El macropolígono industrial que promueven la Xunta, el Puerto de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca también iba a serlo. Se proyectó a finales de los 90 como el primero de Galicia, pero su avance lento y salpicado de obstáculos -el último, una sentencia que invalidó el plan sectorial que lo regula,- ha provocado, de rebote, una profunda crisis inmobiliaria.
Porque Salvaterra vivió como ningún otro Ayuntamiento la bulimia del ladrillo. Grandal no esperó a ver las naves industriales florecer y repartió en los últimos años licencias para miles de viviendas. Se calcula que más de 1.000 se encuentran vacías esperando tiempos mejores.
La pelea continúa. Aunque Alberto Núñez Feijóo dio en enero por zanjados los problemas legales de los terrenos donde se asentarán las industrias, el apaño legal no convence a un grupo de afectados que han pleiteado contra la Xunta para tumbar el polígono.
"Pusieron unos nuevos carteles y han contratado una máquina desbrozadora para hacer el paripé", critica Alejandro Rodríguez, su portavoz. "El plan sectorial está anulado en su totalidad y no en ese millón de metros cuadrados que ahora han excluido como si quisiesen extirpar un cáncer". El Tribunal Supremo tendrá la última palabra.
Mitsubishi, mientras, todavía no ha tomado su decisión, que proporcionaría trabajo a 1.500 personas. "El empujón sería enorme porque daría valor, por ejemplo, a todas las viviendas", dice el empresario Isidro Fernández.
Según un estudio de la Cámara de Comercio de Vigo, que a la espera del boom industrial también implantó una oficina en la zona, casi el 60% de las empresas se dedican a los servicios y un 25,9% están centradas en la construcción.
La cualificación profesional con la que afrontan el desempleo los salvaterrenses es muy justa: la mayoría solo tienen el bachillerato o no han completado los estudios elementales. (...)
La oposición le afea siempre que puede la gestión aireando las cuentas. Las últimas muestran un déficit de 888.000 euros, con lo que la deuda del Ayuntamiento se eleva a 2,7 millones." (El País, Galicia, 10/05/2011, p. 5)
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