"La imagen de Raúl López, el creador del imperio Monbus, uno de los principales operadores de transporte por carretera en España, quedó empañada hace casi una década por una cascada de problemas judiciales. Desde entonces, sus habituales fotos con políticos se redujeron prácticamente a los que pasaban por el palco del Obradoiro, el club de baloncesto que preside desde 2010. Tras su salto de las páginas deportivas a la crónica de tribunales, en los despachos se dejaron de contestar sus llamadas por miedo, admitían algunos dirigentes, a que el teléfono estuviese pinchado y pudiesen acabar, ellos también, en algún sumario. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ruido mediático se ha ido aplacando y las actividades del primer empresario del transporte de pasajeros por carretera habían salido del foco... hasta que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificada por el Supremo, sobre su acuerdo con Alsa para repartirse el mercado mientras la Xunta miraba para otro lado, ha devuelto a la actualidad sus conexiones con el gobierno gallego.
No consta si esta vez estuvieron regadas con Vega Sicilia, aquel vino para gourmets que mandaba por lotes a Núñez Feijóo, su vicepresidente Alfonso Rueda, el exministro socialista José Blanco o quien fue portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro. Obsequios valorados en miles de euros que la justicia consideró “regalos navideños” frutos de la “cortesía”.
Hasta este varapalo del Supremo, a Raúl López le gustaba cultivar el perfil de hombre hecho a sí mismo. En su biografía abundan episodios que alimentan esa leyenda. La del niño de aldea que mamó el negocio del transporte en casa cuando su padre empezó a mover viajeros por las carreteras lucenses en una camioneta tras la Guerra Civil. Hoy, aquella pequeña empresa familiar, Monbus, controla aproximadamente el 60% de las rutas por carretera en España con más de 2.000 autobuses y una facturación que supera holgadamente los 100 millones de euros.
Pero su conglomerado, que se extiende por varios países y gestiona palacios de congresos, servicios municipales y centenares de líneas de transporte escolar, se ve ahora amenazado por los sumarios de corrupción en los que aparece implicado López, detenido en Sanxenxo (Pontevedra) en marzo de 2016 con 60.000 euros en fajos de billetes, supuesto dinero negro que iba a entregar a una familia de hoteleros de las Rías Baixas.
Hasta entonces, durante las últimas décadas todo fue sobre ruedas para el imperio Monbus: fusiones, compras de compañías nacionales y extranjeras, a menudo apadrinado por instituciones públicas... Y cajas de ahorros dispuestas a soltar dinero fácil, hasta el punto de acompañar a la sociedad en algunas aventuras como accionistas.
En 2001 adquirió la gallega Castromil; en 2008 pagó 61 millones por La Hispano Igualadina, una de las firmas con más solera del sector. La expansión hacia Europa había arrancado años antes cuando adquirió la alemana Deustsche Touring y un holding de 32 sociedades agrupadas en Eurolines. Aquellos años nadie tosía a López, que siempre presumió de buenas compañías: alternó indistintamente con dirigentes del PSOE y del PP.
El fraguismo lo apadrinó como un empresario amigo hasta que el PP perdió las elecciones en Galicia y se acercó a José Blanco, lucense como él, que llegó a ministro de Fomento. López hizo migas después con Alberto Núñez Feijóo cuando este se convirtió en presidente de la Xunta. Durante su mandato, alcaldes de ayuntamientos afectados por servicios de autobús que consideraban deficientes se quejaban amargamente del poco éxito de sus gestiones ante el gobierno gallego. “Manda más Raúl que el conselleiro”.
A medida que aumentaba su cuenta de resultados, sus relaciones políticas y económicas con partidos de distinto color y el respaldo de las cajas de ahorros, el empresario empezó a preocuparse también por el reconocimiento social. Invirtió en un club de baloncesto, el Breogán de Lugo, del que se hizo presidente para llevarlo a la máxima categoría. En 2010, cansado de intentarlo, saltó a la dirección de su club rival, el Obradoiro de Santiago, en uno de los pocos traspasos de presidentes que se recuerdan en el deporte español. Y logró también colocarse a propuesta del PP como representante de la Universidad de Santiago en el Consello Económico e Social, un órgano consultivo del Gobierno gallego.
Así iba construyendo su mito el rey de los autobuses hasta que sus llamadas telefónicas se cruzaron con las de algunos políticos gallegos que estaban siendo investigados por corrupción en la trama Pokemon, una red de sobornos para lograr adjudicaciones públicas con ramificaciones en Galicia, Catalunya, Asturias y Cantabria. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) puso la lupa en 2014 sobre un contrato de tres suministros de autobuses con cargo a fondos europeos en el Ayuntamiento de Santiago por más de 400.000 euros a una empresa que el SVA vinculaba con Raúl López: Talleres La Campiña.
Los pinchazos telefónicos captaron a un concejal del PP, encarcelado meses después, preguntando a López qué criterios debía incluir en el pliego del concurso. Los investigadores sospecharon de esa adjudicación: las otras dos ofertas fueron rechazadas porque sus vehículos “no cumplían con la altura mínima o el radio de giro”. Agentes del SVA vieron en eso otro “indicio de un concurso hecho a medida de uno de los ofertantes, adaptándolo a las características de su producto”, según escribieron en un informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, convertida ya entonces en látigo contra la corrupción.
De Lara y el SVA volvieron a cruzarse en la vida de Raúl López el 18 de marzo de 2015. Los agentes lo arrestaron ese día mientras entregaba 60.000 euros en un restaurante de lujo de Sanxenxo a una familia de hoteleros de la joya turística de las Rías Baixas. Permaneció detenido más de 72 horas y tras pagar 20.000 euros de fianza para evitar la prisión el empresario de los dos mil autobuses aseguró a la prensa: “Pudo haber alguna irregularidad administrativa, pero ya está aclarada”.
Ese fue el inicio de la llamada Operación Cóndor, que dejó otros diez detenidos. A López se le investiga por su relación con delitos fiscales y contables, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y cohecho. La policía sospechaba que se repartía con empresarios locales dinero negro que salía de las excursiones turísticas de jubilados. Ahora mismo, el sumario que pone fin a la instrucción de esta macrocausa está paralizado, pendiente de un recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo.
Regalos y pagos a cargos del Ejército
Las escuchas destaparon mucho más: presuntos sobornos a cargos del Ejército para obtener concesiones del Ministerio de Defensa para trasladar a la brigada de paracaidistas del Ejército de Tierra. Fue el propio yerno de Raúl López, Rafael Casqueiro, según el sumario, el que se encargó de gestionar el regalo del servicio de autobuses para la boda de la hija del jefe de Estado Mayor de la BriPac, el teniente coronel Luis Cortés, con el defensa internacional y hoy primer capitán del Real Madrid, Nacho Fernández. Cuando la jueza preguntó si tenía algo que ver con las concesiones del transporte, un cargo del Ejército que medió en la operación aseguró que Monbus no cobró nada por el transporte, ya que le interesaba “hacer publicidad” de sus autobuses en el evento.
Los investigadores sospechan que López también intentó sobornar con medio millón de euros al presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, antes de hacerse con los traslados de los equipos durante el Mundial de Baloncesto que se celebró en Madrid en 2014. Y que Monbus tuvo acceso a las ofertas de sus competidoras en este concurso para mejorarlas y asegurarse la concesión en un consorcio donde también estaban Alsa y Globalia.
El contrato para pasear a la Orquesta Sinfónica de Galicia también está en entredicho, como la forma en que Gerardo Díaz Ferrán le fue traspasando sociedades y concesiones cuando el monopoly del presidente de la patronal empezaba a desmoronarse, antes de acabar en prisión.
En uno de sus contratos privados, López y Díaz Ferrán falsearon la compraventa de la sociedad Autobuses Urbanos de Lugo para que las concesiones a esta empresa no fuesen impugnadas. Aunque en las escrituras públicas se establecía que Díaz Ferrán traspasaba a López el 49% de las acciones, el contrato privado aclaraba que en realidad le estaba vendiendo su mitad en la Unión Temporal de Empresas (UTE). El 1% que simulaba mantener el presidente de la patronal era para evitar que el Ayuntamiento de Santiago revisase la concesión del transporte urbano, tal y como estaba obligado a hacer si la UTE que optó a la concesión se deshacía.
Tras casi ocho años de silencio, ha sido otra sentencia la que ha vinculado la actividad ilícita de Monbus con el consentimiento de la Xunta. La decisión del Tribunal Supremo de no aceptar los recursos de los afectados ha convertido en firme la sentencia del TSXG que obligaba a la Comisión Galega da Competencia a abrir expediente sancionador tanto a esta empresa como a Alsa por “repartirse el mercado”. Ambas firmas concurrieron juntas a los lotes más jugosos del concurso autonómico de transporte de viajeros por carretera. En el resto, no se enfrentaban: donde competía una, no se presentaba la otra. Competencia, un órgano formado por tres antiguos cargos populares puestos a dedo por el gobierno gallego, había archivado la denuncia de un competidor sin siquiera pararse a comprobar lo que allí se decía. Mientras la oposición centra sus dardos en la “connivencia” de la Xunta –el BNG quiere que la conselleira dé explicaciones en el Parlamento– Monbus ya ha anunciado que pedirá amparo ante el Constitucional."
(José Precedo / Luís Pardo , eldiario.es, 26 de octubre de 2023)
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