibles enfrentamientos
personales, esta dirección considera pertinente otorgarle permiso
remunerado. En la espera de que los ánimos se calmen y la inquietud se
relaje. Confiamos en que sepa entender esta decisión, y como siempre le
agradecemos sus desvelos por la compañía".
Aunque Segismundo García niega que las rescisiones de
contrato se estén llevando a cabo de forma aleatoria (sino que
responden a determinadas necesidades de trabajo para "satisfacer los pedidos"), UGT ha denunciado que el jefe está cosechando para su lista negra
a los trabajadores que no firmaron el escrito contra Mariña después de
garantizar el empleo a los que lo secundasen. El próximo día 11 tendrá
lugar una asamblea solicitada por 48 empleados con un único tema sobre
la mesa: la revocación de la delegada sindical.
Unas horas antes, ese
mismo martes el dueño de Sargadelos está citado por el SMAC (Servicio de
Mediación, Arbitraje y Conciliación) para un acto de conciliación
después de que UGT plantease un conflicto colectivo.
A esta reunión
también están convocados representantes de los sindicatos CC OO y
Confederación Intersindical Galega, además de la Confederación de
Empresarios de Galicia. A la representante sindical "la respalda la
legislación laboral y UGT", decía ante sus empleados García el día que
anunció las expulsiones: "A mí solo me ampara el sentido común y las
ganas de sacar estas empresas adelante".
En medio de este cataclismo que solo afecta a la
planta de Cervo y deja al margen la de Sada (A Coruña), un día amaneció
la fábrica lucense con dos pintadas sobre el asfalto. "El trabajo os
hará libres", rezaba la primera de ellas. "¡¡Vivan las cadenas!!",
replicaba la segunda. Aquella fatídica jornada en que anunció los
despidos, el consejero delegado
retaba una vez más al sindicato:
"En estos dos días festivos he
revisado el Estatuto de los Trabajadores, las ordenanzas y
reglamentaciones laborales, la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
la Ley General de la Seguridad Social, las ordenanzas municipales sobre
licencias de actividad, la Ley de Marcas, la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley de
Protección de Datos y la ley autonómica sobre residuos industriales",
dijo. "He detectado que Sargadelos incumple 262 normas o preceptos y
deseo facilitar esos datos a UGT para que curse las correspondientes
denuncias y, si es el caso, se proceda a la clausura de la compañía".
Era la primera vez en mucho tiempo, después de los agónicos años de
crisis en que casi naufragó, que se hablaba de cierre en Sargadelos.
Pero desde hace medio mes el temor a ese desenlace ha estado en boca de
trabajadores y representantes políticos de todos los colores que claman por salvar este icono cultural.
La semana pasada, además, el propio Segismundo García echaba más leña
al fuego con unas declaraciones en las que vinculaba el futuro de la
firma a la respuesta que diera el juzgado a la demanda de tutela
presentada por UGT.
Si la empresa se veía obligada a pagar 100.000 euros
(y el accionista mayoritario otros 100.000), para García la única
salida sería la venta o el fin de una marca que Galicia identifica como
parte de su acervo." (Silvia R., El País, 03/09/18)
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