Corina Porro, en un acto como presidenta del puerto de Vigo, en marzo de 2011
"La extinción de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), el pasado agosto,
no da carpetazo a sus malas cuentas. En el año en que estuvo realmente
operativa, hasta las elecciones municipales de mayo de 2011, la FPV
consumió en torno a un millón de euros —la mitad de fondos públicos y la
otra mitad, de aportaciones de empresas adjudicatarias de obras en el
puerto— en actividades sin justificar en sus cuentas oficiales.
El
trajín y desvío de fondos fue denunciado por el exgerente de la
fundación ante los principales dirigentes del PP gallego, Alberto Núñez
Feijóo, su presidente, y Alfonso Rueda, su secretario general, así como
el presidente local, José Manuel Figueroa.
Ante la falta de respuesta
para depurar responsabilidades, singularmente las de Corina Porro,
promotora y presidenta de la FPV, el exgerente Pablo Alborés ha
denunciado los hechos ante la fiscalía de Pontevedra.
Si de las cuentas de 2010 se derivaban resultados tan escabrosos como
que la FPV se habría quedado con más de 100.000 euros cuya entrega
había comprometido públicamente a dos ONG, las de 2011 no le van a la
zaga.
Así, por ejemplo, se consigna una subvención de 6.500 euros de la
Consellería de Educación e Cultura para la representación de una obra
teatral por alumnos de un centro de discapacitados en el Teatro Arte
Livre. Ni el centro ni el teatro recibieron nada: apenas 600 euros de
los ingresos de taquilla.
La actividad más relevante de la FPV durante 2011, según sus propias
cuentas, remite a visitas de escolares al puerto, por cuya ejecución la
FPV recibió 31.000 euros del Igape —el organismo de la Xunta
teóricamente encargado de apoyos y créditos a empresas— y de Cultura,
aparte de otros 40.000 de la Xunta, como “acciones de apoyo y
acompañamiento” por las “necesidades formativas de los trabajadores del
ámbito del puerto de Vigo para elaboración de itinerarios formativos de
interés general”.
En total, la FPV habría ingresado 113.012 euros por
sus actividades en 2011, canalizados en distintas partidas por la c
Xunta y el Igape, salvo 3.050 euros que se atribuye a los alumnos de un
curso de Derecho Marítimo que dirigió María José Bravo, delegada de la
Xunta en Vigo, aunque esta misma actividad también recibió una
colaboración de 3.500 euros de la Universidade de Vigo que, sin embargo,
las cuentas no registran.
El Igape se demuestra como el principal financiador de la FPV a
través de dos convenios que sumaron casi 290.000 euros. A 2011 le
habrían correspondido 48.962 euros con ese origen, según las cuentas
presentadas, en las que por una parte consigna 88.962 euros de
“subvenciones del sector público” (suma exacta de la subvención del
Igape y los citados 40.000 euros de la Xunta) y en otra consigna el
ingreso de otros 24.000 de Educación y Cultura.
Los “ingresos de la entidad por la actividad propia” consignados
suman 872.669 euros, a los que habría que añadir otros 244.746
pendientes de ejecutar en 2012 y que se supone ejecutados en el momento
de la extinción de la FPV. Oficialmente, las aportaciones privadas suman
445.500 euros, el grueso de las cuales fue ingresado por las empresas
adjudicatarias de obras del puerto.
A la junta de patronos que aprobó la
extinción formal de la FPV, el 27 de junio de 2012, asistieron solo
tres de los siete patronos que la constituyeron en 2010. Las cuentas de
2011 fueron presentadas y explicadas al patronato por Carlos Mantilla,
histórico militante del PP y profesionalmente experto liquidador de
empresas, quien, en 2011, ingresó 12.000 euros en la cuenta corriente de
la FPV y en 2012 facturó a la misma 7.080 por su trabajo.
El grueso de las irregularidades de la FPV fue expuesto en sendos
burofax remitidos a Feijóo y Rueda el año pasado por el exgerente Pablo
Alborés para pedirles una depuración interna de responsabilidades y
limpiar su honor, tra ser calificado públicamente de “sinvergüenza” por
la propia Porro.
Alborés remitió el mes pasado otros burofax análogos y
con idéntica petición a los máximos responsables de la Xunta ,
emplazándoles a adoptar medidas y amenazando con acudir a la Justicia.
Es lo que ha cumplido esta semana. (...)
Alborés señala como hechos comprobables que alguien, haciéndose pasar
por él, cobró 60.000 euros como “comisión” de Hidroscivil por una obra
adjudicada en el puerto. Porro quiso acallarlo y, entre otras actitudes
con ese fin, en una ocasión se ofreció a pagar su silencio de ese
incidente.
Alborés sostiene que otras empresas entraron en el mismo
juego. Afirma que conoce el uso que se dio al dinero de la FPV hasta
agosto de 2011, ya que hasta esa fecha siguió como apoderado de su
cuenta corriente “por error o mala intención de alguien”, y el que se
dio a las subvenciones del Igape." (El País, Galicia, 15/10/2012)
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