"El día 13 de marzo de 2020, unas pocas horas antes de que el Gobierno español decretase el estado de alarma y comenzase oficialmente el primer confinamiento de la pandemia de coronavirus, en una pequeña empresa gallega hubo un movimiento estratégico: el marido de Paula Prado, la actual secretaria general del Partido Popular de Galicia, pasaba a ser socio al 50% de Allwork Vestuario Laboral afincada en Santiago de Compostela.
Hasta ese momento, esta sociedad apenas había accedido a licitaciones públicas con ninguna administración dependiente de la Xunta. Solamente una vez en 2019, con el ente público Augas de Galicia y con un contrato de apenas 182 euros, pero esa tendencia cambió radicalmente al entrar el marido de Prado como socio: en los tres años que duró la pandemia, la empresa se hizo con 38 contratos menores, es decir, realizados a dedo, por un valor total de 145.975,72 euros y dedicados, principalmente, a la compra de equipos de protección individual (EPI).
La información la desvela en exclusiva El Salto gracias al análisis exhaustivo de cientos de miles de contratos de las decenas de organismos públicos dependientes de la Xunta de Galicia, a pesar de la escasa accesibilidad que ofrece el Portal de Transparencia del Gobierno gallego. En esos datos, la empresa Allwork Vestuario Laboral aparece como adjudicataria de varias decenas de licitaciones de hasta nueve organismos públicos diferentes, todos ellos gestionados por el Partido Popular: la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), la Axencia Turismo de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la Consellería do Medio Rural, la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (SEAGA), el Ente Público Empresarial Augas de Galicia, la Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía y la Secretaría Xeral de Política Lingüística.
Los objetos de los contratos apenas varían y todos ellos giran en torno a la venta de equipos de protección individual y otro tipo de vestuario, incluido matearial de tipo médico sin especificar. Además hay 11 contratos por valor total de 23.480,98 euros con conceptos sin detallar y que se limitan a nombrar como “otras prestaciones por factura”. Una opacidad que se repite en miles de otros contratos a dedo del Gobierno gallego que complejizan y casi imposibilitan su fiscalización.
En cambio, el Registro Mercantil es transparente: la empresa en cuestión pasó de obtener 66.277,30 euros en beneficios en 2019 a 229.227,18 euros en 2020. Es decir, casi los triplicó. De hecho, el 2020, el primer año de pandemia, fue un año de bonanza para Allwork: aumentó casi 170.000 euros su gasto en sueldos, dietas y otras remuneraciones a pesar de tener solo un trabajador más, presumiblemente, el marido de Prado y otra persona a jornada parcial.
Los propietarios que están tras Allwork son, al mismo nivel de participación, José María Regueiro Frey y Francisco Antonio Otero Illodo, marido de la actual secretaria general del Partido Popular. Padro ocupa ese cargo desde que Alberto Núñez Feijóo la designó para sustituir al actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado.
Esta redacción se ha puesto en contacto con la secretaria general del Partido Popular de Galicia para tratar de esclarecer su visión sobre estos hechos y Paula Prado ha explicado que “en ningún caso” su posición “favoreció estas contrataciones” y añade: “Quiero lamentar que se ponga en entredicho mi honestidad y la de mi familia con el único objetivo de hacer daño (...) La empresa que menciona es proveedora desde su creación de todo tipo de clientes: fundamentalmente de firmas privadas y, en menor medida, de administraciones públicas de muy distinto signo político”. Además, Prado sostiene que desde la entrada de su marido en Allwork las licitaciones públicas también han crecido con gobiernos locales de otros partidos con cifras similares.
Hasta ese momento, esta sociedad apenas había accedido a licitaciones públicas con ninguna administración dependiente de la Xunta. Solamente una vez en 2019, con el ente público Augas de Galicia y con un contrato de apenas 182 euros, pero esa tendencia cambió radicalmente al entrar el marido de Prado como socio: en los tres años que duró la pandemia, la empresa se hizo con 38 contratos menores, es decir, realizados a dedo, por un valor total de 145.975,72 euros y dedicados, principalmente, a la compra de equipos de protección individual (EPI).
La información la desvela en exclusiva El Salto gracias al análisis exhaustivo de cientos de miles de contratos de las decenas de organismos públicos dependientes de la Xunta de Galicia, a pesar de la escasa accesibilidad que ofrece el Portal de Transparencia del Gobierno gallego. En esos datos, la empresa Allwork Vestuario Laboral aparece como adjudicataria de varias decenas de licitaciones de hasta nueve organismos públicos diferentes, todos ellos gestionados por el Partido Popular: la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), la Axencia Turismo de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la Consellería do Medio Rural, la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (SEAGA), el Ente Público Empresarial Augas de Galicia, la Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía y la Secretaría Xeral de Política Lingüística.
Los objetos de los contratos apenas varían y todos ellos giran en torno a la venta de equipos de protección individual y otro tipo de vestuario, incluido matearial de tipo médico sin especificar. Además hay 11 contratos por valor total de 23.480,98 euros con conceptos sin detallar y que se limitan a nombrar como “otras prestaciones por factura”. Una opacidad que se repite en miles de otros contratos a dedo del Gobierno gallego que complejizan y casi imposibilitan su fiscalización.
En cambio, el Registro Mercantil es transparente: la empresa en cuestión pasó de obtener 66.277,30 euros en beneficios en 2019 a 229.227,18 euros en 2020. Es decir, casi los triplicó. De hecho, el 2020, el primer año de pandemia, fue un año de bonanza para Allwork: aumentó casi 170.000 euros su gasto en sueldos, dietas y otras remuneraciones a pesar de tener solo un trabajador más, presumiblemente, el marido de Prado y otra persona a jornada parcial.
Los propietarios que están tras Allwork son, al mismo nivel de participación, José María Regueiro Frey y Francisco Antonio Otero Illodo, marido de la actual secretaria general del Partido Popular. Padro ocupa ese cargo desde que Alberto Núñez Feijóo la designó para sustituir al actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado.
Esta redacción se ha puesto en contacto con la secretaria general del Partido Popular de Galicia para tratar de esclarecer su visión sobre estos hechos y Paula Prado ha explicado que “en ningún caso” su posición “favoreció estas contrataciones” y añade: “Quiero lamentar que se ponga en entredicho mi honestidad y la de mi familia con el único objetivo de hacer daño (...) La empresa que menciona es proveedora desde su creación de todo tipo de clientes: fundamentalmente de firmas privadas y, en menor medida, de administraciones públicas de muy distinto signo político”. Además, Prado sostiene que desde la entrada de su marido en Allwork las licitaciones públicas también han crecido con gobiernos locales de otros partidos con cifras similares.
Reminiscencias a la operación Pokémon
Tanto el nombre de Paula Prado como el de su marido ya estuvieron bajo el foco mediático —y judicial— durante las primeras fases de instrucción de la macrocausa denominada Pokémon. En 2014, Prado fue imputada por la justicia por presuntos delito de tráfico de influencias, cohecho o falsedad documental para beneficiar a su marido. Finalmente, Prado sobrevivió a aquello después de que el juez y el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no hallaran indicios de ningún delito, a diferencia de la opinión de los agentes de Aduanas que iniciaron aquella investigación.
La Operación Pokémon es una investigación judicial llevada a cabo en Galicia -que arrancó en 2012 y que todavía hoy sigue en pie-, que se centra en presuntos casos de corrupción política, especialmente relacionados con la contratación pública y el urbanismo en varios municipios gallegos y que afecta fundamentalmente al Partido Socialista y al Partido Popular.
La operación se está desarrollando en tres fases, involucrando a numerosos políticos, empresarios y funcionarios públicos y se investigan presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Entre los principales implicados se encuentran algunos alcaldes, concejales, y empresarios vinculados a la contratación pública y la concesión de licencias urbanísticas. Junto a la Carioca, centrada en una red de prostitución, Pokémon ha sido uno de los casos de corrupción que más impacto han tenido en la política gallega." ( Javier H. Rodríguez , El Salto, 14/03/24)
No hay comentarios:
Publicar un comentario